Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard apartándola del conocimiento y trámite del presente.
2Rechazar los agravios vertidos por la parte demandad y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios.
3Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC).
4Regular el honorario del Dr. Arturo R. Sabatella como letrado apoderado de la parte actora en la suma de setecientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($762.500) y el correspondiente a los Dres. Federico Pereyra y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demandada en conjunto y proporción de ley en la suma de quinientos sesenta y dos mil quinientos ($562.500) conforme la importancia mérito y calidad de sus trabajos (arts. 13, 19, 19, 20, 24 y concordantes de la ley 3330).
5Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE1014601/2023 por la parte actora.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8.334/23 Sentencia: Definitiva Actor: Gómez, Héctor Marcelo Demandada: Prevención ART S.A Objeto: Accidente de trabajo Fecha: 15-05-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los quince días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial Para dictar sentencia en los autos “GÓMEZ, Héctor Marcelo c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. G.37006/19 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº 1 de esta ciudad, que ingresaron en la Instancia bajo el Nº 8334. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio Humberto Eduardo Monelos, Mario A. Albarrán y Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la excusación formulada por la Dra. Bard? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1177336 la Dra. Bard se excusa de intervenir en autos por haber actuado profesionalmente en ellos su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González invocando el art. 17 inc. 1 y 30 del CPCC.
II. Que es de público conocimiento la relación matrimonial que une a nuestra distinguida colega con el Dr. Eduardo Rubén González y, por ende, que el pedido de apartamiento encuadra en el art. 17 inc. 1 del CPCC. Ergo resulta procedente la excusación, por ello corresponde apartar a la Dra. Griselda I. Bard del conocimiento y trámite de esta causa. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
III. Toda vez que se encuentra configurada la causal invocada por la Dra. Griselda I. Bard para excusarse corresponde aceptarla. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IV. Que el actor con el patrocinio del Dr. Arturo Raúl Sabbatella interpone demanda para interrumpir la prescripción y demandar a Prevención ART S.A. por cobro de una suma de dinero por un accidente de trabajo en concepto de indemnización de pago único establecida por el art. 14 de la Ley de Riesgos de Trabajo por incapacidad permanente parcial y definitiva con más intereses, actualización, costos y costas desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago. Plantea inconstitucionalidad del art.12 de la ley 24.557 y pide se aplique el nuevo criterio del art. 12 con la modificación introducida por el art. 11 de la ley 27348. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 modificada por la ley 27.348. Relata los hechos relativos a la relación laboral como dependiente de Quintana WellPro S.A. y el accidente sufrido el 31/01/2016. Dice que el 24/11/2016 la demandada determina el cese de la ILT hasta que, el 02/03/2017, la Comisión Médica Nº 20 le otorga una incapacidad del 6,20 de la T.O. Funda en derecho, plantea la cuestión federal. A fs. 47/83 el actor por propio derecho y patrocinio del De. Arturo Raúl Sabbatella amplía la demanda valorando su incapacidad en un 25% de la T.O. y plantea la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773, del art. 20 de la ley 27.348 como de la ley 23.928 arts. 7 y 10 y del art. 4 de la ley 25.561, práctica liquidación, ofrece prueba y reserva el caso federal, en términos que se tienen presente.
V. Que a fs. 89/92 por medio de sus apoderados los Dres. Gustavo V. Salso y Esteban M. Angjelinic Prevención ART S.A. contesta el traslado de la demanda. Dan su versión de los hechos luego de las negativas de rigor. Sostienen que la demandada no ha incumplido norma alguna que la haga responsable frente al actor. Niega deber suma alguna. Recuerda que las obligaciones de su representada se encuentran delimitadas por la ley, decretos y el contrato de afiliación y por lo tanto toda indemnización que se pretenda en exceso de la cobertura o por fuera de las leyes deberá ser reclamada a su empleador. Sostiene que no puede pretenderse una indemnización por un baremo aplicable en el fuero civil y debe estarse al baremo establecido por la ley de Riesgos del Trabajo de aplicación obligatoria y cita jurisprudencia.
Plantean la irretroactividad de las leyes en materia de infortunios laborales con cita de la doctrina del fallo “Espósito” de la CSJN y solicitan se aplique el art. 12 de la ley 24.557 rechazando los planteos de la actora. Funda su derecho, ofrece prueba y reserva el caso federal.
A fs.106/109 se oye al Sr. Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía nº 1 Dr. Martín Sedán con relación a los planteos de inconstitucionalidad.
VI. Por providencia de fs. 124/125 se abre la causa a prueba y se ordena la producción de la ofrecida por las partes. Producida la obrante en autos se fija la audiencia de alegatos (ver PE 540739/2022) y hace uso del derecho de expresarse sobre el mérito de la prueba sólo la parte actora.
Por providencia de PE 701663/2022 se dispone el pase de las actuaciones a despacho para el dictado de la sentencia que se dicta en PE 971460/2023.
Luego de los considerandos que se tienen presente resuelve: 1º) declarar la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT, la Resolución 298/17 que regula el procedimiento ante las Comisiones Médicas, como así también las disposiciones pertinentes de los decretos 717/96; 1278/00 y 410/01 en lo que estrictamente se refiere a la regulación de la actuación de los trabajadores ante las comisiones médicas y su composición; 2º) Declarar abstracta la petición de declaración de inexistencia de actos realizados bajo el sistema administrativo de la ley 24.557. 3º) Desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26773 en atención a lo expuesto en el considerando IV. 4º) Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme argumentos expuesto en los considerandos. 5º) Desestimar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y art 4 de la ley 25561 conforme considerando VIII. 6º) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Héctor Marcelo Gómez en contra de Prevención ART S.A. condenándola a abonar la suma de $3.159381,44 con más intereses a tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina por aplicación del art. 12 inc. 2º de la ley 24.557 según redacción del art. 11 de la ley 27.348.
La suma debida que resulte de la liquidación a practicarse deberá ser abonada dentro de los diez días de encontrarse firme la presente. En caso de incumplimiento, y a partir de la mora será de aplicación lo establecido en el inc. 3º y el art. 770 del CCyC, acumulándose los intereses al capital y el producto devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación. 7º) Costas a cargo de la demandada en su calidad de vencida hasta el límite del 25% de responsabilidad (art. 68 y CCS del CPCC y art. 177 ley 20.744). En el punto 8 regula los honorarios de los profesionales y el 9 determina la tasa de justicia ordenando el punto 10 registrar, notificar por cédula a las partes en sus domicilios reales conjuntamente con el art. 74 de la ley 3330 y firme que sea el archivo.
En PE 982718/2023 el magistrado admite que se incurrió en la omisión de regular honorarios al Dr. Federico Pereyra como apoderado de la demandada y se rectifica el punto 8 de la sentencia incluyéndolo. Regula en conjunto a los cuatro profesionales que actuaron por Previsión ART S.A. y aclara que esta regulación no contiene IVA.
Notificadas las partes en PE 99488172023 la demandada interpone y funda recurso de apelación que en PE623134/2023 se concede libremente con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios.
El traslado es contestado en PE 1014601/2023.
El actor presenta escrito de apelación, pero lo hace extemporáneamente por lo previa certificación de la Actuaria se lo tiene por presentado fuera de tiempo.
Con la certificación de estilo en PE 1166111/2023 se elevan los autos a esta sede. Recibidos se produce la excusación de la Dra. Bard ya tratada, y en PE 1178887/2023 se integra Cámara. Consentida la integración en PE 1190466/2023 se dicta el llamado de Autos a Sentencia y se fija el orden de estudio.
VII. Que debemos tratar únicamente el recurso de la parte demandada quien ataca la sentencia transitando sus agravios por tres cauces impugnativos. En el primero de ellos ataca la sentencia porque admite el anatocismo; en el segundo de ellos que se haya declarado la inconstitucionalidad del decreto 669/19 y en un tercero apela por altos los honorarios y los de la representación demandada por altos y bajos.
Al desarrollar el primer agravio sostiene que la liquidación practicada por el magistrado adolece de los siguientes yerros: califica de incorrecta la aplicación del Índice RIPTE para calcular el ingreso base mensual dispuesto por el decreto 669/2019, es incorrecta la tasa de interés para actualizar el IBM dispuesta por el Decreto 669/2019 y transcribe el art. 1 del citado decreto que sustituye el art 12 de la ley 24557 y también lo transcribe invocando la vigencia del fallo “Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación transcribiendo un sumario. Se explaya sobre la intención del legislador al dictar la ley 26.773 y afirma que se desprende claramente del art. 17. 5 de esa ley que estos nuevos importes actualizados sólo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación con apoyo en el considerando 4º del fallo “Espósito” de la Corte Suprema que transcribe.
Sostiene que la liquidación confeccionada por el Sr. Juez, que su parte resiste, determina una diferencia económica a favor del actor y explica que yerra cuando luego de actualizar el IBM por el índice del RIPTE para determinar la fórmula, incrementa sobre ello intereses que calcula sobre el IBM por la tasa activa del Banco de la Nación confundiendo lo indicado por el DNU 669/19 en la liquidación efectuada y por ello nos encontramos en un caso de anatocismo que no se puede convalidar por aplicación de la ley 23.928. Expresa que sostienen la aplicación de los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Espósito” en el cual sentó la vigencia del RIPTE pero que no podremos consentir el anatocismo impetrado por el Sr.
Juez como un sistema automático de doble actualización que lleva a resultado exagerado pues no ocurren los presupuestos para que proceda el mismo y por ello se debe revocar la sentencia en lo que materia de agravios. Volverá a insistir sobre el tema al final de su memorial de agravios. Defiende la constitucionalidad del Decreto 669/19 y solicita su aplicación. Se queja por la declaración de inconstitucionalidad de este Decreto referido que modifica el mecanismo de actualización de la ley 27.348, más aún, dictada sin petición del interesado. Lo considera de plena aplicación y sostiene fue dictado dentro de las prerrogativas que el P.E. tiene otorgadas por la Constitución Nacional. Defiende su constitucionalidad en términos que se tienen presente.
Afirma que no lesiona intereses tutelados por el orden público laboral y detalla las modificaciones del apartado 2 de la ley 27.348 sustituyendo la tasa activa por el equivalente a la variación del RIPTE, modificando sólo el interés que devengan las indemnizaciones. Explica que mantiene inalterada la modalidad de actualización de las compensaciones dinerarias de pago único, los importes mínimos y el 20% adicional del art. 3 de la ley 26.773. Concluye indicando que el DNU 669/19 adecúa la tasa de un interés compensatorio desviado por la exacerbación de la tasa activa del BNA a raíz de las variables macroeconómicas de las tasas bancarias ajenas al sistema de riesgos del trabajo citando doctrina.
Afirma que ningún ciudadano tiene derechos adquiridos sobre cuestiones formales. Niega que exista un derecho adquirido a ser indemnizado con tal o cual tasa de interés e insiste en que los intereses pueden ser fijados por ley o DNU con fuerza de ley y en caso de ausencia por los jueces. Pide se aplique el DNU 669/2019 revocando la sentencia en el punto sometido a consideración de este cuerpo.
En un capítulo aparte refuerza sus agravios discurriendo sobre la prohibición del anatocismo y su improcedencia. Se queja por la aplicación del anatocismo contemplado en el art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial como sostiene la sentencia por no encontrarnos frente al supuesto que la norma pretende sancionar. Argumenta que resulta incorrecto atenerse a la literalidad de la norma y aplicarla en el caso pues debe considerarse la finalidad de la norma toda vez que la intención del legislador ha sido sancionar al deudor moroso con la capitalización de intereses. Explica porqué no estamos en un supuesto de morosidad por parte de su mandante para situarlo en las circunstancias de la norma aplicada al estar en una situación fáctica distinta al no haber conducta morosa de su representada. Alega que no tenía chance de evitar la sanción de la norma pues nada debía que no haya pagado.
No existe en Prevención ART S.A. la conducta que se sanciona toda vez que no existe un incumplimiento deliberado de una obligación, ni nunca estuvo en mora. Afirma que aplicar la sanción en cuestión por una determinación posterior (pericia médica realizada en autos), implica una errónea interpretación que vuelve arbitrario lo resuelto. Cita doctrina y jurisprudencia que se tiene presente.
En un tercer agravio apela por altos todos los honorarios regulados y los de esa representación demandada por altos y por bajos.
VIII. Que a su turno el apoderado del actor contesta agravios, como se reseñó en PE 1014601/2023. Comienza su discurso enumerando lo que considera yerros de la parte demandada en sus agravios seleccionando esos párrafos que se tienen presente.
Afirma que el demandado se agravia de la liquidación realizada en la sentencia por el Juez a quo porque se encuentra prohibido el anatocismo y por la declaración de inconstitucionalidad del decreto 669/19. Tras una definición de interés sostiene que si leemos detenidamente la sentencia el Juez no aplica el art. 770 inc. b CCCN, por lo que no sería motivo de agravio para el demandado, párrafo que destaca en negrita. Entiende que sin perjuicio de ello la tasa aplicada por el Juez a quo compensa debidamente un crédito de naturaleza alimentaria teniendo en cuenta el extenso lapso transcurrido. Sostiene que con el nuevo Código Civil es vital fijar lineamientos en cuestión de interés por su importancia en las actividades y se refiere a los avatares políticos y económicos que generan una economía cambiante.
Trae colación una definición doctrinaria de intereses y sostiene que en el caso de autos estamos en presencia de intereses moratorios aplicables frente al retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria y que debe resarcirse el daño moratorio. Analiza las variantes entre el art. 768 (del CCyC) citado por el magistrado y sus variantes con relación al viejo art. 622 del Código Civil, es decir se ha sustituido la fijación judicial del art. 622 del Código de Vélez por las reglamentaciones de la autoridad monetaria del Banco Central. Entiende que utilizar las tasas fijadas por el Banco Central responde a parámetros de política financiera que trae atrasos en la fijación de tasas generales que tiene por efecto licuar pasivos.
Por ello razona que teniendo en cuenta que los intereses moratorios tienen finalidad resarcitoria es necesaria la apreciación judicial propia de la función jurisdiccional de fijar la cuantía del resarcimiento. Expresa que la solución del art. 768 desconoce los antecedentes y no responde al rol que el mismo CCyC le asigna a la magistratura en la determinación de los principios y reglas del mismo, con cita de doctrina. Atribuye al Banco Central ser marco de referencia y la función de los jueces el determinar el resarcimiento. Entiende que no se puede atribuir facultades al PE propias del PJ. Explica que fijar un interés y actualización son mecanismos diferentes y desarrolla su pensamiento. Argumenta que si el interés moratorio es la indemnización del daño causado por el retardo es preciso que se incluya la depreciación del valor que pudo haber sufrido la moneda para cumplir con la reparación integral que contempla el nuevo código para mantener incólume el valor histórico que se manda pagar y deben establecerse en cada caso concreto al dictarse sentencias razonablemente fundadas.
Ello con cita e invocación del art. 3 del CCyC. Sostiene que el trabajador recibe la mayor pérdida de poder adquisitivo pues transcurso del tiempo igual devaluación. Indica que la demandada se opone a la aplicación del decreto 669/2019 sabiendo que modifica el art. 12 de la LRT porque resulta una violación del art. 28 de la Constitución Nacional al afectar el derecho de peticionar, defensa en juicio y debido proceso. Refiere que la Corte Suprema de Justicia admitió la declaración de oficio de inconstitucionalidad. Sostiene que el decreto en cuestión no cumple con los requisitos constitucionales de dictar actos de naturaleza legislativa fundados en la necesidad y urgencia y por ello el decreto no supera el examen de constitucionalidad.
Explica los requisitos. Cita fallos y concluye que las deficiencias que señaló llevan a descartar la validez de la norma en tanto decreto de necesidad y urgencia. Califica de improcedente la apelación contra los honorarios regulados que son acordes con la extensión, mérito, importancia y valor económico del litigio que hacen equitativos conforme ley 3330.
Pide que, de admitirse el recurso de la actora se verían afectados sus honorarios y en ese supuesto se regulen nuevamente.
Especula con un hipotético allanamiento de la demandada al contestar la acción.
Reserva el caso federal y pide se rechacen los agravios.
IX. Que establecidos los aspectos de la sentencia puestos en crisis por los agravios corresponde ingresar a su tratamiento. Pero creo necesario en primer término descartar las quejas que son simple broza que complica su examen.
Para el tratamiento del primer agravio el recurrente invoca la constitucionalidad del decreto 669/19 calificando de incorrecta la aplicación del RIPTE para calcular el IBM y la tasa del interés dispuestas por ese decreto y luego en el segundo agravio se queja por la declaración de inconstitucionalidad y solicita su aplicación. Comienza su ataque por habérsela decretado de oficio sin que el interesado lo pidiera. Ingresa, a mi entender en este ataque, con un criterio superado, en un tema que en el derecho de nuestro país ha tenido varias etapas a saber: desde la instalación de la Corte Suprema hasta 1941 no sostuvo una tesis precisa sobre el tema y se guio por un criterio pragmático; de 1941 hasta 1984 sostuvo que el control de constitucionalidad no se podía ejercer de oficio, salvo que fuera necesario preservar la integridad del poder judicial con el argumento de la división de los poderes (caso Ganadera Los Lagos); en una tercera etapa desde 1984 hasta 2001 se comienza a plantear la procedencia del control de constitucionalidad de oficio, con los votos en minoría de Fayt y Belluscio in re “Instrucción Militar Nº 50 de Rosario quienes la fundan en la facultad de los jueces que nace del “iura novit curia” que incluye el deber de mantener la supremacía de la constitución (art. 31 de la Constitución Nacional).
Luego Boggiano con el mismo argumento sigue esta tesis en “Richi c/ Autolatina” y “Banco Buenos Aires Building Society” hasta la mayoría en “Banco Comercial de Finanzas”. En una etapa posterior en “Mill de Pereyra” Fayt, Belluscio, Boggiano y Vázquez se pronuncian por la procedencia del control de oficio, mientras López y Bossert comparten una posición intermedia que somete el ejercicio del control de oficio a que se haya resguardado suficientemente el derecho de defensa en juicio del afectado por la declaración es decir un debate suficiente. Finalmente en la causa “Banco Comercial de Finanzas del 10 de agosto de 2004 se conforma una mayoría (Fayt, Boggiano, Vázquez, Zaffaroni e Highton de Nolasco) que se pronuncia por la procedencia del control de constitucionalidad de oficio.
Demás está decir que adhiero a esta última cita de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comparto sus argumentos: El control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y la facultad de los magistrados de suplir el derecho que no fuera invocado por las partes o lo fuera en forma errada manteniendo la supremacía de la constitución, que hemos jurado cumplir y hacer cumplir. Ello no implica un desequilibrio de otros poderes a favor del judicial cuando se hace de oficio, toda vez que no se produce en los casos que se resuelve a pedido de parte. Cuando se declara es porque se contraría normas de jerarquía superior es decir que las leyes se oponen a la constitución. Por último, se ha destacado que no se afecta el derecho de defensa de las partes habida cuenta que con ese criterio también se lo afectaría en los casos de aplicar el “iura novit curia”.
Se advierte entonces que la invocación como crítica que el magistrado haya declarado la inconstitucionalidad del DNU 669/19 es simple broza, que no debe ser atendida. Aclarado ello se advierte que en sus agravios no se ha demostrado el error del magistrado al declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 con base a lo establecido por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional por cuanto el PE pretendía, mientras el PL estaba sesionando con normalidad y no existían razones de extrema necesidad y urgencia, reformar una ley dictada por el Congreso Nacional. Por ello no corresponde admitir el segundo agravio y en consecuencia confirmar el punto 4 del fallo de la sentencia que fuera materia de agravio.
Es también broza que la parte demandada invoque la improcedencia de la aplicación del anatocismo contemplado en el art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial como sostiene la sentencia y la actora sostenga “Sin embargo, si leemos detenidamente la sentencia definitiva, el Juez no aplica el art. 770 inc. b CCCN por lo que no sería motivo de agravio para la demandada” y lo destaca con negrita. En realidad, en el punto 5 del Fallo se establece para el “caso de incumplimiento y a partir de la mora será de aplicación lo establecido en el inc. 3º y el art. 770 del CCCN acumulándose los intereses al capital …” No podemos pronunciarnos sobre el tema que los interesados podrán invocar en el caso de no abonarse la condena en término, una vez firme la sentencia; pues de hacerlo en término no se aplicaría lo dispuesto por el art. 770 inc. c) del CCyC.
Considero que pronunciarme ahora implicaría adelantar opinión sobre el tema. No nos ocuparemos pues de estos argumentos que sólo complica comprender los aspectos de la sentencia que se encuentran en crisis.
Aclarado ello ingresaré al primer agravio que el recurrente desarrolla en los párrafos 3.1 y 3.3 de su escrito en PE994881/2023. Allí la demandada por medio de su esforzada representación sostiene la invalidez de la liquidación realizada en la sentencia por haber incurrido en anatocismo.
Si bien formado con el Código Civil de Vélez Sarsfield y siendo que el anatocismo me sigue causando un cierto rechazo por tantos años de convivir con ese Código, ahora rige el Código Civil y Comercial aprobado por ley 26.994 vigente con anterioridad al accidente que diera origen a este litigio, que amplió el campo de aplicación de la acumulación de los intereses y corresponde aplicarlo. Las argumentaciones que se ensayan para atacar la sentencia fundadas en que el magistrado incurre en anatocismo no son atendibles. El último inciso del art. 12 de la LRT modificado por la ley 27.348 que aplica el magistrado establece la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial para acumular los intereses al capital. Y el art. 770 referido establece en su incido d): “Anatocismo, No sé deben intereses de los intereses excepto que……d) otras disposiciones legales prevean la acumulación.”
Ergo estamos desde este punto de vista frente a la aplicación por parte del Sr. Juez a quo en uno de los casos de excepción en que es procedente la capitalización de intereses que efectúa el magistrado en su liquidación. Y es un caso distinto de otro precedente en que se discutía la aplicación del inciso b).
Cabe señalar que, no obstante que la demandada en el responde sostuvo la irretroactividad de la ley 27.348, ella es aplicada en la sentencia sin que exista agravios de la demandada lo que nos impide analizar el tema. Por otro lado el recurrente pretende que se aplique el DNU 669/19 que es posterior a la ley 27.348. Sería una falta de coherencia no aplicar la ley 27348 y aplicar el mentado DNU. Se critica la liquidación realizada por el magistrado utilizando la ley 27.348 siento ambas posteriores al accidente. Aunque cabe agregar que la propia ley 27348 establece en el art. 20 que:
“La modificación prevista al art. 12 de la ley 24557 y sus modificatorias se aplicarán a las contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.”
Surge por otro lado de la comisión médica que en la conclusión fechada el 2/de marzo de 2017 estableció que la lesión sufrida implicó una incapacidad parcial permanente (Ver fs. 20/22) después de un alta del tratamiento. Es en esa oportunidad que el actor tiene la confirmación de lo permanente de la incapacidad (20/11/16 ver fs. 26) es decir la primera manifestación cierta de la incapacidad. Estamos de acuerdo con el recurrente en que no hubo mora de su parte toda vez que, como ART debía ajustar sus pagos a lo determinado por la comisión médica, pero una vez que se le corrió traslado de la pericia médica realizada en autos pudo llegar a un acuerdo con el actor pues allí tomó conciencia de la diferencia de indemnización y no lo hizo. La sentencia hizo una aplicación del art. 12 de la LRT con la modificación de la ley 27.348. Se pretende con este argumento introducir, en agravios, capítulos no propuestos al magistrado de primera instancia; capítulos en cuyo tratamiento no podemos ingresar por imperio del art. 276 del CPCC aplicable en el proceso laboral por imperio del art. 121 de la ley 1444. En el último agravio se atacan las regulaciones de honorarios. El magistrado ha señalado en el considerando IX que a los fines de la regulación de honorarios además de tener en consideración el mérito, importancia y extensión de las tareas realizadas y el monto por el que progresa la acción:
“el que será debidamente actualizado conforme lo dispuesto por el art. 18 de la ley 3330, lo que arroja la suma de monto de proceso de $13.596.120,43.”
Esta estimación no ha sido impugnada por la parte recurrente y teniendo en cuenta la actuación parcial del Dr. Sabatella primero como patrocinante y luego como apoderado y de los demás profesionales en el doble carácter considero que las regulaciones prácticas en la sentencia y su rectificación de PE982718/2023 resultan ajustadas a las pautas de la ley de honorarios y deben ser confirmadas. Por las tareas de segunda instancia propongo regular el honorario del Dr. Arturo R. Sabatella como letrado apoderado de la parte actora en la suma de setecientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($762.500) y el correspondiente a los Dres. Federico Pereyra y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demandada en conjunto y proporción de ley en la suma de quinientos sesenta y dos mil quinientos ($562.500) conforme la importancia mérito y calidad de sus trabajos (arts. 13, 19, 19, 20, 24 y concordantes de la ley 3330).
X. Que por estas razones entiendo que la sentencia en crisis es justa y por ello debe ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XI. Comparto las razones y argumentos desarrollados por el primer votante y llego a sus mismas conclusiones. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard apartándola del conocimiento y trámite del presente. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandad y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. 3º) Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC). 4º) Regular el honorario del Dr. Arturo R. Sabatella como letrado apoderado de la parte actora en la suma de setecientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($762.500) y el correspondiente a los Dres. Federico Pereyra y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demandada en conjunto y proporción de ley en la suma de quinientos sesenta y dos mil quinientos ($562.500) conforme la importancia mérito y calidad de sus trabajos (arts. 13, 19, 19, 20, 24 y concordantes de la ley 3330). 5º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE1014601/2023 por la parte actora. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XII. Estimo que la propuesta que antecede se ajusta a las consideraciones vertidas. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 15 de mayo de dos mil veinticuatro Y CONCIDERANDO:
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard apartándola del conocimiento y trámite del presente.
2. Rechazar los agravios vertidos por la parte demandad y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios.
3. Imponer las costas de la instancia a la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC).
4. Regular el honorario del Dr. Arturo R. Sabatella como letrado apoderado de la parte actora en la suma de setecientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($762.500) y el correspondiente a los Dres. Federico Pereyra y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demandada en conjunto y proporción de ley en la suma de quinientos sesenta y dos mil quinientos ($562.500) conforme la importancia mérito y calidad de sus trabajos (arts. 13, 19, 19, 20, 24 y concordantes de la ley 3330).
5. Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE1014601/2023 por la parte actora.
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al Juzgado de origen. El Dr. Alonso no firma por no existir disidencias que dirimir. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201016S.241 Tomo: C Sentencia: 3056 Folio Nº: 096/104 Secretaria: 1
Fin de la sentencia