Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-16061-BB1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación deducido por los actores contra la sentencia definitiva de primera instancia, con costas a los apelantes vencidos [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A.].
2Postergar la regulación de honorarios profesionales por los trabajos en segunda instancia hasta la oportunidad correspondiente [art. 31 de la ley 14.967].
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-16061-BB1E "GIULIANI CRISTIAN Y OTRO/A c. CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA s. PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín .
I. El Juez de grado rechazó la demanda interpuesta por Cristian Giuliani y Eduardo Miller contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Condenó en costas a los actores vencidos [art. 51 del C.P.C.A.] y postergó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta la oportunidad correspondiente.
II. Puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia respecto del recurso de apelación deducido contra dicho pronunciamiento por la parte actora el 17-06-2025 [cfr. auto de Presidencia de este Tribunal de fecha 19-05-2026, firme y consentido], corresponde plantear y votar la siguiente
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Conforme surge del relato de antecedentes del caso efectuado por el a quo , la acción que aquí tramita fue promovida por Cristian Giuliani y Eduardo Miller contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) reclamando una indemnización a la que se considerarían con derecho por cuanto, habiendo presentado su parte en el año 2016 un proyecto ante el Organismo demandado para el emplazamiento en la Plaza del Puerto de un ". café resto con gastronomía regional y arquitectura basada en construcción modular." con vista al mar, y aportado, además, los planos, renders y demás documentación y respondido a las varias observaciones formuladas por la entidad, el 18-03-2020 desde el propio Consorcio se les habría informado que el plan en cuestión había sido desestimado, no obstante lo cual los actores habrían podido advertir que el ente portuario habría "copiado la idea" (tanto desde el punto de vista del proyecto arquitectónico como en lo que hace a la dinámica de su explotación comercial) para luego darle la concesión del proyecto a otra empresa, generando así a su favor un enriquecimiento a expensas de la ilegítima apropiación y explotación de la propiedad intelectual de los actores. Alegarían asimismo los demandantes que, en su oportunidad, reclamaron extrajudicialmente (mediante remisión de una carta documento) al CGPBB el resarcimiento de los perjuicios irrogados por tal obrar "de mala fe", sin obtener respuesta favorable.
2. El a quo rechazó la demanda.
En primer lugar, trató la defensa de prescripción opuesta por el ente demandado.
Al respecto el magistrado sostuvo -con apoyo en citas jurisprudenciales- que la prescripción comenzaría a correr "desde que el crédito existe y puede ser exigido" y que la acción se encontraría expedita, en el caso, desde el momento del hecho generador del daño y no desde la agravación del perjuicio o desde que éste fue conocido en su exacta dimensión, ". pues la persistencia de los daños no altera la fecha de inicio de la acción ni el cómputo de la prescripción." .
Aplicando tales pautas, pudo concluir -por un lado- que, en la medida en que la acción fue interpuesta con el objeto de obtener un pronunciamiento que condene a la demandada a resarcir los daños sufridos por los actores desde ".que se empezó a explotar el resto-café." , el planteo de prescripción debería rechazarse en cuanto a dicha parcela de la pretensión.
No obstante, por otro lado, entendió que la defensa en cuestión sí resultaría atendible en relación a la pretensión "subsidiaria" de los demandantes de que les sean resarcidos los gastos vinculados a la confección del proyecto entre los años 2016 y 2018. Sobre el particular, el magistrado destacó que, luego de ser sometido a la consideración de diversas áreas del Consorcio, el proyecto finalmente había sido rechazado por acta del Directorio n° 951 de fecha 02-11-2018; teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde dicha fecha hasta la de interposición de demanda -concluyó-, la acción para viabilizar el referido reclamo subsidiario se encontraría prescripta.
Sentadas tales conclusiones, se abocó seguidamente a analizar los fundamentos de la pretensión resarcitoria en lo que de ella quedaría en pie.
En ese orden, recordó que los actores plantearon que ".se violó claramente la ley de información confidencial (.) Se dio acceso a información confidencial de un proyecto de negocio y se advertía en las comunicaciones el carácter confidencial de la documentación entregada. Los DEMANDADOS con total mala fe se aprovecharon de la información disponible y se la cedieron a un tercero para que pudiera iniciar la explotación de un negocio totalmente planificado por los ACTORES.." .
Para dar respuesta a ello, tuvo en vista lo normado por el art. 992 del Código Civil y Comercial respecto del deber de confidencialidad, como así también lo normado por los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.766. Hizo referencia también a las funciones y objeto del Consorcio de Gestión portuaria (art. 7 de la ley 11.414 y Resolución CGPBB n° 9/2008).
Luego, apuntó que los actores presentaron ante el Consorcio una propuesta de iniciativa privada que tramitó en el expediente n° 398/17 "La Finca Catering y eventos, solicitud de espacio para proyecto gastronómico", actuaciones de las que surge la existencia de pases a diferentes áreas del CGPBB con sus opiniones; y que ello significó someter el proyecto a un trámite reglado que impediría considerar confidencial la información aportada, ya que de acuerdo con lo normado por el art. 6 de la citada Resolución nº 9/2008 del CGPBB la resolución del Directorio sobre la existencia de "interés público portuario" para la entrega de una concesión requeriría como paso previo un ". informe sobre la viabilidad jurídica, económica y técnica de la iniciativa por parte de las áreas del ente administrador portuario que tengan competencia en la materia." ; y ello sería así sin perjuicio de que tampoco se advertiría que ". la actora al presentar el proyecto haya solicitado la confidencialidad de la información aportada en los términos del art. 1 de la Ley 24.766." , ni surgiría probado -a todo evento y aun en la hipótesis de reconocer al proyecto en cuestión calidad confidencial-, que el Consorcio hubiera facilitado esa información a un tercero para que se beneficie con su explotación.
Desechó también al argumento actoral que postularía que ". los demandados se están enriqueciendo al otorgar en concesión la explotación de un rest café, totalmente proyectado por los actores, cobrando un canon por dicha concesión.".
Al respecto, observó el magistrado que del acta de Directorio nº 951 del 02-11-2018 surgiría que, habiendo informado el ingeniero Franchini sobre la existencia de dos proyectos gastronómicos a desarrollarse en la Plazoleta del Puerto, respectivamente presentados por "La Finca" y "The Queen Bay", se resolvió por unanimidad rechazar las dos propuestas, sin perjuicio de que, valorándose la importancia de contar con servicios gastronómicos en el lugar a fin de fomentar las actividades sociales y turísticas, también se decidió de modo unánime efectuar una convocatoria abierta mediante llamado a concurso de proyectos integrales.
Luego, del informe de fecha 17-03-2022 emitido por el área de Concesiones surgiría también que el ". 8 de octubre de 2019 el Directorio del CGPBB aprobó el otorgamiento de dos permisos de uso para la ubicación de food trucks por un lapso transitorio de seis (6) meses; uno a la empresa Techera Turismo (nombre de fantasía "La Barca") y otra a la Cámara de Propietarios y Armadores de Pesca de la Ría de Bahía Blanca en conjunto con la pesquera The Queen Bay SRL (nombre de fantasía 'Proa al Viento') . a fin de realizar un análisis de la viabilidad económica de la instalación de diversas propuestas gastronómicas en el sector denominado Paseo del Puerto, como instancia previa a la convocatoria a concurso de proyectos integrales." realizada en noviembre de 2019.
Luego, por acta nº 1016 del 28-06-2022 se habría decidido prorrogar por un término de 4 meses, ". coincidente con el lanzamiento del nuevo proyecto gastronómico." , el permiso otorgado a los food trucks antes mencionados; y, por resolución nº 15/2022, finalmente se decidió otorgar un permiso de uso transitorio por un año que benefició solamente a la empresa The Queen Bay S.R.L.
Con todo ello en vista, el a quo señaló que no surgiría de la prueba que la demandada hubiera incurrido en una conducta violatoria de las normas de propiedad intelectual en los términos alegados por los actores, sino tan solo que el Consorcio se limitó a otorgar un permiso de uso a las propuestas gastronómicas presentadas. Y, en ese orden, tampoco surgiría que tales permisos o sus prórrogas hubiesen sido cuestionados por la parte actora.
A lo expuesto añadió que los demandantes tampoco dirigieron la acción contra los propietarios u operadores del establecimiento supuestamente diseñado a partir de una copia de su proyecto; sujetos a quienes, pese a no haberlos mencionado siquiera en demanda, eventualmente deberían haber demandado por los daños que dicen haber sufrido como consecuencia de aquella alegada apropiación de su creación intelectual.
A todo evento, destacó el magistrado que ". un café resto con gastronomía regional en el puerto y con vista al mar, en principio no constituye una idea novedosa en los términos denunciados por los actores." ; máxime cuando ellos mismos, al presentar su propuesta, habrían indicado que se basaron en ". proyectos similares que se han realizado con gran éxito en importantes ciudades portuarias del mundo." .
3. Al fundar su recurso contra dicho pronunciamiento, los actores argumentan que el a quo habría efectuado una calificación jurídica incorrecta de la cuestión en controversia, ya que -arguyen- ". se trató de un plagio integral de una idea de negocio, no de meros aspectos técnicos.".
En ese orden, reafirman la idea de que medió una ". apropiación ilegítima de una propuesta comercial, técnica y culturalmente original, desarrollada durante años por los actores, entregada al Consorcio con fines de evaluación, y luego replicada en su totalidad por un tercero con aval del propio organismo.".
Explican que, para sostener tal afirmación, se basarían en que la entidad consideró que el proyecto elaborado por su parte no resultaba conveniente y, no obstante, luego seleccionó a un contratista que presentó un proyecto idéntico.
En tal sentido, narran que el Consorcio, en su momento, solicitó ". planos, renders, estudios técnicos, reformulaciones funcionales, colores, tipos de materiales y hasta propuestas gastronómicas concretas. Cuando el proyecto estuvo finalmente maduro, y sin abrir ningún procedimiento competitivo, el organismo cortó intempestivamente el vínculo con los autores y adjudicó a un tercero una versión prácticamente idéntica. La similitud no es casual ni superficial: incluso los menús del establecimiento concesionado eran iguales o muy semejantes a los diseñados por los actores." .
Todo ello -señalan- evidenciaría una estrategia de apropiación planificada que decantó en un verdadero plagio, figura cuya concreción no requiere de una copia literal sino que se puede configurar también con "coincidencias sustanciales en la forma, estructura y expresión de una obra".
Afirman entonces que ello ocurrió en el caso, pues ". todo fue replicado por la empresa que terminó siendo adjudicataria." (lógica del diseño, orientación funcional, concepción global del proyecto).
Endilgan así al Consorcio demandado un obrar contrario al deber de buena fe que redundó, a su vez, en un enriquecimiento sin causa para dicho ente: ". una vez que el Consorcio obtuvo un proyecto completo, funcional y viable, éste pasó a otro operador sin reconocimiento ni compensación." . En la actualidad -explica- el Consorcio percibiría un canon abonado por quien explota ese proyecto.
Hacen referencia a que tanto la ley nacional 27.275 como la ley provincial 12.475 (y su decreto reglamentario) exceptuarían de la categoría de información pública cuyo acceso regulan a aquélla de carácter técnico, económico o comercial que haya sido entregada por terceros al Estado con carácter confidencial, cuya divulgación pudiera afectar derechos de propiedad intelectual o ventajas competitivas legítimas. Menciona también la causal de reserva contemplada por el art. 8 inciso "C" de la citada ley 27.275.
Plantean así que el Consorcio fue un ". partícipe necesario y activo del acto lesivo." , proponiendo dos hipótesis conforme a las cuales -en su visión- pudo haberse consumado el obrar que consideran un "plagio": ". 1) o bien la contratista solicitó un pedido de información pública que le permitió acceder a la propuesta formulada por esta parte (lo que no fue acreditado documentalmente por la demandada); o bien 2) el Consorcio compartió el plan de negocios a otra empresa, a espaldas de esta parte, lo cual transgredió el deber de buena fe." .
Luego se agravian respecto del rechazo de la prueba de inspección judicial ofrecida en el grado, alegando que el rechazo de tal medio probatorio implicaría una "afectación sustancial al derecho de defensa en juicio". No obstante ello, aclaran que aun cuando la sentencia resultara arbitraria por haber sido dictada prescindiendo de esa prueba, las constancias documentales aportadas al caso, correctamente valoradas, permitirían tener por acreditados "todos los hechos fundantes de la demanda".
Finalmente, argumentan que en el caso habría mediado una incorrecta aplicación del régimen de prescripción, pues -explican- ". el plazo por infracción a derechos de autor se renueva con cada uso ilegítimo y no se computa como daño extracontractual.".
3. A su turno, el consorcio demandado replica los fundamentos del recurso intentado por los actores, solicitando a esta Alzada su rechazo con costas.
II. El recurso no merece estima.
1. Advierto, ante todo, que el agravio ensayado en torno a la omisión del a quo de proveer a la prueba de inspección judicial producida en la instancia y que busca desvirtuar el pronunciamiento ahora apelado a partir de tal supuesta falencia, aparece enlazado al replanteo de dicha prueba que los propios actores efectuaran en el capítulo "V." del mismo memorial y que fue desestimado por este Tribunal mediante resolución dictada en autos -hoy firme y consentida- en fecha 19-05-2026.
Atento a los términos de este último pronunciamiento, a cuyos fundamentos remito por razones de brevedad, el agravio de referencia ha perdido toda virtualidad.
2. Dicho lo anterior, descarto también la crítica dirigida hacia lo decidido en el grado en punto a la prescripción de la acción.
De la sola lectura del fallo apelado surge -como se expuso al relatar los antecedentes del caso- que, al pronunciarse sobre la prescripción opuesta, el magistrado rechazó dicha defensa respecto de aquella parcela de la pretensión actoral relativa a la reparación de los supuestos daños que los demandantes alegarían haber sufrido como consecuencia de la materialización y explotación, por un tercero no autorizado, del proyecto de "café-resto" sobre el cual invocan su propiedad intelectual; perjuicio cuyo carácter continuado no sería desconocido por el a quo sino que, por el contrario, se apreciaría como razón del temperamento por éste adoptado. Y, luego, si bien el Juez de grado acogió parcialmente la excepción de referencia, lo hizo justamente en relación a otra parcela del reclamo, cual es aquélla vinculada al resarcimiento de los gastos en que incurrieran los actores para el desarrollo del proyecto en cuestión hasta aquel momento del año 2018 en el que el Consorcio demandado, "rompiendo intempestivamente el vínculo" con su parte -según ellos mismos alegan-, truncando toda posibilidad de que el plan de negocios se concrete.
Con ello en vista, el hecho de que el apelante intente ahora conmover aquel temperamento del a quo en la única parcela en que podría entenderse que le causa agravio, alegando sin más que el indebido aprovechamiento de su propiedad intelectual se seguiría materializando en la medida en que ". el local continúa funcionando, explotando comercialmente el proyecto sustraído.", dando lugar a cada instante a ". una infracción autónoma que renueva el curso del plazo prescriptivo.", no patentiza otra cosa que la desatención de la parte recurrente frente a los concretos fundamentos y alcances del pronunciamiento de grado.
Tal falencia coloca a su ensayo crítico -al menos en el segmento aquí tratado- lejos de revelar una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, requisito este que, impuesto por el art. 56 inc. 3° del C.P.C.A., exige primordialmente hacerse cargo de los fundamentos del fallo a través de un memorial que exponga en forma seria, fundada, concreta y objetiva sus errores, punto por punto, junto con la cabal demostración de los motivos para considerarlo erróneo, injusto o contrario a derecho (esta Cámara causa C-9110-MP2 "Breiersdorf", sent. del 27-10-2020; C-15515-BB1E "Furlong", sent. del 26-03-2026).
3. En sus restantes parcelas, el recurso intentado no merece mayor estima.
3.1. El a quo fundó su posición adversa al progreso del reclamo indemnizatorio intentado a partir de una serie de premisas, cada una de las cuales exhibe suficiente entidad como para justificar por sí, desde el punto de vista lógico, el rechazo de la acción.
Una de ellas, postula que no se probó la conducta ilegítima atribuida al Consorcio demandado consistente en la supuesta transmisión a terceros del contenido e información relativa al proyecto presentado por Giuliani y Miller, toda vez que del material colectado tan solo surgiría que el Directorio del Consorcio rechazó la propuesta de los actores y la de otro interesado, para luego convocar a un concurso abierto de proyectos integrales, otorgando finalmente un permiso de explotación mediante un acto que, además, no fue oportunamente cuestionado por los aquí demandantes. Y a ello se adicionaría -en el razonar del a quo - que, en ese contexto, ni siquiera se hizo mención en demanda a los propietarios o explotadores del emprendimiento comercial cuyo diseño y operatoria, según los actores, funcionaría sobre la base de un "plagio" de su idea o proyecto, contra quienes -en todo caso y conforme a los hechos en que se fundó la pretensión- debería haberse dirigido la acción aquí instada.
Frente a tal construcción argumental, los apelantes se limitan ahora a reafirmar la alegada configuración de aquel "plagio" que atribuirían al Consorcio de Gestión a modo de conducta ilícita generadora del deber de resarcir, aunque prescindiendo de un desarrollo argumental capaz de desbaratar el juicio realizado por el a quo en torno a la ausencia de prueba sobre tal extremo.
En ese orden, todo haría parecer que los apelantes únicamente tendrían certeza para sí respecto de las similitudes que dicen advertir entre su idea y el emprendimiento comercial gastronómico finalmente instalado en el área portuaria, pues solo a partir de tal alegada semejanza -que por su parte postularían como un hecho objetivo y comprobable a partir de la sola prueba documental- ensayan luego de un modo meramente conjetural o hipotético dos posibles escenarios en los que el Consorcio podría haberse erigido en partícipe o colaborador de aquella apropiación de sus ideas: ya compartiendo el proyecto de los actores, por propia voluntad y en violación al deber de buena fe, con terceros; ya haciéndolo frente a un requerimiento de acceso a dicha información formulado por estos últimos.
Así, más allá de que los apelantes ni siquiera intentarían justificar -a todo evento- aquella omisión reprochada por el a quo de dirigir la acción contra esos terceros identificarían certeramente como aprovechadores del "plagio" alegado, tampoco hacen un mínimo esfuerzo por desvirtuar el análisis probatorio llevado a cabo en la instancia, ciñéndose a la simple formulación de conjeturas o suposiciones sobre un extremo basilar para la atribución de responsabilidad que, como tales, resultan inhábiles para fundar válidamente la apelación.
3.2. Y si bien lo anterior basta para desestimar la crítica intentada contra el rechazo de la acción, advierto además el nulo esfuerzo de los apelantes por poner en crisis otro postulado fundamental del fallo apelado, cual es aquél que señala que, a todo evento, la idea o proyecto de un establecimiento gastronómico como el que habrían proyectado los actores -respecto del cual ellos mismos reconocieron que se asemejaría a otros desarrollados en otras ciudades portuarias del mundo- carecería de originalidad como para considerarlo alcanzado por la tutela que brinda el régimen de propiedad intelectual vigente, invocado por los actores para tachar de ilegítimo el supuesto obrar de su contraria.
3.3. Siendo entonces que la crítica ensayada deja incólumes aquellas premisas dotadas de suficiencia como para sostener por sí, desde el punto de vista lógico, el temperamento materia de agravio (v. esta Cámara causa P-1407-DO1 "Escobar", sent. del 02-02-2010; C-13988-AZ1E "Cueva del León S.C.A.", sent. del 11-07-2024), y conforme a lo expuesto en el cuarto párrafo del punto "II.2." anterior, el recurso debe desestimarse en razón de su manifiesta insuficiencia.
IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido por los actores contra la sentencia definitiva de primera instancia, con costas a los apelantes vencidos (argto. art. 51 inc. 1º del C.P.C.A.).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada en el mismo sentido.
De conformidad con los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar el recurso de apelación deducido por los actores contra la sentencia definitiva de primera instancia, con costas a los apelantes vencidos [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A.].
2. Postergar la regulación de honorarios profesionales por los trabajos en segunda instancia hasta la oportunidad correspondiente [art. 31 de la ley 14.967].
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA n° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1018-2026
Fin de la sentencia