Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 34.524-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción opuesta por la recurrente en los términos del Considerando IV, punto ii) de la sentencia, con costas.
2Confirmar las Resoluciones Nros. 108/2010 y 109/2010, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Glencore Cereales S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido de la siguiente manera:
I) Por las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
A. Por el Expediente N° 34.524-I, en las sumas de $40.076 por la representación procesal y $61.655, por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N° 34.525-I, en las sumas de $15.085 por la representación procesal y $37.712 por el patrocinio letrado.
Ii) Por las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423:
A. Por el Expediente N° 34.524-I, en la sumas de $20.038 equivalente a 0,21 UMA por la representación procesal y de $30.827 equivalente a 0,33 UMA por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N° 34.525-I, en la sumas de $36.302 equivalente a 0,39 UMA por la representación procesal y de $90.756 equivalente a 0,98 UMA por el patrocinio letrado. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-85992198-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Septiembre de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 34.524-I (y su acumulado N° 34.525-I) caratulado “Glencore Cereales S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Glencore Cereales S.A. (en adelante “Glencore”) dedujo el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
- N° 108/2010, en la que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias - retenciones beneficiarios del exterior por los pagos efectuados en el período fiscal 11/2005 por la suma de $167.895,52, y 02/2006 por la suma de $71.231,97 y, en consecuencia, se la intimó a ingresar $19.723,03 y $8.544,32, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
- N° 109/2010, en la que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado por pagos por prestaciones al exterior en los períodos fiscales 01/2004, 03 a 08/2004, 10/2004, 12/2004, 04 a 08/2005, 10 y 11/2005, y se la intimó a ingresar la suma de $156.406,59, neto del cómputo de la compensación prevista en el 5° párrafo del art. 81 de la ley 11.683 (t.v.) de $30.057,97, originada en los pagos realizados según la R.G. N° 549/1999, en los períodos fiscales 11/2005 y 02/2006. Asimismo, se la intimó a ingresar la suma de $10.478,01, en concepto de intereses capitalizados por los períodos fiscales 01/2004, 03/2004, 04/2004 у 05/2004. Todo ello, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En ambos actos, se aplicaron multas de omisión de $19.787,14 y $130.520,29, respectivamente, en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.v.).
En sus presentaciones ante este Tribunal, Glencore refiere que se dedica a la producción y exportación de oleaginosas, cereales y arroz y que, para atender a las diversas fases del ciclo productivo y comercial de los bienes destinados a ser exportados, recurrió a la obtención de apoyo crediticio de las firmas Glencore International AG, radicada en Suiza, y de Glencore Grain Rotterdam, en Holanda –bajo el régimen denominado prefinanciación de exportaciones- para cubrir la adquisición de materias primas y poder llevar a cabo el proceso productivo necesario para concretar las exportaciones. Dice que el Fisco Nacional consideró, en cambio, que dichos fondos fueron destinados a otra actividad, la de financiar a empresas locales relacionadas –Glencore Argentina S.A., Molinos Libres S.A. y Menéndez S.A.I.C.A.- y por ello, cuestionó el tratamiento fiscal que en sus declaraciones juradas le dió al pago de los intereses a las firmas prestamistas extranjeras, en los términos del art. 145 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Según esta norma, en su segundo párrafo, cuando el pago del impuesto se encuentre a cargo de un tercero, en el caso Glencore, la ganancia debe acrecentarse en el importe abonado por aquél, sin perjuicio de que el beneficiario considere dicho pago como un ingreso a cuenta del impuesto definitivo anual. Pero explica Glencore que ella presentó sus declaraciones juradas de acuerdo al párrafo siguiente de dicho artículo, según el cual el acrecentamiento de la ganancia no es de aplicación para los intereses de financiaciones del exterior destinadas a la industria, las explotaciones extractivas y las de producción primaria.
A fin de justificar su postura, alega que, al momento de los hechos verificados, la prefinanciación de exportaciones podía ser otorgada por empresas o por bancos del exterior o locales, pero en todos los casos, era condición esencial de la contratación, según dice, que se cancelara directamente con permisos de embarques y con el producido de las exportaciones, que es lo que asegura sucedió en el caso y que no fue controvertido.
Manifiesta que “…la circunstancia de que los bienes posteriormente exportados para cancelar dichas prefinanciaciones tomadas por Glencore hayan sido producidos por sus empresas vinculadas locales con los fondos del exterior que les había transferido no parece impedir la caracterización de las prestaciones financieras cuestionadas como prefinanciación de exportaciones”.
Señala que la caracterización de la naturaleza de las prestaciones financieras como prefinanciación de exportaciones estaba definida y regulada en la normativa del BCRA, a la que dio total cumplimiento, y que disponía a ese momento que todo exportador tenía la obligación de liquidar en el mercado único libre de cambios, a través de la entidad financiera con la que operara, los cobros de exportaciones de los bienes y servicios que realizaba y exportaba al mercado internacional. Agrega que de ello se exceptuaba a la cancelación de cuotas correspondientes a prefinanciación de exportaciones –que es su caso-, supuesto en el que se permitía aplicar los cobros en el exterior correspondiente a exportaciones a tales conceptos. Como contrapartida, el BCRA impuso una serie de regímenes y obligaciones de información a los fines del debido seguimiento de las obligaciones en materia cambiaria que incluía que en oportunidad de pagar con fondos provenientes de exportaciones se debía informar, a través de la entidad financiera local designada, el detalle de los cumplidos de embarque cuyo producido se pretendía afectar a la cancelación de un préstamo obtenido en el exterior. Sostiene que la necesidad de observar los regímenes de información cambiaria -a los fines de caracterizar a las prestaciones financieras como prefinanciación de exportaciones- fue reconocida por el organismo fiscal mediante los Dictámenes DAT N° 85/2006 y N° 74/2007.
Critica entonces, que el juez administrativo no consideró probado que los fondos prestados fueron aplicados al proceso de producción y exportación de bienes primarios, a pesar de la prueba documental aportada en el expediente administrativo consistente en los legajos de los contratos de prefinanciación de exportaciones celebrados con Glencore International AG, y Glencore Grain Rotterdam, las cartas de cierre de cambio por prefinanciación de exportaciones, los boletos de compra de divisas y los comprobantes de su liquidación, los certificados de validación de deuda emitidos por el BCRA, las copias de las declaraciones de endeudamiento tomado en el exterior, entre otra documentación.
Por tales motivos, solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 108/2010, con costas. Por otra parte, en relación al ajuste practicado en la Resolución N° 109/2010 en el impuesto al valor agregado, formula los siguientes agravios:
1. Plantea que las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio el impuesto de los períodos fiscales 01/2004, 03 a 08/2004 y 10/2004 se encuentran prescriptas, toda vez que no le resulta aplicable la causal de suspensión prevista en la ley 26.476 porque no incluyó obligaciones en el régimen que dicha ley dispuso.
2. Entiende que los servicios financieros prestados por las empresas extranjeras vinculadas no encuadran como importación de servicios, conforme el inc. d) del art. 1 de la ley del tributo, en el texto vigente al momento de los hechos fiscalizados. Aduce que el Fisco Nacional asumió que el servicio financiero fue prestado en el exterior, que es el presupuesto para que se configure la “importación de servicios” allí prevista. Y para ello, definió arbitrariamente uno de los elementos esenciales del hecho imponible como es el ámbito espacial, que no se encuentra previsto en la ley, vulnerando así el principio constitucional de legalidad tributaria.
Expone que, según doctrina internacional especializada, no existen reglas categóricas para determinar cuándo se está frente a una importación/exportación de servicios prestados en forma transfronteriza debido a su intangibilidad intrínseca. Añade que otros países establecieron reglas legales expresas para definirlo, tales como considerar el domicilio del prestatario o deudor. Empero, según afirma, la ley del impuesto al valor agregado argentina no contiene ninguna previsión que defina tal aspecto espacial y es por ello que el Fisco Nacional exige en forma ilegítima el pago del tributo. Critica que el juez administrativo se haya apartado de tal doctrina y considere que los servicios se prestaron en el exterior en base a que fue allí donde desarrollaban su actividad las empresas prestamistas, lo que, insiste, no se encuentra previsto en la ley. 3. Reitera que el destino de los fondos prestados, por el cual pagó intereses a las empresas del exterior, fue prefinanciar operaciones de exportación por lo que se encuentran exentos de tributar, de acuerdo a lo dispuesto por el en el art. 8, inc. d) de la ley del impuesto.
4. Agrega que los intereses de un préstamo de prefinanciación, como todo interés, están integrados por tres componentes que según doctrina que cita son i) lo que llama “interés puro”, es decir la compensación que el mercado está dispuesto a pagar por la postergación del consumo, ii) la compensación por la inflación y el riesgo, y iii) el honorario por intermediación en el fondeo de un préstamo cobrado por el prestamista. En base a ello, afirma que solamente el tercer componente podría ser materia gravable ya que los dos primeros no representan capacidad contributiva mensurable por consumo, sino por ganancia o renta, tornándose -en consecuencia- en forma improcedente el tributo indirecto en uno directo-. Además, agrega que no hay en ellos propiamente un “valor agregado”.
Concluye, entonces, que la pretensión fiscal al no efectuar el distingo entre los mencionados componentes, se aparta de la normativa constitucional (art. 75, inc. 22), de la realidad económica y de la naturaleza del interés como tal. Sin perjuicio de los anteriores agravios -que se dirigen a la no gravabilidad de las operaciones o a la ausencia de hecho imponible-, también plantea lo siguiente:
5. No comparte el criterio del juez administrativo de considerar que la ganancia incremental proveniente del impuesto a las ganancias tomado a su cargo -grossing up- forme parte del precio final tenido en cuenta para determinar el débito fiscal reclamado porque, a diferencia del segundo párrafo del art. 145 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias antes aludido, ni la ley del impuesto al valor agregado ni su reglamentación, vigentes al momento de los hechos, contenían disposición alguna que permitiera incluirlo dentro de su base imponible.
Por el contrario, aduce que la normativa establecía que para las importaciones de servicios la alícuota se aplicaría sobre el precio neto de la operación que resultara de la factura o documento equivalente extendido por el prestador del exterior. Y sólo cuando ocurrieran situaciones “de simulación o precios irrisorios” tal precio podía ser dejado de lado y considerarse en su lugar el valor corriente en plaza, conforme el art. agregado a continuación del art. 26 de la ley del tributo y el art. 10 de la ley del tributo, que no es lo que aconteció en el caso.
Por ello, cuestiona entonces que el Fisco Nacional interpretara que los comprobantes comerciales aportados no expresaron el valor correspondiente a plaza por excluir el grossing up y lo incorporara a la base para la liquidación en la determinación de oficio efectuada.
6. Dice que el Fisco Nacional, en razón de que resultaban identificables las porciones de los capitales tomados desde el exterior destinados a financiar a las firmas relacionadas nacionales, consideró adecuado gravarlas al 100% de la alícuota del tributo sin efectuar prorrateo alguno. Pero, respecto de la porción restante, que el propio Fisco Nacional reconoce como vinculada a operaciones exentas o no gravadas, recurrió al prorrateo de la base cuando –a contrario sensu- debió haberlo hecho también por asignación directa. Aduce que no puede utilizarse uno u otro método de apropiación en forma indistinta, ya que el prorrateo es un método presuntivo y residual que procede sólo cuando no existe posibilidad de apropiar en forma cierta las operaciones. Hace notar, además, que ambos métodos resultan excluyentes entre sí.
7. Para el caso de confirmarse la pretensión fiscal, solicita la aplicación de la doctrina de las correcciones simétricas del art. 81 de la ley 11.683. Entiende que, en tanto el débito fiscal del impuesto al valor agregado presuntamente omitido se convierte ipso facto e ipso jure en un crédito fiscal para el importador del servicio en el período fiscal siguiente en el que se perfecciona el hecho imponible que lo origina, no existen razones que impidan efectuar ese ajuste recíproco. Señala que el juez administrativo descartó su aplicación porque no se originaron excesos de pagos que den lugar a la compensación establecida en el quinto párrafo del art. 81 de la ley 11.683 que puedan compensarse con el tributo reclamado en la Resolución. Sin embargo, hace notar que el art. 12 de la ley del tributo no exige la condición de haberse ingresado el impuesto para computar el crédito fiscal y por lo tanto es procedente la compensación solicitada. Concluye que, en el peor de los casos, el único perjuicio que eventualmente podría haber sufrido el Fisco Nacional por la supuesta omisión del pago del impuesto al valor agregado por la importación del servicio financiero que se le atribuye, revestiría una incidencia de carácter exclusivamente financiera y sólo podría dar lugar, en consecuencia, al reclamo de intereses resarcitorios.
En otro orden, se agravia de los intereses resarcitorios intimados en las Resoluciones en atención a que, de haber existido retardo en el ingreso de los tributos, no le es imputable en tanto no hubo de su parte obrar doloso o culposo. En cuanto a las sanciones de omisión aplicadas en las Resoluciones, plantea que se aplicaron sin meriturar las pruebas ofrecidas, apartándose del debido proceso adjetivo (art. 1, inc. f y art. 7, ley 19.549) y en vulneración de su derecho de defensa, lo que conlleva su nulidad.
En particular, opone la prescripción de las acciones del Fisco Nacional en relación a la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, toda vez que no se acogió al régimen de regularización previsto en la ley 26.476, que además entró en vigencia con posterioridad a la comisión de la supuesta infracción, por lo que contradice los principios de ley más benigna, de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa aplicables al caso.
Asimismo, alega la falta de configuración de los elementos objetivo y subjetivo de las sanciones y, por ende, su improcedencia. Sin perjuicio de ello, invoca, la existencia de error excusable a fin de que se la exima de su responsabilidad.
Refiere respecto de la sanción aplicada por omisión en el impuesto al valor agregado, que, de hacerse lugar a las correcciones simétricas solicitada, el tributo a ingresar resultaría anulado.
Finalmente, se remite a la prueba documental aportada en el expediente administrativo, ofrece la producción de pruebas pericial contable y pericial económica, y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones recurridas, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos y por las consideraciones que expone, pide que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 259 se abrió el Expediente a prueba y el entonces Vocal Instructor hizo lugar a la prueba pericial contable y a la pericial económica cuyos resultados se encuentran agregados a fs. 286/289 y a fs. 291/320, respectivamente. El informe pericial contable fue impugnado por la representación fiscal a fs. 323 y contestado el traslado por la recurrente a fs. 326.
A fs. 376 se declara el cierre del período probatorio y a fs. 397, mediante la PV-2026-27936796-APN-VOCXI#TFN se elevaron las actuaciones a la Sala. A continuación, se pusieron para alegar, obrando a fs. 416/428 el escrito de la recurrente y a fs. 429/4264 el del Fisco Nacional.
Por último, por medio del IF-2026-84081072-APN-VOCXI#TFN a fs. 518 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde analizar si las Resoluciones Nros. 108/2010 y 109/2010 se ajustan a derecho y si la prueba aportada y ofrecida por Glencore es suficiente para dejar sin efecto la pretensión fiscal notificada en ellas.
Surge de sus Considerandos y de los antecedentes que preceden a su dictado que en el marco de un procedimiento de fiscalización a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el impuesto a las ganancias – retenciones a beneficiarios del exterior por los períodos fiscales 11/2005 y 02/2006 y en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01/2004, 03 a 08/2004, 10/2004, 12/2004, 04 a 08/2005, 10 y 11/2005, se formularon los siguientes ajustes, i) Con respecto al primero, se constató, a partir de los Estudios de Precios de Transferencia presentados en los períodos fiscales 2004 y 2005, que forman parte de los ant. adm. y de sus Estados Contables, que Glencore registró pasivos relacionados con préstamos otorgados para la prefinanciación de sus exportaciones provenientes de las sociedades vinculadas Glencore Grain Rotterdam B.V., domiciliada en Holanda y Glencore International A.G., domiciliada en Suiza. Siendo ello así, la inspección actuante centró la fiscalización en el tratamiento impositivo que Glencore dio a los intereses pagados por dichos préstamos.
Del informe final de inspección que obra en los antecedentes administrativos (v. cuerpo “De División Fiscalización Externa II a División Jurídica”) surge que Glencore tomó a su cargo el impuesto a las ganancias que las firmas extranjeras debían pagar por las ganancias de fuente argentina obtenidas en relación a los préstamos otorgados.
Dicho informe también da cuenta que al momento de efectuar el pago de los intereses devengados, Glencore efectuó la correspondiente retención, utilizando como base de cálculo el importe girado, y a dicho resultado aplicó el 12% que era el porcentaje de retención establecido en los convenios para evitar la doble imposición celebrados con Suiza y Holanda, países de residencia de las firmas beneficiarias de los pagos de los intereses.
Lo que el Fisco Nacional cuestionó fue que sobre dicha base Glencore no efectuó ningún acrecentamiento de la renta, siendo que le correspondía al haberse hecho cargo del pago del tributo conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 145 del decreto reglamentario de la ley del gravamen.
Glencore, por su parte, sostuvo que no le correspondía acrecentar la renta – grossing up- porque el capital que generó esos intereses fue destinado a actividades de industrialización y actividad primaria, conforme el tercero y último párrafo del mencionado art. 145.
Cabe recordar que dicho artículo disponía que:
“Cuando el pago del impuesto se encuentre a cargo de un tercero, la ganancia se acrecentará en el importe abonado por aquél, sin perjuicio de que el beneficiario considere dicho pago como un ingreso a cuenta del impuesto definitivo anual. Lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto al acrecentamiento de la ganancia, no será de aplicación para los intereses de financiaciones del exterior destinadas a la industria, las explotaciones extractivas y las de producción primaria.” Por lo tanto, lo que debe resolverse en esta controversia es el encuadramiento de Glencore en las actividades previstas en el tercer párrafo del art. 145 de la reglamentación de la ley, en orden a determinar si por la afectación o destino los fondos obtenidos mediante préstamos desde el exterior debía efectuar el acrecentamiento, ya que el Fisco Nacional consideró que una parte de los fondos no fueron aplicados a ninguna de las actividades allí previstas, sino a una actividad paralela financiera, al asignar los fondos prestados a inyectar capital de trabajo a sus compañías vinculadas en el país. A tal conclusión arribó, conforme surge del informe final de inspección, a partir de advertir que en sus estados contables de los períodos bajo fiscalización Glencore registraba créditos a su favor por importes similares a los empréstitos recibidos. Ante ello, le requirió detalles de la aplicación dada a los fondos recibidos por lo que Glencore aportó planillas (v. fs. 386, 399, 400, 416 a 419 y 423 de los ant. adm.) de las que se observaron “pases” a Glencore Argentina S.A., Molinos Libres S.A. y Menéndez S.A.I.C.A. en relación a los préstamos recibidos, por similares montos y en las mismas fechas o muy cercanas.
De los contratos de mutuo suscriptos con las mismas (v. fs. 205 a 225 de los ant. adm.) se verificó que las prestatarias locales debían aplicar los fondos en forma directa para la financiación del capital de trabajo y que no estaban habilitadas a solicitar su aplicación a un destino diferente al expuesto (cláusula (A) 1.2.). También, que se comprometían a devolver las sumas prestadas, más intereses y, producida la mora, intereses punitorios (cláusulas (B) 1.2. y (C). Asimismo, en dichos contratos se estableció que como condición previa para su desembolso que se le mantuviera a Glencore la línea de crédito del exterior, en dólares, “que posibilita el otorgamiento de ésta línea de crédito”.
Es así que en el caso no se encuentra en discusión que Glencore recibió fondos de empresas extranjeras vinculadas, tampoco que tomó a su cargo el gravamen y lo calculó a una tasa del 12%, según lo dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición ya citados.
Como ya se dijo, lo que se discute es que Glencore haya destinado parte de los fondos a cubrir la adquisición de materias primas a fin de llevar a cabo el proceso productivo necesario para concretar la exportación de productos primarios, tal como asegura en su presentación ante este Tribunal.
Al analizar la prueba aportada y producida por la recurrente tanto en la instancia administrativa previa como ante este Tribunal, se concluye que no resultó conducente para probar el destino dado a los fondos.
Ni el informe pericial contable ni el económico producidos arrojan certeza sobre ello.
En el primero, los expertos vuelcan detalles de las líneas de prefinanciación, su cancelación, se indican los números de cuentas bancarias donde fueron depositados los montos recibidos del exterior por tal concepto, entre otros datos que no conducen a acreditar el destino dado a esos fondos (v. fs. 291/320) que es justamente lo que Glencore debía probar en orden a encuadrarse en el tercer párrafo del art. 145 de la reglamentación de la ley del gravamen.
El segundo informe, como se verá más adelante, fue exclusivamente ofrecido en relación a uno de los agravios esbozados respecto del ajuste en el impuesto al valor agregado que en nada se relaciona con lo aquí discutido.
De ello se sigue que Glencore no probó, como debía hacerlo, que los fondos de los préstamos fueron efectivamente destinados a actividades industriales, explotaciones extractivas o a producción primaria.
A lo dicho debe agregarse que el Fisco Nacional no cuestionó las operaciones de préstamo tal como fueron realizadas, es decir el origen de los fondos, ni como fueron registrados en su contabilidad, tampoco los contratos en las que se instrumentaron. No desconoció el cumplimiento dado por Glencore a los regímenes informativos y cambiarios establecidos en ese momento por el BCRA como autoridad de aplicación del régimen de prefinanciación de exportaciones los que, vale resaltar, no impiden ni condicionan a las facultades de verificación y fiscalización que por ley han sido conferidas al Fisco Nacional en materia tributaria.
Debe decirse también, que Glencore no negó que con los fondos prestados financió capital de trabajo de sus empresas vinculadas locales -Glencore Argentina S.A., Molinos Libres S.A. y Menéndez S.A.I.C.A.-, ni las transferencias a ellas efectuadas. De hecho, ello surge en forma expresa de los contratos celebrados y el detalle y los conceptos de las transferencias efectuadas que ella misma aportó a la fiscalización, sobre lo cual, vale destacar, nada aclaró en sus presentaciones ante este Tribunal ni mucho menos ofreció prueba en contrario, teniendo en cuenta que fueron indicios tomados en cuenta por el juez administrativo para dar fundamento a sus Resoluciones de determinación de oficio. Glencore se limitó a mencionar las particularidades que rodean al régimen de prefinanciación de exportaciones y sus implicancias financieras y cambiarias, lo que, una vez más se destaca, es ajeno a la controversia fiscal que giró únicamente en torno a si por el destino de los fondos se encontraba estaba eximida del acrecentamiento de la ganancia al beneficiario del exterior a los efectos de la retención del gravamen.
Por otro lado, la prueba instrumental aportada en los antecedentes administrativos justamente acredita el cumplimiento de dicho régimen, el ingreso de las divisas, la información de ello al BCRA, el egreso de fondos para la cancelación del capital e intereses convenidos, pero, de nuevo, ello no resulta conducente para acreditar que los fondos se destinaron en la realidad a alguna de las tres actividades mencionadas en el art. 145 del decreto reglamentario ya mencionado que eximen del deber de retención con grossing up al momento de efectuar la liquidación del impuesto a las ganancias- retenciones beneficiarios del exterior.
Es así que ante la carencia de prueba sobre el destino dado a los fondos provenientes del exterior que es lo que Glencore debía acreditar, debe confirmarse la determinación de oficio practicada en la Resolución N° 108/2010, con costas.
ii) En cuanto a la pretensión fiscal en el impuesto al valor agregado determinada en la Resolución N° 109/2010, del informe final de inspección ya mencionado, surge que Glencore efectuó la retención correspondiente, tomando como base el total de los intereses girados al exterior sin incluir el acrecentamiento de la renta como ya se dijera que, en consecuencia, repercutió en el cálculo de la retención, dado que su base también debía ser incrementada y produjo el ingreso del tributo en menor medida.
Además, debió efectuar el ingreso de la totalidad del importe emergente de aplicarle la alícuota general del 21% a los intereses provenientes del capital, que como se dijera en el apartado anterior, fue destinado al financiamiento de las empresas vinculadas locales, sin practicar prorrateo alguno.
Por otra parte, también se ajustó la liquidación conforme al art. 5, inc. h) de la ley del tributo (t.o. vigente al momento de los hechos), esto es que el hecho imponible –importaciones de servicios- se perfeccionó al vencimiento del rendimiento del capital que en el caso fue antes de los pagos efectuados en 11/2005 y 2/2006 conforme surge de los contratos celebrados con las empresas extranjeras y del detalle volcado en la planilla acompañada al contestar el acta de requerimiento N° 002 N° 0074061, obrantes a fs. 63 a 95, 401 a 412, 424 a 472 y 805 de los ant. adm.
No conformados los ajustes propuestos, se determinó el tributo por los pagos por prestaciones al exterior en los períodos fiscales 01/2004, 03 a 08/2004, 10/2004, 12/2004, 04 a 08/2005, 10 y 11/2005, efectuando la compensación prevista en el 5° párrafo del art. 81 de la ley 11.683 (t.v.) con origen en los pagos realizados por Glencore en los períodos fiscales 11/2005 y 02/2006. Asimismo, se intimaron intereses capitalizados por los períodos fiscales 01/2004, 03/2004, 04/2004 у 05/2004 e intereses resarcitorios.
Ello así corresponde analizar los agravios y la prueba producida por Glencore ante este Tribunal.
Previo a ello debe analizarse el planteo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales determinadas por los períodos fiscales 01/2004, 03 a 08/2004 y 10/2004. Para ello, Glencore invoca que no le resulta aplicable la suspensión de un año de la prescripción en curso prevista en el art. 44 de la ley 26.476, porque no formuló acogimiento alguno en los términos de esa norma.
Para ello cabe tener en cuenta que los arts. 56 y 57 de la ley 11.683 establecen que dichas acciones prescriben por el transcurso del plazo de 5 años, que comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen. En el caso, el plazo de prescripción inició el 1 de enero de 2005 por lo que su fenecimiento se produjo el 1 de enero de 2010.
Teniendo en cuenta la fecha en la que fue emitida la Resolución N° 109/2010 (7/12/2010), cabe analizar si se han verificado circunstancias que pudieran haber suspendido y/o interrumpido el curso normal de los plazos señalados o bien, si le asiste razón a la recurrente en su planteo.
En tal sentido, el plazo fue incidido por la suspensión de un año dispuesta por el art. 44 de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008), por lo que su vencimiento se produjo, en realidad, el 1 de enero de 2011.
Tal el criterio que sostuvo esta Sala al fallar en las causa “Zeitune, Ezrra”, del 2 de julio de 2021, "Conardi S.R.L.” del 18 de agosto de 2025, entre muchas otras, oportunidad en la que se tuvo en cuenta que el Congreso de la Nación dispuso las suspensiones con carácter general, abarcando a todos los contribuyentes, independientemente de su adhesión al régimen que las normas preveían, decisión de la cual no corresponde apartarse ya que no existen a la fecha precedentes en la que se haya declarado su inconstitucionalidad (conf. art. 185, ley 11.683).
En consecuencia, debe rechazarse el planteo de prescripción.
En cuanto al agravio sobre la configuración del hecho imponible –importación de servicios- cabe mencionar que se encuentra regulado en el inc. d) del art. 1 de la ley del tributo, según la modificación que introdujera la ley 25.063, publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 1998, es decir que su tratamiento ya se hallaba vigente al momento de la obtención de los préstamos del exterior.
En el caso, no hay duda de que se configuraron los presupuestos del hecho imponible, desde que el servicio fue prestado en el exterior -las empresas prestamistas Glencore International AG y Glencore Grain Rotterdam se encontraban radicadas y funcionaban en Suiza y en Holanda, respectivamente- y los fondos otorgados fueron utilizados en el país, más precisamente para financiar con capital de trabajo a empresas locales vinculadas– que es motivo de ajuste-,así como para otras actividades a realizar en el país. Tampoco hay duda de que el sujeto pasivo obligado al pago del impuesto era el prestatario, es decir Glencore, en la medida que reunía el resto de las características establecidas por la ley. Por lo demás, dicho agravio tampoco puede prosperar desde el momento en que fue la propia recurrente la que consideró gravados a los intereses pagados –aunque sin considerar el grossing up-, al declararlos e ingresar el impuesto por dicho concepto, lo que no fue desconocido ni en la instancia previa administrativa ni en su recurso ante este Tribunal. Lo mismo cabe decir sobre el agravio respecto de la aplicación de la exención establecida en el art. 8, inc. d) de la ley del tributo, que establecía que las exportaciones quedaban exentas del gravamen.
Mal puede pretender ahora que se considere exento el pago de los intereses, cuando fue la misma Glencore la que los declaró como gravados e ingresó el tributo. Porque, si ello fuera así, tal como insiste Glencore, no hubiera declarado y pagado el tributo en primer lugar. A ello se suma, que conforme las pruebas analizadas en el apartado anterior - específicamente el informe pericial contable- dicho destino no fue probado.
En otro orden, la distinción que efectúa la recurrente sobre los supuestos componentes que integran el concepto intereses y la procedencia de su gravabilidad no surge de la ley del tributo, ni de ninguna otra norma fiscal, por lo cual dicho planteo no puede tener favorable acogida al carecer de sustento concreto en el régimen normativo aplicable. En este punto, cabe traer a colación que el resultado de la prueba pericial económica ofrecida a los fines de “diferenciar los tres componentes que integran la tasa de interés” y su gravabilidad, por el mismo motivo antedicho no tiene relevancia alguna a los fines de resolver la controversia, en tanto no se encuentra en discusión que la distinción pretendida no está prevista en la norma.
Ahora bien, Glencore consideró improcedente que el grossin up integrara la base imponible para determinar el gravamen a ingresar porque la ley del tributo establecía que para las importaciones de servicios, la alícuota debía aplicarse sobre el precio neto que surgía de la factura o documento equivalente, que es lo que tuvo en cuenta aunque sin considerar el acrecentamiento en concepto de impuesto a las ganancias tal como lo ajusta y determina el juez administrativo en la Resolución N° 108/2010.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de dictar sentencia el 20 de agosto de 2014 en la causa "Puentes del Litoral S.A." (Fallos 337:948) al analizar los alcances de los arts. 10 y sin número agregado a continuación del 26 de la ley del gravamen cuya interpretación es la que se encuentra en juego “… abarca también el monto del impuesto a las ganancias tomado a su cargo por el prestatario local, aunque no se lo haya hecho constar en las facturas emitidas para documentar el pago entre los contratantes. Que ello es así, por una parte en razón de que las normas tributarias aplicables no disponen que deba efectuarse una disociación entre “precio de la operación” (monto total desembolsado por la actora, que incluye el “grossing up”) y “precio facturado” (monto neto finalmente percibido por el sujeto del exterior). Y, por la otra, pues la previsión del legislador efectuada en el primer párrafo del art. 10 de la ley del IVA –precedentemente transcripta- en cuanto a que “Cuando no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que éste es el valor computable, salvo prueba en contrario”, permite afirmar –como acertadamente se señala en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal- que ante una incongruencia entre el valor de la operación y el que consta en la factura o documento equivalente - incluyendo el supuesto de la ausencia de este documento- se podrá acreditar el precio de la operación (base imponible del gravamen), sobre la base de los contratos celebrados, como lo ha hecho el Fisco Nacional.”
En el caso no hay duda de que Glencore pactó con las empresas extranjeras tomar a su cargo el pago del impuesto a las ganancias que a ellas le correspondía ingresar y que ello repercutió en el precio efectivamente pagado, por lo cual, conforme a la jurisprudencia citada, tampoco le asiste razón en su planteo.
Sobre la procedencia del prorrateo general al momento de calcular el impuesto por parte de Glencore, debe decirse que contrariamente a lo por ella manifestado, el juez administrativo estimó que, por los fondos destinados a financiar a las firmas locales, las prestaciones debían gravarse al 100% de la alícuota del impuesto, sin prorrateo. Por lo restante –que es sobre lo que Glencore consideró que a contrario sensu debía ser asignado en forma directa, es decir también sin prorrateoen razón de que se constataron ventas de exportación como al mercado local, es decir, operaciones exentas y gravadas, es sobre ello que efectuó el prorrateo establecido en el art. agregado a continuación del art. 65 del decreto reglamentario de la ley del tributo vigente a dicho momento.
Por lo demás, de la documentación aportada por la recurrente que consta en los antecedentes administrativos surge la apropiación del destino de los fondos a la financiación de las empresas locales, como ya se analizara, y que le permitió al juez administrativo identificar cada tipo de ingreso gravado, no gravado o exento.
Por último, no procede la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas solicitada toda vez que, como lo hace notar el juez administrativo –y que no ha sido desconocido por la recurrente– en la totalidad de los períodos involucrados desde 01/2004 la recurrente tenía saldos técnicos a su favor conforme surge del relevamiento efectuado de sus declaraciones juradas (v. fs 765 del ant. adm.) que solamente podían compensarse con los débitos fiscales correspondientes a los ejercicios siguientes. En otras palabras, dichos saldos no pueden compensarse con los montos intimados a ingresar por los ajustes efectuados en la Resolución N° 109/2010.
No obstante, tal como también surge de dicho acto, por los períodos fiscales 11/2005 y 02/2006, se procedió a compensar en los términos de la R.G. N° 549/1999, pero ello fue en razón de que en dichos períodos efectivamente se efectuaron pagos en exceso en virtud de la reliquidación que se hiciera a partir de las fechas en las que el juez administrativo consideró perfeccionada cada obligación y sobre lo cual Glencore no expresó agravio alguno.
Tampoco expresó agravios específicos sobre los intereses capitalizados reclamados.
Es por todo lo expuesto hasta aquí que corresponde confirmar la pretensión fiscal también en el impuesto al valor agregado determinada en la Resolución N° 109/2010, con costas.
iii) Por su parte, deben confirmarse los intereses resarcitorios intimados en ambas Resoluciones ya que se devengan en forma automática desde el vencimiento de las obligaciones por aplicación del art. 37 de la ley 11.683 y que ha quedado acreditado el incumplimiento de las obligaciones tributarias en el plazo acordado, sin que los agravios esgrimidos por Glencore tengan entidad suficiente ni se encuentren debidamente justificados para eximirla de su responsabilidad por la mora.
V. En cuanto a las sanciones de omisión aplicadas en las Resoluciones, Glencore sostuvo en primer lugar que fueron impuestas sin valorar las pruebas ofrecidas de tal manera que se afectó su derecho de defensa, apartándose del debido proceso adjetivo previsto, lo que conlleva la nulidad de los actos.
Dicho planteo, cabe ya adelantarlo, no puede prosperar, por cuanto surge de los Considerandos de las Resoluciones que las mismas fueron merituadas y explicitados los motivos por los que su producción fue rechazada. Por ello no se advierte violación alguna ni afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio, ni vicio que la haya colocado en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite, prueba de lo cual es que tuvo oportunidad de presentar sus defensas también ante este Tribunal.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la defensa de nulidad.
Sobre la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para la aplicación de la sanción respecto de los períodos fiscales 01/2004, 3 a 8/2004 y 10/2004 del impuesto al valor agregado cabe remitirse a los antes resuelto en relación al tributo a lo que cabe agregar, a mayor abundamiento, que la ley 26.476 en su art. 44 dispuso con carácter general, la suspensión del plazo de prescripción en curso también de las acciones para aplicar multas por el término de un año. Y, al respecto, si bien en precedentes anteriores he sostenido que tales normas no tienen incidencia en materia sancionatoria, un nuevo análisis de la cuestión a la luz de la jurisprudencia reciente en la materia, conlleva a que también deban ser aplicadas al plazo de prescripción de las sanciones.
Es por ello que las acciones del Fisco Nacional para aplicar la multa no se hallaban prescriptas.
En cuanto a la legitimidad de las sanciones aplicadas en los términos del art. 45 de la ley 11.683, en el caso no existen dudas de que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Glencore en dicha figura infraccional. En efecto, las reseñas efectuadas en los apartados precedentes permiten concluir que sus declaraciones juradas fueron presentadas en forma inexacta lo que implicó que no ingresara los impuestos correspondientes en tiempo oportuno, configurándose de ese modo el elemento objetivo del ilícito tipificado en el art. 45 de la ley 11.683 En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 271:297, era a Glencore a la que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, “Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; “La Rueca Porteña S.A.”, del 27/10/1998; “Italcred S.A.”, del 28/04/2016, entre otros), pero ni en esta instancia, ni en la administrativa previamente sustanciada rindió pruebas suficientes tendientes a justificar su conducta, por lo que cabe tener por configurado también este elemento.
Tampoco se invocaron ni muchos menos acreditaron razones suficientes para convalidar la existencia de error excusable, por lo que las multas, en los términos del art. 45 de la ley 11.683, deben ser confirmadas. Con costas. El Dr. Martín dijo:
Que comparto el relato efectuado en el voto de la Dra. O’Donnell y adhiero a la solución adoptada en el mismo. Que en lo que hace a la defensa de prescripción articulada por la apelante, considero que, por los motivos expuestos en el Considerando IV.- pto. ii), la misma debe ser rechazada, con costas atento que se difirió su tratamiento para esta oportunidad por el pto. 2) de fs. 233.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero al voto de la Vocal Instructora en cuanto rechaza la excepción de prescripción articulada por la actora conforme da cuenta el Considerando IV, punto ii), pero disiento con la imposición de costas que allí se propicia, las que considero que deben imponerse a cargo de la recurrente toda vez que se dispuso diferir su tratamiento para esta oportunidad procesal.
II. Asimismo, comparto los fundamentos expuestos por la Dra. O’Donnell en su voto, en cuanto confirma la determinación de los tributos tal como surge de los actos apelados, con más intereses resarcitorios y confirma el encuadre y graduación de las multas aplicadas. Las costas se imponen a cargo de la parte vencida.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción opuesta por la recurrente en los términos del Considerando IV, punto ii) de la sentencia, con costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nros. 108/2010 y 109/2010, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Glencore Cereales S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido de la siguiente manera:
i) Por las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
a. Por el Expediente N° 34.524-I, en las sumas de $40.076 por la representación procesal y $61.655, por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 34.525-I, en las sumas de $15.085 por la representación procesal y $37.712 por el patrocinio letrado.
ii) Por las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423:
a. Por el Expediente N° 34.524-I, en la sumas de $20.038 equivalente a 0,21 UMA por la representación procesal y de $30.827 equivalente a 0,33 UMA por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 34.525-I, en la sumas de $36.302 equivalente a 0,39 UMA por la representación procesal y de $90.756 equivalente a 0,98 UMA por el patrocinio letrado.
iii) Por la excepción resuelta en el punto 1), la sumas de $5.138,7, por la representación procesal y $12.846,8, por el patrocinio letrado, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
4. Regular los honorarios del Contador Público Rafael De Luca en la suma de $92.482, a cargo de Glencore Cereales S.A. por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decretoley 16.638/57.
5. Regular los honorarios del Licenciado en Economía Marcos Daniel en la suma de $92.482, a cargo de Glencore Cereales S.A. por su actuación en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, de acuerdo con las pautas del decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2026.09.04 12:20:41 ART Date: 2026.09.04 12:29:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.04 13:27:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.04 13:28:30 -03:00
Fin de la sentencia