Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 175.710
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por Prisma Medios de Pago S.A., con costas de esta instancia a cargo de la apelante por resultar perdidosa (art. 68 del CPC). II) Se admiten los agravios traídos a esta instancia por la actora, elevándose el rubro "daño moral" hasta la suma de $ 500.000, y elevándose el "daño punitivo" hasta la suma de $ 1.296.296,30, con costas de esta instancia a cargo de las demandadas por resultar perdidosas (art. 68 del CPC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL N° (S) F°
EXPTE. N° 175710. Juzgado Nº 9 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "GIL MONICA ELISABET C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial y a tenor de la integración dispuesta en fecha 18/10/2022, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fecha 05/09/2022?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la Sra. Mónica Elisabet Gil y, en consecuencia, condena en forma solidaria al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a Prisma Medios de Pago S.A. a abonar a la accionante la suma indemnizatoria de $ 450.000, con más intereses y costas.
A tal efecto rechaza inicialmente las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva planteadas por Prisma Medios de Pago S.A. En lo que respecta a la primera, establece que la interposición de la demanda interrumpió el plazo de prescripción, y agrega que en ningún momento la causa se encontró inactiva.
En relación a la segunda, se remite a los argumentos brindados al momento de encuadrar jurídicamente la acción.
Luego explica que existe una vinculación tripartita entre el usuario del servicio (actora), su proveedor (Prisma) y el prestador del servicio de tarjeta de crédito (banco demandado).
Describe que la actora reviste la calidad de particular requirente de los servicios de tarjeta de crédito para obtener financiación en sus compras, y refiere que ello lo abstrae de cualquier conocimiento técnico y/o mayormente especializado.
Determina que la relación consumeril se cristaliza a través del contrato de emisión de tarjeta de crédito VISA, y que si bien el mismo se formaliza entre el solicitante -cliente de la entidad bancaria- y el banco en cuestión, advierte que el objeto de dicho contrato es la obtención del plástico, formalizándose allí la relación tripartita, en tanto el mismo es expedido por la firma Prisma, quien actúa como proveedor del servicio. Deriva de ello que la contratación efectuada entre las partes se encuadra en una relación de consumo, tornándose por ende aplicable el art 40 de la Ley de Defensa al Consumidor y Usuario, siendo de carácter solidario la responsabilidad de los demandados.
Enfatiza que la responsabilidad es solidaria, y destaca que se ve sorprendido por la defensa opuesta por la co-demandada Prisma (VISA) basada en su total falta de implicancia en la relación contractual entre la entidad bancaria y la actora, en tanto advierte que las denuncias de robo de tarjetas tienen validez sólo si se efectúan en primer término en la línea telefónica del Centro de Denuncias del Sistema de Tarjetas de Crédito, creada al efecto (ver claúsula OCTAVA del contrato de emisión de tarjetas de crédito, glosada a fs. 145), teniendo posteriormente 72 hs. para formular igual denuncia en la entidad bancaria.
En tal sentido, indica que si la denuncia en el banco no basta ni es accionar suficiente para darle validez a la misma, debiendo obligatoriamente hacerlo en la línea telefónica en forma previa, mal puede sustentar la co-demandada su defensa en la total falta de intervención de su parte en la relación contractual existente entre el banco y el cliente. Agrega que frente a una situación delictiva previa, no puede exigirse al denunciante mayor recaudo que informar todos los datos necesarios para la baja, pero no así retener un número de reclamo telefónico que se le da en forma intempestiva al final de la comunicación, como corolario de cierre.
Da por cierto el hecho delictivo denunciado -robo de tarjeta en CABA- y la cadena de eventos ocurridos en consecuencia, esto es, reclamos en la sede del Banco, luego ante la OMIC -actuación administrativa n° 28667/12 acompañada como documental-, y finalmente en sede judicial. Por otra parte, destaca que el Banco Provincia reconoció ante la OMIC tener conocimiento de los hechos ocurridos, y que ante la citación efectuada casi un año después de la denuncia, decide acreditar a favor de la actora un monto no consensuado.
Indica que antes de ello ninguno de los reclamos formulados en sede de la entidad bancaria fue atendido, y que sólo se limitaban a informar que la tarjeta se encargaría de devolverle dichas sumas.
Expone que no fue cumplido el deber de información y seguridad que estas entidades deben dar a sus clientes y/o usuarios de servicios, y que su accionar debe ponderarse conforme el principio consagrado en el art. 1725 del CCCN (ex art. 902 CC aplicable), el cual sostiene que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.
Refiere que con un mínimo obrar de diligencia, como es el caso de una simple comunicación entre la entidad bancaria y Prisma, se hubiesen sorteado con facilidad el derrotero que ocasionó a la cliente demandante el hecho de seguir utilizando la tarjeta, pagando el mínimo por mes y acumulando intereses, sin que se le debitaran las extracciones por cajero que efectuaron los delincuentes.
Advierte además que se le expidió un nuevo plástico después de la denuncia, denotando ello que hubo recepción de la denuncia y un reconocimiento del robo de la tarjeta, pues en caso contrario no se hubiera expedido una nueva.
Sostiene que la reclamante no corrió la misma suerte en cuanto a los adelantos de efectivo realizados, que debían ser cubiertos siguiendo la misma lógica de aceptación de dicha denuncia.
Indica que entidades como las denunciadas -tanto bancarias como expendedoras de servicios financieros- pueden efectuar transacciones electrónicas de alta complejidad en menos de 24 horas, y considera que no debería implicar problema alguno para las mismas detectar consumos mal imputados y reintegrarlos en tiempo oportuno a sus clientes, máxime frente a una denuncia previa de robo efectuada a dichos fines.
Aduna que el alegado reconocimiento posterior efectuado por la entidad bancaria frente al OMIC no exonera en modo alguno de responsabilidad por la falta debida de información, la demora incurrida y la posterior desprotección sufrida por la accionante una vez denunciado el robo, y que a contrario, sirve de base para probar el cumplimiento tardío. En base a ello considera demostrada la responsabilidad solidaria de ambos accionados, pasando de seguido a analizar en particular cada rubro resarcitorio En lo atinente el rubro "Daño patrimonial", considera demostrado que se cumplió con el pago del monto reclamado, con más los intereses que correspondían al momento de efectivizarse el depósito, motivo por el cual procede a su rechazo.
Respecto al rubro "daño moral", analiza la prueba producida, y valora estos efectos la falta de respuesta, de información adecuada y de solución, y señala que ello sin dudas coloca a la accionante en situación de angustia.
Sopesa además el incremento de deuda, así como también que debió sacar un préstamo para saldarla, viéndose en la necesidad de acudir a asesoramiento letrado, efectuar la denuncia ante OMIC y finalmente instar la vía judicial, y afirma que ello implica una innegable afectación del estado emocional de la actora, que a su entender justifica la procedencia del rubro, que admite por la cantidad de $ 300.000 a valores actuales.
En lo atinente al "daño punitivo", expone que del texto del art. 52 bis de la Ley 24.240 se desprende como único requisito para su procedencia el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales con el consumidor.
Entre otras valoraciones, destaca que el cumplimiento a destiempo, después de reiterados requerimientos, también implica incumplimiento, y entiende procedente este parcial por la suma de $ 150.000.
Así también liquida la tasa de interés aplicable y fija el dies a quo del curso de los intereses.
II. Dicho pronunciamiento es apelado en fecha 06/09/2022 por el Dr. Ariel José Vieira, quien a tal efecto invoca la franquicia prevista por el art. 48 del CPC en representación de la Sra. Mónica E. Gil, fundando su recurso en fecha 22/09/2022, con argumentos que fueron respondidos por Prisma Medios de Pago S.A. en fecha 03/10/2022.
Asimismo el mentado decisorio es apelado en fecha 08/09/2022 por la Dra. Carolina Muzzio, en carácter de apoderada de Prisma Medios de Pago S.A., fundando su recurso en fecha 27/09/2022, con argumentos que fueron respondidos por la actora en fecha 03/10/2022.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se encuentra anoticiado de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA).
III. Agravia a la actora la cuantificación de los rubros "daño moral" y "daño punitivo".
En lo atinente al rubro daño moral, indica que de las probanzas y del propio relato que efectúa el Magistrado de los hechos que tiene por ciertos, surge claro que las demandadas han generado una lesión a las afecciones legítimas de la accionante (a la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, entre otras) que merecen ser reparadas, y considera que ello no se logra con el monto otorgado por la sentencia de primera instancia.
Expone que surge acreditado que la falta de respuesta, de información adecuada y de solución colocó a la actora en situación de angustia, y agrega que se vio obligada a reclamar e insistir en reiteradas oportunidades, en las que las demandadas jamás le contestaron, desgastando su estado emocional, obligándola a iniciar el presente proceso.
Afirma que la mensura del daño no implica sólo reparar a la víctima, sino también ordenar el mercado para evitar la reiteración de hechos similares.
En base a todo ello, requiere la elevación de la suma reconocida por este concepto.
En lo que respecta al daño punitivo, afirma que el monto fijado no cumple el rol disuasivo.
Expone que el derrotero de malos tratos lo ha valorado el propio Juez a quo, en tanto del solo relato de los hechos que tiene por acreditados y reconocidos surge el incumplimiento del deber de información y seguridad que las entidades demandadas deben dar a sus clientes y/o usuarios de servicios, pero que pese a ello otorga sólo la suma de $ 150.000. Sostiene que no cumple con su finalidad, en atención a la desproporción entre el negocio que representa para las contrarias su maniobra y la multa.
Considera que el monto no es proporcional al accionar malicioso que las empresas han realizado, ya que imponer esta “sanción” de $150.000 a compañías como las demandadas con infinitos clientes/usuarios, no cumpliría con el efectos disuasorio, característico de este instituto, sino más bien todo lo contrario, la incentivaría a seguir accionando de la misma manera.
Indica que comparte las conclusiones del III Congreso Euroamericano de Protección jurídica del consumidor, en las que se sostuvo que debe seguirse, como pauta ineludible de interpretación a los fines de determinar el quantum del daño punitivo, el listado de recaudos impuestos por el artículo 49 de la ley 24.240, es decir, tomarse en cuenta: 1. el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, 2. la posición en el mercado del infractor, 3. la cuantía del beneficio obtenido, 4. el grado de intencionalidad, 5. la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización y, 6. la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se expide sobre cada uno de los recaudos de referencia.
Luego refiere que jurisprudencialmente se han ido adicionando nuevas pautas para cuantificar este rubro, como la denominada "Fórmula Irigoyen Testa", cuyo método de cálculo explica, y requiere finalmente en base a ello el reconocimiento de por este concepto de la suma de $ 1.000.000, o la que el juzgador estime corresponder.
IV. Agravia en primer lugar a la co-demandada Prisma Medios de Pago S.A. que se haya considerado a su parte legitimada para ser demandada basándose en el art. 40 de la Ley 24.240.
Considera erróneo que se responsabilice a su mandante de “modo directo” frente al usuario del servicio por la colocación de su marca en las tarjetas de crédito emitidas por la entidad financiera, por cuanto indica que ello es falso.
Aduce que la marca VISA no pertenece a Prisma Medios de Pago S.A. (ni pertenecía a VISA Argentina S.A.) lo que puede tranquilamente acreditarse con la verificación del dato ante el Instituto de la Propiedad Industrial, de donde surge claramente que el titular de la marca VISA en la República Argentina es VISA International Service Association, de San Francisco, California, Estados Unidos y no Prisma Medios de Pago S.A. Sostiene que su mandante nunca pudo poner una marca que no le pertenece en un servicio que además no presta, y agrega que ello no surge de ningún medio de prueba producido en autos.
Expone que para echar mano de la responsabilidad que prevé el artículo 40 de la ley 24.240 se requiere demostrar que el producto o servicio era riesgoso o vicioso, y que el daño fue causado por ese defecto. Indica que es precisamente ese carácter el que justifica extender la legitimación pasiva a todos los sujetos que de un modo u otro participaron en la creación del riesgo u obtuvieron ventajas del producto o servicio, y que tanto en caso del artículo 5º de la ley 24.240 (incumplimiento de la obligación de seguridad) como en el del artículo 40 (responsabilidad por productos o servicios defectuosos) se requiere que el daño haya sido causado al consumidor en su persona o en otros bienes distintos de aquellos que constituían el objeto del contrato.
A partir de ese entendimiento, considera que el régimen de responsabilidad establecido en el artículo 40 de la Ley 24.240 no puede ser extensivo a su parte, por lo que requiere la revocación de la sentencia de primera instancia, al menos en cuanto a la responsabilidad solidaria de su mandante.
En segundo término se agravia de la procedencia del rubro "daño moral".
Explica que ante el desconocimiento de las operaciones, su mandante procedió a efectuar la investigación de rigor a fin de determinar si los consumos cuestionados resultaban genuinos o no, cumpliendo con su labor.
Destaca que su mandante no es quien financia los consumos del usuario de la tarjeta de crédito, y menos aún quien percibe fondos ni realiza débitos de las cuentas.
Explica cómo funciona el servicio de cajero automático, y afirma que en relación al mismo no hay vínculo con su mandante.
Indica que la acción incoada por la actora se dirige en todo momento a cuestionar el desempeño de la co-demandada BAPRO, y considera que no puede condenarse a su parte si cumplió en tiempo y forma con su labor dentro del sistema al cual pertenece.
Sostiene que de ninguna manera puede inferirse que la actora padeció por parte de su mandante un trato indigno, ni que incumpliera con el deber de información, y que lo cierto es que sufrió un fraude, pero que no puede sostenerse que sus reclamos fueron desoídos, por lo menos en lo que hace a Prisma.
Insiste en que quien tiene relación con la actora como titular de una tarjeta de crédito, es la entidad emisora -BAPRO-, titular del cajero automático donde se habrían realizado las operaciones, no habiendo su parte prestado servicio alguno al actor, por no haber mantenido ninguna vinculación contractual relacionada con los reclamos efectuados en autos. Detalla que su parte se limita a procesar operaciones de tarjetas en favor de los bancos que la contratan, habiendo actuado con total diligencia respecto al reclamo incoado por la actora, dado que resolvió la totalidad de los consumos cuestionados a su favor, siendo labor de la entidad bancaria acreditar los fondos en su cuenta.
Indica que los motivos por los cuales el emisor demoró en acreditar los fondos en la cuenta del actor son ajenos a su representada. Continúa manifestando que de ningún lado del relato de la actora se puede inferir mínimamente el daño moral reclamado a su mandante, y sostiene que para que un incumplimiento contractual conlleve un daño moral resarcible, es preciso que la afectación íntima trascienda las alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios, debiendo su existencia ser apreciada con criterio restrictivo.
Advierte que la pericia psicológica fue impugnada oportunamente por ambas demandadas, y que la misma se limita acopiar literalmente lo manifestado por la parte actora, derivando sus conclusiones en base a esos dichos.
Refiere que en los casos de responsabilidad contractual, quien peticiona el resarcimiento debe acreditarlo, toda vez que no se presume, y que en el caso no se advierten consecuencias espirituales para la actora, ni menos aún lesiones en su estado de ánimo, en lo que respecta a la actuación de su parte.
Considera en base a ello que la suma concedida en concepto de daño moral resulta completamente desproporcionada.
En tercer término se agravia de la procedencia del daño punitivo. Reitera que su mandante no ha prestado servicio alguno al actor, dado que ninguna vinculación contractual mantuvo en relación a los reclamos efectuados en autos.
Manifiesta que no envió ni cobró los resúmenes de tarjeta, e insiste en que su representada se limita a procesar operaciones de tarjetas en favor de las entidades que a tal fin la contratan.
Agrega que actuó con total diligencia respecto al reclamo incoado por la actora, y que para que proceda la condena por daño punitivo no basta con cualquier inconducta o incumplimiento, ni con probar que una persona ha violado el deber genérico de no dañar a otro, precisándose que la falta sea grave o dolosa, o negligencia importante, grosera, con particular indiferencia hacia la contraparte, todo lo cual a su entender no se verifica. Cita jurisprudencia en apoyo de sus afirmaciones, y concluye afirmando que la figura prevista en el artículo 52 bis de la ley 24.240 no es aplicable al presente pleito, ya que no existe una conducta que la justifique, siendo a todo evento desproporcionado su monto.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
Ingresando al análisis de los agravios propuestos, que a mi entender satisfacen los recaudos exigidos por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, observo que llega incontrovertido a esta instancia la determinación del origen de la vinculación jurídica habida, así como de los hechos que motivaron esta contienda, en tanto se estableció que la actora fue usuaria del servicio de tarjeta de crédito, y que en el año 2011 denunció vía telefónica el extravío de la tarjeta Visa del Banco Provincia, pese a lo cual, advirtió que en los resúmenes de cuenta que recibió con posterioridad se incorporaron conceptos que no se condecían con sus consumos reales ("Anticipos Efect.").
Así tampoco ha sido materia de agravio la existencia de reclamos y denuncias ante la entidad bancaria y la OMIC local, habiendo el banco posteriormente acreditado en el resumen de cuenta la suma de $ 3.732 a los fines de cubrir los conceptos indebidamente incluídos.
En iguales condiciones, se encuentra incontrovertido el encuadre jurídico establecido por el Juez de grado, quien ha señalado que el reclamo se inserta en el marco de un contrato de servicio de tarjeta de crédito, importando una relación regida por las normas del derecho del consumo, subsumida -de acuerdo a la fecha de contratación (año 2011)- en el régimen establecido por la Ley de Defensa al Consumidor y Usuario (Ley 24240), la Ley de Tarjeta de Crédito nro. 25.065, el Código Civil y los preceptos de la Constitución Nacional y Provincial (art. 42 de la C.N., y 38 de la C.Prov.). Me permito agregar en cuanto a esto último, que las consecuencias que no son instantáneas sino que se prolongan en el tiempo, léase en este caso las relativas a la cuantificación del daño, quedan alcanzadas por el Código Civil y Comercial (v. Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, La Ley, 22/04/2015, AR/DOC/1330/2015; Junyent Bas, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, La Ley, 27/04/2015, AR/DOC/1360/2015; Taraborrelli, José N., “Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código”, LA LEY 03/09/2015, 1, AR/DOC/2888/2015).
Con sustento en estas premisas me abocaré a continuación al tratamiento específico de las críticas propuestas por los aquí intervinientes, a cuyo fin y siguiendo un orden lógico de prelación, abordaré inicialmente la direccionada a cuestionar la determinación de responsabilidad de la firma Prisma Medios de Pagos S.A., para luego ingresar al tratamiento de las relativas a la procedencia y cuantificación de los rubros "daño moral" y "daño punitivo".
IV.a. Análisis de la responsabilidad atribuida a Prisma Medios de Pago S.A.:
En lo que aquí respecta, Prisma Medios de Pagos S.A. (en adelante "Prisma") cuestiona que se haya establecido que su parte se encuentra legitimada para ser demandada, exponiendo en lo sustancial que la marca Visa no pertenece a Prisma Medios de Pago S.A. y que no tiene vinculación con la accionante, ni con los hechos ocurridos.
Adelanto que, a mi entender, la crítica en tratamiento deviene inadmisible.
Para arribar a tal solución, observo que ha sido la propia "Prisma" quien asumió el rol de demandada, admitiendo su calidad de administradora y parte de los servicios que prestan a las entidades emisoras, denunciando que realiza el análisis de consumos impugnados y/o desconocidos, y especificando incluso que efectúa informes en relación a las extracciones y/o adelantos de dinero que son realizadas en cajeros automáticos.
Textualmente expone que "La parte actora inicia la presente demanda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante el Banco) y contra mi mandante (en adelante PRISMA)" (punto IV de la demanda "Los hechos"), y que "En Prisma, como administradora y como parte de los servicios que prestamos a las entidades emisoras de tarjetas de crédito, realizamos análisis de consumos impugnados y/o desconocidos cuando los mismos fueron realizados en los comercios, pero en lo que respecta a las extracciones y/o adelantos de dinero, que son realizadas en cajeros automáticos cuya propiedad y esfera de custodia resulta ser de la Entidad Emisora de la tarjeta, los informes que Prisma podría emitir no resultan vinculantes para la Entidad Emisora del plástico" (sic; v. cédulas de traslado de demandada de fecha 22/03/2021 y responde de demanda de fecha 26/4/2021).
De tal manera, revistiendo el carácter de administradora y desarrollando las funciones que detalla, de ningún modo puede afirmarse válidamente su ajenidad a esta contienda, pues el predominante papel de supervisión y control del funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito que desempeña, impide situarla como un mero espectador ajeno a hechos como los ventilados en este expediente.
Es sabido que en la prestación del servicio de tarjeta de crédito intervienen tanto el banco emisor como la entidad administradora del sistema, no sólo en cuanto lo publicitan y ofrecen al usuario, sino en tanto participan concretamente en su funcionamiento conforme a las modalidades del caso, con lo que obtienen una ventaja o utilidad.
Se trata de un negocio jurídico complejo y sistematizado, que origina vínculos orgánicamente funcionales, importando una operatoria multilateral y coordinada con una clara finalidad lucrativa, exigiendo así el sistema la existencia de varios contratos coligados en un mismo negocio (ver Parodi, Horacio Duncan, "Títulos de crédito", t. III, ed. Abaco, Buenos Aires, 2003, pág. 448).
A partir de ello, Prisma Medios de Pago S.A. no puede negar vínculos con el titular de la tarjeta, dado que integra el sistema bajo el cual se desarrollaron los hechos que motivan la litis. Entiéndase que ambas demandadas formaron parte de la relación contractual con el accionante, en tanto es imposible que el sistema se desarrolle sin la participación de "Prisma", quien naturalmente se beneficia económicamente con ello. Prisma Medios de Pago S.A. lucra con el sistema que organiza y administra, y es por tal razón que debe asumir el riesgo empresario que su actividad conlleva.
Como atinadamente destacó el a quo, los contratos de los sujetos que vinculan a los sujetos intervinientes en el sistema no pueden ser considerados como relaciones autónomas, en tanto interactúan dentro de un grupo de vínculos que derivarán en el negocio último surgido del conjunto. En torno a la demostración de la interaccción de los distintos sujetos integrantes del sistema, observo que el primer juzgador advierte que no basta la denuncia de sustracción de la tarjeta en la entidad bancaria, explicando que las denuncias de robo de tarjetas tienen validez sólo si se efectúan en primer término en la línea telefónica del Centro de Denuncias del Sistema de Tarjetas de Crédito. Pese a tal advertencia, la apelante se desentiende absolutamente de tales consideraciones, dejando incólume tal razonamiento.
Son pues, tanto la emisora de la tarjeta de crédito como la administradora del sistema quienes deben asumir el riesgo empresario ínsito en tal actividad, y responder conjuntamente ante el destinatario de ese mismo servicio, cuando éste es deficientemente brindado (arts. 902 y concs. del CCiv; art. 40 de la ley 24240; art. 3 de la ley 25065; art. 42 CN; art. 38 C.Prov.).
En igual dirección, los integrantes de la Sala Segunda de este Tribunal han resuelto que "En el sistema de tarjeta de créditos estas conductas son exigidas a todas las partes que actúan en forma conjunta y coordinada, por lo que las empresas que se relacionan a través de contratos coligados o conexos no pueden escudarse en el principio individualista de responsabilidad frente a los usuarios o consumidores [arts. 1° 25.065; 40 Ley 24240; WEINGARTEN, Celia, El principio de confianza en el Código Civil y Comercial, “Tarjeta de Crédito”, Cap. Vi, pág. 301/310; LORENZETTI, Ricardo Luis, La Financiación al consumidor, LORENZETTI - LIMA MARQUES, ob. cit. pág. 425/33]" (este Tribunal, causa de Sala 3era. nro. 174730, RS-230-2022, sent. de fecha 17/10/2022, en autos caratulados "Colandrea Ricardo Cristian c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y First Data Cono Sur SRL s/ Daños y perjuicios").
Por lo demás, la jurisprudencia desde larga data ha elaborado y mantenido igual criterio sobre la materia en análisis, respecto a que la organizadora del sistema de tarjeta de crédito es parte vital de éste y no puede considerarse ajena al negocio por no ser el contratante directo con el usuario, y por ende no puede evadir su responsabilidad (ver CNCom., Sala A, autos “Miller Jorge c/ Visa Argentina SA y Otro”, del 12-12-2003; ver Sala D de ese Tribunal, autos “Ferlise, Eduardo y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario”, del 30-03-2011; entre otros).
Agrego que para establecer la responsabilidad de la accionada resulta ineludible contemplar su carácter profesional, condición que la responsabiliza de manera especial, en tanto la superioridad técnica que detenta le impone el deber de obrar con mayor prudencia, pleno conocimiento del negocio y una diligencia acorde con su objeto (arg. art. 902 del CC).
Siendo ello, así, la responsabilidad de "Prisma" como administradora del sistema de tarjetas de crédito encuentra sustento en el art. 40 de la ley 24.240 (aplicable por remisión del art. 3 de la ley 25065), en tanto allí se establece un régimen de solidaridad respecto del usuario por los daños resultantes de los defectos en la prestación del servicio. Es claro el art. 40 de la LDC, en cuanto establece que cuando se genera un daño al consumidor por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, se prescinde de la culpa como factor de atribución y se establece una responsabilidad objetiva (cfr. Picasso – Vázquez Ferreira, Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada, t. I, ed. La Ley, Bs. As., 2009, pág. 514).
También lo es que, ante tales supuestos, la legitimación pasiva se amplía a todos los sujetos intervinientes en la cadena de producción y comercialización del producto o servicio, viéndose incluídas todas aquellas personas humanas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no sólo a quien lo provee en forma directa.
En ese marco, habiéndose verificado la existencia de un vicio en la prestación del servicio -de acuerdo a lo establecido por el a quo y que no ha sido materia de crítica-, no cabe mas que concluir que la administradora Prisma Medios de Pagos S.A. resulta solidariamente responsable ante el consumidor.
Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desechar el agravio en tratamiento, por lo que propongo al Acuerdo confirmar la atribución de responsabilidad dispuesta en relación a Prisma Medios de Pagos S.A. (arts. 266, 267, 375, 384 y ccdtes. del CPC; art. 902 y concs. del C.Civ; arts. 1, 2, 5, 40, 65 y ccdtes. de la ley 24240; art. 3 y ccdtes. de la ley 25.065; art. 42 CN; art. 38 C.Prov.).
IV.b. Análisis de las criticas dirigidas a cuestionar la procedencia y cuantificación del rubro daño moral" ("daño a las afecciones espirituales legítimas"):
En lo que aquí respecta, mientras que a la parte actora entiende insuficiente la suma otorgada por este concepto de $ 300.000, según las afecciones que denuncia como sufridas, en contrapartida, la co-demandada "Prisma" sostiene que no ha mediado incumplimiento atribuible a su parte y que no se presentan consecuencias espirituales o en su estado de ánimo en lo que respecta a su actuación, por lo que requiere el rechazo de este parcial, amén que considera desproporcionada la suma fijada por este concepto.
En la tarea revisora de esta parcela de la sentencia, considero menester comenzar por señalar que la doctrina especializada ha explicado sobre el tópico que "en el daño moral hay una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de las capacidades de entender, de querer y de sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial..." (Alberto J. Bueres, "Derecho de Daños", Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs.As., 2001, pág. 306).
En aras de cuantificar este daño y a los fines de desentrañar la verdadera incidencia que el mismo produjo en el damnificado, el derecho procura una reparación de compensación satisfactoria (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., Compendio de Derecho de Daños, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, p. 220).
En efecto, la indemnización por este rubro no procura hacer desaparecer el menoscabo espiritual, ni pretende lograr que el damnificado pueda ser emplazado a una situación previa al evento dañoso, sino que simplemente persigue otorgar una satisfacción o goce o placer en la faz anímica del damnificado que guarde razonabilidad y proporcionalidad con el padecimiento experimentado (argumento arts. 7, 1711, 1726 y ccdtes. del CCyC).
Se ha reseñado en tal sentido que "En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales" (Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado". T. VIII, arts. 1614 a 1881, 1era ed. Santa Fe. Rubinzar - Culzoni, 2015, pág. 503; ver CSJN, 4-12-2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", R. C. y S. 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós).
Es decir, se trata de satisfacer a la víctima más que de compensarla en términos de equivalencia (conf. Pizarro, Ramón D., "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 385), habiéndose señalado al respecto que "dicha satisfacción es brindada generalmente mediante una indemnización económica que le permita al damnificado adquirir bienes o servicios que son en definitiva los que producen el placer resarcitorio, ya que el dinero en sí mismo es papel y sólo tiene valor como instrumento de cambio" (Marcellino, Leonardo, "Valoración y cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial", en "Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad por daño no patrimonial", ed. Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 428).
No resulta ocioso mencionar, además, que el CCCN unifica expresamente la responsabilidad civil contractual y extracontractual (arg. art. 1716), de manera tal que cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño, la responsabilidad se rige, en principio, por las mismas reglas (ver Picasso, Sebastián,”La unificación de la responsabilidad civil en el Proyecto de Código Civil y Comercial unificado”, Infojus, Revista Derecho Privado. Año I, N°3. Ediciones Infojus, p. 33).
A partir de lo anterior y luego de haber examinado desde esta óptica el reclamo articulado, de manera integral con las circunstancias particulares del caso y la función de sustitución satisfactoria del rubro, me encuentro en condiciones de anticipar que considero procedente este parcial, así como también la elevación del monto fijado por este concepto, teniendo en consideración las particulares circunstancias demostradas en la causa (arts. 163, 164, 165, 375, 384, 456 y 474 y ss. del CPC; art. 40 y ccdtes. de la ley 24.240 y modif.; arts. 1068, 1069, 1078, 1083 y conc. del Código Civil y arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación).
Para arribar a tal conclusión, debo señalar inicialmente que en el caso la entidad del padecimiento espiritual de la accionante surge inmediatamente de los hechos analizados, ponderando el cúmulo de vicisitudes que tuvo que atravesar frente a la falta de respuesta idónea ante la denuncia de pérdida efectuada y la incorporación indebida de conceptos en las liquidaciones recibidas, y los sinsabores propios que significan concurrir reiteradamente en pos de una solución que no fue brindada en tiempo oportuno, atendiendo a la natural frustración e impotencia que estos hechos generan (arts. 375, 384 y ccdtes. del CPC).
Resulta esclarecedor a tal efecto el dictamen producido por la perito Lic. en Psicología Sandra Mariela Taja -del cual no encuentro mérito para apartarme, de acuerdo a las reglas de la sana crítica-, quien describe pormenorizadamente el modo en que los sucesos analizados impactaron en la personalidad de la actora y en sus esferas física y psico-emocionales (conf. informe pericial incoporado de manera electrónica en fecha 14/02/2022; arts. 375, 384, 385 y ss., 474 y ccdtes. del CPC).
A igual destino arribo luego de analizar la declaración testimonial producida por los Sres. Mijovilivich y Silvosa, quienes en la audiencia de vista de causa describen que los hechos aquí analizados han alterado el ánimo, carácter y salud de la actora, generándole nerviosismo, hipertensión, stress, e incluso problemas en sus relaciones de trabajo (conf. declaraciones producidas en la audiencia de vista de causa; arts. 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC).
Es por todo lo expuesto que considero que el suceso sufrido, con las características aquí descriptas, permite determinar que existe una perturbación espiritual relevante a los efectos de sustentar la procedencia y elevación de este rubro, a raíz de los sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos, que escapan a la noción de simples molestias o inconvenientes (arg. arts. 165 y 384 del CPC).
En definitiva, considero que los elementos probatorios descriptos demuestran que el suceso ha tenido directa incidencia en la esfera extrapatrimonial en estudio, lo que conjugado con la función de compensación satisfactoria del rubro, me lleva en definitiva a establecer -en utilización de las facultades conferidas a la suscripta por el art. 165 del CPC- que el presente debe elevarse hasta la cantidad de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) -a valores actuales del pronunciamiento apelado-, cantidad ésta que considero que se ajusta a la circunstancias aquí valoradas, con mas los intereses fijados en la instancia de origen. Ello conlleva a la admisión del agravio brindado por la actora, y a la desestimación del propuesto por la contraria, lo que así propongo al Acuerdo (art. 40 de la ley 24.240 y modif.; arts. 1078, 1083 y cdtes. del Cód. Civil, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 456, 474 y ccdtes. del CPC).
IV.c. Análisis de las criticas dirigidas a cuestionar la procedencia y cuantificación del daño punitivo:
Encontrándose cuestionada la procedencia y cuantificación de este concepto, considero menester comenzar por mencionar que el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor conceptualiza el daño punitivo, edictando que: “…Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan…La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley…”.
Asimismo el art. 47 en su inciso b) establece “…Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)…”.
Esteban Centanaro sostiene que “…Se trata de una figura del derecho anglosajón, que consiste en una multa civil que el consumidor puede obtener y cuyo importe no guarda relación con el daño que ha sufrido. El objeto de este instituto es impedir que el proveedor siga vendiendo un producto que genere perjuicios, estimando que resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad, por lo que se le otorga al Juez la facultad de aplicarlo o no en el caso concreto y graduarlo conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. El daño punitivo tiende a ser ejemplificador a los efectos de que otros proveedores no incurran en nuevos incumplimientos…” (Centanaro Esteban, “Contrato y relación de consumo: actualidad en torno a las últimas modificaciones legislativas” en Estudios de derecho civil con motivo del Bicentenario, dirigido por Conte Grand, Julio, De Reina Partiere Gabriel, El Derecho, Buenos Aires, 2011; Centanaro Esteban, Dresdner Geraldine, Debrabandere Carlos, Martín Riva Juan “El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor y su incorporación a la reforma del Código Civil y Comercial: una visión crítica” publicado en DJ31/07/2013,1; Farina Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, pág. 228, 556 y ss.; Junyent Bas Francisco, Barrista Andrés Federico, Garzino María Constanza, ”Destinatarios de la multa en el daño punitivo", publicado en La Ley 01/03/2013, 1; Barocelli, Sergio Sebastián, “Incumplimiento del trato digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confirma su procedencia” publicado DJ29/05/2013,3; Falco, Guillermo E. “Cuantificación del daño punitivo”, publicado en La Ley 23/11/2011; Rinessi Antonio Juan, Rey de Rinessi Rosa “Naturaleza Jurídica del Daño Punitivo”, Revista de Derecho de Daños, editorial Rubinzal-Culzoni, 2011-2).
En definitiva, el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor es una norma de alta complejidad y requiere para su aplicación la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo; y e) Un juez que acoja favorablemente la petición. Faltando alguna de ellas, el instituto de los daños punitivos no opera. A su vez, es importante destacar que no configura un requisito para la aplicación de la sanción por “daño punitivo” que el actuar antijurídico del proveedor deba ser doloso o con culpa grave, así como tampoco la demostración de un actuar excepcional.
Así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia Provincial, al expedirse acerca de la operatividad del art. 52 bis de la ley 24.240 (modif por ley 26.361), señalando que: “…Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales…” (S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10-2018, del voto del Dr. de Lázzari; el destacado no es de origen; S.C.B.A. en la causa C.122.220 “Frisicale, María Laura c/ Telecom Personal S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11-08-2020; S.C.B.A. en la causa C. 123.329 “Salvucci, Adriana Marisa c/ Caja de Seguros S.A. y otro s/ cumplimiento de contratos”, sent. del 31-08-2021).
Dentro de este marco teórico, viéndose confirmada la atribución de responsabilidad establecida en la instancia de origen a raíz de un actuar antijurídico conformado por la prestación defectuosa del servicio de tarjeta de crédito (de acuerdo a lo tratado en los considerandos que preceden) y siendo que las partes se encuentran vinculadas por una relación de consumo, la procedencia de la sanción aparece, a mi entender, como indudable.
No obstante ello, considero que aún de enrolarme en la postura de quienes entienden que es necesario la existencia de dolo o culpa grave del proveedor para que el daño punitivo sea procedente, igualmente en el caso se encuentran dadas las condiciones de aplicación del instituto de daños punitivos.
Es que no ha existido una respuesta satisfactoria de las empresas demandadas ante los hechos sufridos por la Sra. Gil, dado que no sólo incluyeron indebidamente en los resúmenes de cuenta conceptos por operaciones no realizadas por la actora, sino que además han adoptado injustificadamente una actitud al extremo dilatoria y especulativa en lo atinente a la restitución de las sumas indebidamente incluídas, violentando las legítimas expectativas del consumidor o usuario.
Resulta reprochable que luego de los reclamos de la actora las demandadas no cumplan fielmente sus obligaciones, siendo evidente el beneficio económico habido a raíz de tal accionar, el cual carece de justificación.
Resulta también pertinente acudir a estos efectos a los testimonios producidos por los testigos Mijavilovich y Silvoza, quienes describen los reiterados reclamos habidos, así como también el resultado insatisfactorio de los mismos (arts. 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC). Es así que la reticencia de las accionadas en cumplir sus obligaciones legales se ha extendido en el tiempo, y no obstante haber tenido múltiples oportunidades para cumplir con la prestación a su cargo optaron por mantener una postura rígida, obligando de tal modo a la actora a tener que transitar diversas instancias para obtener el reconocimiento de sus derechos.
En tal sentido, es posible apreciar que a consecuencia de los hechos analizados, que considero debidamente probados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la hoy actora se ha visto obligada a efectuar reclamos extrajudiciales (vgr. denuncia ante Dirección General de Protección al Consumidor y Usuario nro. 28667/2012, conf. oficio acompañado electrónicamente en fecha 17/9/21), derivando posteriormente en la vía jurisdiccional en reclamo del resarcimiento de los daños y perjuicios provocados.
A partir de lo expuesto, entiendo que en el sub examine se ha dado un abuso de la posición dominante detentada por las accionadas, para quienes incumplir con una obligación principal en desmedro del consumidor, aún cuando se las condene por daños e intereses, podría resultar de mayor provecho económico que cumplir fielmente sus deberes, comportamiento éste que debe desalentarse a través de la imposición de la sanción por daño punitivo (conf. Rubén S. Stiglitz “Derecho de Seguros”, 4ta. edición, tomo III, Ed. La Ley, Bs. As., 2004, pág. 292; ver S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10-2018, del voto del Dr. de Lázzari).
A su vez, no configura un requisito para la aplicación de la sanción por “daño punitivo” que hayan existido otros usuarios en iguales condiciones (S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10-2018, del voto del Dr. de Lázzari).
Considero relevante, además, resaltar que la profesionalidad que detentan las demandadas incrementa el grado de reproche a su conducta incumplidora (art. 902 del Código Civil; art. 7 del Cód. Civil y Comercial). En base a las consideraciones antes realizadas, considero que ha existido una “inconducta grave” de parte de las accionadas, a partir de un actuar en franca violación de normas legales y contractuales (arts. 1197, 1198 y ccdtes. del CC; arts. 959, 961 y ccdtes. del CCyC), siendo evidente que dicho proceder resulta funcional a la obtención de un beneficio económico en perjuicio de los consumidores y usuarios, en tanto lógicamente importan una menor erogación de recursos (art. 52 bis de la ley 24.240 modif. por ley 26.361).
Asimismo y de acuerdo a los hechos descriptos, no existió respecto de la Sra. Mónica E. Gil el trato digno que como consumidor merece -art. 8 bis de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361)- viéndose violentados los derechos constitucionales que el régimen del consumidor reconoce (argto. art. 42 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Se ha resuelto al respecto que: "…La finalidad del daño punitivo, es la de castigar ("punir") a quien ha obrado con tal despreocupación e indiferencia hacia la posición de los damnificados ("grave inconducta"), en situaciones donde sería una injusticia que la sanción se limite a sólo tener que abonar la indemnización resarcitoria. Busca prevenir hechos similares en el futuro a través de la disuasión que provoca una sanción económicamente significativa (ello no sólo respecto del proveedor en cuestión sino de los demás proveedores). De este modo se evita (previene) que sujetos similares al sancionado busquen realizar conductas semejantes. Además, dado la "propiedad variable" de las indemnizaciones punitivas, se causa en el resto de la comunidad empresarial una profunda indeterminación en cuanto a su previsión cuantitativa, de forma tal que el dañador intencional no podrá "previsionar" en sus estados contables esta "cuenta". Se trata de una institución que participa de la naturaleza de una pena privada (multa civil o indemnización pecuniaria disuasiva), que es adicional e independiente de toda otra indemnización de carácter compensatorio, destinada al propio damnificado, que apunta a sancionar graves inconductas en perjuicio del actor, mediante la imposición de una suma de dinero. La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados…" (CC0201 LP, en la causa N°120.537 "Orruma Martin Miguel c/ Hewlett Packard Argentina SRL y otro/a s/Daños y perj. incump. contractual (exc. Estado)", sent. del 25-10-2016).
Ante lo expuesto resulta indudable, a mi entender y sin perjuicio de no ser requisito para la aplicación de la sanción por daño punitivo la gravedad en el reproche del actuar de la accionada, que el incumplimiento de las demandadas constituyó, en el caso, un comportamiento encuadrable bajo el concepto de culpa grave (art. 512 del Código Civil: conf. Ramón Daniel Pizarro – Carlos Gustavo Vallespinos “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, tomo II, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2006, pág. 617 y sgts.; argto. jurisp. Cám. de Apel. Civ. y Com. de Azul, Sala II, en la causa N° 62.827 “Barcelona, María Paula y otro c/ Naldo Lombardi S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 05-06-2018).
Entonces, encontrándose en el presente caso reunidos los requisitos habilitantes para el progreso de la sanción prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361-, entiendo que ha sido correcto imponer su aplicación al supuesto en estudio (argto. doct. Fernando E. Shina “Daños al Consumidor”, Ed. Astrea, 1era. edición, Bs. As. 2014, pág. 159 y sgts.; Sebastián Picasso, en obra colectiva “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, Picasso – Vázquez Ferreyra Directores, Ed. La Ley, Tomo I, Bs. As., 2009, págs .593 y sgts.; Daniel Roque Vitolo “Avances y retrocesos en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación respecto del instituto del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”, publicado en “Revista de los contratos, los consumidores y derecho de la competencia”, Ed. Legis, págs. 3 y sgts.).
Ahora bien, en lo concerniente a la cuantificación de la sanción, considero que el monto establecido por el sentenciante de $ 150.000 resulta escaso para satisfacer la finalidad del instituto.
Dígase al respecto, que determinar el monto del daño punitivo en concreto no resulta una cuestión lineal, en tanto el citado precepto legal solo explicita una pauta genérica "...la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.
Es cierto que para cuantificar el daño punitivo no debe descartarse la valoración de algún elemento con ciertos caracteres de objetividad, pues ello colabora con una mayor posibilidad para las partes de comprender el modo en que se ha arribado a la suma fijada.
En el caso, la actora aduce que a estos efectos debe utilizarse la fórmula denominada "Testa".
Matías Irigoyen Testa (en "Cuantificación de los daños punitivos: una propuesta aplicada al caso argentino", en Castillo Cadena y otros (coord.), “Relaciones contemporáneas entre derecho y economía”, coedición Grupo Editorial Ibáñez y Univ. Pontificia Javeriana, Bogotá, 2012, págs. 27-61) ha propuesto la fórmula D = C x [(1-Pc) / (Pc x Pd)] donde: D = daño punitivo a determinar; C = cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados; Pc = probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados; Pd = probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento compensatorio, en virtud de su carácter accesorio o no autónomo.
Realizando tal cálculo, y utilizando como variables el capital indemnizatorio que aquí se fija de $ 500.000, un 30% de "Probabilidad de ser condenado por indemnizacion compensatoria" y un 90% de "Probabilidad de ser condenado por daños punitivos", arribamos a una cantidad de $ 1.296.296,30 (conf. cálculo efectuado a través de la página web LiquidacionesJuridicas.com, calculadora de MetaJuridico – Legaltech). Cabe señalar que esta fórmula juega como un elemento más a considerar, junto a pautas ajenas al mundo de las matemáticas que pueden utilizarse (ver en esa dirección el voto del Dr. de Lázzari en las causas C. 117.926, "P., M. G.", sent. de 11-II-2015; C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015), y en el caso en particular, considero que se ajusta a las pautas y directivas brindadas por el art. 52 bis de la LDC, en tanto logra la finalidad disuasiva, considerando la importancia en el mercado que revisten las empresas demandadas.
Enfatizo que debe sopesarse a tal efecto la flagrante violación a los derechos de los consumidores que importó el actuar antijurídico de las demandadas, sumado al hecho de la importancia comercial de éstas, quienes resultan ser empresas con una amplia capacidad de contratación. En definitiva, a partir de las valoraciones efectuadas precedentemente y en utilización de las facultades conferidas a la suscripta por el art. 165 del CPC, considero que el presente rubro debe elevarse hasta la cantidad de $ 1.296.296,30, siendo la misma justa, razonable y suficiente para resguardar el fin disuasivo que persigue el instituto, sopesando las conductas habidas (art. 52 bis de la LDC; 165, 362, 375, 384 y ccdtes. del CPC; art. 42 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.).
Por las razones expuestas se admite el agravio propuesto por la actora en relación a la condena por daño punitivo, y se rechaza el articulado por la demandada, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
ASI LO VOTO.
A LA PRIMER CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
Adhiero a la solución y a los fundamentos desarrollados por la Dra. Zampini en el voto que abre el acuerdo.
Es criterio de la Sala que tengo el honor de integrar que el mero incumplimiento de la proveedora de un bien o servicio es condición necesaria pero no suficiente para la aplicación de la multa regulada en el art. 52 bis de la Ley 24.240, pues la sanción debe ser reservada para casos en los que se prueba una conducta de particular gravedad o desprecio por el consumidor (entre otros, Sala II, c. 174680 del 20/10/2022).
Sin embargo, esta diferencia conceptual no tiene ninguna relevancia práctica en el caso pues la colega -en un criterio que comparto plenamente- ha juzgado que la conducta de las demandadas ha reflejado un ostensible desprecio por los derechos de la actora, justificándose de ese modo la imposición de la multa.
Por ello, y tal lo dicho, adhiero al voto preopinante.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar los agravios traídos a esta instancia por Prisma Medios de Pago S.A., con costas de esta instancia a cargo de la apelante por resultar perdidosa (art. 68 del CPC). II) Admitir los agravios traídos a esta instancia por la actora, elevando el rubro "daño moral" hasta la suma de $ 500.000, y elevando el "daño punitivo" hasta la suma de $ 1.296.296,30, con costas de esta instancia a cargo de las demandadas por resultar perdidosas (art. 68 del CPC). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por Prisma Medios de Pago S.A., con costas de esta instancia a cargo de la apelante por resultar perdidosa (art. 68 del CPC). II) Se admiten los agravios traídos a esta instancia por la actora, elevándose el rubro "daño moral" hasta la suma de $ 500.000, y elevándose el "daño punitivo" hasta la suma de $ 1.296.296,30, con costas de esta instancia a cargo de las demandadas por resultar perdidosas (art. 68 del CPC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA). Devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia