Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 49270-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
20900/2019 GINSA SA (TF 49270-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por Decisorio del 26/09/2019, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las sanciones aplicadas por las Resoluciones Nros 2998/18 (DV JRES) y 2999/18 (DV JRES) del 17/09/2018, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Resistencia de la AFIP-DGI, por la que se aplicaron multas equivalentes a dos tantos del Impuesto al Valor Agregado omitido por el período fiscal 02/15 y en el Impuesto a las Ganancias- Salidas no Documentadas- por el período fiscal 2015 con sustento en el artículo 46 de la Ley 11.683. Asimismo, impuso las costas a la actora y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional.-
II.-Que el 9/10/19 apeló el Fisco Nacional los honorarios por bajos y el 21/11/19 la actora apeló la resolución del 26/9/2019 “mediante la cual se confirma la sanción aplicada por parte de la AFIP y se efectúa regulación de honorarios a los profesionales intervinientes”. El 12/12/19 expresó agravios la actora, los que fueron contestados por la demandada el 12/10/21. El 6/06/22 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 6/07/22 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que se agravia la actora en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Nación se negó a abrir a prueba las presentes actuaciones, en la medida en que consideró: “Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo a la recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden de desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal, lo que no ha sucedido en autos en razón de que las pruebas ofrecidas versaban únicamente sobre la cuestión de fondo ya conformada…”.-
IV.-Que la negativa a considerar la apertura a prueba fue confirmada por esta Sala el 11/06/19 en el incidente de recurso de queja, por lo que el debate ante esta Alzada queda circunscripto al análisis que de la prueba producida en sede administrativa efectuó el Tribunal Fiscal de la Nación.-
V.-Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).-
VI.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.
VII.-Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.-
Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- VIII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- IX.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa.- X.-Que se agravia la actora en cuanto pretende la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución General (AFIP) Nº 893/00. A fin de rechazar ese planteo, corresponde remitirse al dictamen elaborado por el Sr. Fiscal General el 6/06/22, a cuyos términos me adhiero en un todo.-
XI.-Que por lo antes expuesto, corresponde: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar las Resoluciones Nros. 2998/18 (DV JRES) y 2999/18 (DV JRES) del 17/09/2018, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Resistencia de la AFIP-DGI, con costas en esta instancia a la vencida por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.).
XII. Que, en cuanto a la regulación de honorarios recurrida, cabe tener presente lo siguiente:
(i). La regulación de estipendios no depende exclusivamente del monto del litigio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas que deben ser evaluadas por los jueces con prudencia y discreción (cfr. CSJN en Fallos 257:142; 261:398; 296:124; 322:1536, entre otros).
(ii). A los efectos regulatorios sobre los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación (cfr. CSJN, in re “Establecimiento La Marías SACFA c/ Misiones Provincia de s/ Acción declarativa”, sentencia de fecha 04/09/2018).
En tales condiciones, examinando la labor de los servicios profesionales, su extensión y calidad jurídica ante la complejidad del asunto, con más el resultado obtenido frente a la dedicación prestada – conforme su jerarquía profesional–; corresponde confirmar los estipendios regulados por resultar conforme a derecho.
Por su parte, en lo relativo a los trabajos realizados ante esta Alzada, corresponde fijarlos en 3,11 UMAs, equivalentes a la suma de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V $ 39.649,39 (cfr. art. 30 de la Ley Nº 27423 y Acordada de la CSJN Nº 03/2023).
Para finalizar, cabe dejar aclarado que en el importe establecido precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de IVA, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el letrado, la obligada respecto de dicho emolumento deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, juntamente con el monto del pago.- Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.-
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F.
TREACY
Jorge F. ALEMANY
Fin de la sentencia