Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-122953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
Confirmar la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante.
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Expte: SI-122953 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N∞ 2 Dptal M-GR Juicio: GOMEZ JULIO ROBERTO C/ BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. S/ DA—OS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se re˙nen en Acuerdo telem·tico continuo los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres.
EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO,
(designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta C·mara del 19/09/25), con la intervenciÛn del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI-122953 , en los autos: “GOMEZ JULIO ROBERTO C/ BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. S/ DA—OS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1™) øEs justa la sentencia apelada?
2™) øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Emilio Armando IbarlucÌa y Gabriela Andrea Rossello.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
I. La sentencia de fecha 15/04/25 es apelada por el actor, quien expresa agravios el 25/04/25, los que son contestados el 13/05/25.
II.- 1.- El seÒor Julio Roberto GÛmez promoviÛ demanda contra BACS Banco de CrÈdito y SecuritizaciÛn S.A. por los daÒos y perjuicios sufridos m·s daÒos punitivos con motivo del crÈdito prendario contraÌdo para la compra de un automÛvil.
Dijo que en el aÒo 2015 concurriÛ a la concesionaria Auto Novo de Castelar para cambiar su automÛvil Renault Kangoo, le ofrecieron un Fiat Qubo 1.4 8V Active, modelo 2014 y aceptÛ la operaciÛn, que se concretÛ el 21/12/15. PagÛ la suma de $ 55.000 en efectivo, entregÛ su vehÌculo como parte de pago ($ 70.000), y el saldo se acordÛ en 48 cuotas de $ 6.200, que despuÈs de las primeras bajaban su costo.
ContinuÛ narrando que el 26/01/2016 recibiÛ el automÛvil Fiat Qubo y se le entregÛ la documentaciÛn, donde apareciÛ la prenda de primer grado a favor de Micro Lendig S.A. por $ 182.630,87, de la que no habÌa sido informado antes, viol·ndose el derecho a la informaciÛn previsto por el art. 4 de la ley 24.240.
Dijo que realizaba los pagos todos los meses, sin problemas durante el primer aÒo, pero el segundo aÒo comenzaron dado que se comunicÛ con Èl un abogado de la concesionaria diciÈndole que tenÌa una deuda. Le dijeron que debÌa cancelarla y le ofrecieron hacerlo en cuotas de $ 15.000, a lo que se negÛ alegando que no podÌa pagarlo y que habÌa un convenio con un plan de pagos. ExpresÛ que continuÛ depositando las cuotas como venÌa haciÈndolo, pero se enterÛ que no realizaban el cobro correspondiente, por lo que, a la fecha del secuestro, habÌa en la cuenta aproximadamente $ 54.000, lo que indicaba que su conducta siempre habÌa sido de buena fe y que no habÌa dejado de pagar.
ManifestÛ que en julio de 2017 se presentaron en su casa en forma intempestiva y sin notificaciÛn previa de que habÌa un expediente en su contra, no permitÈndosele articular defensa.
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AgregÛ que le habÌa instalado un equipo de gas natural de 5ta. generaciÛn y que la suma que se le reclamaba era pr·cticamente el valor del vehÌculo al contado, siendo que en la cuenta habÌa $ 54.000. EncuadrÛ la demanda en la Ley de Defensa del Consumidor, que, a su juicio, estaba por encima de otras normas, como el art. 39 de la ley 12.962, que dejaba sin defensa alguna al consumidor. TranscribiÛ p·rrafos de jurisprudencia (sin citar la fuente).
ImputÛ a la demandada responsabilidad por infracciÛn a la ley 24.240 y 13.133 “en virtud de no haber tenido la suficiente diligencia para establecer medios que salvaguarden los derechos del consumidor”. Sostuvo que en todo momento “utilizaron” su poder y supremacía sobre el consumidor, obligándolo a aceptar las prácticas comerciales que “a su antojo hacen padecer al consumidor”, por lo que se justificaba la aplicación del art. 52 bis de la LDC. PracticÛ liquidaciÛn del reclamo por: capital abonado, daÒo punitivo, daÒo moral, daÒo psicolÛgico, privaciÛn de uso, daÒo al proyecto de vida y gastos.
2. El Juzgado, adem·s de encuadrar el tr·mite en el Proyecto de ImplementaciÛn de la Oralidad, dio curso a la demanda como proceso sumarÌsimo.
3. BACS Banco de CrÈdito y SecuritizaciÛn S.A.
contestÛ la demanda, pidiendo su rechazo, con costas.
ManifestÛ que, como era habitual, al no hacerse la compraventa al contado, se confiriÛ un crÈdito al actor, entreg·ndosele un documento (que agregÛ como Anexo A), en el que se dejÛ constancia de que el prÈstamo se hallaba aprobado, y que el detalle de cuotas se informarÌa al momento del desembolsar el mismo y estaría disponible ingresando a “Mi cuenta Mila”, y que una vez liquidado se descontarÌan de su cuenta en la fecha de vencimiento. ExpresÛ que el deudor debÌa asegurarse que hubiera fondos en la cuenta bancaria para hacer frente a cada vencimiento.
ArgumentÛ que la mec·nica del negocio no era novedosa ni desconocida en el mercado y que no importaba engaÒo o artificio alguno, y que, por el contrario era una operatoria habitual autorizada por el BCRA; es decir, resguardar el pago del crÈdito mediante una garantÌa prendaria. Conforme documental que acompaÒÛ (Anexo B) dijo que el actor solicitÛ el crÈdito a Micro Lending S.A. (MILA) el 10/12/15 y suscribiÛ un contrato de prenda (Anexo C).
ArgumentÛ que no dejÛ de cumplirse el deber de informaciÛn, al punto que el actor decÌa en la demanda que se le entregÛ la documentaciÛn correspondiente y la suscribiÛ de conformidad.
Sostuvo que la ˙nica causa generadora de los sucesos que derivaron en el secuestro del vehÌculo fue el incumplimiento del pago de las cuotas pactadas. Dijo que los pagos debÌan hacerse en una cuenta bancaria del Banco Galicia y que el actor debÌa asegurarse que hubiera fondos (realizaba, adem·s, otros gastos personales con la misma cuenta). El 10/01/17 el actor entrÛ en mora al no haber fondos depositados suficientes en la cuenta, y frente a ello MILA se puso en comunicaciÛn con el actor para arribar a una soluciÛn. Frustrados los intentos al efecto, el 21/04/17 se lo intimÛ por cartadocumento a que cancelara de la deuda, misiva que no fue contestada. ExplicÛ que se vinculÛ con Micro Lending S.A. que le cediÛ una cartera de crÈditos con garantÌa prendaria, entre ellos el del actor, acord·ndose que la gestiÛn y cobranza continuarÌa a cargo de aquella en nombre de BACS.
ImpugnÛ la procedencia de todos los rubros indemnizatorios pretendidos.
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4. Corrido traslado de la documentaciÛn acompaÒada a la actora, Èsta la negÛ salvo que la era instrumento p˙blico 4.- Producida la prueba, se dictÛ sentencia rechaz·ndose la demanda, con costas.
El juez encuadrÛ el contrato que ligaba a las partes en una relaciÛn de consumo pero estimÛ que la empresa no habÌa incumplido con el deber de informaciÛn.
DestacÛ que no se comprendÌa por quÈ el reclamo no era dirigido contra la concesionaria, y que, incluso el actor se habÌa opuesto a que se trajera a juicio a Micro Lending S.A. como tercera obligada, lo cual hacÌa aplicable la doctrina de los propios actos. Con el reconocimiento en el escrito inicial de la garantÌa prendaria y con la pericial contable (del 5/12/23) dio por probado el contrato prendario que fuera endosado a favor de la demandada, y que el actor pagÛ hasta la cuota 10 inclusive por un monto total de $ 64.904,23. SeÒalÛ que desde el inicio y durante el aÒo 2016 el actor ninguna objeciÛn formulÛ a la mec·nica descripta, y que no justificÛ el alegado incumplimiento al deber de informaciÛn. Dijo que los contratos con cl·usulas predispuestas no implicaban necesariamente abusividad en perjuicio del consumidor.
ConsiderÛ que la firma demandada no habÌa asumido en el proceso una conducta evasiva, prescindiendo de aportar prueba en los tÈrminos del art. 53 de la LDC En conclusiÛn, entendiÛ el magistrado que la conducta precontractual y la posterior de la demandada habÌan sido ajustadan a derecho por no vulnerar el deber de informaciÛn ni el trato digno.
III.- 1.- En los agravios, el actor sostiene que la prueba rendida evidencia que fue inducido a firmar papeles que creÌa que correspondÌan a un prÈstamo personal, sin explicaciÛn del alcance del crÈdito prendario ni de sus consecuencias jurÌdicas Dice que la carga de acreditar el cumplimiento de tal deber recae de manera exclusiva sobre el proveedor conforme al art. 53 de la LDC. Expresa que la sentencia tampoco considera que la informaciÛn brindada fue deficiente respecto a cuestiones esenciales del contrato, tales como la cesiÛn del crÈdito a un tercero, el procedimiento de ejecuciÛn, el secuestro extrajudicial del vehÌculo y las consecuencias de la mora, lo que considera que es omisiÛn de tratamiento de cuestiones relevantes y afectaciÛn del derecho de defensa. Dice que la violaciÛn del deber de informaciÛn produce consecuencias jurÌdicas en sÌ mismas independientemente del daÒo o de la posibilidad de brindar informaciÛn posterior.
Se agravia de que la sentencia le endilgue que no dirigiÛ la demanda contra la concesionaria sino contra la firma BACS y que aplique la doctrina de los propios actos.
Alega que ha habido rechazo infundado de prueba relevante, errÛnea interpretaciÛn de los contratos por adhesiÛn y de cl·usulas predispuestas. Dice que la demandada no cumpliÛ con la carga din·mica de la prueba, que no se tratÛ el secuestro intempestivo del automotor, el gravamen irreparable causado y el peritaje psicolÛgico. Finalmente se agravia de la falta de motivaciÛn de la sentencia.
2. En la contestaciÛn, la accionada pide en primer lugar que se declare desierto el recurso por falta de crÌtica concreta y razonada. En subsidio, contesta los agravios, a lo que cabe remitirse.
IV. Aunque con esfuerzo los agravios cumplen mÌnimamente las exigencias del art. 260 del CPCC.
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La demanda se funda exclusivamente en el incumplimiento del deber de informaciÛn contemplado en el art. 4 de la LDC. Sin embargo, en el mismo escrito inicial el accionado reconociÛ que al concretar la operaciÛn de compraventa con la concesionaria suscribiÛ un contrato de mutuo con garantÌa de prenda con registro. No est· alegado en la demanda que el actor padeciera alguna incapacidad (arts. 33/50 del C.C.C.), o que firmara el documento con alg˙n vicio de la voluntad (arts. 265/278 y 332 del C.C.C.). Quedan fuera de esta instancia las cuestiones no sometidas a consideraciÛn del juez de primera instancia (art. 272 CPCC)
El apelante dice que est· probado que fue inducido a firmar la prenda, sin decir de quÈ elementos de prueba surge ello. No est· ni remotamente probado que se le hubiera dicho que se le otorgaba un prÈstamo personal, y, sorpresivamente, con engaÒos, se le hiciera firmar un contrato prendario. Por lo tanto, no se entiende a quÈ incumplimiento del deber de informaciÛn se refiere.
Es por lo dem·s sabido que la compraventa de automÛviles con saldo en cuotas (sobre todo cuando son varias; en el caso 48 mensuales), se efectiviza con garantÌa prendaria, øDe dÛnde sacÛ el actor que le entregarÌan un auto, quedando una importante parte del precio pendiente, a sola firma sin garantÌa alguna? Como dice el juez, adem·s, la instrumentaciÛn de la operaciÛn con cl·usulas predispuesta no es en si misma un abuso de posiciÛn dominante. Si fuera asÌ no podrÌan venderse automÛviles, pasajes de aviÛn, estadÌas en hoteles, etc. Quien alega un comportamiento abusivo por parte del proveedor de un servicio o de un consumo debe explicar y probar concretamente en quÈ habrÌa consistido. Esa explicaciÛn huelga por su ausencia en la demanda y tambiÈn en la expresiÛn de agravios.
Lo dicho es suficiente para confirmar el rechazo de la demanda, pero no puedo soslayar que en la misma se dijo que venÌa pagando todas las cuotas mensuales cuando sorpresivamente fue anoticiado por un abogado de la compaÒÌa prestamista de que estaba en mora. La pericial contable de autos (del 5/12/23) acredita claramente que pagÛ hasta la cuota 10∞ (mora desde el 10/01/17), y el secuestro del automotor (art. 39 ley 12.962) se iniciÛ en agosto de 2017 (ver expte. MG12033/17, caratulada "BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACI”N . S.A C/ GOMEZ JULIO ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO del Juzgado Civil y Comercial n∞ 1 de Moreno), o sea, ocho meses despuÈs. Antes de ello ocurrieron los intentos de la acreedora para que regularizara su situaciÛn de morosidad, como el mismo actor reconociÛ en la demanda. Dem·s est· decir que si los pagos debÌan hacerse por dÈbitos en una cuenta bancaria incumbÌa al actor cuidar que hubiera fondos suficientes cada vez que venciera una cuota. En la causa mencionada no surge que el Sr. Gomez se haya presentado a hacer valer sus derechos.
Asimismo, no puede endilgarse a la demandada que no haya aportado todos los elementos de prueba obrantes en su poder (art. 53 LDC). Antes bien, aportÛ toda la prueba documental que tenÌa, que puso a disposiciÛn de la perito contadora al igual que los libros de la empresa. Reitero que causa perplejidad que pueda promoverse un juicio con el argumento de que no fue informado de que el saldo de precio serÌa garantizado con una prenda (que, adem·s, firmÛ), y a˙n que ignoraba las consecuencias que la morosidad en el pago podÌa acarrear en esas condiciones. La LDC, con fundamento en el art. 42 de la Const.
Nacional, obedece al loable propÛsito de proteger a la parte dÈbil en las relaciones de consumo, pero de ninguna manera justifica su invocaciÛn abusiva, fuera de toda lÛgica y sentido com˙n.
Por lo expuesto, propicio la confirmaciÛn de la sentencia, con costas de alzada al apelante vencido (art. 68 CPCC)
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
La seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
De acuerdo a cÛmo ha quedado votada la cuestiÛn anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es: Confirmar la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante.
ASI LO VOTO.
La seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante.
NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. resol.
SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia