Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-772/17-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: G-772/17-TSJ Sentencia N°: 1050 Actor: GLACCO COMPAÑÍA PETROLERA S.A. - ROCH S.A. - AREAS CHORRILLOS/PALERMO AIKE/CAMPO BREMEN/MOY AIKE/OCEANO - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 11/09/18 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1050 FOLIO Nº 3296/3297 PROT. ELECT. TSS1 010 C.181
Río Gallegos, 11 de septiembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “GLACCO COMPAÑÍA PETROLERA S.A. - ROCH S.A. - AREAS CHORRILLOS/PALERMO AIKE/CAMPO BREMEN/MOY AIKE/OCEANO - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº G-772/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la parte demandada a fs. 126/127 vta..-
Allí afirma, en lo sustancial, que: “…desde el proveído del Excmo. Tribunal Superior del 12/07/2017…(último acto impulsorio) y hasta la fecha de esta presentación, han transcurrido más de nueve meses sin actividad procesal impulsoria, operándose así la perención de la instancia” (cfr. foja 126 vta.).-
La parte actora, por su parte, guarda silencio respecto del traslado conferido a foja 129, notificado mediante las cédulas obrantes a fs. 130/131 vta., quedando los autos en estado de resolver a foja 132 vta.-
II. En primer lugar corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término dispone que en este tipo de procesos regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contemplando este último la caducidad de instancia en los artículos 288 a 296, y estableciendo, para el juicio ordinario, que se producirá cuando no se instare su curso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (conf. artículo 288, inciso 1º del CPC y C). Asimismo, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y Comercial señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario; y que, además, no contiene disposiciones relativas a la perención de instancia, remitiendo en dicha materia a lo normado en el CPC y C, donde se establece -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (conf. artículo 288, inciso 1º del CPC y C).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032 y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093 y XVII, Reg. 1044, Folio 3256/3257).- Asimismo ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213).-
Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. artículo 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. fallo cit.).-
IV. Sentado lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquel por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 22 y 82 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.-
V. En el sub lite se advierte que la última actuación útil que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue la providencia de foja 122, del 12 de julio de 2017, mediante la cual se tuvo por evacuada la vista conferida al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, se ordenó librar oficio al Consejo Agrario Provincial y a la formación de un incidente para la tramitación de la medida cautelar peticionada, debiéndose extraer las fotocopias pertinentes -a costas de la parte actora- para dicho cometido. Así, se verifica que entre la referida providencia y la presentación del 6 de junio de 2018 -mediante la cual la demandada acusa la perención de instancia (cfr. fs. 126/128)- ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (conf. artículo 288, inciso 1º del CPC y C, por remisión de los artículos 22 y 82 del CPCA, Ley Nº 2600), constatándose una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante dicho lapso.- Resulta menester puntualizar que la providencia de foja 123, del 15 de febrero de 2018, por medio de la cual se hace saber la asunción de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández en el cargo de Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrando el mismo, no constituye un acto que tenga por efecto impulsar el proceso en los términos del artículo 289 del CPC y C. En efecto, dicha actuación no puede calificarse objetivamente como una actividad útil o idónea a los efectos de instar o hacer progresar la litis, en tanto no importa un avance dentro de la secuencia procedimental delineada por las normas rituales, hacia el acto conclusivo de la instancia.-
VI. Que en orden a lo expuesto y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido a fs. 126/127 vta. por la parte demandada, y en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente por la actora, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010C.181 Tomo: XVII Sentencia: 1050 Folio Nº: 3296/3297 Secretaría: 1
Fin de la sentencia