Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 170341
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación del actor y revocar la sentencia de primera instancia, disponiéndose el rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la demandada, por los fundamentos dados en el punto “IV.-“, y con costas de ambas instancias por la incidencia suscitada en el orden causado en función de los criterios disimiles sobre la materia (arts. 68 2da. parte y 274, CPCC);
2Por casación positiva emitir el pronunciamiento de reemplazo en los siguientes términos: hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor, reclamando los daños y perjuicios por el incumplimiento contractual de la demandada, y condenar a ésta última a abonarle, dentro de los 10 días de quedar firme la presente, la suma de $63.038,40, más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 14/02/2014 y hasta el efectivo pago;
3Imponer las costas, por el progreso de la demanda, a la parte demandada vencida (art. 68, CPCC);
4Se difiere la regulación de honorarios (arts. 31, 51 y concs., dec.-ley 8904/77; arts. 16 y concs., ley 14.967).
Registrada bajo el N° (S) Folio N° Expte. N°170.341 Juzgado Civ. y Com. N°11 La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, y a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados:
“GIACCAGLIA MARIANO C/ BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)”, en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: doctores Rubén D. Gérez y Nélida I. Zampini, plantea resolver y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 171/177?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RUBÉN D. GÉREZ DIJO:
I.-Antecedentes relevantes:
A fs. 60/71 el señor Mariano Giaccaglia demandó a Boston Compañía Argentina de Seguros SA por la suma de $216.377, o lo que en más o en menos resulte de la prueba, en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, más actualización monetaria, intereses a tasa activa, y costas.
Relató que contrató con la demandada un seguro de combinado familiar a los fines de salvaguardar la integridad estructural de su inmueble ubicado en Villa Laguna La Brava, destinado a vivienda de fin de semana, como así también de los muebles y demás equipamiento allí ínsito; que la cobertura entró en vigencia el 1/11/2013 por la suma asegurada de $750.000; que producto de una brutal tormenta se voló el techo de la casa y se produjeron daños a los objetos y muebles dentro de la casa; que realizó la denuncia y no obtuvo respuesta; que envió CD el 11/3/2014 y tampoco obtuvo respuesta; que en abril de 2014 inició la mediación y fracasó; y que intentaron conciliar extrajudicialmente pero no lo lograron.
Reclamó: 1.-$106.377,5 por los gastos que tuvo que hacer para reparar la vivienda; 2.-$50.000 por desvalorización y privación de uso; 3.- $60.000 por daño moral.
Dejó planteada la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y solicitó la aplicación de la tasa activa del Banco Provincia para el otorgamiento de préstamos.
A fs. 90/93 se presentó la demandada y opuso la excepción de prescripción, fundada en el plazo de 1 año del art. 58 de la LS y contado a partir desde que se hizo exigible la cobertura, esto es desde el 10/1/2014, una vez vencido el plazo de 30 días para expedirse respecto de la denuncia que fue realizada el 9/12/2013; ya que la mediación caducó y no suspendió el curso de la prescripción por no haberse iniciado el juicio antes del 23/5/2015.
Luego de las negativas de rigor, contestó la demanda y dio su versión de los hechos, manifestando que, contrariamente a lo que expuso el actor, cuando tuvo conocimiento del siniestro se puso en contacto para cumplir con sus deberes y prueba de ello es el informe de liquidación que acompañó, realizado en diciembre de 2013 por el estudio Suipacha designado y del cual surge que previa inspección del inmueble se puso a disposición la suma de $45.740, que fue rechazada sin más. Impugnó los rubros y montos reclamados por ser desproporcionados de acuerdo al informe realizado por el estudio liquidador.
A fs. 103/106 el actor contestó la excepción de prescripción. Sostuvo que es aplicable el plazo de 3 años que prevé la LDC en su art. 50; que la solicitud de mediación prejudicial obligatoria tiene carácter de intimación con los efectos del segundo párrafo del art. 3986, CC, según el art. 40 de la ley 13.951 (suspensión por 1 año); que la CD del 11/3/2014 también suspendió por 1 año la prescripción: hasta el 11/3/2015; que desde el evento dañoso y hasta la CD solo habían transcurrido 3 meses y 4 días; que finalizado el plazo de suspensión el 11/3/2015, se interpuso esta acción: 2 años, 6 meses y 7 días después; que en total transcurrieron 2 años, 9 meses y 11 días. A fs. 114 se abrió la causa a prueba.
A fs. 117 se realizó una audiencia de conciliación que fracasó.
A fs. 165 se certificó el vencimiento del término probatorio; se actualizó a fs. 166; y a fs. 167 se convocó nuevamente a las partes a una audiencia de conciliación, que otra vez no tuvo éxito.
A fs. 169 se dio vista al Ministerio Público Fiscal; y a fs. 170, una vez contestada, las actuaciones quedaron en estado para dictar la sentencia.
II. La sentencia apelada:
La magistrada de grado admitió la excepción de prescripción oportunamente introducida.
Para así decidir, recordó que con la sanción de la ley 26.361, en el año 2008, que modificó la redacción del art. 50 de la LDC, se estableció el plazo de 3 años de prescripción para las acciones judiciales emergentes de dicha ley; y luego de un largo y profundo debate, se entendió en un sector de la doctrina y jurisprudencia (incluyendo a la sala tercera de este tribunal) que el plazo de 3 años debía prevalecer sobre el de 1 año del art. 58, LS. Esto último, básicamente porque la Constitución Nacional es la fuente principal del derecho consumeril; porque el orden público protectorio que informa el art. 3, LDC, y el carácter iusfundamental del derecho del consumidor (que significa que los conflictos normativos no se solucionan con las reglas de las antinomias legales tradicionales) conduce a que prevalezca el plazo de 3 años sobre otros plazos prescriptivos menores.
Y señaló que esto se mantuvo así hasta que la ley 26.994 (CCyCN, agosto de 2015) sustituyó el art. 50 de la LDC, derogando el plazo de 3 años para las acciones judiciales; y que ahora se discute si se aplica el plazo genérico de 5 años del art. 2560, CCyCN, por aplicación de los principios referidos anteriormente; o el de 1 año de la ley de seguros, por ser un plazo especial previsto en disposiciones específicas.
Entre esas posturas, la juez a-quo se enrola en la de aplicar el plazo de 1 año de la ley de seguros, porque a su entender no hay duda que genere la aplicación del principio de la interpretación de la ley en favor del consumidor; que la situación normativa actual es clarísima: no hay más plazo de prescripción en la LDC para las acciones judiciales; el CCyCN no contempla un plazo específico y establece que los plazos genéricos previstos son aplicables en ausencia de disposiciones específicas; y que acá hay una disposición específica en la ley de seguros (cita art. 2532, CCyCN; y art. 58, LS).
En cuanto a la premisa del “piso mínimo de tutela para los consumidores” en el CCyCN, y que no puede ser reducido por ningún ordenamiento especial, interpreta que al no contemplarse un plazo de prescripción en el título dedicado a los contratos de consumo no hay minoración posible de los derechos del consumidor.
Párrafo aparte, se dedicó al cómputo del plazo de prescripción.
En esa labor, contó el plazo de 3 años, que antes de agosto de 2015, prevalecía, tal como lo hizo el actor, y observó que se vencía en diciembre de 2017 y la demanda fue interpuesta 3 meses antes, en setiembre de 2017. Pero aplicando el esquema propuesto por Kemelmajer de Carlucci con respecto al art. 2537, CCyCN, computó también el plazo de 1 año de la ley de seguros, que ahora –a su criterio- prevalece a partir de agosto de 2015, con la sanción del CCyCN, y la derogación del de 3 años del art. 50 de la LDC para las acciones judiciales, y advirtió que vencía mucho antes de la demanda: en agosto de 2016.
Por lo que estando al plazo que finalizó primero, concluyó que la acción está prescripta.
III. El recurso. Fundamentación. Contestación. Vista al Fiscal. A fs. 179 apeló el actor.
A fs. 182/190 presentó el memorial El 3/8/2020 la demandada contestó.
El 3/9/2020 se dio vista al Ministerio Público Fiscal, quien contestó el 7/9/2020, ratificando su anterior dictamen, donde estimó que se aplica el plazo de 5 años del art. 2560, CCyCN.
El actor se agravia porque la magistrada se aparta de los principios constitucionales que rigen el derecho del consumo; destaca que desde la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor en 1993 y, en forma consolidada, a partir de la incorporación de los derechos de los consumidores y usuarios a la Constitución Nacional, en el año 1994, se ha establecido en nuestra legislación el criterio según el cual las cuestiones que se suscitan vinculadas a las relaciones y contratos de consumo deben ser interpretadas a favor del consumidor, tal como lo enuncia nuevamente el Código Civil y Comercial; que, por ende, y a pesar de las modificaciones introducidas al artículo 50 de la Ley 24240, conforme punto 3.4 del Anexo II de la Ley N° 26.994, lo cierto es que tanto dicha ley como el nuevo CCyC sientan una regla importante: en caso de duda, se estará al plazo más beneficioso para el consumidor.
Precisa que ello ya había sido establecido por el artículo 23 de la Ley 26361 (modificatoria de la Ley 24.240), cuyo texto reza: “(…) Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario.”; y que este principio es, nuevamente, reafirmado por el CCyC por medio de su artículo 1094 que dispone: “…Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.”
Admite que no existe actualmente en nuestra normativa, artículo alguno que disponga un plazo específico de prescripción para las acciones que tengan su origen en contratos de consumo, pero entiende que por el carácter de orden público imperante en la materia, debe recurrirse a una necesaria integración normativa, resultando aplicable el plazo de prescripción quinquenal dispuesto por el artículo 2560 del Código Civil y Comercial, tal como lo propuso el Ministerio Público Fiscal.
Y por último, subraya que el texto del art. 2560 sostiene que el plazo de cinco años se aplica "excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local". Es decir, habla de "legislación local" y no de "legislación especial", con lo cual, se debería aplicar el plazo quinquenal (art. 2560, Cód. Civ. y Com.) por sobre el plazo anual dispuesto por la Ley 17.418 al ser el primero más favorable al consumidor.
También se agravia del cómputo del plazo de un año del art. 58, LS, desde la entrada en vigencia del CCyCN, cuando la LS no es una nueva ley, fue sancionada el día 30 de agosto de 1967.
Insiste en que no quedan dudas que el articulado del nuevo Código Civil y Comercial vigente tiene un espíritu fuertemente protectorio de los derechos del consumidor como sujeto débil de la relación de consumo, consolidándose aún más los derechos de éste, lo que se materializa –entre varias cosas- en la concesión de un plazo de prescripción mayor, quinquenal, para el ejercicio de acciones derivadas de los contratos de consumo; y que, en consecuencia, es éste el plazo de prescripción que debe aplicarse a la luz del nuevo artículo 7º del CCyC.
La demandada señala al contestar que no se ha cumplido con el art. 260, CPCC; y a todo evento, manifiesta que la norma especial deroga a la general y este es el caso que nos compete; que, por ello, no corresponde la aplicación del plazo previsto en el mentado código de fondo.
IV.-Consideración del recurso de la parte actora.
En primer lugar, y toda vez que la demandada al tiempo de contestar los agravios de su contraria, acusa la deserción del recurso, corresponde decir que luego de una minuciosa lectura del memorial, entiendo que cumple suficientemente con la crítica que habilita su tratamiento por parte de esta Alzada, en tanto formula una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas (art. 260, CPCC).
Ello así, porque expone un desarrollo argumental –con apoyo legalpara arribar a una conclusión contraria a la que se formuló en la sentencia, en torno a la aplicabilidad de un plazo de prescripción distinto. Zanjada esa cuestión procesal, adelanto que asiste razón al actor. La parte actora en su escrito de demanda reclama los daños y perjuicios provenientes del incumplimiento de un contrato de seguros; no se discute que el contrato de seguros es un contrato de consumo. La controversia se plantea en torno al plazo aplicable en virtud de las modificaciones del CCyCN a la prescripción en las relaciones de consumo (art. 50 de LDC).
Tal como lo relató la sentenciadora, la Ley de Seguros establece en su artículo 58 el plazo de prescripción de 1 año para las acciones fundadas en el contrato de seguro, computado desde que la correspondiente obligación es exigible; pero con la vigencia de la ley de defensa del consumidor (y en especial con la ley 26.361), esta Sala, como gran parte de la doctrina, consideraba que la prescripción en los seguros para los consumidores era de 3 años (ver causa “Caporaletti”, sent. del 6/6/2011 y la doctrina allí citada; se puede consultar en: El Dial Express 11-07-2011). Ahora nos vemos obligados a formalizar de nuevo el análisis de la cuestión, a la luz de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (que elimina el plazo de 3 años previsto en el art. 50, LDC, para las acciones judiciales de los consumidores), con la finalidad de definir –otra vez- el plazo a seguir en materia de prescripción liberatoria de seguros contratados por consumidores; en este caso, a los fines del art. 2537, CCyCN.
Hay autorizada doctrina y jurisprudencia que sostiene que el plazo de prescripción en este tipo de acciones será de un año de conformidad con lo previsto por la ley especial (art. 58 ley 17.418) y otros coinciden con la aplicación del plazo genérico de 5 años que establece el art. 2560 del Código Civil y Comercial, e incluso algunos entienden que se aplica el plazo de 3 años del art. 2561, CCyCN (QUINTANA, Enrique; en "Nuevo Código Civil: Expertos analizan como juega en el negocio de seguros", publicado en la Revista Estrategas del mes de Marzo de 2015; COMPIANI, Fabiana; "El Código Civil y Comercial", en "Actualidad en Derecho de Seguros", Diario 'La Ley', de fecha 26 de Noviembre de 2014; FACAL, Carlos; en "Nuevo Código Civil: Expertos analizan como juega en el negocio de seguros", publicado en la Revista Estrategas del mes de Marzo de 2015; AGUIRRE, Felipe; "El Nuevo Código Civil y Comercial.
Contrato de Seguros, Plazos de Prescripción", publicado en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Volumen 2015-A, páginas 345 a 353; LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; "La vigencia de la Ley de Seguros y de la de Navegación en el Proyecto de Unificacion de los Códigos Civil y de Comercio", páginas 1.355 a 1.360, en Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, bajo la Dirección de Julio César Rivera y la Coordinación de Graciela Medina, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012; COMPIANI, Fabiana; "La Prescripción en el contrato de Seguro", publicado en el Diario 'La Ley', página 4, de fecha 23 de Diciembre de 2015; SOBRINO, Waldo; "Prescripción de Cinco (5) años en Seguros el Nuevo Código Civil y Comercial", publicado en el Diario "La Ley", de fecha 25 de Febrero de 2015; STIGLITZ, Gabriel; "La defensa del Consumidor en el Proyecto de Código Civil y Comercial", publicado en la Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, Capítulo 5 "Otras modificaciones del Proyecto de Código, en materia de defensa del consumidor", página 75, del mes de Octubre de 2012; Sala “F” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, “Sittner, Nélida Elida c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Ordinario” -5 años, art. 2560-; en contrario -1 año, LS-: Sala “B”, “Agut, Fernando Martín c/ Caja de Seguros S.A. s/Ordinario” del 4 de agosto de 2017, y también las Salas “D” y “E” de la misma Cámara, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su Defensa c.
La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario” del 18 de octubre de 2016; “Maciel, Teresa América c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario” del 16 de abril de 2019, respectivamente; a favor 5 años, art. 2560, CCyCN: sentencia del 10 de mayo de 2018 de la Primera Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, en autos “Nuñez, Fabián c/Triunfo Coop. De Seguros Ltda. p/D. y P.”; fallo del 5 de diciembre de 2019 de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, en autos “Vega, Adriana Luz Mayra y otro c/Antártida Compañía Argentina de Seguros s/daños y perj. Incump. Contractual”; y Sanchez, Marina Lilén – Torres Cavallo, Jaime A., “La prescripción en las acciones derivadas del incumplimiento del contrato de seguros.
Un reciente pronunciamiento judicial en Mendoza”, LLGran Cuyo 2018 (diciembre),3- RCyS 2019- III, 46; a favor de los 3 años del art. 2561, CCyCN: Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, “González, Encarnación vs. Paraná Seguros S.A. s/Daños y Perjuicios”, sent. del 13/4/2018).
No se discute que el plazo de un año previsto por la ley de seguros es lacónico y adverso para los derechos de los asegurados (cfr. art. 42 y art 75 inc. 22 CN; STIGLITZ, Rubén; Derecho de Seguros, página 364, Editorial Abeledo-Perrot, Quinta Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2008; PIEDECASAS, Miguel; "Consumidor y Seguros", Capítulo XVI "Prescripción", donde entiende que un plazo de prescripción de tres (3) años sería razonable, publicado en el Diario La Ley, página 6, de fecha 23 de Junio de 2014; COMPIANI, Fabiana; "El Código Civil y Comercial", en "Actualidad en Derecho de Seguros", Diario 'La Ley', de fecha 26 de Noviembre de 2014; BIONDA, Rodrigo; "La imprescriptibilidad de las acciones", en Prescripción Liberatoria. Caducidad de Derecho y de Instancia, bajo la Dirección de Carlos Ghersi, página 172, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2013).
Y lo cierto es que, si antes en esta Sala aplicábamos el plazo trienal de la ley de defensa del consumidor, aplicar ahora un plazo menor, afectaría el horizonte de resguardo legal alcanzado y por lo tanto resultaría contrario al principio “pro homine”, ya que los Derechos de los Consumidores son una especie del género de los Derechos Humanos; a los principios, también con rango constitucional, de “progresividad-no regresividad” y de “eficacia directa o de autoejecutoriedad”; y al principio “pro consumidor” que siempre hemos tenido en cuenta a la hora de decidir (cfr. art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; art. 42 y art 75 inc. 22, CN; arts. 29, CADH; causa “Caporaletti”, sent. del 6/6/2011).
De ahí que no estoy de acuerdo en emplear fórmulas mecánicas (ley especial sobre ley general), sino que hay que recurrir al diálogo de fuentes, y a una integración normativa en defensa de los consumidores de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales y de los fundamentos del Código Civil y Comercial, que determina que las normas tuitivas de los consumidores del Código son el “piso mínimo” y “núcleo duro” que las leyes especiales no pueden perjudicar, bajo pena de afectar el sistema (cfr. “Fundamentos”; Título III “Contratos de Consumo”; Punto 1) “ Método”, subpunto d).
Así, por los fundamentos del Código Civil y Comercial referidos y por aplicación del art. 1094, en cuanto dispone que “…las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección al consumidor…” y que: “…en caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor…”, debe comprenderse que hay que mantener el piso mínimo del art. 50 de la ley de defensa del consumidor, acudiendo al plazo especial de 3 años previsto en el art. 2561, CCyCN (art. 3, LDC; Cfr. Sobrino Waldo A. R. “Prescripción de cinco años en seguros en el nuevo Código”, La Ley 25/02/2015 1, La Ley 2015-A,1008).
El nuevo Código establece en su art. 2560, un plazo genérico de prescripción de cinco años. Y en los arts. 2561, 2562, 2563 y 2564 se fijan plazos especiales para distintos supuestos.
Concretamente, el art. 2561, CCyCN establece un plazo de prescripción de 3 años para el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil, cualquiera sea su origen (incumplimiento de una obligación o violación del deber general de no dañar, o de una relación de consumo); y éste es el plazo al que corresponde acudir a partir del cambio legislativo para la acción del asegurado que reclama los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de seguros (Negri, Nicolás J., Responsabilidad Contractual: precisiones e implicancias con incidencia procesal, RCCyC 2017 (agosto), 23, AR/DOC/1789/2017; PICASSO, Sebastián, "La unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual en el Código Civil y Comercial de la Nación", AR/DOC/3926/2014; OSSOLA, Federico Alejandro, “Responsabilidad por incumplimiento obligacional en el nuevo Có-digo. Las bases de la teoría general”, RCyS 2016- IX , 5, AR/DOC/2239/2016).
No desconozco que el art. 2532 del CCyC dispone que “En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria”; pero como ya dijera, no corresponde emplear fórmulas mecánicas (ley especial sobre ley general), cuando ello arrincona a los principios y normas del CCyCN y de la Constitución Nacional aludidos (arts. 2, 3, 1094, CCyCN; “Fundamentos”; Título III “Contratos de Consumo”; Punto 1) “ Método”, subpunto d; cfr. art. 42 y art 75 inc. 22 CN; arts. 50 y 3 de la Ley de Defensa del Consumidor; Waldo Sobrino, ”Seguros y el Código Civil y Comercial”, t° 1, pág. 744, ed. Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2016), Garrido Cordobera señala, que Gabriel Stiglitz, “refiriéndose a la modificación del art 50 LDC, considera que las acciones judiciales estaban mal ubicadas en tal artículo y este autor se manifiesta de acuerdo con su eliminación del texto, además aclara que el plazo de 3 años quedará acotado a lo que allí se regula, que son las sanciones administrativas mientras que para las acciones judiciales en las relaciones de consumo será de aplicación un plazo igual al anteriormente vigente o mayor (3 o 5 años), pues era de aplicación lo previsto en los arts. 2560 o 2561 Código Civil y Comercial”. (Lidia M. R. Garrido Cordobera en: Stiglitz, Gabriel A., Hernández, Carlos A., Tratado de Derecho del Consumidor - Tomo IV, La Ley, Segunda parte - Prescripción, Capítulo XXIV.1 - La aplicación de la prescripción del art. 50 LDC y el principio "pro consumidor". IV. La prescripción. https: //proview. thomsonreuters.com/ launchapp/title/laley/2015/ 41885110/v1/ document/ AF713741-2340-34F1- 90BD-B5412B03830A/ anchor/BB19B278- 5E1D-F8B9-00F5-
486A5B530C46).
Por último, me permito señalar que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en los fallos “Buffoni” y “Flores”, lo fue en un contexto distinto al debatido en autos, por lo que dichos precedentes no pueden considerarse dirimentes para el presente (06/06/2017, “Flores, Lorena R. c. Giménez, Marcelino O. y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”; y 08/04/2014 “Buffoni, Osvaldo Omar c. Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios”).
Por lo expuesto, y toda vez que, a todo evento, siempre debe estarse a favor de la subsistencia de los derechos y la interpretación a favor de la prescripción de las acciones debe ser siempre restrictiva, propongo revocar el pronunciamiento apelado en cuanto admitió la defensa de prescripción opuesta por la demandada, pues la acción no está prescripta en la medida que a tenor de lo normado por el art. 2537, CCyCN, cabe estar al plazo de 3 años del art. 50 de la LDC en su anterior redacción (de cara al de 3 años del art. 2561, CCyCN) que se venció luego de interpuesta la demanda. En cuanto a las costas de ambas instancias por la incidencia suscitada, considero que deben ser impuestas por su orden en función de los criterios disimiles sobre la materia (Barbato, Nicolás; “La citación en garantía del asegurador”, publicado en “El Derecho”, T. 150, pág. 150, 162 y 163, nota 23; arts. 68 2da. parte y 274, CPCC; argto. doct. Roberto G. Loutayf Ranea “Condena en costas en el proceso civil”, 1ra. Reimpresión, Ed. Astrea, Bs. As., 2000, pág. 87).
V.-Casación positiva.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho: "Si la Cámara revocó el fallo de primera instancia que, por considerar procedente una defensa opuesta, no decidió otras cuestiones planteadas por las partes, corresponde a ese tribunal decidir todos los temas litigiosos pendientes, y no devolver los autos al inferior con ese fin. Con ese proceder no se vulneran las reglas de igualdad ante la ley ni la defensa en juicio, no suponiendo ésta la doble instancia judicial" (S.C.B.A., 9/06/2004, "Figueroa, Anacleto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios").
Ahora bien, trasplantados estos conceptos al caso que nos ocupa, tenemos entonces, que es obligación de esta Sala resolver el presente caso como si fuera el Juez de Primera Instancia, es decir, estudiando todos los temas pendientes que integran la relación procesal, en ejercicio de la potestad plena con que cuenta este Tribunal y sin devolver la causa. Es que como bien lo expresa el Dr. Pettigniani, miembro del Máximo Tribunal bonaerense, "Privar a la parte de un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión y someter la causa a una dispendiosa actividad jurisdiccional, postergando indebidamente el pleito implica un serio menoscabo a la garantía de la defensa en juicio, que también está integrada por el derecho a una rápida y eficaz decisión judicial" (S.C.B.A., 19/02/2002, "G., F. S. s/ Adopción").
Ello asimismo, en consonancia con las modernas tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, que no habilitan el reenvío, por el contrario, y como lo entiende Hitters, hay "... que desterrarlo de nuestro vademécum procesal, dado que la moderna casación –por ser ejercida por un ente jurisdiccional- no debe mantener este tipo de remisión, salvo en los casos de nulidad por vicios formales, cuando el Tribunal Supremo se ve imposibilitado de componer positivamente la litis" (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", p. 11).
En forma más contundente, el mismo autor sostiene: "Salvo en casos de defectos formales que imposibilitan el juzgamiento, hoy en día es aconsejable eliminar el reenvío dándole al órgano de casación competencia para sustituir el fallo casado" (aut. ref., "La Casación nacional. Su estado actual", JA. 1979-II-806); conclusión a la que arriba citando la ponencia del profesor Prieto Castro en la Reunión de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, celebrada en Madrid en el año 1977, en donde "...se llegó a la conclusión de que la jurisdicción positiva del órgano de casación no desnaturaliza esta función e implica una economía que no debe desdeñarse" (art. cit., p. 815).
La excepción a la regla de que en casación no procede el reenvío, se presentaría cuando el Tribunal se ve imposibilitado de resolver ante la falta de elementos de juicio, como sería en el caso que revoque una sentencia que hacía lugar a una excepción de previo y especial pronunciamiento; lo que no acontece en autos, donde precisamente se resolvió sobre una excepción opuesta y diferida para el momento de dictar sentencia. Sentado ello, corresponde dar tratamiento a las cuestiones planteadas por las partes en sus respectivos escritos de inicio, salvo lo concernientes a la excepción de prescripción liberatoria opuesta, por la manera en que se resuelve el recurso.
VI.-Pronunciamiento de reemplazo. Solución del caso.
1.-
Como se desprende del análisis efectuado, el presente caso ha sido encuadrado como una relación de consumo, calificación que no ha sido cuestionada por las partes y que ha sido refrendada por el representante del Ministerio Público Fiscal (arts. 1 y 2, LDC; MOEYKENS, FEDERICO R., Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al Contrato de Seguro, LLNOA, 2005, 1165; STIGLITZ, RUBÉN, COMPIANI, MARÍA FABIANA, La prescripción del contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor, LA LEY, 2004-B, 1231; PICASSO Sebastián, Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada, Tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2009, pág.36). A su vez la regla del art. 7 del CCyC es clara cuando hace excepción a los supuestos como el presente.
Prescribe esa regla que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”.
Tal prescripción impone que, de apreciarse una nueva regla más favorable al consumidor, ella resultará de aplicación inmediata a las consecuencias o los efectos de los contratos celebrados antes del 1/8/2015, conforme el juego armónico de los arts. 7 y 1095 del CCyC (v. “La aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, ps. 59/60) como es el que motiva el presente caso.
Por otro lado, vale recordar que para el estudio de la constitución, extinción y efectos ya producidos, corresponde utilizar las normas del Código Civil (ley 340) y no el ya vigente Código Civil y Comercial de la República Argentina -ley 26.994-, ya que éste no es de aplicación retroactiva (Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, La Ley, 22/04/2015, AR/DOC/1330/2015; Junyent Bas, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, La Ley, 27/04/2015, AR/DOC/1360/2015; Taraborrelli, José N., “Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código”, LA LEY 03/09/2015, 1, AR/DOC/2888/2015).
No obstante lo anterior, es menester diferenciar las consecuencias de la relación jurídica: las consumidas, agotadas o producidas, es decir las que ya concluyeron sus efectos, quedan en la órbita de la ley anterior (vgr. el daño que se consolidó antes de la entrada en vigencia del CCyCN); en cambio las consecuencias que no son instantáneas sino que se prolongan en el tiempo quedan alcanzadas por el nuevo Código. Conforme ello, las cuestiones inherentes a la cuantificación del daño se trata de consecuencias no agotadas, que quedan en la esfera de la ley nueva (arts. 1745, 1746, 1747, 1748 y concs. CCCN; Cám.Apel. Azul, Sala II, sentencia única en “D. B., A. C/ A., L. C. y otros s/ Derechos Personalísimos” (Exp.Nº 56.441) y “D. B., A. C/ A. L. C. y otros s/ Daños y perjuicios” (Exp.Nº 56.571), del 08/09/2015; Aída Kelmemajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", 1era. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 61).
Con estas herramientas he de analizar entonces el conflicto de autos, para lo cual también viene bien advertir que en el ámbito de una relación de consumo, más específicamente un contrato entre un consumidor y un proveedor como es el del caso, la carga probatoria es de aquellas denominadas “dinámica” por imperio del art. 53 párrafo 3° de la LDC que puntualmente indica “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.”. Esa es la interpretación de la SCBA conforme su decisión en Ac. 117.760 del 01/04/2015, “G, A. C. contra “Pasema S.A.” y otros. Daños y perjuicios”.
Y desde ya adelanto que tal regla no ha sido cumplida por la demandada pues: 1) fue declarada negligente en la prueba informativa destinada a que el estudio Suipacha se expidiera sobre la autenticidad del Informe de liquidación de siniestro acompañado en copia simple como documentación y sobre la que estructuró su contestación de demanda, alegando haber liquidado el siniestro y ofrecido una suma de dinero al actor (ver fs. 161); 2) no cumplió con la intimación ordenada a fs. 118 (fue específicamente requerida a brindar “denuncia de siniestro”, así como fotografías y demás documentación relativa al siniestro) y se le hizo efectivo el apercibimiento dispuesto por el art. 386, CPCC (ver fs. 160); y 3) se declaró innecesaria la producción de la prueba confesional que ofreció (ver fs. 166); quedando, así, huérfana de prueba en su favor.
2.-
El actor manifiesta que en el año 2013 contrató un seguro con la demandada del tipo “combinado familiar” a los fines de salvaguardar el inmueble de su propiedad, ubicado en Villa Laguna La Brava, Partido de Balcarce, y destinado como vivienda de fin de semana; que la suma asegurada era de $750.000; que producto de una brutal tormenta se voló el techo, entre otros daños materiales, y luego de cumplir con todos los pasos, la aseguradora no le pagó.
No es una cuestión discutida el siniestro ocurrido, como tampoco lo es que aquél contaba con un seguro que diera amparo por ese riesgo (daños por vendaval).
Veamos, pues, qué es lo que se contrató.
De las constancias adjuntadas por el propio actor a fs. 31/57 (póliza 130368 del 29/10/2013 con la leyenda “renueva a: 121338”) se desprende que, en lo que interesa, se contrató un seguro de incendio de edificio “a prorrata” con la suma asegurada de $750.000 y de incendio de contenido “a primer riesgo absoluto” (a cuyo respecto no se vislumbra la suma asegurada), que cubría el riesgo “daño por vendaval”, con los mismos alcances que para incendio de edificio (ver fs. 34, Ampliación de cobertura en caso de huracán, vendaval, ciclón o tornado donde “el Asegurador amplía las garantías de la póliza para cubrir, de acuerdo con las condiciones generales específicas, los daños y las pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa de los riesgos de HURACAN, VENDAVAL, CICLON O TORNADO...”).
En la cláusula para edificio en caso de siniestro parcial (v. fs. 48), se estableció la medida de la prestación: “…Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador solo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores (art. 65 – Ley de Seguros).”. Y en la cláusula para contenido (v. fs. 48 vta.) se dispuso: “Este seguro se contrata a primer riesgo absoluto y en consecuencia el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, sin tener en cuenta la proporción que existe entre esta suma y el valor asegurable.”
A su vez, se fijó que: “Monto del resarcimiento. El monto del resarcimiento se calculará de la siguiente manera: 1) “Edificios o construcciones” y “mejoras”: El valor a la época del siniestro estará dado por su valor a nuevo, con deducción de las depreciaciones por uso, antigüedad y estado […] 3) “Instalaciones”, “Mobiliarios” y “demás efectos”: El valor al tiempo del siniestro estará dado por su valor a nuevo con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado. Cuando el objeto no se fabrique más a la época del siniestro, se tomará el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso, antigüedad y estado.” (ver fs. 48).
En este tipo particular de seguro patrimonial, el quantum de la suma asegurada se encuentra relacionado con el "valor" del inmueble.
Waldo Sobrino lo explica muy bien con el siguiente ejemplo: si el valor a riesgo de la casa es de $ 1.000.000 y la suma asegurada es de solamente $ 400.000, y si se produce un siniestro donde se queman $ 200.000, no le van a pagar al asegurado $ 200.000, sino $ 80.000, por aplicación de la 'prorrata' (Art. 65, segundo párrafo, de la Ley de Seguros), dado que se encontraría asegurado sólo el 40 % -a través de una especie de 'coinsurance' (co-pago o co-seguro, donde el asegurado participa en las pérdidas del siniestro en una proporción). Ello demuestra que el monto de la suma asegurada (v.gr. $ 400.000) no está 'in obligatione' sino ‘in solutione’, dado que se trata de una "deuda de valor" que son aquellas en las que el objeto es un bien medido por el dinero, de forma tal que el dinero no es el objeto, sino el modo de pagar. Y, tan ello es así, que en caso de existir una prorrata, es que no se va a pagar la suma asegurada 'in obligatione' sino que se va a abonar una suma menor, dado que el dinero es ‘in solutione’, de forma tal que como se expresa en el ejemplo antes dado, a pesar de lo que figura nominalmente en signos monetarios, es que se puede pagar mucho menos dinero que el efectivamente asegurado. Por tanto, al no tratarse la suma asegurada de una obligación de dar dinero (art. 765, CCyCN), sino de una obligación de valor (art. 772), se tiene que pagar el seguro al valor real que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda al momento del pago del siniestro ("La Actualización monetaria de las Sumas Aseguradas", 8 de Noviembre de 2017, LA LEY, Id SAIJ: DACF180147; SOBRINO, Waldo; Seguro y el Código Civil y Comercial, Tomo I, Capítulo IX "Seguros y el Nuevo Derecho del Código Civil y Comercial", Subcapítulo .IX.7) "Prorrata: la palabra maldita? El incumplimiento del Deber de Información y las consecuencias legales a favor del asegurado", páginas 625 y siguientes, Editorial La Ley, Buenos Aires, Abril de 2018).
Ahora bien, la pregunta viene impuesta: ¿fue suficiente para crear en el ánimo del iniciante la creencia de haber contratado un seguro de incendio sobre su vivienda por el monto de $750.000, solo como límite indemnizatorio, ignorando el supuesto de “infraseguro” convenido? A mi juicio, la respuesta es negativa. La claridad del contrato en poder del actor descarta la posibilidad de considerar que él pudo creer hallarse amparado por una extensión de cobertura diversa de aquélla contratada con la codemandada. Ninguna "incerteza" debió tener el actor en cuanto a los alcances de la contratación del seguro para su vivienda (ver nota al art. 923, CC; Brebbia, en "Hechos y actos jurídicos", pág. 284, ed. Astrea, Buenos Aires, 1979).
Además, repárese que en la demanda solo se efectuaron declaraciones rimbombantes al respecto pero que no reflejan hechos concretos que puedan generar algún reproche a la demandada en sus deberes de información, consejo o advertencia (ver fs. 63/64; arts. 11, LS; arts. 42, CN; 4, LDC; 1100, CCyCN; arts. 512, 902, 1109, 1198 y cctes. CC). El fracaso de una negociación extrajudicial, la demanda entablada en consecuencia y el cumplimiento de las actuaciones posteriores implicaron la intervención de un profesional en derecho, y es precisamente este último quien debe asesorar al respecto al asegurado que asume la calidad de actor. En otras palabras, entiendo que la aseguradora debe asesorar con la debida diligencia y prudencia al asegurado en lo que respecta a la denuncia del siniestro y al trámite administrativo que se lleve a cabo a consecuencia del hecho acaecido y lo cierto es que en relación a ello, nada se cuestiona. No obstante ello, y dando por probado el contrato de seguro, el siniestro, su cobertura, y la denuncia, y a tenor de la falta de prueba de la demandada, especialmente en lo que tiene que ver con la autenticidad de la copia simple del informe del estudio liquidador “Suipacha”, debo concluir en que hubo silencio de su parte que, además de significar la aceptación, configuró el incumplimiento contractual al no haber pagado; por lo que deberá indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado y por la mora, sin perjuicio de que no es posible apartarse de las condiciones de contratación, especialmente de la regla proporcional o “prorrata”, a la hora de establecer en qué medida quedará obligada la compañía demandada en esta causa en aquellos rubros alcanzados por dicha medida (arts. 46, 49 y 56 de la ley 17.418; arts. 508, 509, 511, 512, 519, 520, 902, 909 y concs., CC) .
Debo agregar que a igual conclusión arribo, aun valorando el informe del ajustador del siniestro que en copia simple luce a fs. 84/89, del cual surge que el actor habría rechazado la suma ofrecida de $45.740, toda vez que si la discusión entre la Aseguradora y el Asegurado se encontraba circunscripta al monto indemnizatorio, la Aseguradora debió hacer un pago en consignación en los términos de los artículos 756, 757 inc. 1, 758, 759, 760, 761 y concs, del Código Civil, y de los artículos 49 y 51 de la Ley N° 17.418 (cfr. jurisp. esta Cámara y sala, causa: "AMAYA MARIA ANTONIA C/ BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL", sent. del 3/12/2013, expte. N°154.916; ver también: CNCom,, sala E, 18/8/1994 "Ameri, F. c/ Victoria Cía. de Seg", La Ley, 1995-A, 394; DJ, 1995-1-588, citado por Rubén S STIGLITZ, Derecho De Seguros, Quinta edición, Editorial La Ley, tomo III, pág. 265).
3.-
Determinada la responsabilidad por incumplimiento contractual de la demandada por la falta de pago al vencimiento (arts. 750, 756 y cons, CC; arts. 49 y 56, LS; arts. 865, 871, inc b, y concs., CCyCN), corresponde abordar los ítems indemnizatorios reclamados.
3.-a)
Daño emergente.
Teniendo en cuenta el costo de la reparación de los daños de la casa que tuvo que afrontar el actor, de acuerdo a lo informado por el arquitecto que llevó a cabo las tareas (v. fs. 140, total $66.000; cfr. arts. 394 y ss., CPCC); que la ocurrencia y magnitud del siniestro no han sido cuestionadas; que el actor había quedado como propio asegurador del 26,76% del monto del siniestro en lo que a “incendio edificio” se refiere, según los datos que surgen de la copia simple del informe del ajustador del siniestro, que asumo solamente como parte integrante del relato de la demandada y dadas las dificultades para estimar la relación que habría a valores de hoy entre el costo promedio del m2 de reposición de la construcción a nuevo para el tipo de construcción de la vivienda del actor y la posible suma asegurada, que depende de la discrecional decisión del asegurado; entiendo que este sub rubro debe prosperar por $48.338,40 –que representa el 73,24% a cargo de la demandada-, más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 330, 354, 394, y concs., CPCC).
En cuanto a la mora (punto de partida para la liquidación de los intereses), y contabilizando que la denuncia se hizo “tempestivamente” a los 3 días del siniestro (10/12/2013); que los 30 días para que se expida la demandada se cumplieron el 30/1/2014, pues no hay prueba del lapso que podría haber insumido la eventual obtención de información o documentación complementaria necesaria para el caso; y que de ahí tenía 15 días para el pago, corresponde determinar la fecha de la mora el día 14/2/2014 (48 días desde el siniestro, cfr. art. 28 y 509 del Código Civil, arts. 46, 49 y 56 de la ley 17.418).
En cuanto a los daños de los bienes muebles referidos en la demanda, no hay nada de prueba sobre su preexistencia, su estado al tiempo del siniestro, su reposición y precio abonado (arts. 375, 384 y concs, CPCC)
No se contrató su reposición a “valor nuevo”, sino que se contempló que se tomaría su valor a nuevo al tiempo del siniestro con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado y que cuando el objeto no se fabrique más a la época del siniestro, se tomaría el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso, antigüedad y estado.” (ver fs. 48).
En este caso, en consecuencia, el importe quedaba sujeto a la efectiva magnitud de los daños sufridos, cuestión que debía resultar de la prueba producida en autos.
De todas formas, si bien el actor no ha producido prueba alguna a fin de determinar cuál fue el daño producido en el mobiliario que se encontraba en el interior de la vivienda siniestrada, lo cierto es que la demandada, al adjuntar la copia simple del informe del ajustador de siniestros, que como dije lo tomo como parte de su relato, reconoció la existencia de buena parte de los bienes muebles, a saber: colchón de 2 plazas de 26cm de espesor (aprox. $6.000, a lo que le restó el 40% por depreciación) y televisor LCD de 42” marca Telefunken (aprox. $9.000, a lo que le restó el 40% por depreciación) (v. fs. 89).
Por lo tanto, y de conformidad con lo adelantado, debe establecerse el valor de esos dos bienes, no "a nuevo", sino, conforme surge de la póliza, a su valor a nuevo a la época del siniestro con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado.
Así, considerando los valores denunciados por el actor en su demanda como desembolsados para su recuperación: $11.000 para el colchón y $10.000 para el televisor, lo que asciende a $21.000; que no resultan desmedidos en relación a los contemplados por la demandada; y reducido este monto en un 30%, estimado prudencialmente como valor de depreciación por uso, antigüedad y estado, concluyo que debe receptarse la demanda por este sub-rubro, en la suma de $ 14.700, más intereses a tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires, también desde el día 14/2/2014 por las razones ya expuestas (art. 165, CPCC).
Caben hacer tres aclaraciones.
La primera: no se actualizan estos montos en la medida de que estamos frente a un reclamo de “reintegro”.
Dentro del daño emergente, se comprenden todos los menoscabos efectivamente sufridos y los desembolsos realizados en atención al hecho lesivo, pues es lo que comporta el efectivo empobrecimiento del contenido económico del sujeto. El patrimonio, después del hecho dañoso, se ve disminuido.
El art. 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que aquí interesa, dispone que “la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima…”.
Con relación a este rubro se ha sostenido que el menoscabo sufrido por una cosa de dominio de la víctima, frustra de por sí el interés de su titular a mantener la incolumidad de sus bienes y engendra un perjuicio resarcible por el empobrecimiento así producido, sin que deba exigirse que los arreglos hayan sido efectuados o pagados (López Mesa, Marcelo y Trigo Represas, Félix, Tratado de la Responsabilidad Civil, Cuantificación del daño, ed. La ley, pág. 408).
Empero, si como en el caso, el inmueble fue reparado y el mobiliario sustituido, el precio abonado prevalece sobre cualquier estimación pericial, porque es obvio que, si el damnificado afrontó de su propio peculio las reparaciones y/o reposiciones, ese dinero desembolsado es el que constituye el daño o menoscabo patrimonial a resarcir, pues ya no existe propósito de reparar o de reponer (ver demanda, fs. 65).
Vale decir que, por más que califiquemos esta parcela de la indemnización como una deuda de valor, por cuanto su alcance en dinero no nace determinado o determinable in obligatione, sino que se determina in solutione, siempre hay que estar a las resultas de la efectiva dimensión del daño que se acredite, que en este supuesto, está dado por el empobrecimiento que significó el desembolso para reparar el inmueble y reponer el mobiliario afectado (arts. 1068 y 1069, Cód. Civil; art. 772 del nuevo Código Civil y Comercial -aplicable en forma inmediata conforme el art. 7 de dicho código-; Ramón Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones., T. 1ª Ed., 1ª reimpr., Bs. As. Hammurabi, 2004, págs. 372 y 373; en igual sentido, ver Atilio Aníbal Alterini, Oscar José Ameal y Roberto M. López Cabana, Derecho de Obligaciones civiles y comerciales, 2ª Ed. actualizada, 1998, Bs. As., Abeledo Perrot, págs. 478 y ss.; Guillermo A. Borda, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, 9ª Ed., Bs. As. La Ley, 2008, T.I, pág. 391; Ernesto C. Wayar, Derecho Civil. Obligaciones, 1ª Ed., Bs. As. Depalma, 2002, págs. 496 y 497; entre otros).
En estos casos, la indemnización compensatoria indefectiblemente se traduce en la suma de dinero sufragada y su pago tardío (daño moratorio) se repara por medio de los intereses. En efecto, es el “interés” lo que compensa al damnificado por la falta de disponibilidad de ese activo patrimonial representado por el desembolso que habría correspondido al responsable del hecho (cfr. esta Cámara y Sala, causa 167.650, RSD-182, 15/10/2019). La segunda aclaración: no se aplica tasa activa por la doctrina legal de la SCBA.
Entiendo que la tasa activa pretendida por el recurrente se desentiende de la obligatoriedad de la doctrina legal (C. 119.176, "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios", sent. del 15/6/2016; arg. arts. 161, inc. 3, ap "a", Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 279, CPCC)
En efecto, el respeto a la doctrina legal de la Suprema Corte tiene por finalidad evitar a las partes transitar el largo y antieconómico camino recursivo que culminará inexorablemente con la revocación de una sentencia violatoria de aquella doctrina. En palabras del mismo Tribunal: “El particular diseño del sistema recursivo de nuestra provincia hace que la doctrina establecida por este Tribunal tenga un grado de exigibilidad (es decir, una virtualidad para constreñir, en particular, a los jueces) muy alto, aspecto que encuentra su justificación -desde el punto de vista estrictamente jurídicotanto en la necesidad de procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia, como en la de efectuar un control sobre la racionalidad y la corrección de los pronunciamientos, como así también en el respeto a los más elementales principios de economía y celeridad procesales.” (SCBA, C 118968 S 15/07/2015; C 117292 S 01/04/2015).
Y que: “La hipótesis de violación de doctrina legal constituye un fundamento autónomo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278, C.P.C.C.; 55 y 63 de la ley 11.653). El acatamiento de aquélla por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener -conforme una de las facetas de la télesis de la casación- la uniformidad de la jurisprudencia, y tal finalidad se ve frustrada frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5, "e", C.P.C.C.; 63, ley 11.653; 15, Constitución provincial). Ello no importa menoscabar la función de los magistrados, pues a éstos les basta - en todo caso- con dejar a salvo sus opiniones personales.” (SCBA, Rl 114666 I 26/10/2011; entre tantos otros).
La tercera: no se declara la inconstitucionalidad de la ley 23.928, también por la doctrina legal de la SCBA.
El Supremo Tribunal Provincial se ha pronunciado en favor de la constitucionalidad de la mentada legislación que integra un Bloque Normativo de Emergencia, en oportunidad de dictar sentencia en las causas N° 66.532, “Falbo”, sent. del 11-III-15; 117.565, “Ábalos”, sent. deI 3-XII-14; 88.616, “Ibañez”, sent. del 5-VI-13; causas C. 93.176, "International Trade Logistic S.A." y C. 89.562, "Quiroga", ambas sentencias del 29-XII-2008, entre muchas otras.
Y la Corte Federal ha mantenido idéntico criterio en oportunidad de expedirse en los autos “Massolo, Alberto José c/ Transporte del tejar S.A” (M.913.XXXIX, sent. del 20-IV-2010)”; “Obra social del personal de sociedad de autores c/ sociedad argentina de autores y compositores de Música (10/03/2009 - Fallos: 332:335); “Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros” (26/10/2004- Fallos: 327:4495); “Rinaldi, Francisco Augusto y otro c / Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ Ejecución hipotecaria” (15/03/2007 - Fallos: 330:855), entre otras.
3.-b)
Desvalorización y privación de uso.
Con respecto a la “desvalorización del inmueble”, no queda más que remitirse al dictamen de la perito arquitecta, presentado el 28/3/2019, donde claramente expresó que: “…3) Actualmente los arreglos necesarios del techo ya fueron hechos. La vivienda se encuentra en óptimas condiciones. Al ser bueno el estado de mantenimiento, el inmueble no ha perdido valor de venta.” (cfr. arts. 375, 384, 474 y concs., CPCC).
Y en lo concerniente a la “privación de uso” ceñida a la imposibilidad de disfrutar de la vivienda por un largo tiempo, considero que no es posible admitir este rubro, toda vez que los daños materiales fueron provocados por una brutal tormenta (arts. 513, 514 y concs., CC); y la privación de uso fue por ese motivo y duró hasta que finalizaron las reparaciones efectuadas de inmediato por el propio actor.
El demandante menciona la molestia que implicó no tener el inmueble disponible para disfrutarlo y descansar con su familia. A mi modo de ver, adoptando un criterio amplio y flexible, debería interpretarse que, en este punto, está reclamando el daño moral que le provocó la privación de uso de la vivienda, en tanto la expresión utilizada podría equipararse a decir que no tenía el inmueble a su disposición, como medio de esparcimiento y descanso.
Sin embargo, no advierto que sea producto del incumplimiento contractual de la demandada. Distinto sería si aún no se hubiera reparado la vivienda o si se la hubiera reparado luego de esperar más de lo razonable a que la demandada cumpliera. Pero ese no es el caso.
En el escenario que me convoca, no vislumbro nexo adecuado de causalidad entre el incumplimiento obligacional y la privación de uso alegada (cfr. arts. 520, 521, CC; arts. 1726, 1727, CCyCN); por lo que corresponde rechazar también este ítem indemnizatorio.
3.-c)
Daño moral.
Descartando aquí el daño moral por la privación de uso de la vivienda que ya fue tratado, resta analizar ahora si “…las dilaciones, la falta de respeto, la pérdida de tiempo […], gastos efectuados, etc…” constituyen un daño moral indemnizable.
Considero que una eventual respuesta afirmativa al interrogante planteado debe superar un doble tamiz. El primero tiene que ver con la “entidad” del supuesto padecimiento. El segundo se vincula con la necesidad o no de prueba específica que lo acredite.
Con respecto a la entidad de la molestia, la doctrina legal de la SCBA (SCBA, AC 56328 S 5-8-1997; Ac 67701 S 3-5-2000; SCBA, C 91376 S 25- 2-2009; B 59693 S 30-6-2010), requeriría para la concreción del daño moral que las molestias, sinsabores, angustias o padecimientos que derivaron del hecho y afectaron faz espiritual de la víctima superen un “piso mínimo” de indemnizabilidad, considerando que no constituyen daño moral aquellas incomodidades o molestias generadas por las dificultades propias de la vida en sociedad y a las que todos estamos expuestos en la vida cotidiana. En efecto, la Suprema Corte ha dicho reiteradamente que: “A diferencia de lo que ocurre con el gravamen material, la alteración del espíritu que autoriza la reparación del daño moral, debe presentar cierta magnitud para ser reconocida como tal. Un malestar trivial, de escasa importancia, propio del riesgo cotidiano de la convivencia o de la actividad que el individuo desarrolle, nunca lo configurarán. Esto quiere decir que hay un "piso" de molestias, inconvenientes o disgustos recién a partir del cual este perjuicio se configura jurídicamente y procede su reclamo “ (cfr. SCBA, C 91376 S 25-2-2009).
Debo reconocer que la escasa “entidad” del perjuicio no debería constituir un argumento más que para establecer la cuantía del rubro, puesto que su indemnizabilidad solo dependería de la efectiva producción del daño. Esto es así en virtud del principio de reparación integral que campea en la órbita de la responsabilidad civil, de acuerdo al cual todo perjuicio injustamente sufrido debe ser objeto de reparación (cfr. arts. 1068/9, 1071 bis, 1077, 1078 1ra parte, 1079, 1080, 1083, 1084, 1109 y concds. del C.Civil). De todos modos, siendo aquélla la “doctrina legal” de nuestro Máximo Tribunal de la Provincia, en principio, estamos obligados a acatarla (art. 279 del C.P.C.; argto. jurisp. esta Cámara, sala 1, causa 126139 RSD- 204-7 S 12-6-2007; sala 2, causa 143872 RSD-252-10 S 7-9-2010; sala 3, causa 144720 RSD-14-10 S 9-2-2010).
Por otro lado no pierdo de vista que si se receptara el rubro con el alcance pretendido por el demandante, se deberían habilitar todos los reclamos judiciales que, como pretensión acumulada (art. 87 del CPC), invoquen un daño moral por los “engorrosos trámites”, “las idas y vueltas” que debieron atravesar antes de la promoción de la demanda (sea por reclamos extrajudiciales, envíos de cartas documento; etc). Visto así, no considero propicio abandonar el criterio restrictivo mencionado anteriormente.
De todas maneras, debo aclarar que la limitación apuntada anteriormente no excluye de plano la posibilidad de considerar que el tipo de molestias al que estoy haciendo referencia (aquí viene lo relacionado con el segundo “tamiz” de procedencia), en alguna ocasión y por las especiales circunstancias del caso, debidamente probadas, pueda determinar la procedencia de su indemnización como daño moral. A modo de ejemplo: entiendo que correspondería concederlo si el peticionante probara que es una persona discapacitada que se vio obligada a realizar todos esos trámites con la ayuda de terceros; o que debió hacerlos durante los días previos a su boda, generándole una situación de mayor estrés o intranquilidad de espíritu; o que la respuesta de la aseguradora estuvo sujeta a largas esperas en sus oficinas, durante varios días, que le implicaron desatender otros compromisos; etc. Al contrario, si no hay una acreditación de circunstancias especiales, esas molestias no pueden ser indemnizadas a título de daño moral (argto. art. 375 del CPC).
Aquí el actor no ha alegado ni probado ninguna circunstancia especial, por lo que –a mi entender- no es posible otorgarle la indemnización por daño moral pretendida, máxime cuando el art. 522, CC, contempla para el caso un temperamento severo en material de indemnización por responsabilidad contractual (argto. arts. 1067, 1068 y concds. del C.Civil; art. 7 y concs, CCyCN).
4.-
Colofón.
Por todo lo expuesto, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación del actor; revocar la sentencia de primera instancia y disponer el rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la demandada, toda vez que la acción no está prescripta en la medida que a tenor de lo normado por el art. 2537, CCyCN, cabe estar al plazo de 3 años del art. 50 de la LDC en su anterior redacción (de cara al de 3 años del art. 2561, CCyCN) que se venció luego de interpuesta la demanda, con costas de ambas instancias por la incidencia suscitada en el orden causado en función de los criterios disimiles sobre la materia (arts. 68 2da. parte y 274, CPCC); 2) Por casación positiva emitir el pronunciamiento de reemplazo en los siguientes términos: hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor, reclamando los daños y perjuicios por el incumplimiento contractual de la demandada, y condenar a ésta última a abonarle dentro de los 10 días de quedar firme la presente la suma de $63.038,40, más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 14/02/2014 y hasta el efectivo pago, gastos y costas por la cuestión de fondo (art. 68, CPCC); 3) Se difiere la regulación de honorarios (art. 51 leyes 8904 y 14967).
VOTO, pues, POR LA NEGATIVA.
La señora juez doctora Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RUBÉN D. GÉREZ DIJO:
Corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación del actor y revocar la sentencia de primera instancia, disponiéndose el rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la demandada, por los fundamentos dados en el punto “IV.-“, y con costas de ambas instancias por la incidencia suscitada en el orden causado en función de los criterios disimiles sobre la materia (arts. 68 2da. parte y 274, CPCC); 2) Por casación positiva emitir el pronunciamiento de reemplazo en los siguientes términos: hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor, reclamando los daños y perjuicios por el incumplimiento contractual de la demandada, y condenar a ésta última a abonarle, dentro de los 10 días de quedar firme la presente, la suma de $63.038,40, más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 14/02/2014 y hasta el efectivo pago; 3) Imponer las costas, por el progreso de la demanda, a la parte demandada vencida (art. 68, CPCC); 4) Se difiere la regulación de honorarios (arts. 31, 51 y concs., dec.-ley 8904/77; arts. 16 y concs., ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
La señora juez doctora Nélida I. Zampini votó en igual sentido.
En consecuencia, se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo, se resuelve: 1) Hacer lugar al recurso de apelación del actor y revocar la sentencia de primera instancia, disponiéndose el rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la demandada, por los fundamentos dados en el punto “IV.-“, y con costas de ambas instancias por la incidencia suscitada en el orden causado en función de los criterios disimiles sobre la materia (arts. 68 2da. parte y 274, CPCC); 2) Por casación positiva emitir el pronunciamiento de reemplazo en los siguientes términos: hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor, reclamando los daños y perjuicios por el incumplimiento contractual de la demandada, y condenar a ésta última a abonarle, dentro de los 10 días de quedar firme la presente, la suma de $63.038,40, más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 14/02/2014 y hasta el efectivo pago; 3) Imponer las costas, por el progreso de la demanda, a la parte demandada vencida (art. 68, CPCC); 4) Se difiere la regulación de honorarios (arts. 31, 51 y concs., dec.-ley 8904/77; arts. 16 y concs., ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese en forma electrónica a las partes (art. 3, apartado “c. c.2)” de la Resolución del Presidente dela SCBA N° 10/20; conf. arts. 135, 143 y 143 bis, CPCC; 11 del Anexo I del Ac. 3845, incorporado por el art. 1, Ac. 3991 de la SCBA). Y devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital de la presente conforme al Acuerdo 3975/20, SCBA.
Fin de la sentencia