Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el recurso diferido interpuesto en PE1494814-2024 que se tuviera presente en PE909572-2024.-2°) Rechazar la pretensión de la demandada de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444, efectuada al contestar agravios.-3º) Desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios.-4º) Imponer las costas de la instancia al actor, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado.-5º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas las partes.-6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.- La Dra. Griselda I. Bard no suscribe el presente por no existir disidencia a dirimir y constituir mayoría entre los abajo firmantes.-Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 073 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3244 Folio Nº: 144/151 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9215/25 Sentencia: Definitiva Actor: Gómez Cristian Demandada: Estelar Resources S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 28-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 28 días del mes de septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "GOMEZ CRISTIAN C/ ESTELAR RESOURCES S.A. S/ LABORAL"; Expte. N° 1364/24 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de la Familia de Puerto Deseado y que ingresara, en esta instancia, bajo el Nº 9215/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Humberto E. Monelos y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe denegarse el recurso la apelación con efecto diferido que se tuvo presente en PE909572-2024 y declararse desierto el interpuesto por la parte demandada? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
2024 recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la denegatoria de la prueba pericial contable y la intimación a acompañar tableta utilizada en el test, al igual que la muestra de orina, resuelta en el auto de apertura a prueba de PE1483999-2024, recurso que se tuvo presente con efecto diferido en PE909572- 2024. El art. 91 de la ley 1444 impone la carga de mantenerlo mediante el sólo requisito de expresar los agravios correspondientes cuando se dicta la sentencia definitiva dentro del mismo plazo fijado para la apelación de esta. Si bien en el considerando VII de la sentencia se expresa que conforme la forma que se resuelve los presentes declara abstracto su tratamiento, corresponde a este tribunal decidir si la parte lo hubiera mantenido.
La recurrente no mantuvo el recurso diferido en el plazo y la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91 de la ley del rito por lo que corresponde por aplicación de lo dispuesto por el art. 92 de la ley 1444 denegar el recurso sin más trámite.
Así propongo al Acuerdo que se proceda.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
II. La solución propuesta por el preopinante es la que indica la ley del rito. Adhiero pues al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
III. En documento PE1295778-2024 se presenta la Dra. Maura Noemí Cabaña en representación de Cristian Andrés Gómez y deduce demanda contra Estelar Resources Limited S.A., reclamando el pago de indemnización por despido incausado: antigüedad; omisión de preaviso; integración mes de despido; SAC sobre preaviso; daño moral y multa Ley 25.323; por la suma estimada de $7.286.000 o lo que en más o en menos resulte de las distintas pruebas de autos, con más intereses y actualización -conforme el IPC- hasta el momento de su efectivo pago y costas. Refiere que el actor trabajó para la demandada desde el 05/12/2019 como ayudante Categoría 2, cuya firma gira bajo el nombre de fantasía de “PANAMERICAN SILVER” y su actividad principal es la explotación minera.
Agrega que el lugar de trabajo era en el yacimiento llamado “Cerro Moro”, y el régimen era de 14 días laborados por 14 días de descanso. Señala que la relación laboral se desarrolló sin sobresaltos hasta que en fecha 17/01/2024 la empresa lo despide por lo que considera una falsa causal. Expone que en fecha 13/01/2024 ingresó al yacimiento y al haber dado luz verde en el control de ingreso, no se le realizó test de droga ni alcohol por lo que comenzó con su diagrama normal. Explica que el 16/01/2024 fue llamado al servicio médico por una “denuncia anónima”, por lo que fue sometido a un control de droga y alcohol, que aparentemente habría dado positivo tanto el test como la contraprueba, frente a lo cual reclamó de manera verbal.
Al día siguiente (17/01/2024) fue bajado a la ciudad e inmediatamente concurrió a un laboratorio de análisis clínicos a fin de realizarse un nuevo test por su cuenta, el que arrojó resultado negativo. Continúa relatando que luego de ello, se presentó en su domicilio una escribana con el objetivo de notificarle el despido a través de acta notarial. Continúa diciendo que al considerar falases los términos de dicha acta, remitió telegrama laboral. Destaca que no se le endilga al trabajador un incumplimiento concreto, sino que la causal se sustenta en un supuesto resultado positivo en el test de droga, se explaya en el punto, cita jurisprudencia. Señala que la demandada incumplió con el protocolo para la realización de los controles, ya que lo señaló al actor, en transgresión a la Ley 23.592.
Cuestiona el accionar de la empresa, el procedimiento de control, la problemática de consumo de sustancias. Se explaya y cita doctrina acorde a lo expuesto. Detalla los rubros que reclama. Practica liquidación. Ofrece prueba. Funda en derecho. Plantea inaplicabilidad de la ley N° 24.432, y subsidiariamente se declare su inconstitucionalidad. Hace reserva del caso federal y solicita se admita el reclamo.-
IV. Habiendo fracasado la instancia conciliatoria prevista por la ley formal, en PE1402843-2024 se presenta Rocío Marsicano en representación de ESTELAR RESOURCES S.A y contesta la demanda. Realiza una negativa de los hechos, reconoce la relación laboral, la tarea que lleva adelante la empresa en la minería, y las funciones que desempeñaba Cristian Gómez. Contradice los dichos del actor en cuanto a la relación laboral normal, ya que enuncia que se le aplicaron dos sanciones al mismo en octubre de 2.021 y febrero de 2.023. Agrega en cuanto a los hechos que el día 16 de enero de 2.024 se realizó al actor un control toxicológico, resultando el mismo positivo al consumo de THC, el mismo fue llevado adelante por personal de salud, como consecuencia de una denuncia anónima realizada previamente ante al Supervisor de Patrimonial. Señala que la empresa actuó conforme a sus protocolos -que son conocidos por todos- siendo que tiene tolerancia cero de alcohol y drogas. Afirma que la circunstancia de haber dado positivo en el consumo de drogas reviste una situación de gravedad, una violación a la política de alcohol y drogas que rige en la empresa por lo que se lo despide con justa causa, notificándole el distracto el día 17/01/2024. Menciona que se le informó al actor el procedimiento "Control de Consumo Problemático de sustancias prohibidas", y el mismo suscribió el acta de recepción y consentimiento del procedimiento. Desconoce la documentación, impugna la liquidación practicada, ofrece prueba y acompaña documentación. Se opone a la petición de intimación efectuada por el actor de acompañar documentación. Rechaza planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24.432. Hace reserva del caso federal, funda en derecho, y finalmente solicita se rechace la demanda con imposición de costas.-
V. Mediante PE1412717-2024 la actora contesta el traslado conferido, desconoce la documentación acompañada por la demandada y se opone a la producción de la pericial médica solicitada por la contraria. En PE1431147-2024 obra contestación del Agente Fiscal, en relación a los planteos de inconstitucionalidades, lo que se resuelve en interlocutorio de PE1464135-2024.-
VI. En PE1483999-2024 se ordena la producción de pruebas, finalizada la misma las partes presentan alegatos. La parte actora a través de PE1978411- 2025, y la demandada a PE1978664-2025. En PE2053086-2025 se dicta sentencia que rechaza la demanda interpuesta por Cristian Andrés Gómez, rechaza el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, impone las costas en el orden causado y difiere la regulación de honorarios.-
VII. Contra el fallo la parte actora deduce apelación a PE2063028-2025, señalando que no se trataron todos los planteos realizados y que resultan conducentes para la correcta resolución del litigio, que carece de motivación suficiente y no se apreciaron pruebas decisivas. Se agravia por entender que la sentencia lesiona gravemente la garantía constitucional del debido proceso y del derecho de defensa. Considera que carece además de fundamentación lógica y jurídica suficiente, como así también que omitió realizar una adecuada valoración de la prueba. Señala en particular que no se analizaron las irregularidades en el procedimiento toxicológico, que existe ausencia de homologación en el protocolo, inexistencia de prueba científica confiable, el resultado del test independiente y la parcialidad de las testimoniales ofrecidas por la demandada.-
Sostiene que no existe una prueba válida para acreditar el hecho invocado como causa del despido, que no se comprobó el consumo de drogas, no hay informe de laboratorio válido ni identificación de la sustancia hallada, ni un análisis realizado por profesional matriculado, todo lo cual compromete la confiabilidad del test. Entiende que la práctica viola estándares mínimos de rigor científico. Señala que por su parte la empleadora omitió presentar la tableta utilizada y la muestra de orina.-
Continúa argumentando que la valoración de la prueba testimonial ignora principios básicos de la sana crítica y desvirtúa el estándar de valoración probatoria, porque todos los testigos propuestos por la demandada mantenían relación de dependencia vigente con la empresa al momento de declarar y porque, las declaraciones no probaron que el actor haya ingresado a trabajar bajo los efectos del alcohol y drogas, y resultan contradictorias, genéricas y en algunos casos, inverosímiles.-
Sostiene que la imputación de mala fe al trabajador resulta arbitrario, contradictorio y carente de sustento probatorio, pues invierte de manera inadmisible la carga de la prueba y desconoce todas las circunstancias del caso que acreditan la buena fe del trabajador y la mala fe de la demandada. Solicita se revoque la sentencia en su totalidad, con imposición de costas. Hace reserva del caso federal.-
VIII. En documento PE2083083-2025 la parte demandada contesta los agravios. Solicita la deserción del recurso por considerar que las manifestaciones del recurrente son meras disconformidades o desacuerdos pero no una crítica al fallo. En forma subsidiaria contesta los agravios. Refiere que no se está frente a una sentencia arbitraria o sin fundamentos, ni mucho menos se puede sostener que a la actora se le han vulnerado derechos constitucionales, simplemente se trata de una resolución que no resultó del agrado de la parte trabajadora. Considera que de acuerdo a las constancias de autos, se acreditó que el despido con causa se encuentra acabadamente justificado sin que el mismo se pueda considerar discriminatorio y se han cumplido los requisitos que debe existir en todo despido justificado: gravedad; proporcionalidad; oportunidad o contemporaneidad; y “Non bis in idem”.
Considera que yerra la parte accionante al detallar los supuestos puntos esenciales que se debieron cumplir en el marco del protoclo aplicado, toda vez que no existe a nivel nacional y/o local en en la provincia de Santa Cruz norma que rija y regule la forma en la que se deben llevar a cabo todos los controles toxicológicos que se realizan a nivel laboral. Refuta cada uno de los puntos expuestos por el recurrente en ese sentido. En cuanto a la falta de homologación, hace referencia a que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia tenía conocimiento acerca del mismo, y no realizó ninguna observación al respecto, sin perjuicio de no resultar un requisito su homologación, además de que no existe autoridad de aplicación alguna ante la cual la empresa esté obligada a homologar.
Refiere que el actor tampoco atacó de nulidad e invalidez al instrumento, sino hasta cuando dio positivo en el test y contraprueba. Agrega que para la implementación del protocolo sólo debía ser conocido y aceptado por el trabajador, tal como sucedió en el presente. Entiende suficientemente acreditado además que los test utilizados son confiables, tal como se informa en la presentación de fecha 18/12/2024. Considera que el análisis que el actor se realizó en laboratorio privado no resulta ser independiente, ya que fue realizado sin su intervención y control, además porque las concentraciones de las drogas en el cuerpo con el paso del tiempo disminuyen. En cuanto a la declaración de los testigos, afirma que entre ellos no hubo contradicciones y mucho menos sus respuestas estuvieron direccionadas.
También considera equivocado el planteo del actor en este sentido, ya que el sentenciante expresamente ha considerado el carácter de dependientes de los testigos ofrecidos por su parte. Estima infundado el agravio del trabajador referido a la imputación de mala fe y la validación de un despido que considera fraudulento. Sostiene que resulta incuestionable que el recurrente consumió drogas, que los testeos realizados en la empresa dieron positivo y que incumplió el protocolo de la empresa en materia de consumo de Drogas y Alcohol y que, con ello, transgredió la buena fe contractual y el deber de fidelidad, determinando la pérdida de confianza del empleador, lo que justifica la ruptura del contrato laboral.
Solicita se desestimen los agravios del actor y se confirme la sentencia, con imposición de costas. Mantiene el caso federal.-
IX. En primer término, me expediré sobre el pedido de la demandada de declarar desierto el recurso, con el argumento de constituir una simple disconformidad o desacuerdo con la sentencia. Considero que el escrito por el que se ensaya la expresión de agravios permite entender las pautas de la sentencia que son impugnadas y los argumentos utilizados para ello, por lo que se da cumplimiento con el art. 91 de la ley 1444. Sumado a ello, es criterio de esta Cámara interpretar esto en forma amplia e integral por lo que no corresponde acceder a la sanción de deserción. Propongo al Acuerdo rechazar la pretensión de declarar desierto el recurso como solicita la demandada.-
X. Ingresando al tratamiento del recurso propuesto por la parte actora, observo que la crítica que formula tiene que ver con la tarea valorativa de la magistrada, pues aduce que lo resuelto no responde a una valoración racional de las pruebas ni a una construcción argumental sostenida; que omitió abordar planteos conducentes y oportunamente deducidos y que la sentenciante prescindió del análisis de pruebas determinantes para la resolución del litigio.- Concretamente, el eje central de cuestionamiento hace foco en la forma en que se llevó a cabo el procedimiento toxicológico, punto que por cierto, a mi criterio, tiene una relevancia transcendental para el éxito de su ataque. Así las cosas, se observa que el reglamento que lo rige contempla la realización de controles en diferentes circunstancias. De manera expresa se estipula un control aleatorio al ingreso al yacimiento y cuando un colaborador fuera denunciado porque presentara comportamientos asimilables a intoxicación. También se establecen estudios pre ocupacionales y estudios periódicos;
incidentes/accidentes laborales (punto 6 "desarrollo").-
Se acompañó con la contestación de demanda "Acta de Registro del Test de Alcohol y Drogas" que da cuenta que el día 16 de enero de 2024 a las 21,45hs. se realizó el control a Cristian Gómez, que dio positivo en THC y en contraprueba de orina; dicha documentación se encuentra suscripta por el actor y un testigo. Si bien esta documentación fue desconocida en un principio por la parte actora, tengo en cuenta que con la restante prueba producida quedó desvirtuado dicho desconocimiento.-
Sumado a ello, considero categórico el informe pericial glosado a PE1683570-2024, elaborado por el Laboratorio Regional de Investigaciones Forense de este Poder Judicial, que es contundente al responder que los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo; que el método utilizado es correcto, al igual que la toma de la muestra, y que el procedimiento seguido se ajusta al establecido para el control de estupefacientes. Ello reviste rigor científico, lo que se interpreta conforme lo dispuesto por el art. 455 del CPCC.-
Que por otra parte, critica que la prueba fue realizada por personal sin título de bioquímica ni matrícula profesional habilitante, sin embargo se observa, respecto de María Belén García, que la misma cuenta con matrícula habilitante, de acuerdo surge de PE1554680-2024, lo que torna al cuestionamiento del actor carente de sustento, pues, no se reforzó el planteo proponiendo prueba para acreditar que su participación, de acuerdo al título con que cuenta, puso efectivamente en riesgo la confiabilidad técnica del test. Tampoco se logró acreditar que el material no estaba en condiciones ni en qué hubiera modificado el resultado la cadena de custodia que invoca.-
Asimismo, alega la inexistencia de identificación de sustancia, cuando lo cierto es que, conforme surge del acta de registro, la sustancia detectada es THC.-
Por otra parte también cuestiona el método de test inicial, sin embargo lo cierto, es que de los argumentos de la parte no se observa qué diferencia en el resultado hubiera dado si el actor orinaba en otro lugar o en otro recipiente, o se habría realizado el estudio en saliva, ya que se explicaron las diferencias entre ambos y no existe un orden obligatorio para el estudio.-
En otro de sus agravios, se insiste en señalar que el Protocolo utilizado en virtud del cual se lleva adelante la muestra, test, análisis y posterior despido no se encuentra homologado. En primer lugar debo señalar que este planteo tal como se propone aquí no fue realizado en la instancia de grado, ya que al interponer demanda, el actor se limita únicamente a mencionar que desconoce si el protocolo se encuentra actualmente homologado por autoridad administrativa. Cabe mencionar en este sentido, que el denominado protocolo de Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas (alcohol y drogas) fue elaborado por la demandada, se encuentra acompañado en este expediente y fue recepcionado por el actor en fecha 27 de diciembre de 2.022, conforme surge del acta de recepción y consentimiento agregado a PE1402843-2024. Al respecto considero, que de acuerdo a la facultad de dirección conferida al empleador en el art. 64 LCT, no existe obligación de homologar ante ninguna autoridad administrativa o judicial este tipo de reglamentaciones internas. Sin perjuicio de ello, realizando una lectura del mismo se observa que no es discriminatorio, es razonable, tiene como objetivo la búsqueda de seguridad en las personas y bienes de la empresa y fue debidamente notificado al trabajador. En igual sentido, tengo presente la respuesta otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de PE1549692-2024, en cuanto a que dicho organismo no resulta ser autoridad de alicación en cuanto a la aprobación del mismo. Por estas razones entiendo que lo planteado en agravios al respecto no puede prosperar (arts. 70 y 71 LCT).-
Constituye otro de los agravios, la descalificación efectuada en la instancia de grado al análisis independiente realizado por el actor cuyo resultado fue negativo, y del valor concluyente otorgado al test practicado por la empleadora. Para responder a ello, debo decir que la prueba acompañada corresponde a un estudio de parte, del que no participó la demandada, circunstancia que lo priva de convicción suficiente. Lo informado mediante contestación obrante a PE1538767-2024 por el Laboratorio de Análisis Clínicos "Padro" arrojó resultado negativo para metabolitos cannabinoides, pero no para todo tipo de drogas como se afirma al expresar agravios. Por otro lado observo, que éste no convocó como testigo al bioquímico que realizó esa pericia de parte, lo que hubiera permitido a la contraria repreguntarle, sino que optó por ofrecer dicha prueba como informativa, librando el correspondiente oficio de estilo. Al contestar el requerimiento, no informa que la prueba hubiera contado con control de la demandada en el estudio del cromatógrafo o en la toma de la muestra, tampoco si el actor la llevó al laboratorio, si ésta fue manipulada o contaminada y eventualmente si el bioquímico controló la toma de la muestra o si no fue obtenida dentro del laboratorio. Por tanto, no puede pretender el actor que la prueba que realizó de manera privada le reste validez a la tomada en el lugar de trabajo, tal como se encontraba dispuesto conforme protocolo. Asimismo, en este punto, valoro lo informado por la pericia médica labrada por el Laboratorio Regional de Investigaciones Forense-Área Toxicología de Río Gallegos, que de manera categórica determinó como válido el procedimiento llevado a cabo por la empleadora, por lo que éste agravio también debe ser rechazado.-
Con relación al agravio referido a la impugnación de los testigos, debo señalar que la jueza de grado refiere que tendrá en cuenta sus testimonios con el alcance de la situación, por el hecho de ser empleados de la demandada, y de acuerdo a lo establecido por el art. 67 de la Ley N° 1.444. Asimismo, revisando la totalidad de la prueba producida, cabe referir que los testimonios brindados ofrecidos por el actor, obrantes a PE1564459-2024 y PE1816569-2025, relatan la forma en que se realizaban los controles, y sus descripciones se condicen con las declaraciones de Jonás Joel Bidess -PE1569294-2024-; José Ricardo Da Cruz -PE1569299-2024-; Esteban José Maldonado Moraga -PE1569303-2024- y; María Belén García -PE1579063-2024- propuestos por la demandada. Conforme ello considero que la totalidad de testimonios brindados no hacen más que corroborar lo que también se demostró con otras medidas probatorias, y aún teniendo en cuenta el hecho de ser dependientes y haber manifestado no conocer al actor, la solución al caso no se vería modificada, ni se observa falsedad en los dichos (art. 67 ley 1444) razón por la cual este punto tampoco puede prosperar.-
En otro apartado la parte sostiene que la sentenciante decide culpar al trabajador de un supuesto quebrantamiento de confianza jamás acreditado, omitiendo valorar su conducta intachable y sus esfuerzos por esclarecer el conflicto. Por el contrario, estimo que la causal invocada es la pérdida de confianza, por el incumplimiento de las normas con relación al consumo de sustancias prohibidas, tal como se menciona en acta de notificación del distracto. A esta altura, cabe revisar la proporcionalidad entre la falta y la sanción. El consumo de sustancias psicotrópicas y su afectación para el trabajo guarda una estricta relación con el tipo de labor que llevaba a cabo Cristian Gómez, quien llevaba materiales a los compañeros que manejaban la perforadora, operaba equipo de levante y prestaba servicios dentro de la mina en tareas generales, y permanecía 14 días en el lugar. La circunstancia de presentarse a laborar bajo el efecto de haber consumido sustancias prohibidas constituye en sí mismo un riesgo. En este aspecto, comparto los argumentos señalados en la instancia de grado sobre los efectos que produce el consumo de sustancias en el cuerpo de las personas, claramente expuesto por el Laboratorio Regional de Investigación Forense de este Poder Judicial. Entiendo que en este tipo de industrias específicamente, no es necesario aguardar a que ocurra un accidente para advertir sobre el riesgo, sino que el peligro potencial que importa realizar sus tareas bajo los efectos de las drogas importa de por sí, ya que puede ocasionar un daño a la persona, a terceros y a los bienes de la empresa demandada. Este tipo de controles por parte de la empleadora no es lesivo a derechos laborales pues tiende a proteger la integridad física del resto de los trabajadores, de extraños, del propio trabajador y de bienes. Cristian Andrés Gómez conocía la normativa de trabajo, suscribió un compromiso con relación a la política del uso de drogas y alcohol en el ámbito laboral y las pruebas producidas permiten acreditar que faltó a sus obligaciones (arts. 63, 242, 243 y ccs. LCT) por lo que tampoco voy receptar este planteo.-
Por lo expuesto y por la forma en que se analiza la causa de despido, entiendo que los agravios no deben prosperar confirmando la sentencia de grado en todas sus partes. En cuanto a las costas de esta instancia, considero que deberán ser soportadas por el actor, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). Sobre la regulación de honorarios profesionales, estimo deberá ser diferida hasta tanto se determinen en la instancia de grado, y se tiene presente las reservas del caso federal formuladas por las partes. Así lo propongo al acuerdo.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XI. Coincido con el análisis realizado en forma precedente, en cuanto a que la causal de despido se encuentra debidamente justificada.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XII. Por los fundamentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso diferido interpuesto en PE1494814-2024 que se tuviera presente en PE909572-2024. 2°) Rechazar la pretensión de la demandada al contestar agravios de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444. 3º) Desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado. 5º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas las partes. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 28 de septiembre de dos mil veintiseis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Denegar el recurso diferido interpuesto en PE1494814-2024 que se tuviera presente en PE909572-2024.-2°) Rechazar la pretensión de la demandada de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444, efectuada al contestar agravios.-3º) Desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios.-4º) Imponer las costas de la instancia al actor, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado.-5º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas las partes.-6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.- La Dra. Griselda I. Bard no suscribe el presente por no existir disidencia a dirimir y constituir mayoría entre los abajo firmantes.-Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 073 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3244 Folio Nº: 144/151 Secretaria: 1
Fin de la sentencia