Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2513/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (cfr. PE1086008-2023).-
2Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE464143-2022.-
3Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2513/22-TSJ Interlocutorio N°: 3770 Actor: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: VILLARROEL ANA VIRGINIA Y OTROS Objeto: ORDINARIO Fecha: 09-10-2023 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3770 FOLIO Nº 6803/6807 PROT. ELECT. TSS1 041 I.231
Río Gallegos, 9 de octubre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ VILLARROEL ANA VIRGINIA Y OTROS s/ ORDINARIO”, Expte. Nº G-19.565/18 (G-2513/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta, quien en PE1086008-2023, expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 10° del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto, en el carácter de Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, fue objeto de una violenta protesta llevada a cabo en mi domicilio particular durante la madrugada del 12 de septiembre del 2017, por parte de la agrupación denominada 'Jubilados Unidos en Acción' en ese entonces dirigida por una de las personas aquí demandadas, concretamente, la Sra. Ana Virginia Villarroel. En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.”.- En razón de los motivos que fundan la excusación del Magistrado, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 10º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, vienen los presentes al Acuerdo en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Fernando Pablo Tanarro y de su letrado apoderado Dr. Emilio José Monzón (cfr. PE464143-2022) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, por cuanto rechazó el recurso de apelación interpuesto por la nombrada y confirmó el fallo dictado en Primera Instancia (cfr. PE441315-2022).-
III. Analizando los antecedentes de la causa, se observa que la actora inició la presente acción reclamando una suma de dinero con más intereses por los daños y perjuicios que dice haber sufrido en los edificios públicos (Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz y Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz) y móviles oficiales pertenecientes al Estado Provincial (cfr. fs. 42/43).- La sentencia de Primera Instancia rechazó la acción promovida con costas a la parte actora por considerar que el daño fue descripto con cierta vaguedad, no fue identificado en cuanto a su cualidad y circunstancias de espacio y tiempo resultando insuficiente la acreditación de la autoría (cfr. foja 210 vta./211).-
La Cámara, por su parte, confirmó dicho pronunciamiento. Para así decidir consideró que existía ambigüedad en la descripción de los hechos (cfr. PE441315-2022, pág. 4), que no se identificaron concretamente las personas que habrían participado en cada uno de los supuestos eventos dañosos, así como la modalidad de participación específica (cfr. PE cit., pág. 5).-
Sostiene que existía una clara falta de justificación del monto económico que se pretende como indemnización, ya que los daños no fueron detallados con la precisión necesaria para su correcta evaluación, tampoco se acompañaron facturas de gastos, presupuestos, proformas, ni se produjo prueba informativa a proveedores de servicios o materiales necesarios para efectuar potenciales reparaciones de bienes públicos afectados por los daños que se reclaman (cfr. PE y pág. cits.).- Agrega además, que es razonable la apreciación de la prueba que realiza el juez y que carecen de precisión en la reconstrucción histórica testimonial, en especial respecto de las personas (autoría) que pudieron haber cometido esos daños, generando un cuadro de ambigüedad que impide su consideración y atendibilidad para fundar una condena por daños (cfr. PE cit., pág. 7).-
Con relación a la autoría conjunta y la responsabilidad objetiva del grupo en los términos del artículo 1761 del CCyCN considera que dicho planteo fue novedoso y no fue introducido en la demanda, razón por la cual los accionados no tuvieron ocasión de argumentar al respecto (cfr. PE cit., pág. 9).-
Finalmente aduce que no se ha probado la relación de causalidad entre los daños y las protestas del grupo con la intensidad necesaria (cfr. PE cit., pág. 11).-
Contra esta decisión la parte actora interpone recurso de casación en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por considerar que la misma ha quebrantado las formas impuestas por la ley, violado y aplicado erróneamente normas, conculcado derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional y Provincial; y por la causal de arbitrariedad (cfr. PE 464143-2022, págs. 3 y 27).- Se agravia en cuanto la sentencia sostuvo que su parte no introdujo el artículo 1761 del CCyCN y refiere: “…observo una errónea apreciación al no respetarse la aplicación del principio general 'iura novit curia' por los cuales los jueces deben aplicar el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente.” (cfr.
PE cit., pág. 23).- Agrega que: “…se ha omitido deliberadamente la aplicación de la normativa prevista en el ordenamiento jurídico para resolver el caso. Este proceder quebranta abiertamente el debido proceso...y lo dispuesto en los arts. 2 y 3 del CCC…La aplicación del art. 1761 del CCC no altera la naturaleza y alcances de la pretensión ni suple la actuación de la parte actora que cumplió con alegar los hechos y señalar a sus autores; conforme han quedado expuestos y probados los hechos, no se observa que la aplicación de la responsabilidad solidaria de los miembros de un grupo determinado pueda ser soslayada sin un grave quebrantamiento de las obligaciones de todo magistrado, la parte demandada conocía los hechos y tuvo oportunidad de ofrecer prueba y ejercer su defensa; al juez le correspondía subsumir en la norma prevista para dirimir el conflicto conforme el ordenamiento jurídico.” (cfr.
PE cit., pág. 26).- Insiste en que: “…el magistrado tenía el deber de aplicar la responsabilidad solidarias (sic) prevista en el art. 1761 del CCC si consideraba que la prueba no le permitía identificar particularmente a quien había ejecutado un determinado daño, ya que el mismo admitió la existencia del grupo identificado cuando señalo (sic) que se trataba de un grupo de jubilados que se encontraba reclamando por sus derechos […] Entonces, siendo una potestad y deber del Juez de aplicar el principio general del correcto derecho no lo hizo y en consecuencia su resolución se torna arbitraria.” (cfr. PE cit., pág. 27).- Aduce que es errado el enfoque del Juez en cuanto a que funda la no aplicabilidad del artículo 1761 en el: “…carácter constitucionalizado y convencionalizado del CCCN que es imposible que esta norma tenga como fin la protección de las víctimas del ejercicio de derechos sociales […] resulta errónea y forzada la conclusión a la que arriba el tribunal a quo porque a la misma le precede una descripción parcial como que los hechos no existieron, y si existieron, fueron en el marco de la protesta social.” (cfr.
PE cit., págs. 28/29).- Continua diciendo que también merece un análisis la cuestión de que no se ha probado la relación causal entre los daños y las protestas del grupo. Manifiesta que V.E. ha tenido una dirección discursiva de negación y de ese discurso entiende que los hechos no ocurrieron o los hechos vanádicos (sic) no tuvieron como autores a miembros del grupo de jubilados y, se suma que las pruebas son insuficiente[s] (cfr. PE cit., pág. 29).-
Seguidamente efectúa un análisis de la prueba testimonial obrante en autos y afirma que la reproducción de los videos por parte de la Cámara fue parcial (cfr. PE cit., págs. 29/32).-
Agrega que: “No resiste análisis la visión fuera de contexto del Magistrado existiendo una animosidad en negar lo imposible y en ciertas ocasiones es de sentido común para darse cuenta que los autores actuaban con ánimo de dañar y ese ánimo es lo que colisiona con los derechos de protesta, es ahí donde debe estar el estado de derecho, es decir del lado de la sociedad.” (cfr. PE cit., pág. 32).-
Por último hace la reserva del caso federal (cfr. PE cit., pág. 33).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE491342-2022).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE332636-2022.-
IV. Que, en oportunidad de efectuar este Tribunal Superior de Justicia el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la parte recurrente, ésta se desarrolla dentro del carril impugnativo del artículo 3º, inciso a) de la citada normativa legal por cuanto las impugnaciones se fundamentan en violación de la ley.- Ello es así toda vez que con relación al quebrantamiento de forma y arbitrariedad denunciada se observa que la interesada se limita a mencionar la existencia de dichos vicios sin efectuar un desarrollo argumental que los ponga de manifiesto.-
El recurso de casación por quebrantamiento de forma se encuentra establecido en nuestra ley adjetiva para los supuestos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes (cfr. art. 2º del régimen de casación) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3493, Folio 5971/5975).-
En la presente causa la recurrente no ha intentado demostrar que la Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, surgiendo evidente el ayuno de fundamentación, lo que torna inhábil al recurso en análisis para ser considerado admisible.-
Lo mismo ocurre con relación a la arbitrariedad que se aduce toda vez que no se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran. Es decir, la casacionista se limita a expresar que el fallo de Cámara resulta arbitrario (cfr. PE464143-2022, págs. 3 y 27) sin lograr demostrar ni argumentar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.-
V. Aclarado esto, corresponde ingresar al examen preliminar del recurso interpuesto. Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- En tal sentido, debe adelantarse que el recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar evidenciar en qué se han equivocado los magistrados que ya se expidieron y, menos aún, fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- Conforme se expuso en el considerando III, la casacionista interpone el recurso de casación invocando violación de la ley porque considera que la Alzada debería haber aplicado el artículo 1761 del CCyCN con independencia del derecho invocado por las partes (cfr.
PE cit., pág. 23). Sin embargo, se aprecia que la recurrente ha omitido efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.- Y es que: “...'Existe 'violación' de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La 'errónea aplicación' de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso' (confr.
Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Frente a este embate es dable rememorar que el recurso de casación constituye un acto procesal de alegación crítica, pues tiene por finalidad poner de resalto los errores que se atribuyen a una sentencia definitiva. De conformidad al artículo 4º, inciso a) del régimen de casación el escrito portador del recurso debe contener, en términos claros y concretos, la mención de las disposiciones violadas, erróneas o falsamente aplicadas, así como la manifestación de cuál es la ley o doctrina que ha debido aplicarse al caso.- Se concluye entonces que los agravios expuestos por la recurrente sólo remiten a la consideración de circunstancias de hecho y prueba, que han sido oportuna y adecuadamente analizadas por la instancia de grado, y ajenas por ende a la presente instancia (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXII, Reg. 2800, Folio 4375/4379; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497, entre otros).-
No debe olvidarse que resulta imprescindible, a efectos de abrir la posibilidad revisora de este Alto Cuerpo, que el recurrente exponga claramente las razones que, entiende, tornan injusta la solución adoptada en la instancia anterior. Para ello, debe aportar consistentes razonamientos que demuestren la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida, con un desarrollo argumental que ponga al descubierto el error de juzgamiento que le atribuye a la sentencia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3150, Folio 5171/5175 y XXVII, Reg. 3195, Folio 5256/5259); recaudos que no han sido cumplidos en la presentación en estudio.- Como es sabido, dichas exigencias no pueden tenerse por cumplidas “…con la genérica mención de las normas jurídicas denunciadas como violadas, así como tampoco con la crítica vaga e indeterminada de las valoraciones fáctico-probatorias realizadas en la sentencia…” (cfr. SCBA, “Isola Sara Beatriz c/ Jerez Ana María y otros s/ Reivindicación”, causa LP C 104.870 S, del 16/12/2009).-
Se reitera, que los planteos de la recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la anterior instancia respecto de si existió o no relación de causalidad entre los daños padecidos y las protestas del grupo de jubilados (en este caso los demandados).-
En definitiva, los términos del recurso de casación no alcanzan a configurar la existencia de la violación de la ley alegada, ya que sólo contiene meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba careciendo del sustento que habilite la instancia extraordinaria provincial.-
VI. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por la recurrente, según la cual se han conculcado “…derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional y provincial...” (cfr. PE464143-2022, pág. 3), en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas constitucionales aludidas.- En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3405, Folio 5733/5736, entre otros).-
VII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE464143-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE491342-2022, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.- Voto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que compartimos el relato de los antecedentes de la causa efectuado por nuestro distinguido colega preopinante, como asimismo a la solución arribada con relación a la excusación deducida por el Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta, aunque disentimos con lo demás decidido, por considerar que se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo votamos.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto en disidencia parcial mayoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto del Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani; el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (cfr. PE1086008-2023).-
2. Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE464143-2022.-
3. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por el término allí establecido.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1041I.231 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3770 Folio N°: 6803/6807 Secretaría: 1
Fin de la sentencia