Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-723/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Daniel Marcelo Gimenez contra de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz en mérito a los fundamentos expuestos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: G-723/13-TSJ Sentencia N°: 973 Actor: GIMENEZ DANIEL MARCELO Demandado: JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 29/09/14 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 973 FOLIO Nº 2943/2945 PROT. ELECT. TSS1 021 C.141
Río Gallegos, 29 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “GIMENEZ, DANIEL MARCELO C/ JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº G-723/13, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia de la acción instaurada a fs. 24/27 vta., por el Sr. Daniel Marcelo Gimenez, por intermedio de su apoderado, Dr. Juan Pablo Codino, con el objeto de que se anulen las Disposiciones de la Jefatura de Policía Provincial números 129-D.1-“C”/09, que declara que las lesiones sufridas por el actor no fueron producidas por actos de servicio; y 146-D.1”C”/09, que sancionó con días de arresto y formuló el cargo pecuniario al actor (confr. fs. 24).- En su presentación, expresa que “…sufrió un accidente el día 8 de noviembre de 2007, cuando se dirigía por la Ruta Nacional N° 3 en el móvil policial Nisan Frontier, prio. 472 que se encontraba afectado a la Subcomisaría Chimen Aike en dónde (sic) prestaba servicio en aquél entonces...” (confr. 24vta./25). Añade que en esa oportunidad colisionó con un Fiat Regatta y que por tal motivo se le inició al actor un sumario administrativo (confr. fs. 25); y que tal procedimiento concluyó con la Disposición N° 146-D.1”C”/09 “... en virtud de la cual se lo sancionó con 15 días de arresto, al encuadrarse su conducta en la falta disciplinaria prevista en el art. 12, inc. 1° y art. 29 último párrafo del Reglamento al Régimen Disciplinario, como así también se le formuló, a raíz del mismo hecho, un cargo pecuniario por el valor de $ 49.448, (sic) con más los intereses...” (confr. fs. cit.). Afirma, que ante esta disposición interpuso recurso de reconsideración, el cual fue rechazado; y posteriormente el recurso jerárquico (confr. fs. cit.).- Alega que es arbitraria la Disposición N° 146-D.1-“C”/09, pues no se le dio la oportunidad de ejercer el derecho de defensa previo al dictado de la sanción y afirma que el proceso reglado por el Régimen Disciplinario para el Personal Policial es inconstitucional y violatorio del debido proceso (confr. fs. 25 y vta.).-
Afirma asimismo, que: “... mediante la Disposición Nro. 129-D.1-“C”/09 se dispuso que las lesiones que sufrió el Sr. Gimenez encuadran en el art. 160 R.R.D.P., sin invocar motivación alguna en torno a esa configuración...” (confr. fs. 25vta.). Estima que se vulneran las garantías del Juez natural y se otorgan facultades jurisdiccionales a un órgano administrativo en violación al artículo 109 de la C.N. (confr. fs. 26 vta.).-
Que requeridos los expedientes administrativos y los antecedentes de los actos cuestionados (confr. fs. 43), los mismos no fueron remitidos por no ser habidos conforme surge de fs. 47/54.-
En la contestación de la demanda (a fs. 64/68), el Estado Provincial, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ivan Fernando Saldivia, solicita se rechace la demanda con costas (confr. fs. 64). Luego de realizar negativas generales y particulares respecto de lo afirmado en la demanda (confr. fs. 64 y vta.); expresa que el Ejecutivo Provincial es quien se encuentra legalmente facultado para “… hacer efectivo el cumplimiento del decreto de dicho órgano y de imponer las sanciones correspondientes a aquellos que han incurrido en conductas que transgredan el mismo. Es así, que el accionante, al realizar una conducta que excedía a sus funciones, y cuya causalidad no era equiparable entre el daño ocasionado y la actividad debida, que en dicho momento no se encontraba cumpliendo, se encuentra legítimamente alcanzado por las previsiones que el decreto reglamentario ha previsto para esos casos...” (confr. fs. 66).- Sostiene que el actor “… no ha podido demostrar en forma fehaciente la ilegitimidad o arbitrariedad de los actos administrativos que denuncia, salvo manifestar su posición en desacuerdo con lo dispuesto por la Superioridad, en tanto las mismas se encuentran legalmente encuadradas en los términos del Decreto Reglamentario 2091/72...” (confr. fs. 66).-
Agrega que la Administración tiene facultades para aplicar la sanción de marras (confr. fs. 67vta.). Concluye su argumentación diciendo que: “… los cuestionamientos que la actora realiza carecen de entidad suficiente para conmover lo resuelto por las autoridades provinciales, traduciéndose en el mero desacuerdo en los instrumentos legales que impugnan y en la imposibilidad de corroborar que lo actuado en la sede administrativa resulta en un todo ajustado a derecho...” (confr fs. 68); y que los actos atacados han sido “… dictados bajo el amparo de normas cuya legitimidad no ha sido cuestionada por la parte actora…” (confr. fs. cit.).- Que a fs. 69 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, a efectos de que se expida sobre la admisibilidad formal de la demanda y materia de la litis; quien dictamina -fs. 70/71- que: “...Ello así, permite concluir que desde que se presentó el pedido de pronto despacho (el 10 de Abril de 2012), hasta el momento de interponerse ésta demanda (el 22 de Marzo del 2013) ya había fenecido el plazo que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo otorga al efecto. Consecuentemente, el vencimiento del término legal previsto a tal fin produce la caducidad de la acción intentada, obstando la apertura del proceso… Por lo cual y teniendo en cuenta la presentación extemporánea de la demanda contencioso administrativa, esta Fiscalía entiende que es formalmente inadmisible la misma, ello en virtud de lo establecido en el art. 61 inc. b) de la Ley 2600...” (confr. fs. 70vta.).-
II. Que, luego de reseñadas las posturas de las partes en estos actuados, cabe analizar la admisibilidad formal de la acción entablada. En tal sentido, y atendiendo a lo normado por el artículo 60 del CPCA -Ley Nº 2600- debe verificarse si se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad.-
En nuestra jurisdicción, el mentado artículo 60 del CPCA prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar "in limine" las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
La facultad de evaluar la admisibilidad formal de la acción viene siendo pacíficamente ejercida por este Tribunal al remarcar -a través de sus precedentes- la conveniencia de expedirse sobre la procedencia de la demanda contencioso administrativa “aún de oficio”, pues ello redundaría en beneficio de los litigantes al evitarse dilaciones y gastos de un litigio que podría eventualmente concluir con el rechazo de la demanda por improcedente (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV -Contencioso Administrativo-, Reg. 307, Folio 687/689, ídem Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 786, Folio 2222/2227). Por ello es que llegan los presentes autos al Acuerdo, con la finalidad de expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad. (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. 899, Folio 2633/2635).-
III. Que, en el sub lite el actor peticiona la nulidad de dos actos administrativos; las Disposiciones N° 129-D.1-“C”/09 y 146-D.1-“C”/09, respectivamente. Es decir, la demanda se enmarca en los términos del artículo 40 inciso a) de la ley Nº 2600.-
Así, y con referencia a la Disposición 129-D.1-“C”/09 (obrante en copia a fs. 3), se observa que la actora interpuso recurso de reconsideración con fecha 19 de agosto de 2009 (confr. fs. 7/9). Este es rechazado por la Disposición N° 384-D.1-“C”/10 (confr. 13). Luego formaliza el recurso jerárquico contra ésta con fecha 28 de abril de 2010 (confr. fs. 14/16). El recurso jerárquico también es rechazado mediante Resolución Nº 109 (confr. fs. 19). Por último, el Sr. Gimenez plantea recurso de alzada contra esta última resolución (confr. fs. 20/22). Este recurso no es resuelto. Ante el silencio de la Administración, aquél presentó, el 10 de abril de 2012, un pedido de pronto despacho (confr. fs. 23 y vta.), el cual no instó actividad alguna de la Administración.- Que, en lo relativo a la Disposición n° 146-D.1-“C”/09 (obrante en copia a fs. 4) se constata que la actora interpuso recurso de reconsideración (confr. fs. 5/6), el cual es rechazado mediante Disposición N° 031-D.1-“C”/10 (confr. fs. 10). Contra la misma plantea recurso jerárquico, con fecha el 6 de febrero de 2010 (confr. fs. 11/12 vta.). Según lo afirmado por el actor, interpuso posteriormente “pronto despacho”, sin dar más precisiones.
Atento lo expresado, resulta necesario mencionar que la existencia de plazos de caducidad para demandar a los órganos del Estado se justifica en la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos pues, de lo contrario se afectaría el principio constitucional de seguridad jurídica y el interés público si tales actos quedan sujetos a impugnación por largos períodos (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 831, Folio 2358/2360).- Así, el artículo 61 del CPCA, en su inciso b) dispone que se declarará inadmisible la demanda por haberse interpuesto la acción después de estar vencido el plazo para hacerlo. En cuanto a dicho plazo, el artículo 23 edicta (en lo que para el caso interesa): “La acción que tenga por objeto las pretensiones establecidas en el Artículo 40 Incisos a), b) y c) caduca en el plazo de noventa (90) días.
El plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa, o en los casos de denegación tácita, desde el día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Artículo 8...”. Este último, vale señalarlo, dispone que: “Podrán interponerse igualmente las acciones reguladas en este Código en caso de inactividad o silencio administrativo. Se entenderá que hay denegación tácita cuando, formulada alguna petición, no se resolviera definitivamente dentro de los noventa (90) días de estar el expediente en estado de ser resuelto...”.- Analizada la cuestión a la luz de la normativa reseñada precedentemente, se desprende que la administración no ha dictado resolución alguna; lo cual nos ubica ante el supuesto del artículo 8 de la ley 2600 que prevé que la denegación tácita que habilita la promoción de la acción contencioso administrativa se produce cuando transcurridos 90 días de estar el expediente en estado de ser resuelto, la administración no lo hace.
A partir de allí, la actora disponía del plazo previsto en el art. 23 primer párrafo “in fine” de la norma citada que concede un plazo de 90 días para interponer la demanda, el cual comenzó a correr desde el día siguiente al del vencimiento del establecido en el precedentemente citado artículo 8 (90 días) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 786, Folio 2222/2227; ídem Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. 899, Folio 2633/2635).- No obstante ello, y para el caso, aun realizando la interpretación más favorable al administrado; es decir, considerando como comienzo del plazo de caducidad la presentación del pronto despacho, que fuera interpuesto casi un año después del recurso de alzada (confr. fs. 23); la demanda fue interpuesta vencidos dichos plazos.-
Ello así, permite concluir con respecto a la Disposición 129-D.1-“C”/09, que desde la presentación del pedido de pronto despacho (el 10 de abril de 2012), hasta el momento de interponerse esta demanda (el 22 de marzo del 2013) ya había fenecido el plazo que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600- otorga al efecto (confr. arts. supra citados). Consecuentemente, el vencimiento del término legal previsto a tal fin produce la caducidad de la acción intentada, obstando la apertura del proceso.- Que a idéntica solución debe arribarse respecto de la Disposición n° 146-D.1-“C”/09; en virtud de lo expuesto ut supra y aplicando la interpretación más favorable para el administrado. Efectivamente, el propio actor expone en su demanda que el pronto despacho interpuesto lo fue en virtud de ambas disposiciones, por lo cual el plazo de caducidad debe contarse en idéntica manera. Sin perjuicio que en los presentes autos no se han recibido los expedientes administrativos ni antecedentes de las disposiciones atacadas, que así lo acrediten.- En virtud de lo señalado, debe declararse formalmente inadmisible la demanda, por extemporánea, con costas en el orden causado (art. 90 Ley Nº 2600), y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia:
1. Declarar formalmente inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Daniel Marcelo Gimenez contra de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz en mérito a los fundamentos expuestos.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1021C.141 Tomo: XV Sentencia: 973 Folio N°: 2943/2945 Secretaría: 1
Fin de la sentencia