Abriendo la norma
Tribunal de Casación
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles las impugnaciones deducidas por el Agente Fiscal, Dr. Carlos Adrián Arribas, y por el Particular Damnificado, Sr. Teófilo Blanco, con el patrocinio letrado del Doctor Roberto Alejandro Bois.
II. Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos a fs. 69/88vta. de este legajo y a fs. 48/61 del legajo acumulado nº 78.685, casar el pronunciamiento absolutorio dictado en fecha 1 de abril de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Matanza y, consecuentemente, devolver a la instancia para que –previa integración con jueces hábiles- se efectúen los actos necesarios para la celebración de un nuevo debate; sin costas.
III. Diferir la regulación de honorarios del Doctor Roberto Alejandro Bois, Tº II Fº 349 C.A.L.M., para su oportunidad. Rigen los arts. 1, 18, 33 y 75, inc. 22, CN ; I, DADDH ;
4 y 5, DUDH ; 4, 5, inc. 2º, 8, ap. 1º, 8.4, y 25, CADH; 6, 7 y 14, inc. 7º, PIDCP; 1, 2, 12 y ccs., CTTPCID; 168 y 171, CBA; 45, 144 ter, incs. 1, 2 y 3, CP; 1, 3, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 233, 244, 250, 366, 367, 368, 371, 373, 375, 421, 433, 434, 450, 451, 452, inc. 1, 453, 456, 459, 461, 530, 531 y 532, CPP; 31 y ccs., Dec. Ley 8904/77.
“Registrado bajo el Nro. 1287 Año 2017”
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 21 de diciembre de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo R. Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal) bajo la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa nro. 78.681, caratulada “GOMEZ, ARIEL EMILIANO; BALBUENA, PABLO CÉSAR y SUAREZ, RUBÉN DARÍO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL” y su acumulada nro. 78.685 “GOMEZ, ARIEL EMILIANO; BALBUENA, PABLO CÉSAR y SUAREZ, RUBÉN DARÍO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADO”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL.
El 1 de abril de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial La Matanza dictó veredicto absolutorio en favor de Rubén Darío Suárez, Ariel Emiliano Gómez, y Pablo César Balbuena, en relación a los hechos materia de acusación que fueron tipificados como tortura seguida de muerte, con cita de los artículos 75 inciso 22 de la Constitución nacional, 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 2 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 144 ter apartado 2º del Código Penal y 371 inciso 1º a contrario, 373 y cc. del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Contra dicho pronunciamiento, el Agente Fiscal, Dr. Carlos Adrián Arribas, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 69/88vta. de este legajo; mientras que el Particular Damnificado Teófilo Blanco, en representación de su hijo Gabriel Blanco, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Alejandro Bois, también hizo lo propio mediante la impugnación del referido decisorio, conforme surge a fs. 48/57 del legajo acumulado nº 78.685.
Elevados que han sido por separado los legajos, ingresando a la Sala I de éste Tribunal con fecha 15 de septiembre de 2016, estos han sido acumulados al mediar conexidad objetiva (fs. 137 de este legajo), por lo que encontrándose las causas en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Habiendo sido deducidos los recursos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 CN; 20 inc. 1, 79 inc. 7, 450 1er párrafo, 451, 452 inc. 1 y 453 del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Expresa el Agente Fiscal que el fallo resulta dogmático, auto-contradictorio, carente de fundamentación suficiente y arbitrario, por no haberse evaluado debidamente las constancias de la causa, la prueba producida y haberse transgredido las reglas de la lógica y la sana crítica, conforme lo establecido en el art. 210 del CPP. Sostiene que, con respecto a la prueba médica, los testimonios de los Dres. Cámera, Olomudski, Lazzarino y Romero reconocen al menos tres lesiones en el cuerpo de la víctima, centrándose una controversia entre los resultados de la autopsia y re-autopsia frente a la existencia de un infiltrado hemorrágico de planos musculares profundos de ambas regiones lumbares, catalogadas en la primera autopsia como livideces.
Considera que el juzgador se apartó de lo analizado por los expertos mencionados, concluyendo que ninguno afirmó categóricamente acerca de la existencia o inexistencia de la lesión mencionada. Entiende que el sentenciante del primer voto cuestionó la labor del Dr. Romero al punto de mencionar las acusaciones efectuadas en su contra, cuando aún no le han generado estado procesal por no encontrarse firme la sentencia. Explica que el A Quo descarta el valor probatorio de la pericia efectuada por el Dr. Romero junto al Dr. Rodríguez Paquete por considerar que el informe es confuso, pobre y osado. Por el contrario, el Fiscal entiende que la experiencia del Dr. Romero le permitió afirmar que la lesión en la zona lumbar era de carácter vital, por lo que ordenó una pericia anátomo-patológica a fin de obtener la mayor cantidad de elementos para sostener su argumentación.
Expresa que ninguno de los expertos que intervinieron en el debate señaló que la conclusión a la que arribó el Dr. Romero, acerca del carácter vital de las lesiones, fue errónea. Considera que la falta de certeza sobre la existencia de la lesión mencionada debe ser analizada con el resto de la prueba ofrecida y producida en el debate, específicamente junto a los testimonios de Ariel Norberto Verón, Marcelo Gabriel Novara, Claudio Alberto Funes, Jonathan Gastón Viglione Miranda, Gabriel Ricardo Martínez y David Mendoza, algunos de los que refirieron a los golpes y gritos provenientes del calabozo de contraventores donde se encontraba alojado Blanco. Cita doctrina y jurisprudencia de este Tribunal de Casación y de la Corte Suprema Nacional.
Entiende que, frente a lo expuesto, el Tribunal ha sido por demás parcial al emitir el veredicto por lo que considera debe decretarse la nulidad del juicio. Por otro lado, expresa que las decisiones y la actividad adoptadas por el Tribunal en el marco del juicio, comprometieron la garantía de parcialidad del juzgador, excediendo incluso la propia y exclusiva de las partes. Cita doctrina al respecto. Concluye que la intervención del A Quo a lo largo del debate denota una búsqueda de la verdad histórica, propia del sistema inquisitivo, dando origen a una razonable sospecha de parcialidad. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la imparcialidad en la administración de justicia.
Considera que tal circunstancia, en la presente causa, no es un simple exceso en la utilización de las facultades establecidas en el art. 364 del CPP., sino que constituye una afectación a uno de los pilares del sistema acusatorio. Entiende que el veredicto del Tribunal ha versado únicamente en la valoración de la pericia de re-autopsia, utilizando el resto de los elementos probatorios solamente para debatirla y contradecirla. Explica que tampoco se refutó la tesis que sostiene que Blanco se quitó la vida como producto de las torturas padecidas. Describe las circunstancias en las que se encontraba la víctima, resumiendo que ello condujo al desenlace fatal acontecido. Concluye que se trata de un pronunciamiento aparente en incumplimiento de las pautas de la lógica y la sana crítica, en contradicción con la normativa citada al inicio.
Solicita que se case la sentencia, revocándola y condenando a Rubén Darío Suarez, Ariel Emiliano Gómez y Pablo Cesar Balbuena a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua, por resultar autores penalmente responsables del delito de tortura seguida de muerte. En su caso, pide se declare la nulidad del juicio y se reenvíen los autos a un nuevo Tribunal.
Por su parte, el Particular Damnificado expresa que ha habido una errónea valoración del plexo probatorio, comenzando por los testimonios de los otros internos –Ariel Norberto Verón, Marcelo Gabriel Novara, Gabriel Ricardo Martínez y David Martínez- a quienes el A Quo ha intentado desacreditar. Considera que no existe explicación posible para descartar la objetividad de sus declaraciones, porque fueron sostenidos en el tiempo y congruentes con lo dicho por Alexis Medina y Marcelo Bordón, a la vez que los internos no obtuvieron ventaja alguna. Resalta que los internos mencionados dieron cuenta de la sistematicidad de la cultura del golpe, citando que Novara dijo que con Gabriel “hicieron la típica, te agarran entre varios.” Señala que se ha probado en el debate el estado de inestabilidad psico-emocional de Gabriel Blanco, las torturas por él sufridas y la muerte con motivo o en ocasión de dichos maltratos. Con respecto a las posibles lesiones, entiende que la reautopsia del Dr. Romero, siendo el único que analizó lo que debía analizar, evidencia marcas profundas que podrían ser livideces de carácter vital, circunstancia que no fue descartada por los peritos Unzien y Fenoglio. Añade que lo transmitido por el Dr. Romero tiene concordancia con lo testimoniado por los internos mencionados previamente. Considera que ha habido, al menos, dolo eventual en los agentes acusados de la policía bonaerense. Explica el concepto de tortura y cita doctrina y normativa internacional. Solicita la nulidad de la sentencia por ser un acto jurisdiccional viciado en su motivación, que afecta su validez y parece de errores in procedendo et in iudicando. Consecuentemente, requiere se condene a los encartados a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. Hace reserva del caso federal.
El Fiscal de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, manifiesta que mantiene todos los argumentos expuestos por su colega de instancia, solicitando que se resuelva conforme lo requerido en el libelo recursivo (fs. 128/130vta.).
Llegan estos obrados a conocimiento de esta Alzada en virtud de los recursos de casación presentados por las partes acusadoras. El Ministerio Público en ejercicio de la potestad legal que le confiere el ordenamiento de formas (cfr. CJSN, “Arce”, Expte. “A. 450. XXXII.”, del 14/10/1997) y el representante de la víctima, constituido en particular damnificado, en función de lo normado por los arts. 8, ap. 1º, y 25 de la Convención Americana (cfr. CSJN, “Juri”, Expte. “J. 26. XLI.”, del 27/12/2006), más allá de las previsiones reglamentarias del rito local. Las absoluciones dispuestas por el A Quo fueron el resultado de un juicio oral, de manera que el conocimiento de este Tribunal se encuentra en algún punto limitado. No obstante, y aun cuando no exista una total par condictio con el Tribunal de mérito, las particularidades del presente nos permite equipararnos en gran medida; ello así, dado que la sentencia cuenta con información que resulta útil para que este Tribunal pueda controlar con mayor precisión el juicio de valoración realizado por el A Quo.
El Fiscal tuvo por acreditado que: "El día 1 de marzo de 2007, a las 21:00 horas y el día 2 del mismo mes y año a las 0:30 horas, en el interior del calabozo denominado locutorio, de la Seccional Policial San Carlos, sita en la calle Bedoya nº 3474, de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde se encontraba alojado el aprehendido Gabriel Alejandro Blanco, ingresan tres numerarios , Rubén Darío Suárez, Balbuena y Gómez, con el fin de acallar los gritos que el nombrado Blanco profería para ver a sus familiares, destacándose que el lugar se hallaba sin luz eléctrica, lo que tornaba casi nula la visibilidad, comenzando a golpear en diferentes partes de su cuerpo al mencionado, más precisamente en la zona lumbar, viéndose en este lugar que las mismas le provocaran lesiones profundas no visibles a simple vista, lo que refleja el grado de violencia utilizado.
Seguidamente, y al no cesar Blanco en su actitud, al cual los efectivos mantuvieron hasta ese momento esposado, toda vez que se representaron la posibilidad y previsibilidad de que el nombrado Blanco pudiera atentar contra su vida, situación que no había variado y a lo que se le sumaban los golpes que le habían efectuado, conformándose con dicha posibilidad que debían velar por la integridad del mencionado, la que habían vulnerado, procediendo a sacarle el juego de esposas, que poseía en sus manos, manteniéndolo en soledad y en la oscuridad del calabozo, sin prestarle ningún tipo de asistencia, ocasionando con ese marco que el nombrado Blanco se ahorcara con un cable que se encontraba colgado en el baño, existente en dicho calabozo, produciéndose de esta manera la muerte del mismo.
Dicha descripción configura el delito de tortura seguida de muerte, establecido en el artículo 144 tercero, inciso segundo, primera parte del Código Penal, rigiendo el artículo 45 del mismo cuerpo legal, solicitando que al momento de dictar sentencia se los condene a Rubén Darío Suárez, Ariel Emiliano Gómez y Pablo César Balbuena a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas en orden al delito antes señalado" (fs. 17/vta.). Por otro lado, desistió de la acusación efectuada contra Daniel Omar Dos Santos y Claudio Horacio Javier Ilundayn, "en orden a los delitos de encubrimiento doblemente agravado por tratarse de un hecho ilícito de los considerados graves y por la calidad de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, solicitando que se disponga su absolución" (fs. 16vta./17).
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran oportunamente concedidos (v. auto de fs. 90/92vta.; arts. 433, 434 y ccs., CPP).
Resulta necesario recordar que el caso presenta una complejidad especial en razón del objeto que se estudia: se está hablando de una víctima que –según la acusación– habría sido torturada por funcionarios policiales del Estado y cuya muerte podría haber sido consecuencia de ello, de allí que están en juego derechos humanos básicos como la integridad física y psíquica de una persona y su correlativa prohibición, es decir, la prohibición de la tortura (art. 5º, DUDH; 5º, inciso 2, CADH; art. 7º, PIDCP; 18, 33 y 75, inc. 22, CN; v. tamb. y en especial la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) y su vinculación con el derecho a la vida (art. I, DADDH; 3º, DUDH; 4º, CADH; art. 6º, PIDCP).
Considerando lo expuesto, veamos pues las circunstancias de la causa y los argumentos que sobre ellas efectuaron los integrantes del A Quo.
Principalmente, el razonamiento utilizado por el Tribunal para determinar la existencia o no de actos de tortura, se fundamentó en el análisis de las pruebas de autopsia y reautopsia, surgiendo de la primera, efectuada por el Médico de Policía Dr. Cámera, que el cuerpo de Gabriel Blanco tenía “livideces dorsales, no fijas,” “un surco de compresión en el cuello … que por su aspecto general impresiona una lesión de características vitales,” “pequeñas y múltiples excoriaciones costrosas, milimétricas en ambas piernas, de antigua data, compatible con lesiones de rascado,” una “excoriación de unos 2 cm. de diámetro en región del omóplato derecho que asienta sobre una zona cubierta de tierra de color negruzco” con un tiempo estimado de “evolución contemporánea al momento del deceso” y una “excoriación de base apergaminada de unos 24 por 18 mm. localizada en la región frontal media inmediatamente por delante del implante del cuerpo cabelludo” con un tiempo estimado de evolución dentro de las 12 horas anteriores al deceso,” no registrándose lesiones traumáticas de reciente data de valor médico legal sobre la superficie corporal y concluyendo que la muerte se produjo por un paro cardiorespiratorio traumático, por ahorcadura (fs. 33vta. causa nº 78.681 y fs. 80/86 de la causa principal).
En el examen interno efectuado en la reautopsia, realizada por los Médicos Forenses de la Fiscalía de Cámaras de Ministerio Público de Lomas de Zamora, se observó en el cuerpo de Gabriel Alejandro Blanco, el que estaba en un avanzado estado de transformación cadavérica, “un infiltrado hemorrágico de planos musculares profundos de ambas regiones lumbares quedando la determinación de vitalidad de las mismas ad referéndum de pericias histopatológicas,” y se advirtió a nivel de su ala nasal izquierda “un cambio cromático lineal parduzco el cual se envía para estudio anatomopatológico con el fin de determinar si el mismo es vital o post mortem”, concluyéndose que la muerte fue “producida por un paro cardiorespiratorio traumático, siendo la causa originaria una posible asfixia por compresión extrínseca del cuello” (fs. 250vta./254 de la causa principal). En consecuencia, entre la autopsia y la reautopsia surgió una diferencia acerca de la existencia de una lesión lumbar que fuera descripta como vital en el segundo estudio efectuado por el Dr. Romero, en la que centró su atención el Tribunal (fs. 34 y 37vta.). Es decir, entre la autopsia efectuada por el Médico de Policía Dr. Julio C. Cámera y la reautopsia llevada a cabo por los Médicos Forenses de la Fiscalía de Cámaras del Ministerio Público de Lomas de Zamora, Dres. Alfredo A. Romero y César A. Rodrigues Paquete, surgió un “punto de discordia” acerca de si lo observado por los últimos especialistas es una trasvasación sanguínea producto de livideces descriptas como fenómeno post-mortem o una lesión vital que provocara un infiltrado hemorrágico de planos musculares profundos de ambas regiones lumbares, que sería la consecuencia de actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (fs. 37vta./38).
De este modo, el Tribunal analizó en primer término lo dicho por el Dr. Cámera, Médico de Policía, quien efectuara la autopsia y explicara que las livideces después de unas horas tienden a ocupar la zona lumbar y a moverse, por lo que fueron descriptas como livideces dorsales, no fijas en su informe de autopsia (fs. 38vta. causa nº 78681 y fs. 81 de la causa principal).
Posteriormente examinó lo dicho en el ateneo médico efectuado en el debate por el Dr. Romero, encargado de efectuar la reautopsia y quien expresara que las lesiones encontradas a raíz de las incisiones longitudinales efectuadas en el dorso hasta el plano óseo, eran “infiltrados pardo rojizos compatibles con hemorragias de carácter vital”, explicando acerca de la necesidad de efectuar estudios histopatológicos para confirmar su postura (fs. 38vta. causa nº 78681 y fs. 249/255). Explicó asimismo que ad referéndum de estudios histopatológicos implicaba que sus conclusiones debían ser certificadas “por anatomía patológica de ser ello factible, a veces no es factible por el tiempo transcurrido” y el estado de putrefacción del cuerpo (fs. 38vta./39 causa nº 78681).
Acompañado en sus conclusiones por los demás integrantes del ateneo médico -Perito de parte Dr. Fenoglio, médicos de Policía Dres. Cámera y Olodmusky, y médico de la Asesoría Pericial Departamental Dr. Lazzarino-, dijo que la anatomía patológica “corrobora o no lo que uno vio”, destacando que lo observado no podían ser livideces porque estas no tienen normalmente colección de sangre, tal como su experiencia lo indica, y que la diferenciación histopatológica entre livideces y hematomas es bastante clara, puesto que la equimosis se ve con sangre (fs. 39 causa nº 78681).
Agregó también que un golpe en una zona de gran musculatura podía generar hematomas internos sin signos externos (fs. 38vta./39 causa nº 78681). Asimismo, insistió, en base a su experiencia, que aunque la anatomía patológica diga que las lesiones son post-mortem, él se inclina a pensar en la vitalidad cuando encuentra un infiltrado (fs. 40 causa nº 78681).
Frente a ello explicó el A Quo que el Dr. Cámera se opuso a dichas afirmaciones, expresando que también tenía experiencia en las incisiones profundas y que aunque la bibliografía aseveraba lo dicho por su colega, el Dr. Romero, él nunca vio que un hematoma profundo no tenga repercusión en la piel, afirmando que si la anatomía patológica no lo confirma, entonces no es una lesión” (fs. 39/vta. causa nº 78681). Posteriormente reiteró el Dr. Romero, Médico del Ministerio Público, que cada vez que encuentra infiltrados se inclina a pensar en la vitalidad, aun cuando la anatomía patológica indique lo contrario, es decir, que son post mortem.
Veamos pues cómo el Tribunal analizó lo anteriormente expuesto, a la luz de los criterios manifestados por distintos especialistas en la materia presentes en el debate.
En ese contexto, mencionó el sentenciante que el Dr. Lazzarino puntualizó que él había presenciado la autopsia y que macroscópicamente en la zona no se veía nada que justificara una incisión extra porque la lesión podría estar en cualquier lado, agregando que después de veinte días es fácil confundir un infiltrado post-mortem con uno vital (fs. 39vta. de este legajo). Luego, el galeno expresó que el informe del Dr. Romero era confuso, no siendo lo más “agradable o entendible”, mientras que el informe anatomopatológico es considerado como la verdad (fs. 39vta./40 de este legajo).
Posteriormente, el Tribunal consideró el ateneo anatomopatológico en donde expuso el Dr. Miguel Arturo Unzien, perito de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, y en el que intervinieron también los Dres. Fenoglio y Torre, como consultores de parte (fs. 44vta. de este legajo). En primer término, el A Quo examinó lo dicho por el Dr. Unzien al serle exhibido el análisis anatomopatológico de fs. 845, explicando que en los fragmentos de piel 7 y 8 existía un proceso postmortem y que en la capa debajo de la piel “un infiltrado hemático, nada más” de “características de una lesión vital” (fs. 44vta. de este legajo). Frente a ello, el sentenciante concluyó acerca de la arbitrariedad y ausencia de objetividad del Fiscal interviniente por no haber efectuado más preguntas al deponente (fs. 44vta.).
El órgano juzgador también mencionó otros fragmentos de la declaración del Dr. Unzien, entre los que figura nuevamente su aseveración acerca de la vitalidad de la lesión, expresando que “un infiltrado hemático en la dermis es una trasvasación sanguínea de origen vital en el fragmento de la piel. Muchas veces, la data no se puede determinar si es ante mortem o post mortem, pero encontrar sangre debajo de la piel indica que es vital” (fs. 44vta./45).
Ulteriormente, el Tribunal destacó la importancia de que el mencionado médico anatomopatólogo no haya podido aseverar con certeza acerca de la vitalidad o no del origen del infiltrado hemático de las muestras sindicadas como 7 y 8, puesto que el lugar del que fueron extraídas se marcó como zona lumbar donde se asentaron livideces dorsales (fs. 45). Asimismo, el A Quo resaltó que el declarante haya indicado que la primera autopsia es la más importante porque en la reautopsia ya se ha toqueteado el cuerpo y hay incisiones (fs. 45).
También agregó el Tribunal que el Dr. Fenoglio, consultor de la parte defensora (fs. 1055 de la causa principal), dijo que era imposible diferenciar una lesión vital de una no vital en zona de livideces, a la vez que mencionó que hay otros métodos para determinar dicha circunstancia pero que no están disponibles en la Argentina (fs. 45vta.). El sentenciante también analizó que, a la preguntas del representante del particular damnificado acerca de la posibilidad de descartar lesiones vitales en zona de livideces, el Dr. Unzien respondió que “no en el fragmento de piel”, descartando que provenga de una contusión de carácter vital por no poder determinar si había infiltrado hemático y por esas razones describió una lesión post mortem (fs. 45vta.).
Frente a todo ello el Tribunal concluyó que, amén de las lesiones que no integran la plataforma fáctica de la acusación, no existieron otras de carácter vitales siendo ello el resultado de los ateneos médico y anatomopatológico y resaltó que el Dr. Unzien no pudo concluir acerca de la existencia de un infiltrado hemorrágico vital, describiéndolo entonces como post mortem, “todo lo cual podría haber afirmado de haber contado, al tiempo de su estudio, con el dato relativo a la zona donde las muestras fueron extraídas”, nuevamente enfatizando sobre las irregularidades cometidas por el Dr. Romero (fs. 46 causa nº 78681). Ahora bien, lo cierto es que, contrario a lo interpretado por el A Quo, ninguna claridad fue aportada en el debate acerca de los dos estudios anatomopatológicos que efectuara el Dr. Unzien sobre las mismas piezas descriptas con los números 7 y 8 –tacos de piel de región lumbar izquierda y derecha, tal como surge de la reautopsia- (fs. 249/255 de la causa principal). El primero de ellos concluyó que “en los cortes histológicos se observa: A nivel de piel: presenta cambios morfológicos de autolisis post-mortem”, mientras que el segundo estableció que al examen microscópico “en los cortes histológicos de las muestras descriptas [referidas a las identificadas con los números 7 y 8] se observa: Fragmentos de piel con denudación de la capa epidérmica con infiltrado hemático en dermis con cambios morfológicos de autolisis post-mortem. Las lesiones halladas en la piel por cambios morfológicos microscópicos son de características vitales” (fs. 470 y 845 de la causa principal). Frente a lo que no resulta difícil concluir que dichos estudios son complementarios puesto que el primero es el resultado de un estudio macroscópico, mientras que el segundo de un estudio microscópico, del que se concluye una lesión vital con cambios por autolisis post mortem, pero aclarando que los cambios son vitales (fs. 845 de la causa principal).
Y reitero, de las citas plasmadas en la sentencia puede afirmarse que el Dr. Unzien tampoco clarificó acerca de los resultados emergentes –y en principio complementarios- de los estudios por él realizados, aseverando por un lado que encontrar sangre debajo de la piel es vital, para luego enfatizar en que no puede determinar acerca de la vitalidad o no de las lesiones y descartando, por último, que sea una contusión de carácter vital (fs. 44vta/45vta. de este legajo).
Ahora bien, el sentenciante también menciona lo expuesto en el ateneo por el Dr. Fenoglio, tal como se dijera anteriormente. Veamos pues que el informe elaborado por el Dr. Juan José Fenoglio, con fecha 18 de marzo de 2013, a pedido de la parte defensora, en el afán de dilucidar acerca de dos autopsias de las que surge la controversia ya explicada y dos estudios anatomopatológicos con resultados diversos, concluye acerca de la posibilidad de producir lesiones post mortem en las zonas donde se asientan las livideces y que estas pueden confundirse con lesiones premortales o vitales (fs. 10 del Informe Médico Legal anexo a la causa principal). Asimismo, dicho informe intenta echar luz sobre la circunstancia de que se haya enviado a estudio la piel –muestras 7 y 8- cuando lo que se encontró en la reautopsia fue un infiltrado rojizo de mayor intensidad a nivel de los planos musculares (fs. 12 del informe Médico Legal anexo a la causa principal). Así, sobre el tema, establece que del análisis anatomopatológico no surge lesión traumática alguna en la piel de la zona lumbar o en el hueso nasal, pero que de la nueva pericia efectuada sobre las muestras 7 y 8 con una nueva coloración del taco de piel se informa que existe infiltrado hemorrágico correspondiente a una lesión vital (fs. 13 del informe Médico Legal anexo a la causa principal). En referencia a este último punto, el Dr. Fenoglio escribió en su informe que no queda claro por qué no se visualizó la hemorragia en la primera pericia, pero puede ocurrir que los infiltrados hemorrágicos en zonas de livideces se confundan por lesiones vitales cuando son post mortem, concluyendo finalmente acerca de la imposibilidad de determinar la calidad de las lesiones especialmente en cadáveres en putrefacción (fs. 16/18 del informe Médico Legal anexo a la causa principal).
Lo cierto es que poco y nada aporta al respecto el informe presentado por el Dr. Fenoglio, médico consultor de la parte defensora (fs. 1/22 del Informe Médico Legal Anexo a la causa principal). Sin embargo, no descarta certeramente las conclusiones a las que arribara el Dr. Romero y, con respecto a las dos pericias histopatológicas, explica que no queda claro por qué las lesiones vitales no se visualizaron en la primera pericia, pero no aclara que el primer estudio basa sus conclusiones en la observación macroscópica mientras que el segundo en la microscópica (fs. 15 del Informe Médico Legal Anexo a la causa principal).
Relacionado a todo lo mencionado anteriormente, corresponde destacar que el Protocolo de Estambul dicta pautas para la investigación y documentación de casos relativos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Dichas pautas, aunque no son rígidas o fijas, constituyen una guía para evaluar las circunstancias según el caso en particular.
Y frente a este caso en particular, entiendo pertinente detenerme en las directrices que refieren justamente a la investigación. En primer lugar, bajo los principios de competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad, el Capítulo III de este protocolo enfatiza en la necesidad de que los procedimientos de investigación de casos de tortura, sean independientes de toda institución, agencia o persona que pueda ser objeto de indagación –en este caso, la policía- (ver. Protocolo pág. 31).
En segundo lugar y con mayor especificidad, el párrafo 85 del mencionado capítulo establece que “cuando se sospeche que funcionarios públicos están implicados en actos de tortura […], no podrá realizarse una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión especial de indagación. También puede ser necesaria una comisión de este tipo cuando se ponga en tela de juicio la experiencia o la imparcialidad de los investigadores” (Protocolo de Estambul). Y continúa estableciendo dicho protocolo en el siguiente párrafo 86 que “[e]ntre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado esté implicado en la tortura o de que existen circunstancias especiales que justifican la creación de un mecanismo especial imparcial de investigación figuran: a) Cuando la víctima haya sido vista por última vez en buenas condiciones de salud, detenida o bajo custodia policial; b) Cuando el modus operandi sea conocido e identificable con las prácticas de tortura patrocinadas por el Estado […]”, entre otras, dos puntos que aplican claramente al caso en cuestión (ver Protocolo pág. 35).
Lo cierto es que todo indica que las reglas internacionales sobre investigación de tortura, claman esencialmente por un sistema construido sobre la base de la objetividad y la independencia, por lo que, a la luz de lo expuesto, resulta notorio que el sentenciante haya decidido considerar preferencialmente al informe efectuado por un miembro de la misma fuerza acusada, negando enfáticamente la existencia de lesiones que fueran catalogadas como de carácter vital por un especialista independiente en la materia.
Sabido es que no hay regla legal -excepto las directrices mencionadas que no poseen carácter vinculante- ni pretoriana que obligue al tribunal de juicio a otorgar preeminencia a dictámenes oficiales por sobre los peritajes de parte, sin perjuicio que se tenga establecido que el informe del cuerpo Médico Forense debe considerarse como “asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales” (CSJN, Fallos 299:265, considerando 3º in fine; véase el correcto entendimiento de dicha doctrina en Fallos 331:636, considerando 6º del voto disidente de Fayt y Zaffaroni). Pero también lo es el hecho de que el dictamen pericial no vincula absolutamente al Tribunal sino que se haya sujeto a la valoración judicial con arreglo a la sana crítica racional (cfr. al respecto DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, t. II, 3ª ed., Bs. As., Víctor de Zavalía, 1976, nº 260, p. 347 y ss.; FLORIÁN, Eugenio, De las pruebas penales, t. II: De las pruebas en particular, versión castellana de Jorge Guerrero, 2ª ed., Bogotá, Temis, 1976, p. 445; CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La actividad procesal, 1ª. ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, nº 1227, p. 129; PALACIO, Lino Enrique, La prueba en el proceso penal, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2000, nº 27, p. 151; CAFFERATA NORES, José I. y HAIRABEDIÁN, Maximiliano, La prueba en el proceso penal, 6ª ed., Bs. As., LexisNexis, 2008, ps. 95/96; JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia penal, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 414 y ss.; MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. III: Parte general. Actos procesales, 1ª ed., Bs. As., Editores del Puerto, 2011, § 5, D, 2, e, ps. 158 y ss.; entre otros), en tanto que la ley no obliga al juez a validar un dictamen “…si le parece absurdo o siquiera dudoso, carente de razones técnicas o científicas, contrario a la lógica o a las reglas generales de la experiencia o a hechos notorios, reñido con lo expuesto sobre la materia por autores de reconocido prestigio, emanado de personas que no son verdaderos expertos, desprovisto de firmeza y claridad. Esa sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su función de fallador y convertiría a los peritos en jueces de la causa, lo cual es inaceptable” (DEVIS ECHANDIA, nº 260, p. 348).
Es más, “…el magistrado tiene el poder-deber de practicar sobre el informe de los expertos una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente no solo las conclusiones definitivas a las que el perito hubiese llegado, sino también las operaciones y prácticas que para ello hubiese efectuado, los fundamentos y razones con los que sustenta aquéllos, y la seriedad de todo el desarrollo de la prueba” (JAUCHEN, ob. cit., ps. 414/415); es que el juez, amén de verificar si la peritación llena todas las formalidades de rigor, debe examinar su contenido, para verificar su coordinación lógica y científica, para ver si los motivos y razones son suficientes, pues “…el deber del juez es muy claro, y se relaciona con el deber de la motivación y con el fin procesal propio del dictamen; así, el juez puede considerar que las respuestas son insuficientes y que no ofrecen los elementos necesarios” (cfr. FLORIÁN, ob. cit., p. 445).
Por ello, el dictamen puede ser formalmente perfecto no obstante el juez puede negarle crédito al no quedar convencido con las conclusiones expresadas (cfr. FLORIÁN, ob. cit., p. 445); de todas formas, el magistrado debe exponer razones serias que debe explicar (cfr. DEVIS ECHANDÍA, ob. cit., t. II, nº 260, p. 348; FLORIÁN, ob. cit., t. II, p. 445; PALACIO, ob. cit., nº 27, ps. 151/152; CAFFERATA NORES/HAIRABEDIÁN, ob. cit., p. 96; JAUCHEN, ob. cit., p. 415; MAIER, ob. cit., t. III, p. 159). En el caso, los Jueces no cumplieron con el deber de justificar razonablemente la elección de algunas pericias por sobre otras (cfr. AROCENA, Gustavo A., La valoración de la prueba (con especial referencia a la reconstrucción del hecho, las pericias y las interpretaciones), en Revista de Derecho Procesal Penal, dirigida por Edgardo A. Donna, Rubinzal- Culzoni, año 2009, nº 1, p. 297 y s.), de suerte que si uno mira atentamente se puede concluir que le escaparon al deber que les incumbía, incluso advirtiéndose desde el inicio del análisis del punto de discordia tratado, una animadversión hacia el Dr. Romero que incluye, entre otras cosas, enfatizar sobre la necesidad de tomar medidas administrativas y la existencia de procesos en su contra no relacionados a su desenvolvimiento técnico en la presente causa (v. fs. 37vta./38, 40vta., 41vta./42, 44 y 58vta./59 de este legajo).
Desde la perspectiva indicada, cabe rememorar que para valorar este medio probatorio hay, básicamente, dos criterios: el subjetivo y el objetivo (cfr. CAFFERATA NORES/HAIRABEDIÁN, nº 29, ps. 94/95; concuerda tácitamente, MAIER, ob. cit., p. 157). Desde el punto de vista subjetivo el juez ha de llevar a cabo “…una valoración ético-psicológica de la personalidad del perito, análogamente a lo que tiene que hacer respecto de los testigos, a fin de establecer si hay causas de naturaleza subjetiva que hagan probable el error: averiguación que debe hacerse de ordinario en el momento de elegir el perito, pero que es siempre oportuno repetir en el momento de la valoración. No es difícil intuir, mediante una atenta observación, si el perito se encuentra en relaciones con el imputado y cuáles sean ellas; si sólo ha tenido el cuidado de ser objetivo o si, más o menos hábilmente, ha tratado de adaptar los hechos a conclusiones mendaces o artificiosas; si está dotado de suficiente astucia y poder crítico para eliminar todo lo que de falso pueda presentarle el imputado (…); si se ha demostrado diligente o no en la ejecución de la pericia (…); si goza de buena fama; etc.” (MANZINI, Vincenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, trad. de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, t. III: Los actos del proceso penal, Bs. As., Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952, ps. 417/418; coincide CAFFERATA NORES, ob. cit., nº 29, ps. 94/95).
En esta inteligencia, el A Quo debió considerar en su análisis que algunos de los peritos pertenecen a las fuerzas policiales (Cámera y Olomudsky), justamente aquellos que negaron que las lesiones podían ser de carácter vital; al igual que Fenoglio y Torre (cfr. fs. 44vta.; quienes aceptaron el cargo como peritos consultores de parte [de los imputados obviamente], fs. 1055 de la causa principal), no fueron quienes realizaran alguna de las dos autopsias, y por ende no tuvieron contacto con el cuerpo del fallecido Blanco, sino que se limitaron a estudiar los dos dictámenes, fotografías y videos, lo que claramente disminuye la fuerza de su análisis desde que lógicamente no puede equipararse una situación con la otra. Sin embargo, el informe presentado y firmado por el Dr. Fenoglio tampoco negó la posibilidad de la existencia de lesiones vitales, ni afirmó su inexistencia, tal como fuera mencionado previamente (fs. 1/22 del Informe Médico Legal anexo a la causa principal).
Por eso, dadas las circunstancias que rodearon al presente, se imponía este tipo de análisis, especialmente porque había opiniones contradictorias pero a la vez agrupadas y con mayor razón si el Procurador General había dictado una resolución que prohibía a todo el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires hacer uso de las facultades delegatorias prescriptas por los arts. 267 y 293 del CPP, en aquellos hechos delictivos vinculados con torturas, apremios ilegales y delitos económicos que afecten el interés colectivo, como asimismo en los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones (Res. 1390 del 10/12/2001); de manera que, más allá de que resulta verdadero que dicha resolución va dirigida a los fiscales, lo cierto es que demuestra el interés de la sociedad –a través de uno de sus representantes (art. 120, CN)– en asegurar la transparencia del proceso, evitando la parcialidad y en aras de lograr esclarecer la verdad de los hechos e impedir la impunidad de los actores.
Desde un plano objetivo la cuestión no se enfoca en la persona que realizó la pericia, sino –para resumirlo de alguna manera– en el dictamen en sí y en todo lo que tenga que ver con el examen que el experto realizare (por todos, véase CAFFERATA NORES/HAIRABEDIÁN, íd.), a lo que se suma –especialmente cuando existen dictámenes con conclusiones disímiles– la consideración sobre la concordancia o discordancia con el resto de los elementos probatorios (cfr. MITTERMAIER, Karl Joseph Anton, Tratado de la prueba en materia criminal, trad. al castellano por Primitivo González del Alba, Bs. As., Hammurabi, 1993, ps. 251 y 252; FLORIÁN, ob. cit., t. II, p. 445; DEVIS ECHANDÍA, ob. cit., t. II, nº 260, p. 348; CLARIÁ OLMEDO, ob. cit., t. V, nº 1227, p. 129; PALACIO, ob. cit., nº 27, ps. 151/152; CAFFERATA NORES/HAIRABEDIÁN, Nº 29, p. 95; JAUCHEN, ob. cit., p. 415; MAIER, ob. cit., t. III, p. 159).
Por eso, ante experticias encontradas y aceptando que la fuente oficial predica un marco de actuación neutral pero no impone a priori su prevalencia probatoria, cabe recurrir –tal como aconseja la doctrina– a la conexión que guarden esas determinaciones médicas con el resto de las probanzas recolectadas, de modo de conjugar unas con otras y advertir cuál es la reconstrucción más armoniosa en el camino hacia el descubrimiento de la verdad como cometido de todo juicio.
En efecto, acudiendo a los relatos de las personas que se hallaban privadas de libertad en la comisaría donde ocurrió el hecho en cuestión, encontramos en primer lugar el testimonio de Ariel Norbeto Verón, apodado “Mataco” (fs. 48vta. de la causa nº 78.681). Este manifestó que se encontraba alojado en el calabozo 1, al lado del calabozo de contraventores, dentro del cual no podía ver mas sí oír lo que allí dentro ocurría (fs. 49 de la causa nº 78.681). En este contexto, explicó que esa noche murió “un pibe” que estaba en contraventores, que no se ahorcó, sino que le pegaron toda la noche, afirmándolo porque había podido escuchar lo ocurrido (fs. 49 de la causa nº 78.681). Asimismo, detalló que “al pibe” lo llevaron a la comisaría alrededor de las 21 hs., recordando ello porque estaban por comer, y como siempre, “caían en contraventores”, adunando que “el pibe” se puso a discutir con los policías, y “como que le pegaban corte que se paró de manos y le empezaron a pegar” a piñas y patadas mientras decía “puto pega, ah pegan entre dos” (fs. 49 de la causa nº 78.681). Agregó que eran cuatro en el calabozo, no pudiendo ver pero sí escuchar, y que alrededor de las 23 hs. quedó todo en un silencio total, por lo que le preguntaron “al pibe” si quería comer algo, de dónde era y por qué estaba preso, a lo que “el pibe nunca me contestó” (fs. 49 de la causa nº 78.681). Mencionó también que luego escuchó que “vino la científica” y que “en todo ese quilombo se cortó la luz en toda la comisaría” (fs. 49 de la causa nº 78.681). Continuó diciendo que el calabozo de contraventores no tenía luz porque estaban todos los cables arrancados, que es oscuro y con una ventilación arriba, siendo el lugar donde llegan los aprehendidos quedando momentáneamente esposados al llegar (fs. 49 de la causa nº 78.681). Posteriormente, al ser preguntado si había escuchado a la persona decir algún nombre, mencionó que no recordaba por el paso del tiempo, pero al serle leída el acta de su declaración pudo afirmar que llamaban al oficial de servicio Gómez (fs. 49vta. de la causa nº 78.681). Por último, también aludió a la visita de los representantes de las organizaciones de derechos humanos, específicamente a Alexy, a quien conocía de una iglesia cercana y a Marcelo, explicando que hablaron con todos sin entrar a la celda acerca de lo que había ocurrido y de sus circunstancias penales y personales, aclarando que no les hicieron ninguna sugerencia (fs. 49vta. de la causa nº 78.681).
A continuación, el Tribunal descalificó los dichos del mencionado Verón, al decir que su declaración era diversa a la efectuada oportunamente en la Fiscalía pues en aquel momento no había mencionado los golpes de puños y patadas (fs. 50 de la causa nº 78.681). Lo cierto es que las declaraciones tuvieron ciertas diferencias que, como expresara el declarante, se debían a su forma de hablar y al tiempo que había transcurrido entre el hecho, la declaración en la Fiscalía y aquella prestada en el debate, circunstancias estas que sí fueron tenidas en cuenta por el sentenciante con respecto al testigo Juan Carlos Cajel (fs. 33 y 49vta./50 de este legajo).
Continuando con el análisis del resto de los testimonios, vemos que en términos similares se expresó Marcelo Gabriel Novara, quien dijo que conocía a Blanco del barrio, y que esa noche el dicente se encontraba alojado en el calabazo ubicado al lado del de contraventores (fs. 50/vta. de este legajo). Continuó expresando que alrededor de las 20:30 o 21:00 horas, entraron las autoridades y le empezaron a pegar, por lo que el chico gritaba que le dejen de pegar (50vta. de este legajo). Precisó que es más lo que escuchó que lo que pudo ver, especificando que Blanco gritó aproximadamente por unos diez minutos, no escuchando más nada por un tiempo hasta que el “imaginaria” se acercó a decirles que se había ahorcado un chico (fs. 50vta. de este legajo). También indicó Novara que finalmente la científica lo sacó del lugar, aclarando que ello también lo escuchó porque les habían cortado la luz (fs. 50vta. de este legajo).
Con respecto a su declaración de fecha 19 de marzo de 2007, pocos días después del hecho en cuestión, cabe destacar que fue efectuada en términos similares a los plasmados en el decisorio. Allí Novara especificó que alrededor de las 21 horas escuchó que un policía “le pegaba al pibe que murió”, que no pudo ver puesto que ello sucedía en el calabozo de contraventores pero que los golpes se sentían como de puño sobre el cuerpo de una persona y que el pibe gritaba “suéltenme, déjenme” (fs. 563vta. de la causa principal). En aquella oportunidad, Novara también dijo que poco después no escuchó más nada y que a la media hora aproximadamente comenzó un movimiento de policías sacando fotos, para avisarles después que un pibe se había colgado en el calabozo de contraventores (fs. 563vta. de la causa principal). Finalizó por explicar que a los dos días se hicieron presentes representantes de organismos de derechos humanos a los que les manifestó lo mismo que verbalizó en la Fiscalía (fs. 563vta. de la causa principal).
Continuando con las manifestaciones efectuadas por quienes se encontraban privados de libertad en la Comisaría de San Carlos, hallamos la de Claudio Alberto Funes quien recordó al chico alojado en el calabozo de contraventores, con quien mantuvo un corto diálogo, aclarando que desde donde estaba alojado –celda 3- podía ver las rejas del calabozo de contraventores y si había alguien allí dentro (fs. 51 de este legajo). Expuso también que se durmió alrededor de las 19 horas y se despertó recién cuando escuchó los ruidos que hacían las personas que sacaban fotos (fs. 51 de la causa nº 78.681). Finalmente dijo que había un turbo prendido que hacía mucho ruido y que también fueron representantes de derechos humanos para decirles que no tengan miedo de declarar, que si así era los llevarían a una comisaría cerca de la casa, pero que no les propusieron declarar en contra de la policía (fs. 51 de este legajo y fs. 306/307 de la causa principal).
Finalmente el Tribunal analizó las declaraciones testimoniales de Mendoza, Viglione Miranda y Martínez, incorporadas por lectura al debate.
Con respecto al primero, David Mendoza, resaltó que en su declaración dijo que pudo escuchar los gritos que emitía un sujeto que se encontraba detenido en el calabozo de contraventores, citando que el chico gritaba desesperadamente “yo no tengo nada que ver, no me peguen más” y agregó que “a cada rato se escuchaban las puertas del calabozo” (fs. 51vta. de este legajo). Añadió además que después se durmió y volvió a despertarse alrededor de la medianoche a raíz de los ruidos que hacía la policía al sacar fotos (fs. 51vta. de este legajo). Finalmente dijo que no sabe quién le había pegado a Blanco porque no podía ver pero sí escuchar los gritos (fs. 139 de la causa principal).
De lo declarado oportunamente por Jonathan Gastón Viglione Miranda, el Tribunal consideró que después del breve intercambio que este tuvo con Blanco, luego de ser llevado al calabozo de contraventores, se durmió hasta el día siguiente en el que vio un gran movimiento de policías (fs. 51vta. de este legajo).
Además de lo destacado por el sentenciante, Viglione Miranda declaró que no escuchó al sujeto –por Blanco- gritar, explicando “que incluso él mismo ingresó al calabozo de contraventores con total calma y tranquilidad” y que, aunque no pudo verlo porque el pasa-plato estaba cerrado, su voz denotaba gran tranquilidad (fs. 197 de la causa principal).
Por último, el A Quo resumió lo dicho por Ricardo Gabriel Martínez, quien manifestó que el sujeto que estaba en el calabozo de contraventores pedía ayuda mientras entraban varios policías y le pegaban (fs. 51vta. de la causa nº 78.681 y 198vta. de la causa principal). Explicó Martínez que supo que le pegaban porque se escuchaban los golpes que le daban sobre el cuerpo, estando él alojado en el Calabozo 1 (fs. 198vta. de la causa principal). Asimismo, agregó que pudo escuchar que mientras le estaban pegando los policías pidieron ayuda a Gómez diciendo “Gómez, Gómez vení” (Fs. 198 vta. de la causa principal). Finalmente, manifestó que Gómez es karateca y que el comentario posterior entre los detenidos y los policías era que a Gómez se le había ido la mano (fs. 51vta. de la causa nº 78.681 y 198vta/199 de la causa principal).
Veamos que, tal como expresara el A Quo, cuatro de los seis testigos manifestaron que algún tipo de violencia física fue ejercida sobre la humanidad de Gabriel Alejandro Blanco, especificándose incluso acerca de la posibilidad de golpes de puño y patadas; que hubo un llamado a Gómez –sobre quien quedó acreditado que estudiaba artes marciales según lo afirmado por Cecilia Natalia Vargas, (fs. 350/351 de la causa principal)-; que no había luz de manera permanente en el calabozo de contraventores (fs. 53vta./54 de este legajo); que hubo un corte de luz en toda la Comisaría la noche del hecho (fs. 49 y 50vta. de este legajo), y que al día siguiente se presentaron los representantes de organismos de derechos humanos en la Comisaría, frente a la posibilidad de la comisión de una ilegalidad por parte del Estado (fs. 49vta. y 51 de este legajo). Por otro lado, cabe destacar que las dos declaraciones de quienes dijeron no haber escuchado nada acerca de los posibles golpes perpetrados a Blanco justamente porque en el horario sindicado por la acusación estos estaban durmiendo, también aportaron certeza y fueron coherentes acerca de la presencia de personal de la policía científica, de las fotos que sacaban, y de la presencia de Gabriel Blanco en el calabozo de contraventores (fs. 50/51vta. de este legajo), no contradiciendo lo afirmado por los otros privados de libertad, ni aportando algún otro elemento de prueba que permita descartar lo manifestado por estos.
Finalizando con el análisis de los testimonios y a los fines de descartar su relevancia, el Tribunal sostuvo que “los testimonios, por su naturaleza, son pruebas subjetivas, en donde debe tenerse en cuenta la condición y la calidad del declarante, la posibilidad de escuchar y/o ver lo que dijeron haber oído o visto […] y la correspondencia entre lo expuesto por quien dice haber apreciado alguna circunstancia y las pruebas objetivas colectadas en autos,” concluyendo que no siendo tal la situación del caso, “es la prueba objetiva y científica la que sella la suerte de la postura de las partes acusadoras en este tramo” en el entendimiento de que en la presente no pude acreditarse objetivamente la golpiza aducida (fs. 52/53 de este legajo).
Frente a lo expuesto, puede afirmarse que el Tribunal ha incurrido en una arbitrariedad valorativa de los testimonios y de los declarantes pues, excepto la percepción de subjetividad con la que se refiriera al testimonio y a la persona de Verón al remarcar algunas contradicciones en las que incurrió, no ha descartado razonadamente con justificación explícita alguna al resto de las declaraciones citadas, y ha rechazado su valor frente a la elección -también arbitraria- de la prueba científica de autopsia por sobre la de reautopsia. Es decir, faltó una crítica más aguda propia de un examen más pormenorizado de los testimonios de quienes se encontraron en el lugar y en el momento del hecho.
En este sentido, no se advierte la supuesta presencia de circunstancia alguna que podría haber despojado de verosimilitud a las afirmaciones de los testigos, como tampoco la propia sentencia del A Quo fundamenta sobre la base de razones serias y plausibles el arribo a dicha conclusión (cfr., en lo esencial, dictamen del entonces Procurador General de la Nación en causa “Luzarreta, Héctor José y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada y reiterada, en concurso ideal -causa nº 1510-”, que fue compartido en su totalidad por la CJSN, Expte. “L. 328. XLIII”, del 16/11/2009), de modo que –como expusiera el Procurador General de la Nación– allí “…radica lo específico de la arbitrariedad en el análisis de la prueba, que hace procedente su revisión en la etapa extraordinaria. No se trata de una discrepancia en la valoración de los testimonios, ni de un rechazo del juez que de manera inmediata tuvo contacto con ellos, fundado en razones que complementan la credibilidad de un testimonio (como por ejemplo, la observación del lenguaje corporal de un testigo que lleva a la idea de que está mintiendo). Se observa más bien una interpretación de los testimonios que no puede ser sostenida razonablemente, porque se arriba sin fundamentos a una conclusión contraria al entendimiento natural de éstos” (ibíd.).
El Código de Procedimiento Penal ha adoptado – para esta clase de juicios– como sistema de valoración probatoria el de la sana crítica racional (arts. 210 y 373, CPP), también denominado libres convicciones. En este sistema el juez es libre en la apreciación de la prueba; dicho en otros términos, libre convicción significa, ante todo, ausencia de reglas abstractas y generales de valoración probatoria, que transformen la decisión en una operación jurídica consistente en verificar las condiciones establecidas por la ley para afirmar o negar un hecho (cfr. MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. I: Fundamentos, 2ª ed., 3º reimp., Bs. As., Editores del Puerto, 2004, § 8, D, 3, III, 1, p. 870). Sin embargo, ello no puede degenerar en arbitrio ilimitado, en criterios personales que equivaldrían a autorizar juicios caprichosos, en una anarquía en la estimación de las pruebas, en el reinado de elementos subjetivos e incontrolables (cfr. VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho Procesal Penal, t. I, 3ra. ed., 2da. reimp., Córdoba, Marcos Lerner, 1986, p. 363). Por el contrario, la decisión jurisdiccional ha de ser obra del intelecto y la razón (cfr. VÉLEZ MARICONDE, íd.), motivo por el cual las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común gobiernan el juicio del magistrado; es que, “...ya no se trata de un convencimiento íntimo o inmotivado, sino de un convencimiento lógico y motivado, racional y controlable, que se basa en elementos probatorios objetivos, de vida inocultable, que se reflejan en la conciencia del juzgador...” (VÉLEZ MARICONDE, ibíd., destacados en el original).
Que es, precisamente, el recurso de casación el medio idóneo para controlar –en supuestos como el presente– la absurda valoración de la prueba (arts. 210, 373, 448 ss. y ccs., CPP).
Resulta propicio destacar aquí que, con respecto a la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, es notorio que extensa normativa internacional incorpora el derecho a la integridad personal tanto física, como psíquica y moral (Cfr. TCPBA, Sala VI, Causa n° 59.617 “De Nardis, Natalio; Ponti, Mauro; Acuña, Luis; Steingruber, Rubén y Brandan, Leonardo s/ Recurso de Casación Interpuesto por Fiscal” y su acum. nº 59.622 “De Nardis, Natalio; Ponti, Mauro; Acuña, Luis;
Steingruber, Rubén y Brandan, Leonardo s/ Recurso de Casación Interpuesto por Particular Damnificado,” sent. del 14 de julio de 2016). Así, el primer instrumento internacional exclusivo sobre la materia fue la “Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (1975), antecedente de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (1984), y la “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.” Pero además de la normativa específica sobre el tema, el derecho a la integridad personal se encuentra amparado por otros instrumentos internacionales generales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5). La amplitud y especificidad del derecho a la integridad personal, en un sentido holístico, denotan la importancia de dicho bien jurídico frente a la protección de la dignidad humana como objeto principal de preservación en el corpus juris internacional.
Conforme la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (adoptada por la AG- ONU el 10 de diciembre de 1984), que goza de jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico interno, tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (art. 1 CCT).
Sin embargo, al no existir definición unívoca en todos los instrumentos internacionales -sobre todo en aquellos instrumentos no específicos de la materia-, la doctrina y jurisprudencia coinciden mayoritariamente en considerar que la tortura implica aquellos actos intencionales que provoquen sufrimiento físico o mental, requiriéndose la gravedad y crueldad como elementos constitutivos en ciertos ordenamientos jurídicos. No obstante, en el Sistema Interamericano, la Corte IDH y la Comisión IDH toman en cuenta elementos objetivos, tales como el período de tiempo durante el cual se infligió la pena o el sufrimiento, el método utilizado para producir dolor, las circunstancias sociopolíticas generales y la arbitrariedad o no de la privación de la libertad, así como también los elementos subjetivos de la edad, el sexo y la vulnerabilidad particular de la víctima, entre otros (siendo este sistema el que más ampliamente protege la integridad personal).
En lo que respecta a la distinción entre el concepto de tortura y de otros malos tratos prohibidos, la amplitud y progresividad en la necesidad de protección de la dignidad humana, han impulsado a que tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura no crean necesario efectuar una distinción tajante entre ambos, diferenciación que también se ha ido diluyendo en los sistemas regionales. El TEDH ha manifestado que “el estándar cada vez mayor que se requiere en el área de la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales inevitablemente suponen una mayor firmeza en la evaluación de cualquier violación de los valores fundamentales de las sociedades democráticas” (Cfr. Selmouni c. Francia (1999), op. cit., párrafo 102.), por lo que al analizar el caso concreto y determinar la existencia de torturas, deben considerarse todas las circunstancias objetivas y subjetivas, así como la obligación de una protección progresiva de los derechos humanos. Este es el sentido en el que se ha dirigido la jurisprudencia a nivel internacional y regional. A todo ello deberá sumarse también –de ser posible- la experiencia subjetiva que la víctima tuvo del trato dirigido hacia ella, opinión que deberá ser tenida en cuenta al evaluarse la gravedad y calificarse el delito.
La amplitud en la protección de la integridad personal ha llevado a la jurisprudencia internacional a incorporar también a la tortura psicológica en un sentido amplio y muchas veces concurrente, al considerar que las lesiones físicas infringidas a una persona pueden producir una angustia moral de grado tal que lleguen ser consideradas como tortura psicológica, como así todos aquellos actos que fueron preparados y empleados para anular la personalidad y desmoralizar a la víctima, para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a auto-inculparse o a confesar determinadas conductas delictivas, o buscar someterla a modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en si´ misma (Cfr. Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C No. 103, pa´rr. 92 y 94; Caso Cantoral Benavides v. Perú, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No 69, párr. 102). Dicho razonamiento sobre tortura también ha sido incorporado por el TEDH, que estableció que inclusive el mero peligro de que vaya a cometerse alguna de las conductas estipuladas en el artículo 3 del Convenio Europeo, puede constituir tortura psicológica, o por lo menos un trato inhumano, cuando dicho peligro es real e inmediato (Cfr. Eur. Court HR, Campbell and Cosans, Judgment of 25 February 1982, Series A Vol. 48, para. 26.).
Tal es la importancia que se le ha sido atribuido al derecho a no ser torturado, que tanto la doctrina como la jurisprudencia le han otorgado el carácter de absoluto, prohibiendo así cualquier excepción o suspensión de su vigencia, que permita violentar la integridad personal en cualquiera de sus aspectos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe, en todo tiempo y circunstancia, la aplicación de la tortura y reconoce el derecho absoluto e inderogable de no ser sometido a esta, incluso en tiempos de guerra (Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario).
Como fue expuesto, los tratados del sistema universal y de los sistemas regionales consagran tal prohibición y encumbran a un lugar superior el derecho inderogable a no ser torturado. Del mismo modo lo hacen numerosos instrumentos internacionales -que, prima facie, no tienen carácter vinculante- repitiendo tal prohibición. Pues existe actualmente un régimen jurídico internacional homogéneo de prohibición absoluta de la tortura. Ello responde a la consideración de que la tortura constituye una de las peores ofensas a la condición humana, no solo a la del individuo víctima sino a la de la humanidad toda, pues degrada la dignidad humana al menor nivel posible.
En este sentido, en la Observación General No. 20 sobre la interpretación y alcance del Artículo 7 de la precitada Convención (Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 44º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 173, 1992), el Comité de los Derechos Humanos reafirmó que, incluso en situaciones excepcionales, nada autoriza la suspensión de la cláusula del artículo 7, permaneciendo todas las disposiciones de dicho artículo siempre en vigor. Del mismo modo, el Comité observó que no se puede invocar justificación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7, en particular aquellas basadas en una orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública.
Sosteniendo esta postura, la Observación general No.
2 del Comité Contra la Tortura (CAT) señala que la prohibición contra la tortura ha venido a ser aceptada como norma absoluta e imperativa, constituyendo el fundamento de la autoridad del Comité para aplicar medios eficaces de prevención en respuesta a las nuevas amenazas, problemas y prácticas de tortura (Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, CAT/C/GC/2 24 de enero de 2008, párr. 5).
Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina, le han atribuido el carácter de norma de jus cogens o perentoria, ampliando así su jerarquía de absoluta a absoluta e inderogable (art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados, 23 de mayo de 1969).
Característica que no es atribuible a todos los derechos humanos, pues aunque estos sean considerados indivisibles, se entiende que la existencia de algunos posibilita el ejercicio y disfrute de otros, siendo el ejemplo más claro el derecho a la vida. Reitero, asimismo, que la tortura es además considerada como uno de los mayores oprobios a la dignidad humana. La Corte IDH ha sido precursora en la caracterización de la prohibición de la tortura como norma del jus cogens o norma perentoria y de orden público. Su evolución jurisprudencial al respecto data del año 2000 en donde comienza la Corte estableciendo que la tortura, estando estrictamente prohibida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es absoluta, completa e inderogable, bajo cualquier circunstancia, aun las más difíciles (Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, párr. 271; Caso Baldeo´n García vs. Perú, párr. 117; Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, párr. 222; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, párr. 100; Caso Tibi vs. Ecuador, párr. 143; Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, párr. 89). Ya en el 2003 la Corte señaló que “se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica (...). La prohibición absoluta de la tortura, en todas sus formas, pertenece hoy día al dominio de jus cogens internacional” (Cfr. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, párr. 93.).
Posteriormente la Corte IDH amplió su comprensión del jus cogens frente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes conforma actualmente jurisprudence constante. (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La ampliación del contenido material del jus cogens,” Publicaciones OAS). El homólogo TEDH también se manifestó en el mismo sentido sosteniendo el carácter perentorio de la normativa que prohíbe la tortura y demás tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes (TEDH Caso Vladimir Romanov v. Russia, sentencia del 24/07/2008, párr. 55; Caso Osman Karademir v. Turkey, sentencia del 22/07/2008, párr. 43; Caso Getiren v. Turkey, sentendia del 22/07/2008, párr. 70; Caso Nadrosov v. Russia, sentencia del 22/07/2008, párr. 27; Caso Selmouni v. France, sentecia del 28/07/1999, párr. 95; Caso Ireland v. United Kingdom, sentencia del 18/01/1978, Series A Vol. 25, párr. 163; Caso Labita v. Italy, sentencia del 6/04/2000, párr. 119; Caso Chahal v. United Kingdom, sentencia del 15/11/1996, Informes 1996-V, párrafos. 79 y 80; y Caso Tomasi v. France, sentencia del 27/08/1992, Series A Vol. 241-A, párr. 115).
A modo de ejemplo, la jurisprudencia de la Corte IDH ha considerado que, en relación a las torturas ejercidas sobre quien se encuentra sujeto a alguna circunstancia privativa de libertad, “las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a custodia. La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquel…” (Cfr. Caso Bulacio v. Argentina, Serie C No. 100, Sobre vulnerabilidad ver Cfr Eur. Court HR, Iwanczuk v. Poland (App. 25196/94) Judgment 15 November 2001, para. 53). Quien sea detenido tiene derecho a que su trato sea conforme a condiciones compatibles con su dignidad personal y es el Estado el que debe garantizarle el derecho a la integridad personal y a la vida.
Las razones expuestas ameritan extremar los esfuerzos tendientes a esclarecer la verdad de lo sucedido en el presente caso (v. art. 12, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) toda vez que, como consecuencia de la obligación establecida por el art. 1º de la CADH, “…los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención…” (Corte IDH, Caso “Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras”, sentencia del 29 de julio de 1988 [Fondo], considerando nº 166 del voto mayoritario); recuérdese que la Corte IDH ha sostenido “…que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención” (Caso “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras” cit., considerando nº 164 del voto mayoritario). Sin mencionar que la Corte IDH, en consonancia con el criterio establecido por el TEDH, considera responsable al Estado por los malos tratos que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades son incapaces de demostrar que estos agentes no incurrieron en tales conductas (cfr. “Villagrán Morales”, considerando nº 170 y sus citas: TEDH “Aksoy v. Turkey”, “Ribitsch v. Austria”, “Tomasi v. France”), pues en lo que respecta a personas privadas de libertad, cualquier recurso a la fuerza física que no sea estrictamente necesario, disminuye la dignidad humana y constituye, en principio, una violación al derecho que prohíbe la aplicación de torturas, tratos crueles o inhumanos (cfr. interpretación dada al art. 3 de la CEDH, según el TEDH, en el caso “Ribitsch vs. Austria”, sent. 04/12/95, considerando nº 38, Demanda N° 18896/91). Razonamiento que también ha llevado a la Corte IDH a manifestar que recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, cuando una persona es detenida en buen estado de salud y, posteriormente, muere (Cfr. Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No 100, párr. 138).
En este mismo sentido, tengo también dicho que el TEDH estableció que cuando los hechos son en su totalidad, o en gran parte, conocimiento exclusivo de las autoridades -tal como ocurre en el presente caso en donde el detenido se hallaba en el calabozo de contraventores de la Comisaría de San Carlos, bajo la exclusiva y permanente custodia estatal (fs. 31vta./32)-, surgirá una presunción de hecho contundente respecto de las lesiones que ocurran durante la detención. De hecho, puede considerarse que la carga de la prueba de ofrecer una explicación satisfactoria y convincente recae sobre las autoridades (Cfr. Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaija´n, No 34445/04, fallo del 11 de enero 2007, pa´rr. 62.).
A esta presunción debe sumársele la obligación irrenunciable del estado de investigar cuando tiene conocimiento de un posible hecho de tortura. Como fuera mencionado, el Estado tiene el deber de proteger de la tortura y otros malos tratos prohibidos a todos quienes se encuentran bajo su jurisdicción (Cfr. Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 19 de julio de 1988, fondo reparaciones y costas, Serie C No 04). Frente a la falla de dicha obligación, y en consecuencia frente a la sospecha o denuncia de tortura o trato cruel, surge la obligación estatal de investigar, y la posterior sanción de los responsables, así como la reparación a las víctimas o a sus familiares. La obligación de investigar así como el acto de justicia, constituyen una obligación sustantiva del Estado, instaurada en toda la normativa de derechos humanos.
En relación a la importancia que conlleva la investigación, cabe señalar que esta obligación (Art. 13 CCT) no exige la presentación formal de una denuncia por tortura formulada según el procedimiento previsto en la legislación interna, ni requiere expresa declaración de la voluntad de ejercer y sostener la acción penal que emana del delito, siendo suficiente la simple manifestación de la víctima que pone los hechos en conocimiento de una autoridad del Estado, para que surja en este último la obligación de considerarla como expresión tácita pero inequívoca de su deseo de que los hechos sean pronta e imparcialmente investigados (Cfr. Blanco Abad c. España (CAT 59/96), párr. 8.2.). Por su parte, el TEDH ha manifestado que el deber de investigar no depende de la presentación de una denuncia; incluso “ante la ausencia de una denuncia expresa, debería llevarse a cabo una investigación si existen otros indicios lo suficientemente claros para creer que ha ocurrido un acto de tortura o malos tratos” (Cfr. Miembros de la Congregación de Testigos de Jehová de Gldani c. Georgia, op. cit., párrafo 97).
En este mismo sentido se expresó la Corte IDH, especificando que este deber surge tan pronto como las autoridades estatales tienen conocimiento de que existen denuncias o motivos para creer que ha ocurrido un acto de tortura, en cuyo caso deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de los responsables de los hechos (Cfr. Servello´n Garci´a c. Honduras (2006), op. cit., pa´rrafo 119. Ver tambie´n Vargas Areco c. Paraguay (2006), op. cit., pa´rrafos 74-81; Montero Aranguren y otros (Rete´n de Catia) c. Venezuela, Corte IDH (Serie C) N° 150, sentencia del 5 de julio de 2006, pa´rrafo 79; Ximenes Lopes c. Brasil (2006), op. cit., pa´rrafo 148; las Masacres de Ituango c. Colombia, Corte IDH (Serie C) N° 148, sentencia del 1 de julio de 2006, pa´rrafo 296; Baldeo´n Garci´a c. Peru´ (2006), op. cit., pa´rrafo 94; Masacre de Pueblo Bello c. Colombia (2006), op. cit., pa´rrafo 143.)
Tan inalienable es la responsabilidad del Estado de investigar que inclusive los organismos internacionales han establecido normativa expresa para todo aquello relacionado a la investigación por hechos de tortura u otros malos tratos prohibidos, estableciéndose como norma general, que las investigaciones se efectúen con prontitud y efectividad incluso cuando no exista denuncia expresa bajo los principios de competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 55/89 del 4 de diciembre de 2000 sobre Principios Relativos a la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y Protocolo de Estambul, Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, ACNUDH, 2001). Sobre dichas reglas y normativas específicas expondré al momento de analizar las circunstancias específicas de la presente causa.
Frente a todo lo expuesto, es posible afirmar que la sentencia no satisface el estándar de validez previamente indicado, en el sentido de que la decisión no constituye el fruto razonado de las pruebas producidas y las incorporadas regular y legalmente al debate. En términos generales, se puede decir que los magistrados han omitido pasos ineludibles al momento de ponderar el peso de la prueba. Puede notarse que muchos elementos conducentes para el descubrimiento de la verdad han sido dejados de lado sin un fundamento válido que lo justifique. Durante el juicio se escucharon varios testimonios, muchos de ellos profesionales de las ciencias médicas que divergieron en determinadas circunstancias de gran importancia –acerca de la existencia en el cuerpo de Blanco de lesiones de carácter vital compatibles con torturas– en una especie de contienda científica de la que los jueces estaban llamados a apreciar con extrema prudencia y cautela; sin embargo, al momento de definir la situación conflictiva que tenían ante sí, optaron por escoger únicamente aquellas porciones que les permitiera construir un camino determinado, olvidando de este modo sopesar aquellos extremos que este tipo de situaciones aclama (cfr. en especial fs. 52 anteúltimo párrafo y s., y fs. 53, segundo párrafo). Se puede notar con facilidad cierta incongruencia en el razonar; dicho con mayor precisión, se aceptó todo tipo de premisa que emanara de los peritos –excepto aquellas emitidas por el Dr. Romero-, mas no se las sometió a la crítica y al examen que el rito manda a practicar en toda actividad de ponderación probatoria. Y se soslayaron otros elementos de prueba –tales como los testimonios de quienes se encontraban privados de libertad– que confrontados con las declaraciones de los expertos hubieran enriquecido el análisis y desembocado en otra conclusión. Advierto, por otro lado, que existen varios pasajes del fallo que traslucen una notable preocupación por señalar errores a la acusación y por poner en duda el rol que ocuparon los representantes de las organizaciones de derechos humanos, específicamente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-APDH (véase, p. ej., fs. 24/25, 43vta., 44vta., 45, 59vta./60 de este legajo) y, a la vez, considerar indubitablemente válidos a los testimonios efectuados por los miembros de la policía -Héctor Rocha y José Luis Alfonso- que declararon como testigos y trasladaron el cuerpo de Gabriel Alejandro Blanco al hospital (fs. 47/48 de este legajo).
En síntesis, la conclusión del A Quo sólo es posible en virtud de una valoración fragmentaria y aislada respecto de las circunstancias conducentes para la decisión del litigio (CSJN, Fallos: 311:2314; 321:3423; y 323:212); hubo, pues, una arbitraria valoración de la prueba, afirmaciones dogmáticas y fundamentación aparente, por lo que se impone descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN; Fallos: 312:1953; 316:1205; 317:1155; 322:963, entre muchos otros). Lo cierto es que el órgano sentenciante ha exhibido un razonamiento con defectos valorativos, al asignar preeminencia inexplicada a ciertas conclusiones médicas, por cuanto soslayó el debido marco y el resto de las pruebas que direccionaban hacia una interpretación contraria a lo resuelto, puesto que el análisis de las probanzas no puede ser parcial, aislado ni agotarse en sí mismo, sino contextualizado en función de una ponderación global e integradora de todos los datos comprobados en el juicio.
Es que el tribunal de juicio omitió ajustar su análisis no sólo a las reglas que impone la sana crítica (art. 210 y 373, CPP), sino también al estándar internacional que rige en relación a la ponderación de las pruebas de las torturas, en tanto la Corte IDH ha dicho que, en orden a establecer si se les ha cometido y cuáles son sus alcances, deben tenerse presentes todas las circunstancias del caso, como por ejemplo, la naturaleza y el contexto de las agresiones de que se trata, la manera y método de ejecutarlas, su duración, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de las víctimas (cfr. “Villagrán Morales y otros. Vs. Guatemala”, Caso de los Niños de la Calle, sent. 19/11/99, cons. nº 74, con cita del TEDH en “Costello Soering v. the United Kingdom”, sent. 7/7/1989, Series A no. 161, p. 39, § 100; “Ireland v. the United Kingdom”, sent. 18/01/1978, Series A no. 25, p. 65, § 162, y “Tyrer v. the United Kingdom”, sent. 25/04/1978, Series A no. 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Al respecto, también debe ponerse de manifiesto que el fallo poco consideró la circunstancia de que si estaba en un estado de desequilibro emocional tal que corría riesgo su integridad física, debieron haber sido provistos los medios para garantizar la vida de Gabriel Alejandro Blanco, y evitar así el resultado fatídico. Dicha situación de vulnerabilidad, lejos de excluir o disminuir responsabilidad, extrema aún más la situación del damnificado como sujeto susceptible de sufrir actos de autoviolencia y, por ende, acrecienta en mayor medida los esfuerzos a los que estaban obligados los operadores policiales en aras de impedir una mayor agravación de sus derechos.
En las circunstancias del caso, la falta de protección del derecho a la integridad personal, devino en la muerte de la víctima, por lo que también el estado falló en su condición de garante que lo obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquel derecho.
No menos importante resulta mencionar algunas cuestiones relativas al análisis que el A Quo efectúa de la ausencia de luz en el calabozo y las cuestiones relativas al aislamiento, todo ello a la luz de la particular circunstancia psico-emocional en la que se encontraba Blanco, tal como quedara acreditado.
Con tal entendimiento, la valoración parcial y la omisión de ponderar y sopesar elementos dirimentes, me impide abrir competencia positiva en el presente caso.
En conclusión, propongo hacer lugar a los recursos de casación interpuestos a fs. 69/88vta. de este legajo y a fs. 48/61 del legajo acumulado nº 78.685, casar el pronunciamiento absolutorio dictado en fecha 1 de abril de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Matanza y, consecuentemente, devolver a la instancia para que –previa integración con jueces hábiles- se efectúen los actos necesarios para la celebración de un nuevo debate (arts. 1, 18, 33 y 75, inc. 22, CN ; I, DADDH ; 4 y 5, DUDH; 4, 5, inc. 2º, 8, ap. 1º, 8.4, y 25, CADH; 6, 7 y 14, inc. 7º, PIDCP; 1, 2, 12 y ccs., CTTPCID; 14 y 15, ley 48; 168 y 171, CBA; 45, 144 ter, incs. 1, 2 y 3, CP; 1, 3, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 233, 244, 250, 366, 367, 368, 371, 373, 375, 421, 433, 434, 450, 451, 452, inc. 1, 453, 456, 459, 461, 530 y 531, CPP); sin costas (arts. 530, 531 y 532 CPP). Además, propicio diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y ccs., dec-ley 8904).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el Juez doctor, CARRAL dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisibles las impugnaciones deducidas por el Agente Fiscal, Dr. Carlos Adrián Arribas, y por el Particular Damnificado, Sr. Teófilo Blanco, con el patrocinio letrado del Doctor Roberto Alejandro Bois.
II. Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos a fs. 69/88vta. de este legajo y a fs. 48/61 del legajo acumulado nº 78.685, casar el pronunciamiento absolutorio dictado en fecha 1 de abril de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Matanza y, consecuentemente, devolver a la instancia para que –previa integración con jueces hábiles- se efectúen los actos necesarios para la celebración de un nuevo debate; sin costas.
III. Diferir la regulación de honorarios del Doctor Roberto Alejandro Bois, Tº II Fº 349 C.A.L.M., para su oportunidad. Rigen los arts. 1, 18, 33 y 75, inc. 22, CN ; I, DADDH ;
4 y 5, DUDH ; 4, 5, inc. 2º, 8, ap. 1º, 8.4, y 25, CADH; 6, 7 y 14, inc. 7º, PIDCP; 1, 2, 12 y ccs., CTTPCID; 168 y 171, CBA; 45, 144 ter, incs. 1, 2 y 3, CP; 1, 3, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 233, 244, 250, 366, 367, 368, 371, 373, 375, 421, 433, 434, 450, 451, 452, inc. 1, 453, 456, 459, 461, 530, 531 y 532, CPP; 31 y ccs., Dec. Ley 8904/77.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase para el cumplimiento de lo dispuesto.
FDO.: RICARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ
Fin de la sentencia