Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 456/2003, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Oscar Mauricio Ghillione, en la siguiente forma:
A) En la suma de $200.264 por la representación procesal, y de $500.260 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en las dos primeras etapas procesales, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) En la suma de $881.259, equivalente a 14,50 UMA por la representación procesal y $2.203.148, equivalente a 36,25 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-29127553-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Marzo de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 22.891-I caratulado "Ghillione, Oscar Mauricio s/apelación".
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El señor Oscar Mauricio Ghillione interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 456/2003, dictada por la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina su responsabilidad personal y solidaria por las obligaciones de Investigaciones Duque S.A. en el impuesto al valor agregado –períodos fiscales 10/96 a 1/98, 10/98, 12/98, 02/99 a 5/99, 7/99 a 9/99, 11/99 a 1/00, 6/00 y 7/00- por un total de $6.839.444,38, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En el Anexo I a la Resolución se detallan las boletas de deudas emitidas por la Administración Fiscal por cada una de las obligaciones intimadas a dicha empresa, bajo el régimen del art. 92 y ss de la citada ley. En su presentación ante este Tribunal, el señor Ghillione opone, en primer término, la nulidad del acto que en los términos del art. 17 de la ley 11.683, le notificó la vista de los ajustes por haberse dirigido a su domicilio fiscal cuando él estaba detenido en la cárcel. Sostiene que se aplica el art. 89 del Código Civil y, por ende, su domicilio real era a esa fecha el de la cárcel, porque era su principal residencia. Invoca que no se probó que en el domicilio fiscal residiera su familia y como prueba de ello alega es que la vista se notificó por el mecanismo previsto en el inc. b) del art. 100 de la ley 11.683.
Se queja por la misma razón, que se le haya denegado la prórroga para contestar la vista de los ajustes. Invoca, asimismo, también como causal de nulidad, la falta de dictamen jurídico previo a la denegatoria de la prórroga y que el juez administrativo no anotició al juez penal del inicio del procedimiento de determinación de oficio, lo que, a su entender, implicó la violación de su derecho de defensa en juicio y de otras garantías constitucionales.
En cuanto a la atribución de la responsabilidad solidaria, se agravia, en subsidio, porque el hecho que haya sido Presidente de Investigaciones Duque S.A. según los estatutos no implica que haya ejercido el cargo efectivamente. Recordó que la deuda que se le reclama es por diferimientos los impositivos que como inversora Investigaciones Duque S.A. hiciera en empresas promovidas, de acuerdo al régimen de la ley 22.021, y se agravia también del procedimiento seguido por el ente fiscal para decretar la caducidad de dichos beneficios. En esta instancia ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas y solicita la producción de prueba informativa y pericial contable; por todo ello, pide que se revoque la Resolución en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 52/61 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso de apelación, solicitando que se confirme el acto dictado en su sede, también con costas.
III. A fs. 71 obra el auto de apertura a prueba. A fs. 93/99 obra la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 en la causa “Investigaciones Duque S.A. s/ inf. Ley 24.769” que se adjunta en cumplimiento al oficio que se le librara en este Tribunal como prueba informativa. A fs. 105 el apoderado informa la quiebra del Sr. Ghillione, por lo que se cita al síndico, y a fs. 122 éste asume la representación. A fs. 149 ante el incumplimiento a las varias intimaciones cursadas, se da por decaído el derecho del Sr. Ghillione a producir la prueba pericial contable. A fs. 157, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la remisión de las actuaciones y a fs. 171 obra su posterior devolución. A fs. 188 la representación fiscal informa que las obligaciones intimadas en la Resolución no fueron canceladas en la quiebra y a fs. 195 se clausura el período probatorio; a fs. 201 se eleva a la Sala y se ponen los autos para alegar. A fs. 216/218 obra únicamente el escrito presentado por la representación fiscal. A fs. 220 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde, en primer término, analizar el planteo de nulidad formulado por el Sr. Ghillione en razón del lugar donde fue hecha la notificación del acto previo al de determinación de oficio recurrido en esta instancia, es decir, la vista que prevé el art. 17 de la ley 11.783 que da inicio formal a dicho procedimiento. No se encuentra en discusión que dicho acto –la Res. N° 386/03- fue notificado en el domicilio fiscal del Sr. Ghillione ubicado en la calle Libertad de esta Ciudad de Buenos Aires que era el que tenía declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Para ello se recurrió al procedimiento previsto en el art. 100, inc. b) de la ley 11.683, es decir la notificación personal a través de empleados de la propia Administración. Surge acreditado también que el Sr. Ghillione pidió prórroga para presentar el descargo previsto en el art. 17 de la ley 11.683 y que le fue denegada; contra dicho acto, interpuso un recurso de revocatoria que fue resuelto por el juez administrativo.
Todos estos actos, al igual que el previsto en el art. 17 de la ley, fueron notificados en el domicilio fiscal declarado, ubicado en la calle Libertad.
El Sr. Ghillione no presentó el descargo previsto en dicha norma y en esta instancia acusa la nulidad del acto de determinativo por vicios en la notificación, concretamente, porque se debió haber cursado la notificación en la cárcel donde estaba detenido con prisión preventiva ubicada en la calle Cavia 3350 de esta Ciudad de Buenos Aires que según manifiesta, era allí su domicilio real a la fecha de la diligencia.
En sus agravios el Sr. Ghillione hace prevalecer el régimen del Código Civil por sobre el régimen de domicilio fiscal del art. 3 de la ley 11.683, que específicamente rige en materia tributaria y que, precisamente, adapta las normas del derecho civil al régimen tributario. Pero, además, en el análisis, no debe perderse de vista que el art. 95 del Código Civil disponía también que “La residencia involuntaria por destierro, prisión, etcétera, no altera el domicilio anterior, si se conserva allí la familia, o se tiene el asiento principal de los negocios”. En el caso, como ya se dijo, es un hecho probado que él recibió las notificaciones y realizó diferentes actos procesales a partir de las mismas, tales como pedir prórroga de plazos o interponer recursos, de lo que se sigue la subsistencia del domicilio informado y, por ende, la aplicación del art. 95 del Código Civil, en el texto entonces vigente, en cuanto a que el hecho de estar en prisión no priva de efectos al domicilio anterior.
Queda decir que el propio recurrente informa como domicilio real en el F4 que acompaña el recurso de apelación ante este Tribunal, el de la calle Libertad, es decir que lo reconoce como un domicilio fiscal vigente. La notificación entonces, debe ser considerada válida.
En cuanto a la nulidad del proveído que le denegó la prórroga del plazo para contestar la vista del art. 17 de la ley 11.683, además que en dicha disposición se establece como una facultad, más que como un deber del juez administrativo, lo cierto es que la denegatoria se encuentra fundada, lo cual elimina la tacha de arbitrariedad que el Sr. Ghillione opone, aun cuando pueda no compartir sus fundamentos.
Tampoco estaba obligada a tomar esa decisión con dictamen jurídico previo, como invoca el recurrente, recaudo que el art. 10 del decreto 618/97 reserva a los actos administrativos –inclusive algunos actos de dicha índole no requieren como surge de las excepciones que allí expresamente se establecen-. Por ende, el juez administrativo interviniente no tenía otro requisito que cumplir que fundar la decisión de rechazo de la prórroga solicitada, lo que, como se dijo, efectivamente hizo, por lo que no se advierten vicios tampoco en este caso en el procedimiento cumplido.
Queda analizar si el juez administrativo estaba obligado a poner en conocimiento del juzgado penal el inicio del procedimiento de determinación de oficio contra el Sr. Ghillione y la respuesta es negativa. Ambos procedimientos, el administrativo y el penal, transcurren por carriles independientes, con la única limitación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.), cuya inobservancia no se ha invocado. Por lo demás, surge acreditado en las actuaciones que el juzgado penal estaba al tanto de los procedimientos seguidos en sede administrativa, desde el momento que el Sr. Ghillione fue enjuiciado en dicha sede, precisamente, por haber sido Presidente de Investigaciones Duque S.A. y el uso indebido de los diferimientos impositivos intimados en la Resolución recurrida.
En definitiva, la Resolución recurrida se encuentra debida y suficientemente motivada en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas previamente sustanciadas a su emisión, tanto al Sr. Ghillione y antes a la empresa Investigaciones Duque S.A., deudora principal de las obligaciones originadas en la caducidad de los diferimientos impositivos que como inversora gozaba según la ley 22.021 y sus reglam.
Por todo ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Resta expedirse sobre la legitimidad de la Resolución según los agravios que el recurrente plantea en subsidio. Se encuentra acreditado que el Sr. Ghillione era Presidente de Investigaciones Duque S.A. al momento del devengamiento de las obligaciones en el impuesto al valor agregado que fueron diferidas y hasta el año 2000. Desde el punto de vista objetivo, la atribución de responsabilidad es correcta ya que era él quien detentaba el cargo en el Directorio y era el responsable designado según el art. 8° inc. a) de la ley 11.683.
De los Considerandos de la Resolución y los antecedentes sustanciados previamente a su dictado, surge que era él quien tenía el manejo y disposición de las cuentas bancarias de Investigaciones Duque S.A. Era quien, entonces, tenía facultades de administración que efectivamente las ejerció.
Si bien en su presentación ante este Tribunal, el recurrente se refiere genéricamente la validez de los diferimientos impositivos efectuados por Investigaciones Duque S.A. en empresas promovidas –Agronut S.A. y Asusol S.A.-, nada prueba en concreto, ni tampoco rinde la prueba pericial contable que hubiera permitido obtener información al respecto.
De cualquier modo, no es la validez de los diferimientos lo que se ha discutido en este Expediente, sino la responsabilidad del Sr. Ghillione por las obligaciones generadas a partir de la caducidad de los difermientos de la empresa en la que fue Presidente al momento del devengamiento de dichas obligaciones. Además, no aporta él en esta instancia, ni surge de las actuaciones que la caducidad de los diferimientos se hubiere revertido en otra decisión posterior que pudiera justificar analizar su procedencia. Más aún, de las actuaciones se desprende que Investigaciones Duque S.A. dejó firme la deuda por los períodos fiscales 10/1996 a 11/1998 y regularizó en un plan de pagos los restantes períodos –dto. 93/2000-, plan que no pagó y que por ello fue declarado caduco. No surgen, así, razones para eliminar la responsabilidad subjetiva del Sr. Ghillione.
Queda decir, por último, que en el marco de un juicio abreviado dispuesto en el proceso penal, el Sr. Ghillione aceptó su responsabilidad por los hechos por los cuales fue denunciado, entre ellos, la utilización fraudulenta de los diferimientos impositivos otorgados a Investigaciones Duque S.A. por las inversiones en Agronut S.A. y Asusol S.A., en el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1998 que comprende a algunos de los períodos intimados en la Resolución recurrida. Sin perjuicio de ello, en la sentencia se hace referencia a maniobras por todos los diferimientos impositivos, es decir, por la totalidad de las obligaciones, los períodos fiscales que aquí importan. Se menciona allí también al rol cumplido por el Sr. Ghillione en la empresa a partir del testimonio de una empleada, en cuanto a que era la persona que tomaba las decisiones en todas las áreas.
Finalmente, en sede penal se condenó al Sr. Ghillione a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por considerarlo autor de los delitos de evasión simple, evasión agravada, tanto por el monto como por el uso de beneficios fiscales (diferimientos), e insolvencia fiscal fraudulenta previstos en los arts, 1, 2, incs. a) y c), y 10 de la ley 24.769 entonces vigente, respectivamente.
Tales consideraciones son suficientes para tener por acreditado el elemento doloso en la conducta del Sr. Ghillione, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell en cuanto al rechazo de la nulidad articulada, haciendo notar que habiéndose interpuesto el planteo como cuestión previa en el recurso (vide punto V. del recurso y 3° del petitorio), corresponde imponer las costas al recurrente.
II. Que comparto en lo sustancial lo resuelto por la Vocal Instructora al confirmar la atribución de responsabilidad personal y solidaria efectuada por el acto apelado al Sr. Oscar Mauricio Ghillione en su carácter de presidente de la firma “Investigaciones Duque S.A.”, remarcando también la procedencia de la intimación de pago obrante en el articulo 2° de esa resolución.
III. Por lo expuesto, voto por: i) Rechazar el planteo previo de nulidad articulado por la actora, con costas; ii) Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
Atento al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 456/2003, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Oscar Mauricio Ghillione, en la siguiente forma:
a) En la suma de $200.264 por la representación procesal, y de $500.260 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en las dos primeras etapas procesales, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) En la suma de $881.259, equivalente a 14,50 UMA por la representación procesal y $2.203.148, equivalente a 36,25 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Date: 2025.03.20 11:19:11 -03:00 Date: 2025.03.20 11:40:40 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.20 12:12:31 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.20 12:12:32 -03:00
Fin de la sentencia