Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Lomas de Zamora
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo celebrado quedó establecido:
1Que la sentencia de fs. 220/226 y su aclaratoria de fs. 232 pto. II debe confirmarse.
2Que las costas de Alzada deben imponerse a la parte demandada.
POR ELLO:
Y fundamentos consignados en el Acuerdo, confírmase la apelada sentencia de fs. 220/226 y su aclaratoria de fs. 232 pto. II. Impónese las costas de Alzada a la parte demandada. Difiérese la consideración de los honorarios profesionales, hasta la oportunidad indicada al tratar la segunda cuestión.
“GOMEZ, CARINA ALEJANDRA C/GAITAN, AMANDA GRACIELA Y OTRO S/ACCION REVOCATORIA”
JCN° 12 - SALA III CAUSA Nº 4346 REG. SENT. DEFINITIVAS Nº21 FOLIO N°146
--------------------------------- En Lomas de Zamora, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Jueces de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, de este Departamento Judicial, doctores: Norberto Celso Villanueva y Sergio Hernán Altieri, con la presencia del Secretario del Tribunal, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa número: 4346, caratulada: "GOMEZ, CARINA ALEJANDRA C/GAITAN, AMANDA GRACIELA Y OTRO S/ACCION REVOCATORIA". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial del mismo Estado, la Cámara resolvió votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, “in fine” del C.P.C. y C.); dio el siguiente orden de votación: Dr. Norberto Celso Villanueva y Dr. Sergio Hernán Altieri.
A la primera cuestión, el Dr. Norberto Celso Villanueva dijo:
I. Antecedentes - Sentencia – Agravios.
I.- 1) El señor juez titular del Juzgado Civil y Comercial N° 12 departamental, dictó sentencia en estos obrados a fs. 220/226 –y aclaratoria de fs. 232 p. II-, haciendo lugar a la acción revocatoria promovida por Carina Alejandra Gómez, contra Antonio Florentino Morales y Graciela Alejandra Gaitán.
En consecuencia, declaró inoponible para la accionante el acuerdo de disolución de la sociedad conyugal celebrado por estos últimos, en virtud del cual el señor Morales, le adjudicó el cincuenta por ciento (50%) del inmueble Matrícula 24.863 de Esteban Echeverría a la señora Gómez. Impuso las costas a los demandados y difirió la regulación de honorarios.
I.- 2) La sentencia es apelada por la parte actora a fs. 231 y por los demandados a fs. 239 y 240, con recursos de apelación que fueron concedidos libremente a fs. 232 y 241, los que resultan fundados en los términos que dan cuenta los memoriales de fs. 259/262, 263/264 y 265/266, cuya única réplica luce a fs. 268/271.
I.- 3) La parte actora se queja porque en la anterior instancia se ha declarado la inoponibilidad del convenio de disolución de sociedad conyugal en relación al cincuenta por ciento (50%) del inmueble en cuestión, lo cual es erróneo porque dicho bien correspondía a la masa de administración de gananciales del señor Morales, quien debe responder por sus deudas con el cien por ciento (100%) del mismo. Aduce que el estado de indivisión pos comunitaria mantiene el principio de división de las deudas, de modo que cada cónyuge responde con sus bienes propios y con los gananciales que administra; dentro de este contexto, peticiona que la inoponibilidad decretada en la anterior instancia recaiga sobre la totalidad del inmueble en cuestión. Funda su posición en las normas que regulan el régimen patrimonial del matrimonio.
I.- 4) Los demandados se agravian, en principio, por el rechazo de la excepción de prescripción. Señalan que el acto que la actora pretende revocar ha tomado publicidad registral el 09/01/94, y que desde esa fecha hasta la promoción de la demanda ha vencido en exceso el plazo previsto por el art. 4033 del Cód. Civil, por lo que la acción debe declararse prescripta. Afirman además, que la fecha indicada por el juez de grado como comienzo del plazo prescriptivo carece de todo asidero por cuanto la reclamante bien pudo haber solicitado un informe registral con anterioridad a la fecha en que lo hizo para determinar la titularidad del bien en cuestión y tomar así cabal conocimiento de lo obrado anteriormente. Seguidamente, aducen que la posesión del inmueble y la adjudicación del cincuenta por ciento (50%) a favor de la Sra. Gaitán, se efectivizaron al momento del divorcio donde se acordó que la nombrada se quedaría a vivir en el inmueble con sus hijos menores, de modo que no ha habido fraude sino el fiel cumplimiento del acuerdo firmado para beneficiar a sus hijos. Ese es el único motivo de la gratuidad del acto. Por otra parte, expresan que la adjudicación fue realizada por la mitad indivisa, sencillamente porque al ser un bien ganancial, la otra mitad ya le pertenecía a Sra. Gaitán.
En torno al juicio laboral que motivó el presente litigio, dicen que la actora no era empleada del demandado sino de la Sra. Olivera, por lo que la condena en su contra resulta ser constitutiva de su acreencia; y para esa fecha, la adjudicación del inmueble ya se hallaba inscripta en el Registro de la Propiedad, de modo que la presente acción no puede prosperar.
I.- 5) A fs. 272 se llamaron autos para sentencia, providencia que se encuentra firme (art. 263 del CPCC).
II. Solución.
II.- 1) La excepción de prescripción.
Es sabido que el art. 4033 del Código Civil establece que la acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor, en perjuicio o fraude a sus derechos, se prescribe por un año, contado desde el día en que el acto tuvo lugar, o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho. La mentada diferenciación en torno a la fecha que ha de tomarse como el cómputo del plazo no es casual, pues la ley consagra aquello que normalmente ocurre en este tipo de casos, y es que el acreedor conoce el acto fraudulento tiempo después de su celebración; se le otorga entonces la posibilidad de demostrar que la información acerca del negocio jurídico enjuiciado, fue adquirida con posterioridad a su concertación (SCBA, C 97783 S 18-3-2009, B30720, JUBA Online; íd.
SCBA, Ac 39125 S 5-4-1988, ED 128, 627 - AyS 1988-I-538 - DJBA 1988-134, 261; SCBA, Ac 50145 S 21-12-1993, entre otros). Ello no varía frente a supuestos en los que, como en el caso, el acto que se pretende impugnar es objeto de publicidad registral, pues si bien la situación aparece a primera vista como más compleja, no deja de encarrilarse por el sendero arriba señalado. No debemos olvidar que la oponibilidad frente a terceros que deriva de la inscripción registral (art. 2505 del Cód. Civil), así como la función de publicidad que se cumple por intermedio del Registro de la Propiedad Inmueble (art. 21 de la Ley 17.801), al menos a los fines prescriptivos, no consagra una presunción iure et de iure de conocimiento, sino que “habilita la posibilidad de conocer” (SCBA, Ac. 85250 S 24-5-2006; íd.
SCBA, C 97783 S 18-3-2009). Dentro de este contexto, luego de haber analizado las constancias probatorias adunadas al proceso, así como las que surgen de los expedientes traídos ad effectum videndi et probandi, arribo a la conclusión de que, en el caso, la actora ha logrado demostrar que tomó conocimiento del acto que impugna en una fecha posterior a la que surge de la publicidad registral aludida, operada en la especie el día 19/12/03 (fs. 9/10). Y digo ello en el entendimiento de que no puede reprochársele a Sra. Gómez que comenzara a investigar las posibilidades concretas de ejecución del inmueble en cuestión, recién después de la sentencia dictada a su favor en sede laboral -31/10/05-, ya que es evidente que sólo a partir de entonces tuvo expedita la vía para exigir al deudor el cumplimiento de la condena.
De modo que está claro que su accionar ha sido ejecutado de buena fe y con la diligencia que es dable esperar de quien se encuentra emplazado en dichas circunstancias procesales.
Nótese que las tareas de ejecución comenzaron inmediatamente después de quedar firme el pronunciamiento, y que fue recién a partir de ese momento que pudo conocerse certeramente que la propiedad ya no se encontraba a nombre del demandado; puede advertirse que ello ocurrió alrededor del día 14/03/06, pues esa es la fecha que consta inserta en la minuta respectiva (fs. 219/231, 238, 243, 246/248 y 249 de los autos “GOMEZ, Carina A. c/OLIVERA, Silvia y otro s/DESPIDO” Expte. N° 34.457).
Con ese resultado adverso la Sra. Gómez –enseguida-, solicitó en el Registro de la Propiedad Inmueble un informe de titularidad sobre la Matrícula N° 24.863, del que surge en definitiva, la información que da lugar a la promoción de este pleito, es decir, que el cien por ciento (100%) del inmueble oportunamente inscripto a nombre del demandado, yacía ahora en su totalidad en cabeza de la co-demandada Gaitán, por habérsele adjudicado a esta última en el convenio de disolución de sociedad conyugal que ambos conformaban (fs. 9/10). Esta información, conforme la minuta registral, tiene fecha 03/04/06, por lo que habiéndose iniciado la demanda el 01/02/07 (fs. 29v.), forzoso es concluir que la acción no se halla prescripta (doct. y arg. art. 4033 del Cód. Civil).
No encuentro en el presente juicio ninguna evidencia que permita interpretar que la actora pudo haber tomado conocimiento del acto impugnado en una fecha anterior a la señalada, pues –reitero-, su crédito fue consagrado al promediar el mes de octubre de 2005, y a partir de ese momento, en forma efectiva e inmediata, se realizaron todas las gestiones necesarias para ejecutar el inmueble, y luego, ante la evidencia de no hallarse el mismo en cabeza del deudor, se practicaron diligencias tendientes a determinar la nueva titularidad, circunstancias éstas que me llevan a concluir que la Sra. Gómez “tuvo noticia” del negocio jurídico enjuiciado, en los términos del art. 4033 del Cód Civil, en la fecha anteriormente indicada. Nada justifica entonces modificar esta parcela de la decisión de grado.
II.- 2) La acción revocatoria por fraude a los acreedores.
II. -2.a) No resulta ocioso recordar que el fraude a los acreedores es aquel que se comete a través de actos o negocios jurídicos válidos, por lo general positivos o de actuación, unilaterales o bilaterales, destinados a enajenar derechos o facultades o abdicarlos en perjuicio de los acreedores, teniendo conciencia de obstaculizar o impedir la prestación debida por el deudor (MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Negocios simulados, fraudulentos o fiduciarios”, Ediar, Buenos Aires, 1975, t. II, p. 125). Para que proceda la acción revocatoria se deben dar tres requisitos genéricos, a saber: a) la insolvencia del deudor, b) la relación de causalidad entre el acto que se impugna y esa insolvencia y c) que el crédito en virtud del cual se ejerce la acción sea de fecha anterior al acto que se ataca (doct. y arg. art. 962 del Cód. Civil). En torno al primero de los recaudos –insolvencia-, trátase de un estado de desequilibrio patrimonial en el cual el pasivo supera al activo, o dicho en otros términos, supone que el deudor carezca de bienes suficientes para afrontar el pago de la totalidad de sus deudas. Este estado sólo se presume cuando el deudor se encuentra “fallido”; en los restantes supuestos debe ser demostrado por el acreedor, quien además, tiene que acreditar que esa insolvencia existía al tiempo en que se promueve la acción revocatoria y que fue generada o agravada a través del acto que se impugna (doct. y arg. art. 962 inc. 2° del Cód. Civil; BUERES, Alberto J. - HIGHTON, Elena I. “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial”, Hammurabi, Bs. As., 1998, p. 689/690).
Doctrinariamente se afirma que en los negocios gratuitos, es claro el detrimento que sufre el patrimonio del deudor, por lo cual, si ese negocio produce su insolvencia o agrava la ya existente, nada más debe probar el acreedor para que proceda la acción revocatoria. La cuestión es mucho más dificultosa en los negocios jurídicos onerosos, por cuanto a la salida de un bien del patrimonio del deudor, se contrapone el ingreso de otro que es la contraprestación o la carga del cocontratante. En estos supuestos, se exigen dos requisitos adicionales a los genéricos ya detallados; uno es la intención o ánimo de defraudar por parte del deudor (concilium fraudis), que se presume por su estado de insolvencia, y otro es la complicidad o connivencia del tercero en el acto fraudulento (concius fraudes), que también se presupone si en el momento de tratar con el deudor, conocía dicho estado -esta última parte, reviste en el presente características distintas, que más adelante se expondrán acabadamente-. De todas maneras, ambas constituyen presunciones de carácter iuris tantum y por ende, admiten prueba en contrario (SAUX, Edgardo I. – Müller, Enrique C., en BUERES – HIGHTON, “Código…”, op. cit. p. 691).
Sobre la base de tales argumentos habré de analizar seguidamente los agravios vertidos por las partes.
II.- 2.b) Recordemos ahora que el acto que motiva el presente reclamo tiene origen en un convenio de disolución de sociedad conyugal celebrado por los demandados muchos años después de dictada a su respecto la sentencia de divorcio vincular; en virtud de este acuerdo, el único bien que integraba el patrimonio conyugal, fue adjudicado en su totalidad en favor de la demandada Gaitán; todo ello con fecha posterior al inicio del juicio laboral por despido que la actora iniciara contra el primero nombrado, el cual concluyó con el dictado de una sentencia a su favor (ver fs. 69/72, 219/231, 238, 243, 246/248 y 249 del Expte. N° 34.457, “GOMEZ, Carina A. c/OLIVERA, Silvia y otro s/DESPIDO”; fs. 7/8 y 15 del Expte. N° 22.320, “GAITAN DE MORALES, Amanda Graciela y otro s/DIVORCIO VINCULAR”; fs. 25/26 y 41 del Expte. N° 13.363, “GAITAN AMANDA GRACIELA y otro s/HOMOLOGACION DE CONVENIO”).
En la anterior instancia se hubo admitido la demanda incoada, declarándose inoponible frente a la actora el acto de adjudicación del cincuenta por ciento (50%) indiviso del inmueble, que fuera realizado por Antonio Florencio Morales, en favor de Amanda Graciela Gaitán (fs. 220/226). Adelanto que habré de compartir esta decisión.
Destaco en primer lugar que los requisitos que hacen a la procedencia de la demandada revocatoria y que han sido debidamente señalados en los párrafos anteriores, se avizoran configurados prima facie en este caso.
Adviértase por un lado, que el inmueble Matrícula N° 24.863 de Esteban Echeverría que integró el convenio de los cónyuges, era el único que conformaba el patrimonio del deudor, y salió del mismo con posterioridad a los hechos que dieron lugar al pleito laboral. Nótese que la Sra. Gómez, inició contra Morales un juicio laboral por despido injustificado con fecha 06/08/01, y que el convenio de los cónyuges demandados se celebró pocos meses después -19/02/02-, siendo que el divorcio de ambos había sido decretado doce años antes -16/02/90-. Las fechas mencionadas, ponen en evidencia el vínculo causal al que se refiere el art. 962 inc. 2° del Código Civil y, conjuntamente con la gratuidad del acto, permiten inferir que el mismo ha sido perpetrado para sustraer del patrimonio de Morales, el porcentaje que a él le correspondía del único bien inmueble con el que podía hacer frente a sus obligaciones (ver fs. 69/72, 219/231, 238, 243, 246/248 y 249 del Expte. N° 34.457, “GOMEZ, Carina A. c/OLIVERA, Silvia y otro s/DESPIDO”; fs. 7/8 y 15 del Expte. N° 22.320, “GAITAN DE MORALES, Amanda Graciela y otro s/DIVORCIO VINCULAR”; fs. 25/26 y 41 del Expte. N° 13.363, “GAITAN AMANDA GRACIELA y otro s/HOMOLOGACION DE CONVENIO”).
Debemos considerar que el criterio adoptado por el codificador en el artículo 969 del Código Civil, toma en consideración el estado de insolvencia que el acto impugnado provoca en el patrimonio del deudor, y a partir de esa constatación, presume el animus nocendi, es decir el fraude, de modo que no existiendo en la Alzada controversia alguna en torno al primero de los aspectos, cabe concluir que los recaudos previstos en la legislación de fondo se hallan plenamente configurados (doct. y arg. art. 961, 962 y 969 del Cód. Civil). II.-2.c) Cuadra adunar que en este caso -como vimos- , las acciones tendientes a dividir definitivamente los bienes gananciales del matrimonio, recién se ejecutaron cuando el demandado, luego de doce años de haberse divorciado, y a pocos meses de iniciado el reclamo laboral de la actora, solicitó la homologación judicial del convenio de disolución de sociedad conyugal; allí acordó que el único inmueble que la integraba, y que pertenecía a la masa de administración de gananciales del marido, pasaba íntegramente en titularidad a la Sra. Gaitán. Ese acuerdo es perfectamente válido entre los esposos, pero no puede ser oponible a la actora en la porción correspondiente al demandado Morales, pues resulta posterior a los hechos del reclamo laboral que la Sra. Gaitán incoara en su contra. Por otro lado, deviene insoslayable destacar que el objeto de esa adjudicación, recaía sobre la porción disponible del nombrado que conformaba el único patrimonio con que éste podía afrontar su deuda (fs. 25/26 y 41 del Expte. N° 13.363, “GAITAN AMANDA GRACIELA y otro s/HOMOLOGACION DE CONVENIO”).
En estos supuestos de actos “gratuitos” que generan la insolvencia del deudor, los acreedores no tienen que demostrar la complicidad en el fraude, pues su interés es preferido al del adquirente –o en este caso adjudicatario-tenga o no éste buena fe (doct. y arg. art. 967 Cód. Civil; CC0001 MO 28543 RSD-257-92 S 15-10-1992). En definitiva, considero que en el caso no existe mérito alguno que permita torcer la decisión a la que hubo arribado el anterior juzgador, toda vez que se hallan debidamente acreditados los requisitos que hacen a la procedencia de la acción revocatoria incoada: el deudor se halla en estado de insolvencia, pues el inmueble en cuestión era el único que integraba su patrimonio; el perjuicio al acreedor es evidente por habérselo sustraído del mismo en virtud de un acto absolutamente gratuito; el hecho que dio origen al crédito de la actora es anterior al convenio de disolución de sociedad conyugal; y el vínculo causal entre la insolvencia de Morales y dicho negocio jurídico, surge evidente a partir del prolongado lapso existente entre la fecha del divorcio vincular de los demandados - 27/06/91- y la celebración del acuerdo -19/02/02- y su relación con la proximidad que se advierte entre esta última y el inicio del juicio laboral en su contra - 06/08/01-.
II.-3) Situación de la codemandada Graciela Amanda Gaitán – Análisis:
II.-3.a) Debo subrayar primariamente que, tal como evidencia el expediente, la actora conocía todos los avatares jurídicos del inmueble en cuestión. Los conocía como mínimo –dato de la realidad- desde el momento en que ella misma se percató de todos los detalles, al solicitar el embargo del mentado bién.
Este dato, obviamente, dio pié a la acción, y el momento de la toma de conocimiento del mismo fue el argumento, receptado en esta y en la anterior instancia, para fundar su defensa frente a la prescripción opuesta por los incoados, tal como infra se ha visto.
Este argumento denota objetivamente que antes de la sentencia la actora no podía agredir el patrimonio en cuestión, o dicho de otra manera: el derecho, litigioso, fue consagrado por la sentencia. Cuestión esta no menor, sobre la cual volveré.
Retomando la senda trazada en el primer párrafo, puede colegirse que la actora debió haber consignado en su demanda todos estos nuevos argumentos aportados en la expresión de agravios, dado que todo el planteo que connota la cuestión litigiosa debe explayarse en la instancia respectiva, sometiéndolo de esta manera el juez de grado (Arts. 330 Inc. 5°, 272 y Cctes. del ritual). No lo hizo, aportando los mismos en esta instancia, buscando de este modo la revocación de la parcela del decisorio que deja fuera de la acción al 50% de la codemandada Gaitán. Tales cuestiones, debo aclararlo, ponen en tela de juicio los nuevos argumentos de la actora; que han de ser de todos modos sopesados, a efectos de aventar toda duda sobre la controversia en aras del derecho de defensa, y dado que la cuestión según estimo, no vulnera derecho constitucional alguno, porque como corresponde, se ha dado el respectivo traslado (fs.267).
II.-3.b) Hecho el introito e ingresando en el fondo del asunto, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones indiscutibles 1) la codemanda había iniciado, y finalizado, su trámite de divorcio con anterioridad a la relación laboral que su ex-marido tuvo con la actora.
2. la presente incoada nada tuvo que ver en el conflicto laboral del restante codemandado, y por ello no fue demandada. Y 3) el inmueble sobre el cual se acordó era un bien ganancial del matrimonio.
Sobre esta insoslayable base fáctica se reporta claramente el acuerdo al cual arribaron los incoados. El mismo fue cristalizado y también inscripto, con mucha anterioridad (19/12/03) a la sentencia laboral, que adquirió firmeza a “…mediados de Noviembre del 2006…” (escrito actora fs. 102 Vta. 6° párrafo). Fue hecho entonces en tiempo y forma, y deriva de un insospechado e insospechable trámite de divorcio.
II.-3.c) Este escrito mentado a fs. 102/103, es la defensa de la actora frente a la Excepción de prescripción opuesta por los incoados. En el mismo la accionante dice con meridiana claridad que en el Tribunal de trabajo solicitó una vez firme la sentencia “…embargo sobre la parte indivisa que el accionado tenía…sobre el inmueble en cuestión…” “…Por ello, en esa misma fecha (01-02-06) requerí se trabase embargo sobre la parte indivisa que consideraba de propiedad del accionado…” (fs. 103, párrafo 4° y 6°).
O sea que su pretension alcanzaba la parte indivisa del incoado. Sin embargo en la expresión de agravios muta su posición y sostiene que nos encontramos frente a un bien ganancial de administración reservada del actor, por ende la titularidad del total le corresponde al codemandado Morales, por ello la acción también debe alcanzar a la porción de Gaitán.
Mas allá de la contradicción de la actora en punto a sus peticiones; y precisamente por ser el bien ganancial, y en función del acuerdo derivado del divorcio, debidamente inscripto antes de la consagración del derecho de la accionante, la porción de la actora (la mitad precisamente), no puede ser alcanzada por la acción iniciada. Lo contrario implica desconocer el derecho que le asiste sobre el bien, cuando el mismo fue oportunamente inscripto, y por ende oponible a terceros (Arts. 1271, 1272, 1273 Ccte. Y Sstes. del Cód. Civ.). La inoponibilidad del acuerdo conforme todo lo expuesto, no alcanza a la porción de la codemandada por todas las razones expuestas.
II.-3.d) Concluyendo: en modo alguno puede caer la sentencia sobre la porción de Gaitán cuya inscripción, reitero una vez más, fue hecha en tiempo y forma, y en el momento de hacerlo no había obstáculo ninguno para ello, y es totalmente ajena al referido litigio (Doct. Y Arg. Art. 2505 Códi. Civil; ver constancia registral de fs. 10 y fs. 219/231 de los autos “Gomez, Carina c/Olivera, Silvia y otros s/ Despido).
Todas estas razones son absolutamente distintas a las argumentadas para el restante codemandado y lleva inexorablemente según mi criterio a soluciones también distintas.
En virtud de lo expuesto, habré de proponer al Acuerdo, confirmar también esta parcela del decisorio atacado.
En consecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA A la primera cuestión, por compartir los mismos fundamentos, el doctor Sergio Hernán Altieri dijo que:
VOTA EN IGUAL SENTIDO.
A la segunda cuestión, el Dr. Norberto Celso Villanueva expresó: Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde confirmar la apelada sentencia de fs. 220/226 y aclaratoria de fs. 232 pto. II e imponer las costas de Alzada a la parte demandada que mantiene su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). Propicio diferir la consideración de los honorarios profesionales, hasta la oportunidad en que se practiquen las correspondientes determinaciones en la instancia de origen.
ASI LO VOTO
A la segunda cuestión, por compartir los mismos fundamentos, el doctor Sergio Hernán Altieri expresó que:
VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo celebrado quedó establecido:
1. Que la sentencia de fs. 220/226 y su aclaratoria de fs. 232 pto. II debe confirmarse.
2. Que las costas de Alzada deben imponerse a la parte demandada.
POR ELLO:
Y fundamentos consignados en el Acuerdo, confírmase la apelada sentencia de fs. 220/226 y su aclaratoria de fs. 232 pto. II. Impónese las costas de Alzada a la parte demandada. Difiérese la consideración de los honorarios profesionales, hasta la oportunidad indicada al tratar la segunda cuestión. Regístrese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Fin de la sentencia