Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2242/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 527/534, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 537 y vta.-
2Remitir las presentes actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fin de que arbitre las medidas necesarias para que se proceda a la notificación de la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia, con arreglo a lo preceptuado por el artículo 72 de la Ley Nº 3330.-
3Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de las anteriores instancias lo dispuesto en el considerando VIII.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2242/18-TSJ Interlocutorio N°: 3440 Actor: GOMEZ OSCAR ALFREDO Y OTROS Demandada: LOGITEC S.H.
Objeto: LABORAL Fecha: 10-12-2018 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3440 FOLIO Nº 5819/5823 PROT. ELECT. TSS1 101 I.181
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “GOMEZ OSCAR ALFREDO Y OTROS c/ LOGITEC S.H. s/ LABORAL”, Expte. N° G-968/13 (G-2242/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Miguel Nicolás Cano (cfr. fs. 527/534), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 519/524, que confirmó la sentencia de Primera Instancia que luce a fs. 498/500 vta. Esta última rechazó la demanda promovida, con costas a los actores ven-cidos.- Los accionantes recurren el fallo de Segunda Instancia en los términos de los artículos 2º y 3º, incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De-creto Nº 2228/15-, acusando quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. foja 527).-
II. En la especie, los Sres. Oscar Alfredo Gómez, Héctor Miguel Martínez y Orlando Américo Ojeda promovieron demanda laboral reclamando diferencias salariales originadas por la falta de aplicación de las pautas salariales establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 y por el incumplimiento de los aumentos salariales acordados por la empresa demandada a sus empleados (cfr. fs. 311/317).-
Por su parte, la accionada sostuvo que el período de vigencia del convenio aludido feneció el día 31 de enero de 1992 y, además, su caducidad quedó ratificada por el Decreto Nacional Nº 817/92, por lo que negó que la liquidación de los haberes de los accionantes debiera realizarse con arreglo al mismo. Expuso que en su reemplazo se celebró el Convenio Colectivo de Trabajo N° 431/05, del cual quedaron excluidos los puertos patagónicos y que, en este contexto, los trabajadores de la localidad de Puerto Deseado establecieron negociaciones directas con sus empleadores relativas a los aumentos salariales (cfr. fs. 325 vta./326). Ade-más, indicó que los salarios de los reclamantes fueron liquidados de conformidad a los montos oportunamente acordados (cfr. foja 326 vta.).- La sentencia dictada por la jueza de Primera Instancia rechazó la demanda (cfr. fs. 498/500 vta.), y oportunamente fue confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. fs. 519/524).-
Los Magistrados de la Alzada al confirmar la sentencia de Primera Instancia expusieron que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 quedó suspendido en su vigencia por el Decreto Nacional N° 817/92. Consideraron que no resultaba de aplicación el principio de ultractividad de los convenios colectivos y, consiguientemente, indicaron que no se violó ningún derecho adquirido ni el principio de irretroactividad de la ley. Finalmente, verificaron la inexistencia de diferencias salariales (cfr. fs. 522/vta./523).- Contra este pronunciamiento, los recurrentes interpusieron recurso de casación aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley.-
En cuanto al quebrantamiento de forma, los recurrentes sostienen que: “…la sentencia en crisis…denota una postura totalmente incongruente, parcial y arbitraria, pues, simplemente, en muchos de sus pasajes, se aparta del 'thema decidendum' y da por ciertas todas y cada una de las alegaciones de la demandada…” (cfr. foja 529).-
Afirman que el pronunciamiento cuestionado: “…no analiza de ningún modo, los argumentos vertidos por esta parte respecto a que un decreto no puede derogar un convenio colectivo de trabajo. Pero que aún habiéndose derogado, y no habiéndose establecido un nuevo marco legal debe estarse a lo normado en el convenio colectivo por el cual se regulaba la relación laboral, pues de lo contrario se estaría flexibilizando la actividad, poniendo a criterio del patrón, del empleador los rubros que se pagan y los que no, violentando los derechos adquiridos…” (cfr. foja cit.).- Expresan que: “Tampoco analiza el ad quem lo expresado respecto a que por el principio de irretroactividad de la ley, por lo que una nueva ley o norma no tiene efecto en situaciones ocurridas antes de su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales en que se disponga lo contrario, pero nunca pueden afectar dere-chos adquiridos ni hechos cumplidos...” (cfr. foja 529 vta.).-
Postulan que el fallo: “…desconoce o no aplica los principios protectorios del derecho del trabajador. No sólo porque no los aplica, sino por que (sic) permite la flexibilización de la actividad, a favor de la empresa demandada y en desmedro de los intereses y de los derechos de mis mandantes…” (cfr. foja 530).-
Manifiestan que la sentencia: “…viola las formas y solemnidades sustanciales para el procedimiento, al formular argumentos que constituyen ver-daderas defensas que ni siquiera la propia demandada se atrevió a esgrimir, suplantando a la misma, en desmedro de los intereses de mis mandantes y en abierta violación del derecho de igualdad de las partes y violentando principios de raigambre constitucional como lo es el de los derechos adquiridos y los principios protectorios de los derechos del trabajador.” (cfr. foja 531).- En lo concerniente a la violación de la ley denunciada, los recurrentes refieren que el fallo en crisis viola el principio de congruencia y el debido proceso, al tratarse cuestiones que no han sido alegadas o puestas en consideración de las partes. Además, invocan la aplicación errónea de los artículos 7 y 14 bis de la Constitución Nacional, al permitir la desregulación y flexibilización de la relación laboral y, consiguientemente, la quita de los beneficios contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89. Finalmente, señalan que se ha omitido aplicar el artículo 13 de la ley 25.877, que instala el principio de ultractividad de los convenios colectivos de trabajo cuando no se ha celebrado un nuevo convenio (cfr. foja 533 vta.).- Hacen reserva del caso federal (cfr. fs. 533 vta./534).-
A fs. 537 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 555 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Pará-grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabi-lidad del planteo casatorio.-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 527/534 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
Como se anticipó, los recurrentes pretenden que sus salarios sean ajustados a las pautas contempladas por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89, lo que fue rechazado en la instancia ordinaria, puesto que los jueces de la Alzada consideraron que el mencionado convenio quedó suspendido en su vigencia a raíz de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto Nacional N° 817/92, lo que se corroboró con el informe emitido por el Sindicato de Capataces y Estibadores Portuarios.- La temática planteada no resulta susceptible de revisión -en principio- en esta instancia extraordinaria. Así, este Alto Cuerpo ha sostenido en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (cfr.
Interlocutorios, Tomos X, Reg. 1383, Folio 1924/1926; XXII, Reg. 2786, Folio 4347/4350; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497; XXIV, Reg. 2954, Folio 4747/4.750; XXV, Reg. 3043, Folio 4931/4934, entre otros), circunstancias que -como se adelantó- no aparecen plenamente demostradas en el recurso bajo análisis.- En idéntico sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al afirmar que: “…como los convenios colectivos no constituyen ley en sentido formal, sino un contrato, su aplicación e interpretación es cuestión circunstancial propia de la instancia ordinaria y ajena a la casación…” (cfr. “Maller”, causa L. 82.300, sent. de 19-VII-2006, entre otras). En este sendero, indicó que “…la interpretación de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo, o su aplicación a una específica relación laboral, constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo…” (cfr.
“Arce”, causa L. 118.380, sent. del 11-IV-2018 y “Pérez”, causa L. 110.090, sent. del 11-IX-2013, entre otras) y que “…defi-nir si un convenio colectivo de trabajo resulta aplicable o no a algunos trabajadores o si determinada actividad se encuentra comprendida en el mismo -en tanto cuestión fáctica- constituye una facultad privativa de los jueces de grado cuya decisión se encuentra exenta de revisión en casación…” (cfr. SCBA, causa L.43.587, “Villaverde”, sent. del 06-III-1990; www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/1595/1990).- De igual modo, este Alto Cuerpo ha resuelto que el discernimiento de un reclamo por diferencias salariales constituye una cuestión de hecho y prueba -materia propia de los jueces de grado- que es, en principio, irrevisable en casación, salvo el caso de absurdo en la valoración de la prueba (cfr.
Interlocutorios, Tomos XXIII, Reg. 2878, Folio 4536/4539 y XXIV, Reg. 2906, Folio 4616/4618). En esta línea, el cimero tribunal bonaerense sostuvo que “…determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales es función privativa del tribunal del trabajo y las conclusiones que al respecto formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son en principio revisables en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo…” (cfr. “Iriarte”, causa LP L 93.883 S, sent. del 28-V-2008; “Attene Ramos” causa LP L 108.252 S, sent. del 06-VI-2012; “Castillo”, causa LP L 82.019 S, sent. del 7-IX-2005).-
V. En este marco, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por los jueces de la Cámara. Por el contrario, las afirmaciones de los recurrentes pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado, resultando insuficiente para este cometido la cita de normas y principios presuntamente infringidos, si no se justifica en el caso concreto cómo se produjo esa violación.- Es que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, los recurrentes se limitan a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarles el ejercicio de la facultad que les asiste -en modo privativo- en lo vinculado a la interpretación de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo.- La mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones de hecho- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del tribunal de grado, sean portadoras del vicio del ab-surdo.-
Como consecuencia de lo precedentemente señalado, los argumentos dirigidos a sustentar la aplicación del principio de ultractividad de los convenios colectivos de trabajo en el caso de autos aparecen como meros criterios discordantes con la solución adoptada por la Alzada.-
Cabe rememorar que este Tribunal Superior tiene dicho que cuando existen distintas visiones sobre el 'thema decidendum', como sucede en el presente caso, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad (cfr. Interlocutorios, Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919; XXIX, Reg. 3384, Folio 5662/5666).- En suma, se observa que los recurrentes pretenden recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Idéntica suerte adversa debe correr el agravio vinculado con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como los con- tenidos en los artículos 7 y 14 bis de la Constitución Nacional, en la medida en que los impugnantes omiten indicar de que forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su apli- cación concreta al caso y sin explicar de que manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constituciona- les sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocu- torio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VI. Las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial.-
Los recurrentes aseveran que la Cámara no analizó sus planteos relativos a la imposibilidad de que un decreto derogue un convenio colectivo de trabajo y que aún en estos supuestos debe estarse a lo normado por éste último. Además, sostienen que los jueces de la Alzada tampoco examinaron el principio de irretroactividad de la ley.-
Ahora bien, cabe puntualizar que el programa impugnativo de los recurrentes exhibe una técnica recursiva insuficiente, puesto que no individualiza los preceptos adjetivos presuntamente quebrantados. Amén de ello, su demostración también resulta fallida, en tanto los magistrados de la Cámara examinaron cada uno de los cuestionamientos sometidos a su decisión (cfr. fs. 522 vta./523), postulando la inaplicabilidad al caso concreto del principio de ultractividad de los convenios colectivos y desechando la violación de algún derecho adquirido o del principio de irretroactividad de la ley. Por esta razón, cabe concluir que las omisiones endilgadas a la decisión emitida por la Cámara no se encuentran debidamente verificadas.- En suma, la articulación así deducida por los recurrentes no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objeti-vo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego, encontrándose debidamente motivada.-
VII. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de los recurrentes sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta sufi-cientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido. En esta inteligencia, este Tribunal ha sostenido que “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.-
VIII. Más allá de los planteos propuestos por los recurrentes, corresponde advertir que del examen de las actuaciones se desprende que la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia que luce a fs. 498/500 vta. no fue notificada de conformidad a los términos prescriptos por el artículo 72 de la ley 3330, cuyo texto dispone que: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de éstos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público. Serán ape-lables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá previo traslado a la parte contraria en el plazo perentorio de diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada sin excepción y dilación alguna antento el carácter alimentario que reviste el honorario profesional.”.- En consecuencia, se torna imperativo que a fin de garantizar el resguardo del debido proceso y defensa en juicio se proceda en las instancias de grado a arbitrar los medios necesarios para que se cumplimente la notificación omitida, con arreglo a la normativa precitada.-
En este contexto, corresponde hacer saber a los Magistrados y Funcionarios intervinientes que, en lo sucesivo, deberán prestar la debida atención y acatamiento a las formas procesales a fin de evitar esta clase de errores que generan un innecesario dispendio jurisdiccional.-
IX. Que en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 527/534, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declarar-lo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 537 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada.- Asimismo corresponde remitir las presentes actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fin de que arbitre las medidas adecuadas para que se proceda a la notificación de la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia, con arreglo a lo preceptuado por el artículo 72 de la Ley Nº 3330.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 527/534, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 537 y vta.-
2. Remitir las presentes actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fin de que arbitre las medidas necesarias para que se proceda a la notificación de la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia, con arreglo a lo preceptuado por el artículo 72 de la Ley Nº 3330.-
3. Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de las anteriores instancias lo dispuesto en el considerando VIII.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1101I.181 Tomo: XXX Interlocutorio: 3440 Folio N°: 5819/5823 Secretaría: 1
Fin de la sentencia