Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se confirma la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de sus agravios (arts. 20 inc. 2º, CPBA; 1, 2, 16, 17, 17 bis y ccs., ley 13.928 –t. seg. ley 14.192-). Costas de la instancia a cargo de la actora vencida (art. 19, ley 13.928 –t. seg. ley 14.192-).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
CAUSA Nº 14869 CCALP “GOMEZ CARLOS ESTEBAN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/AMPARO”
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Octubre del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “GOMEZ CARLOS ESTEBAN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/AMPARO”, en trámite ante el Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 14 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -51730-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gustavo Daniel Spacarotel y Claudia Angélica Matilde Milanta.
El Tribunal resolvió plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso de apelación?
A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
1. En el marco del proceso del artículo 20 inciso 2º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (ley 13.928, -t. seg. ley 14.192-), promovido por Carlos Esteban Gómez contra la Provincia de Buenos Aires, en procura de obtener continuidad en el goce salarial interrumpido mientras se resuelva la vía recursiva abierta contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que lo destituyera del cargo de Agente Fiscal, arriban los autos a esta alzada para considerar el recurso de apelación por el que el actor impugna la decisión que rechaza la acción promovida.
Esta última encontró fundamento en la norma del artículo 35 de la ley 13.661 y en la adecuación de la conducta de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a ella, y a lo dispuesto por el Jurado de Enjuiciamiento en sujeción a ese mismo mandato legal.
El cuadro decisorio, con el cual el juez de la causa inclina su juicio de improcedencia, se completa con la ausencia, en el planteo de promoción, de toda censura de constitucionalidad con destino en aquella disposición normativa (art. 35 ley cit.), aplicada por ambas instancias orgánicas para interrumpir el goce salarial.
Con ese pronunciamiento y el recurso del actor arriban los autos a esta instancia.
La impugnación deducida es admisible a tenor de lo previsto por el artículo 17 ley 13.928 (t. seg. ley 14.192).
Y, esta cámara es competente para tratarla y decidirla de conformidad a lo establecido por el artículo 17 bis del mismo cuerpo legal. A esa tarea habré de dedicarme en lo que sigue.
2. La prédica de los agravios se circunscribe a mostrar, en el fallo del conflicto, una exégesis carente de la visión que propone el recurrente como ruta de entendimiento en relación con los alcances del artículo 35 de la ley 13.661.
Ese desarrollo intenta mostrarlo condicionado a la firmeza del veredicto de culpabilidad y a ésta impedida todavía por los efectos suspensivos que atribuye a la interposición del recurso extraordinario que es objeto de consigna.
Pues bien, no veo consistencia en ese relato para quebrar la línea decisoria que, sin error de juzgamiento, desestima la acción de amparo. En efecto, dos son los andariveles conceptuales que me convencen de ese anticipo conclusivo.
El primero transcurre por la evidencia de un comportamiento adecuado a la disposición del artículo 35 de la ley 13.661 y a la ausencia de todo reproche de constitucionalidad relativo a éste y a sus consecuencias. Ello así neutraliza toda variable con destino en la configuración de la infracción jurídica manifiesta que exige el proceso constitucional para franquear el acceso a la vía excepcional que establece (conf. art. 20 inc. 2º, CPBA).
El cese en el goce salarial se muestra abastecido suficientemente en una norma legal que lo autoriza a partir del veredicto de condena, situación esta que no reporta contradicción en el proceso.
Luego, esa circunstancia es bastante para descartar el presupuesto de la acción articulada.
El segundo curso lo perfila la discusión que subyace en el planteo suspensivo del recurso extraordinario que formula el apelante, pues ello no luce con fundamento en norma expresa que autorice la descalificación de la conducta contraria en los términos de evidencia ostensible que son exigibles, y revela, cuanto menos, una cuestión controvertida que no elucida la ruta elegida.
En ese mismo piso de marcha, dejando a salvo el perfil justiciable de las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (conforme criterio sostenido en causa CCALP nº 10.968), he de señalar el carácter ejecutorio del veredicto de segregación en la materia que ventila el caso, mientras no se cuestione su fuente (art. 35 cit.), circunstancia esta que no obsta a la hipótesis de control posterior por aquella vía con todos los alcances revisores de legalidad según pudiere demostrarse.
Ello así no compromete la ejecución del fallo del jurado de enjuiciamiento, siempre sujeto a la revisión posterior por la vía pertinente y en toda su extensión.
Ese conjunto argumental desautoriza el planteo de ilegalidad manifiesta que informa la acción y por lo tanto abastece la improcedencia del recurso de apelación, que no logra consistencia para quebrar una línea decisoria de primera instancia que no ofrece error de juzgamiento. Con ese orden de fundamentos expreso mi respuesta.
Voto por la negativa.
Por ello, propongo:
Rechazar el recurso de apelación del actor y confirmar la sentencia atacada, en todo cuanto ha sido materia de sus agravios, con costas de la instancia a su cargo por revestir calidad de vencido en ella (conf. arts. 20 inc. 2º, CPBA; 1, 2, 16, 17, 17 bis, 19 y ccs., ley 13.928 –t. seg. ley 14.192-). Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Dr. Spacarotel adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. De Santis, votando en idéntico sentido.
A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Dejando a salvo mi posición en torno a la índole y evaluación de los recaudos del remedio constitucional (conf. mi voto en causa Nº 28, “Dorrego”, sent. del 30-IX-04, entre muchas), comparto -en lo sustancial- el criterio de solución que se propone confirmar, por los fundamentos expuestos por el juez de la causa (conf., en esp., considerando II del pronunciamiento impugnado) y las razones concordantes expresadas en la intervención anterior, en la medida que de ello resulta la improcedencia sustancial de la acción de amparo, por no concurrir los requisitos de antijuridicidad manifiesta y ostensible que predica el recurrente y, claro es, sin perjuicio de la plena justiciabilidad de las decisiones adoptadas por el jurado de enjuiciamiento (conf. mi voto en la causa Nº 10.968 “Rivero”, res. del 2-IX-10).
A mayor abundamiento, se trata la presente de una cuestión opinable, mas no trasunta un vicio jurídico de la magnitud y evidencia inherentes a la vía expedita (art. 43, Const. Nac.; art. 20 inc. 2° Const. Prov. y arts. 1 y concs., ley 13.928).
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se confirma la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de sus agravios (arts. 20 inc. 2º, CPBA; 1, 2, 16, 17, 17 bis y ccs., ley 13.928 –t. seg. ley 14.192-). Costas de la instancia a cargo de la actora vencida (art. 19, ley 13.928 –t. seg. ley 14.192-).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.
Gustavo Juan De Santis Juez Claudia A.M. Milanta Juez Gustavo Daniel Spacarotel Juez Dra. Mónica M. Dragonetti Secretaria REGISTRADO BAJO EL Nº 474 (S).
Fin de la sentencia