Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2424/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 322/325, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 327 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2424/21-TSJ Interlocutorio N°: 3669 Actor: GOMEZ DE LEON AMELIA NOEMI Demandada: POSADAS DEL SUR S.A.
Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 07-04-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3669 FOLIO Nº 6440/6442 PROT. ELECT. TSS1 018 I.221
Río Gallegos, 07 de abril de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “GOMEZ DE LEON AMELIA NOEMI c/ POSADAS DEL SUR S.A. s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº G-18.836/17 (G-2424/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada por intermedio de su letrado apoderado Dr. Carlos G. Toledo Vargas a fs. 322/325 contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 311/316 vta., que ordenó reducir el monto fijado en Primera Instancia por el rubro vacaciones y el incremento en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 25.323; y confirmó la indemnización establecida con base en los artículos 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
II. La accionada recurre el fallo de Segunda Instancia, aduciendo violación de la ley, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, con-forme Ley Nº 3453/15 - Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 322).-
En su pieza recursiva esboza dos agravios: el primero, vinculado con la aplicación que efectuó el Tribunal de Alzada en torno al artículo 2° de la Ley Nº 25.323 y, el segundo, con el resarcimiento especial por maternidad (cfr. fs. 323/325).-
Al sustentar su agravio inaugural, sostiene que: “La procedencia de esta indemnización, requiere que el empleador no le abonare al trabajador las indemnizaciones por el despido, pero ocurre que Posadas del Sur S.A., si le abonó tales indemnizaciones. La circunstancia que hayan quedado diferencias, de ninguna manera faculta la ley a la procedencia del incremento allí previsto…” y agrega que: “…el art. 2 de la Ley 25.323, no resulta aplicable en autos, de modo que la condena impuesta a la demandada referido al incremento de las indemnizaciones allí previsto, resulta manifiestamente improcedente.” (cfr. foja 323 vta.).- En su segundo y último agravio, postula que: “…no se ha aplicado la ley en forma correcta. Si se pretende imponer obligaciones al empleador, debe tenerse en cuenta que también existen obligaciones que debe cumplir el empleado…” (cfr. foja 324). Cita los artículos 177, 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en base a ellos, aduce que: “La actora no ha cumplido sus obligaciones conforme lo establecen las normas citadas supra, razón por la cual jamás puede ser considerado el despido, como derivado de una causa de embarazo.” (cfr. foja 324 vta.). Manifiesta, además, que: “…se ha aplicado en forma incorrecta la ley sustantiva y si estamos a las obligaciones que pesaban sobre la actora para hacerse acreedora a la indemnización, ésta no las ha cumplido, razón por ello que el despido no puede ser considerado como presunción por causas de embarazo y por ende, este rubro indemnizatorio resulta improcedente.” (cfr. foja cit.). Finalmente, expresa que: “Existe igualmente en este aspecto, una errónea aplicación de la ley y además clara afectación a derechos constitucionales como el del debido proceso, de igualdad, de defensa, del patrimonio, entre otros…” (cfr. foja cit.).- A fs. 327 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones, declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
En PE132215-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extra-ordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
IV. A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 322/325 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
De modo liminar, se impone la necesidad de advertir que el escrito portador de la impugnación no se autoabastece, lo que implica que su sola lectura no es suficiente para la comprensión integral del caso sometido a juzgamiento. La recurrente no destina acápite alguno que tenga por objeto reseñar -siquiera someramente- los antecedentes del proceso (v.gr. descripción de los escritos postulatorios del proceso y de la sentencia de Primera Instancia).- No obstante, esta carencia no autoriza por si sola la inhabilitación del andarivel de marras.-
Ante un déficit de análogo tenor este cimero Tribunal ha sostenido: “Como reflexión previa, y sin que ello obste al análisis posterior que se hace del caso, se debe recordar que como todo escrito recursivo, pero aún más en un recurso extraordinario como el que nos ocupa, el de interposición de un recurso de casación debe bastarse a sí mismo, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la invocación y acreditación de los agravios que se pretenden configurados, sino también una breve descripción de los avatares seguidos por el expediente. (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2843, Folio 4465/4468). Este último requisito no ha sido siquiera bosquejado en el escrito cuyo análisis nos ocupa, no obstante ello se analizarán las cuestiones planteadas.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2914, Folio 4638/4641). Por lo tanto, una solución semejante debe adoptarse en el presente caso, lo que obliga a ahondar en el examen formal de los agravios formulados por la impugnante.-
V. Inicialmente la impugnante afirma que: “…procura la modificación del criterio sustentado en autos, en orden a la improcedencia de las diferencias de indemnizaciones por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, SAC proporcional 2017, integración del mes de despido…” y que: “…la sentencia recurrida no constituye una aplicación razonada y correcta de la norma aplicable al caso como son las disposiciones de los arts. 231, 232, 233, 245...de la LCT…” (cfr. foja 322 vta.).- Sin embargo, al formular el desarrollo argumental que le da sustento a su recurso, Posadas del Sur S.A. no desplegó agravio alguno contra los fundamentos de la sentencia en crisis que admitieron esos ítems indemnizatorios, resultando inoperante la mera mención de infracción legal si no desarrolla al respecto cuestionamiento alguno. Por ende, resulta evidente la insuficiencia esta parcela del recurso.-
VI. En relación al agravio que esboza la recurrente en torno al incremento indemnizatorio contemplado en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323, cabe recordar que la Excma. Cámara de Apelaciones si bien la consideró procedente, a diferencia de lo resuelto en la instancia de origen, decidió reducirla. Para arribar a tal resultado, sostuvo: “...Lo cierto es que obligó a la actora a litigar, pero en atención a ese pago insuficiente es que entiendo existe merito para admitir parcialmente el agravio y reducir esta indemnización al 50% de la diferencia impaga…” (cfr. foja 315).- Frente a esta forma de decidir, la crítica que ensaya la recurrente deja sin rebate idóneo los argumentos expuestos en la decisión de la Cámara, no superando el registro de una mera discrepancia de opinión.-
A través de una inadecuada técnica recursiva, el quejoso plantea su objeción a la decisión de grado sin advertir que con sus interpretaciones personales transforma su réplica en una contraposición de criterios que no resulta idónea a los fines de descalificar la decisión de grado.-
Es que, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “…determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo…” (cfr. “Ortiz Sebastián Leonel c/ Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. s/ Despido”, causa LP L 119.161 S, del 13/06/2018), circunstancias que no se vislumbra en el presente caso.-
VII. Idéntica suerte adversa debe tener el agravio concerniente a la indemnización fijada por el órgano de Alzada en los términos de los artículos 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
La Excma. Cámara de Apelaciones destacó que: “...El despido se produjo dentro del plazo de protección del art. 178 de la LCT y el recurrente no ha demostrado el error de la sentencia en cuanto tiene probado el conocimiento pleno del embarazo y del parto sin hacer mención a las razones dadas en la sentencia al ponderar lo que surge de los recibos de haberes y de la informativa de Anses. Admitir su queja implicaría aceptar un exceso ritual manifiesto.” (cfr. foja 315).- En este punto, la recurrente circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar certeramente la incorrección y evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado.-
Ponderando el contenido del escrito casatorio, se advierte que es el disenso el que prevalece en el modo de agraviarse de la demandada, sin demostrar puntualmente que el razonamiento empleado por el Tribunal de mérito fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes.-
La recurrente pretende lograr la recreación de las circunstancias fácticas ante esta instancia extraordinaria sin hacerse cargo, profunda y abarcadoramente de los argumentos brindados por el Tribunal a quo, omitiendo suministrar razones encaminadas a evidenciar que el análisis sentencial responda al mero arbitrio del Tribunal de mérito.-
De este modo, su desacuerdo no hace más que pretender convertir a esta instancia excepcional revisora en una llana tercera instancia ordinaria, por lo que los agravios esgrimidos en este sentido resultan a todas luces insuficientes.-
VIII. Tampoco resultan de recibo los argumentos enunciados a fs. 323 y 324 vta. dirigidos a demostrar supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional, en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
IX. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.- En virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 322/325 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 327 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 322/325, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 327 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1018I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3669 Folio N°: 6440/6442 Secretaría: 1
Fin de la sentencia