Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 48200-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar la decisión del T.F.N. en todo cuanto fue materia de recurso;
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora en su carácter de vencida (cfr. arts. 68, 1° parte y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación por conducto del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.);
3Disponer el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen a efectos del tratamiento de las cuestiones pendientes, de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX, último párrafo y
4Dejar sin efecto la regulación de honorarios y declarar inoficioso pronunciarse sobre la apelación interpuesta en 1/09/2023.
Expte. Nº 00952/2024.-
///nos Aires, 7 de marzo de 2025.- PGR Y VISTOS: para resolver estos autos caratulados: “Gómez, Florentino Alfredo –TF 48.200 –I c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que por sentencia del 23/08/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación decidió revocar las resoluciones Nros. 202/17 y 203/17, con costas.
Asimismo, reguló los honorarios del letrado de la parte actora (ver fs. 39/44 del documento digitalizado).
II. Que, para decidir de ese modo, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo, en primer término, analizó el planteo de nulidad formulado por el actor. En particular, señaló que las mentadas resoluciones se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas previamente sustanciadas a su emisión, tanto tanto respecto al señor Gómez como a la empresa, deudora principal de los tributos y demás conceptos que, como responsable solidario a aquél, se le reclaman.
Por ser ello así, no advirtió violación a ninguna de las disposiciones de la ley 19.549, ni tampoco afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio invocada, prueba de lo cual es que tuvo posibilidad de ejercerla en la instancia administrativa previa y ante dicho Tribunal.
En ese orden, postuló que la nulidad por la diferencia entre los fundamentos de la vista y los de las Resoluciones, constituyen meras discrepancias sin apoyo concreto en las actuaciones administrativas que dan cuenta que en todo momento la imputación de la responsabilidad se fundó en haber actuado como director suplente y como apoderado de La Ganadera Cereal S.A.
En efecto, recordó que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que no habrían sido cumplidos en el sub examine.
Luego, citó jurisprudencia que -a su entender- avalaría su postura.
Además, sostuvo que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante.
1 Por esos motivos, desestimó el planteo de nulidad articulado, sin costas. Resuelto lo anterior, se expidió sobre la legitimidad de las Resoluciones cuestionadas y recordó que en ellas se intimó al Señor Gómez a ingresar las obligaciones fiscales incumplidas por La Cereal Ganadera S.A. por haber sido su Director Suplente a la fecha en que se devengaron, así como también su apoderado, conforme se desprende de la información obtenida de los sistemas de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Sobre el punto, destacó que si bien se encuentra acreditado que desde el punto de vista formal el Señor Gómez era Director Suplente y apoderado en la cuenta bancaria y quien suscribió los endosos de los cheques acreditados en la cuenta de La Cereal Ganadera S.A., los restantes elementos obrantes en las actuaciones y la prueba rendida en este expediente da cuenta que no fue él quien realmente administró dicha empresa en los períodos fiscales que se le atribuyen como responsable.
En esa línea, puntualizó que, no ha invocado ni probado el juez administrativo, que el nombrado hubiera sido designado formalmente para asumir dicho cargo en los períodos comprendidos en las Resoluciones, lo que obsta también a que se le atribuya la responsabilidad personal y solidaria del artículo 8, inc. a) de la ley 11.683.
A fin de dar fundamento a su postura, citó jurisprudencia que entendió aplicable al sub examine y recordó que, son tres los requisitos para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; y que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa. En ese orden de consideraciones, indicó que, mal puede sostenerse que el aquí recurrente haya actuado con dolo o culpa cuando no fue convocado para ejercer la Presidencia del Directorio de la sociedad deudora, ni se han exhibido Actas que lo hayan designado en dicho carácter en reemplazo del Presidente o de los directores titulares en los períodos que aquí importan. Ello, sumado a que no surge de las actuaciones que se haya desempeñado efectivamente en la gerencia de la sociedad, ni que haya tenido función empresaria alguna vinculada a su administración, impidiendo confirmar en el caso la pretensión fiscal y sancionatoria notificada en las Resoluciones.
Por último, citó jurisprudencia que consideró aplicable al sub examine y concluyó, de ese modo, que no existen elementos probatorios suficientes para fundar la atribución de responsabilidad al Sr. Gómez por las deudas impagas de La Cereal Ganadera S.A.
2 III.- Que, contra lo así decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación en fecha 9/10/2023 y expresó agravios en fecha 26/10/2023, habiendo su contraria formulado réplicas el 27/11/2023 (ver fs. 46 y 51/68 del documento digitalizado). Asimismo, la regulación de honorarios fue apelada -por alta- en fecha 1/09/2023 (cfr. nota de elevación del T.F.N.).
IV. Que la demandada sostuvo en su memorial que la sentencia recurrida es arbitraria y contraria a los intereses de su mandante, basándose en argumentos que se contradicen y provocan grave inseguridad jurídica, por cuanto se prescindió de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso, no ajustándose al derecho aplicable.
Indicó que la resolución apelada efectúa un análisis de las pruebas colectadas en autos, que podría llevar a la ligera impresión de que la presente causa es una cuestión de hecho y prueba ajena -en principio- a la competencia de la Excma. Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la ley 11.683.
Resaltó sin embargo, que en dicho precepto se dispone que en los recursos de revisión y apelación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados; pudiendo apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que se hace en la sentencia de los hechos.
Citó jurisprudencia y doctrina que -a su entender- avalaría su postura. Al respecto, precisó que, más allá de que el Señor Gómez fuera empleado en relación de dependencia de La Cereal Ganadera S.A. en los períodos discutidos en autos y que no fuera el administrador de la clave fiscal de la empresa, lo cierto es que era el Director Suplente y tenía poder amplio de administración y disposición de bienes.
En esta línea argumental sostuvo que, con la contundencia de los elementos de prueba obrantes, agravia a su parte que se considere al Señor Gómez como Director Suplente sólo desde el punto de vista formal, cuando en los hechos reconoce específicamente que suscribía los endosos de los cheques y tenía el manejo de los fondos bancarios, podía efectuar depósitos y disponía de amplias facultades de administración y disposición de fondos.
En efecto, la recurrente expresó que, al no obrar en los antecedentes administrativos ni ser invocado por la actora, que dichas actas hayan sido revocadas y/o modificadas, las mismas hacen plena fe de su contenido, no pudiendo el Tribunal exigir a su parte que acredite la existencia de un acta posterior a las mencionadas, que ratifique lo allí decidido.
3 Luego, citó jurisprudencia que consideró aplicable al sub examine.
En ese contexto, remarcó que no aparece como irrazonable que, por aplicación del principio de realidad económica, de encontrarse debidamente acreditado que el actor ejerciere efectivamente las funciones de administración de la Sociedad Anónima involucrada, se lo considerase responsable solidario en los términos de los artículos 6, inc. d), y 8, inc. a), de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), aún sin estar designado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 255 de la Ley de Sociedades Comerciales; sin que ello implique extender por analogía el supuesto de responsabilidad previsto en la norma al caso, pues en autos su aplicación -de encontrarse, como ya se dijo, efectivamente acreditada la circunstancia antes mencionada- no constituiría más que la aplicación del instituto a la realidad de los hechos.
En virtud de ello, expresó que no se puede negar su vinculación a la administración de la sociedad, atento a que independientemente de su cargo como Director Suplente, el poder le fue otorgado con facultades de administración y disposición según surge de la lectura del mismo.
Por ser ello así, postuló que surge claramente que la sentencia resulta arbitraria por cuanto se realiza una errónea valoración de la prueba producida en autos y se revoca el ajuste efectuado.
En otro apartado, peticionó que fueran confirmados los intereses resarcitorios en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), en la medida que la mora en el pago del impuesto resultaría - según considera- imputable al apelante.
Además, indicó que -en el presente caso- se verifican con nitidez los elementos que permiten atribuir con un grado de convicción suficiente, la existencia de una actividad dolosa de ocultación de la verdadera capacidad contributiva del contribuyente.
Explicó que, con los elementos obrantes a lo largo de la instrucción se concluyó que la conducta imputada a título de dolo bajo las previsiones de los artículos 46 y 47, incisos a) y b), de la ley 11.683, se encontraba plenamente acreditada, correctamente encuadrada y razonablemente graduada de acuerdo a las normas mencionadas.
Por último, la recurrente se quejó de la imposición de costas.
Estimó que, las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencido de los gastos de justicia, en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho.
Por todos los motivos expuestos, solicitó que se revocara lo decidido, con costas.
4 V.- Que con carácter previo al tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in rebus, “Luis A. Ducret y Cia. S.A. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 11.354/2017, del 18/12/2018; “VZ Bath & Body S.A. (TF 36087-I) c/D.G.I.”, Expte. Nº 12.109/2021, del 8/04/2022; y “Consultatio SA (TF 31752-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” Expte. N° 25.194/2023, del 1/09/2023, entre muchos otros).
VI. Que sentado lo anterior, corresponde señalar que mediante:
-la resolución N° 202/2017 (DV RRMP), la cual determinó de oficio el impuesto al valor agregado, períodos 08/2010 a 07/2012 por la suma de $235.583,96 en concepto de capital, más $384.028,19 de intereses y aplicó la multa prevista en el artículo 46 de la ley 11.683 por la suma de $706.751,88 (ver fs. 1/29 del documento digitalizado).
-la resolución N° 203/2017 (DV RRMP), la cual determinó de oficio el impuesto a las ganancias, períodos 2011 y 2012 por la suma de $318.440,26 en concepto de capital, más $388.339,31 de intereses y aplicó la multa prevista en el artículo 46 de la ley 11.683 por la suma de $955.320,78 -períodos 2011 y 2012- (ver fs. 31/56 del documento digitalizado).
Dichas resoluciones fueron dictadas el 30/06/2017 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata, notificadas el 07/07/2017, suscriptas por el C.P. Juan Carlos Sansinena, en su carácter de Jefe (Int.). El Sr. Gómez explica que el ajuste se funda en que los depósitos depurados de la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a La Cereal Ganadera S.A. superaban las ventas que declaró, responsabilizándolo solidariamente en virtud de haber ejercido el cargo de Director Suplente y Apoderado.
VII. Que, sentado lo anterior cabe señalar que sobre el particular esta Sala en la causa caratulada: “Paramio, Claudio Pascual (T.F. 30.426-I) c/D.G.I.”, sentencia del 1/10/2013 -pronunciamiento que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 11/12/2014-, ha precisado que la ley 11.683 distingue entre responsables por deuda propia y aquellos que responden por deuda ajena, disponiéndose respecto de estos últimos, en primer lugar, que están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda 5 tributaria de sus representados, mandantes, etc. y lo estarán también con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes sí, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios, no abonaren oportunamente el debido tributo, o si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal.
Se agrega en la ley, que tal responsabilidad personal y solidaria no existirá con respecto a quienes demuestren debidamente al Fisco que sus representados, los colocaron en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (cfr. esta Sala, en la causa citada y, en sentido análogo, in rebus, “Ascona S.A. Cía de Reaseguros -T.F. 14761-I c/D.G.I.”, del 2/10/2007 y “Vinitzky, Guillermo Mario -autos La Vendimia T.F. 15188-I c/D.G.I.”, del 7/09/2009). Cabe señalar que los directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si éste no cumple con la intimación efectiva de pago (cfr. C.S.J.N., causa: “Brutti, Stella Maris c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 327:769).
Asimismo, se ha sostenido que son tres los requisitos para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa (cfr. esta Sala, en anterior integración, in re, “Troilo, Mauro Gustavo c/D.G.I.”, del 12/06/2007, y en la actual, en autos “Paramio”, ya citado).
Por otra parte, en cuanto a cómo deben ser interpretadas las normas involucradas en la controversia de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: “Bozzano, Raúl José -T.F. 33.056-I c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 337:58, ha resuelto que resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (cfr. Fallos: 320:2145), y que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (cfr. considerando 6º de la sentencia citada supra y, asimismo, Fallos: 323:620; 325:830, entre otros).
Por aplicación de esos principios, puede sostenerse que las normas a las que antes se ha hecho referencia, requieren -en cuanto aquí interesa-, que se 6 haya cursado al deudor principal la intimación administrativa de pago y que transcurra el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del artículo 17, sin que tal intimación haya sido cumplida (cfr. C.S.J.N., Fallos: 337:58, ya citada). Asimismo, la conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Máximo Tribunal en el precedente “Brutti”, registrado en Fallos: 327:769, también ya citado.
VIII. Que, en cuanto al planteo de la recurrente, relacionado con la valoración de la prueba y la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento recurrido, cabe reflexionar del siguiente modo.
En razón de la vigencia de la presunción contenida en el artículo 12 de la L.N.P.A. le corresponde a la parte actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían al acto administrativo impugnado (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Al respecto, cabe señalar que la demandada se agravia de la valoración que de la prueba ha efectuado el Tribunal a quo. Y, en tal inteligencia, sostuvo que las cuestiones planteadas en esta causa, se vinculan con la interpretación de los hechos y las pruebas acerca del carácter y los alcances de la intervención del actor en el seno de la firma contribuyente y deudora principal La Cereal Ganadera S.A., a cuyo respecto el organismo recaudador tuvo por configurado que el Señor Gómez ejerció efectivamente la administración y representación de dicha sociedad en los períodos bajo examen.
Ahora bien, debe destacarse que de las constancias de las actuaciones administrativas (fs. 2 y 3), surgen las actas que designaron al Señor Gómez en el Directorio de La Cereal Ganadera S.A., el 21/04/2008 y el 20/09/2011 (Actas de Asamblea General Extraordinaria Nros. 5 y 6); remarcando que no obra en los antecedentes administrativos ni en el expediente, disposición emitida bajo forma alguna que revoque dicho mandato o lo limite; razón por la cual el mismo se encontraba vigente, durante los periodos fiscales comprendidos en las determinaciones emitidas por las resoluciones impugnadas.
Asimismo, cuadra advertir que, obra a fs. 6/8 y 9/12 de los antecedentes administrativos, las Escrituras N° 220 y 375 mediante las cuales se le otorga al Sr. Gómez poder amplio de administración y disposición de bienes. De dichos documentos surge específicamente que el Sr. Gómez tiene facultades para -entre otros- I. Presentarse ante reparticiones públicas o privadas, mencionando expresamente a la Dirección General Impositiva, con lo cual el argumento de que no poseía la administración de la clave fiscal aparece en este estado desprovisto de sustento fáctico.
7 En tal entendimiento, resulta innegable la vinculación del Sr. Gómez a la administración de la sociedad, y su participación en ella, así como las facultades de disposición de su patrimonio, pues independientemente de la formalidad de su cargo como Director Suplente, el poder le fue otorgado con habilitación para actuar ante la administración nacional -según surge de la lectura del mismo- y le otorga precisamente la explícita autorización para efectuar pagos, lo cual demuestra su potestad respecto del manejo de los fondos de la sociedad, además de contar con la facultad para efectuar depósitos en la cuenta de la sociedad y endosar cheques de la misma.
En tales condiciones, no resulta posible desvirtuar el ajuste efectuado en tanto no se han aportado pruebas que desvinculen al Señor Florentino Alfredo Gómez como el verdadero factor de los negocios de la firma y quien ha estado vinculado a la administración de La Cereal Ganadera SA, tal como se concluyó al mantenerse los términos de las Resoluciones 313/16 y 314/16 DO (DV RRMP), a través de las cuales se inició el procedimiento para extender la responsabilidad personal y solidaria del contribuyente por la firma La Cereal Ganadera S.A. A lo dicho, debe añadirse que -en su oportunidad- el área jurídica encuadró la conducta de Florentino Alfredo Gómez al momento de dictar la resolución de vista, según lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 11.683 y sus modificatorias, al ser infractor de los deberes fiscales de carácter material y como tal personalmente responsable de la sanción prevista en el artículo 46 y 47 incisos a) y b) del cuerpo legal citado, por haber actuado como apoderado y director suplente, facilitando de esa forma la omisión del impuesto por parte de la sociedad.
A mayor abundamiento, destacó la actitud asumida por la fiscalizada durante el transcurso de la inspección. Precisó que la documentación requerida no fue aportada en forma completa y ordenada, demostrando contradicciones entre registros y declaraciones juradas.
En ese orden, recordó lo manifestado por el C.P. Tripiana, Contador de la Cereal Ganadera S.A., el 16/07/2015, oportunidad en la cual manifestó a la inspectora actuante que no podía aportar la documentación faltante, ya que no poseía documental que avalara los pasivos y los libros contables se encontraban en blanco. Postuló que dicha manifestación fue merituada por el Juez administrativo, quien la citó en las resoluciones N° 207/16 y 208/16 DO (DV RRMP).
Por ser ello así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, inciso d), 7°, 8° inciso a), 16, 17, 19, 46, 47 incisos a) y b), 49, 55 y 78 de la ley 11.683 - t.o. en 1998 y sus modificaciones-; artículos 4°, 9° y 10 del Decreto 618/97 y artículo 3° inciso c) del Decreto N° 1397/79 y sus modificaciones y Decreto 561/15 (SDG RHH), se decidió confirmar los ajustes efectuados -v. considerando VI-. 8 IX.- Que sentado lo anterior, cabe señalar que las razones expresadas en el memorial resultan por demás suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho brindados por el Tribunal a quo para llegar a la decisión impugnada (cfr. Fallos: 304:1444; 308:818; 317:1365); ello por cuanto las críticas refieren concretamente al cuestionamiento de la valoración de la prueba, en especial de las actuaciones administrativas; y, en tal sentido, se observa que en la sentencia apelada se ha efectuado una interpretación que se aparta ostensiblemente de las pautas de hermenéutica a las que se ha hecho referencia en los considerandos que anteceden, arribándose de tal modo a una conclusión por completo desvinculada de los extremos debidamente acreditados, apartándose de tal modo de los parámetros normativos de valoración precedentemente descriptos. En efecto, nótese que, en función de los elementos colectados, mal puede concluirse -como lo hizo el Tribunal Fiscal de la Nación- que el actor carezca de acceso o de poder de disposición respecto de los fondos de la deudora principal, a la vez que tampoco ha quedado demostrado que por alguna razón -siempre imputable al deudor principal- se hubiere visto impedido de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias en forma correcta y oportuna, de donde es claro que en tales condiciones surte ostensible su deber como responsable solidario. Por ser ello así, cabe concluir que las manifestaciones vertidas por el recurrente resultan suficientes y conducentes para tener por acreditada la arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, todo lo cual habilita la intervención de este Tribunal y consiguiente revisión de lo decidido, en orden a la previsión normativa del artículo 86 de la L.P.T. (conf. esta Sala, in re: “Tejeda, María Nieves c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. n° 3580/2021, resolución del 30/12/2021).
De tal modo, en función de las circunstancias de hecho puestas de manifiesto y como resultado de una valoración integral de los extremos que de ellas resultan, así como de las conclusiones a que -en consecuencia- cabe arribar, corresponde hacer lugar a la apelación de la parte demandada y dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, de fecha 23/08/2023, que había revocado las resoluciones recurridas en todas sus partes, e impuesto las costas al Fisco.
Por último, corresponde señalar que toda vez que en el caso no se ha emitido decisión que dé expreso tratamiento al aspecto sancionatorio, se estima pertinente disponer el reenvío de la causa al Tribunal Fiscal de la Nación a los efectos de que se dicte pronunciamiento sobre las cuestiones controvertidas pendientes; pues, lo contrario implicaría ni más ni menos que asumir por parte de este Tribunal de Alzada, un cometido que no le es propio según la distribución de conocimiento que establece el régimen de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), 9 decidiendo sobre la cuestión en instancia originaria y no como corresponde a un Tribunal de instancia revisora.
X. Que, finalmente, en cuanto a la forma en que se resuelve y por no existir mérito para la dispensa, corresponde imponer las costas en ambas instancias a la actora vencida (cfr. arts. 68, 1° parte y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Como consecuencia de lo antes expuesto, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada por el T.F.N. en la sentencia recurrida. Asimismo, por tales motivos, no corresponde emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación de honorarios interpuesto en fecha 1/09/2023. Por las razones expuestas, se RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar la decisión del T.F.N. en todo cuanto fue materia de recurso; 2º) imponer las costas de ambas instancias a la actora en su carácter de vencida (cfr. arts. 68, 1° parte y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación por conducto del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.); 3º) disponer el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen a efectos del tratamiento de las cuestiones pendientes, de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX, último párrafo y 4°) dejar sin efecto la regulación de honorarios y declarar inoficioso pronunciarse sobre la apelación interpuesta en 1/09/2023. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia