Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-1.868/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 497/505, en su punto 3°, en cuanto al cálculo de la indemnización que instituye el artículo 248 LCT, debiendo abonarles a los actores, en tal concepto, el importe que surja de la liquidación que se practicará en primera instancia aplicando las pautas fijadas en el Considerando V de este pronunciamiento, confirmándola en todo lo demás que decide. Las costas de esta instancia se imponen por el orden causado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-1.868/12-TSJ Sentencia N°: 570 Actor: GOMEZ LILIANA BEATRIZ Y OTROS Demandado: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L.
Objeto: LABORAL – COBRO DE PESOS Y SU ACUMULADO Fecha: 13-05-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 570 FOLIO Nº 3.242/ 3.247 PROT. ELECT. TSS1 009 S.141
Río Gallegos, 13 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados “GOMEZ, LILIANA BEATRIZ Y OTROS c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. s/ LABORAL – COBRO DE PESOS Y SU ACUMULADO”, Expte. Nº G- 10.761/07 (G-1.868/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar Sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento del Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de dar tratamiento al recurso de casación interpuesto a fs. 509/537 por San Antonio Internacional S.R.L., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 497/505. Dicho deci-sorio rechazó la apelación interpuesta por la demandada a fs. 459/471, confirmando la sentencia de primera instancia en cuanto fuera materia de agravios, con costas a la apelante (confr. fs. 504/505).-
II. Que, sucintamente en lo que interesa en esta etapa, el caso se presenta en los siguientes términos:
Liliana Beatriz Gómez, Daniel Alejandro Aravena y Laura Eliana Aravena, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Paulo Luis Schmidt, promueven demanda laboral por cobro de pesos contra Pride International S.R.L., que luego cambiara su denominación por San Antonio Internacional S.R.L. (confr. fs. 148/156). En ella reclaman remuneración de septiembre de 2003, vacaciones proporcionales 2003, SAC proporcional segundo semestre 2003, indemnización prevista en el art. 248 LCT y SAC por la suma de $ 64.509,10 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más los intereses y costas (confr. fs. 49 vta.).- En la demanda se sostiene que: “…el Sr. Armando Celestino Aravena, falleció en un lamentable accidente de trabajo el día 09-09-03, en la Ruta Nacional N° 3 a 96 Kms. de Guer-Aike (sic)… el Sr. Aravena en el momento de tan lamentable suceso se encontraba prestando servicios en relación de dependencia para la Empresa PRIDE INTERNATIONAL S.R.L., relación laboral que mantenía en forma ininterrumpida, desde su ingreso ocurrido el 16 de Julio de 1982... Que en la época del fatídico accidente el causante se desempeñaba como Jefe de Equipo Reparación y Terminación, Legajo N° 00591, conforme también se desprende de los recibos adjuntos, percibiendo una remuneración básica de pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta ($ 4.480,00)… se acredita que la Sra. Liliana Beatriz GÓMEZ, Sr. Alejandro ARAVENA y la Srta. Laura Eliana ARAVENA, resultaban [ser] cónyuge e hijos, de quien en vida resultara [ser] Armando Celestino ARAVENA, vínculo que los legitima ampliamente para reclamar los crédito laborales motivo de la presente demanda...” (confr. fs. 49 vta.). Agrega: “…la demandada nunca inició ni por ende tampoco notificó a mis representados la demanda de consignación, por lo que a los efectos de lograr la percepción de los créditos laborales, día 16 de Agosto de 2006 se presentó formal Reclamo Laboral ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, Delegación Caleta Olivia Zona Norte…” (confr. fs. 51).- La demandada no compareció a la audiencia de conciliación y contestación de demanda dispuesta por el artículo 47 de la ley 1444 (confr. fs. 67 y vta.), a pesar de haberse notificado por cédula para concurrir a la misma (confr. fs. 62 vta.).-
Paralelamente la empresa inició proceso por consignación judicial “…respecto de la liquidación final de haberes pendiente de pago como consecuencia del fallecimiento del Señor Armando Celestino ARAVENA, la que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($33.215,88)?” (confr. fs. 212 y vta.), solicitando se notifique dicha demanda a Edith del Carmen MELLA VIVAR, Liliana B. GOMEZ, Daniel Alejandro ARAVENA y Laura Eliana ARAVENA (confr. fs. 212 vta.). Aduce San Antonio Internacional S.R.L. que inició la consignación ya que no le consta “…quién es en realidad la persona que posee derecho para percibir la suma indicada, toda vez que las partes interesadas no han acreditado de manera fehaciente los requisitos establecidos en el art. 248 de la L.C.T… Decimos esto por cuanto las demandadas, Sra. Liliana B. GOMEZ y Edith del Carmen MELLA VIVAR, alegando su carácter de esposa y concubina respectivamente, han formulado sucesivas presentaciones ante mi mandante reivindicándose para sí el cobro de los créditos pendientes de pago?” (confr. fs. 214 vta./215).- Los actores contestan la demanda por consignación, solicitando que se rechace la misma con costas y se disponga -por razones de conexidad- su acumulación con el reclamo de indemnización (confr. fs. 240/244 vta.).-
La Sra. Edith del Carmen Mella Vivar (una de las codemandadas por consignación) renuncia a todos los derechos que le pudieran corresponder en relación al crédito consignado a favor de Liliana Beatriz Gómez, Daniel Alejandro Aravena y Laura Eliana Aravena (confr. fs. 300).-
A fs. 319 se dispone la acumulación de los procesos.-
La sentencia de primera instancia resolvió: “…ADMITIR LA DEMANDA articulada por Liliana Beatriz Gómez, Daniel Alejandro Aravena y Laura Eliana Aravena en contra de San Antonio Internacional S.R.L. (ver. fs. 157) por remuneración de septiembre de 2003, Vacaciones Proporcionales 2.003, SAC proporcional 2 semestre 2.003, indemnización del 248 del RCT y SAC sobre indemnización, condenando a la mencionada empresa a pagar el 50% de la suma de $ 95.102,87 a la Sra. Liliana Beatriz Gómez y el 25% de tal suma a cada uno de sus hijos, Daniel Alejandro Aravena y Laura Eliana Aravena, o idénticos porcentajes a los señalados de la suma que resulte al momento del efectivo pago conforme al sistema de recomposición establecido en el considerando respectivo, con costas a cargo de la demandada. 2) ADMITIR PARCIALMENTE LA DEMANDA articulada por Pride International S.R.L. en el expte. N° P-11.105/07, receptando válidamente la consignación efectuada por la suma depositada al día 21/08/2007 por su valor nominal, en razón de no haber rendido la depositante prueba suficiente que justifique la dilación entre el depósito bancario y la iniciación de la causa judicial, con costas a su cargo…” (confr. fs. 452).- Dicha sentencia fue apelada por la demandada (confr. fs. 459/471) y luego confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones (confr. fs. 497/505).-
San Antonio Internacional S.R.L. interpone recurso de casación contra este último pronunciamiento (confr. fs. 509/537). Sostiene que la Excma. Cámara “…ha incurrido en la violación de la ley al dictar su pronunciamiento, y que ello hace procedente el recurso de casación que se interpone, con arreglo al art. 3° inc. a) -Sección 6ta., Capítulo IV- Recursos ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (conf. art. 5° Ley 1687)...” (confr. fs. 529 vta.). Asimismo afirma que: “… han resultado violados los arts. 756 y 757 inc. 4° del Código Civil, art. 245 Ley de Contrato de Trabajo...” (confr. fs. cit.). Añade que: “…Resulta imperiosa la necesidad de revisión por parte del Excmo. Tribunal Superior de la sentencia recurrida, en virtud que jamás debió haberse calificado de extemporánea la consignación promovida por esta parte, ya que constituye un principio básico del derecho que la consignación tardía se configura cuando el deudor pierde el derecho de pagar, cuestión que no se ha dado en el presente caso… Es decir, que acontecido el fallecimiento del dependiente de mi mandante, nació a favor de sus sucesores el derecho de obtener la indemnización prevista en el art. 248 LCT, a la vez que mi representada asumió el rol de deudora de aquellos, resultando en aquella oportunidad imposible a SAI determinar quién era en definitiva acreedora de la indemnización… Mi mandante en su carácter de deudora, tenía -y tiene a la fecha- el derecho de abonar la indemnización del art. 248 LCT a fin de liberarse de esa obligación, con lo que ese ‘ius solvendi’ se encuentra incluso actualmente plenamente vigente, no habiéndose éste extinguido bajo ninguna circunstancia… De allí que corresponda tachar de arbitraria la sentencia que consideró tardía la consignación, máxime si estamos a los muy claros lineamientos jurisprudenciales en la materia…” (confr. fs. 533); y “…tampoco debe perderse de vista que mi representante no contaba con plazo alguno para iniciar el juicio por consignación… Todo lo reseñado precedentemente permite demostrar el patente desvío jurisdiccional en que incurrió la Excma.
Cámara el pasado 12/6/12, al confirmar el pronunciamiento de primera instancia que considera extemporánea la consignación judicial deducida por esta representación, dejando huérfano de apoyo los argumentos esgrimidos en ambas instancias...” (confr. fs. 535). Agrega que: “…Por otro lado, agravia a esta representación el hecho que la Excma. Cámara haya omitido expedirse acerca de cuestiones conducentes para la resolución del caso, y que fueran oportunamente introducidas en relación a la aplicación del tope, tal cual fuera puesto de manifiesto en el segundo agravio del memorial de apelación… En aquella oportunidad y concretamente en el punto 42, esta parte se agravió por haberse efectuado liquidación sobre una remuneración sin el tope que regía desde el 1 de Julio de ese año 2003 y fijado por la Resolución N° 213/03 de la SECRETARÍA DE TRABAJO DE LA NACIÓN, sin haber tenido el debido tratamiento por parte de la Excma.
Cámara quien de esa manera incurre en claro supuesto de arbitrariedad… Un detenido y pormenorizado estudio de las constancias de la causa, permiten concluir que tanto en el fallo de primera instancia como en el recurrido, se ha utilizado una remuneración de $4.840, sin aplicar el tope que con arreglo a derecho correspondía, y que era el vigente a la fecha del fallecimiento de ARAVENA...” (confr. fs. 535 vta.). Luego manifiesta que: “…Agravia asimismo a mi representada el hecho que la Excma. Cámara haya confirmado lo decidido por el Señor Juez Aquo (sic) en el sentido que corresponde condenar a mi mandante a pagar la tasa activa Banco Nación, apartándose -sin fundamentación alguna- de su propio criterio respecto a la tasa de intereses aplicable en los procesos laborales...
Por tal motivo, solicito al Excmo. Superior Tribunal enmiende el desvío incurrido, estableciendo, a todo evento, que una eventual condena lleve Tasa Pasiva del Banco Central de la República Argentina....” (confr. fs. 536 y vta.). Por último, ratifica la reserva del caso federal oportunamente planteada (confr. fs. 536 vta.) y solicita imposición de costas (confr. fs. 537).- El recurso es declarado formalmente admisible por la Cámara y bien concedido por este Alto Cuerpo (confr. fs. 539 y vta. y 551 y vta. respectivamente); puestos los autos a disposición de las partes (confr. art. 8 de la ley 1687), sólo la actora presentó el memorial (confr. fs. 554/564).-
A fs. 567/570 se encuentra agregado el dictamen del Agente Fiscal ante este Tribunal, en el cual sostiene que: “…la Sentencia dictada por la Excma. Cámara, se encuentra ajustada a derecho no surgiendo de la misma violación de la ley ni arbitrariedad conforme lo alegara el recurrente, por lo cual el recurso de casación interpuesto no debe prosperar?” (confr. fs. 570).-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º inciso a) de la ley 1687 -recurso de casación-. Los pretensos agravios están vinculados a una presunta violación de ley, concretamente los artículos 756 y 757 inciso 4 CC; y 245 LCT (confr. fs. 529 vta.). Asimismo, el recurrente plantea que la sentencia deviene en arbitraria (confr. fs. 530).-
Antes de ingresar al análisis puntual de las impugnaciones del recurrente es conveniente efectuar algunas reflexiones.-
El derecho del trabajo tiene un carácter tuitivo para el trabajador, a fin de contrarrestar la desigualdad entre los contratantes (confr. ACKERMAN, Mario, TOSCA, Diego y MAZA, Miguel, “Los principios del derecho del trabajo”, en la obra colectiva: Tratado del derecho del trabajo, Director: ACKERMAN, Mario, Coordinador: TOSCA, Diego, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, T. I, pp. 319/320). Se intenta asegurar una igualdad real entre las partes -dentro de las limitaciones de la realidad económica-. En atención a lo expuesto, al momento de resolver el presente, como tiene dicho este Alto Tribunal, debe considerarse que: “…por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las normas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social revisten carácter de Orden Público y, por tanto, de aplicación obligatoria, conformando un mínimo protectorio que jamás debe ser avasallado por los contratantes (recordando el fundamento de desigualdad entre las partes que da origen al orden tuitivo del Derecho Laboral) y cuya observancia debe ser garantizada por los magistrados?” (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 472, Folio 2565/2572). El principio protectorio -como se adelantó- tiene raigambre constitucional, ya que el art. 14 bis de la CN reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…”. Sobre el particular Vázquez Vialard afirma: “… de acuerdo con la directiva que el constituyente ha establecido, el Congreso de la Nación tiene que adaptar las técnicas y procedimientos adecuados para mantener un cierto nivel de equilibrio entre dos partes que, comúnmente, tienen distinta capacidad de diálogo…” (confr. VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 111).- Con estas premisas se deberá resolver el sub lite.-
IV. Que pasando al estudio de los aducidos agravios, en primer término analizaremos lo atinente a lo decidido por la Cámara en relación a la consignación. Sobre este aspecto la sentencia de Cámara es atacada por ser -según el recurrente- arbitraria (confr. fs. 533) y violatoria de los artículos 756 y 757, inciso 4°, CC (confr. fs. 529 vta.).-
En atención a lo antedicho, se debe destacar que para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (confr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.648, Folio 3999/4003).- Asimismo, es tesis de este Tribunal que: “?La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación?
En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación...” (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 523, Folio 2940/2946). Las circunstancias excepcionales mencionadas no se encuentran presentes en lo decidido acerca de la consignación.- La Excma. Cámara resolvió razonablemente la cuestión relativa al carácter extemporáneo de la consignación. En este sentido sostuvo que: “…El juicio de consignación, al revés de lo que pueden pensar algunos, es un juicio difícil, que requiere se den muchos elementos que hacen a la prestación a saber: identidad entre lo debido y lo pagado, que sea íntegro o completo, que quien paga sea el dueño de la cosa que se transfiere al acreedor, que el pago esté disponible y que no haya fraude en el pago y si no se dan la demanda debe rechazarse.
Mal puede estar disponible el pago si se tardó casi cuatro años en demandar después del depósito y no se lo integró con los intereses...” (confr. fs. 500 vta.).- Las constancias de autos avalan lo argumentado por la Cámara, ya que el depósito consignado fue efectuado el 12 de noviembre de 2003 (confr. fs. 196) y la demanda por consignación recién se interpuso el 21 de agosto de 2007 (confr. 218 vta.), siendo notificados el Sr. Daniel Alejandro Aravena, la Sra. Laura Eliana Aravena y la Sra. Liliana Gómez el 27 de noviembre de 2007 (confr. fs. 224 vta., 225 vta. y 226 vta. respectivamente); es decir, más de cuatro años después del depósito. Así, no resulta desacertado el criterio de la Cámara que considera inoportuno al pago.- La precedente solución coincide con lo expuesto por prestigiosa doctrina.
Así, Borda sostiene: “…Según el art. 759, la consignación impugnada surte los efectos del pago desde el día de la sentencia que la declare legal. Es una redacción equívoca. Al decir que los efectos se producen desde el día de la sentencia, sólo quiere significar que recién entonces se tendrá por legal el pago. Pero los efectos liberatorios se producirán siempre desde el día en que fue notificada al acreedor la consignación... No sería lógico, en efecto, que la oposición injusta del acreedor tuviera como resultado que los intereses de la deuda siguieran corriendo después que el deudor consignó. Cabe agregar que si bien es unánime en nuestra jurisprudencia el reconocimiento del efecto retroactivo de la sentencia, hay alguna divergencia respecto del momento exacto a que deben retrotraerse sus efectos.
Según algunos fallos, debe tomarse en cuenta el día del depósito…, para otros el día de la interposición de la demanda…, y para otros, en fin, el día en que ésta fue notificada (confr. C. Apel. 2ª La Plata, 21/5/1946, J.A., 1946-IV, p. 29, y L.L., t. 44, p. 306; Colmo, n° 634 y 635. La C. Civil Cap. Sala C, extendió el curso de los intereses hasta el momento en que el acreedor estuvo en condiciones de poder retirar los fondos: 30/5/1955, J.A., 1955-III, p. 182). Adherimos a este último criterio que resuelve con mayor justicia las cuestiones que pueden presentarse, que son el curso de los intereses y los riesgos de la cosa. En cuanto a los intereses, es de toda evidencia que no sería justo que la sentencia retroobrase hasta la fecha del depósito o de la interposición de la demanda, pues entre ese momento y el de la notificación puede transcurrir largo lapso y el demandado, ignorante de la consignación, no tiene por qué perder los intereses devengados durante ese período, desde que la culpa de la demora recae en el deudor demandante...” (confr.
BORDA, Guillermo, Tratado de derecho civil. Obligaciones. La Ley, Buenos Aires, 2008, T. I, págs. 583/584). Por su parte, Arca sostiene que la consignación prevista en el art. 757 inc. 4° C.C. (duda en cuanto a la persona del acreedor) no permite “… asignarle [al depósito o intimación judicial] inicialmente la eficacia para perfeccionar el pago a su respecto puesto que por la incertidumbre en torno a la persona del acreedor deberá esperarse el pronunciamiento del juez…” (confr. ARCA, Daniel Héctor, Código Civil comentado. Doctrina -Jurisprudencia-bibliografía, Directores: TRIGO REPRESAS, Félix y CAMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, T. II, p. 319).- En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “…El solo depósito efectuado en el expediente de un importe dado en pago no autoriza a considerar su posible efecto cancelatorio a esa fecha, pues a tal efecto sólo cuenta el momento en que el acreedor, debidamente notificado por el deudor y mediante un obrar diligente en su parte, pudo obtener los fondos…” (confr.
Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala I, Rodríguez Alicia B. c. Ureta, Rodolfo, 12/12/95, La Ley 1996-C, 371 DJ 1996-2, 165, cita online AR/JUR/551/1995), .-
En atención a lo expuesto, se debe señalar que la adscripción por parte del ad quem a una doctrina judicial adoptada en atención al momento en que el pago por consignación se considera efectuado no resulta razón suficiente para sustentar el agravio fundado en arbitrariedad o en violación de la ley. Es oportuno traer a colación lo ya sostenido por este Alto Tribunal: “…Por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencias no habilita ‘per se’, la admisión de su queja. En este sentido también ha dicho la CSJN “... ‘…si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus con-secuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…’ (Fallos: 237:69) que ‘…no cubre los supuestos de error... en la interpretación del derecho…’ (237:74) toda vez que ‘...la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función... y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar…’ (237:142) (Citado por Genaro Carrió ‘Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria’ T. I págs. 29/30)...” (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 523, Folio 2940/2946).- Por lo expuesto resulta improcedente el pretenso agravio de San Antonio Internacional S.R.L. en cuanto a lo resuelto sobre la consignación.-
V. Que ingresando a la impugnación relativa a la aplicación del tope indemnizatorio debe señalarse que la misma se resolverá a la luz de los agravios esgrimidos por el recurrente (confr. fs. 535/536).-
La indemnización por muerte del trabajador está contemplada en el artículo 248, LCT. Esta norma prevé que aquella será igual a la establecida en el artículo 247, LCT, el cual determina que la indemnización a abonar será equivalente a la mitad de la regla sentada por el artículo 245, LCT.-
El artículo 245 de la LCT dispone que la base para calcular la indemnización no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual “…de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al MINISTERIO DE TRA-BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL le corresponderá fijar y publicar el pro-medio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo...”.- El Sr. Armando Celestino Aravena se desempeñaba, al momento de su fallecimiento, como Jefe de Equipo de Reparación y Terminación en la actividad petrolera (confr. fs. 36, 37, 49 vta., 198 y 213).-
Ingresando al estudio relativo a la aplicación o no del tope indemnizatorio (confr. fs. 535/536) se debe señalar que la indemnización laboral (art. 248, LCT) se calculó sobre la base de un sueldo de $ 4.840, salario que percibía el trabajador al momento de su muerte -9 de septiembre de 2003- (confr. fs. 37 vta., 49 vta. y 451). Sin embargo en ese momento el tope indemnizatorio era de $ 3.331,29 (conforme Resolución 213/03 de la Secretaría de Trabajo de la Nación; y arts. 245 y 248, LCT). En atención al límite indicado, se debería haber fijado la indemnización utilizando el mismo.- El caso que nos ocupa se debe resolver a la luz de los términos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Vizzoti”.
El Máximo Tribunal Nacional, al referirse al tope fijado en el segundo párrafo del artículo 245 LCT, entendió que: “…es posible que la fijación de un importe máximo a la mentada base pueda producir tensiones con los propósitos de alcanzar la reparación en concreto antes indicada. La evaluación legal del daño, que en un primer momento busca, naturalmente, anclar en la realidad por vía del cómputo de la ‘mejor remuneración mensual normal y habitual’ del trabajador despedido, comienza a alejarse de dicha realidad, a desentenderse de ésta, por el obrar de un tope. Y ello, en medida directamente proporcional al quántum en que dicha remuneración supere el promedio citado… Que, por cierto, no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas.
Con todo, si el propósito del instituto es reparar, tampoco hay dudas con respecto a que la modalidad que se adopte, en todo caso, debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación. En efecto, no podría considerarse que la ley lograse su declarada finalidad reparadora si terminara desconociendo la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de limitaciones en la evaluación de uno de los elementos de cálculo que, precisa e inequívocamente constituye uno de los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido y no por otro u otros…” (Fallos: 327:3677).
También dijo la Corte que: “…no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, ‘la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor’, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos?” (confr. fallo cit.).- En síntesis, es válido el tope fijado en el segundo párrafo del artículo 245, LCT (disposición a tener en cuenta para mensurar la indemnización regulada en el art. 248, LCT), salvo que el mismo reduzca la remuneración a computar en más de un 33%. Este último supuesto no se presenta en autos, en razón de que el tope que surgiría de su aplicación, el 67% de la mejor remuneración mensual, equivale a $ 3.242,80, y es inferior al fijado en la Resolución 213/03 de la Secretaría de Trabajo, de $ 3.331,29.-
Ello así, en atención a que se debería haber calculado la indemnización teniendo en cuenta el límite fijado por la resolución de la Secretaría de Trabajo ($ 3.331,29) y no sobre el total del salario ($ 4.840), se deberá determinar aquella aplicando el tope señalado ($ 3.331,29) (confr. arts. 245, 247 y 248 LCT; Fallos: 327:3677 y TSJ Santa Cruz, Tomo XV, Sentencia, Reg. 511, Folio 2860/2871).-
VI. Circunscribiéndonos al pedido de aplicación de la tasa de interés pasiva a la deuda laboral, se constata que esta solicitud recién fue introducida en el escrito de casación (confr. fs. 536 vta.). Nada se dijo en la instancia ordinaria, ni en la oportunidad de contestar la demanda (carga procesal de la que no hizo uso el recurrente), ni al interponer la apelación contra la sentencia de primera instancia (confr. fs. 459/471), pese a que en la misma se aplicó la “…tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina…” (confr. fs. 451 vta.).- Al respecto, es concordante la doctrina al decir que: “…El proceso tiene límites objetivos (objeto y causa) y subjetivos (partes), el tribunal debe fallar dentro de esos límites, los cuales, en el proceso dispositivo que nos rige, son los que derivan de las pretensiones de las partes. Es éste el principio de congruencia al que deberá ajustarse la sentencia. El objeto del proceso en la segunda instancia es el mismo de la primera, fijado por el actor en su pretensión (o el demandado en su reconvención) y delimitado por las defensas del demandado… No existe en nuestro sistema el novum iudicium, por lo que debe enunciarse el siguiente principio negativo: el objeto del proceso de segunda instancia no puede ser distinto al de la primera; es decir, el tribunal a quem no puede conocer sobre cuestiones no propuestas a la decisión del juez a quo…’ (confr. BACRE, Aldo, ‘Recursos ordinarios y extra-ordinarios’, Ed. La Rocca, Bs. As., 1999, págs. 262/263)” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2853, Folio 4494/4497).- Tampoco los jueces de instancias superiores pueden conocer “…de aquellas cuestiones que han quedado firmes al haberse consentido la sentencia, dejando transcurrir el plazo perentorio de impugnación, o por no haber sido objeto de agravios?” (confr. BACRE, Aldo, Recursos ordinarios y extraordinario. Teoría y práctica, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2010, pp. 273/274). Supuesto que se presenta en autos en cuanto a la tasa de interés, cuestiones que no fueron oportunamente apeladas.-
En virtud de lo reseñado, se desprende claramente que la impugnación que desarrolla la recurrente fue articulada extemporáneamente.-
Tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal, de introducirse en el análisis de la procedencia de los temas propuestos, cuando los mismos fueron introducidos fuera de la oportunidad procesal oportuna, “…se vería claramente vio-lado el principio de congruencia (art. 36 inc. 4 del CPC y C) y menoscabado el derecho de defensa. En este sentido, la jurisprudencia sostiene que: ‘...Las atribuciones de los tribunales de apelación se encuentran doblemente acotadas. De un lado, por la estructura de la relación procesal -básicamente, explicitada por el contenido de las pretensiones deducidas en la demanda y su contestación- y, del otro, por los agravios desplegados en los recursos que deben resolver...’ (confr. SCBA, Ac. 90299 S, 24-5-2006; C 92290 S, 1-10-2008; C 96165 S , 17-6-2009), y que: ‘…mediante la apelación no puede someterse a conocimiento de la alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente importando su tratamiento por parte de ésta la violación de los arts. 34 inc. 4, 164 inc. 6, 266, 272 del Código Procesal Civil y Comercial...’ (confr. SCBA Ac. 34562 S, 18-6-1985; Ac. 41539 S, 21-11-1989; Ac. 42271 S, 17-3-1992; Ac. 77763 S, 28-3-2001)...” (confr. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2.853, Folio 4494/4497).- Por lo expuesto se concluye que es improcedente el planteo del recurrente en lo relativo a la tasa de interés aplicable.-
VII. Que en base a los argumentos vertidos, corresponde hacer lugar parcialmente al Recurso de Casación interpuesto y en consecuencia casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 497/505, modificándola en cuanto al cálculo del monto de la indemnización prevista en el artículo 248 LCT, debiendo abonarles a los actores, en tal concepto, el importe que surja de la liquidación que se practicará en primera instancia aplicando las pautas fijadas en el Considerando V de este pronunciamiento por los fundamentos dados en la presente, confirmándola en todo lo demás que ha sido materia de agravio. Atento cómo se resuelve, las costas de esta instancia se imponen por el orden causado (art. 71 CPC y C, aplicable de conformidad con el art. 121 de la Ley de Procedimiento en lo Laboral), teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 3, 13 y 14 segunda parte de la ley 1687 -Recurso de Casación-; 756 y 757 C.C.; y 245, 247, 248 y cctes. LCT; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 497/505, en su punto 3°, en cuanto al cálculo de la indemnización que instituye el artículo 248 LCT, debiendo abonarles a los actores, en tal concepto, el importe que surja de la liquidación que se practicará en primera instancia aplicando las pautas fijadas en el Considerando V de este pronunciamiento, confirmándola en todo lo demás que decide. Las costas de esta instancia se imponen por el orden causado.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009S.141 Tomo: XVII Sentencia: 570.-
Folio N°: 3.242/3.247.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia