Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el segundo agravio formulado por la recurrente contra la sentencia en crisis y rechazar el primero, el tercero y el cuarto de los vertidos la actora.
2Integrar el punto uno del fallo aclarando al Gabinete Contable que deberá computar el SAC en la forma establecida en el considerando VI al calcular la indemnización del art. 245 LCT y la indemnización sustitutiva del preaviso y revocar el punto 2) del fallo en cuanto rechaza parcialmente la demanda especto de los rubros SAC sobre preaviso y SAC sobre indemnización del art. 245 LCT.
3Las costas de la instancia se imponen al demandado por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y se difiere la correspondiente regulación hasta tanto obre en autos regulación de la instancia de origen.
4Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 2083548/2025. 5º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9223/25 Sentencia: Definitiva Actor: Godoy Gabriela Elizabeth Demandada: Transportes Don Otto S.A.
Objeto: Cobro de Pesos- Laboral Fecha: 12-06-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los DOCE días del mes de junio de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “GODOY, Gabriela Elizabeth c/ TRANSPORTES DON OTTO S.A. s/ cobro de pesos laboral” Expte. Nº 20.943 del año 2023 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaron en la instancia con el Nº9223. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M.J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1081370/2023 se presentaron la Dra. Marta Soledad Quiroga y el Dr. Paulo Luis Schmidt como apoderados de la Sra. Gabriela Elisabeth Godoy promoviendo formal demanda laboral por cobro de pesos contra TRANSPORTES DON OTTO S. A. por cobro de la suma de $4.451.859,54 o lo que en más o en menos surja de la prueba, con más sus intereses a la tasa pasiva del BCRA desde que la suma es debida y hasta su efectivo pago con costas. Reclama remuneraciones adeudadas, SAC y vacaciones proporcionales año 2021, indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ antigüedad y preaviso, integración mes de despido y SAC s/ integración del mes de despido, doble indemnización del decreto 34/2019 y sus prórrogas, indemnización del art. 2 de la ley 25.323, indemnización del art. 80 LCT e indemnización art. 132 bis LCT. Solicita la entrega del certificado de servicios y remuneraciones conforme art. 80 de la LCT y art. 12 inc. g de la ley 24.241 bajo apercibimiento de astreintes. Hacen un relato de los hechos, practican liquidación fundan en derecho y piden se haga lugar a la demanda con costas.
II. Que en PE 1152331/2023 obra el acta de la audiencia del art. 47 de la Ley 1444 donde comparecieron el Dres. Paulo L. Schmidt con la actora y el Dr. Luis María Della Rosa como apoderado de la demandada. Fracasada la conciliación la demandada por medio de su apoderado contestó la demanda en PE 1148985/2023 realizó negativas y dio su versión de los hechos, impugnó los rubros reclamados, indicó que el 6/9/21 remitió misiva comunicando que dispuso el despido directo ante la negativa a prestar tareas y ausencias reiteradas conforme el reloj de fichaje luego de haber sido intimada por el superior jerárquico. Expresó que dicha misiva fue dirigida al domicilio declarado bajo juramento por la actora y fue devuelta por domicilio desconocido. Dijo que la actora omitió ese despido y comunicó un despido indirecto que es calificado de improcedente por extemporáneo formulando consideraciones. Ofreció prueba (que amplía en PE 1156512/2023 y realizó rectificaciones respecto del ofrecimiento anterior) pidió el rechazo de la demanda. Reservó del caso federal. La causa se abre a prueba en PE 1152331/23 y producida la obrante en autos y recibido ale gato de las partes pasan los autos a despacho.
III. Que la sentencia obra en PE 2067073/2025 y resuelve: “1. Admitir parcialmente la demanda interpuesta por Gabriela Elizabeth Godoy DNI 29.058.470 en contra de Transporte Don Otto S.A. en concepto de indemnización art. 245 LCT; indemnización sustitutiva de preaviso art. 232 LCT; integración mes de despido art. 233 LCT; SAC sobre integración mes de despido; doble indemnización decreto 34/2019 y sus prórrogas 6 días de septiembre de 2021; haberes correspondientes al período agosto 2021; SAC proporcional segundo semestre 2021; vacaciones proporcionales año 2021, condenando a la accionada a pagar a la actora, dentro de los diez (10) días de notificada y firme la presente sentencia la suma a determinar por el Cuerpo Pericial Contable de este Poder Judicial durante la etapa previa a la ejecución de sentencia desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, con más los intereses por recomposición patrimonial conforme las pautas dadas en el considerando respectivo, con costas a la demandada (art. 68 CPCC). 2. Rechazar parcialmente la demanda en concepto de SAC s/ preaviso, SAC s/ indemnización por antigüedad art. 245 LCT., multa art. 80 LCT., sanción art. 132 bis LCT. y multa art. 2 ley 25.323, por las razones esgrimidas en el considerando respectivo. 3. Ordenar a la empleadora Transporte Don Otto S.A. a que rectifique los datos de la relación laboral debidamente ajustada a los parámetros admitidos, a fin de que la trabajadora pueda acceder a la certificación laboral (art. 80 LCT a través del sitio web del servicio de ARCA www.arca.gob.ar ingresando con clave fiscal al servicio “simplificación registral” opción certificación de servicios en el plazo de treinta días bajo apercibimiento de aplicar astreintes (art. 804 CCCN.; art. 37 CPCC y art. 121 ley 1444). 4. Diferir la regulación de los honorarios profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme a tales fines. 5. Regístrese, notifíquese…”
Esta sentencia fue consentida por la demandada, pero no conformó las aspiraciones de la actora quien en PE 2083548/2025 interpuso recurso de apelación, que fundó con la respectiva expresión de agravios y formuló reserva del caso federal. El recurso por providencia simple en PE 1238996/2025 le es concedido libremente con efecto suspensivo y se corrió traslado de los agravios, que no fueron contestados por la parte demandada.
Los autos se elevan con el certificado de estilo de PE 2121240/2025 y recibidos en esta instancia en PE 2122955/2025 se dispone el pase a despacho para dictar sentencia y se establece el orden de estudio.
IV. Que la parte actora se agravió, como se señaló, con la pieza de PE 2083548/2025. En el primer agravio se atacó la fecha del despido tomada por el Sr. Juez en la sentencia invocando el principio de la receptividad de la misiva emitida por la demandada el 6 de septiembre de 2021 que no llegó a las manos de la actora quien, a su vez, el 27 de septiembre de 2021 se colocó en situación de despido indirecto.
En el segundo agravio critica el rechazo del SAC sobre la indemnización por falta de preaviso y SAC sobre la indemnización por antigüedad del art. 245 de la LCT.
En el tercer agravio ataca el rechazo de las indemnizaciones del art. 80, del art. 132 bis de la LCT y la del art. 2 de la ley 25323.
Por el cuarto agravio expresa su disconformidad por el rechazo de la pretensión de entrega de los certificados del art. 80 de la LCT. Me referiré en extenso a sus términos al tratar cada agravio.
V. Que, respecto del primer agravio, el Sr. Juez expresó después de señalar que las comunicaciones telegráficas tienen carácter recepticio, que la trabajadora denunció ante la empresa un domicilio y se comprometió a denunciar cualquier modificación del mismo por lo que consideró válida la comunicación de la empleadora a ese domicilio, cuando no es recibida por culpa, dolo o falta de diligencia del destinatario como consecuencia lógica del principio de buena fe. Al criticar lo resuelto el apoderado de la actora sostiene que la comunicación del 6 de septiembre de 2021 no fue entregada por “causa desconocida” y ello no es imputable a la destinataria.
Pretende la parte actora, en un acto de birlibirloque, cambiar el sentido de la respuesta de OCA en PE 1684331. En efecto en la respuesta (duplicada) a los oficios librados en autos (PE1684331/2024) expresa:
La carta documento OCA CAA88155554, impuesta el día 06/09/2021, fue devuelta a su remitente ante la imposibilidad de ser entregada a destino, por causa “desconocida”.
Fácil es advertir que por el simple recurso de encerrar en comillas a las dos palabras “causa desconocida” en lugar de causa “desconocida” se le cambia el sentido y, así de indicar que no se pudo entregar la carta documento por ser desconocida la destinataria, a interpretar que la empresa postal no puede indicar cual es la causa de la falta de entrega por ser una “causa desconocida”, que es algo distinto. La carta no se entregó por que la persona era desconocida. El destinatario de la correspondencia debe actuar con buena fe. La doctrina ha sostenido:
“El receptor debe obrar con buena fe, lo que implica facilitar el perfeccionamiento de la notificación. A contrario sensu, habrá mala fe cuando el destinatario trate de frustrar todo intento de comunicación: La mala fe puede darse en dos estadios distintos: El primero al no actualizar el domicilio con el fin de sustraerse de toda posibilidad de recibir comunicaciones. El segundo, cuando la comunicación fue dirigida a un domicilio correcto, pero no puede perfeccionarse porque el destinatario lo impide. En el primer supuesto la jurisprudencia ha establecido que la notificación debe considerarse cumplida cuando: No haya sido entregada la comunicación a causa de informarse allí que el destinatario era desconocido, aunque el domicilio era el que contaba el remitente; no figura recepcionada por destinatario desconocido o por haberse mudado. En el segundo supuesto, la doctrina de los jueces ha establecido que es eficaz la comunicación frustrada cuando: …. No figura recepcionada por el trabajador, aludiendo a un destinatario desconocido o por haberse mudado, pero luego denuncia el mismo domicilio al demandar; …” Raúl Horacio Ojeda coordinador y autor del comentario en Ley de Contrato de Trabajo – Comentada y concordada- Segunda Edición Actualizada Tomo III páginas 398/399)
Cita el autor en nota distintos fallos jurisprudenciales en ese sentido que tengo por reproducidos.
Teniendo en cuenta esta doctrina, parto de la base que la notificación del despido se dirigió a la calle Humberto Beguín Nº 1993; y del legajo de la actora adjuntado a la demanda surge que ese es el domicilio consignado en la fotocopia del DNI, en el contrato a prueba y en las declaraciones juradas de domicilio donde la actora se comprometió a notificar cualquier cambio. En su demanda la actora consigna como domicilio Humberto Beguín 874 (ex 1991) mientras que en la audiencia del art. 47 la actora indica Humberto Beguín 874 ex l993. Por ello entiendo que la crítica efectuada por la representación de la actora en este primer agravio no conmueve lo resuelto sobre el punto en la sentencia. En el segundo agravio ataca lo resuelto porque el a quo rechazó el SAC proporcional sobre la indemnización sustitutiva del preaviso y del SAC sobre la indemnización por antigüedad invocando precedentes con un voto de la Dra. Bard y un voto mío en sendas causas.
Respecto del art. 245 de la LCT sostuve en “CRUZ, José Armando c/ MEPRISA y otros s/ Laboral” que se cita en agravios y reiteré en “LACIAR, Jesús Gervasio c/ OIL M&S S.A. y otra s/ laboral-cobro de pesos” Expte. 8278 del 26/3/24 Tomo C Reg. 3047 fº 035/047 Prot. Elect. A201 007 S241: donde, tras una cita de la obra dirigida por Raúl Horacio Ojeda en comentario que le pertenecía, expresé:
“La modificación del art. 245 por la ley 25877 al estipular ahora que debe tomarse como base la mejor remuneración normal, y habitual devengada durante el último año lleva a la misma conclusión que la sentencia. El término devengada que usa la ley en reemplazo de percibida quita toda posibilidad de seguir con la antigua interpretación, so riesgo de violar los claros términos de la ley. No comparto los términos del plenario 322 que transcribe el recurrente toda vez que el aguinaldo es una remuneración que se devenga día a día, aunque la percepción se difiera a dos oportunidades anuales…”
Mi distinguida colega la Dra. Bard coincidió en este punto y su disidencia se limitó a la tasa de interés. Ella a su vez en autos “Nieva Fernando Ariel c/ GE & GAS PRODUCTS SERVICES ARGENTINA S.A. s/ demanda laboral” (tomo XCII reg.2819 fº 079/084) propuso idéntica solución con mi adhesión. Mantengo la convicción sobre el tema lo que me lleva a una solución distinta a la de la sentencia. Como salario diferido el SAC se va devengando sin que a mi juicio deba cambiar de criterio por la circunstancia que el pago se realiza en dos oportunidades anuales. Lo real es que se va devengando día a día y por ello se debe tomar en cuenta cuando se establece la base del art. 245 de la LCT. Hay que aclarar que a la indemnización del 245 de la LCT no se le debe sumar una doceava parte en concepto de SAC toda vez que se lo tiene en cuenta para calcular la base indemnizatoria.
Como salario diferido el SAC debe integrar la indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232 de la LCT) teniendo en cuenta que sí se hubiera otorgado el preaviso y el trabajador hubiera seguido prestando servicios con horario restringido se le hubiera abonado el SAC proporcional (criterio de la normalidad próxima). El segundo agravio es procedente y debe revocarse en ese aspecto y con este alcance el punto dos del fallo en el sentido señalado e integrar el punto uno de la condena.
En un tercer agravio se ataca la sentencia en cuanto rechaza la procedencia del art. 2 de la ley 25.323 y la multa del art. 132 bis de la LCT y la del art. 80 LCT. El magistrado, para proceder así, sostiene que no puede aplicar una sanción contemplada en una norma que al dictado de la sentencia no se encuentra vigente. Afirma que no se trata de aplicar una norma de forma retroactiva sino de aplicar una sanción contemplada en una norma que resulta específicamente derogada en razón de la entrada en vigencia de una ley posterior (art. 99 y 100 de la ley 27742).
Pretende el actor en agravios la aplicación de la anterior legislación por cuanto al aplicarse en la sentencia la nueva ley, con esta solución, se afectan derechos amparados por garantías constitucionales o consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Pero aun aceptando este razonamiento y aplicar la anterior legislación no mejora las posibilidades de éxito del actor. Aclaro que estas argumentaciones pueden analizarse desde distintos ángulos y llevar a la misma solución de la sentencia aunque sea con distintos argumentos todos válidos y no contradictorios.
Comparto la solución arribada por el magistrado pero, son otros los argumentos que me lleva a tener por justa la sentencia en este aspecto. Como lo sostuve en mi voto en los autos “APPEL, Daniel Humberto c/ GEOSERVICES S.A. s/ demanda laboral” posición que he mantenido en otros expedientes, y que entiendo tienen plena aplicación en estos autos para no aplicar la legislación anterior. Me permito reproducir, como fundamento, lo pertinente de ese voto, como reproduje en múltiples expedientes con la diferencia que ya no debía intervenir ANSES sino hoy día ARCA ingresando en WWWarca.gob.ar en el servicio simplificación registral, en la opción “certificación de servicios”, Dije en aquellos autos:
“Dentro de este primer agravio se ataca también la utilidad que puede tener esta documentación para el trabajador por la posibilidad de obtener esta información del ANSES en lo que constituye el agravio de mayor trascendencia del derecho laboral en un tema reiteradamente debatido, tal la procedencia de la multa del art. 80 de la LCT por la variación de las razones de control de la evasión de aportes que motivaron la norma. En un fallo de ya un lustro el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut donde el Dr. Royer como primer votante en un caso de interesantes aristas de hecho entendió que “en los tiempos que corren y los avances en los sistemas informáticos, hacen que- en la práctica- la vigencia de la norma deje de tener la trascendencia de antes”. Valoró para ello que las empresas de envergadura y por exigencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos ingresan los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social en forma conjunta para todos los trabajadores incorporados en la declaración jurada mensual con el formulario F931 con cantidades globales, lo que trae dificultades para discriminar por trabajador e hizo referencia a la nueva corriente jurisprudencial a partir de diversos pronunciamientos de la Sala III de la Cámara Nacional de Trabajo que consideró que el reclamo ya no resulta admisible porque ha perdido toda utilidad práctica”. ( Ver voto del Dr. Royer en La Ley online L.R., H.M. c/ P.I.S.R.L. del 3/3/2011 Cita online AR/Jur/3682/2011).
Cabe señalar que el Dr. Royer cita un trabajo de Carlos Alberto Livellara, comentando los casos Rosentein y Rosales de la Sala Laboral de la Corte de Mendoza y de la aplicación de la doctrina del abuso de derecho por ese alto tribunal. Sostiene este autor:
“A partir de estas ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT ).” (Revista de Derecho Laboral - Actualidad– Rubinzal- Culzoni año 2010-2 página 285)”
El Poder Legislativo analizó el no mantenimiento de esa sanción que, debemos reconocer, daba lugar a abusos. Lo que interesa es que los empleadores hagan los aportes y no que, como hemos visto, hubo grandes fortunas que escandalosamente financiaban su crecimiento a muy pequeño costo, sobre la base de deber millones en aportes patronales y acogerse a planes de pago. En la actualidad cada empleado puede controlar día a día los aportes de lo que se le retiene, para poder el día de mañana por ejemplo realizar sus trámites jubilatorios. Lo hace ingresando a la página web de ARCA. Es más, en el punto 3 del fallo la sentencia en punto consentido por la demandada, ordena a la empleadora a que rectifique los datos de la relación laboral debidamente ajustada a los parámetros admitidos, a fin de que la trabajadora pueda acceder a la certificación laboral (art. 80 LCT) a través del sitio Web del servicio de ARCA en el plazo de treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar astreintes. En tales condiciones se advierte que ninguna utilidad puede tener para la parte un certificado con datos que se mandan a rectificar. Sería un abuso pretender una sanción por un certificado que se debe rectificar o del certificado que una vez rectificado se obtendrá por vía digital como se establece en el punto 3) del fallo. En lo expuesto precedentemente se encuentra la razón que no ordena la entrega de un certificado que se puede consultar en la Web, que poca utilidad tiene desde que la sentencia manda rectificar en el plazo de treinta días bajo apercibimiento de astreintes. Ello no quita que la demandada puso a su disposición los certificados de marras.
Respecto de la procedencia de la sanción art. 132 bis de la LCT, aparte de las consideraciones de la sentencia de los certificados acompañados en el responde (ver legajo acompañado en el escrito de contestación PE1148985/2023) se desprende que a la fecha de promoción de la demanda no existía retención de los aportes del trabajador a los organismos de seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones que estuviesen obligados los trabajadores que fueron depositados. Sobre el final existen deudas de los aportes patronales, pero no de lo retenido a la actora. El actor no demostró que la patronal no ingreso las retenciones que mensualmente se le efectuaron con destino a los organismos de seguridad social.
Respecto a la indemnización establecida por el art. 2 de la ley 25.323 tengo en cuenta que se trata de una sanción pero que debe ser aplicada en forma restrictiva para no afectar el derecho de defensa. La demandada invocó una causal que no tuvo aceptación en la sentencia. El rechazo en estos casos no habilita la procedencia de la multa.
VI. Que contestando la primera cuestión la sentencia no es justa en los aspectos señalados y debe ser parcialmente admitido el segundo agravio y rechazados los tres restantes.
El Gabinete Contable debe tomar en cuenta el SAC correspondiente a la 2ª cuota proporcional al 16/9/21 cuando establezca la base del art. 245 de la LCT. Debe tomar en cuenta también que como salario diferido el SAC debe integrar la indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232 de la LCT) teniendo en cuenta que sí se hubiera otorgado el preaviso y el trabajador hubiera seguido prestando servicios con horario restringido se le hubiera abonado el SAC proporcional (criterio de la normalidad próxima).
Ergo el segundo agravio es procedente y debe revocarse en ese aspecto y con este alcance el punto dos del fallo en el sentido señalado e integrar el punto uno de la condena.
Las costas de la instancia por el principio objetivo de la derrota se imponen a la demandada (art. 68 del CPCC) y se debe diferir la correspondiente regulación hasta tanto obre regulación en la instancia de origen. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VII. Comparto la conclusión a la que arriba el primer votante. Que no obstante compartir la propuesta del juez preopinante en cuanto propugna el rechazo del tercer y cuarto agravio formulado por el recurrente, voy a ampliar los fundamentos en los cuales apoya esa decisión, pues, pese a arribar a la misma conclusión que mi colega, lo hago también desde otro aspecto al analizar las cuestiones involucradas en el punto. En efecto, parto de la base que el argumento troncal del quejoso, tiene que ver con la imposibilidad jurídica de aplicar de manera retroactiva una norma que entró en vigencia con posterioridad al nacimiento de los derechos reclamados. En efecto, tengo presente que el juez de grado para rechazar la procedencia del art. 2 de la ley 25.323, la indemnización del art. 80 de la LCT y el art. 132 bis de la LCT argumentó que la norma que las contempla no se encontraba vigente al momento del dictado de la sentencia. Concretamente se sostiene en agravios que esa decisión es contraria a derecho por cuanto importaría convalidar una vulneración a derechos adquiridos por la actora puesto que las multas que se reclaman nacieron a partir de una relación de trabajo extinguida en el mes de septiembre de 2.021 y no luego de la entrada en vigencia la ley 27.742 que las derogó, esto es el 9 de julio de 2.024. Califica entonces el pronunciamiento emitido sobre este punto como inadmisible y contrario a la seguridad jurídica puesto que se aplica una ley vigente de manera retroactiva.
Dicho esto, opino que el estudio en cuanto a la procedencia de las sanciones cuyo reconocimiento pretende el quejoso, no puede ser llevado a cabo en abstracto dejando de lado las circunstancias de cada caso en particular. En ese sentido destaco que la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 que pretende el quejoso, obliga a revisar la forma en que se configuró el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes, dejando aclarado que adhiero a la interpretación restrictiva del agravamiento de la indemnización contemplada en la normativa en cuestión en consonancia con el criterio sostenido por ésta Cámara y lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en el punto en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ).
La misma mirada cabe con relación a la procedencia de la sanción prevista en el art. 80 de la LCT. En éste aspecto destaco lo dicho por nuestro Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia en la Sentencia inscripta al Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521 – Prot. Elect. TSS1008.171, en el que señalo que “es la omisión de hacer entrega de los certificados que indica la norma la que genera la indemnización prevista en la misma, y no el actuar de los actores, debiendo analizarse solamente lo realizado por la demandada”. Es ilustrativa en éste aspecto la doctrina invocada en reiterados precedentes de ésta Cámara y que también cita el Dr. Monelos en su voto y a la que me remito, contenida en “Revista de Derecho Laboral – Actualidad – Rubinzal Culzoni año 2.010-2 página 285”.
Con respecto a la sanción del art. 132 bis LCT, destaco que el objetivo de ésta norma es revertir la evasión fiscal de quien retuvo parte del aporte del salario y no lo depositó en las cuentas de destino. Tal como se señaló en el precedente “Alanis C/Servigen” Expte. 15659-7990/22 “se trata de una sanción conminatoria”, y debe ser interpretada en forma restrictiva, siendo carga probatoria del accionante demostrar que el empleador no ingresó las retenciones efectuadas mensualmente con destino a los organismos de la seguridad social”.
Queda claro con lo expuesto la pertinencia de evaluar la situación en particular y el comportamiento de las partes y en base a ello decidir sobre la procedencia de tales pretensiones, ajustado por supuesto a los criterios de interpretación expuestos antes a los que, como dije, adhiero.
Así las cosas, observo que conforme a las constancias de la causa no es procedente reconocer las sanciones pretendidas por el actor.
Para así opinar, tengo en cuenta con respecto a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, que la ruptura de la relación laboral se fundó aquí en un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, por lo que sin perjuicio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en ésta sede judicial, entiendo que la demandada pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo. Por esta razón y teniendo en cuenta la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, la pretensión de la actora no debe prosperar y por ende se debe eximir del pago de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323 a la empleadora demandada.
Con respecto al art. 80 de la LCT observo primero que la demandada en cada una de las comunicaciones epistolares que le remitió a la actora en el intercambio que se dio entre las partes, le comunicó que los certificados se encontraban a su disposición, cuyos textos fueron acompañados con el responde de la demanda. Las misivas fueron dirigidas al domicilio denunciado en el legajo personal de la actora y por tanto se tuvieron por válidas. Por otra parte el certificado de servicios y remuneraciones (formulario PS 6.2) y el certificado de trabajo fueron agregados con el escrito de contestación de demanda. La conducta de la accionada tuvo por tanto suficiente diligencia para que el trabajador pueda hacerse de tal documental, pues, pudo presentarse en las oficinas de la empleadora conforme se lo imponía la buena fe contractual. Pudo solicitar también el desglose una vez que estuvieron agregadas a la causa. Nada de eso hizo y procedió sin más a demandar la multa prevista en el art. 80 de la LCT. Teniendo en cuenta por ende que los aportes y contribuciones fueron realizados y que tanto el art. 11 de la ley laboral como el art. 9 del Código Civil y Comercial vedan el ejercicio abusivo de los derechos, se considera que el cobro de la multa que se pretende deviene por tanto contrario al principio invocado y no debe ser admitida. Por estas razones entiendo que la multa del art. 80 de la LCT no debe prosperar.
Que en cuanto a la procedencia de la sanción prevista en el art. 132 bis de la LCT coincido en éste aspecto con lo dicho por mi colega Dr. Monelos adhiriendo a sus argumentos. Por lo que tampoco esta sanción puede prosperar.
Por todo ello arribo a igual conclusión que el juez preopinante que refuerzo con los carriles argumentativos desarrollados. Comparto entonces la propuesta de rechazo de los agravios de que se tratan. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que con apoyo en las razones y fundamentos expuestos al responder a la primera cuestión propongo al acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el segundo agravio formulado por la recurrente contra la sentencia en crisis y rechazar el primero, el tercero y el cuarto de los vertidos la actora. 2º) Integrar el punto uno del fallo aclarando al Gabinete Contable que deberá computar el SAC en la forma establecida en el considerando VI al calcular la indemnización del art. 245 LCT y la indemnización sustitutiva del preaviso y revocar el punto 2) del fallo en cuanto rechaza parcialmente la demanda especto de los rubros SAC sobre preaviso y SAC sobre indemnización del art. 245 LCT. 3º) Las costas de la instancia se imponen a la parte demandada por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y se difiere la correspondiente regulación hasta tanto obre en autos regulación de la instancia de origen. 4º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 2083548/2025. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
IX. La propuesta que antecede se ajusta a lo determinado al responder a la primera cuestión. Adhiero en consecuencia al voto del preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 12 de junio de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias, jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Admitir el segundo agravio formulado por la recurrente contra la sentencia en crisis y rechazar el primero, el tercero y el cuarto de los vertidos la actora. 2º) Integrar el punto uno del fallo aclarando al Gabinete Contable que deberá computar el SAC en la forma establecida en el considerando VI al calcular la indemnización del art. 245 LCT y la indemnización sustitutiva del preaviso y revocar el punto 2) del fallo en cuanto rechaza parcialmente la demanda especto de los rubros SAC sobre preaviso y SAC sobre indemnización del art. 245 LCT. 3º) Las costas de la instancia se imponen al demandado por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y se difiere la correspondiente regulación hasta tanto obre en autos regulación de la instancia de origen. 4º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 2083548/2025. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. La Dra. Bard no firma por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara a/c de Presidencia; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 036 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3207 Folio Nº: 013/021 Secretaria: 1
Fin de la sentencia