Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por desistido al apelante de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa respecto del gravamen controvertido. Asimismo procede tener por remitidos los intereses en la proporción que corresponda y por condonada la multa, con el alcance, en los términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541 y modificatoria. Las costas se imponen al recurrente, salvo en la proporción de los intereses remitidos y la multa condonada, respecto de los cuales se aplican por su orden.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, a la Dra. Cintia Erica Vazquez en la suma de $ 129.827 (pesos ciento veintinueve mil ochocientos veintisiete) por su labor como co-apoderada, al Dr. Ezequiel Silvio Katz $ 324.568.- (pesos trescientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho) por su actuación como co-patrocinante, y al Dr. Jose Antonio Rodriguez en la suma de $ 454.395.- (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco) por su tarea en el doble carácter de co-apoderado y co-patrocinante teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, las etapas procesales cumplidas y demás pautas de la ley 21.839 y su modificación, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-36389968-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Abril de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reùnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular la Vocalía de la 7º Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la Vocalía de la 8° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal subrogante de la Vocalía de la 9º Nominación) para resolver el Expte. N° 36.800-I, caratulado “GIORGETTI, PABLO OSCAR s/apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 22/28vta. se deduce recurso de apelación contra la Resolución N° 336/2012 DO(DV RRMP) dictada con fecha 7 de septiembre 2012, mediante la cual se procedió a determinar de oficio, con carácter parcial, la obligación tributaria del recurrente en el Impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 2008 por la suma de $ 162.085,67.-, con más sus intereses resarcitorios al 31/08/2012 por la suma de $ 163.058,18,- y asimismo se le aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto omitido en virtud de lo dispuesto en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. vigente), en la suma de $ 113.459,96.- A fs. 35/52 el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto exponiendo los argumentos de hecho y de derecho por los cuales peticiona se rechace el recurso de apelación interpuesto y se confirme en todas sus partes la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la actora.
II. Que a fs. 68/68vta. se resolvió, a tenor de lo solicitado por la recurrente a fs. 60/61vta, tener a ésta por desistida parcialmente respecto del recurso de apelación interpuesto en autos, en los términos del art. 164 de la ley 11.683 y del art. 304 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto únicamente de los conceptos detallados en el pto. “V-2) LA COMPRA DE DÓLARES” del escrito de demanda, así como de aquéllos concordantes con el mismo, con costas.
III. Que a fs. 207/211 el representante del Fisco Nacional adjunta documentación presentada por la contribuyente en la agencia pertinente, mediante la cual manifiesta desistir de la acción. A tal efecto obra a fs. 208/209 una presentación digital de la recurrente con su correspondiente acuse de recibo, del 13 de enero de 2021, mediante la cual presenta el Formulario de desistimiento F.408/A referido a estas actuaciones “...en virtud de acogerme a la moratoria ley 27.562, incluyendo en la misma una deuda que esta en discusión en el Tribunal Fiscal de la Nación...”
Que a instancias de este Tribunal el representante el Fisco Nacional a fs. 234 manifiesta que acompaña “...pantallas del plan de pago presentado por el contribuyente y certificado pyme, de lo cual se desprende que el recurrente se encontraría dentro del universo de contribuyentes comprendidos en el inc. a) del art 4 de la R.G. 4816/2020.“ Agregando que “...en lo que se refiere a las causales de exclusión previstas en la ley 27.653 (y sus concordantes ley 27.562), esta representación ha podido corroborar que el actor no se encuentra incurso en las causales de exclusión de sus incisos a) y b), pero respecto a las establecidas en los incisos c) y d) de dicha norma, el Fisco Nacional no posee un sistema interno de consultas para verificar las situaciones previstas en estos incisos. Por lo expuesto, se solicita se dicte sentencia teniendo al recurrente por desistido de la acción y del derecho, con costas.”
Así, a fs. 228/229 el Fisco Nacional informa tres planes de pago, G4944843, J177204 y O485122, éste último Ley 27.542 Fecha de Consolidación 14/12/2020 vigente, donde se encuentra regularizada la obligación “ganancias persona física 2008” por un monto de $ 437.493,81.- con más sus intereses resarcitorios”.
IV. Que a fs. 239 (PV-2024-31783304-APN-VOCIX#TFN) se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
V. Que en el caso a resolver se encuentra involucrado un reclamo de impuesto más sus intereses resarcitorios y multa aplicada, y tal como surge del detalle que acompañó el Fisco Nacional a fs. 228, la actora incluyó en el régimen de regularización la obligación correspondiente al Impuesto a las Ganancias –período fiscal 2008- reclamada por el Fisco, con más los intereses que surgen del tope fijado por el artículo 11 inc. c) de la ley N° 27.541 y modif. –universo ampliado por ley N° 27.562-. En consecuencia, corresponde expedirse sobre la viabilidad del desistimiento y respecto de la procedencia de la condonación del exceso de intereses por sobre ese límite y hasta el monto incluido en las determinaciones de oficio con relación al citado tributo y de la multa aplicada.
Que de las manifestaciones y presentaciones efectuadas por la representación Fiscal se desprende que la aquí recurrente cuenta con certificado MIPYME; cumplió con la regularización de las obligación fiscal reclamada al Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2008- mediante su inclusión en el Plan de Facilidades de Pago O485122 en los términos de la ley N° 27.562; que presentó Formulario N° 408/A (vide fs. 208/210) desistiendo de la acción y del derecho y que de las constancias de autos y de lo informado por el ente fiscal surge que la recurrente no se encuentra incurso en la causales de exclusión de sus inc. a) y b) de la ley N° 27.541, no surgiendo de la misma que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las causales de exclusión restantes (art. 16 inc. c) y d).
Que ello así, con relación al planteo de desistimiento de las obligación incluida en la regularización, debe mencionarse que la actora dio cumplimiento a todas las exigencias objetivas y subjetivas requeridas. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 9° de la ley N° 27.541 y su modificatoria 27.562 al indicar que el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos y asimismo el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas, corresponde tener a la recurrente por desistida por las obligación regularizada relativas al Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2008- y de los derechos y acciones, incluida la repetición (capital e intereses no condonados – artículo 11 inc. c) de la ley N° 27.541 y su modificatoria), con costas.
VI. Que corresponde establecer si procede el beneficio de condonación por los intereses que exceden el límite fijado en el artículo 11 de la ley N° 27.541 y su modificatoria 27.562 y por la multa aplicada.
Que el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para MiPyMEs previsto en el Capítulo 1 del Título IV de la ley N° 27.541 – universo ampliado por ley N° 27.562- contempla los beneficios asociados al acogimiento que se realice por alguno de los conceptos allí incluidos o lo adeudado ya hubiera sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la mencionada norma.
Que conforme surge de las constancias de autos, la recurrente reviste la condición de MIPYME, y de la información suministrada por el Fisco Nacional se desprende que la recurrente regularizó la obligación fiscal aquí apelada relativa al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2008, mediante su inclusión en el Plan de Facilidades O485122 consolidado con fecha 14 de diciembre de 2020, el cual está compuesto por 60 cuotas y según lo informado por el organismo fiscal se encuentra vigente.
Frente a esta descripción de hechos corresponde analizar la legislación aplicable a fin de evaluar la viabilidad de la dispensa que dispone el régimen de la ley N° 27.541 y su modificatoria.
En lo que al presente caso se refiere, el artículo 11 de la citada ley prevé con carácter general, para los sujetos que se acojan al régimen, mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones:
a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998) y sus modificatorias..........que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Capítulo;
b) Del .........de los intereses resarcitorios y/o punitorios .......correspondiente al aporte personal de los trabajadores autónomos;
c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683...............en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para caso se establece........ (ej. 25%, 50% o 75% del capital adeudado).
De lo expuesto resulta natural deducir el alcance que tiene para el legislador la condonación dispuesta en materia de multas e intereses remanentes. Lo hace a través de una remisión al artículo anterior (art. 10°), pero expresamente en materia de pagos. Por ello resulta imprescindible conocer las disposiciones que integran este último artículo, para comprender la significación y contexto en el que se hace la remisión.
El primer párrafo en lo que aquí concierne, contempla que el acogimiento producirá la suspensión de las acciones penales tributarias....... El segundo prevé, expresamente vinculado al pago, que la cancelación total de la deuda, en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria...... El tercero de los párrafos plantea que la eventual caducidad del plan de pagos implicará la reanudación de la acción penal tributaria.......
De la remisión que efectuó el legislador al artículo 10, no abrigo dudas -en forma directa y lineal- que se proyecta a la única referencia posible que es la cancelación total de la deuda -segundo párrafo- atándolo a las condiciones del régimen y a tres formas de cancelación posibles, supuestos que vincularé inmediatamente con las normas del artículo 13 de la ley. Pero además en la remisión al “artículo anterior” que hizo el legislador subyace la verdadera naturaleza y trascendencia de la “cancelación”, pues el acogimiento produce una suspensión de las acciones en curso y sólo la cancelación total de la deuda transforma esa suspensión en extinción. Y ello queda confirmado en el tercer párrafo en tanto prevé que ante la eventual caducidad del plan de pagos solo habrá que reanudar las acciones penales tributarias...... En ningún momento presume una extinción con la mera adhesión a un plan de pagos pendiente de cancelación total. Y ese es el mismo concepto que el legislador utiliza frente al acogimiento y la eventual condonación de intereses -en el caso que nos convoca-.
Decía, que el artículo 13 termina de completar y confirmar el objetivo del legislador, cuando en forma expresa contempla que el beneficio que establece el artículo 11 -condonación y exención- procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguientes condiciones: a) Compensación......., b) Cancelación mediante pago al contado........ y c) Cancelación total, mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración........ Nunca aparece presente que la sola adhesión a un plan de pagos pueda hacer presumir una cancelación, por el contrario la claridad en los términos utilizados ratifican la necesidad de pago. Del mismo surge claramente que cuando no se compense o no se pague al contado la cancelación por vía de un plan de facilidades de pago debe ser total. En primer lugar, guarda estrecha relación con el criterio que en forma contundente expresa el artículo 10° si bien referido a las acciones penales, pero en síntesis es la remisión que eligió el legislador. En segundo lugar, mantiene la consistencia entre el beneficio y los requisitos para usufructuarlo. Pensar en un plan de facilidades y que con la cancelación de un pago a cuenta, o de una única o varias cuotas, en nuestro caso plan de 60 cuotas -teniendo en consideración que el mismo puede extenderse hasta 120 cuotas (10 años) en el régimen de la ley 27.541 y modificatoria-, y que ello resulta suficiente para proceder sin más a una condonación de multas o intereses remanentes, implicaría estar pulverizando toda una labor administrativa que se vino desarrollando desde la fiscalización, la intervención del juez administrativo al aplicar la multa –en caso de corresponder-, la interposición de un recurso ante este Tribunal, la eventual propuesta de pruebas y su admisión, el tratamiento y análisis en esta instancia, según el grado de avance que hubieren tenido cada una de las causas.
Por ello, considero que al encontrarse la obligación sustancial incluida en un plan de pagos aún no cancelado en su totalidad, que la representación fiscal informó como vigente, no procede el otorgamiento del beneficio en este ámbito y oportunidad, tal como como lo he sostenido en las causas ARNOLDI ADOLFO IGNACIO 18-05-21 Expte .........9612; LACASE MARTIN 13-5-21 Expte .........1998; BUFALO S.A. 02-6-21 Expte 49.435-I; SPG S.R.L. 04-06-21 Expte 49807; NOVILLO MIGUEL 14-6-21 Expte 33590; GIRAUDO JULIAN 26-11-20 Expte .......4721 ; SACHI S.A. 25-11- 20 Expte ......6953 ; ARQUIMEDES CARRIZO S..R.L. 23-12-20 Expte ........0284, EXPORTADORA E IMPORTADORA PAR BRAS S.A -04-06-21 - Expte 47.583-I; REDONDA S.A. 09-11-20 - Expte ……2771;
IMPORTAUTO SA – 16-12-20 Expte ………8872; CIANCAGLINI LEOPOLDO- 02-06-21 Expte 49.523;
ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FUSI - 02-06-21 Expte 49.691-I; HUGO DEL CARMEN OJEDA S.A. 23-03-21 Expte …….9396; BROKERS GROUP S.A. 01-06-21 Expte 49.612-I, todas ellas de la Sala D y a las que me remito en mérito a la brevedad.
Adicionalmente a la letra de la ley, considero que tal como se encuentra presente en forma expresa en los artículos 10 y 13 de la ley, la falta de pago que implique una caducidad debería llevar a una REANUDACIÓN del proceso y no a la iniciación de uno nuevo. Entiendo que ese es el sentido que tuvo en cuenta el legislador, que por otra parte resulta confirmado de una manera contundente en la nueva redacción que se le otorgó al artículo 13 con la modificación de la ley 27.562 (art.8°) al establecer “El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, sin otro requisito, algunas de las siguientes condiciones: a) Compensación....b) Cancelación mediante pago al contado........ c) Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago…” El legislador limitó a estos efectos los requisitos a sólo uno, que es el referido al pago. Por ello entender que un plan de facilidades de pago vigente, pero aún no cancelado en su totalidad, resulta suficiente para conceder una condonación total, implica considerar que el legislador desestima todo el proceso administrativo realizado hasta la fecha y que al mismo tiempo quita un incentivo a seguir abonando la obligación principal y su impacto en las multas, teniendo en cuenta que el único título ejecutivo que conservaría el Fisco es el vinculado con el capital, y eventualmente intereses, pero respecto de la sanción perdería todo lo actuado, por no haberse preservado adecuadamente el proceso. Este Tribunal debe hacer justicia, reconociendo los derechos de ambas partes. En el caso del contribuyente, otorgando el beneficio cuando cumpla con la totalidad de los pagos que dieron lugar a la multa. En el caso del Fisco Nacional preservando las tareas que desarrolla la Administración, su función recaudatoria, la inducción al pago, y no desestimando lo avanzado del proceso, según corresponda a cada caso.
En síntesis, ante la existencia de un plan de pagos no cancelado en su totalidad -como en el presente caso-, se deberá remitir el expediente al archivo (Guarda Temporal), hasta tanto la parte actora acredite la cancelación total de la obligación principal (en este caso del Impuesto a la Ganancias -período fiscal 2008-), comportamiento que conduce a la condonación de los intereses remanentes y multa aplicada; o por el contrario el Fisco denuncie el incumplimiento por caducidad del plan de pagos.
Ello se apega a la voluntad de legislador tanto en la ley 27.541 y mod. pues conceder una extinción, evita exponer a este Tribunal a otorgar una condonación plena en situaciones que potencialmente pueden a posteriori revertirse. A su vez la actora conserva todo su derecho a reclamar la condonación una vez cumplido el requisito de pago. Además, resulta contundente la reglamentación de la ley 27.562 -R.G 4816/2020-, en cuanto prevé que de producirse la caducidad del plan de pagos, el Fisco reclamará la parte proporcional de la deuda total -capital, intereses y multas- aún no cancelada. Esto demuestra que de otorgarse en este ámbito una condonación plena ésta entraría en colisión con la facultad del Fisco para reclamar multas “supuestamente condonadas”.
Por último, estimo que las referencias a los artículos 24 de la Resolución General N° 4667/2020 y artículo 25 de la R.G. 4816/20, tampoco contienen suficiente sustento ni resultan aplicables ya que si el legislador requiere la cancelación total de la obligación principal incluida en planes de facilidades de pago para que proceda la condonación de multas vinculadas y/o intereses excedentes, con qué facultades la AFIP podría considerar que únicamente estando incluidas en planes de pago vigentes -sin cancelación total- sí gozaran del beneficio de la condonación.
Frente a lo expuesto, infiero que debe demostrarse la cancelación total de la obligación principal. Esta verificación solo podrá ser posible cuando lo adeudado se hubiere cancelado íntegramente con los intereses no condonados.
VII. Por todo lo expuesto considero:
a) No habiéndose acreditado la cancelación total de la obligación principal relativa al Impuesto a las Ganancias - período fiscal 2008-, pero estando vigente un plan de pagos, procédase a remitir la presente causa al archivo (guarda temporal), hasta tanto la actora acredite la cancelación total de dicha obligación o que el Fisco Nacional denuncie que se ha producido un incumplimiento en el plan de pagos que implique la caducidad del mismo.
b) De no existir presentaciones en ninguno de los dos sentidos, se tendrán por condonados en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2008- los intereses excedentes según el artículo 11 de la ley 27.541 y modificatoria, en la fecha que se cumpla el vencimiento de la última cuota del plan de pagos, así como la multa aplicada atento haber dado cumplimiento a los demás requisitos subjetivos que requiere la citada ley. En este supuesto costas por su orden.
VIII. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 40.571.- (Pesos cuarenta mil quinientos setenta y uno) por el patrocinio letrado y de $ 16.228.- (Pesos dieciséis mil doscientos veintiocho) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA y se encuentran a cargo de la recurrente.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero a los Considerandos I a III del voto precedente.
II. Que en el Capítulo I del Título IV de la ley N° 27.541 y su modificatoria 27.562 (B.O. 26-8-2020) se estableció -entre otras cuestiones- un régimen de “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” para obligaciones vencidas al 31/07/2020 inclusive (art. 8). En relación con los sujetos abarcados por dicho régimen se detallan en los párrafos 3° y 4° de dicho artículo, en tanto no se configure a su respecto alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 16.
Por otra parte, según el artículo 9 de la ley 27.541 “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria. En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas” (el destacado es propio). Asimismo, de su artículo 11 se desprende que los sujetos que se acojan al régimen bajo análisis y cumplan con los pagos pertinentes, gozarán de las siguientes exenciones y/o condonaciones: “a) de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modifs.), que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en el presente capítulo… c) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias... en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece...”.
III. Que, a partir de lo informado por el Fisco Nacional y las constancias acompañadas, surge que la actora se acogió a la moratoria “Ley 27.562” incluyendo la deuda que está en discusión en las presentes actuaciones en el Plan O485122 que se encuentra vigente, que el mismo posee certificado que acredita su condición MiPyME y que no se encuentra incurso en las causales de exclusión de los incisos a) y b) artículo del artículo 16.
Sentado lo que antecede, corresponde tener por desistido al apelante de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa respecto del gravamen controvertido. Asimismo procede tener por remitidos los intereses en la proporción que corresponda y por condonada la multa, con el alcance, en los términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541 y modificatoria. Las costas se imponen al recurrente, salvo en la proporción de los intereses remitidos y la multa condonada, respecto de los cuales se aplican por su orden.
Finalmente, cabe destacar que el control de los términos y condiciones del régimen le compete exclusivamente al organismo recaudador, por lo que, una vez firme el presente pronunciamiento, corresponde su archivo.
IV. Que en relación con la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional corresponde practicar la misma, aplicando las pautas de la ley 21.839 y su modificación, ya que los trabajos efectuados fueron realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423. Asimismo, resulta necesario apartarse de las escalas legales, ya que de seguirse aquéllas se obtendría un arancel con valores de muy escasa significación, en función de la tarea desarrollada en autos.
En tal sentido nuestro más Alto Tribunal ha reconocido la posibilidad de apartarse de los porcentajes previstos en el arancel, a fin de arribar a una solución justa y mesurada, acorde a las circunstancias de cada caso. (“Cia. Financiera Argentina”, sentencia del 2-3-2016, entre muchas otras).
V. Por ello, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes, a la Dra. Cintia Erica Vazquez en la suma de $ 129.827 (pesos ciento veintinueve mil ochocientos veintisiete) por su labor como co-apoderada, al Dr. Ezequiel Silvio Katz $ 324.568 (pesos trescientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho) por su actuación como copatrocinante, y al Dr. Jose Antonio Rodriguez en la suma de $ 454.395 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco) por su tarea en el doble carácter de co-apoderado y co-patrocinante teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, las etapas procesales cumplidas y demás pautas de la ley 21.839 y su modificación, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020.
VI. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
En atención a la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Tener por desistido al apelante de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa respecto del gravamen controvertido. Asimismo procede tener por remitidos los intereses en la proporción que corresponda y por condonada la multa, con el alcance, en los términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541 y modificatoria. Las costas se imponen al recurrente, salvo en la proporción de los intereses remitidos y la multa condonada, respecto de los cuales se aplican por su orden.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, a la Dra. Cintia Erica Vazquez en la suma de $ 129.827 (pesos ciento veintinueve mil ochocientos veintisiete) por su labor como co-apoderada, al Dr. Ezequiel Silvio Katz $ 324.568.- (pesos trescientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho) por su actuación como co-patrocinante, y al Dr. Jose Antonio Rodriguez en la suma de $ 454.395.- (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco) por su tarea en el doble carácter de co-apoderado y co-patrocinante teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada, las etapas procesales cumplidas y demás pautas de la ley 21.839 y su modificación, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado. Regístrese y notifíquese.
Date: 2024.04.09 12:33:47 -03:00 Date: 2024.04.10 14:39:06 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.10 17:17:17 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.10 17:17:18 -03:00
Fin de la sentencia