Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 99028
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada en relación a la fecha de mora dispuesta para el cómputo de los intereses sobre el capital de condena, que se establece al 20.03.2015, y se la confirma en lo demás que decide. Costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 16, 17, 18, 42 de la CN; 3, 499, 509, 622, 1069 primera parte y 1083 del CC; 1, 2, 3 y 7 del CCyCN; 1, 2, 3, 37, 65 de la Ley 24.240; 3, 22, 24, 25, 26 y concs. de la Ley 25065; 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6,260, 261, 266, 272, 330, 354 inc. 1, 375, 384 y concs. del CPCC) La regulación de honorarios queda diferida para su oportunidad. (art. 31 LHP)
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 99.028, caratulada: "GILARDENGHI, HORACIO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 12.05.2020? Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Vienen los autos a mi conocimiento en virtud del recurso interpuesto por la parte demandada el 22.05.2020 contra la sentencia de mérito; concedido en relación el 26.05.2020 se sustentó con el memorial de fecha 02.06.2020 que mereció la réplica introducida el 14.06.2020.
II. a) Eduardo Gilardenghi promovió demanda de nulidad y daños y perjuicios contra el Banco de la Provincia de Buenos Aries por la suma indemnizatoria de $ 201.907,00, más intereses a la tasa activa. Alegó ser jubilado de esa institución y que enterado informalmente de que existía una deuda registrada a su nombre por parte de un empleado y ex compañero de trabajo, formuló dentro del plazo legal el desconocimiento del gasto que se le imputara mediante resumen de la tarjeta Mastercard de la que es titular, con vencimiento el 22.08.2012.
Refirió que nunca llegó a su domicilio la liquidación, ni se acercó a la sucursal a retirarla debido a que no utilizaba el plástico como forma de pago. Por no obtener respuesta al desconocimiento -realizado mediante nota del 03.01.2013, fs. 5- envió dos misivas al demandado quien contestó en mayo de ese año alegando el vencimiento del plazo; reclamó daño emergente y daño moral (fs. 33/47).
En el escrito de la ampliación de la demanda (fs. 83/85) adjuntó un informe de la organización Veraz S.A. y puso de manifiesto el perjuicio que le causa aparecer en esa base de datos, como deudor.
b) Luego de la negativa general y particular, la demandada se aferró a la falta de pago del gasto por el que inició un procedimiento interno de mora sin acceder al reclamo por vencimiento del término de 30 días para formularlo. Aseveró que como es de público conocimiento, el actor pudo consultar el resumen en la Banca Internet Provincia o solicitar al centro de servicios Visa/Martescard, el saldo adeudado y el pago mínimo.
Agregó que el sistema registra un domicilio, pero que la circunstancia de que el resumen se codificara con el número de la sucursal bancaria "6990" se debió a que es habitual para los empleados que toda documentación le sea remitida a la entidad donde prestan servicios laborales (fs. 123/131).
III. El sentenciante de grado hizo lugar a la acción y dispuso que la demandada no podrá proceder al cobro de la suma de U$S 778,65 que surge de la liquidación de la tarjeta Mastercad n° 5399098129607000 con vencimiento el 22.08.2012 por una compra hecha el 13.07.2012 en Estados Unidos de Norte América, intereses que pudo devengar, ni multas.
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar al accionante la suma de $ 30.000,00, en concepto de daño moral más intereses desde el día de la mora -02.01.2013- cuando Gilardenghi tomó conocimiento de la liquidación hasta su efectivo pago e impuso las costas a la demandada vencida.
IV. Se queja el recurrente al enfatizar que es habitual que a los empleados bancarios se les remitan resúmenes a la sucursal donde trabajan; que si Gilardenghi hubiera querido que el suyo le llegara a otro domicilio debió solicitar su cambio, cosa que no sucedió; extremo no valorado en la instancia desplegándose en cambio -afirma- una absurda valoración probatoria. Puntualiza que el actor como empleado jerarquizado de varios años en la sucursal conocía y aceptaba que el resumen, tarjetas y demás documentación le llegaban a ese lugar.
Se detiene en que el espíritu de la ley de defensa del consumidor no opera en el caso por tratarse de un empleado de carrera, capacitado en los aspectos que describe.
Observa que esto reduce cualquier desigualdad o disparidad en la contratación, brecha que en su esencia es la que intenta disipar ese particular marco protectorio.
A continuación, alega la imposibilidad de su parte de acompañar el cupón de la compra imputada, por hallarse en poder del comercio extranjero donde fuera realizada.
Se queja de la procedencia del rubro daño moral y de la fecha de mora dispuesta para los intereses establecidos en ese tramo; finalmente lo hace en relación a la imposición de las costas.
V. a) Entrando al tratamiento de la cuestión omitiré reiterar los elementos fácticos tenidos por probados que no han sido motivo de agravio preciso (arg. arts. 260, 272 y concs. del CPCC).
Me refiero a la vinculación contractual habida entre el actor y la entidad financiera, básicamente constituida por la prestación de un servicio de tarjeta de crédito en virtud del cual se extendiera el resumen de cuenta de fs. 119 con vencimiento el 22.08.2012, que extractaba un saldo deudor por una compra en moneda extranjera el 13.07.2012, de U$S 778,65.
También, que el resumen nunca fue enviado al domicilio del actor conforme aceptó el banco en su escrito postulatorio, sino depositado en la sucursal de la localidad de Villa Gesell donde aquél trabajaba (v, términos de la contestación de la acción, punto IV); ello más allá de lo acertado de tal proceder que será analizado para determinar si la impugnación fue en término.
Como es habitual, el análisis se centrará en los agravios concretos vertidos (arts. cit.) para lo cual es necesario en forma previa encuadrar jurídicamente la cuestión planteada (arts. 1, 2 y 3 del CCyCN).
En tal labor, no puede negarse que se trata de una típica relación de banco, donde una de las partes despliega su actividad en forma profesional, estable, continuada y masiva, como empresa bancaria intermediando en el crédito. Esta actividad de coordinación, orgánica y sistemática es la que impone a los actos de banco el matiz característico de operaciones bancarias, que tienen como antecedente negocial un contrato bancario que le sirve de marco jurídico (Jorge Alterini (Dir.), "Código Civil y Comercial Comentado", La Ley, 2015, tomo VII, pág. 4 y doctrina allí citada).
Como tal, el Banco otorga un servicio al cliente que lo aprovecha o lo consume (Mosset Iturraspe, J., "El cliente de una entidad financiera -de un banco- es un consumidor tutelado por la Ley 24.240", JA, 1999-II-841) como destinatario final de la operación (art. 42 de la Const. Nac., 1, 2, 65 y concs. de la ley 24.240; 3 y concs. de la ley 25.065); es así que entiendo que el vínculo que uniera a las N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 partes debe ser calificado como una relación de consumo con la recepción normativa referida (arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 del CPCC).
Precisando más la cuestión, como establece el art. 1 de la ley 24.240 en el tramo que interesa, se consideran consumidores a las personas físicas o jurídicas que adquieran o utilicen, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Por su parte, el art. 2 refiere que el proveedor es la persona humana o jurídica de carácter público o privado que actúa profesionalmente en el mercado, con actividades de producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a los sujetos del art. 1 de la LDC.
En el caso, los sujetos reconocen que forman parte de una operatoria multilateral y coordinada que importa la existencia de un conjunto de contratos coligados o conectados entre sí con una finalidad común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido.
No cabe duda que una de las partes de esa relación, la demandada, lleva a cabo su actividad en forma masiva, de evidente trayectoria y con un despliegue económico y empresarial notablemente superior al de la actora (arts. 1, 2, 3, 37, 65 y concs. de la ley 24.240).
El encuadre legal referido no queda truncado por que se trate de un ex empleado bancario de trayectoria y capacitado en su actividad como asevera la accionada; ello no tiene entidad como condición idónea para modificar la calificación de la relación (arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 384 del CPCC). Los parámetros establecidos por la norma para verificar si una vinculación contractuales de consumo, no sugieren una situación similar a la expuesta por la accionada que justifique inaplicar el marco protectorio cuando frente a una organización bancaria que ofrece servicios financieros mediante contratos conexos con cláusulas predispuestas, el usuario fuera conocedor de este tipo de operativas.
Lo fundamental es la ausencia de negociación paritaria más allá de las circunstancias invocadas por la recurrente, la existencia de un proveedor del servicio y de un destinatario final vinculados mediante un contrato -en el casocomo instrumento adecuado para la economía de masas, pues mediante él se producen significativos ahorros propios de la economía de escala: un ahorro de tiempo, al ser evitada la discusión individual de las cláusulas; un ahorro derivado de que la uniformidad de la contratación facilita la homogeneidad de la gestión empresarial; un ahorro de litigiosidad en razón de que los contratos prevén de antemano soluciones puntuales para las distintas alternativas posibles en el desarrollo de la relación entre partes (Alterini, Atilio, "Bases para armar la teoría general del contrato en el derecho moderno", Buenos Aires, La Ley, 1-01-2009, Cita on line: AR/DOC/11425/2001).
Las normas mencionadas responden a una expresa exigencia del art. 42 de la C.N.; y lo que no se debe obviar es que la ley 24.240 debe aplicarse cada vez que haya abusos del contratante fuerte, ya que el dato relevante para que se brinde protección legal debe ser la desigualdad en la capacidad de negociación, lo que ocurre cuando el proveedor ostenta una posición dominante.
Con pie en estos lineamientos y el margen amplio de interpretación, entiendo que la parte actora es consumidora en los términos expuestos al ser el sujeto pasivo del servicio prestado por la institución demandada en forma onerosa y como destinataria final (arts. cit.).
Con mayor razón, entonces corresponde al banco efectuar su aporte en la demostración de aquellas circunstancias sobre las cuales se encuentra en mejor situación que el cliente; como aquella que demuestre la fehaciente puesta en conocimiento de la liquidación, la constitución del domicilio del usuario en la N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 sucursal bancaria, los términos del contrato suscripto o -sin agotar la enumeración- el cumplimiento del procedimiento necesario para tener por constituido en mora al cliente por el supuesto de la falta de pago. Veamos. b) El art. 24 de la ley 25.065 sobre tarjetas de crédito en su texto vigente a lo acontecido en autos -año 2012- (arg. arts. 3 del CC y 7 del CCyCN), disponía en relación al domicilio de envío del resumen que "....el emisor deberá enviar el resumen al domicilio que indique el titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente"; artículo que si bien con posterioridad fue sustituido por art. 171 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018 y derogado por art. 134 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/06/2018.
Y analizadas las constancias que componen los actuados, no surge de ningún elemento probatorio respecto de que el titular de la tarjeta de crédito hubiera indicado o fijado el domicilio de recepción del resumen en la sucursal bancaria (arts. 375, 384 del CPCC).
Si bien mencionó que en algunas oportunidades acudía personalmente a retirar los resúmenes, ello en modo alguno relevaba a la entidad bancaria de la obligación que en su cabeza imponía aquella norma, en absoluto perjuicio del consumidor.
Refiere el banco en su parecer, que es habitual y de público conocimiento que a los empleados bancarios les sean remitidos los resúmenes de cuenta al sitio donde prestan servicios. Pero olvida que se trataba de un jubilado bancario y no de un empleado en actividad, situación que, ya desde el relato mismo impide asimilar la postura que intenta introducir.
Por otra parte, es importante destacar la casi nula utilización de esa tarjeta de crédito según el historial de consumo acompañado al informe emitido por la demandada a fs. 70/74 en fecha 18.11.2013; también así es referido por el actor al señalar que el único y el último consumo había sido en mayo de 2012 (v, resumen de fs. 8) situación no rebatida por su contraria (art. 354 inc. 1 del CPCC).
En este camino, el sentido común y la sana crítica me indican que difícilmente el usuario concurriría al banco o se preocuparía por "retirar" un resumen de tarjeta de crédito que contiene una compra -para él- nunca realizada.
De allí la trascendencia de la comunicación fehaciente, omisión que no puede significar la aceptación de los créditos que surgen del resumen, ya que dejaría al titular de la tarjeta librado a la suerte de una eventual indebida inclusión de obligaciones inexistentes, soslayando la obligación primaria e ineludible de la actividad encaminada a que los resúmenes sean recibidos en tiempo hábil para su pago e impugnación. (arts. 429, 920, 1071, 1198 del CCyCN).
Y aún cuando el titular dispusiera de otros modos de comunicación como el telefónico o el digital que le puedan permitir obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá realizar, lo cierto es que la aplicación del estatuto del consumidor impide visualizar lisa y llanamente tal circunstancia, al menos sin un sustento idóneo.
La ley dispone que el envío del resumen es una obligación impuesta al emisor y no obstante prever que debe ponerse a disposición del usuario un canal de comunicación telefónica u otros medios para que éste pueda informarse sobre el estado de su cuenta (art. 25), pero ello no debe ser interpretado en estos casos como una dispensa de la obligación de emitir y enviar el resumen (arts. 22 y 24 citados).
Desde otro vértice, es importante destacar que la demandada nunca acompañó el contrato base de la vinculación jurídica que permita analizar las condiciones pre pactadas, alguna inversión de las obligaciones del emisor o disposición que prevea el deber del deudor de agotar los medios para la obtención del resumen, sin perjuicio de la eventual valoración de la validez de esas cláusulas (arts. 37, 53 de la ley 24.240).
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
En consonancia con esto, surge de la pericia contable presentada el 06.06.2018 -respuesta al punto primero- que de la documentación exhibida no surge el contrato celebrado entre las partes que permita reproducir lo pactado (art. 473 del CPCC).
También se desprende de lo informado por la entidad bancaria a fs. 70/74 que no tenía en su poder el legajo personal de Gilardenghi, todo lo cual evidencia desprolijidad en el manejo interno del caso, en el resguardo de la información y en la puesta a disposición de documentación de posible utilidad para desentrañar la situación del cliente-consumidor.
Asimismo, señaló el experto Ayala -perito contador oficial- en su informe que solicitados a la entidad los resúmenes de cuenta de la tarjeta Mastercard 008129607-1 con vencimientos los días 17.07.2012 y 18.09.2012, respectivamente, éstos no obraban en la sede comprometiéndose el personal administrativo a gestionar su obtención y remitir los archivos electrónicos al correo del perito.
Pero que habiendo transcurrido una semana sin novedades al respecto, se dio por concluida la recopilación de esa documentación, siendo notoria la falta de colaboración en el aporte de elementos al supuesto en estudio que según indicó el profesional impidió conocer el detalle de los conceptos y montos que conformarían el saldo.
También resulta, en cierto modo reprochable la conducta del demandado, consistente en no acusar recibo ni expedirse en relación al desconocimiento efectuado por el actor a través de la nota de fecha 03.01.2013 obrante a fs. 5, con sello de recepción del banco (v, lo informado por el Banco Provincia a fs. 196 en fecha 18.09.2017).
El art. 27 de la ley 25.065 dispone en relación a la recepción de impugnaciones, que el emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete (7) días de recibida y, en los quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones realizadas en el exterior. Pues ninguno de estos plazos perentorios fue cumplido.
Más aún, ante ese silencio al desconocimiento, el actor procedió a remitir al demandado dos cartas documento; una recibida el 05.04.2013 (v, original de fs. 18) y otra el 19.04.2013 (v, originales de fs. 23/24), contestadas en el mes de mayo del año 2013 conforme surge de la misiva de fs. 29 en la que fuera rechazado el reclamo sin más por haber "...transcurrido el plazo estipulado para cuestionar la liquidación...".
Si bien señala el banco en el informe de fs. 70/74 que durante el procedimiento de mora temprana se le enviaron al actor cartas documentos con fechas 10.12.2012 y 08.02.2013 sin recibir propuesta alguna de refinanciación, lo cierto es que las constancias de estas misivas nunca fueron adjuntadas a la causa, de modo que pueda ser verificada la circunstancia señalada (art. 375 del CPCC). En fin, el espíritu de la ley 24.240 y el principio favorable al consumidor que inspira el art. 3 de ese cuerpo normativo, debe tenerse en cuenta tanto en la apreciación de los hechos, como en la aplicación del Derecho y en la valoración de la prueba (conf. Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G. "Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones", Hammurabi, t. 1, p. 113).
En otros términos, el precepto significa que ha de acudirse al test de racionalidad para determinar, en cada caso, quién se encuentra en posición más vulnerable o más débil, desde el punto de vista fáctico, técnico y económico, a fines de eliminar esa desigualdad, y para ello, la protección comprende la duda en la apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho (Galdos, Jorge Mario, "El principio favor debilis en materia contractual - algunas aproximaciones-", La ley 1997-D, 1112).
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Y en el caso, no sólo se evidencia una conducta poco colaboradora por parte del proveedor de aportar cualquier tipo de elementos de utilidad, sino que tampoco se ha acreditado el cumplimiento de la obligación de enviar los resúmenes de cuenta al domicilio del actor o de ponerlos fehacientemente en su conocimiento, lo cual resulta suficiente para tener por impugnado el saldo al 03.01.2013 a través de la nota obrante a fs. 5 con sello de recepción de la entidad bancaria, en el término previsto en el art. 26 de la ley de tarjetas de crédito.
Sin dudas que era la demandada quien debía acreditar la remisión y recepción del resumen a fin de que el accionante pudiera impugnarlo; al no haberlo hecho y ante la negativa de la recepción, no corresponde tener por configurada su postura.
Al respecto ha sostenido la Suprema Corte que "...todo procedimiento en el que se encuentre en juego una relación de consumo importa la vigencia en materia probatoria delas "cargas dinámicas", principio que es llevado en estos casos a su máxima expresión (SCBA LP Rc 122162, Int. del 15/08/2018).
Reitero, que el actor personalmente retirara en alguna oportunidad los resúmenes, no puede ser considerado como hecho de público conocimiento como dice el recurrente, pues los avances interpretativos -legales, doctrinarios y jurisprudenciales- favorables a la posición del consumidor frente a las empresas e instituciones, serían en vano. El contexto dado no puede interpretarse en el sentido de quedar establecida la existencia de un crédito inexpugnable, conformado en su existencia y cuantificación con la sola emisión del resumen mensual de tarjeta de crédito por la institución bancaria, cuando éste no se prueba que fue remitido ni que haya mediado imposibilidad o defecto en la recepción del mismo por el usuario.
Por lo demás que expone el apelante, en relación a la situación del consumidor frente al entramado de vínculos derivados del uso de la tarjeta de crédito, no puede soslayar su intervención directa en las relaciones jurídicas que se generan en torno de la emisión y uso de la tarjeta. El banco emisor demandado intervino en el otorgamiento de la tarjeta de crédito persiguiendo una finalidad comercial, debiendo disponer a tal fin de una organización humana y técnica idónea, congruente con los compromisos que contrajo. Toda defensa contraria a tal parecer es inatendible y no es consecuente con el principio de defensa del consumidor (arts. 1, 2, 3 y concs., ley 24.240 y sus modificaciones). En cuanto a que la recurrente indica que no fue posible acompañar los cupones de la supuesta compra, en nada modifica la solución anterior en tanto lo expuesto resulta suficiente para su sostenimiento.
En consecuencia, estimo que los agravios traídos no alcanzan para modificar lo resuelto en la instancia de grado, por lo que he de proponer hasta aquí su confirmatoria.
VI. El sentenciante de grado tuvo por acreditado el daño moral invocado por haber sido Gilardenghi incluido en el "Veraz", otorgando por tal concepto la suma de $ 30.000,00.
Analizada la presentación con la que se pretende sustentar el recurso de apelación en estudio se aprecia que es una reiteración casi exacta de los conceptos vertidos al momento de contestar la demanda (fs. 126/128 vta.). Pocos párrafos varían, siendo incluso reiteradas negritas y mayúsculas; se copia además idéntica jurisprudencia y doctrina.
Es contundente el párrafo segundo del art. 260 de la ley adjetiva que señala: "no bastará remitirse a presentaciones anteriores", debiéndose vincular con el primero de los pasajes de dicha norma, conforme al cual el escrito de expresión de agravios "deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Quiere decir que la vedada remisión a otras latitudes del proceso cuenta con un hito, firmemente emplazado, que no es otro que la sentencia objeto de impugnación. En tal N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 sentido, dar por reproducidas alegaciones que ya han sido vertidas antes de ese decisorio constituye la insuficiencia que el art. 261 castiga con la deserción. No debe olvidarse que el ámbito de la apelación no es el mismo que el de primera instancia; está sujeto estrictamente al margen que le da la pretensión del apelante y en consecuencia la competencia del tribunal de alzada se determina por los agravios concretamente invocados y fundados. Si bien esta instancia debe echar mano de la deserción excepcionalmente, tampoco corresponde suplir la actividad de la parte por lo que cabe exigir al apelante una mínima suficiencia técnica; para lograrla no alcanzan las afirmaciones genéricas o meras remisiones carentes de sustento jurídico que no se dan en el escrito bajo análisis referido a la parcela daño moral.
Por lo demás que expone, se trata de cuestiones no introducidas en la instancia anterior como la oposición al daño moral solicitado (art. 272 del CPCC), a lo que cabe agregar que la comunicación del carácter de deudor moroso del actor al Veraz -que fuera el fundamento del daño moral- existió como consecuencia de la suma a la postre desconocida, más allá de otros saldos deudores de diferente origen que pudieran haber existido.
Considero en definitiva, que debe declararse desierto el embate recursivo en este tramo por insuficiencia de agravios(arts. cit.).
VII. a) El Juez de grado estableció que la tasa de interés que devengaría el rubro daño moral lo sería a partir del 02.01.2013,con sustento en que en tal fecha el actor "tomó conocimiento de la liquidación de los gastos realizados con su tarjeta" (sic).
b) Al agraviarse, el demandado señala que surge de autos que el actor tomó conocimiento de que se encontraba en el Veraz recién en 2015 (ver presentación de fs. 84 vta. anteúltimo párrafo), y que a partir de allí debe computarse la mora para los intereses.
Agrega que el desconocimiento del gasto fue tardío y que el actor tenía otras obligaciones vencidas; que inició demanda en diciembre de 2013 y recién se corrió su traslado en 2015, tardanza que no puede jugarle en disfavor. c) Al respecto cabe señalar que asiste razón al apelante en cuanto corresponde aplicar como fecha de mora el momento en que el actor tomó conocimiento de encontrarse incluido en el Veraz S.A. y hecho que fue introducido como fundamento del daño moral.
Si bien al promover la acción el "daño moral contractual" fue sustentado en la circunstancia de figurar desde 2012 en el sistema financiero del Banco Central de la República Argentina (punto VII.c), lo cierto es que la inclusión en el Veraz S.A. fue puntualmente expuesto en el escrito de ampliación de la demanda del 20.03.2015 (fs. 80/85).
Allí se adjuntó el informe emitido el 17.03.2015 por dicha organización donde se registraba la supuesta deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es así que siendo el fundamento del rubro concedido en la instancia de grado la permanencia del accionante en aquel registro de deudores, considero que la fecha de mora debe ser fijada al momento de su introducción en autos como argumento puntual del reclamo actor (art. 509 del CC; 163 inc. 6, 330, 354 del CPCC).
A partir de la presentación indicada -y dado que ni siquiera se había mencionado al Veraz S.A. al inicio de la acción- cabe tener por configurada una fuerte presunción de que fue en esa fecha y no en otra cuando el actor tomó conocimiento de dicha circunstancia (arts. 163 inc. 5, 384 del CPCC). La fecha dispuesta por el sentenciante de grado que coincide con el desconocimiento del actor del resumen de la tarjeta de crédito (02.01.2013, v, carta al banco de fs. 5), no guarda ninguna relación con el fundamento dado N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 para establecer los intereses del capital de condena, asistiéndole en este punto razón al recurrente.
En consecuencia, considero que el inicio del cómputo de los intereses dispuestos sobre el capital, debe fijarse al día 20.03.2015 (v, cargo de fs. 85 vta.) modificándose en este punto la sentencia apelada.
d) En cuanto a la fecha tope de la mora de los intereses, deberá ser establecida hasta el efectivo pago y no hasta el momento en que la información falsa fue rectificada (año 2016) como pretende el apelante, dada la naturaleza de los intereses moratorios sobre el capital indemnizatorio que ninguna relación tiene con el alta del sistema de deudores financieros.
Por lo demás, si bien también menciona que se agravia de la tasa de interés dispuesta, lo cierto es que no se advierte un agravio cierto y concreto en este punto (art. 260 del CPCC).
VIII. En relación a las costas solicita el apelante se impongan en el orden causado.
Cabe señalar que el principio general indica que deben ser soportadas por el vencido, observando la cuestión desde una óptica puramente objetiva, desdeñando los móviles subjetivos que pudieron haber guiado a los justiciables (art. 68 del CPCC).
Esta regla desde ya que tiene algunas excepciones pues el art. 68 párr. segundo del CPCC, faculta al juez a eximir de modo total o parcial de la imposición en costas al litigante vencido.
Pero ello lo será cuando encontrare mérito suficiente para hacerlo debiendo expresarse una motivación concreta frente a serias dificultades de hecho o de derecho, bajo pena de nulidad (Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", T. I, ed. Astrea, pág. 286 y sgtes.). En el caso, no advierto supuesto que amerite el apartamiento a la regla señalada.
La circunstancia de que la demanda no prospere en su totalidad en razón de la desestimación de alguno de los rubros reclamados, no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, pues la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad a la que se vio sometido el accionante (SCBA; Ac. 55.856, sent. del 25-3-1997; CC DO, 84523, RSD-11-7, S, 28-2-2007).
La demanda ha prosperado, y el recurrente fue derrotado en la causa; circunstancia que conlleva la obligación de reparar a quien tuvo necesidad de concurrir a la justicia en procura del reconocimiento de una indemnización por el obrar de sus contrarios.
Por ende, corresponde que la demandada vencida cargue con las costas del proceso en tanto reitero, no hallo razones válidas para apartarme del principio general.
VII. Las costas de esta Alzada corresponde que sean impuestas también al recurrente, por considerárselo vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).
VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Conforme el resultado de la votación precedente, dejo propuesto al Acuerdo modificar la sentencia apelada únicamente en relación a la fecha de mora dispuesta para el cómputo de los intereses sobre el capital de condena, que se establece al 20.03.2015, y confirmarla en lo demás que decide. Costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 16, 17, 18, 42 de la CN; 3, 499, 509, 622, 1069 primera parte y 1083 del CC; 1, 2, 3 y 7 del CCyCN; 1, 2, 3, 37, 65 de la Ley 24.240; 3, 22, 24, 25, 26 y concs. de la Ley 25065; 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6, 260, 261, 266, 272, 330, 354 inc. 1, 375, 384y concs. del CPCC).
ASI LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada en relación a la fecha de mora dispuesta para el cómputo de los intereses sobre el capital de condena, que se establece al 20.03.2015, y se la confirma en lo demás que decide. Costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 16, 17, 18, 42 de la CN; 3, 499, 509, 622, 1069 primera parte y 1083 del CC; 1, 2, 3 y 7 del CCyCN; 1, 2, 3, 37, 65 de la Ley 24.240; 3, 22, 24, 25, 26 y concs. de la Ley 25065; 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6,260, 261, 266, 272, 330, 354 inc. 1, 375, 384 y concs. del CPCC) La regulación de honorarios queda diferida para su oportunidad. (art. 31 LHP) Regístrese. Notifíquese. Devuélvase a la instancia de origen por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).
Fin de la sentencia