Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33773-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir las críticas ofrecidas por la firma transportista y por la agente de transporte aduanero Marcela Fabiana Claus y, en consecuencia, revocar el cargo n° 13042LMAN003640T;
2Imponer las costas de ambas instancias al Causa n° 25222/2023, “GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TF 33773- A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
Fisco Nacional; 3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuesto en su contra.
Causa n° 25222/2023, “GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TF 33773- A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Giro Transportes Rodoviarios LTDA (TF 33773-A) c/ DGA s/recurso de apelación”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. A fs. 134/139, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), por mayoría: (i) confirmó parcialmente la resolución nº 1359/13 (AD PASO), en cuanto rechazó la impugnación contra el cargo nº 13 042 LMAN 003640T e intimó a Giro Transportes Rodoviarios LTDA (transportista) y a la Agente de Transporte Aduanero (ATA) Marcela Fabiana Claus al pago de U$S 91.754,16, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses desde el 14/03/13; (ii) distribuyó las costas conforme a sus respectivos vencimientos: 55% a cargo de las coactoras y 45% del Fisco.
Para así decidir, en esencia, sostuvo que:
(a) No se encuentra controvertido el incumplimiento de la destinación suspensiva de tránsito de importación nº 13042MANI012396B, ni que ello fue consecuencia del robo del camión marca Scania, dominio IHX9075 y de su acoplado marca Random, dominio DHU8979, que transportaba la mercadería amparada por aquélla destinación.
(b) Las presentes actuaciones no tienen encuadramiento en la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Tevelam SRL” porque las recurrentes no acreditaron el cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero. (c) El robo se produjo el 15/02/13 y el aviso a la Aduana se realizó por Multinota recién el 21/02/13; es decir seis días después del siniestro cuando el Código Aduanero (C.A.) requiere una necesaria inmediatez. (d) De la copia de la nota periodística acompañada no surge información fehaciente que permita vincularla específicamente con el robo del medio de transporte aquí involucrado.
(e) La investigación penal del delito de contrabando no incide sobre la cuestión tributaria. El C.A. determina como responsables y sujetos pasivos de la exigencia tributaria a los beneficiarios del régimen de tránsito.
La única prueba conducente para conocer el estado de la causa penal no fue cumplida en atención a que las recurrentes no cumplieron su diligenciamiento.
(f) Las coactoras cuestionaron la liquidación aduanera en cuanto consideran que no se tuvo en cuenta el origen brasilero de la mercadería. Sin embargo, no aportaron prueba pertinente a fin acreditar ese extremo más allá de haberse acompañado copias simples de los certificados de origen.
(g) No procede la exigencia tributaria en concepto de Iva adicional e IG en atención al precedente de la CSJN, “Cladd Ita SA c/EN- DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ DGA”, del 26/11/19.
II. Disconformes, Giro Transportes Rodoviarios LTDA y la ATA apelaron y expresaron agravios, que fueron replicados (fs. 153, 157/168 y 179/180, respectivamente).
En esencia, sostuvieron que:
(a) No corresponde condenarlas al pago de los tributos que gravan la mercadería ingresada al territorio aduanero irregularmente. Ello es así en atención a que el robo representó un hecho de fuerza mayor irresistible.
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(b) El siniestro fue comunicado a la Aduana el primer día hábil posterior (21/02/13) a la fecha que el conductor fue liberado y formuló denuncia policial (17/02/13), siendo el 18/02/13 y 19/02/13 fin de semana, y el 20/02/13 feriado nacional.
(c) El TFN “…puede tomarse tres años para hacer lugar a la prueba ofrecida y dictar auto de apertura a prueba mientras que tiene a esta parte por desinteresada de la única prueba a producirse en autos siendo que el oficio ordenado era de extraña jurisdicción, lo que conllevó a que se demorara el diligenciamiento”.
(d) El artículo periodístico que acompañaron da cuenta que el camión que transportó la mercadería robada fue hallado entre los rodados encontrados en el galpón de Villa Esther que funcionaba como depósito de armas de fuego, medios de transportes, mercancías y demás elementos sustraídos en hechos de piratería del asfalto.
(e) La doctrina emanada del precedente de la CSJN en la causa “Tevelam” es completamente aplicable dado que no existió descuido del control de la carga, ni conducta que indicara connivencia con el hecho delictual.
Además, cumplieron con la comunicación dispuesta en el art. 308 del C.A. y, en el momento del robo, el transportista se encontraba cumpliendo con el itinerario que le había asignado la Aduana. (f) Se debió dilucidar la verdad respecto de los ilícitos penales: contrabando, robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad. Es “…en cabeza del malhechor que está la obligación tributaria”. (g) El TFN realizó una incorrecta interpretación de los arts. 310, 311, 312 y 315 del C.A.
El hecho gravado se produjo. Sin embargo, el sujeto pasivo de las exigencias tributarias no es el transportista o el ATA. No “…sería razonable que la víctima quien debió soportar el despojo de la mercadería sea quien encima debe afrontar el pago de los impuestos al contrabandista”.
Se trató de un hecho que tuvo carácter de caso fortuito o fuerza mayor, lo que desplazó las consecuencias del incumplimiento de los deberes impuestos por el régimen, “…sin perjuicio de que el hecho gravado por los derechos de importación… fue desempeñado por otra persona a la cual sí le cabe la calidad de ‘importador’ por contrabando…”.
(h) “Teniendo en cuenta que no se ha podido averiguar si las investigaciones por delito de contrabando han determinado quien ha sido la persona que ha ingresado clandestinamente la mercadería al circuito económico interno y, por ende, quien es el verdadero importador, así como tampoco se ha determinado si la mercadería ha sido encontrada, los cargos formulados resultan prematuros, careciendo el Administrador de Aduanas de competencia para la pretensión cursada”.
(i) Toda vez que el TFN revocó los montos exigidos en concepto de Iva adicional e IG, no hay “circunstancia que amerite apartarse del principio de la derrota en materia de costas, en cuanto a los tributos revocados”.
(j) En subsidio, no corresponde exigir los derechos de importación y la tasa de estadísticas por tratarse de mercadería originaria y procedente del MERCOSUR, conforme surge del certificado de origen (Brasil).
III. A fs. 190/191 se regularon los honorarios de los letrados intervinientes en autos, los que sólo fueron apelados por la representación fiscal “por bajos” y “por altos” (fs. 199).
IV. De entrada, no es ocioso traer a primer plano algunas premisas que serán sustento del análisis a realizar.
Son las siguientes:
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(a) A diferencia de lo que disponía el sistema anterior (donde todas las mercaderías que atravesaban la frontera debían someterse al pago de derechos de aduana), el actual régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación, posibilita que la mercadería (que carece de libre circulación interna) pueda ser sometida a otra destinación aduanera (art. 296 C.A.). Y que pueda hacerlo, sin “sujeción” a los tributos que gravan la importación para consumo (art. 305 C.A.).
Esto es, se trata de mercadería que ingresa y circula por el país sin pagar el arancel y demás tributos que gravaren la importación. Implica pues un “beneficio” (art. 302 C.A.), que erigiéndose en definitiva como fuera del régimen general, califica como un “privilegio” (art. 75 inc. 18 de la C.N.) y tiene carácter excepcional.
Por ser así, en caso de duda, su interpretación debe ser restrictiva y resuelta en forma adversa a quien lo invoca (CSJN, Fallos: 198:18; 204:110; Sala III, en “Blancanuez SA c/ DGA”, del 6/6/13, firme por desestimación del extraordinario: art. 280 C.P.C.C.N.: v. CSJN B.820.XLIX., del 10/6/14).
(b) Además, en sentido técnico aduanero, hace a la existencia de un plexo de normas con expresos deberes a cargo de los beneficiarios, a quienes se les exige conductas determinadas y se les asigna responsabilidades, cuyo cumplimiento condiciona aquélla no sujeción tributaria (conf. Alsina, Barreira, Basaldúa, Cotter Moine y Vidal Albarracín en “Código Aduanero Comentado” T. 1, 2011, pág. 628, 629 y ccds.).
(c) Sabido es que, en materia de prueba, las exigencias del art. 377 del C.P.C.C.N. deben interpretarse con arreglo a la presunción de legitimidad del acto administrativo (art. 12 L.N.P.A.).
Esto así, “…a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar en cada caso la veracidad de los hechos en que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio” (CSJN, Fallos: 218:312, 324 y 372; 294:69; 328:53).
No es pues la Administración Federal de Ingresos Públicos -como emisora de tales actos administrativos-, quien debe demostrar su veracidad; sino quien pide la nulidad de tales actos en juicio. Según el régimen legal vigente, cuando faltan mercaderías en tránsito, o cuando no arriba el medio que las transporta a la aduana de destino -luego de un mes de vencido el plazo para realizar el tránsito-; se presume, sin admitirse prueba en contrario, que aquéllas han sido importadas para consumo.
Esto es, se trata de una presunción iure et de iure, por la cual se consideran responsables de la obligación tributaria emergente, al transportista o, en su caso, al agente de transporte y, subsidiariamente y con solidaridad entre sí, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería, y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación (arts. 310, 311 y 312 del C.A.).
La finalidad del sistema así instaurado es proteger el erario público, evitando componendas o connivencias, incluso el denominado “autorobo”. Para preservar la hacienda pública, el Código Aduanero establece la responsabilidad por deuda ajena del transportista y de los beneficiarios del régimen suspensivo, en los arts. 311, 312 y 315 (Sala III, en “Galeano Gladis”, del 11/9/18 y Sala IV, en “Pepsico de Argentina SRL”, del 14/12/17; entre otros).
V. En tales condiciones, importa traer a primer plano, la línea jurisprudencial que se viene elaborando en torno a la posibilidad de dispensar el pago de tributos, a los responsables del hecho gravado (por la importación para consumo). Y, de hacerlo sin violentar los expresos deberes asignados por los arts. 310 y 311 del C.A.
(a) En “Tevelam” (del 11/12/12) la Corte Suprema distinguió dos situaciones:
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Por un lado, la de “…quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; …o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción…”. Y por el otro, la de “…quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado…”. Más aún, si “…venía acompañado en calidad de custodia por otro vehículo que también fue sustraído con la misma modalidad delictiva…”
(considerando 11 del fallo cit.; conf. Sala III en “Blancanuez”, del 6/6/13, firme por art. 280 el 10/6/14).
(b) De tal distinción, resulta la posibilidad de dispensa, únicamente, si el siniestro se produjo pese al cumplimiento de todos los deberes inherentes al tránsito de importación, entre los que se encuentra el deber de custodia de la mercadería (conf. CSJN “Tevelam”, en especial cons. 11 y 12; ratificado y aclarado en “Blancanuez SA” (cit.), donde la Sala III, con toda claridad se expidió al respecto; con lineamientos que siguió la Sala IV en “Barrera” del 17/11/16; y Sala V en “Briket SA” del 29/9/16; entre otros).
Importante aspecto que debe dilucidarse -especialmente en lo concerniente al nivel de precaución exigible-, según las circunstancias fácticas y probatorias de cada especie singular (dada la imposibilidad de fijar doctrina uniforme que comprenda las variantes posibles; CNCAF en Pleno “Transportadora San Cristóbal Ltda.”, del 29/4/2013; esta Sala en “DM Transporte E Logística Internacional”, del 18/12/14, “Transportadora DM SA”, del 12/03/15; “Expreso Aracatuba LTDA”, del 27/10/15; “Irmaos Schwanck LTDA”, del 20/10/16; y “SHK SA”, del 23/08/18).
(c) En suma, la posibilidad de eximir del pago de tributos, estará sujeta, entre otros recaudos, a la verificación fáctica del cumplimiento de los deberes de custodia por parte del responsable.
VI. La res. 1359/13 (AD PASO), aquí impugnada, expresamente indicó que “…no se controvierte el acaecimiento del robo de la mercadería … tampoco se pone en dudas la existencia de la denuncia formulada ni la tramitación de causa penal ante el Ministerio Público. Tampoco se pone en tela de juicio la comunicación del siniestro al servicio aduanero en los términos del art. 308 del CA ni se endilga negligencia al ATA en el cumplimiento de sus deberes” (v. fs. 79/86 de las act. adm., en especial, fs. 80). Por ser así, solo resta examinar si se cumplieron o no, los correspondientes deberes de guarda y custodia. (A) Carga de la Prueba.
A diferencia de lo que pretenden las recurrentes, no es el Fisco quien debe acreditar la “custodia de la mercadería”, invirtiendo de ese modo la carga probatoria.
Tal como se viene postulando en casos análogos, dicha carga recae en cabeza de aquellos a los que la ley atribuyó esa responsabilidad (arts. 310 y 311 C.A.; en mismo sentido, Sala III, en “Blancanuez SA”, ya cit., y en “Kuarahy SRL”, del 27/9/16; Sala IV en nueva lectura del precedente “Tevelam” en “Mayuli”, del 23/9/14 -aclarada el 7/10/14- y reiterada en “Pepsico de Argentina SRL”, del 14/12/17; Sala V, en “Briket”, del 29/9/16).
Máxime cuando es el solicitante de la exención tributaria quien, a través de sencilla prueba, se encuentra en las mejores condiciones para conocer los riesgos de la actividad, adoptar medidas para evitar los siniestros, y, en definitiva, demostrar sus afirmaciones.
(B) Resta evaluar, entonces, si se cumplieron “con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario”. Para ello, y a fin de resguardar la carga, distintas Salas del fuero enunciaron, a modo ilustrativo, diversas medidas. Entre ellas: (a) que el transporte cuente con un servicio de custodia; (b) que posea control satelital o personal; o (c) que -sin perjuicio del seguro de la mercadería Causa n° 25222/2023, “GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TF 33773- A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
contratado por cuenta y orden del importador, conf. art. 303- se contrate un seguro contra robos a favor del servicio aduanero.
Sin que, a tal fin, resulte suficiente sostener que no se desvió del itinerario establecido ante la autoridad aduanera (Sala III, en “Galeano Gladis”, del 11/9/18; Sala IV, en “Barrera”, del 17/11/16; Sala V, en “Capovila”, del 12/7/16, “Frutabras Comercio e Transporte Internacional LTDA”, del 14/7/16, y en “Briket SA”, del 29/9/16; entre otros).
Los actores ante el TFN (transportista y el ATA) no alegaron, y mucho menos ofrecieron probar, el cumplimiento del deber de guarda y custodia de la carga, que sobre ellos pesaba.
De lo actuado no se desprende que se cumplan aquí los presupuestos de hecho valorados por la Corte Suprema en “Tevelam”, como concluyó el Tribunal Fiscal.
Es que, no surge la contratación de servicio de custodia, ni otra precaución respecto al cuidado de la carga (que sólo contaba con la presencia del chofer que conducía el camión). En efecto:
(a) De la nota periodística acompañada a la causa -y a la insistentemente refieren las recurrentes- sólo se podría inferir el acaecimiento del robo, circunstancia que, como se dijo, no se encuentra aquí discutida.
(b) En la ampliación de la denuncia policial, el chofer se limitó a manifestar que: “…el lugar donde fue interceptado por los delincuentes fue en la Ruta 12 km 35,700 de la localidad de Zavalla Pcia. de Santa Fe, el día 15/02/2013 alrededor de las 17:30 hs.” (v. fs. 56/57 de las act. adm.).
(c) No se advierte, menos aún las recurrentes invocan cómo del resultado y/o estado de la causa penal labrada como consecuencia del ilícito perpetuado se pondría constatar el cumplimiento de los deberes de guardia y custodia de la mercadería.
Cabe añadir, todavía, que la falta de custodia y/o de prueba encaminada a tal fin, toma particular relieve de cara al largo trayecto por recorrer en territorio argentino (viaje que tuvo origen en Uruguaiana, Brasil, con destino a Santiago de Chile), debiendo pasar por Paso de los Libres, Cuatro Bocas, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Rosario, Venado Tuerto, Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis, Mendoza, Uspallata, Punta de Vaca, Los Libertadores, Los Andes (v. Manifiesto Internacional de Carga, obrante a fs. 3 de las act. adm.). (C) Ese incumplimiento a los deberes de custodia de la mercadería, que nunca llegó a destino, obsta a la operatividad de la exención tributaria prevista en el art. 315 del CA.
Los responsables, sobre quienes pesaba el deber de demostrar que cumplieron con los deberes de custodia, no lo hicieron, por lo que no lograron revertir la presunción de legitimidad de la resolución 1359/13 (AD PASO), en cuanto rechazó eximirlos de responsabilidad tributaria (art. 12 LNPA).
VII. El planteo subsidiario articulado por las recurrentes también debe ser rechazado. Es que, sus afirmaciones genéricas y dogmáticas no son suficientes para rebatir lo decidido por el TFN sobre el punto. Ello es así dado que, como lo indicó el pronunciamiento recurrido, no se acreditó fehacientemente la procedencia de la mercadería aquí involucrada. Pues, a tal fin no resultan suficientes las copias simples de los certificados de origen acompañados a la causa (en sentido similar, doc. Sala IV, “Vesuvio SACIFI y Otros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/02/19).
VIII. Corresponde rechazar los agravios respecto de las costas decididas en la instancia anterior en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos.
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Los diferentes criterios jurisprudenciales habidos en punto a la interpretación de la excepción del art. 315 del C.A. y, aún de los alcances del precedente de la CSJN in re “Tevelam”, autorizan a imponer las costas de esta instancia, en el orden causado (art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.).
IX. Resta expedirse acerca de los recursos de apelación interpuestos por la representación fiscal contra la regulación de honorarios de fs. 190/191.
En función de la naturaleza del proceso, de su monto -para el que debe tomarse la suma estimada por el TFN, que no mereció objeciones-, de la etapa procesal cumplida, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE CONFIRMAN en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS ($59.042) los honorarios fijados tanto a favor de la representación fiscal -de los cuales queda a cargo de las coactoras el 55%-, como de la Dra. María L. Ugartemendía, letrada patrocinante de las coactoras -de los cuales queda a cargo del FN el 45%,- por su actuación en la instancia anterior (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839).
X. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: (i) desestimar los agravios de Giro Transportes Rodoviarios LTDA y de la Agente de Transporte Aduanero, con costas por su orden; (ii) confirmar los honorarios de la instancia anterior conforme lo indicado en el considerando IX.
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. Comparto la reseña de los antecedentes de la causa formulada por la jueza Liliana María Heiland en los considerandos I, II, III y VI, primer párrafo, de su voto.
Discrepo, sin embargo, con la solución que propone en el plano sustancial, a partir de una diferente apreciación sobre quien recae la carga de la prueba del incumplimiento de los deberes de custodia, que, a mi juicio, resulta decisiva para dar solución al caso.
II. No hay controversia acerca del robo del camión y de su carga ocurrido en la localidad de Zavalla, provincia de Santa Fe. Tampoco hay discusión en torno a que la empresa transportista cumplió con el itinerario declarado y con el deber de comunicar el hecho a la Aduana en los términos del artículo 308 del Código Aduanero (fs. 79/86 de las actuaciones administrativas).
III. Fijadas aquellas premisas, la cuestión central sometida al conocimiento de esta sala consiste en determinar si corresponde aplicar al caso la excepción que prevé el artículo 315 del Código Aduanero a la luz del precedente “Tevelam SRL” (Fallos: 335:2549) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció diversas pautas:
1. El artículo 315 del Código Aduanero “distingue la hipótesis de la mercadería ‘irremediablemente perdida por algún siniestro’ ocurrido durante su transporte, en alusión a la que no tiene posibilidad alguna de utilización en el mercado interno, y por ende, no se la sujeta al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo —primer párrafo, del art. 315—, de aquella otra en que la mercadería no puede considerarse ‘irremediablemente perdida’, pues ‘…pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero’ — segundo párrafo, del art. 315—, situación que parece aludir a los supuestos de hurto, o de robo, como el denunciado en el sub examine”. Causa n° 25222/2023, “GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TF 33773- A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
2. “[E]l sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción —y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero— no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro”.
IV. Con esa perspectiva, aquí, como en el precedente “Tevelam SRL”:
1. No se encuentra discutido el robo de la mercadería ingresada al territorio nacional ni que la denuncia policial, y la notificación a la aduana, fueron efectuadas en tiempo oportuno (esta sala, causa “Expreso Aracatuba Ltda. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 3 de julio de 2020).
2. No está demostrada la falta de control de la carga que iba conducida hacia la aduana de destino, por lo que, de conformidad con la doctrina establecida por la Corte Suprema, “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades en los términos del artículo 308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del artículo 315, segunda parte, de aquel ordenamiento” (esta sala, causas “Transporte Furlong SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Zarate, Mariano Enrique y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Irmaos Schwanck LTDA y otro (TF 27377-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” y “Torres Fanny Gabriela c/ DGA s/ recurso directo de organismo”, pronunciamientos del 11 de febrero y 5 de abril de 2016, del 16 de agosto de 2018 y del 11 de diciembre de 2018 ; y “Expreso Aracatuba”).
Por consiguiente, debe admitirse el planteo de las recurrentes y revocarse el pronunciamiento apelado.
V. Las costas de ambas instancias quedan a cargo del Fisco Nacional ya que resulta sustancialmente vencido y no se advierten razones que justifiquen válidamente apartarse del criterio objetivo de la derrota (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 1163 del Código Aduanero).
VI. Dado del modo en que se resuelve la cuestión referente a las costas, corresponde dejar sin efecto la regulación de los honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra dicha regulación.
Por las razones expuestas voto por: 1. Admitir las críticas ofrecidas por la firma transportista y por la agente de transporte aduanero Marcela Fabiana Claus y, en consecuencia, revocar el cargo n° 13042LMAN003640T; 2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional; 3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuesto en su contra.
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto del juez Facio. En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1. Admitir las críticas ofrecidas por la firma transportista y por la agente de transporte aduanero Marcela Fabiana Claus y, en consecuencia, revocar el cargo n° 13042LMAN003640T; 2. Imponer las costas de ambas instancias al Causa n° 25222/2023, “GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TF 33773- A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
Fisco Nacional; 3. Dejar sin efecto la regulación de los honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuesto en su contra.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Liliana María Heiland Rodolfo Eduardo Facio (en disidencia)
Clara María do Pico
Fin de la sentencia