Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de Lomas de Zamora · Causa LZ-50263-2025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts.8 apartado 3 y 21, 22, 49, Disposición Adicional 3ra. de la Ley 24.557, del Decreto Nº 717/96, 9 ley 26773, ley 24.432 y arts 7-10 ley 23.928 incoados por la parte actora por los fundamentos vertidos ut supra. -
2Hacer lugar a la demanda interpuesta por CARLOS EDUARDO GOMEZ y, en consecuencia, condenar a FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. a abonar al mismo, dentro de los 10 días de notificados y mediante transferencia bancaria directa a la cuenta que a tal efecto denuncie en estos obrados, debiendo abstenerse, en consecuencia, de efectuar dichos depositos en la cuenta judicial de autos (art. 17 ley 27.348) , la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 17.096.504.-) en concepto de indemnización por incapacidad derivada de contracturas musculares paravertebrales a nivel cervical y lumbar, omalgia derecha con restricción del grado de movimiento y RVAN, grado II, dolencias que lo incapacitan en forma parcial y permanente en el 22.90 % de la capacidad total obrera, incluìdos los factores de ponderaciòn; producto del accidente de trabajo que acaeciera el 25.07.2024.- (arts. 1, 2, 3, 12, 14 y conc ley 24.557).-
3CON MAS INTERESES a la TASA ACTIVA cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, extraìda de la pàgina del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (www.consejo.jusbaires.gob.ar), la que se calcularà desde la fecha de la toma de …
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en las referencias de las firmas digitales aqui insertas, se integra el Tribunal del Trabajo Nº 2 de esta ciudad, a fin de dictar la SENTENCIA que prescribe el art. 57 ley 15.057, en los autos caratulados: "GOMEZ, CARLOS EDUARDO C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO -ACCION ESPECIAL", expediente Nº 50.263, se procedió a efectuar el pertinente sorteo, del que resultó que los Señores Jueces deberán emitir su voto en el siguiente orden:
Doctor ADRIAN G. RODRIGUEZ;
Doctora MARIA E. LAREQUI;
Doctor ALEJANDRO P. TORRES.-
Acto continuo, el Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente cuestion:
¿Es procedente la demanda interpuesta?
A LA CUESTION PLANTEADA EL DOCTOR ADRIAN GUILLERMO RODRIGUEZ DIJO:
A.- ANTECEDENTES :
Por intermedio de letrada apoderada, se presenta CARLOS EDUARDO GOMEZ promoviendo demanda contra FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. , tendiente a obtener el cobro de la suma de pesos en concepto de accidente en ocasiòn del trabajo con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo.-
Manifiesta que ingresó a trabajar, sano y apto, como peón panadero en labores de limpieza para PANIFICADORA SATCHMO S.A . en fecha 15.07.2023, en jornadas de labor que se extendian lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs y los días sábados de 08:00 a 14:00 hs., percibiendo una remuneración de $ 676.719,19.- a la fecha del infausto.-
Acota que el 25.07.2024, en momentos en que el trabajador se encontraba prestando tareas laborales acomodando mercadería, se le cae una escalera de madera de 5 metros de largo encima, golpeándole fuertemente la cabeza, espalda y hombro derecho. El trabajador pierde la conciencia, y trasladan a la Clínica Ima, en donde le realizan resonancia magnética, tomografía y varias placas, le dijeron que tenía daño cerebral, por lo que quedó internado durante 6 días. Luego le dieron el alta de internación, pero continuó con tratamiento y medicamento para el vértigo que sentía constantemente, asimismo, tampoco podía coordinar bien las palabras u orientarse por si mismo, incluso sufría de mareos constantes y dolor de cabeza.
Posteriormente el 08/08/2024 le dieron el alta médica, pero el trabajador solicitó un reingreso por Superintendencia, el cual le brindaron y continuó con tratamiento de 15 sesiones de kinesiología, y el 20/09/2024 le dieron el alta médica. Actualmente, el trabajador aún tiene contracturas recurrentes, y siente que no puede mover el hombro derecho con normalidad, tiene sensación de bloqueo articular, se le "traba" el hombro al moverlo.
Acota que como consecuencia inmediata del evento dañoso el actor sufre de permanentes dolores y molestias en la zona afectada y en la actualidad es portador de minusvalia fisica y psiquica que estima en el orden del 10 % y por cuyas prestaciones reclama hoy en estos Estrados.-
Luego de otras consideraciones de hecho y de derecho, ofrece la prueba de que intenta valerse, plantea inconstitucionalidad de diversas disposiciones sobre la materia, expone cumplimiento del art. 1 ley 27.348 y requiere se haga lugar a su reclamo con costas con basamento en la ley de Riesgos del trabajo y las modificaciones de la leyes 26.773 y 27.348.-
Corrido el pertinente traslado (art.28,ley ritual del fuero), es contestado en tiempo y forma por FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U., quien reconoce contrato de afiliaciòn con la empresa usuaria-empleadora, el otorgamiento de prestaciones dinerarias y en especie, y concluìdo proceso curatorio, se le otorgò alta mèdica sin incapacidad, circunstancia ratificada en el marco de las actuaciones administrativas por " Divergencia" , nº 518720/24 ante la CMJ de Lomas de Zamora; razòn por la que su representado ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo y nada se le adeuda.-
Luego de otras consideraciones de hecho y de derecho, ofrece la prueba de que intenta valerse, contesta los distintos planteos de inconstitucionalidad y requiere se rechace la acción intentada con costas.-. Producido el replicato actoral, se dispone la apertura a prueba de la causa, obra contestaciòn de la SRT y ARCA; asimismo lucen informes periciales contable, psicologico y mèdico.-
Finalmente, ante la inexistencia de prueba pendiente de producciòn, se pusieron los autos para alegar, con lo que las actuaciones quedaron en estado de emitir sentencia.-
B.- CUESTIONES DE HECHO QUE HACEN AL OBJETO DE LA LITIS
1. Qué, CARLOS EDUARDO GOMEZ se desempeña bajo relación de dependencia, subordinaciòn jurìdica y tècnica de PANIFICADORA SATCHMO S.A, prestando servicios como peón panadero.-
2. Qué, producto del infortunio que sufriera el 25.07.2024 en momentos en que se encontraba realizando su dèbito laboral, acomodando mercadería, se le cae una escalera de madera, golpeándole fuertemente la cabeza, espalda y hombro derecho, a resultas del cual presenta contracturas musculares paravertebrales a nivel cervical y lumbar y omalgia derecha con restricción del grado de movimiento, dolencias que lo incapacitan en forma parcial y permanente en el 9 % de la capacidad total obrera.-
3. Qué, asimismo presenta una reacción vivencial anormal neurótica grado II, con manifestaciòn depresiva, dolencia que le genera una minoración laborativa de caracter parcial y permanente del 10 % de la total obrera.
4. Què, el actor, a la fecha de conocimiento de su discapacidad contaba con 36 años de edad; resultando su salario base, a los fines de la ley 24.557 de $ 650.135.44.-
5. Qué, a la fecha de toma de conocimiento de las patologías denunciadas FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. había suscripto un contrato de afiliación con el empleador, cuya póliza cubre los eventos emergentes de la Ley 24.557.-
B.1 LOS HECHOS ACREDITADOS
Habiendo realizado un pormenorizado análisis de las diversas constancias de autos y merituado las pruebas producidas en la forma que establece el art. 57.4, ley 15.057, puedo concluir que se ha justificado acabadamente el apartado 1.- con lo que surge de los escritos introductorios, instrumental adunada y experticia contable.- Dichas constancias probatorias por su claridad y coincidencias acreditan inequivocamente la existencia de una prestaciòn laboral entre Gomez y PANIFICADORA SATCHMO S.A y que éste ùltimo se encontraba asegurado en los tèrminos de la LRT con la accionada de autos.-
El item 2. - lo tendrè por probado con las constancias del historial del siniestro, contestaciòn de la SRT en el marco del expte 518720/24 de Lomas de Zamora, en donde queda queda acreditado que la actora formalizò la denuncia pertinente y pesaba sobre la ART a efectos de evitar quede aceptado que el mismo fuera rechazado por las causales enunciadas en el art. 6.3 a y b LRT y sus disposiciones reglamentarias (art. 6 dec. 717/96, 22 dec. 491/97).-
En cuanto a las patologìas fisicas que padece el actor he de tener por acreditadas las informadas, con la claridad y fundamentaciòn cientìfica de rigor esbozada por el Dr. Pintow, quien fijo las dolencias en relaciòn causal con el infortunio descripto en el epìgrafe.-
No soslayo que dicho informe mereciera observaciones por parte de la ART, pero las mismas hacen anclaje más en una cuestión dogmática y de querer disputarle las razones al galeno en la fundamentación de su pericia, que resultan irrelevante frente a las consideraciones médico-legales y conclusiones a las que arribara.- El perito ha constatado una lesiòn sobre el miembro que resultò afectado al momento de accidentarse el actor, sin que se haya verificado la existencia de otro agente idòneo capaz de romper el equilibrio, en cuanto a la capacidad fisica del actor, ya sea la predisposiciòn organica o un antecedente de lesiòn anterior; carga que, huega decirlo, pesada sobre la demandada y cuya ausencia sella la suerte de la defensa en esta parcela (art. 375 del CPCC; SCBA L- 104.474, sent del 29-2-2012). -
El apartado 3.- lo tengo por acreditado en base a la experticia en psicologìa.- Con relaciòn a las observaciones de la misma he de decir que, el informe se ha realizado conforme el baremo de la ley de riesgos del trabajo, ha dado razòn de sus dichos, desencadenando un desarrollo psicopatològico reactivo, circunstancias merituables, desde mi òptica, para visualizar la existencia de daño psiquico, el que se encuentra juridicamente consolidado.
El apartado 4. - lo tengo por acreditado con la documental adunada que da cuenta de la fecha de nacimiento del accionante 15.10.1987 y el valor mensual del Ingreso base con la pericia contable.-
El item 5.- lo tengo por acreditado con el reconocimiento expreso del contrato de afiliaciòn con vigencia a la fecha del evento de marras.-
C.-LA SOLUCION DECISORIA QUE SE PROPONE :
Dada la forma en que ha quedado votada la cuestión sobre los hechos corresponde ahora aplicar el derecho.-
Antes que nada, cabe señalar que en materia de infortunios o contingencias provenientes del trabajo, tanto si el reclamo se formula con fundamento en lo dispuesto en la ley especial, o se lo busque en la ley civil, o que se haya iniciado con anterioridad por la vía administrativa de las comisiones médicas o que directamente se haya recurrido a los estrados judiciales, lo cierto es que las previsiones del 46 LRT resultan inconstitucionales y la competencia de los tribunales locales para intervenir en estas cuestiones, debe ser ratificada (conf. doc. L 88770 del 20/12/2006; L 76325, 7/3/2007 entre muchas otras).-
En segundo lugar corresponde determinar cual es la norma de derecho sustantivo que debe aplicarse a efectos de resolver el fondo de la cuestión sometida a decisión del Tribunal; es decir la vigente al tiempo del acaecimiento del evento dañoso y consecuente toma de conocimiento de la minoración laborativa.-
En ese andarivel, La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que:
"La indemnización por un infortunio del trabajo es la fijada por la legislación vigente en la época en que el trabajador tuvo conocimiento de la incapacidad derivada de la dolencia padecida, que es su consecuencia y determina su exigibilidad sin que una ley posterior pueda modificar el crédito preexistente, ya que el fallo judicial que declara la existencia previa de tal consecuencia y determina sus efectos no equivalen a la consecuencia misma (L-36.936; L-35.909;L-35.908;L-36.679;L-44.932;L-45.109;L-44.183).-
Màs acà en el tiempo el Cimero Tribunal Provincial ha ratificado en la sentencia que por unanimidad ha sido dictada con caracter de "doctrina legal", en autos: "GODON, PABLO DAVID c/ PROVINCIA ART S.A. s/ dif. indemnizaciòn (L-118.532) en cuanto ordenò que deben aplicarse las normas vigentes en la fecha que sucedieron las circunstancias fàcticas ventiladas en la causa.-
Sentado lo precedente y siendo de aplicación en la presente causa la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por la ley 26.773 y 27.348 por ser, en lo referente a las normas de derecho sustantivo, la vigente al momento en que el accionante dice haber tomado cabal conocimiento de la existencia de su minusvalía laborativa; la misma debe ser resuelta en base a dichas prescripciones.-
En relación al reproche de los arts. 8, 21, 22, 49, Disposición Adicional 3ra. de la Ley 24.557 y del Decreto Nº 717/96, apartado 1 del art. 4 ley 26.773, los mismos han perdido virtualidad atento lo normado por el art. 14 ley 27348 que sustituye el texto de la norma en cuestiòn.-
Relativo al planteo de la ART referido al paso previo obligatorio por comisiones médicas, resulta abstracto su tratamiento, puesto que el actor ha transitado esa vìa, de las que son contestes los contendores.-
En cuanto al art. 12 LRT, que indica el modo de efectuarse el cálculo tarifado deviene abstracto su tratamiento, habida cuenta estar planteado para otro momento temporal ajeno al caso de marras por conducto del art. 11 ley 27348.-
En cuanto a la aplicaciòn compulsiva de la Tabla de Valoraciòn de Incapacidades de la Ley de Riesgos del Trabajo (Dec. 659/1996) soy de la opiniòn en que la misma se encuadra en la necesidad jurìdica de establecer una indemnizaciòn en paràmetros estandarizados pero que, en lo sustancial, constituyen pautas orientativas e indiciarias, siendo el auxiliar designado de oficio el llamado a poner su arte y conocimiento al servicio del caso particular, no pudiendo regirse por fòrmulas eminentemente matematicas.-
Contra dichos argumentos, se opone un novel fallo del la CSJN, in re : "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente-ley especial, sent. del 12/11/2019" en donde se estableciò la obligatoriedad de aplicaciòn del baremo de la LRT a partir de la ratificaciòn del art. 9 ley 26773.-
Recientemente, el Cimero Tribunal del Pais ha ratificado esta postura en autos Seva, Franco Gabriel c/ Asociart ART S.A. s/ accidente-ley especial, sent del 05/08/2021).-
Y, si bien, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (SCBA, L. 121508, sent del 29/04/2020.- en autos: Cáceres, Elisa Nicolasa c/ Provincia ART S.A. s/ .Diferencia Indemnización, entre muchos otros); lo cierto es que, tambien el Cimero Tribunal ha sostenido que: " cabe reconocerle la innegable gravitación que -más allá de lo que pueda sostenerse sobre su eventual aptitud vinculatoria- atento su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5, 108, 123 y 127, Const. nacional), SCBA, L-116810, sent del 4/06/2015, en autos: L. ,M. A. contra M. d. E. -. L. y C. y o. A. d. t. - A. e.-
Determinado el marco normativo en el cual ha de resolverse el fondo de la cuestión debatida, deviene trascendente para una adecuada resolución de la litis aclarar que, en razón de haberse demostrado en autos :
a) Qué, producto del infortunio que sufriera el 25.07.2024 en momentos en que se encontraba realizando su dèbito laboral, acomodando mercadería, se le cae una escalera de madera, golpeándole fuertemente la cabeza, espalda y hombro derecho, a resultas del cual presenta contracturas musculares paravertebrales a nivel cervical y lumbar y omalgia derecha con restricción del grado de movimiento, dolencias que lo incapacitan en forma parcial y permanente en el 9 % de la capacidad total obrera.-
b) Qué, asimismo presenta una reacción vivencial anormal neurótica grado II, con manifestaciòn depresiva, dolencia que le genera una minoración laborativa de caracter parcial y permanente del 10 % de la total obrera.
c) Què, el actor, a la fecha de conocimiento de su discapacidad contaba con 36 años de edad; resultando su salario base, a los fines de la ley 24.557 de $ 650.135.44.-
Es decir de las prueba colectada se infiere que la actora pretende una reparación fundada en un hecho súbito y violento -art. 6.1. LRT- que aconteció en el mes de julio de 2024, que se encuentra reconocido y aceptado por la ART debiendo asumir la cobertura y las prestaciones dinerarias en el marco de la ley 24.557 , 26773 y 27.348.-
Tales nomas obligan a la legitimada pasiva a sustituir mediante las prestaciones dinerarias los ingresos del trabajador en los distintos supuestos de minoraciòn de su capacidad obrera a raiz de los siniestros que se originan en la actividad laboraticia, los cuales son objeto del presente entuerto.-
A esta altura, y habìendose evaluado el porcentaje final de minoraciòn laborativa, corresponde ahora merituar los factores de ponderaciòn.-
En efecto, el Decreto 659/96 que aprueba el Baremo señala que cuál es el procedimiento para aplicar los factores de ponderación. Y así señala que una vez determinada la incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades, el porcentaje fijado -en el caso, el 19 %- se incrementará "en el porcentaje que surja de la aplicación de los factores de ponderación".
En consecuencia he de merituar los siguientes, apartandome de las formuladas por el galeno:
a. dificultad intermedia para la realizaciòn de tareas habituales ( 10 % de 19 % = 1.90 % );
b. No Amerita recalificaciòn;
c.- edad ( 2 %).- se suma directo, habida cuenta vengo sosteniendo desde antaño que es un factor perfectamente determinable y no necesita la generaciòn de ninguna variable adicional a los fines de su incorporaciòn.- Con apoyo en doctrina (FERNANDEZ MADRID-CAUBET, "Riesgos del Trabajo" año 2015, pàg. 318.Thomson Reuters, La Ley).-
En consecuencia, se obtiene un total por el deficit laborativo con relación causal directa con el infortunio del 25.07.2024 del orden del 22.90 % (9 % fisico + 10 % psiquico + 3.90 % de factores de ponderación).
Sentado ello, el quantum indemnizatorio debe fijarse conforme estatuye el art. 14 inc. 2.a. LRT, en base a la siguiente operación matemática: IBM ($ 650.135.44.-) por cincuenta y tres por grado de incapacidad (22.90 %) por 65 sobre 36 (edad del actor), lo que totaliza un importe de $ 14.247.087.-
Dicho importe SUPERA el piso mínimo legal actualizado por RIPTE conforme lo estatuído por la Resol. 12/2024 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($ 28.906.583 x 22.90 %).-
Asimismo el importe aludido ( $ 14.247.087.- ) será incrementado en un 20 %, o sea la suma de $ 2.849.417.-, conforme art. 3 ley 26.773 lo que arroja un total por todo concepto de $ 17.096.504. - suma por la que estimo la demanda ha de ser declarada procedente.- (art. 14..2.a. ley 24.557, 3,8,17.6 ley 26.773).
Con relación a la aplicación del índice RIPTE, cabe consignar que tanto la CSJN (causa "Esposito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-acción especial" como la SCBA (causa, "Staroni, Lidia Estela c/ Provincia ART S.A. s/ amparo) han fijado postura, la que constituye "doctrina legal" en el sentido que "..la ley 26773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los "importes" a los que aludían los arts. 1, 3 y 4 del decreto 1694/2009 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras..".-
Ahora bien, dicha comparación fué efectuada en el caso de autos como surge supra resultando mayor el importe que emerge del cálculo de la fòrmula polinomica, suma por la que en definitiva prosperará la acción.-
En lo atinente al planteo de aplicaciòn o no de la ley 24.432, comparto el criterio del Cimero Tribunal Provincial, que constituye "doctrina legal" en autos L.74119 "Hait", sent. del 11.8.2010, L.81909 "Aguirre", sent. del 6.10.2010, y màs acà en el tiempo L- 120948 "Cano", sent del 27.06.2020; L-121845 "Romero", sent del 27.07.2020; L-121.786 "Ortellado" sent del 04.08.2020; entre otros, inclinàndome por su constitucionalidad, habida cuenta que no implica un lìmite a la regulaciòn de honorarios sino a las responsabilidad de los mismas como integrantes de las costas.- Y dicha pauta rectora ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn en el precedente " Latino, Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seguros Ltda y otro s/ daños y perjuicios, sent del 01.07.2019 (Fallos 342:1193) al pronunciarse sobre la constitucionalidad del art. 730 del CCC, en donde valièndose de antecedentes anteriores recordò que la norma sustantiva tiene como propòsito central la disminuciòn del costo de los procesos judiciales ( L- 121702 "Condori", sent del 27.07.2020).-
Con relaciòn a la inconstitucionalidad del art. 7 ley ley 23.928 (t.o. art. 4 ley 25.561) introducido de soslayo en etapa posterior al perìodo de clausura probatoria, sin perjuicio de coincidir en cuanto a que, no debe adoptarse una postura formalista en cuanto a la oportunidad del planteo y comulgar con la ldea que debe garantizarse audiencia a la contraria o bilateralidad de la contienda -ausente en el caso- , he de dar cabida en cuanto al aspecto formal al pedimento.-
Ahora bien, en este contexto se impone determinar la procedencia de lo que aparece como nueva "doctrina Legal" de la SCJBA con apartamiento de lo que venìa sosteniendo en "Ubertelli" , "Trofe" y "Cabrera".-
Es decir, se impone determinar en el caso concreto de marras, la insuficienca de la reparaciòn sistemica dentro de los cànones estatuìdos por el art. 11 ley 27.348 de notables mejoras por sobre el viejo art. 12 ley 24.557, para lo cual el Cimero Tribunal en "Barrios" da una serie de directivas que mediante la aplicaciòn de ìndices de repotenciaciòn importen mejorar los guarismos del viejo sistema nominalista.-
En ese contexto, observo que no es sòlo la tasa activa la que proteje el crèdito del trabajador como sostiene el accionante en su pieza postrera, sino que los salarios calculados conforme OIT 95, es decir contemplando la totalidad de las acreencias percibidas por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestaciòn invalidante se encuentran actualizados conforme ìndice RIPTE, incrementados en un veinte por ciento, que cubrirìa eventuales otros daños y digo màs, cobijados por un piso mìnimo de referencia que se actualiza semestralmente.-
Con estos parametros entiendo que las contingencias posteriores al 05.03.2017, es decir abrazadas por la ley 27.348 hayan la debida protecciòn constitucional que preven los arts. 14, 17 y 18 C.N y 15 C.P, con los mecanismos previstos por dicha norma, razones que me llevan a mantener la constitucionalidad del art. 7 ley 23.928 juntamente con el 11 ley 27.348.-
He de concluir mi voto diciendo que al momento del dictado de la presente sentencia, pero con posterioridad a la traba de la litis fue dictado el DNU 669/19 que modifica la ley 24.557 en aspectos que hacen al cálculo de la fórmula polinómica y sus acrecidos.-
No obsta a lo expuesto el hecho de que no se haya planteado objeciòn alguna a la validez de dicha norma, toda vez que los jueces estamos habilitados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de aquellas que violan la Constituciòn (C.S.J.N., causas: "Banco Comercial de Finanzas S.A s/ Quiebra, sent.del 19.8.2004; V. 281.XLV, "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y otro c/ Ejercito Argentino s/ daños y perjuicios, sent del 27.11.2012; S.C.B.A L- 100.688, "Fernandez", sent. del 11.9.2009, L- 102.699, "Mascareño", sent. del 7.12.2011, entre muchas otras).-
En lo que interesa a la causa, entiendo que de ser compartido mi voto debe ser rechazada la posibilidad de aplicaciòn del mentado DNU por considerarlo inconstitucional e inconvencional, tanto por razones de ìndole formal como sustancial.-
En lo atinente al primer aspecto ( formal) viola el art. 99 inc 3 de la CN que expresa: ".. El Poder Ejecutivo no podrà en ningùn caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de caracter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tràmites ordinarios previstos por esta Constituciòn para la sanciòn de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el regimen de los partidos polìticos, podrà dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que seràn decididos en acuerdo general de Ministros que deberàn refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros..."
Una primera observaciòn indica que el Poder Legislativo a la fecha de promulgaciòn (30.9.2019) se encontraba en sesiones ordinarias (art. 63 CN) y tampoco existìan circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir los tràmites ordinarios para la sanciòn de las leyes.-
A lo que debemos añadir -verdad de perogrullo- que el DNU tiene una jerarquìa inferior a la sanciòn de una ley efectuada por el Congreso Nacional.-
A ello debe sumarse un segundo escollo insalvable con que tropieza la norma en crisis que es el referente al aspecto sustancial o de fondo.-
En los considerandos, se estatuye, entre otras, que las razones de urgencia invocada importan evitar .... ."que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores..." Es decir, en criollo, se prioriza las eventuales ganancias de los entes privados con fines de lucro, cuyo ùnico objeto es amparar y cubrir los infortunios laborales a cambio del pago de una prima, por encima de la merma en la salud psicofisica de los trabajadores accidentados o que padecen enfermedades accidentes o profesionales, circunstancias que se verìan sumamente disminuìdas si se ocuparan de la prevenciòn, verdadero leiv motiv en su creaciòn mas que en el rendimiento financiero de sus activos; toda vez que la evoluciòn de la tasa de interès (TABN) ha sido superior al promedio de los salarios (RIPTE); es decir, ha decidido recortar el càlculo de las indemnizaciones pertinentes, vulnerando, sin màs los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social y del trabajo.-
Entre ellos, se encuentra el de progresividad que pregona el sostenido incremento de los niveles de tutela jurìdica y la consecuente imposibilidad de reducciòn de conquistas alcanzadas, irrenunciabilidad, pro homine, sòlo para mencionar algunos.-
En esta parcela el mencionado decreto 669 viene a colisionar con lo preceptuado por el art. 26 de la Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica), el art. 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Econòmicos, Sociales y Culturales, art. 1 del protocolo Adicional a la Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econòmicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), art. 75 inc 19 C.N. 39 ap. 3 C.de la Provincia de Buenos Aires y doctrina "Vuotto",sent del 14.9.2014 y "Aquino", sent del 21.9.2014 de la CSJN en cuanto al principio de progresividad.-
En cuanto al artículo 3 del mismo dispone, que las mismas, "se aplicarán en todos los casos, independientemente de la primera manifestación invalidante".-circunstancia reafirmada por la Resólución SSN 1039/ 19 del 13-11-2019.-
Pués bien, entiendo resulta inaplicable tal disposición, toda vez que no establece, frente al principio general de la irretroactividad de la ley .. "una disposición en contrario" (art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación) que permita delinear que la voluntad del hermeneuta fue establecer una fecha de vigencia diferente que la exceptúe del sistema ordinario y contradice los precedentes "GODON y ESPOSITO", supra citados, este ùltimo infaltable en las contestaciones de demanda de las ART.-
Los intereses cumplen una doble funciòn compensar la privaciòn de su uso y cuantificar el retardo de su entrega, en el contexto actual, con niveles inflacionarios en orden al cuarenta por ciento sostenido, sòlo por ser generosos, alterar la norma emanada del Congreso Federal por un DNU que no reviste la calidad ni de urgente ni de excepcional ni de imperiosa aplicaciòn y mucho menos so pretexto de merma en las ganancias de las ART estando del otro lado de la ecuaciòn la salud de los trabajadores, es que he de propiciar la DECLARACION de INCONSTITUCIONALIDAD del DNU 669/19 y, por ende, no ha de ser considerado a los fines de establecer el quantum debido.-
Tasa de Interes compatible con el crèdito laboral de autos
Los intereses moratorios deberàn calcularse en base a la Tasa pasiva BIP, resultando sabido que la SCBA ha expresado que la aplicaciòn de dicha tasa porcentual no altera su "doctrina legal" en el marco de las distintas variantes que puede ofrecer el tipo de tasa de interes pasiva ( "ZOCARO" L- 118.615, sent del 11-3-2015).-
Ahora bien, el caso de autos como sostuve supra se encuentra inmerso en la òrbita normativa edictada por la ley 27348 (B.O. 24-2-2017) que ha entrado en vigor el 5-3-2017, la cual complementa la ley 24.557 y sus modificatorias.- Puès bien. en lo que interesa, la novel normativa en su art. 11, sustituye el texto del art. 12 LRT, incorporando el apartado 2 que, en su actual redacciòn dispone: "Desde la fecha de la primera manifestaciòn invalidante y hasta el momento de la liquidaciòn de la indemnizaciòn por determinaciòn de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologaciòn, el monto del ingreso base devengarà un interès equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) dìas del Banco de la Naciòn Argentina" .-
Es decir consagra un interes de naturaleza legal (art. 768 inc. b CCC), y toda vez que los acrecidos moratorios se devengan ipso iure , corresponde su aplicaciòn al caso de autos, respecto de las consecuencias no agotadas que se siguen incumpliendo por parte de la legitimada pasiva, dejando, a mi entender, vacìa de contenido la doctrina "ZOCARO" para todos aquellos supuestos abrazados por la novel legislaciòn en la materia.-
Dicha circunstancia ha sido avalada por la SCJBA en novel fallo "PONILLAUX" (L-125.412, sent del 30.11.2020).-
ASI LO VOTO.-
La Doctora LAREQUI, por los mismos fundamentos, del Dr.Adrian G.Rodriguez vota en igual sentido.-
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL DOCTOR ALEJANDRO TORRES DIJO:
Adhiero a lo expresado por el Sr.Juez preopinante, con excepciòn del modo de utilizaciòn del IBM en la fòrmula que cuantifica la reparaciòn.-
Al respecto, entiendo que el mismo deberìa ser actualizado a la tasa activa del Banco Naciòn Argentina, desde el dìa de la primera manifestaciòn invalidante a la fecha.-
Sin embargo, sabiendo de antemano que la distinguida colega que vota en segundo tèrmino, adhiere a los postulados del Juez preopinante coloca mi posiciòn en minoritario.-
Consecuentemente adhiero dejando a salvo mi opiniòn al respecto.-
ASI LO VOTO.-
Con lo que se dió por finalizado el Acuerdo, firmando los Señores Jueces y el Actuario digitalmente dentro de las facultades de la Res.386/20, art 7 Ac. 3975/20 y Resol. 480/20 -
D.- LA S E N T E N C I A
Lomas de Zamora, 19 de NOVIEMBRE DE 2026.
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO: Atento la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el TRIBUNAL por mayoria RESUELVE:
1. RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad de los arts.8 apartado 3 y 21, 22, 49, Disposición Adicional 3ra. de la Ley 24.557, del Decreto Nº 717/96, 9 ley 26773, ley 24.432 y arts 7-10 ley 23.928 incoados por la parte actora por los fundamentos vertidos ut supra. -
2 ° ) HACER lugar a la demanda interpuesta por CARLOS EDUARDO GOMEZ y, en consecuencia, condenar a FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. a abonar al mismo, dentro de los 10 días de notificados y mediante transferencia bancaria directa a la cuenta que a tal efecto denuncie en estos obrados, debiendo abstenerse, en consecuencia, de efectuar dichos depositos en la cuenta judicial de autos (art. 17 ley 27.348) , la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 17.096.504.-) en concepto de indemnización por incapacidad derivada de contracturas musculares paravertebrales a nivel cervical y lumbar, omalgia derecha con restricción del grado de movimiento y RVAN, grado II, dolencias que lo incapacitan en forma parcial y permanente en el 22.90 % de la capacidad total obrera, incluìdos los factores de ponderaciòn; producto del accidente de trabajo que acaeciera el 25.07.2024.- (arts. 1, 2, 3, 12, 14 y conc ley 24.557).-
3. CON MAS INTERESES a la TASA ACTIVA cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, extraìda de la pàgina del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (www.consejo.jusbaires.gob.ar), la que se calcularà desde la fecha de la toma de conocimiento (25.07.2024) hasta el dìa de la fecha, cuyo importe asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 15.008.246.-) y de existir mora en el pago de lo estatuìdo en el presente decisorio serà de aplicaciòn el art. 770 CCC. (arts. 768 inc b CCC, 12.2 y 3 ley 24557 con las modificaciones por el art. 11 de la ley 27348).-
4. COSTAS a la demandada vencida, (art. 24 ley 15.057), a cuyo efecto tomando en consideración el mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes, el valor economico del litigio, el resultado obtenido, la posición de las partes y las pautas arancelarias de aplicación, regùlanse los honorarios, conforme el siguiente detalle: Doctores: MARIANA SILVIA UNTACLE, en la suma de $ 3.000.000 (53,16 ius).-; DANIEL GUARRACINO, en la suma de $ 1.400.000 (12,40 ius); ALBERTO SARLO, en la suma de $ 700.000 (12,40 ius); los del perito MEDICO FABIAN GUSTAVO PINTOW, en la suma de $ 1.285.000.-; los de la perito PSICOLOGA MARCELA LILIANA FERNANDEZ SANCHEZ, en la suma de $ 1.285.000.-y los de la perito CONTADOR PAULA ALEJANDRA CERSOSIMO, en la suma de $ 1.285.000.- sumas a las que se adicionarán los aportes de ley e IVA si correspondiere (arts. 15, 16, 21 ley 14.967, 12, 14, 16, 20 ley 6716, arts. 193 y 207 ley 10.620 y art. 27, inc. b), ley 12.724 t.a. ley 13.948 ); los que deberàn ser cancelados exclusivamente mediante transferencia bancaria directa a las cuentas que a tal efecto denuncien en los obrados los beneficiarios de las citadas acreencias, debiendo los mismos en el tèrmino de dos dìas denunciar y acreditar constancia adjunta a la presentaciòn electronica pertinente, entidad bancaria, sucursal, tipo y nùmero de cuenta, CBU, CUIT y condiciòn tributaria que revisten ante el IVA.-
Firmas
Funcionario firmante: TORRES Alejandro Pablo - MAGISTRADO SUPLENTE
Funcionario firmante: LAREQUI Maria Eugenia - JUEZ
Funcionario firmante: RODRIGUEZ Adrian Guillermo - JUEZ
Funcionario firmante: MANTEIGA Daniel Jorge - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 545-2026
Fin de la sentencia