Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 108/2024, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Giménez en la suma de $18.489.402, equivalente a 199,92 UMA por la representación procesal, y de $46.223.505, equivalente a 499,81 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-51956007-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Mayo de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente EX -2025-12751471--APM-SGAI#TFN caratulado “Giménez Carlos Rubén s/apelación”
La Dra. O´Donnell dijo:
I. El Sr. Carlos Rubén Giménez interpone el recurso de apelación previsto en el art 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución RESOL-2024-108-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM, dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en la que se le determinó de oficio su obligación y se intima el pago de las obligaciones incluidas en el Anexo I adjunto en concepto de los impuestos a las ganancias y al valor agregado de los periodos fiscales 2021 a 2023 por un total de $337.373.769,77, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Ello, en el carácter de responsable solidario de la firma LP 2012 S.A. en virtud de haber ejercido como Presidente de dicha firma en tales períodos.
En su presentación ante este Tribunal plantea, en primer lugar, la nulidad de la Resolución, invocando que el juez administrativo lo privó de “producir prueba esencial”, y afirma que “nunca ha sido notificado del procedimiento administrativo de determinación”, por lo que no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Por eso, sostiene que la Resolución es nula también por carecer de motivación, ya que no tuvo respaldo probatorio alguno que la motivara, por lo que entiende que no estaban reunidos los requisitos para su dictado.
Asimismo, afirma que no se cumplió con el debido proceso ni se hizo la determinación de oficio mediante los mecanismos legales correspondientes, porque se le determinaron “impuestos improcedentes, aventurados e infundados” dado que , según dice, no es el obligado al pago del tributo sino una persona distinta del verdadero obligado, que es LP 2012 S.A.
En relación a la solidaridad que se le atribuye, manifiesta que debe ser subsidiaria o accesoria de la obligación del deudor principal y asegura que no tenía la potestad de actuar en representación de LP 2012 S.A. porque no se lo designó como Director, ni se le asignó en forma personal la función de pagar las obligaciones fiscales, por lo que asegura que se encuentra exento de responder en forma solidaria ante eventuales incumplimientos de dicha sociedad.
Por otro lado, sostiene que el art. 8 de la ley 11.683 admite que pueden existir situaciones de hecho que coloquen al Director en la posición de tener que incumplir con las obligaciones tributarias, situación que, afirma, en su caso consistió en la insuficiencia de fondos para hacer frente a esas obligaciones, porque la empresa entró en cesación de pagos y se encuentra en proceso concursal.
Afirma que la responsabilidad solidaria no es automática, sino que debe derivar de una conducta culposa o dolosa en el manejo de los fondos sociales, lo que asegura que no se dio en su caso, ya que no existió mal desempeño de la función societaria, e insiste en que no se lo designó como director conforme a los mecanismos societarios. Agrega que, de cualquier modo, no basta con el simple hecho de que una persona haya tenido el cargo de Director para que se la considere responsable solidario, sino que la responsabilidad recae en los que no hayan actuado con la debida diligencia al momento de cumplir con la obligación del pago de los tributos.
Aporta como prueba documental el Estatuto de LP 2012 S.A.
Por todo ello, pide que este Tribunal ordene una medida cautelar de no innovar a fin de que se suspenda el inicio de eventuales juicios de ejecución fiscal hasta que se dicte sentencia en este Expediente y que, oportunamente, se revoque la Resolución, con costas.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, que por los argumentos que expone, pide se confirme su acto, con costas.
III. Por PV-2025-63133106-APN-VOCXI#TFN se resolvió que no resulta procedente el dictado de la medida cautelar solicitada atento a que este Tribunal carece de competencia para ello.
Por PV-2026-50496880-APN-VOCXI#TFN se eleva el Expediente a la Sala y por IF-2026-51317295-APN- VOCXI#TFN queda en estado de dictasre la sentencia IV. Corresponde entonces pronunciarse en primer lugar, sobre el planteo de nulidad formulado por el recurrente sobre la base de sostener que en la instancia administrativa fue vulnerado su derecho de defensa y la garantía del debido proceso. Por un lado, porque no le fue notificado del procedimiento de determinación de su responsabilidad solidaria y, por otro, porque no se le permitió ofrecer pruebas que eran esenciales para su defensa. Cabe ya decir que su planteo no puede prosperar al no configurarse ninguno de los dos supuestos, según las constancias de la causa.
En efecto, como se desprende de los antecedentes administrativos, por Resolución RESOL-2024-87-E-AFIP- DVORR1#SDGOPIM del 25 de octubre de 2024, se le confirió vista de las actuaciones al Sr. Giménez como responsable solidario de LP 2012 S.A. y se le otorgó un plazo de 15 días para que formule su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho (art. 2°), derecho que no ejerció, ya que no presentó descargo alguno, tal como se hace constar en la Resolución RESOL-2024-108-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM.
Asimismo, según consta en la PV-2024-04418179-AFIP-SRECDVORR1#SDGOPIM, la vista le fue notificada de oficio el 28 de octubre de 2024 en su domicilio fiscal, por lo que pudo tomar oportuno conocimiento de la misma. No existió, entonces, la afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio invocada, ya que tuvo el Sr. Giménez la posibilidad de ejercer su defensa en la instancia administrativa previa –aunque allí no lo hizo- y luego ante este Tribunal.
Tampoco resulta procedente la nulidad planteada con sustento en la falta de motivación de la Resolución. Ello porque de su lectura se desprende que está debida y suficientemente motivada, y encuentra sustento en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se advierte violación alguna a las disposiciones de la ley 19.549, como así tampoco a la ley 11.683.
En efecto, no puede tampoco decirse que no es el Sr. Giménez el legitimado para ser intimado a poco que se repare en el régimen de responsabilidad solidaria que específicamente en materia tributaria consagra el art. 8° de la ley 11.683, según el cual las personas que allí se nombran, entre ellos los representantes de las sociedades, son sus responsables solidarios; por ende, la Administración Tributaria puede dirigir el reclamo contra ellos y dado que se trata de un procedimiento reglado, en la medida que sea respetado tiene las consecuencias allí expresamente previstas.
No se da, entonces, ningún vicio de los invocados que lleve a declarar la nulidad pretendida.
Cabe recordar, para terminar, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad opuesta, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. En cuanto a la legitimidad de la decisión, surge de las constancias de la causa que el Sr. Giménez se desempeñó como Presidente de LP 2012 S.A. -cuya actividad principal declarada es la “Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos” con domicilio fiscal en la localidad de Gonzalez Catán (Pcia. de Buenos Aires) y domicilio real en la localidad de Palmar Grande (Pcia. de Corrientes)- en los períodos fiscales comprendidos en las boletas de deuda que llevaron al Fisco Nacional a iniciar los respectivos juicios de ejecución fiscal contra LP 2012 S.A. en los que, no se encuentra en discusión, se dictaron sentencias a su favor que se encuentran firmes. (v. informe “Responsables solidarios de agencia–Deudas autodeclaradas” adjunto al IF-2024-
02865157-AFIP-SECJAGM054#SDGOPIM).
En efecto, de la documentación acompañada por la representación fiscal al contestar el recurso de apelación surge que el Sr. Giménez fue presidente del Directorio de LP 2012 S.A. desde el 20 de marzo de 2014. Ello surge asimismo del Estatuto social (Escritura N° 131, del 16/8/2012), publicado en el Boletín Oficial de la Pcia. de Corrientes el 1° de abril de 2020 (v. IF-2024-02864985-AFIP-SECJAGM054#SDGOP). Además, tenía el carácter de administrador de relaciones de clave fiscal (v. constancia adjunta al IF-2024-02790303-AFIP- SECJAGM054#SDGOPIM y al IF-2025-57373830-APN-DTD#JGM).
Por otra parte, del sistema “Consultas de Sistemas de Recaudación DDJJ” obrante en los antecedentes acompañados, surgen presentaciones digitales efectuadas por LP 2012 S.A. en relación a los impuestos y periodos en cuestión a través del CUIT del Sr. Giménez, en las que éste efectuó consultas y respondió requerimientos en nombre de la sociedad.
Asimismo, formuló acogimiento en nombre de LP 2012 S.A. a diversos planes “Mis Facilidades”, que fueron declarados caducos por falta de pago al momento de la consolidación (IF-2025-57373070-APN-DTD#JGM). Por último, consta en los mismos antecedentes, el carácter del Sr. Giménez como representante legal de las cuentas bancarias de LP 2012 S.A. el Banco Santander Argentina (v. IF-2025-57373996-APN-DTD#JGM). Todo ello permite concluir que se encuentra configurado el elemento objetivo que exige la atribución de responsabilidad solidaria en los periodos comprendidos en las Resoluciones, según los arts. 8 y 17 de la ley 11.683, desde el momento en que el Sr. Giménez fue formalmente designado como Presidente y ejerció efectivamente el cargo de LP 2012 S.A.
Respecto del elemento subjetivo, no explica el Sr. Giménez en su recurso de apelación, ni tampoco lo hizo en la instancia previamente sustanciada en la que no presentó descargo alguno, las razones por las cuales la LP 2012 S.A. no cumplió con sus obligaciones tributarias en los periodos cuestionados, ni brinda explicación o detalle alguno de la operatoria de la empresa ni de su rol en la misma que pueda probar en contrario de los resultados que surgen de la documentación obrante en las actuaciones más arriba reseñada, sino que en forma genérica se limitó a negar la responsabilidad solidaria en materia tributaria de los directores de las sociedades anónimas. No pudo tampoco acreditar el supuesto de eximición de responsabilidad del art. 8, inc. a) de la ley 11.683, esto es que LP 2012 S.A. lo colocó en imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, sino que se circunscribió a invocar el estado concursal de dicha empresa, sin aportar mayores elementos y sin realizar esfuerzo probatorio alguno en esta instancia para demostrar esa circunstancia, ni cualquier otra que lo hubiera colocado en la situación de imposibilidad de pago de esas obligaciones.
Debe aquí recordarse que es criterio de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal que “…los directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si éste no cumple con la intimación efectiva de pago (cfr. C.S.J.N., causa: “Brutti, Stella Maris c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 327:769). En el caso, no puede cuestionarse que se haya cumplido con el recaudo de intimación previa al deudor solidario al que se refiere la jurisprudencia citada desde el momento que las obligaciones intimadas al Sr. Giménez corresponden a boletas de deudas que dieron lugar oportunamente a juicios de ejecución fiscal iniciados contra LP 2012 S.A. que tienen sentencia de remate firme.
Asimismo, se ha sostenido que son tres los requisitos para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa (cfr. esta Sala, en anterior integración, in re, “Troilo, Mauro Gustavo c/D.G.I.”, del 12/06/2007, y en la actual, en autos “Paramio”, ya citado)” -conf. “Tejeda, María Nieves”, sentencia del 30.12.2021-.
En el caso, se encuentran configurados los requisitos previstos en los arts. 8 y 17 de la ley 11.683 y en la jurisprudencia que ha interpretado los alcances de dichas normas para que se atribuya al Sr. Giménez la responsabilidad personal y solidaria por las deudas firmes y consentidas de LP 2012 S.A. de la que fue Presidente en los periodos incluidos en la Resolución y además, la gestionó, operó con sus cuentas bancarias, y efectuó trámites ante el organismo recaudador en su nombre. En otras palabras, el Sr. Giménez ejerció de manera real y efectiva la representación de la empresa y tuvo a su cargo las decisiones de aquélla que es lo que interesa a los efectos de la responsabilidad personal y solidaria que aquí se trata.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución N° 108/2024, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados sobre los cuales no se formularon agravios y proceden en forma automática por la mora en el pago (art. 37, ley 11.683). Las costas de imponen al Sr. Giménez.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 108/2024, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Giménez en la suma de $18.489.402, equivalente a 199,92 UMA por la representación procesal, y de $46.223.505, equivalente a 499,81 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.26 12:37:24 -03:00 Date: 2026.05.26 12:49:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.26 12:49:49 -03:00
Fin de la sentencia