Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia de Grado, en lo que ha sido motivo de recurso y agravio, en lo principal, revocándola en cuanto admite el daño patrimonial por incapacidad sobreviniente (el que se desestima), reduciendo a $96.677 el daño patrimonial por asistencia doméstica, confirmando en $70.000 el daño moral, quedando firme en lo restante el pronunciamiento de Grado.
2Librar el oficio al Pami ordenado en el considerando III), apartado 2), último párrafo de este pronunciamiento.
3Librar oficio al Sr. Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el apartado IV).
4Imponer las costas de Alzada, atento el progreso de los agravios y pretensiones de la demandada a la actora en un 40% (art. 68 “in fine” del C.P.C.C.).
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-63142-2018 "GIAMMATOLO,NILDA GLADYS C/SANATORIO AZUL S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
Sentencia Registro nº: 154 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintitres días del mes de Octubre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados:
“Giammátolo, Nilda Gladys c/ Sanatorio Azul S.A. s/ Daños y Perjuicios” (Causa N° 63.142), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dra. Longobardi - Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 488/513?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I.- 1.- Nilda Gladys Giammátolo, por su derecho y con patrocinio letrado, promovió demanda resarcitoria de daños y perjuicios contra “Sanatorio Azul”, reclamando la suma de $374.706,08, o la que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Sostiene que el 23 de Abril de 2007, en ocasión de ser atendida en los consultorios de planta baja de ese nosocomio, cuando concurrió a una consulta médica con el Dr. Juan Carlos Amendolara, tuvo un accidente que le produjo una incapacidad del 17,066%. Explica que en el sanatorio se estaban realizando trabajos en la galería (cambiando los mosaicos del piso) por lo que había escombros y materiales. Agrega que cuando se trasladaba por dicha galería tropezó con los escombros y se cayó sufriendo una quebradura en el brazo izquierdo. Conferido traslado de la demanda, la accionada resistió la pretensión. Sustanciado el proceso la sentencia de Primera Instancia de fs. 488/513 admitió la pretensión y condenó a la accionada a pagar la suma de $529.604 con más intereses y costas.
2. Abierta la causa a prueba y sustanciada la ofrecida por las partes se produjeron los siguientes actos procesales:
- A fs. 414/415 (el 07/10/13) se certificó la prueba producida haciéndose saber a las partes su resultado.
- A fs. 416 (el 17/10/13) la actora informa que una prueba informativa de su parte, informada como pendiente, se encuentra glosada en el expediente y solicita se intime a la demandada la agregación de otra prueba (informativa al hospital municipal local).
- A fs. 417 (el 21/10/13) el Sr. Juez de Grado, en lo que interesa destacar, dispuso que a fines de considerar lo peticionado “vuelvan los autos a despacho (art. 34 inc. 5º ap. b C.P.C.C.)”.
- A fs. 418 (el 22/10/13) el Juez hace saber el resultado de la nueva certificación de prueba.
- A fs. 419 (el 04/11/13) la demandada solicita se libre el oficio intimado y peticionado por la actora a fs. 416 y que para avanzar en el proceso sin retardo se provea la prueba confesional.
- A fs. 420 (el 05/11/13) el Juez ordenó librar el nuevo oficio peticionado y denegó la producción de la prueba confesional con fundamento en que en la audiencia de partes de fs. 141/142 se acordó que esa prueba se fije “una vez producida la totalidad de los medios probatorios que fueran ofrecidos”.
- A fs. 423 (el 28/11/13) la demandada acompaña copia del oficio diligenciado al Hospital Municipal de Azul, lo que se hace saber el mismo día.
- A fs. 441 (el 19/12/13) se tiene por recibida la prueba informativa solicitada al Hospital Municipal de Azul.
- A fs. 442 la actora (el 12/02/14) solicita se provea la prueba confesional.
- A fs. 443 (el 13/02/14) el Juez dispuso que “previo a considerar lo peticionado proceda el Auxiliar Letrado a actualizar el certificado del vencimiento del término probatorio y su resultado”.
- A fs. 444 (el 14/02/14) se hace saber su resultado.
- A fs. 445 (el 27/02/14) la actora reitera el pedido de proveimiento de la prueba confesional.
- A fs. 446 (el 28/02/14) el Juez resolvió que al estado de la causa “y luego de un detenido análisis de la totalidad de las constancias obrantes en autos, el suscripto considera que a los fines de la controversia suscitada en el sub-lite resulta de imperiosa necesidad contar con otros elementos además de los que se encuentran reunidos en autos”. Por ello atento “las facultades conferidas por los arts. 36 incs. 4º y 5º y 413 “in fine” C.P.C.” convocó a las partes para el 27 de marzo de 2014 a los fines previstos en citado art. 413.
- Ante un pedido de la demandada a fs. 448 (el 12/03/14) se aclara que la convocatoria comprende la concurrencia de las partes para absolver posiciones.
- A fs. 457 (el 27/03/14) se tiene presente el pliego de posiciones acompañado por la demandada.
- A fs. 459 (el 27/03/14) se celebró la audiencia confesional de la actora.
- A fs. 467, en acta complementaria de la anterior (audiencia fs. 459/460 del 27/03/14), la demandada solicita se tenga a la actora por desistida de la prueba confesional al no haberse agregado el pliego. - A fs. 469 (el 25/08/15) se decretó la caducidad de la prueba confesional de la demandada.
- A fs. 470 (el 03/09/15) la actora pide se llamen autos para sentencia. - A fs. 471 (el 07/09/15) el Juez solicitó se actualizara el certificado del vencimiento del término probatorio y su resultado.
- A fs. 472 vta. (el 11/09/15, en realidad por error presuntamente de tipeo se consigna 11/09/14) se hace saber su resultado.
- A fs. 473 (el 05/11/15) la actora reitera el pedido de autos para sentencia.
- A fs. 474 (el 09/11/15) el Juez dispuso que “pasen los autos a despacho a fin de analizar si se encuentran en estado de llamar autos para sentencia”.
- A fs. 475 (el 05/02/16), y pese al adelanto anterior de requerimientos de otros elementos de prueba (fs. 446, el 28/2/14), se dictó una medida para mejor proveer consistente en librar oficio al Pami para que informe si se efectuaron a favor de la actora ciertas prestaciones (kinesiológicas y otras). - A fs. 483 (el 09/03/2016) se agregó el informe lo que se hizo saber a las partes con fecha 11/03/16 (fs. 484).
- A fs. 485 (el 29/03/16) se reitera el pedido de autos para sentencia. - A fs. 486 (el 31/03/16) el Juez dispuso que “vuelvan las presentes actuaciones a despacho a fines de considerar lo peticionado”.
- A fs. 487 el (30/12/2017), el Juez dispuso pasar los autos a despacho para dictar sentencia.
- Finalmente a fs. 488/513 (el 27/02/18) el Dr. Rodrigo Ezequiel Bionda titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Azul dictó la sentencia definitiva, inicialmente solicitada a fs. 470 (el 3/9/2015) y diferida hasta el agregado del informe emitido por el Pami, que se omitió ordenar a fs. 446 (el 28/2/2014), y que en cambio se lo decretó cuando el expediente ya se encontraba en estado de llamar autos para sentencia (fs. 475; el 5/2/2016). Llamados autos para sentencia (cf. fs. 557) a fs. 598/560 (el 18 de Septiembre de 2018) el Tribunal advierte que el pronunciamiento definitivo apelado no ha sido suscripto ológrafamente ni de modo digital por lo que dispone que el Sr. Juez de Grado, en el plazo de 48 hs., proceda a agregar en el expediente la constancia de firma digital –si la tuviere- o en su defecto a subsanar dicha omisión. Consecuentemente suspende el llamamiento de autos para sentencia.
A fs. 561/562 –vencido el plazo otorgado- el Sr. Juez manifiesta que está imposibilitado jurídica y pragmáticamente de cumplir con lo requerido por lo que devuelve las actuaciones a este Tribunal, suscribiendo también dicha resolución mediante firma electrónica.
A fs. 575/579 (con fecha 1 de Octubre de 2018) el Tribunal –en lo sustancial- emplaza nuevamente al Sr. Juez de Grado para que proceda a subsanar las ausencias de firma en la sentencia definitiva de fs. 488/513 y en la interlocutoria de fs. 575/579 vta. mediante el sencillo arbitrio de librar un acta suscripta de modo ológrafo hasta que se le provea del certificado de firma digital.
Finalmente a fs. 581/582 el Dr. Rodrigo Bionda, esta vez dentro del plazo otorgado, y esgrimiendo nuevamente argumentos a favor de su postura y dejando a salvo su opinión, subsanó con firma ológrafa las omisiones anteriores.
A fs. 586 (con fecha 08 de Octubre de 2018) se reanudó el plazo para dictar sentencia por parte de este Tribunal, notificándose a las partes.
3. La sentencia de grado, como se anticipó, admitió la demanda y condenó a pagar la suma de $529.604, con más intereses y costas. Para así decidir consideró, en primer lugar, que resultan aplicables las disposiciones del Código Civil derogado, el que se encontraba vigente en el momento de ocurridos los hechos. Tras ello tuvo por acreditado que el 24 de Abril de 2007 la accionante se encontraba dentro del establecimiento de salud de la demandada a raíz de haber sido citada por un profesional médico para una consulta en los consultorios de la planta baja. Transitando por una galería, dentro del nosocomio, en el que se estaban cambiando los pisos, tropezó con escombros y materiales de trabajo diseminados en el piso o con las tablas depositadas por el personal a cargo de las tareas, cayendo y sufriendo a raíz de ello diversos daños.
La demandada alega que la galería se encontraba clausurada al tránsito, quedando sólo un pasadizo para los albañiles pese a lo cual la actora intentó cruzar por allí haciendo caso omiso de la evidente intransitabilidad por el lugar. Sobre esa base encuadra el supuesto fáctico sometido a juzgamiento en un supuesto de responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, en los términos de los arts. 43 y 1113 del Código Civil. Entiende que concurren los presupuestos que configuran la responsabilidad indirecta: hecho ilícito del dependiente, relación de causalidad, daño, vinculación o conexión entre el daño y el ejercicio u ocasión de las funciones del dependiente. En ese sentido considera acreditado que se encontraban trabajando albañiles de una empresa contratada para hacer las refacciones, y que lo hacían por orden y cuenta del Sanatorio Azul S.A. revistiendo la condición jurídica de personal dependiente de la accionada.
El hecho ilícito provino de que los empleados no tomaron las medidas necesarias para evitar la caída de personas que pudieran circular por el pasillo o, eventualmente, señalar adecuadamente el sector impidiendo el paso conforme lo dispone, entre otros, el Decreto 911/96 que aprobó el Reglamento para la Industria de la Construcción y cuyos artículos 52, 66 y 88 establecen cuáles son las medidas que se deben adoptar para prevenir la caída de las personas cuando se efectúan aberturas en el piso. El decisorio, ahora recurrido, tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales de Agustín C. Castro de fs. 290 y vuelta, Ricardo N. Philipps de fs. 291, Luis M. Weimann de fs. 292, María del Pilar Ferreyra de fs. 294 y Dora Elina Rodríguez de fs. 295 que explican que el lugar estaba cubierto con maderas.
Además los testigos Cristina Amundarain y Luis A. Barra afirmaron que la obra no estaba señalizada y Cristina M. Amundarain manifestó que la actora se cayó cuando se chocó uno de los tablones que se habían colocado en el piso. El pronunciamiento explica que la forma de colocación de dichos tablones infringe las disposiciones de los arts. 66 y 68 del citado Decreto 911/96, el que es categórico en torno a las medidas que deben adoptarse para prevenir accidentes. Más adelante tiene por cumplimentado los distintos requisitos que conforman la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, teniendo en cuenta que la Empresa Weimann estaba realizando trabajos de albañilería para el Sanatorio Azul, valiéndose de los albañiles Agustín Castro y Ricardo N.
Philipps, y que se colocaron maderas en el pasillo para impedir o evitar el tránsito por ese lugar. Concluye que seguramente el tropiezo y la caída de la accionante no se hubiera producido si los empleados de la Empresa Weimann que efectuaban los trabajos hubieran adoptado las medidas previstas en el reglamento para la industria de la construcción en lugar de colocar en el piso tablones sueltos. Tras ello rechaza la eximente esgrimida por la demandada que aduce culpa de la víctima al intentar pasar por un lugar prohibido e intransitable pese a su falta de estabilidad (la actora tenía sobrepeso y para desplazarse utilizaba un bastón). La sentencia de grado consideró que la causa del hecho radicó en las omisiones de la accionada quien no señalizó adecuadamente la obra, las que determinaron los daños a la actora, teniendo particular consideración la declaración de la recepcionista del sanatorio –Cristina Amundarain- que relató que ese era el único lugar de paso.
En ese sentido manifiesta que de los dichos de los testigos se infiere que “… -por un lado- no era evidente la intransitabilidad y -por otro- que la parte actora no intenta pasar por donde no debe y no puede; sino que la omisión de señalizar adecuadamente el sector advirtiendo sobre la imposibilidad de transitar por allí o -en todo caso- sobre los trabajos que se estaban efectuando, incumpliendo con lo establecido por los artículos 66 y 68 del Decreto 911/96; fue lo que causó que Nilda G. Giammátolo circulara por allí (arts. 375, 384 y concds. del C.P.C.)” (sic., fs. 502 vta.). Sentada la responsabilidad civil de la demandada analiza los daños resarcibles. En lo relativo a la incapacidad sobreviniente otorgó la suma de $150.000 considerando el concepto amplio de capacidad o aptitud intrínseca de la persona y que la pericia médica determinó que sufre el 21% de incapacidad total derivada de limitaciones de movilidad en su miembro superior y limitación de extensión de flexión del hombro.
Destaca que si bien con antelación al hecho la actora deambulaba con bastón, igualmente podía realizar tareas sin ayuda de terceros, como se desprende de las declaraciones testimoniales, y que ahora está impedida de realizarlas por sufrir secuelas de fractura de húmero con leve acortamiento y de una lesión del manguito rotador con impotencia funcional para rotación externa y abducción. Del informe agregado a fs. 360 por Anses y del dictamen pericial se desprende que la actora posee una jubilación por incapacidad por lo cual no se encuentra afectada su capacidad laborativa productiva puesto que pertenece al sector pasivo. No obstante ello, la incapacidad sobreviniente está dada por la afectación a su capacidad intrínseca.
En lo atinente al daño moral lo admitió y lo cuantificó en $70.000 teniendo en cuenta los padecimientos que sufrió la actora y que inmediatamente de la caída quedó internada, fue operada y que presenta, a raíz del hecho, una incapacidad parcial y permanente del miembro superior izquierdo. Añade que del informe pericial resulta que necesita la colaboración de terceros para realizar tareas domésticas habituales y cuidados personales e higiénicos. Luego, y en lo relativo a los gastos de transporte, asistencia médica y farmacéuticos, los admite por la suma de $236. Sostiene que acreditada la existencia de lesiones es presumible que la víctima debió incurrir en gastos de transporte, médicos y de farmacia.
Tras ello señala que la suma por la que prospera el rubro tiene en cuenta que el Pami informó que asumió el tratamiento kinesiológico y que la actora no probó que su obra social no cubrió en forma total o parcial el tratamiento médico. Tras ello otorga $309.368 en concepto de daño emergente futuro toda vez que de acuerdo al dictamen pericial de fs. 219/222 y del testimonio de Sonia Ladirat, se desprende con claridad que Nilda Gladys Giammátolo necesita colaboración de terceros para realizar las tareas domésticas, de cuidados personales y de higiene. Partiendo de la base de que el Pami informó que en la actualidad no posee ningún subsidio de personal auxiliar de enfermería a domicilio, en atención a la pericial contable a fs. 319, al tiempo reclamado (10 años) y al aporte causal del estado de salud anterior de la víctima, concluye admitiendo el 80% del rubro reclamado, que estimó en la suma citada de $309.368 por el concepto aludido de asistencia de terceros.
Finalmente fijó la tasa de interés pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires entre el 23 de Abril de 2007 y el 18 de Agosto de 2008 y, desde entonces y hasta su efectivo, pago la Tasa Pasiva Digital. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Contra ese pronunciamiento apeló la demandada a fs. 520, recurso concedido a fs. 521.
A fs. 533/544 expresó agravios los que fueron respondidos por la actora a fs. 548/551.
A fs. 552 se solicitó la remisión de los autos caratulados "Giammátolo Nilda Gladys c/ Brigante Favio y Otros s/ Daños y Perjuicios" (expte. n° 52.122/00).
4. En el escrito de agravios la demandada cuestiona en primer lugar la atribución de responsabilidad. Señala que no se tuvo en cuenta que medió culpa de la víctima y de un tercero por la cual no debe responder, dejando de lado numerosa prueba. También controvierte que se aplique el Reglamento para la Industria de la Construcción y se disconforma con la conclusión del fallo que considera configurados los presupuestos de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, sosteniendo que si los empleados de la empresa Weimann hubieran cumplido con los lineamientos establecidos en el Dec./Ley 911/96 y no sólo se limitaran a colocar tablones sueltos en el piso, probablemente el tropiezo y la caída no se hubiesen producido.
Allí insiste en que en el marco de los arts. 43 y 1113 1ª parte del Código Civil al juzgarse la responsabilidad del principal no se tuvo en cuenta que se acreditó la existencia de una eximente que es la culpa de la víctima. Afirma, interpretando los testimonios de Cristina Amundarain y Luis Alberto Barra, que no era evidente que el pasillo fuera intransitable y que la parte actora intentó pasar por donde no debe. El daño causado a Nilda Giammátolo fue el incumplimiento con lo establecido en los arts. 66 y 68 del Decreto citado 911/96. Luego de otras consideraciones concluye que la caída se produjo por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el art. 52 del Decreto citado y por la conducta imprudente de la actora.
Cuestiona la idoneidad de la testigo Amundarain por su amistad con la actora Sra. Giammátolo y por haber dejado de trabajar en el sanatorio, y del testigo Barra que no vio el hecho y además falsea la verdad. La sentencia, prosigue, no tuvo en cuenta cuatro testimonios coincidentes en el sentido de que las tablas se encontraban correctamente ubicadas en el pasillo clausurado y que se podía entrar a los consultorios externos sin necesidad de pasar por ese lugar. Destaca que había señalización suficiente que indicaba la imposibilidad de paso y resalta los testimonios de Castro, Phillips, Weimann y Ferreyra que indican que se ingresaba a los consultorios externos por calle Lavalle. Haciendo mérito del ancho del pasillo (1,50 metros) y de las tablas, pone de relieve que el pasillo estaba clausurado, que no se podía pasar y que el objetivo de los tablones y la madera era indicar la prohibición de paso.
En lo atinente a los daños resarcibles el apelante cuestiona que se haya admitido y otorgado $150.000 en concepto de incapacidad sobreviniente sosteniendo que se vulnera el principio de congruencia porque se está otorgando un daño no reclamado. Especifica que en el escrito de demanda se discriminó el lucro cesante futuro para asistencia personal; lucro cesante por asistencia kinésica; gastos y daño moral. Concluye, entonces, que ese rubro debe ser desestimado por no haber sido objeto de petición en el escrito de demanda. En lo que concierne al denominado “lucro cesante futuro. Daño emergente. Atención doméstica” sostiene que resulta improcedente, máxime atendiendo al concepto de lucro cesante futuro que consiste en la disminución de las completas posibilidades de lograr cierto beneficio.
Añade que la actora ocultó de mala fe que tenía una incapacidad preexistente por la que incluso antes de la caída recibía una jubilación por invalidez. Explica que ello surge claramente de la existencia de un accidente de tránsito anterior –ocultado por la actora- a partir del cual sufre una incapacidad importantísima que incluso determinó que la Sra. Giammátolo tuviera que desplazarse usando bastón. El perito médico sostuvo que de no tener esa incapacidad previa es probable que pudiera desenvolverse en la vida cotidiana sin ayuda de terceros. Incluso al absolver posiciones reconoció que sólo necesita ayuda para vestirse y bañarse. Seguidamente el agravio transcribe la sentencia del anterior accidente a raíz de la cual se le otorgó $80.000 en concepto de indemnización por una incapacidad definitiva del 55% y que ascendería al 70% en caso de no realizarse la intervención quirúrgica aconsejada.
Sostiene que la sentencia soslaya que desde Febrero de 2007 la actora percibe una jubilación por invalidez, que se otorga cuando la persona sufre un mínimo de invalidez permanente del 66% de la total obrera. Por eso cuestiona que se haya ponderado como concausa para los gastos de asistencia doméstica sólo el 20% del estado de salud preexistente de la actora. Critica que la sentencia no haya considerado que la Sra. Giammátolo podía reclamar en su obra social el tipo de asistencia pretendido. Posteriormente, y en subsidio, cuestiona el monto otorgado en concepto de asistencia doméstica porque calculó durante diez años el costo de una empleada doméstica trabajando ocho horas diarias cuando en realidad la colaboración para asearse y vestirse no requeriría más de dos horas diarias.
Afirma que la actora no probó que necesitara una ayuda de ocho horas. En definitiva pide que se rechace el rubro o en su defecto se reduzca el número de horas a computar. Luego cuestiona el monto por el que prosperó el daño moral explicando que la suma de condena es alta teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales y que los padecimientos de la marcha y las otras limitaciones funcionales ya las tenía la actora desde antes del hecho. En consecuencia pide se desestime el rubro en cuestión.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 554 y fs. 556 respectivamente) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II. El agravio de la demandada en torno a la responsabilidad civil del Sanatorio Azul es infundado porque la impugnación resulta insuficiente para modificar el núcleo argumental y los fundamentos de la sentencia. El decisorio, como se adelantó, condenó a la accionada con base en la responsabilidad refleja o indirecta por el hecho ajeno, ya que sostuvo que los daños que sufrió la Sra. Nilda Gladys Giammátolo se debieron a que tropezó con tablones y materiales de construcción esparcidos en el suelo, por los dependientes de la Empresa Weinmann, que estaba cambiando los pisos de mosaico de una galería, por orden o cuenta del Sanatorio Azul S.A. (arts. 43 y 1113 primera parte CC). Sostuvo que se configuraron los presupuestos de la relación de dependencia y que la constructora incumplió con los requisitos de prevención, señalización y cobertura de aberturas, previstos en el Decreto 911/96 que establece el Reglamento para la Industria de la Construcción, habiéndose omitido adoptar medidas idóneas para la protección contra la caída de personas.
En el agravio la demandada aduce –en lo sustancial- que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder ya que la actora (de modo imprudente) utilizó el pasillo pese a estar prohibido el paso, se cayó por intentar pasar por donde no debía, la obra estaba suficientemente señalizada, el Decreto 911/ 96 resulta inaplicable y no se tuvieron en cuenta los testimonios que dan cuenta que el pasillo estaba clausurado, se habían colocado tablas y para acceder a los consultorios externos no era necesario transitar por ese pasillo debiendo ingresar al sanatorio por la calle Lavalle. En primer lugar el agravio no controvierte idónea y suficientemente el sustrato jurídico de la responsabilidad refleja del Sanatorio Azul SA por el hecho de sus dependientes: la empresa de Luis Weinmann que estaba efectuando obras de reparación mediante la intervención de sus empleados Agustín Castro y Ricardo N. Philipps (declaraciones de fs. 292, 290 y 291, repectivamente, a tenor del interrogatorio de fs. 287 y vta.; arts. 384 y 456 CPC) y, contrariamente a lo que parece insinuar la queja, los actos dañosos de esos subordinados son atribuidos al principal, en los términos de los arts. 43 y 1113 CC, similar al art. 1753 CCCN. En efecto, no está controvertida la concurrencia de los presupuestos o requisitos configurativos de la responsabilidad del principal por el hecho de sus dependientes.
Con algunas diferencias de matices existe consenso en la doctrina y jurisprudencia acerca de los requisitos que deben concurrir para que se configure la responsabilidad del comitente: 1) Relación de dependencia; 2) hecho ilícito del dependiente, imputable a título subjetivo u objetivo; 3) causación de un daño a terceros producido por el encargado; 4) relación entre la función y el daño. La relación de dependencia se caracteriza por dos elementos que se interrelacionan: subordinación y función (cf. Galdós, Jorge Mario, “La relación de dependencia y la responsabilidad del Estado, como principal, por el hecho del policía”, La Ley 1996-C, 557 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2007, 1091, Cita Online:
AR/DOC/13886/2001).
En realidad, y con mayor precisión, el sanatorio responde por el hecho de su dependiente Luis Marcelo Weimann, responsable de los trabajos de albañilería que se estaban realizando en el inmueble, quién, como lo afirmó en su declaración testimonial de fs. 292, se valía de sus subordinados Agustín Castro y Ricardo N. Philipps, que eran los que se encargaban de la realización de esos trabajos con la supervisión de su empleador (declaraciones testimoniales de fs. 290 y 292). Aquellos terceros fueron incorporados al nexo obligacional por el constructor (Weimann) quien se sirve de ellos para la ejecución de su cometido (art. 1113 CC y doctrina art. 1753 CCCN). Por ello no resultan atendibles las críticas de la apelante que parece alegar su exención de responsabilidad atribuyendo la culpa a los empleados de Weimann, quien –como se vio- eran dependientes del constructor (subdependientes del Sanatorio Azul), mediando indudable subordinación y relación entre la función y el daño.
“La subordinación (de Weimann con el sanatorio) se configura cuando en la relación entre dos o más personas una de ellas, el principal, tiene facultades para impartir órdenes o dirigir a la otra, el empleado quien queda sometido a su poder de mando y fiscalización. El agente desarrolla una tarea por cuenta ajena, en beneficio o utilidad del principal y sujeto a su autorización para obrar la que puede ser ejercida de modo efectivo o virtual. Para su configuración no es necesario que medie un vínculo laboral o contractual ya que puede surgir de una relación circunstancial o permanente, onerosa o gratuita, fáctica o jurídica. En tal sentido la Corte Bonaerense ha dicho que "no es necesario subordinación permanente, propia de una relación de trabajo, sino que basta una sujeción ocasional, temporaria o parcial, para uno o varios asuntos determinados" (cf.
SC Buenos Aires, Ac. 24.176, 14/8/79, "Vieyra Amaya, Elvira c. Laci, Pedro y otro s/ daños y perjuicios", A. y S., 1979-II-461, en Galdós, Jorge Mario, “La relación de dependencia y la responsabilidad del Estado, como principal, por el hecho del policía”, La Ley 1996-C, 557 cit.). El hecho ilícito del dependiente implica que el principal (el sanatorio) responde "ante una actitud antijurídica, imputable a un subordinado (el constructor, que se valió de sus propios dependientes, que revisten el carácter de subdependientes de la demandada) que ocasione un daño a un tercero y siempre que medie relación causal entre el acto y el daño”. Ese accionar del dependiente debe ser ilícito, o sea objetivamente contrario al orden jurídico, y reunir todos los recaudos configurativos de la responsabilidad civil.
Se propaga al principal la actuación imputable al encargado tanto a título subjetivo como objetivo. Tratándose del daño producido por una cosa riesgosa la responsabilidad del dueño "es más amplia porque mayores son las posibilidades del dependiente de obrar sin autorización o abusando de la confianza" (cf. en Galdós, Jorge Mario, “La relación de dependencia y la responsabilidad del Estado, como principal, por el hecho del policía”, La Ley 1996-C, 557 cit.).
Por lo demás, y en atención a la actividad desplegada por los empleados de Weimann, de la que la demandada procura liberarse, es aplicable la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Buenos Aires sobre la irrelevancia jurídica de la sustitución, desarrollada particularmente para los casos de responsabilidad de los sanatorios y entes asistenciales. “Como el establecimiento asistencial (en el caso, el Sr. Luis Weimann) se vale de la actividad ajena de los médicos para el cumplimiento integral de su obligación (sus empleados Castro y Philipps), habrá de responder por la culpa en que incurran sus sustitutos, auxiliares o copartícipes, en razón de la irrelevancia jurídica de tal sustitución, ya que al acreedor (el Sanatorio) no le interesa que el cumplimiento sea efectivizado por el propio deudor, o por un tercero del cual éste se valga para sus fines, y de la equivalencia de comportamientos del obligado y de sus sustitutos o asociados, que determina que el hecho de cualquiera de ellos se considere como si proviniese del propio deudor” (S.C.B.A, Ac. 79073, 1/4/2004, “M., E.M. y otra c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios” (por unanimidad, voto Dr. de Lázzari, al que adhirieron los jueces Negri, Salas, Hitters y Soria con sus citas y remisiones).
Además, concurre otro presupuesto jurídico, claramente inferible de los hechos alegados por las partes (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 C.P.C.), que es la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas, ahora previsto en el art. 1757 CCCN que unificó los supuestos de responsabilidad contractual y extracontractual y que en el régimen anterior correspondía a los arts. 1198 y 1113 CC respectivamente. Es decir el sanatorio demandado también es responsable a título de dueño de la cosa (el inmueble de cuyo pasillo en reparación se cayó la actora) y por lo tanto acumula también la responsabilidad objetiva derivada del daño proveniente de las cosas de su propiedad o dominio (art. 1113 CC). Ello así, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo (obligacional o extracontractual), que unió a la actora con la demandada que acudió a ese centro médico para efectuar una consulta con el Dr.
Juan Carlos Amendolara en los consultorios de planta baja (conf. fs. 40/41), en ocasión en que se cayó al salir de la consulta y volver a cruzar el pasillo o galería que iba desde el consultorio externo al sector de habitaciones del nosocomio; allí cruzó “por arriba de las maderas” que estaban “tiradas en el piso” “cruzadas de un lado a otro” (sic., a tenor del art. 409 C.P.C. con relación a las posiciones 8va., 10ª, 11ª, puestas a fs. 458 y vta. por la actora, y respondidas afirmativamente; art. 421 C.P.C.). Ese lugar estaba deficientemente señalizado y, sin perjuicio de cierta imprudencia de la actora que tal vez debió abstenerse de pasar por encima de las maderas (o tablones) -máxime que tenía dificultades para desplazarse y lo hacía con bastón (confesional fs. 459, posición 15)-, lo cierto y decisivo fue que las condiciones de peligro del piso de la galería (con maderas que lo cubrían), la ausencia total de prohibición de tránsito por el lugar, y de habilitación de modo claro de otro lugar de paso seguro y sin riesgo, y la omisión de señalizar la existencia de la obra y la referida prohibición de circular, constituyeron la única causa jurídica adecuada del hecho (la caída y lesiones de la actora).
La conducta de la demandante pudo haber constituido condición del evento pero no revistió el carácter de causa o concausa por no presentarse como hecho antecedente fáctico y jurídico con entidad desencadenante del resultado final (arts. 512 y 1111 CC; art. 1720 CCCN). Coincido con el juez de grado en el sentido de asignarle pleno y concluyente valor probatorio a las manifestaciones de Cristina N. Amundarain acerca de la forma en que ocurrió la caída, porque de todos los testigos fue la única que presenció el hecho y auxilió a la víctima, desempeñando en esa época la función de recepcionista del sanatorio (fs. 323 y vta. a mérito del interrogatorio de fs. 301). No advierto mendacidad en sus dichos, sus expresiones fueron contundentes y claras y, en definitiva, son más precisas y detalladas que las restantes, las que el agravio menciona como declaraciones testimoniales vertidas en sentido contrario (arts. 384 y 456 C.P.C.).
La circunstancia de haber dejado de trabajar en relación de dependencia y de visitar a la actora cuando estaba internada no le resta valor probatorio a sus dichos, confrontados además con los otros, que provienen de los trabajadores que hicieron las reparaciones, dependientes actuales del sanatorio o de profesionales que estuvieron o están vinculados con el centro de salud (arts. 384 y 456 C.P.C.). Parto de la base, no controvertida, de que a los consultorios externos del sanatorio se accede directamente por la calle Lavalle “donde hay una sala de ingreso grande y los consultorios se encuentran próximos a la entrada”, que “ hay otras salas y pasillos que van a otros sectores internos del sanatorio” y que la entrada principal está sobre la Avenida Mitre que es donde está la mesa de entradas y que desde allí se derivan al sector que pertenezca” (sic., declaraciones de fs. 290 de Agustín Castro, quien colocó los mosaicos, a tenor del interrogatorio de fs. 287; en el mismo sentido Ricardo Philipps a fs. 291; Weimann a fs. 292; María del Pilar Ferreyra a fs. 294; Dora E.
Rodríguez a fs. 295; arts. 384 y 456 C.P.C.).
En lo sustancial afirma la testigo Amundarain que la Sra. Giammátolo “sufrió un accidente en el Sanatorio Azul; (en) un pasillo que comunicaba a los consultorios le pusieron porcelanato, que la accionante salía del consultorio del Dr. Polo, porque había llegado su tío y que la dicente era su secretaria. La señora cuando fue a pasar por ahí se chocó uno de los tablones que había puesto así nomás y se cayó. Que la dicente estaba a escasos 2 ó 3 metros del lugar adonde sucedió por eso más o menos recuerda el hecho, esto ocurrió en abril de 2007”. Agrega que ese “era el único paso obligado que había, si bien había una puerta por la que se podría entrar externamente al consultorio, no le habrían nunca ni siquiera en esos momentos especiales en que estaban haciendo esas reformas” (sic., fs. 323). Acota que ella “la ayudó (a la víctima), le pegó el grito al Dr. Amendolara, Juan Carlos, que estaba atendiendo en su consultorio, fue corriendo a auxiliarla, y a pedir ayuda para levantarla”; agrega que “no estaba señalizada la obra que estaban haciendo” (sic., fs. 323/323 vta.). Además “que cuando (la Sra. Giammátolo) pisa el tablón, se fue por el porcelanato, se resbaló, era un tablón puesto así nomás sobre el porcelanato” (sic., fs. 323 vta.). Preguntada si los consultorios externos en el Sanatorio Azul tienen una sala de espera u otro lugar para que se sienten los pacientes, respondió “que sí, ahora sí; en esa época no lo tenían; es una sala de espera grande con asiento adonde esperan los pacientes; cuando atendía el Dr. Polo pidió de abrir la puerta externa, luego deja de trabajar y él se mudó; en el momento del accidente no se abría esa puerta externa” (sic., fs. 323 vta.).
En el mismo sentido se expidió el testigo Luis Alfredo Barra que si bien no presenció el accidente manifestó que la Sra. Giammátolo se cayó porque “estaban cambiando los pisos del Sanatorio, había unos tablones por donde había que caminar; se ha enredado en los tablones y se cayó” (sic., fs. 325). Preguntado si la obra que se estaba realizando en el pasillo estaba debidamente señalizada, “respondió que no” (sic., fs. cit. supra). Más adelante señaló que a los consultorios externos había que acceder por el pasillo “porque estaban reparándolo, cambiándole los pisos al pasillo” (sic., fs. 325 vta.). Ambos testimonios, valorados en Primera Instancia, son claros y contundentes, tienen coherencia intrínseca y extrínseca y deben prevalecer en lo relativo a la caída de la actora por sobre los dichos de quienes son dependientes de Weimann por resultar los albañiles a cargo de la realización de los arreglos (Agustín C.
Castro, fs. 290; Ricardo Roberto Phillips, fs. 291; Ricardo Marcelo Weimann, fs. 292) y del personal de enfermería y de la Jefe de Personal de “Sanatorio Azul” (María del Pilar Ferreyra, fs. 294 y Dora Elina Rodríguez, fs. 295). En este tema me detengo brevemente en dos puntos: aún cuando el ingreso a los consultorios fuera por calle Lavalle, ello no exime de responsabilidad a la demandada. En segundo lugar –y lo que es decisivo- en el pasillo por el que ingresó y trató de salir la actora “había maderas en el piso y las medidas de prevención que se habían adoptado consistían precisamente en la colocación de esas maderas por encima del piso de porcelanato que se estaba cambiando (testimonio de fs. 295 de Dora Rodríguez y fs. 294 de María del Pilar Ferreyra).
Transcribo, por resultar ilustrativas, algunas de las preguntas y respuestas formuladas a las testigos: “los tres consultorios estaban libres, estaban colocando pisos en el pasillo, había maderas porque estaban trabajando albañiles. No se podía ingresar” … “y se ingresa por calle Lavalle” (sic. fs. 295). Preguntada luego “si durante el tiempo durante el cual se extendieron los trabajos transitaban por dicho pasillo particulares o personal del nosocomio, respondió que no, “porque había maderas y personal trabajando” (sic., fs. 295). Agrega que el acceso al pasillo se encontraba clausurado “con maderas” (cf. fs. 295 vta., repreguntas 3ª, 5ª y 6ª declaraciones de Dora Rodríguez). En sentido concordante María del Pilar Ferreyra manifestó que “los elementos que indicaban que no se podía pasar por ese lugar mientras los constructores colocaban el piso en el pasillo que comunica el sector de consultorios externos y el resto del Sanatorio Azul eran maderas y tablones” (sic., fs. 294).
Más adelante reiteró que no se podía pasar por la existencia de las maderas y que no recuerda si se dieron instrucciones al personal para impedir el paso de los particulares. Por su lado el Dr. Amendolara –médico que atendió a la Sra. Giammátolorespondió que no recuerda si en la época del hecho “se abría la entrada de la calle Lavalle” y en torno a cómo ocurrió el accidente manifestó “que había maderas cubriendo parte del piso, en detalle no recuerda”. Igualmente el Dr. Sergio Migliorero manifestó con referencia al referido accidente que se trató “de una caída (de la actora) de su propia altura, no estaba subida en nada, se resbaló y se cayó”. Los testimonios precitados revelan claramente que la mera colocación de maderas en el piso constituyen medidas notoriamente ineficaces e insuficientes no sólo para evitar tropiezos y caídas, sino también para prohibir el paso por el lugar y para señalizar de modo claro y preciso el estado de la obra.
El constructor Luis Marcelo Weimann manifestó “que las medidas de seguridad que había adoptado tendientes a evitar el tránsito por el pasillo referido era que las maderas que ponían eran para que la gente no pase” (sic., fs. 292 vta.). Si bien manifestó que ni particulares ni empleados del sanatorio transitaban por dicho pasillo desconocía si se había dado una orden de prohibición expresa y respondió categóricamente que no se había clausurado el tránsito porque “estaban trabajando, que ellos tenían que ir y venir por ese pasillo, únicamente le atravesaban maderas para que nadie pueda acceder cuando se iban” (sic., fs. 292 vta.). Cuando se le pregunta de qué modo se había clausurado el acceso a dicho pasillo, respondió que “con madera”.
Ricardo Phillips manifestó que “se clausuró el lugar colocando tablas, porque si se pisaba el piso se hundía y debía ser colocado de nuevo. Precisa que había tablas en todo sentido, atravesadas, a lo largo, a lo ancho, tratando de cubrir lo máximo posible” (sic., fs. 291) y que las únicas medidas de seguridad “eran las tablas”. Cuando se le preguntó categóricamente “de qué modo se había clausurado el acceso a dicho pasillo, respondió que: ‘cruzando maderas’” (sic., fs. 291 vta.). El Señor Castro también declaró que “habían colocado maderas, tablas de 2 cm. y medio de grosor que eran de 18 cm. de ancho y que generalmente que van de 1,50 a 1,80 de largo” (sic., fs. 290 vta.) y que “no se debía transitar, pero la madera estaba prevista para que se pudiera hacer en casos de urgencia, si era necesario trasladar a alguna persona por internaciones” (sic., fs. 290 vta.).
Agrega que las medidas de seguridad tendientes a evitar el tránsito por el pasillo referido “eran las maderas, para obstruir el paso. A veces se ponían paradas otras veces contra la pared. Que no había otras medidas” (sic., fs. 290 vta.). Lo expuesto pone de relieve, sin hesitación, que la demandada es responsable por los daños causados a la actora como dueña del inmueble en que se produjo la caída y en cuanto principal por el hecho del dependiente que estaba efectuando tareas de reparación. La colocación de maderas sobre el piso se muestra notoriamente inidónea para indicar la prohibición de paso y constituye una manera deficiente de señalización. Más aún, y aunque pueda entenderse que el Reglamento para la Industria de la Construcción establecido por Decreto 911/96 se trata de un plexo normativo destinado especialmente a empleadores y empleados vinculados a la construcción, lo cierto es que contienen normas administrativas que constituyen importantes pautas indicativas de cuáles son las medidas conducentes.
Por ejemplo el art. 52 prevé que se debe prevenir el riesgo de caída de personas protegiendo las aberturas en el piso, con cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas “impidiendo cualquier desplazamiento accidental”. Igualmente y con relación a la señalización, “dependerá de las particularidades de cada obra. “… Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas” (art. 66 del Dec. cit.). Agrega el art. 67 que “todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de accidentes” (art. 67 del Dec. cit.).
Por lo demás la demandada no probó la alegación defensista invocada en la carta documento de fs. 24 cuando sostuvo que “el lugar se encontraba clausurado” que “no es cierto que la galería de paso tuviera materiales o escombros dado que había un pasillo debidamente habilitado al efecto, sin ningún tipo de obstáculos” (sic., fs. 24). La falta de prueba de la eximente invocada conlleva la admisibilidad de la pretensión resarcitoria invocada con base en el art. 1113 C.C.
Por lo expuesto propicio al acuerdo confirmar la sentencia de grado que atribuyó a la demandada exclusivamente la responsabilidad por el hecho en examen, descartando que haya mediado culpa de la víctima con entidad constitutiva de causa o concausa de su propio daño (arts. 43, 512, 1111, 1113, 901, 906 y ccs. del C.C.).
III.- 1.- Con relación a los daños resarcibles es procedente el agravio que señala que no corresponde la indemnización por incapacidad sobreviniente, porque al no haber sido requerida en el escrito de demanda su admisión vulnera el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6º, y 164 del C.P.C.C.).
En efecto tiene dicho este Tribunal que “en el campo recursivo -tanto ordinario como extraordinario- tiene vigencia desde antiguo la premisa de que la restricción de la competencia del superior está dada por la medida del recurso donde se fija el "thema decidendum: tantum devolutum quantum apellatum", brocárdico que tipifica el agravio como válvula de apertura del recurso. Si el interés es la medida de la acción, el agravio lo es del recurso” (SCBA, Ac. 93950 5-7-2006, “Esains, Alfredo Néstor y otra c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”; C100904 2-7-2008, “Ciancio, Susana Gisela c/ Ruggeri, Lía Hilda”; C103161, 10-8-2011, “Horane, Eduardo Miguel s/Incidente de desafectación de bien de familia”; esta Sala, causa nº 55.315, 20/10/11, “Orradre, Oscar Aníbal c/ Reble, Luis Omar y otros s/ Daños y Perjuicios”).
Recientemente este Tribunal dijo que “cabe señalar que el principio de congruencia, cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no resulta violado, por ende, cuando el fallo valora y decide sobre las circunstancias emergentes de la particular forma en que ha sido planteado el reclamo” (S.C.B.A. Ac.56685, 5/3/96, “Santamaría, Gerardo c/ Rubies, Marcelo y otros s/ Daños y Perjuicios”; Ac.57265, 4/3/97 “D.H.W. c/ A.de D., C. s/Divorcio Vincular”; esta Sala causas nº45331, 6/3/03, “Gonzáles…” y n°49.197 del 27/4/06, “Carracedo …”).
En el mismo sentido, la Suprema Corte sostuvo que: “se vulnera el principio de congruencia cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto a la persona, el objeto o la causa” (SCBA, Ac.65.939, 18/5/99, “Banco Bisel…”). Y, en esa orientación, añadió: “el principio de congruencia establecido por los arts.163 inc.6 y reiterado por el art.272 C.P.C. significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta” (S.C.B.A. Ac.58232, del 25/3/97 y Ac.62752 del 9/3/99). Dijo el Alto Tribunal que “el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias” (S.C.B.A.
Ac. 53875 del 14/6/96, Ac. 57892 del 4/3/97, Ac. 65193 del 3/11/99; esta Sala, causas Nº 47.794, 17/11/05, “Ledesma, Héctor Segundo c/ Acuña, Félix Omar. Desalojo” y nº 63.210, 25/09/18, “Acosta, Gustavo c/ Rial, Ángela s/ Divorcio”).
La Suprema Corte de Buenos Aires en pronunciamiento revocatorio de una sentencia de este Tribunal sostuvo que “dictar una sentencia más allá de lo pedido, comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio (ver Morello A.
M., Sosa G. L y Berizonce R. O.; "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados", La Plata, Librería Editora Platense y Abeledo Perrot, 1986, tomo II-C; pág. 81/vta.). También ha expresado esta Suprema Corte –prosiguió- que dicha pauta rectora impone a los órganos jurisdiccionales observar una adecuada correspondencia entre las postulaciones básicas articuladas por las partes en el litigio y la sentencia que las dirime. Por ello, los jueces o tribunales deben pronunciarse sobre lo que se pide, esto es, sobre las pretensiones sometidas a su decisión, mas sólo sobre éstas; y, a la vez, deben basar sus pronunciamientos en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las formulaciones hechas valer por los contendientes, sin acudir en principio a otros (conf. doct. causas C. 99.848, sent. del 11-XI-2009; C. 99.906, sent. del 12-X-2011; C. 117.156, sent. del 25-VI-2014; etc.)” (conf.
SCBA, causa C. 120.023, 26/10/16, “R., F. A. y otros c/ O., F. y otros. Daños y perjuicios”). La sentencia de grado otorgó $150.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, atendiendo al concepto amplio de capacidad (que no es sólo la laborativa o productiva, sino que también comprende la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica), considerando el estado anterior de la víctima que tenía una jubilación por incapacidad y que las lesiones y secuelas derivadas del hecho de estos autos le generó una incapacidad que se corresponde al 21% de la total obrera. En suma admitió ese rubro resarcitorio conforme la edad de la víctima, su estado de salud anterior, y el otro evento dañoso que antes había padecido, calificándolo como incapacidad sobreviniente abarcativa de la capacidad vital o aptitud intrínseca y del daño a la vida de relación (art. 1086 CC).
Sin embargo, y como se señala en el agravio, ese daño resarcible no había sido peticionado (arts. 34 inc.4, 163 inc. 6º, 164, 272, 330 incs. 3 y 6 C.P.C.). En efecto en el escrito de demanda se reclamaron los siguientes ítems: 1) “indemnización por lucro cesante”: “Necesita asistencia diaria para su atención personal” … “costo mensual persona para su asistencia: $8 por 8 hs. por 30 días, igual a $1.920 por 12 meses por 10 años lo que totaliza $ 230.40; 2) “Indemnización por lucro cesante, asistencia kinesiológica”: $480 por mes por 12 meses por 10 años, lo que totaliza $57.600” (fs. 43 y vta.). Resulta claro, entonces, que no se reclamó ni como daño emergente ni como lucro cesante la incapacidad psicofísica prevista en el art. 1086 Cód.
Civil, ahora 1746 CCCN, por lo que no corresponde su admisión porque – insisto- ello vulneraría el principio de congruencia decisorio. Si bien en el escrito de demanda a fs. 41 y siguientes se hace referencia a que la actora debido a las secuelas que le produjo la quebradura en su brazo izquierdo, y pese a la cirugía reparadora a a la que fue sometida, quedó con una incapacidad de 17,66% aplicando el principio de la capacidad restante, esa incapacidad no está reclamada como daño autónomo sino que se la vincula y relaciona con los otros dos rubros que sí reclama asertiva y categóricamente. Se trata de los gastos de asistencia permanente de una persona que representan una erogación de $230.400 durante diez años, atento el cálculo que efectúa teniendo en cuenta la edad de la actora (49 años) y la edad promedio de vida.
El otro ítem con el que se vincula a la incapacidad es con el reclamo por tratamiento kinesiológico que estimó en $57.600 y que denominó “indemnización por el lucro cesante, asistencia kinesiológica”, $480 por mes por 12 meses durante 10 años.
Por lo expuesto, propicio al acuerdo admitir el agravio y rechazar el rubro conferido como incapacidad sobreviniente por no haber integrado el objeto petitorio (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6º, 164, 272, 330 incs. 3 y 6 C.P.C.).
2. El agravio vinculado al daño emergente por la ayuda doméstica de terceras personas para realizar tareas de asistencia personal y en el hogar de Giammátolo debe ser parcialmente admitido.
Para abordar este punto corresponde formular algunas consideraciones las que también tendrán incidencia en lo relativo al análisis del rubro siguiente, esto es, el daño moral.
Es cierto que concurría una particular situación preexistente en torno al estado de salud de la actora: se trataba de una paciente con sobrepeso, con dificultades para desplazarse (testimonio Dr. Sergio Migliorero de fs. 330), que lo hacía con bastón (cf. confesional de la demandada de fs. 459 vta., posición 15ª a tenor del pliego de fs. 458; arts. 384 y 421 del C.P.C.C.) y que había sufrido un accidente de tránsito del que resultó una incapacidad parcial y permanente del 55% que se elevaría al 70% de no realizarse las operaciones quirúrgicas aconsejadas, y por la que se otorgó $80.000 en concepto de incapacidad sobreviniente (cf. sentencia fs. 714/724 vta. de la causa agregada por cuerda, caratulada: “Giammátolo, Nilda Gladys c/ Brigante, Osvaldo Favio y Otros s/ Daños y Perjuicios” –expte. Nº 52.122-). También es cierto que a raíz de ello la actora, con antelación al hecho de autos, percibía una pensión por invalidez (cf. oficio fs. 366) toda vez que el Pami informó que “la Sra. Nilda Gladys Giammátolo, obtuvo beneficio de pensión invalidez a través del trámite 024-27-12172630-4/005-1, y en consecuencia es titular del beneficio de jubilación Nº 15 0 2460244 0 desde el alta 02/2007” (cf. oficio fs. cit. precedentemente; arts. 384 y 394 del C.P.C.C.).
Empero todo ello no obsta tener en cuenta que la demandante a raíz de los hechos sobrevinientes aquí en disputa sufrió una caída que le produjo lesiones, con secuelas, que debió ser intervenida quirúrgicamente, realizar un tratamiento kinesiológico, y que finalmente persisten algunas dificultades para abastecerse de modo autónomo en la vida cotidiana. El médico tratante Dr. Sergio Migliorero, reconoció la autenticidad del certificado de fs. 327 que indica que la actora tiene una afección en el hombro izquierdo con fractura del húmero de ese lado, con una incapacidad que estima en un 35% (conf. declaración testimonial de fs. 330 y vta.; arts. 384 y 456 del C.P.C.C.). En ocasión de prestar declaración testimonial dicho profesional respondió que la actora “quedó con una limitación en la movilidad del hombro o disminución de la fuerza muscular”, lo que es independiente de la secuela del accidente de tránsito anterior en el que sufrió “fractura de cadera derecha y luxación de metacarpo falángica del pulgar y heridas en rodilla” (sic., fs. 30/30 vta.; arts. 384 y 456 C.P.C.).
Asimismo la prueba pericial determina la situación de incapacidad actual la que –repito- es distinta y autónoma de la padecida con anterioridad. En efecto, el perito médico Alejandro Laspiur en su dictamen de fs. 219/222 diagnosticó que “en las radiografías se constata fractura de húmero izquierdo en tres fragmentos; ocho radiografías todas del miembro superior izquierdo. Concordando la radiografía con las evoluciones de la historia clínica 3/5/07. En examen físico se constata secuelas de fractura de húmero con leve acortamiento, cicatriz, coloración y trofismo sin particularidades, se constata secuelas de lesión del manguito rotador con impotencia funcional para rotación externa y aducción” (sic., fs. 219).
Tras ello señala que la operación quirúrgica realizada en el Sanatorio Azul resultó exitosa y que Giammátolo tuvo una “fractura de húmero que evolucionó favorablemente con una limitación de la actividad del manguito rotador, con incapacidad para realizar movimientos de aducción y rotación externa del miembro superior izquierdo. Tratada con fisio y kinesio terapia por tiempo prolongado. Flexo extensión de codo completa; muñeca y mano con movilidad completa” (sic., fs. 219 vta.). Concluye que “la actora presenta incapacidad parcial y permanente de su miembro superior izquierdo” (sic., fs. 219 vta.). Más adelante la pericia tiene en cuenta la incidencia de la incapacidad previa y derivada del accidente de tránsito anterior y del estado de salud general de la paciente, tras lo cual concluye que “la actora evolucionó en forma favorable, con respecto a su fractura de húmero.
Presentando en su evolución un cuadro de insuficiencia del manguito rotador con incapacidad de rotación externa y aducción. Dadas las circunstancias, el tiempo pasado, estado clínico de la actora, sobrepeso y tratamientos realizados fisio y kinesioterapia, se puede considerar el estado actual como el de máxima mejoría médica. Incapacidad permanente de miembro superior derecho del 35%. Limitación de la movilidad. Aducción. Rotación externa. Dolor que correspondería a la conversión de incapacidad total de la persona -21%, Tabla de Conversión (Schachter)-“ (sic., fs. 221). También es necesario puntualizar que se estimó en un año el tiempo necesario de tratamiento fisiológico y kinesiológico, que la actora tenía 49 años al momento del hecho, entre otros aspectos sustanciales (fs. 219/222 vta.; arts. 384 y 474 del C.P.C.C.).
Dice la pericia en lo atinente a la patología preexistente que “en el año 1998 sufre accidente de tránsito con diagnóstico de politraumatismo con fractura de pelvis, protusión del acetábulo coxofemoral derecho, fractura en mano derecha, luxación metacarpo falángica del pulgar derecho y quinto metacarpiano. Escoriaciones en rodilla con sus tratamientos quirúrgicos y médicos correspondientes. La protusión de la cabeza de fémur evolucionó hacia necrosis de la cabeza del fémur con artrosis secundaria coxo femoral (cadera derecha) quedando una claudicación que compensaba con el uso de un bastón. Acortamiento de miembro inferior derecho de 3 cm. Movilidad aceptable …” (sic., fs. 220 vta.).
Por otro lado Sonia A. Ladirat, la kinesióloga que atendió a la actora, en su declaración de fs. 339 explica que como consecuencia de la caída en el sanatorio sufrió una lesión en el miembro superior izquierdo, a raíz de lo cual tiene como limitación fundamental “la deambulación por el hecho de que necesita una ayuda para deambular, y es el brazo necesario para el apoyo; y, además, para el desenvolvimiento normal de la vida diaria” (sic., fs. 339). En lo relativo a si en la actualidad la Sra. Giammátolo puede desempeñarse en su vida cotidiana sin ayuda de terceros, respondió que necesita colaboración “no para hacerse la comida, (sí) para asearse, para limpiar su casa” (sic., fs. 339), acotando “que hay prendas que no puede ponerse sola”. Luego “aclara que al tener lesionado el miembro superior izquierdo no pueda realizar una correcta deambulación y eso le juega en contra para el peso, porque no puede hacer actividades para disminuirlo” (sic., fs. 339 vta.). En sentido concordante la pericia médica dictaminó que “se trata de “paciente con sobrepeso con claudicación de cadera derecha que deambulaba con ayuda de bastón valiéndose por sí misma para todas las actividades diarias. La paciente presenta una claudicación en la marcha, cojera cadera derecha que compensaba con un bastón en brazo izquierdo, brazo que se le produjo una fractura de húmero como consta en el expediente por secuelas del accidente de 1998. No hay datos para evaluar el estado previo a la caída” (sic., fs. 221). Añade que “considerando que su brazo izquierdo era el brazo dominante dado que era en el que se apoyaba con el bastón por su claudicación de cadera, al perder la función del hombro se encuentra incapacitada por lo que necesita de ayuda de terceros para las tareas habituales en el hogar y cuidados e higiene personal. El sobrepeso de la actora es una condición propia y con anterioridad no inculpable que podría perjudicar dificultando su mejoría” (sic., fs. 221 vta.). Más adelante indica que “la actora se encontraba con limitación de su actividad para la deambulación con claudicación de miembro inferior derecho que compensaba con su miembro superior izquierdo con el uso de un bastón con un sobrepeso controlado y estable y 49 años de edad que le permitían realizar tareas de cuidados personales en forma independiente con una mayor dificultad personal haciendo valer sus capacidades residuales para poderse valer por sí misma antes del accidente en el Sanatorio” (sic., fs. 222).
A riesgo de resultar reiterativo transcribo otro párrafo de la pericia: “la actora tenía limitación en la deambulación caminando con mayor lentitud. Claudicación de la marcha y asistida por un bastón manejado con su miembro superior izquierdo haciendo uso de su capacidad residual para poder superar las dificultades” (sic., fs. 222; arts. 384 y 474 C.P.C.). Lo expuesto pone de relieve que la Sra. Giammátolo necesita parcial asistencia doméstica –que antes no requería- para realizar ciertas actividades que no puede ejecutar de modo autónomo e independiente, aunque no con el conferido en la sentencia de grado quien estimó en un 20% la incapacidad anterior.
Soy de la opinión que no obstante la incapacidad preexistente que padecía la Sra. Giammátolo, las lesiones y secuelas sufridas como consecuencia del hecho en estudio agravaron de modo autónomo e independiente las limitaciones anteriores, por lo que corresponde que los gastos de asistencia doméstica –con los alcances que detallaré- sean asumidos en su totalidad por la demandada. Se trata de un daño sobreviniente que genera un perjuicio distinto de los anteriores, toda vez que antes no necesitaba de asistencia doméstica y ahora sí. En ese sentido el precitado dictamen médico –reitero otra vez- explica que “la actora se encuentra limitada en sus funciones de miembro superior izquierdo. Sus capacidades residuales motoras se encuentran disminuidas por lo que necesita colaboración de terceros para realizar tareas domésticas habituales y de cuidados personales e higiénicos. La paciente deambula por sus medios pero necesita de la asistencia parcial. Ayuda de terceros para completar sus acciones de la vida cotidiana en forma permanente como vestirse e higiene personal” (sic., fs. 220).
De modo que el estado de salud anterior no le impedía a la demandante valerse por sus propios medios, lo que en la actualidad y a raíz de la caída y las secuelas, no puede realizar. Las dificultades anteriores no constituyen concausa adecuada que disminuya o aminore el deber resarcitorio de la demandada de asumir el 100% de un daño que, antes, no tenía (arts. 1083, 1086 y concs. C.P.C.).
Sin embargo, la asistencia doméstica o de servicio doméstico no puede tener el alcance otorgado en la sentencia y consistente en ocho horas diarias porque -quedó claro- sólo necesita ayuda y colaboración para asearse, vestir algunas prendas y realizar algunas actividades domésticas.
Por ello resulta apropiado reducir el tiempo de colaboración a sólo dos horas diarias (arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.).
“No cabe duda que la cobertura asistencial de terceras personas para efectuar los trabajos domésticos encuadra dentro de ‘los gastos de curación y convalecencia del ofendido’, como prescribe el art. 1086 Código Civil para las ‘heridas u ofensas físicas’, rubro que comprende los gastos terapéuticos y de asistencia médica y conexos, vinculados causalmente con el hecho y que son necesarios para la recuperación o reestablecimiento total o parcial de la víctima” (cf. Galdós, Jorge M., “Los gastos de asistencia doméstica”, en DJ17/09/2008, 1377, DJ2008-II, 1377; La Ley 2008-F, 196; Cita Online: AR/DOC/2014/2008). El rubro gastos de curación y convalecencia hace referencia a las terapias para recuperar parcial o totalmente la capacidad o la incolumidad afectada; restaurar las lesiones físicas, psíquicas, orgánicas o corporales; recuperar las funciones alteradas; para reducir los efectos o consecuencias de limitaciones permanentes o transitorias totales o parciales. Los gastos terapéuticos y asistenciales constituyen un daño material presente o futuro, que pueden ser reclamados no sólo por la víctima sino también por el tercero que los hubiera afrontado (padres, familiares, amigos, etc.) Sus tres notas esenciales son: la finalidad de estos desembolsos que están destinados a recuperar la salud, la razonabilidad de tales erogaciones y su relación causal adecuada entre las lesiones producidas por el hecho. Se suelen incluir en esta categoría los gastos derivados de la atención médica, psicológica, psiquiátrica, farmacológica, odontológica, por transfusiones de sangre, por prestaciones kinesiológicas, ortopédicas, internaciones y operaciones, traslados, tratamientos, gratificaciones a terceros, honorarios de enfermeras, acompañantes y otras personas de servicio, entre otros muchos” (cf. aut. y ob. cit., supra).
Zavala de González distingue “entre los gastos terapéuticos y los gastos colaterales o conexos a los terapéuticos, los que si bien no revisten una finalidad terapéutica directa también han sido desencadenados por el hecho o se vinculan mediatamente con el proceso de asistencia a la salud de la víctima" (cf. Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de Daños. Daños a las Personas", T. 2 a, p. 149). Y en esta categoría ubica a los gastos producidos no sólo durante la etapa de curación y convalecencia sino también los que —según sucede de ordinario— son derivados de ese proceso terapéutico o aparecen como necesarios para reponer ciertos elementos materiales, como la renovación de vestimenta deteriorada, de anteojos, los gastos de movilidad de la víctima o de parientes, de propinas a enfermeras, mucamas o terceras personas que asisten al lesionado. También se pueden distinguir según las etapas y contingencias de la enfermedad de la víctima entre gastos por la curación, en caso de reestablecimiento completo de la víctima, y gastos de rehabilitación que, en supuesto de incapacidad permanente, son los que subsisten una vez consolidadas las secuelas de modo irreversible (cf. Iribarne, Héctor P., "De los daños a las Personas", p. 504). Acotan Cifuentes y Sagarna que bajo el rótulo de "gastos por auxiliares" son "indemnizables los honorarios o salarios de una persona para acompañar al enfermo, siempre que sean necesarios y probados o presumidos por su estado y condición" (cf. Cifuentes, Santos – Sagarna, Fernando, “Código Civil. Comentado y anotado", Ed. La ley Bs. As. 2003, T. I, p. 825).
El daño patrimonial por gastos de servicios domésticos, nacido especialmente de su recepción jurisprudencial, se sustenta en las mismas normas y principios que se aplican para los gastos de curación y rehabilitación, género al que pertenece. La víctima tiene que acreditar las lesiones o secuelas incapacitantes, su relación causal adecuada con el hecho y la probabilidad objetiva o la razonable necesidad futura de que efectivamente tendrá que valerse de terceros para la realización de todas o algunas tareas personales u hogareñas imprescindibles o cotidianas … Los gastos por servicios domésticos se tratan de una derivación más específica de los gastos de asistencia de enfermeras o de personal técnico y en cierta medida se emparentan con el denominado valor de la vida del ama de casa, en cuya noción está implícita el reconocimiento del contenido económico del trabajo hogareño, especialmente de la mujer (cf. Galdós, Jorge M., “Los gastos de asistencia doméstica”, cit.).
En consecuencia, computando el monto de condena no en la suma del 80% estimada en la sentencia, sino en el 100% que resulta de la prueba pericial contable (fs. 391/394) que asciende a $386.710 ($375.310 más aportes $11.400) por asistencia doméstica por ocho horas durante diez años (fs. 393; arts. 384 y 474 C.P.C.), en ausencia de otra prueba, estimo por dos horas el 25% de esa suma, esto es $96.677 (arts. 384 y 474 C.P.C.; arts. 1083, 1086 y concs. CCCN).
Una acotación importante es que, como se puntualiza en el agravio, a fs. 378 con fecha 19/3/2013 obra el informe del Pami que indicaría que el rubro en examen (asistencia doméstica o auxilio de terceras personas) estaría comprendido dentro de las coberturas asistenciales que presta en forma gratuita. Dice textualmente que “el área de prestaciones sociales del Instituto tiene como prestación un subsidio para personal auxiliar, que contempla la cobertura de dichos cuidados para beneficiarios que son dependientes y con carencia familiar y económica para cubrir dichos gastos por su cuenta” (sic., fs. 378). Sin embargo dicho informe se contradice con el obrante a fs. 267 de fecha 02/11/2012 en el que el Pami expresa que cuenta con cobertura kinesiológica, pero que la actora “no posee en la actualidad ningún subsidio de personal auxiliar ni enfermera a domicilio” (sic., fs. 267).
Dadas ambas contradicciones –pese a la medida para mejor proveer decretada-, corresponde atender y conferir primacía a los principios sustanciales de la reparación íntegra y plena del daño (art.1083 Cód. Civil y 1740 CCCN), correlacionados con la responsabilidad civil -prevención- que impone también al deudor el deber de no agravar la situación del acreedor (arts. 1710, 1711, 1712 y 1713 CCCN), de modo conjunto con los principios procesales de celeridad, concentración y economía procesal, teniendo en cuenta adicionalmente la dilación verificada en la sustanciación del presente proceso (art. 34 incs. 3º c; 4º; 5º, a, b, c, e, 36 y ccs. C.P.C.). Como consecuencia de lo expuesto, y atendiendo a que si las prestaciones gratuitas del Pami incluyen la cobertura de personal auxiliar este daño resarcible (supeditado, según parece, a “carencia familiar y económica para cubrir dichos gastos por su cuenta”) podría resultar excluido, corresponde librar oficio a la citada obra social para que en el plazo perentorio de diez (10) días informe si dicha entidad tiene con relación a la situación de la actora de autos, dentro de sus prestaciones gratuitas la cobertura de personal doméstico, auxiliar o terceros para asistir a afiliados que requieran al menos durante dos horas diarias colaboración y ayuda para vestirse e higienizarse.
Consecuentemente la implementación y efectivización del rubro en examen (daño patrimonial o daño emergente consistente en la “colaboración de terceros para realizar tareas domésticas habituales y de cuidados personales e higiénicos”) queda sujeta a la respuesta negativa que brinde la entidad oficiada. Dicha medida deberá ser diligenciada indistintamente por ambas partes, imponiendo en definitiva la carga de la prueba a la demandada por aplicación del principio “favor debitoris” e “indubio pro víctima” toda vez que se libraron los oficios al Pami y la existencia de informaciones aparentemente contradictorias (art. 1710 y concs. CCCN).
3. El agravio relativo a la admisión del daño moral no puede prosperar, debiendo mantenerse su cuantía en $70.000.
Sobre este tema el punto de partida es la reiterada doctrina y jurisprudencia que concibe el daño moral, no patrimonial o extrapatrimonial (doct. art. 1741 CCCN) como un daño “in re ipsa” cuando la víctima sufre lesiones y le quedan secuelas (arts. 1078 y 1083 CC; 1741 CCCN). No es sobreabundante recordar que el daño moral consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la "privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas" (cf. Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. - Álvarez, Gladys S., "Cuantificación de Daños Personales. Publicidad de los precedentes y posibilidad de generar un baremo flexible a los fines de facilitar decisiones homogéneas y equilibradas", Revista de Derecho Privado y Comunitario 21, Derecho y Economía, pág. 127; conf. mis trabajos "Afección al Espíritu de la Persona. Legitimados para reclamar el daño moral" en "Estudios de Derecho Privado Moderno. Homenaje al Dr. Julio César Rivera", Ed. L. L., Bs As 2012 pág. 145; "Los daños a las personas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", Revista de Derecho de Daños 2009-3-245; "Cuánto" y "quién" por daño moral" en "Homenaje a los Congresos Nacionales de Derecho Civil (1927-1937-161-1969). Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba Ed. Advocatus, Córdoba 2009-T. III pág. 1659; esta Sala, causa nº 57.218, 13/06/2013, "Rossi ...").
La doctrina analizada, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Nacional (C.S. 12/04/11 "Baeza Silvia c/ Buenos Aires, Pcia. de"; conf. "El daño moral (como "precio del consuelo") y la Corte Nacional " RCyS2011-VIII, 176) ha sido reiteradamente aplicada por este Tribunal (esta Sala, causas N° 54.530, 23/08/11, "Torres Elsa c/ Bustingorry, Alejandro"; N° 55.314, 20/10/11, "Orradre, Oscar c/ Reble, Luis"; N° 55.146, 04/10/11, "Dumerauf, Hugo c/ Diario El Popular" y Nº 63.121, 28/08/18, “Olaciregui, María del Rosario c/ AMX Argentina (Claro) S.A. s/ Daños y Perjuicios”, entre otras). Con la suma de condena, que resulta ajustada a la entidad y alcances de las lesiones no patrimoniales, conforme antecedentes y cuantificaciones de este Tribunal y las sumas otorgadas para casos análogos, la actora podrá acceder a bienes deleitables que le permitan compensar los padecimientos y aflicciones no patrimoniales (arts. 1078, 1083 y 1741 CCCN; art. 165 del C.P.C.C).
IV. Conforme lo expuesto en el punto I), acápite 2), de los resultandos de la presente sentencia, y de las actuaciones de fs. 474, 486, 487, 559/560, fs. 561/572, fs. 575/579 vta. y fs. 581/582 se advierte que pudo haber mediado una dilación excesiva en el trámite del presente expediente por parte del Sr. Juez “a-quo” Dr. Rodrigo Ezequiel Bionda, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 Departamental, y conductas funcionales que podrían constituir faltas en el ejercicio de sus funciones. Parecida situación resulta de la compulsa del registro de sentencias de este Tribunal del que se desprende que se verificaron anteriormente situaciones análogas en las causas n° 62.414, del 08 de Febrero del 2018, “Bontempo, Jorge Ricardo – Remón, Silvia Graciela c/ Centro de Formación Profesional N° 401 Dción. Gral. Escuelas y Cultura s/ Daños y Perjuicios” y n° 62.542, del 27 de Marzo de 2018, “Yunis, Gustavo Alberto y Ot. c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Daños y Perj. Resp. Profesional (Excluido Estado) (Recaratulado)”. Consecuentemente, por tales razones, de conformidad con lo previsto por los arts. 15 “in fine”, 160, 164 y 168 Const. Pcia. Bs. As.; arts. 6, 8, 9, 37 y concs. Ac. 3354/2007, texto según Ac. 3515/2010; art. 1º Ac. 1562/93; art. 1º, incs. 1, 3 y 4; art. 32, incs. c, d, i, l, u incs. b, 34, 38 y ccs. Ley 5827; arts. 34, inc. 5º, ap. a y e, 36 incs. 1º, 2º, 238, 240 y 267 y ccs. C.P.C., el Tribunal entiende que resulta pertinente adoptar similar postura a la asumida por esta Cámara –Sala I- en la causa nº 63.397, del 23/08/18, "Cerealera Azul S.A. s/ Concurso Preventivo - Rec. de Queja: Dr. David Emilio Cordeviola", perteneciente, como se dijo a la Sala I de este Tribunal, pero integrada por dos de los jueces que suscriben la presente sentencia, y que diera origen a la respuesta de la Subsecretaría de Control de Gestión mediante nota SCG-167/18.
Por lo dicho corresponde poner en conocimiento de ello al Sr. Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para que, por intermedio de la Subsecretaría de Control de Gestión y de la Subsecretaría de Control Disciplinario, o por donde lo considere pertinente, resuelva lo que estime corresponder, a cuyo fin se librará el oficio del caso con copia certificada de la presente sentencia, y de lo actuado a partir de fs. 559/582 vta., agregándose copia de las sentencias definitivas dictadas en las causas citadas precedentemente (cf. esta Sala, causas n° 62.414, del 08 de Febrero del 2018, “Bontempo, Jorge Ricardo – Remón, Silvia Graciela c/ Centro de Formación Profesional N° 401 Dción. Gral. Escuelas y Cultura s/ Daños y Perjuicios” y n° 62.542, del 27 de Marzo de 2018, “Yunis, Gustavo Alberto y Ot. c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Daños y Perj. Resp. Profesional (Excluido Estado) (Recaratulado)”).
Por todo lo expuesto propicio al Acuerdo confirmar la sentencia de grado, en lo que ha sido motivo de recurso y agravio, en lo principal, revocándola en cuanto admite el daño patrimonial por incapacidad sobreviniente (el que se desestima), reduciendo a $96.677 el daño patrimonial por asistencia doméstica, confirmando en $70.000 el daño moral, quedando firme en lo restante el pronunciamiento de Grado. Líbrese el oficio al Pami ordenado en el considerando III), apartado 2), último párrafo. Las costas de Alzada, atento el progreso de los agravios y pretensiones de la demandada serán impuestas a la actora en un 40% (art. 68 “in fine” del C.P.C.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) confirmar la sentencia de Grado, en lo que ha sido motivo de recurso y agravio, en lo principal, revocándola en cuanto admite el daño patrimonial por incapacidad sobreviniente (el que se desestima), reduciendo a $96.677 el daño patrimonial por asistencia doméstica, confirmando en $70.000 el daño moral, quedando firme en lo restante el pronunciamiento de Grado.
2. Librar el oficio al Pami ordenado en el considerando III), apartado 2), último párrafo de este pronunciamiento. 3) Librar oficio al Sr. Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el apartado IV). 4) Imponer las costas de Alzada, atento el progreso de los agravios y pretensiones de la demandada a la actora en un 40% (art. 68 “in fine” del C.P.C.C.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 23 de Octubre de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia de Grado, en lo que ha sido motivo de recurso y agravio, en lo principal, revocándola en cuanto admite el daño patrimonial por incapacidad sobreviniente (el que se desestima), reduciendo a $96.677 el daño patrimonial por asistencia doméstica, confirmando en $70.000 el daño moral, quedando firme en lo restante el pronunciamiento de Grado. 2) Librar el oficio al Pami ordenado en el considerando III), apartado 2), último párrafo de este pronunciamiento. 3) Librar oficio al Sr. Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el apartado IV). 4) Imponer las costas de Alzada, atento el progreso de los agravios y pretensiones de la demandada a la actora en un 40% (art. 68 “in fine” del C.P.C.C.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia