Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.442-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA Nº 5369/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 08/11/2016, en el marco de la actuación administrativa SIGEA N° 12228-843-2010, en cuanto ha sido materia de agravio por parte del despachante de aduana interviniente, Sr. Néstor Adolfo Jaureguy.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119265102-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados “GIVAUDAN ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de Apelación” Expte. Nº 37.442-A y su acumulado expte. N° 37.453-A caratulado: “JAUREGUY NESTOR ADOLFO”, y I.- Por intermedio de la sentencia dictada el 28/11/2023 (INLEG-2023-141680405-APN-VOCXIX#TFN), obrante a fs. 130/131 de autos, este Tribunal resolvió, en cuanto aquí interesa, tener por desistida a la coactora "Givaudan Argentina S.A." del recurso de apelación interpuesto a fs. 11/16, contra la Resolución DE PRLA Nº 5369/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 08/11/2016, en el marco de la actuación administrativa SIGEA N° 12228-843-2010.
Dicha resolución dispuso condenar a la firma importadora "Givaudan Argentina S.A." y al despachante de aduana interviniente, Sr. Néstor Adolfo Jaureguy, al pago de una multa de $ 214.780,62, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. c) del Código Aduanero, en relación con la destinación de importación N° 10 073 IC04 149357 D.
En particular, al despachante se le atribuyó haber incumplido las obligaciones inherentes a su rol como agente auxiliar del servicio aduanero, especialmente en virtud de su formación profesional, al no verificar adecuadamente la exactitud del valor en aduana declarado y el advertido por el servicio aduanero.
II. A fs. 146, la firma “Givaudan Argentina S.A.” solicitó la devolución del expediente administrativo SIGEA N° 12228-843-2010 con el objeto de proceder al pago de la multa e intereses correspondientes. A pesar de que aún se encontraba pendiente resolver el recurso de apelación interpuesto por el despachante Sr. Néstor Adolfo Jaureguy, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección General de Aduanas, donde se acreditó el pago mediante el Comprobante VEP N° 1373396929 y se generó la liquidación manual 24073LMAN1111836J, la cual fue debidamente afectada.
Posteriormente, a fs. 171 los autos fueron elevados a la Sala “G” a fin de emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación deducido por el despachante. Finalmente, a fs. 181 se pasan los autos a sentencia.
III. Cabe destacar que, más allá de que la multa impuesta mediante la Resolución DE PRLA Nº 5369/2016 haya sido cancelada por la co-actora “Givaudan Argentina S.A.” (según consta en la documentación obrante a fs. 83/87 del expediente administrativo SIGEA N° 12228-843-2010 y las copias certificadas agregadas a fs. 173/180 de autos) ello no extingue ni torna abstracto el recurso interpuesto por el despachante de aduana, Sr. Néstor Adolfo Jaureguy. Sus agravios conservan plena vigencia, dado que su situación procesal es autónoma y no se encuentra subsumida en la actuación de la firma importadora. En su carácter de agente auxiliar del servicio aduanero, su responsabilidad debe ser analizada en forma individual, atendiendo a su rol técnico en la tramitación de la destinación cuestionada y a las obligaciones específicas que le impone el régimen legal vigente. Por tanto, corresponde continuar con el tratamiento del recurso a fin de emitir un pronunciamiento expreso sobre la procedencia de la sanción impuesta en relación con su conducta.
IV. En su presentación de fs. 24ref./27ref. el apelante Jaureguy niega haber incurrido en conducta dolosa o culposa, sostiene que su actuación se limitó a consignar los datos proporcionados por la importadora, sin que existieran elementos objetivos que le permitieran advertir una inexactitud en el valor declarado. En tal sentido, afirma que no le corresponde verificar la razonabilidad del precio pactado entre partes privadas, sino reflejar fielmente la documentación respaldatoria que le fuera entregada. Manifiesta haber cumplido con las obligaciones inherentes a su rol como agente auxiliar del servicio aduanero, conforme a los estándares profesionales exigibles, y que no se le puede atribuir responsabilidad por una supuesta infracción que no estaba a su alcance detectar, en ausencia de signos externos que generaran sospecha o exigieran una verificación adicional. Invoca jurisprudencia y principios del derecho administrativo sancionador, particularmente el de culpabilidad, para sostener que no puede ser sancionado sin una acreditación clara y concreta de su participación subjetiva en el hecho infraccional. En consecuencia, solicita se revoque la sanción impuesta, por considerar que la imputación carece de sustento fáctico y jurídico suficiente.
V. Sentado lo que antecedente, resulta decisivo en el sub examine ahondar en el sentido de la responsabilidad del despachante de aduana y la posibilidad de aplicar, en el caso de marras, la figura infraccional atribuida.
VI. Por de pronto, encuentro necesario hacer notar que, si bien el art. 954 hace aplicable la sanción a quien efectuare una declaración inexacta, no debe colegirse la existencia de una sanción automática que se configura ante la comprobación del resultado. Es menester ponderar, en cada caso en particular, si cualquier auxiliar del servicio aduanero hubiera podido precaver que lo declarado iría a diferir con el resultado de la comprobación. Lo cierto es que el carácter de garante del cumplimiento de la manda administrativa, que asume el colaborador del servicio aduanero, no lo hace responsable de cualquier contingencia. Tal conclusión resulta adecuada a las especiales características de las obligaciones para con el sistema de fiscalización.
A nadie se le puede pedir responsabilidad por obligaciones que son de imposible cumplimiento.
VII. En tal sentido, cabe destacar las diferencias que existen entre un sistema de responsabilidad objetiva y un sistema de responsabilidad automática. En el primer caso, siempre resultará menester ahondar en si el obligado está en condiciones “objetivas” de cumplir con la manda legal. En el segundo caso, se examinan meros resultados. Lo primero es propio de las relaciones de justicia distributiva. Lo segundo es característico de las relaciones de justicia conmutativa.
Precisamente, en el caso bajo examen, encuentro que la diferencia de valor que motivó la imputación tuvo su origen en un error material cometido por el exportador del extranjero al emitir la Factura N° 1166257, cuyo importe no guardaba relación con el valor real de la mercadería objeto de la transacción. Tal error fue posteriormente reconocido por el propio proveedor, quién procedió a anular la factura mediante la emisión de la Nota de Crédito N° 1166257CR, con el fin de regularizar la operación y posibilitar el pago conforme al valor efectivamente pactado.
Dicho error, ajeno al ámbito de actuación del despachante de aduana interviniente, excede los controles que razonablemente pueden exigirse en el ejercicio de sus funciones, máxime cuando no se presentaron signos externos que habilitaran una sospecha fundada sobre la veracidad de los datos aportados por la importadora.
VIII. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para revocar el acto administrativo recurrido, máxime cuando la resolución sancionatoria se limita a formular afirmaciones genéricas sobre el deber de profesionalismo que recae sobre los agentes auxiliares del servicio aduanero, sin precisar qué conducta concreta debió haber adoptado el Sr. Néstor Adolfo Jaureguy para evitar la supuesta inexactitud en la declaración, ni justificar si tal exigencia se encontraba dentro de los parámetros razonables de su actuación profesional.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución DE PRLA Nº 5369/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 08/11/2016, en el marco de la actuación administrativa SIGEA N° 12228-843-2010, en cuanto ha sido materia de agravio por parte del despachante de aduana interviniente, Sr. Néstor Adolfo Jaureguy.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución DE PRLA Nº 5369/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 08/11/2016, en el marco de la actuación administrativa SIGEA N° 12228-843-2010, en cuanto ha sido materia de agravio por parte del despachante de aduana interviniente, Sr. Néstor Adolfo Jaureguy.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.23 16:41:48 ART Date: 2025.10.23 16:44:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.27 13:53:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.27 13:54:00 -03:00
Fin de la sentencia