Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2334/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las excusaciones deducidas por los Sres. Vocales Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1343209-2024 y PE1343209-2024, respectivamente.-
2Rechazar el recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz, a fs. 48/54 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 115/117 vta., con costas a la recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2334/19-TSJ Interlocutorio N°: 3805 Actor: GIORDANO GABRIEL LUCIO EN AUTOS: 'GIORDANO GABRIEL LUCIO Demandada: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO Objeto: ACCION DE AMPARO s/ INCIDENTE DE EJECUCION' EXPTE. Nº 12.701/17 s/ RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA EXPTE. Nº 17.211/18 s/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO- Fecha: 14-05-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3805 FOLIO Nº 6918/6921 PROT. ELECT. TSS1 019 I.241
Río Gallegos, 14 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “GIORDANO GABRIEL LUCIO EN AUTOS: 'GIORDANO GABRIEL LUCIO c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO s/ ACCION DE AMPARO s/ INCIDENTE DE EJECUCION' EXPTE. Nº 12.701/17 s/ RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA EXPTE. Nº 17.211/18 s/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO-”, Expte. N° G-2334/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, las excusaciones formuladas por los Sres. Vocales, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta, respectivamente (cfr. PE1343209-2024 y PE1352343-2024).-
La Dra. Fernández expresa que: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal de alzada que dictó sentencia en los autos principales caratulados como 'Giordano Gabriel Lucio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz y Otra s/Acción de Amparo' - Expte. Nº G-11.85317 (G-2225/18/TSJ), en los que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ya ha aceptado mi excusación mediante interlocutorio registrado al Tomo XXIX, Reg. 3372, Folio 5636/5637. Por lo expuesto, solicito que se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en las presentes actuaciones.” (cfr. PE1343209-2024).- Por su parte, el Dr. Basanta manifiesta que: “…en el carácter de Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, ha refrendado el Acta Acuerdo obrante a fojas 218/219 de los autos caratulados: 'Giordano Gabriel Lucio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz y Otra s/ Accion de Amparo', Expte. Nº G-11853/17 (G-2225/18-TSJ) y, atento la conexidad verificada entre estos actuados con el mencionado trámite, a los fines de evitar cualquier posible sospecha sobre la objetividad e imparcialidad que pudiera existir en el ánimo de las partes, por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en los presentes en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 30 del CPC y C. En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.” (cfr. PE1352343-2024).- Que, en lo que se refiere a la excusación de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández, encuadrándose la situación planteada en la causal prevista por el artículo 17, inciso 7º, por remisión del artículo 30, primer párrafo, del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
Por su parte, en lo que respecta a la excusación del Dr. Fernando Miguel Basanta, en razón de los escrúpulos fundados por el Sr. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, las circunstancias explicitadas demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos, y en virtud de lo normado en el 2º párrafo del artículo 30 del CPCyC, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, asimismo vienen en virtud del recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz (cfr. fs. 48/54) contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en copia a foja 44/46 vta., que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación cuya copia luce a fs. 35/43 vta.. Fundamenta el rechazo en que dicha impugnación no se dirige contra una resolución pasible de ser recurrida por casación, señalando que lo cuestionado es el rechazo de una queja por encontrarse incompleta, al no haberse acompañado la documental para resolverla, siendo que en el caso se ataca una providencia que no causa estado, ni resuelve el fondo de la cuestión debatida (cfr. fs. 45 y vta.).- El recurso de casación se había interpuesto contra la resolución que rechazó el recurso de queja por apelación en subsidio denegada (agregada en copia en fs. 31/33 de los presentes) interpuesto por el Estado Provincial, por no haber cumplido con el requisito de admisibilidad del artículo 280 del CPCyC, más precisamente no haber acompañado copia de la providencia que fuera recurrida.-
II. Que la quejosa dice que: “Motiva la Queja que aquí se articula, la violación de la doctrina legal, en el caso del Tribunal Superior de Justicia provincial, referente a las excepciones del principio general que admite los recursos extraordinarios únicamente respecto de las sentencias definitivas; así también la doctrina establecida respecto al excesivo rigor formal. Por último, el interlocutorio recurrido -como veremos- peca de arbitrariedad.” (cfr. foja 48 vta.).- Sostiene que el actor pretende ejecutar, en el marco del proceso de amparo, una medida cautelar junto con la sentencia de fondo de Primera Instancia. Agrega que dicha sentencia no se encuentra firme, pues este Alto Tribunal ha declarado bien concedida la casación interpuesta contra dicha resolución, encontrándose a la fecha pendiente de resolución (cfr. foja 50 vta.).-
Trae a colación el artículo 477 del CPCyC que exige, para el inicio del proceso de ejecución, que exista una sentencia firme y que el título ejecutorio consista en un testimonio o fotocopia certificada por el Secretario, quien deberá expresar que ha recaído sentencia firme. Trae a colación que el secretario no certifica acerca de la firmeza del título que se pretende ejecutar (cfr. foja cit.).-
Especula que la sentencia que intenta ejecutarse bien puede ser modificada por el Tribunal Superior de Justicia (cfr. foja 51).-
Señala que el Juez de Primera Instancia advirtió la irregularidad en el proceso de ejecución, pero, incomprensiblemente, dio curso a la misma (cfr. foja cit.).-
Afirma que: “...el juez de primera instancia, al no establecer en forma clara las reglas del procedimiento de ejecución de sentencias, que se aplican por un lado para denegar un recurso de apelación, pero no para dar inicio al proceso ni para informar a esta parte las defensas que puede oponer, mi mandante se vio impedida de ejercer debidamente su derecho de defensa.” (cfr. foja cit.).-
Plantea que la denegación de la apelación evita la revisión a una instancia superior, afectándose las garantías del doble conforme y del debido proceso (cfr. foja cit.).-
Expresa que: “…el a quo entendió que las copias agregadas para ingresar al tratamiento de la cuestión resultaban insuficientes porque no se adjuntó la providencia de fecha 26 de octubre de 2017. Ahora bien, al momento de interponer el recurso de casación se puso de manifiesto que la providencia cuya ausencia se alega se encontraba transcripta en la copia de la cédula de notificación recibida el 31/10/2017, la que puso en conocimiento de esta parte del inicio del presente incidente, y la que resultaba suficiente para resolver los planteos de esta parte acerca de las irregularidades cometidas en primera instancia...” (cfr. foja cit.).- Entiende que se encuentran ante una situación absurda vinculada con la doctrina de la arbitrariedad, al avalarse la ejecución de una sentencia no firme y que se han ratificado graves y groseras violaciones al derecho de defensa de su parte y garantía del debido proceso por parte del a quo. Agrega que ello se agrava porque la Cámara no se ha pronunciado sobre los planteos sustanciales esgrimidos, limitándose a rechazar el recurso de queja por apelación denegada en función de la ausencia de una copia, cuyo contenido se encontraba transcripto en la copia de una cédula acompañada (cfr. foja 51 vta.). Anuda que: “Mientras tanto, un incidente de ejecución nulo se encuentra tramitando en las inferiores instancias y continua (sic) intimándose a esta parte bajo apercibimiento a cumplir con una sentencia que no se encuentra firme. Sencillamente inaudito.” (cfr. foja cit.).-
Sostiene que la causal del rechazo del recurso de queja por apelación denegada resulta a todas luces un desmedido rigorismo formal y que la omisión de tratar cuestiones esenciales del litigio invalida el decisorio emitido (cfr. foja cit.).-
Observa que: “Lo resuelto por la Cámara provoca a esta parte un agravio de imposible reparación ulterior pues, en definitiva, a través de la ejecución de la medida cautelar que -como se ha visto- es Prematura e Improcedente, se compromete directamente el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado, y se impone (sic) multas diarias que agravan aún más la ya delicada situación financiera.” (cfr. foja 52 vta.).- También plantea que se ha afectado la garantía de igualdad de partes (cfr. foja 53).-
Pasan los presentes al Acuerdo a foja 62.-
III. Que como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (cfr. Interlocutorios, Tomos II, Reg. 230, Folio 390; Reg. 231, Folio 391; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453; XV, Reg. 1952, Folio 2892, entre otros), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) se impone preliminarmente verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (cfr.
Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P., 2a edición, Año 1998, pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de -con la queja bastándose a sí misma- hacer posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral.- El objeto del recurso de queja está constituido por la demostración acabada de la existencia de error en el criterio por el Tribunal denegante al declarar la inadmisibilidad del recurso. Corresponde en consecuencia, efectuar una demostración contundente del por qué de tal yerro, en defecto de lo cual el recurso de hecho deviene formalmente insuficiente, imponiéndose su rechazo (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699).- En el sub lite la parte demandada pretende lograr la apertura del recurso de casación denegado por la Excma. Cámara de Apelaciones en su resolución obrante a fs. 115/117 vta. de los autos principales. Para sustentar la inadmisibilidad de dicha impugnación, la Alzada fundamentó que: “…el recurso no se dirige contra una resolución pasible de ser impugnada mediante el recurso intentado. En efecto, lo que se viene cuestionando es el rechazo de una queja por encontrarse incompleta y -por ende- insuficiente la documental acompañada. Ello así, conviene recordar que la calificación que los tribunales de apelación hacen en ejercicio de facultades propias constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en casación, salvo absurdo, máxime, cuanto como en el caso, la providencia atacada no causa estado ni resuelve el fondo de la cuestión debatida.” (cfr. fs. 116 y vta.).- En este contexto, cabe adelantar que la quejosa no logra demostrar con éxito en qué consiste la arbitrariedad o ilegalidad de la Cámara.
Consiguientemente, fracasa en su labor de evidenciar porqué debía admitirse el recurso de queja por apelación denegada, cuando no acompañó copia de la providencia recurrida del 26 de octubre de 2017, en contravención de lo estatuido en el artículo 280, inciso a), del CPCyC que exige que: “...Al interponerse la queja deberá acompañarse copias simples, suscriptas por el letrado del recurrente, de lo siguiente: a) del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y los correspondientes a la sustanciación, si éste hubiese tenido lugar; b) de la resolución recurrida...”.- De la lectura del recurso se advierte que la impugnante no esgrime fundamentos idóneos respecto de la arbitrariedad de la resolución que ataca, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, '...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'' (cfr. Hitters, Juan Carlos: 'Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación', 2da. edición, ed.
LEP S.R.L., 1998, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. s/ Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.) (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3703, Folio 6561/6564).- Asimismo, este Tribunal tiene dicho que: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr.
Interlocutorios, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Efectivamente, en el sub lite no se advierte la existencia de la arbitrariedad, ni violación de la ley, ni excesivo rigorismo formal que se le atribuyen a la resolución atacada. La Cámara realizó una ponderación razonable de la normativa aplicable al caso. Los pretensos agravios del quejoso no superan la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del fallo, tema que constituye claramente una cuestión fáctica y procesal ajena a esta instancia, salvo arbitrariedad.- Es que, para impugnar eficazmente una sentencia a través de un recurso extraordinario, no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados como la quejosa pretende.-
Se advierte que la parte recurrente no suministra argumentos jurídicos suficientes que conduzcan a demostrar el yerro de la Cámara al rechazar la casación de marras.-
Es que para que la pieza recursiva asuma su condición de suficientemente fundada es menester que los fundamentos de la sentencia sean objeto de efectiva impugnación en su integridad, pues, de lo contrario, aquellos de los cuales no se haya hecho cargo la recurrente y que por sí solos sirven para sustentar en derecho la decisión, provocan la firmeza de ésta. Siguiendo esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “...'...es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal…'...” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584).- Paralelamente, se observa que las bases adoptadas por el a quo, relativas al rechazo de la queja por apelación denegada en razón de no acompañarse copia de la providencia recurrida (del 26 de octubre de 2017) son concordantes con precedentes de este Alto Tribunal, a saber: “...desde antiguo se viene decidiendo reiteradamente sobre la desestimación del recurso de queja, cuando el recurrente no cumple con los requisitos formales prescriptos en las normas procesales que rigen la materia, por omisión de adjuntar la documentación establecida en la norma -en el caso, la copia de la sentencia de Cámara-, toda vez que dicho olvido obsta la tarea del Tribunal Superior de Justicia para realizar un análisis íntegro acerca de la admisibilidad de la impugnación que ha sido denegada en la instancia inferior, en tal sentido '…'En la queja por recurso de casación denegado, es carga de la parte adjuntar toda la documentación en que funda su pretensión...de allí que corresponda su rechazo cuando la misma no se encuentra acompañada...' (confr.
Causa N° 16262 “Recurso de queja interpuesto por el particular en causa N° 441 seguida a Edenor S.A”, TC0001, LP 16262 RSD-674-4 S 5-10-2004).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2750, Folio 4254/4255). En efecto el escrito de interposición de un recurso de queja debe autoabastecerse, circunstancia que pone a cargo del recurrente la agregación de los recaudos necesarios para su examen.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3475, Folio 5929/5930 y Reg. 3448, Folio 5851/5852).- Los antecedentes citados nos alejan de la posibilidad de considerar que ha existido arbitrariedad; violación de la ley, de la doctrina legal; o quebrantamiento de forma en la resolución que declara inadmisible el recurso de casación.-
En cuanto a la alegada violación de las garantías constitucionales del doble conforme, debido proceso y defensa en juicio (cfr. arts. 18 CN, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros) se advierte que el recurrente se circunscribe a invocarlas sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales o convencionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699, entre otros).- En suma, no advirtiéndose arbitrariedad; violación de la ley, de la doctrina legal; o excesivo rigorismo formal, se debe concluir que la quejosa no logró rebatir las razones tenidas en cuenta por la Cámara para declarar inadmisible la presentación obrante a fs. 105/113 vta. de los autos principales.-
IV. Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz, a fs. 48/54 de los presentes y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 115/117 vta. de los autos principales; con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo.- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a las excusaciones deducidas por los Sres. Vocales Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1343209-2024 y PE1343209-2024, respectivamente.-
2. Rechazar el recurso de queja articulado por la Provincia de Santa Cruz, a fs. 48/54 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 115/117 vta., con costas a la recurrente.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvanse. Cumplido, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptadas las excusaciones de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1019I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3805 Folio N°: 6818/6921 Secretaría: 1
Fin de la sentencia