Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Lomas de Zamora · Causa 75752
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe revocarse. Con costas de ambas instancias a la demandada (art.68 del C.P.C.C).-
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES I.- Revócase la sentencia apelada haciéndose lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Marta Susana Gomez contra Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. condenando a esta última a abonar a la actora dentro de los diez días de quedar firme la pertinente liquidación, la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000), con más intereses desde el 17/7/2010 y hasta el efectivo pago conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos periodos de devengamiento conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso. Confírmase el rechazo de demanda respecto de Banco Supervielle S.A..
II. Impónense las costas de ambas instancias a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).-
III. Difiérase la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.
GOMEZ MARTA SUSANA C/ CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
Exp: 75752 Jz 3 Reg. Sent. Def: 207 Folio Sent Def: 1469 Lomas de Zamora, a los 22días de Octubre de 2018, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, de este Departamento Judicial, Dres. Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho, para dictar sentencia, la causa nº 75752, caratulada: "GOMEZ MARTA SUSANA C/ CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)".- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, últ. parte, Cód. Proc.), dio el siguiente orden de votación: Dres. Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.-
-V O T A C I O N-
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
I. El señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número tres dictó sentencia a fs. 548/467 rechazando la demanda por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato promovida por Marta Susana Gomez, contra Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. y Banco Supervielle S.A.
Impuso las costas a la parte actora y difirió la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
A fs. 476 apeló la parte actora, concediéndosele libremente el recurso deducido a fs. 477 vta. A fs. 502/509 expresó sus agravios, cuya réplica por parte de la contraria obra a fs. 515/516.
A fs. 518 se llamó la causa para dictar sentencia, mediante providencia consentida y firme, que habilita el dictado de la presente.
De la actora:
En primer término se agravia la accionante de la falta de aplicación de la ley de defensa del consumidor, por parte del sentenciante de grado al momento dictar sentencia, estima que la misma era aplicable al caso en virtud de lo dispuesto por los arts. 3° de la ley 26361 y el art. 42 de la Constitución Nacional.
Manifiesta asimismo que el magistrado a quo, ha sentenciado ajustándose a la ley 17.418 cuando el objeto del reclamo no refería solo al contrato de seguro que además -según manifiesta- ha sido incumplido, sino a la violación de la accionada al deber de información en los términos de la relación de consumo.
Por último se agravia de la imposición de costas.
1. Ley aplicable Adentrándome en el tratamiento de los agravios de la actora, corresponde para un mejor orden metodológico, liminarmente determinar la legislación a la luz de la cual debe juzgarse el particular, pues de ello dependerá en gran medida la suerte del reclamo.
Y en dicha faena debo adelantar, que a mi criterio, asiste razón a la parte accionante al sostener que nos hallamos en el presente, ineludiblemente ante una relación de consumo.
Esto implica, que salvo en las cuestiones técnicas específicas del contrato de seguro, he de evaluarla mediante la normativa tutelar y de orden público conformada por la ley 24.240, sus modificatorias y complementarias.
Debe destacarse sin embargo y para despejar cualquier duda al respecto, que la aplicación de la mencionada LDC, será complementada en caso de resultar necesario con la normativa subjetiva de derecho privado vigente a la fecha de la contratación (que en el particular resulta el Código Civil), sin perjuicio de la entrada en vigencia –con fecha 1 de agosto de 2015- del Código Civil y Comercial de la Nación.
Ello en tanto, su artículo 7 dispone que aquel no será aplicable a las relaciones o situaciones jurídicas –y sus consecuencias- consumadas, agotadas o extinguidas con anterioridad a su vigencia, excepto cuando exista disposición legal en contrario y en lo relativo a la aplicación de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. (En este sentido, KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., en La Ley 02/06/2015, punto IV último párrafo.; LORENZETTI, R. L., en “Cód. Civ. y Com. de la Nación Comentado” T. I, p. 47 y sgtes, Ed. Rubinzal Culzoni; “Cód. Civ. y Com. de la Nación Comentado” Tit. Prel. y Libro I, Ed. INFOJUS; p. 23 y sgtes; íd. SCBA, Ac. 107.423; art. 7, 3° párrafo, Cod. Civ. Com.). En nada obsta a lo expuesto, que la demandada resulte una compañía de seguros, pues la normativa de defensa del consumidor no limita ni distingue la naturaleza del servicio, por lo que el caso de marras queda alcanzado por las previsiones de la ley 24.240, en tanto la relación guarda adecuada comparecencia con la descripción del art. 1 de la mentada ley. No cabe duda que la accionada resulta "proveedora" de un servicio (el seguro) y que su actividad encuadra en las previsiones del art. 2 del régimen consumerista, pues participa en la oferta de bienes y servicios en el mercado y al público indeterminado.
Por ello, la actividad aseguradora se encuentra alcanzada por las premisas del artículo mencionado y, que además debe destacarse, no está expresamente excluida en el segundo párrafo de la norma citada .
Tampoco cabe duda de que el asegurado es un usuario o consumidor, por ello goza de una mayor protección como consecuencia de ser parte de una relación de consumo en virtud del régimen tuitivo aplicable.
Es desacertada cualquier interpretación, que condicione o supedite la aplicación de la ley 24.240 al hecho de que una ley especial -como la Ley de Segurosprevea mecanismos de protección para el consumidor. Recordemos que la normativa citada, desde el enfoque imperativo de un plexo de orden público, se articula como bisagra en las relaciones de consumo, avanzando sobre el Derecho Público, en cuanto no parte de la igualdad y libertad de las personas involucradas, sino que trata de lograr esa igualdad o posibilitar una mayor libertad. Como surge del art. 42 de la Constitución Nacional, el consumidor y/o usuario es protegido en sus derechos patrimoniales y la ley 24.240 asume este enfoque y le reconoce una serie de acciones que aquél puede ejercitar, a fin de mantener incólumes sus derechos frente al proveedor.
Asimismo, la normativa consumerista contiene un esquema de responsabilidad civil propio que prevalece sobre el previsto en el derecho común, aunque no excluye su aplicación y en diversos aspectos se complementa con él. (conf. Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba el día 19 de diciembre de 2008 en autos "Nieto, Olga del Valle c. Caja de Seguros S.A.", publicado en LLC2009, 322).
Es que el estatuto del consumidor es un sistema, en cuanto conforma un todo ordenado e interrelacionado, para la realización de un determinado objeto: la justicia correctiva a favor del consumidor (Cfr. Nicolau, N., La tensión entre el sistema y el microsistema en el derecho privado, en Trabajos del Centro N° 2, publicación del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Fac. de Derecho, U.N.R., Rosario, 1997, p. 79).
En esta misma línea argumental, Stiglitz ha sostenido que "...no hay razones jurídicas que puedan explicar esa postura {la de excluir el contrato de seguro como contrato de consumo}. Porque la ley de defensa del consumidor atrapa: desde el punto de vista del objeto, la "prestación de servicios" (art. 1 inc. b.). De eso se trata el seguro. Y desde el punto de vista de los sujetos, a "personas jurídicas que presten servicios a usuarios" (art. 2), tal como ocurre en el contrato de seguro..." (Stiglitz, Gabriel A., "Seguros y defensa del consumidor" publicado en LA LEY2004-A, 1496).
Sentado ello y adentrándome en el sub lite, destaco que, conforme surge de las alegaciones efectuadas en la demanda y sus contestaciones (fs.27/37, 64/74 y 86/90) la relación jurídica sustancial traída a éste Estrado, se ve configurada por un contrato de seguro de vida, cuyo tomador fue receptor de la oferta de la Cia. Aseguradora demandada a raíz de su condición de jubilado;
produciéndose dicho negocio jurídico en la sede del Banco Supervielle en el cual percibía sus haberes.
En consecuencia, estimo que la decisión a la que arribara el Juez de grado en torno a la normativa aplicable en el particular y atento a las condiciones de contratación debe ser modificada, por lo que determino aplicable conforme lo precedentemente expuesto, la normativa de defensa al consumidor. (arts. 163, 164 y concordants del CPCC)
2. Responsabilidad A) Debe destacarse que en estos obrados, tal y como se desprende de los escritos postulatorios y el intercambio telegráfico del que dan cuenta las cartas documento obrantes a fs. 4/5 y 47/50 (acompañadas por actora y demandada respectivamente), no existe discusión acerca de la existencia de un contrato cuyo valor asegurado era la vida del Sr. Cándido Gomez; contratación ésta efectuada por su esposa –apoderada para percibir su beneficio jubilatorio- y de la que resultaba beneficiaria Marta Susana Gomez, su hija –accionante-.
Asimismo, se encuentran contestes las partes y surge tanto de la prueba pericial contable y actuarial producida a fs. 384/401 como de las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 116/118, que la contratación se llevó a cabo en la sucursal Temperley del Banco Supervielle, resultando éste último agente de pago del beneficio jubilatorio del tomador. (art. 474 del CPCC) Y es en ése ámbito en el que ingresa a la discusión, tal y como lo expone en los agravios la accionante, una cuestión medular para resolver esta controversia, configurada por el deber de información.
Debe entenderse por obligación de informar: la prestación de comunicar, notificar, avisar, anunciar, participar, prevenir, advertir, poner en conocimiento de otro.
Asimismo, destaco que el fundamento último de la misma es la buena fe que debe primar en las relaciones jurídicas y la equidad que subyace la normativa legal. Su débito preexiste al nacimiento del contrato, se proyecta en la etapa de ejecución y sobrevive al mismo.
Esto toda vez que, “… en el anudamiento del consentimiento la plurilateralidad (intereses contrapuestos) debe fundarse en la auténtica expresión de la voluntad por parte del ofertante y del aceptante, las que de ningún modo pueden estar viciadas por haberse brindado una información falsa o reticente que induzca a error a la otra parte". (Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada Picasso - Vazquez Ferreyra Directores, Tomo II pág. 444, Ed. La Ley)
Entre nosotros, la ley de Defensa del Consumidor incorpora la obligación de informar en forma específica en su art. 4°, disponiendo que los empresarios deben suministrar a los consumidores, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los productos o servicios.
Y en particular, respecto del contrato de seguros "reiteradamente, se ha dicho de la obligación de información que pesa tanto sobre el asegurador como sobre el propio asegurado..." y que "... con relación al asegurador, tal deber se intensifica en la etapa precontractual dado su carácter de contrato por adhesión". (conf. Picasso - Vazquez Ferreyra Directores, Ob. citada págs. 446/447, art. 4 Ley 24.240)
Va de suyo que la carga de la prueba respecto a ésta cuestión, atento al tipo de contrato de que se trata, se encuentra necesariamente a cargo de la accionada, pues aquella se halla en mejores condiciones de aportar dichos medios a la causa. (art. 53 Ley 24.240)
Sobre esta particular cuestión debe considerarse además, que "... cuando el proveedor no aporte al juicio las pruebas que se encuentren en su poder, o estas se hayan perdido, o no se hayan producido cuando razonablemente se encontraba en cabeza de aquel su preservación, este extremo constituirá una presunción en su contra, que permitirá presumir el hecho invocado por el consumidor". (Picazzo - Vazquez Ferreyra Ob. citada comentario al art. 53 de la ley 24.240 Tomo I, pág 669) Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, destaco que en el sub lite, no se verifica la existencia de probanza alguna que pueda determinar fehacientemente la traducción de la información suministrada al tomador del seguro, respecto de la contratación cuyos términos a la postre su beneficiaria impugna (art. 164, 384 y concordantes del CPCC).
Nada obsta a lo expuesto, la producción de la prueba pericial contable -obrante a fs. 386/389-, pues la verificación de los términos de la contratación por parte del perito contador interviniente, implica una evaluación "ex post" de dicha convención y en relación a la temática planteada el análisis debe ser comparativo entre la información brindada y las cláusulas que finalmente fueron plasmadas en el contrato. (art. 384 y 474 del CPCC)
Prueba contundente de ello, hubiera sido -verbigracia- una constancia suscripta por el tomador del seguro de la entrega y conformidad de la póliza emitida (extremo éste que en el sub lite no se verifica). Lo precedentemente expuesto, me persuade a revocar lo resuelto en el anterior Estrado admitiendo en consecuencia la demanda contra Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A. con la extensión de la condena que será determinada en el apartado correspondiente. (arts. 10 bis, 40, 53 y concordantes de la ley 24.240, art. 1197 y concordantes del Código Civil, Art. 42 y concordantes de la C.N.)
B.- Distinta suerte correrá el reclamo efectuado respecto del Banco Supervielle, esto en tanto, sin perjuicio de haberse dado la contratación en el ámbito de la sucursal Temperley del mismo, lo cierto es que no se ha demostrado la relación comercial entre dicha entidad y la Compañía de Seguros demandada.
Pues, aún cuando pueda considerarse una obviedad la relación entre los mismos, no escapa del conocimiento y la valoración del suscripto, que al resultar el seguro de vida contratado por las partes, un servicio ofrecido a jubilados y pensionados del SIPA, debió contar la Aseguradora previamente con una autorización administrativa del Organismo competente.
Y dicha autorización, necesaria para acceder a la operatoria de descuentos sobre beneficios jubilatorios que pueden realizar terceras entidades, implica inexorablemente el ejercicio de un iter administrativo previo que limita la libertad de los aquí demandados en la contratación. (art. 14 inc. B Ley 24.241)
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el rol de los demandados (uno agente de pago del beneficio jubilatorio y el otro proveedor de servicio de seguros dirigido a la clase pasiva), se encuentra sujeto a la reglamentación y control de la ANSeS, considero que la parte actora, en caso de pretender hacer extensiva la condena a la Entidad Bancaria, debió haber producido probanzas tendientes a demostrar la relación comercial entre los accionados, de modo tal que permitiera establecerse su responsabilidad solidaria en los términos de la LDC (art. 40 ley 24.240, 164 y 384 y concordantes del CPCC).
Por estos los motivos expuestos, es que considero justo confirmar en éste particular aspecto, lo decidido en la instancia de grado, manteniendo el rechazo de la acción respecto del Banco Supervielle. (art. 164 del CPCC)
IV. Rubros reclamados 1.- Daño directo Doctrinariamente se ha definido al "daño directo" conforme a una doble acepción, por un lado refiere a los sujetos legitimados para reclamar la indemnización, interpretándose como directo si lo reclama la víctima del hecho e indirecto si es reclamado por una persona distinta de la víctima, que ha sufrido perjuicio por un interés propio y legítimo. Por otra parte se considera como daño directo o indirecto según la lesión reclaiga en las "cosas de su dominio o posesión", es decir, directamente en el patrimonio de la víctima, o indirectamente se refleja en el mismo "por el mal hecho a su persona, o a sus derechos o facultades". (conf. Teoría General de la Responsabilidad Civil, Bustamante Alsina, Novena Edición Ampliada y Actualizada, Ed. Abeledo Perrot pág. 177)
Retomando tales definiciones, Picasso ha expresado que la descripción de éste particular tópico establecida por el art. 40 bis de la LDC resulta una suerte de mezcla de las mismas, pues por un lado se lo identifica con el que recae sobre la persona o bienes del consumidor, pero por el otro, se acentúa que el nocimiento debe recaer "de manera inmediata" y excluye además como consecuencia de su restrictiva acepción la pérdida de chance, el daño moral y aquellos perjuicios patrimoniales que no se relacionen directamente con el bien sobre el que recayó la lesión, y los que sean consecuencia mediata de ella. (Sebastián Picasso, Ob. citada T° I pág. 532)
Ahora bien, analizado el reclamo efectuado en las presentes y sin perjuicio de la equiparación que el art. 1 de la LDC efectúa respecto del status del "tercero no contratante o by stander", la realidad es que en el particular el acotado ámbito de aplicación antes reseñado, que debe destacarse además, configura un instituto destinado a ser utilizado por el Órgano Administrativo de Aplicación y cuya cuantía debe deducirse de las eventuales acciones judiciales que pudieran ejercerse, no compatibiliza con el reclamo aquí esgrimido por lo que debe ser rechazado. (art. 40 bis ley 24.240)
Como natural correlato de lo antecedentemente expuesto, el rubro bajo examen no puede prosperar, por lo que en consecuencia se desestima. (art. 164 y concordantes del CPCC)
2. Daño punitivo En lo que refiere al agravio esgrimido por la accionante en éste tópico, debe recordarse que, este particular instituto incorporado a la legislación de defensa al consumidor mediante la ley 26.361, ha sido definido como "aquellos otorgados en los supuestos de daños para castigar al demandado por una conducta particularmente grave, y para desalentar esa conducta en el futuro" (Conf. cita de Picasso Ob. citada "Glannon, Joseph W.., The Law of tors, Little, Brown and Company, Boston, 1995, p. 242 y nota1.)
De lo expuesto se deduce que, Los daños punitivos tienen entonces un propósito netamente sancionatorio, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el daño a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar en concepto de indemnización de daños En el particular, la objeción de la accionante respecto de la falta al deber de información en relación a la contratación efectuada por el causante resulta relevante, pues si como lo vengo manifestando la accionada carece de herramientas que permitan contrastar que lo efectivamente plasmado en el contrato –cuya emisión es unilateral- con los términos de la oferta, dicha práctica favorece la posibilidad de brindar una contraprestación contraria a la efectivamente ofrecida. No resulta menor a efectos de analizar esta cuestión, el tipo de seguro contratado –de vida-, el ámbito –sede del agente de pago de jubilaciones y pensiones- y la figura del tomador que resulta una persona de avanzada edad (sin perjuicio de que en el particular haya sido contratado mediante apoderado). Pues analizado dicho contexto, tal y como se explicó al momento de tratar la responsabilidad de la Compañía de Seguros accionada, es exigible respecto de aquella claridad meridiana en la etapa pre contractual, de modo tal que el tomador, cuyo doble estandar de usuario y adulto mayor hemos resaltado, sepa fehacientemente que es lo que ha contratado.
Tal exigencia se agudiza, cuando la facilitación para la tarea de la oferta es puesta a disposición -como en el particular- mediante mecanismos previstos al efecto por la legislación de la Seguridad Social, a efectos de brindar beneficios a la clase pasiva que de otro modo, atento su magro ingreso y las limitaciones propias de la edad le impedirían alcanzar.
Ese y no otro es el fundamento del art. 14 inc. B de la ley 24.241, que permite el descuento directo de cuotas sobre el beneficio mensual de jubilados o pensionados del Sistema Previsional Argentino, a efectos de que el que los mismos puedan tener acceso a créditos o servicios como se viene diciendo.
Por tal motivo es, como se dijo que debe exigirse a la empresa demandada precisión absoluta en los términos del contrato y un modo fidedigno, claro, claro, conciso y verificable para que no existan dudas de que lo que finalmente se contrató fue el resultado de una oferta y aceptación sin puntos oscuros.
En el particular, ya he analizado al momento de tratar la responsabilidad de la accionada -en el considerando IV de la presente-, la manifiesta orfandad probatoria en relación a los términos de la oferta. Ésta circunstancia, que selló la suerte de la procedencia del reclamo, pues conforme lo determina el artículo 53 de la ley 24.240 -cuya doctrina ya hemos citado-, sin dudas era la accionada quien se encontraba en mejores condiciones de probar que la contratación resultaba reflejo fidedigno de la oferta y su aceptación, determina asimismo el eje central para la admisión de éste rubro en particular.
Mi convicción respecto de la admisión de éste especial rubro, consiste precisamente en las características particulares del público destinatario del tipo de seguro de que aquí se trata, pues aquel reviste -como lo anticipé- un doble estándar de protección que debe atenderse, por un lado el de consumidor y por otro el de adulto mayor.
Debiendo resultar, en consecuencia, el servicio brindado por la demandada un beneficio para el usuario, en términos claros que permitan a cada parte obtener la prestación contratada sin ninguna mácula de sospecha. Esta situación, va de suyo, en la especie no se verifica, pues de la producción de las pericias contable y actuarial que obran a fs. 384/401, nada se extrae en torno a la oferta efectuada en la etapa pre contractual y no se encuentran en la causa elementos de convicción que permitan al suscripto determinar acabadamente que el tomador -o su apoderada- obtuvieran luego de la celebración la contraprestación que les fuera prometida por su prestador.
Lo hasta aquí expuesto, me persuade acerca de admitir el rubro bajo examen, fijando su cuantía en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL $ (25.000), que considero justa a efectos de resarcir éste particular agravio, teniendo en cuenta las particulares características ya expresadas en relación al tópico bajo tratamiento. (art. 52 bis y concordantes de la ley 24.240)
3. Daño moral En torno al agravio referente al daño moral padecido por la accionante en el particular, debe destacarse que que el mismo es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. (art. 1078 del C.C. Y su doctrina; SCBA 13-6-89, “Miguez Rubén y otro c/ Comarca S.A. y otro” -L 40.790- El derecho Tº 136 pág.526)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha impuesto la doctrina que establece que el daño moral tiene carácter resarcitorio, el que surge de textos legales expresos (arts. 522 y 1078 del C.C.), no teniendo que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (“Forni, Francisco y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Indemnización de Daños y Perjuicios” F 439.XXI, setiembre 7 de 1989). Como bien dice Von Ihering, en “Ouvres Choisies” Paris, 1893, Tº II Pags. 154,155 y 179, al que sufre un perjuicio debe serle reparado no solamente por las pérdidas pecuniarias sino también por las restricciones llevadas a su bienestar, a sus conveniencias, por los disgustos, las agitaciones del espíritu que le han sido causadas. La persona, según este autor, puede ser lesionada por lo que es y por lo que tiene. En lo que es: su cuerpo, su libertad, su honor y en lo que ella tiene en sus relaciones con el mundo exterior.
A lo dicho, ha de sumarse que si bien es cierto que el daño moral sólo se configura excepcionalmente en materia contractual y se exige de una prueba categórica del perjuicio; dicha circunstancia ha de ceder en presencia de una relación contractual regida por la ley de Defensa del Consumidor; como acontece en la especie. Ello, atento a que en supuestos como el presente se ha flexibilizado el criterio para su apreciación. En el particular, encontrándose debidamente acreditada la falta de efectivo pago al actor de las sumas adeudadas en concepto de la póliza de seguro de vida contratada por el causante, además de todas las vicisitudes que dicha circunstancia le ha ocasionado en su calidad de consumidor y la suerte de regateo de la indemnización a la que ha tenido que someterse debido a la falta de claridad en las condiciones de la contratación, es que considero acreditado el menoscabo que dice el mismo haber padecido en concepto de daño moral.
En virtud de las razones y fundamentos expuestos, si mi opinión es compartida, propongo al acuerdo la admisión del rubro "daño moral", fijando el mismo en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) (arts. 522, 622 y concds. Cód. Civil, arts. 3 y 17 ley 24.240)
4. Valor asegurado Toda vez que no surge acreditado en autos que la parte actora haya percibido las sumas adeudadas conforme la póliza de seguro de vida contratada por el causante; corresponderá en consecuencia admitir esta parcela del reclamo.
Esto en tanto, sin perjuicio de haber sido comprobado por el perito actuante en su experticia de fs. 386/389 -y conforme surge del informe actuarial de fs. 391/401- la existencia de la póliza, la liquidación del siniestro y la emisión del cheque correspondiente a favor de la accionante, su falta de entrega efectiva configura el incumplimiento de la contratación.
En nada obsta a ello, la discusión manifiesta en torno al monto asegurado, pues bien pudo la demandada si hubiere existido resistencia de la actora a recibir dichas sumas (circunstancia que además no ha sido comprobada) hacer efectivo su pago mediante consignación judicial.
Los cuestionamientos en torno a la diferencia entre el valor efectivamente asegurado y los términos de la oferta que ya han sido tenidos en cuenta y cuyas consecuencias fueran indemnizadas a raíz de la admisión de los rubros precedentes, no pueden ser atendidos concretamente, pues no hay elementos que permitan condenar en la medida de una negociación pre contractual cuyos extremos y cuantía, si bien no han podido ser efectivamente comprobados por la demandada, tampoco han sido determinados inequívocamente por la actora. Debe destacarse en éste punto que la carga impuesta por el art. 53 de la ley de defensa del consumidor citado oportunamente no releva al actor de probar los extremos que invoca, puesto que la carga de la prueba no se invierte, sino que se agrava la colaboración que en relación a ella debe efectuar el proveedor de servicios (conforme doctrina del art. 53 de la LDC Picasso, Ob. Citada Tomo I pág. 670)
Y en dichos términos debo destacar que, sin perjuicio de la orfandad probatoria respecto de la oferta en la etapa pre contractual, cierto es que en la probanza de la existencia del contrato y sus condiciones el demandado ha acreditado la extensión certera de su obligación (ver pericial contable y anexos obrantes a fs. 384/401).
Los motivos expuestos, me persuaden acerca de condenar a la accionada a abonar a la actora la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) en concepto de riesgo asegurado, conforme a los guarismos que arroja la pericia producida en éstos obrados a fs 386/389. (Arts. 384, 474 y concordantes del CPCC, 1197 y concordantes del Código Civil, 10 bis y concordantes de la ley 24.240)
6. Intereses En cuanto a los intereses, siguiendo el criterio adoptado por ésta Sala en consonancia con la doctrina legal que sobre el tópico ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, determinando que los créditos deberán calcularse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos periodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso; corresponde en consecuencia determinar los mismos como accesorios de la condena que se establece en el presente, debiendo computarse desde la fecha de fallecimiento del Sr. Cándido Gomez, tomador del seguro (que según consta en autos resulta el 17/7/2010) y hasta el efectivo pago (Cfr. SCBA, Ac. B62488, Sent. 18/05/2016, autos: "Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverria s/ demanda contencioso administrativa"; arts. 622 y 623 del Cód. Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928).
En base a estas consideraciones:
-VOTO POR LA NEGATIVA-
A la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTA POR LA NEGATIVA.-
A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede corresponde revocar la apelada sentencia de fs. 347/351. En consecuencia, hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Marta Susana Gomez contra Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. condenando a esta última a abonar a la actora dentro de los diez días de quedar firme la pertinente liquidación, la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000), con más intereses desde el 17/7/2010 y hasta el efectivo pago conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos periodos de devengamiento conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso. Confirmar el rechazo de demanda respecto de Banco Supervielle S.A.. Las costas de ambas instancias deberán ser afrontadas por la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.) Postergándose la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.-
-ASI LO VOTO-
A la misma segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.-
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente -S E N T E N C I A- En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe revocarse. Con costas de ambas instancias a la demandada (art.68 del C.P.C.C).-
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES I.- Revócase la sentencia apelada haciéndose lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Marta Susana Gomez contra Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. condenando a esta última a abonar a la actora dentro de los diez días de quedar firme la pertinente liquidación, la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000), con más intereses desde el 17/7/2010 y hasta el efectivo pago conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos periodos de devengamiento conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso. Confírmase el rechazo de demanda respecto de Banco Supervielle S.A..
II. Impónense las costas de ambas instancias a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).-
III. Difiérase la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese en formato papel de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 143 del rito y el artículo 8 del "Protocolo para la notificación por medios electrónicos" (Ac. N° 3845) y, consentida o ejecutoriada, devuélvase a la instancia de origen.
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JAVIER EZEQUIEL VIGNOLO AUXILIAR LETRADO
Fin de la sentencia