Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 5 de Morón · Causa MO-2452-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEL TRIBUNAL DE TRABAJO NRO. 5 DE MORON
RESUELVE POR UNANIMIDAD:
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por GOMEZ ROBERTO ANDRES y condenar a la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9 , a pagar al accionante la suma de pesos once millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta, $ 11.481.470 con la incidencia del interés índice RIPTE incluido en concepto de prestación dineraria prevista por Art. 14, apartado 2° inc. a) ley 24.557, los que deberán ser abonados dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 ley 15.057).
II. Para el supuesto que la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9 , no ponga a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido de diez días de notificada de la presente sentencia, se aplicara un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la nación argentina, hasta la efectiva cancelación. Por ello en caso de mora se aplicará la capitalización de intereses prevista en el artículo 770 inciso 'c' del Código Civil y Comercial. Cuya operatividad ante la mora en el pago de la sentencia, exige tres requisitos: la existencia de una liquidación judicial firme y aprobada; una intimación formal de pago dictada por el tribunal; y la renuencia o mora posterior del deudor frente a dicho mandato. …
"GOMEZ ROBERTO ANDRES C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE IN ITINERE MO-2452-2024."
En la Ciudad de Morón, en la fecha y hora consignadas en las referencias de firma digital impuestas al pie y utilizando las herramientas tecnológicas se encuentra reunido el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de Morón, integrado por el Dr. Carlos Ariel Diaz junto a al Dr. Ambrosio Valle (jueces naturales del tribunal), y la Dra. María Alejandra Amaya (Jueza subrogante, del Tribunal del Trabajo N° 2) a fin de dictar sentencia, en conformidad con lo dispuesto por el art. 54 tercer párrafo de la ley 15.057, en estos "GOMEZ ROBERTO ANDRES C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE IN ITINERE MO-2452-2024." practicando sorteo en el siguiente orden DIAZ -AMAYA-VALLE y planteando las siguientes,
- C U E S T I O N E S-
PRIMERA; ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: El señor Juez Doctor Carlos Ariel Diaz, dijo:
I. Antecedentes: Relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (art. 57 inc. 3 Ley 15-057).
Dirige su acción contra la DIAPA que resolviera determinar una incapacidad en el trabajador por el accidente que reclama, que considera insuficiente.
Narra que al momento del siniestro se encontraba prestando tareas CI´DANE S.A (CUIT: N° 30-70935176-8, contando con una antigüedad de tres años, cumpliendo funciones laborales como CHAPISTA.
Que con fecha 10/08/21, aproximadamente a las 07:50hs, mientras se dirigía a iniciar su jornada laboral a bordo de su vehículo, sufrió un grave e inesperado accidente de tránsito. Como consecuencia del mismo sufrió un fuerte latigazo cervical y contusión en su rodilla izquierda. Atento al intenso dolor, decidió realizar la denuncia del siniestro en su Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Desde la fecha del accidente hasta la actualidad, el trabajador experimenta dolores y limitaciones que afectan notablemente su rutina laboral y cotidiana. Al mismo tiempo ha sufrido un grave daño psicológico que se desarrollará en el apartado correspondiente. Cabe aclarar que EXPERTA A.R.T. reconoció la contingencia y el accidente in itinere sufrido, otorgándole al trabajador las prestaciones necesarias para su pronta rehabilitación y fisioterapia hasta la fecha del alta médica . La ART brindo las atenciones kinesiológicas, asimismo el actor debió ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas, realizar reposo y más de 40 sesiones de fisio kinesiología. Tanto las cirugías como el tratamiento kinesiológico recibido fueron resultado de los reiterados reclamos iniciados en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo toda vez que, de no iniciar dichos trámites, el Sr. Gómez no hubiese sido intervenido quirúrgicamente y la realidad física y psicológica hoy sería aún más grave.
Que el día 14 de febrero de 2023 , pese a continuar con dolencias y limitación funcional, le otorgan el alta médica, sin incapacidad.
Es así que inicio el Tramite por Divergencia ante la SRT, dictaminando una incapacidad de 7.20%.
Manifiesta acerca de la responsabilidad de la aseguradora. -
Denuncia padecer una incapacidad física del 17%, que todo consecuencia de que el 14.10.2021 fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda, posteriormente 14/09/22 sufrió nuevo episodio que empeoro su cuadro. Incapacidad psíquica del 11% de la total obrera. Practica liquidación. Opone inconstitucionalidad del art. 3 ley 26.773. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda, con costas. -
Mí representada oportunamente y durante la vigencia del contrato de afiliación 5023118 (vigencia 01/11/20 a la fecha) con la empleadora CI´DANE S.A (CUIT 30-70935176-8), cumplió con la totalidad de las obligaciones que la Ley 24.557. Recibida la denuncia el día 10/08/21 por el accidente sufrido el día 10/08/21, mi representada procedió a brindar las prestaciones en especie relacionadas con las secuelas atribuibles al accidente pertinente.
Contesta la demanda, niega, rechaza y desconoce todo lo afirmado por el actor en la demanda.
Reconoce haber recepcionado la denuncia por el siniestro en fecha 10/08/21 y sucedido el 10/08/21, asentada bajo el numero 2041430202105497900. Dice que el actor ingreso por dolor punzante a nivel cervical en la zona lumbar y en la rodilla izquierda, se le realizaron estudios médicos, se lo opera de la rodilla y una vez terminada la rehabilitación y atento a la inmejorable atención medica otorgada, se le dio de alta médica en fecha 14/02/23.-
Reconoce que en fecha 13/07/23 el actor inicio tramite por Divergencia en la determinación de la Incapacidad, ante la Comisión Medica N° 381 de la localidad de Morón, la cual concluyo que poseía 7.20% de incapacidad. -
Opone en primer término, excepción de falta de acción. No agota instancia administrativa respecto de la patología psicológica. Se opone a la actualización de índice Ripte. Plantea improcedencia intereses conforme resolución 414/99 y SRT 104/98. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de las actas 2601, 2630, 2658. Pide inconstitucionalidad decreto 54/17, de la ley 27348 y decreto reglamentario 298/17. Solicita: aplicación fallo Bonet c/ experta art sa s/ acción civil. Aplicación leyes 24307, 24432 y decreto 1813/92. Solicita aplicación art. 2 ley 27348 respecto honorarios peritos. Reserva de repetir del empleador el pago conforme art. 28 inciso 2 LRT.
Impugna liquidación. Ofrece prueba. Solicita aplicación baremo 659/96 conforme art. 9 ley 26773 y art. 2 ley 27348. Se opone a la producción de la pericial psicológica y a la realización de estudios médicos de manera privada. Hace reserva del Caso Federal y solicita el rechazo de la demanda, con costas.
Con fecha 28 de febrero de 2024, se confiere segundo traslado, siendo contestado en el mismo por la actora en fecha 11 de marzo de 2024.
En fecha 06 de mayo de 2024, el Tribunal de Trabajo N° 5 dicta Sentencia Interlocutoria; resolviendo: I) Rechazar la excepción de falta de acción tratada conforme sus fundamentos como incompetencia material respecto de la incapacidad psicológica reclamada, habida cuenta que el presente reclamo se canaliza a través de una acción ordinaria plena y amplia conforme argumentos expuestos (Leyes 27.348, 14.997, art. 2 in c j y 103, ley 15.057; SCBA en la causa L 121.939, "Marchetti, Jorge Gabriel C/ Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo- Acción Especial"). II) Imponer las costas a la demandada, atento el carácter de vencida. Difiriéndose la regulación de honorarios para la Definitiva (arts. 19, 22 y 63 ley 11.653; 68 C.P.C.C.). III) Regístrese, notifíquese con carácter urgente y sigan los autos según su estado. -
Que con fecha 17 de mayo de 2024, se proveen las pruebas ofrecidas. -
En AVC 24/09/26 producidos los medios probatorios ofrecidos, y en ausencia de medios orales a producir y con la voluntad de las partes de desistir cualquier prueba pendiente que las partes tengan pendientes, el tribunal confirió a las partes el plazo de cinco días para alegar sobre el mérito de la prueba producida y por escrito.
Habiéndose otorgado los pertinentes traslados a las partes a fin de que presenten los alegatos, clausurada la etapa probatoria e integrado debidamente el Tribunal, están estos autos en condiciones de resolver, pasando el 16/10/26 al dictado de sentencia.
II. HECHOS ACREDITADOS y NO ACREDITADOS (inc. 4 del art. 57 de la Ley 15.057).
No es motivo de controversia:
II.1. Quien insta la acción, persigue la indemnización en los términos de la ley 24.557 (art. 6°) y el art. 3° de la ley 26.773, en virtud de las secuelas incapacitantes que denuncia a consecuencia del accidente in itinere padecido el 10 de agosto de 2021.-
Asimismo, no ha mediado controversia respecto a la competencia material asumida por el tribunal. Con la tramitación del Expte. SRT N° 321122/23, el damnificado acredito haber ocurrido en instancia previa ante la Comisión Medica de Morón, dando cumplimiento con el art. 1° de la ley 27.348 y art. 2 inc. "J" de la ley 15.057.-
Atendiendo a la forma como quedó trabada la litis y en ausencia de controversia al respecto, habré de tener por cierto que la accionante GOMEZ ROBERTO ANDRES mantiene una relación de trabajo CI´DANE S.A (CUIT: N° 30-70935176-8) desempeñándose como CHAPISTA desarrollando las tareas atinentes al puesto al momento del siniestro denunciado.
Con las constancias emergentes de la demanda y del expediente administrativo 321122/23 iniciado por DIVERGENCIA EN LA DETERMINACION DE LA INCAPACIDAD tramitado ante comisión médica jurisdiccional 381, he de tener por cierto que la actora nació el 15 de septiembre de 1989, y que tenía 31 años a la fecha de ocurrencia del infortunio de fecha 10/08/21.-
No se encuentra controvertido en el proceso la naturaleza laboral del infortunio padecido por el trabajador damnificado, ya que llega firme a esta instancia el no rechazo de la demandada en el trámite administrativo respecto al padecimiento de la incapacidad sufrida por la actora, denunciada el día 17/07/23 (Dec.717/17 art. 6 y 7), consecuencia de otorgar un alta con reconocimiento de secuelas incapacitantes, cuyo porcentaje incapacitante de 7.20%, no fue aceptado por el aquí actor, lo que ocasiono el inicio expediente ante CMJ por divergencia de incapacidad.
No es un hecho controvertido que el día 10/08/21, que se haya realizado la denuncia del siniestro que se ventila. Asimismo, la aseguradora NO RECHAZO el siniestro y SI asistió a la afiliada, otorgándole el alta 14/02/23.-
Razón por la cual y al haberse declarado por parte de la aseguradora de tratarse de un accidente de trabajo in itinere, no hubo prosecución al declararse con 7.20% de incapacidad, que fue rechazada oportunamente por la aquí actora. Queda acreditado que la Comisión Médica citó a las partes, pudo examinar al afiliado y en base a los estudios realizados, y con la documentación obrante en el expediente esta Comisión Médica dictamina lo up supra establecido, luego mediante DIAPA-2023-32743-APN.SHC38#SRT con fecha 14/11/23 donde ratifica lo dictaminado por CMJ que hay discapacidad 7.20% en el alta, no aceptada por la aquí actora, lo que genero la presente presentación judicial.
No se tiene conocimiento que en la actualidad no se encuentre trabajando en las mismas tareas que desarrollaba al momento de la denuncia, conforme consta en las actuaciones administrativas.
No es un hecho controvertido las remuneraciones percibidas por el trabajador y de la pericia de fecha 24/09/24, y ante la ausencia de impugnaciones planteadas. De lo que se desprende que el perito contador SCIUTO NOELIA BEATRIZ practico la pericia conforme a las indicaciones, dicho esto, este aquo entiende que del contraste del archivo embebido y de la pericia contable practicada no se encuentra discordancia en cuanto a la forma de practicar el informe. Por lo que, no hay motivo como para que este Tribunal se aparte de la conclusión establecida en la pericia contable practicada, ya que deja practicada pericia por ley 27348. En base a ello se efectúa cálculo del IBM de acuerdo con el procedimiento establecido por el art. 11 Ley 27.348.
Ripte Índice Ajustada
A modo ilustrativo informo el valor del IBM actualizado por RIPTE a la fecha del accidente denunciado, siendo $1.097.064,20 /12= $91.422,02
El IBM expresado conforme art. 12 ley 24557, modificada conforme art. 11 de la ley 27.378 a la fecha del hecho denunciado asciende a la suma de $91.422,02
Con la pericia contable firme y consentida por las partes tengo por probado un
IBM de $91.422,02
II.2. Conforme lo expuesto y en cuanto a las patologías que el damnificado ha denunciado como incapacitantes, era carga del peticionario acreditar tales dolencias de conformidad con la carga impuesta por el art. 375 del CPCC (art. 689 de la ley 15.057), a quien afirma un hecho constitutivo, obligación que, a la luz de la prueba producida, ha logrado acreditar. -
Quiero dejar sentado que los estudios serán valorados basándose en el principio de inmediación y sana crítica, valorando los informes médicos en conjunto con las demás pruebas (testigos, confesionales, documentales) y las otras pericias, existiendo la posibilidad de apartamiento si lo considerase pertinente.
La pericia medica fue presentada el día 14 de agosto de 2025. Informo el perito Dra. CAROLINA CEJAS , luego de efectuar la revisación clínica del damnificado en fecha 04/12/24 y analizar los estudios complementarios solicitados, ponderando además la ausencia de patología previa o posterior que justifiquen esas lesiones: "Con relación a la causa-efecto pueden considerarse absolutamente ciertas todas las lesiones descriptas, habida cuenta de los elementos que preceden, deben admitirse sobre la base de los informes de los estudios, de la historia clínica, y demás constancias que obran en el expediente, que existe una relación de causalidad entre el siniestro relatado en autos y las secuelas descriptas. Para catalogar la incapacidad física del actor se recurrió al BAREMO 659/96 de la ley 24.557".
Constato entonces de la RODILLA IZQUIERDA: a la inspección se observan dos cicatrices ojivales de 2cm cada una x 0,5cm hiper coloreadas supra e infra rotulianas compatibles con la cirugía realizada. Con el paciente en bipedestación, se destaca una marcha dificultosa sobre el miembro evaluado. Con el paciente en decúbito dorsal, se evidencian signos de derrame articular. El diámetro del cuádriceps a 7cm por encima del borde rotuliano superior fue de 45 cm y el contralateral de 46.5cm. A la inspección de los movimientos medidos por goniómetro se evidencia que la FLEXION ACTIVA y PASIVA fue de 130° (normal 150°) detenida por dolor irradiado al borde interno articular, la EXTENSION fue de 0° (normal 0°). A la palpación se evidencio signo de Choque Rotuliano, la palpación de la interlinea ósea externa provocaron dolor y también la palpación del polo superior e inferior de la rótula. La palpación de la tuberosidad tibial anterior, como de la cabeza del peroné no despertó dolor manifiesto en el actor. Tampoco se comprobó Roce Rotuliano y la prueba de MAC MURRAY (maniobra que se realiza con el fin de evidenciar lesiones meniscales) despertó dolor en el borde externo articular. En cuanto a las maniobras realizadas para evaluar signos de rotura de ligamentos laterales, no se generó dolor manifiesto tanto en VARO como VALGO FORZADO. En relación a los ligamentos cruzados, no presento signos del cajón anterior ni posterior.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS RESULTADOS-RMN DE RODILLA IZQUIERDA: con fecha 12/12/24 firmado por el Dr. Herrero MN 91822 que informa: "Se observa alteración en la señal y configuración de las fibras de inserción distal del ligamento cruzado anterior, hiperintensa en IR, sin modificaciones en T1 y T2, con características de posible desgarro micro fibrilar a este nivel, a valorar junto a antecedentes del paciente y maniobras traumatológicas. El ligamento cruzado posterior, tendón del cuádriceps, rotuliano y ambos colaterales muestran señal y morfología respetada. Aumento de líquido intraarticular retro patelar, que llega al receso sub-cuadricipital. No se observan signos de menisco Patía. Está respetado el espesor y señal del cartílago de revestimiento hialino articular. La señal de la médula ósea de ambos extremos articulares como de la patela se presenta de características conservadas; visualizándose configuración patelar Wiberg 2."
Para tabular las incapacidades del Sr. Gómez se ha recurrido al Baremo 659/96 de Ley 24557, en referencia a la limitación funcional detectada en la rodilla izquierda, en concordancia con el informe de resonancia magnética nuclear el Baremo utilizado describe en su capítulo Osteoarticular, Rodilla, meniscectomía con secuelas, ponderando una incapacidad del 15%.
Adiciono luego los factores de ponderación: dificultad leve para la realización de las tareas habituales en forma: 10%. no amerita recalificación: 0%. edad mayor de 31 años: 2%.
Concluyendo el perito que; habiendo empleado el método de la capacidad restante, el demandante padece una incapacidad física parcial y permanente del 16.8%. -
Al conferirse traslado a las partes fue consentido por la parte actora e impugnada por la demandada; respondiendo el perito en dos oportunidades el embate de la accionada. -
Posteriormente a la atenta lectura de ambas presentaciones, y aplicando las reglas de la sana critica, que resultan de la valoración de los elementos de prueba recibidos, de manera razonada conforme las reglas de la lógica, como así también fruto de la ciencia y experiencia, atendiendo también a los principios que informan la materia que se fundamenta en la debida integración y armonización de los elementos del juicio, tengo para mi que, visto que la pericia se sustento no solo en el examen físico del actor, sino además en los estudios complementarios ya mencionados, y dado no encontrar razones para apartarme de las conclusiones de la pericia médica; atendiendo además a los términos de la contestación de las impugnaciones efectuada por la perito actuante, considero cierto y probado que, la incapacidad del accionante se relaciona causalmente con el siniestro que nos ocupa ( arts. 12, 54, 89 de la ley 15.057 y art. 375 del CPCC).-
La pericia psicológica fue presentada el 26 de febrero 2025, por parte del Dr. Guillermo A. Vera, quien luego de evaluar al damnificado mediante la entrevista semidirigida y la administración de los test que estimo pertinentes, informo que: "De la evaluación médica Psiquiátrica realizada al Sr. Gómez Roberto Andrés, se determina que es portador de un cuadro de síndrome ansioso de grado moderado. Se evidenció que las consecuencias padecidas de esta situación adversa fueron en desmedro de su salud psíquica. Además, se observan en el sujeto marcados sentimientos de auto desvalorización, auto desdén: ".después del accidente, siento angustia e impotencia, no puedo hacer deportes y tengo miedo a manejar." y una baja en su autoestima en relación a el desinterés por las cosas y por el cambio en su vida. Todo lo relatado, le significó el atravesar un largo proceso en el cual se vio llevado a tener que reacomodarse a situaciones para el sujeto frustrantes. El actor se haya atravesando un momento crítico, la prueba diagnóstica muestra indicadores de: ansiedad.
Diagnóstico: Trastorno por estrés postraumático.
Incapacidad Laboral: Se determina para el actor una incapacidad parcial y permanente del 10%, según el Nuevo Baremo Laboral, Dto. 49/2014, ponderado como Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II. El mismo guarda relación de causalidad con el accidente traumático.
Tratamiento: Se sugiere tratamiento Psicoterapéutico no inferior a un año de duración, con una frecuencia de una vez por semana. El mismo puede ser gratuito en caso de que hubiese disponibilidad en los establecimientos de salud pública, o un costo de alrededor de entre $18.000.- y $ 20.000.- por sesión en consultorio psicológico privado. Sin tratamiento el pronóstico es de agravamiento.
Si bien la pericia fue impugnada por la parte demandada 19/05/25, y junto al responde del perito de fecha 30/07/25, es así que tengo para mí que ha logrado formar convicción en mi animo la presencia de tal incapacidad en el accionante, remitiéndome a los fundamentos expresados en el informe pericial (arts. 54, 89 de la ley 15.057; arts. 375 y 474 del CPCC). -
Del traslado conferido 03/02/26 por medio del cual se solicita a los peritos médicos y psicólogos, una readecuación del porcentaje de incapacidad que ha surgido de la pericia, de acuerdo al baremo del dec. 549/25, pues nada impide al Tribunal disponer todas las medidas de prueba que estime pertinentes, previas al dictado de la sentencia (36 inc. 2 del CPCC). Así las cosas, visto que, independientemente de las disposiciones que manda adecuar los informes de acuerdo al nuevo baremo del Dec. 549/25, la fecha del siniestro data del 10 de agosto de 2021 y que el damnificado fue evaluado tanto en la Comision Medica, como en oportunidad de llevarse a cabo las entrevistas periciales, en el marco de estas actuaciones, de acuerdo al anterior baremo. Por razones de seguridad jurídica y en uso de las facultades que otorga el art. 12 ley 15.057, se intimó a la perita médica para que el en término de cinco días readecuara los informes periciales al nuevo baremo, sin perjuicio de lo que resulte en el pronunciamiento de la definitiva.
Si bien los dictámenes presentados aportan claridad técnica, que permiten a este aquo realizar los análisis comparativos necesarios respecto de un baremo y el otro al caso, dando vista de una variación numérica en la comparativa.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia manifiestan que las normas procesales no le acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, lo concreto es que cuando el mismo es llevado adelante con los principios y procedimientos técnicos que no permiten su objeción, conforme al principio de la sana critica, ante la ausencia de argumentos de mayor peso se debe aceptar lo que propone en este caso la pericia.
Siendo la opinión del experto no vinculante, en reiteradas ocasiones no es coherente apartarse de su opinión sin motivo ya que se trata de un auxiliar de la justicia. Otorgándole plena eficacia convictiva a la pericia médica oficial respecto a las afecciones que padece el actor y al grado de minusvalía que ellas producen en la integridad física, y que se ajustan a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, aprobada por Decreto 659/96, texto que se considera de aplicación al caso concreto.
Dicha valoración del daño se realizó conforme el Decreto 659/96 en el texto anterior al dispuesto por el Decreto N° 549/2025.
No es para nada desconocido que este último sustituyo el ANEXO I del mencionado decreto y su modificatorio por el ANEXO "TABLA DE EVALUACION DE INCAPACIDADES LABORALES" disponiendo, en su artículo 3, "que entrara en vigencia a los ciento ochenta (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL, y a partir de esa fecha resultara de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aun dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre.
Conforme la fecha de su publicación (06/08/2025), entrada en vigor desde el 02 de febrero de 2026, inclusive para valoraciones de daños ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.
Dicho esto, debo referirme sobre la aplicabilidad o no de este nuevo baremo a estas actuaciones. Por ello dada las condiciones es definitorio delimitar que la fecha del siniestro que se ventila en auto fue acaecido el día 10/08/21, bajo la vigencia del Decreto N° 659/96. El nuevo Decreto N° 549/25 se rige por las fechas mencionadas en párrafo anterior.
Por ello, no corresponde la aplicación del nuevo Baremo al presente supuesto, no sólo por no encontrarse vigente al momento del siniestro ni al momento de la evaluación pericial, además porque se trata de una norma de naturaleza sustancial que integra uno de los elementos centrales de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. Su aplicación retroactiva importaría una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador.
Razón por la cual, de la pericia, por la claridad del experto que intervino, no me permite apartarme de sus conclusiones.
Así expuesto y llevado a cabo el material pericial, consideraré de envergadura determinante, y concordante con las diversas constancias de autos aludidas en torno al siniestro denunciado, los términos y conclusiones de la experticia descripta (art. 474 CPCC), contestando en forma clara, acabada, contundente y con fundamento en los basamentos de su arte, los diversos puntos sometidos a su consideración, no teniendo motivos para apartarme o dejar de lado los aspectos tratados por dicho experto (art. 474 , SCBA L107491, SCBA L. 79.234).
Por tanto, habré de concluir que, a los fines de la determinación de la incapacidad. Sentado lo anterior, corresponde evaluar el grado de minusvalía que afecta al trabajador. Al respecto, se observa que el perito psicólogo designado en autos ha dictaminado una incapacidad psicológica pura del 10% de la T.O. En consecuencia, encontrándose plenamente acreditado en la causa que la actora contaba con 31 años de edad a la fecha del evento (10/08/21), las tareas que desempeñaba como CHAPISTA ante la falta de acreditación de un proceso efectivo de recalificación profesional por parte de la aseguradora." Portando así la trabajadora una incapacidad total tanto física como psicológica, definitiva, conforme al siguiente detalle, que surge de la unificación practicada por perito médico en fecha 26/10/25. En el dictamen realizado por el experto en el área psíquica se concluye que el peritado presenta: INCAPACIDAD POR DAÑO PSIQUICO PARCIAL Y PERMANENTE DEL 10% SEGÚN EL BAREMO LEY 24557. DECRETO 659/16. Respecto al daño físico, en el dictamen pericial se concluyó que: INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE DEL 16.8% SEGÚN EL BAREMO LEY 24557. DECRETO 659/16. EL PERITO AL UNIFICAR AMBAS INCAPACIDADES, CON APLICACIÓN DE FACTORES DE PONDERACION, con la aplicación mecánica de la fórmula de la capacidad restante por parte del experto, y comenzando por el de mayor puntuación, se arriba un total de 26.32% de incapacidad de la total obrera, derivada del accidente acreditado en autos (100%-16.8%) *10+16.8%). -
Consecuentemente, valorando las pruebas de la causa según las reglas de la sana crítica (art. 384, CPCC), en atención a las singulares condiciones de la víctima en especial su edad / tipo de tareas laborales / entorno socioeconómico, único modo de garantizar el principio constitucional de reparación plena e integral.
La SCBA tiene establecido como doctrina legal que en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad generalmente coincide con el acaecimiento del infortunio cuando en esa oportunidad se produce la minusvalía permanente de aquél (SCBA, L. 81.305 "Silva, José Daniel C/Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada S/Daños y Perjuicios" 9/8/06); salvo los casos en que las lesiones originadas por el siniestro produzcan un daño que se consolida con el tiempo y que se torna irreversible con posterioridad (SCBA, L. 67188 sent. del 22/3/00; L. 77.666 sent del 8/7/03).
En el caso que nos ocupa, la contingencia que afectó al trabajador le produjo las patologías precedentemente descriptas ocasionándole de inmediato la incapacidad que porta.
Consecuentemente, habré de tener por acreditado en autos que la damnificada tomó conocimiento del daño consolidado el 10 de AGOSTO de 2021 (art. 375 CPCC).
No se encuentra controvertido en autos la existencia de cobertura en los términos de la ley 24.557 por parte de la aquí demandada. Asimismo de las constancias de los tramites del proceso, la empleadora tiene contrato de afiliación bajo el número 5023118 y en el siniestro registrado bajo el N°2041430202105497900 y asimismo conforme los salarios consignados, informo que el IBM del trabajador, que ajusto mes a mes con la variación del índice RIPTE, en los términos del art. 11 de la ley 27.348, vigente a la fecha de ocurrencia de la contingencia, obtuvo para el trabajador la suma de pesos 91.422,02 (arts. 12, 54, 89 de la L.O; art. 375 CPCC; art. 12 de la LRT).-
Analizada la instrumental obrante en autos he de tener por probado que la demandada no alego y menos aún ha probado que se hubiere abonado suma alguna por los conceptos que aquí se reclaman (art. 375 CPCC).
III. D E C I S O R I O (art. 57 inc. 6 y 7 Ley 15.057):
III. Cuestión de Competencia:
En lo que respecta a la competencia de éste Tribunal para entender en las presentes actuaciones, la parte actora acreditó haber dado cumplimiento con la instancia, previa, obligatoria y excluyente prevista por el art. 1ª de la ley 27.348, cuya operatividad en el ámbito de esta provincia se verifica a partir de la sanción de la ley N° 14.997, con el fin que el trabajador afectado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia; establezca su grado de incapacidad y determine las consecuentes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo; asignando la competencia de las mentadas Comisiones Médicas, y delegando en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el dictado de las normas de procedimiento - que acontece con la SRT 298/17 (art. 1° de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 27348).-
Probó el actor haber obtenido la clausura del procedimiento, mediante la emisión del Dictamen Médico de la Comisión Médica Jurisdiccional N° 381 de Morón, dando cumplimiento así con lo previsto en el art. 2 inc."j" de la ley provincial Nª 15.057, todo ello en concordancia con la doctrina establecida por la SCJBA en reiterados fallos donde se resolvió, declarando la constitucionalidad de la ley de adhesión (art. 4ª de la lay 14.997) y de la instancia administrativa previa (SCBA LP L. 121939 S 13/05/2020, "Marchetti, Jorge Gabriel c. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", SCBA LP L. 124.309 S 27/5/2020, "Delgadillo, Jorge Gustavo contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", SCBA LP L. 123.792 S 27/5/2020, "Szakacs, Claudia Alejandra contra Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. Accidente de trabajo - acción especial").
Surge la competencia de este tribunal para entender en las presentes actuaciones, por aplicación del art 2do. de la ley 11.653 actualmente art. 3 ley 15.057, aún los accidentes de trabajo que se deduzcan con fundamento en el derecho común, SCBA, L.76.234 S 12-9-2001 Juez Salas". "La demanda de indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo formulada con sustento en las normas de derecho civil (arts. 1113 y 1109 del C.C.) es de competencia de la Justicia laboral, no siendo obstáculo para ello el dictado de la ley 24.557, desde que no ha modificado tal competencia" S.C.B.A. L.77.503 S 6-6-2001 Juez Salas.
Al caso en concreto cabe aplicar la pacífica doctrina legal de la S.C.J.B.A. hasta la vigencia de la ley 27.348, en la causa L.75708 "Quiroga" (Sentencia del 23-IV-2003) donde se estableció la competencia de la justicia laboral provincial, siendo de la misma opinión la C.S.J.N. en causa "Castillo, Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A."
IV. Ley aplicable.
Visto que la primera manifestación invalidante fue el 10 de agosto de 2021, despejado previamente el mentado planteo constitucional y toda vez que llega firme a esta instancia judicial el acaecimiento de un ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE padecido por la accionante con fecha 10 de AGOSTO de 2021, se deberá aplicar la ley 24.557 con las modificaciones del Decreto 1694/2009, y del decreto 1475/15 y leyes 26.773, 27348.
V. Acreditado el accidente de naturaleza in itinere, padecido por el damnificado el 10 de agosto de 2021 (cfr. Art. 6° inc. 2 de la LRT), la reducción de la capacidad laboral parcial y permanente (art. 8 de la ley 24.557) y la relación de causalidad entre ambos extremos, considero que de conformidad con lo que dispone el art. 14° ap. 2 a) de la LRT) t.o Dec. 1694/09; 472/14 y res. MTEySS), vigente a la fecha del accidente- corresponde declarar a la demandada, deudora de la prestación dineraria que establece la norma, consistente en el pago único de una prestación dineraria. -
A sabiendas que la ley 26.773, persigue la mejora de las prestaciones dinerarias. Diferenciando en: I). pago único para todo tipo de prestaciones dinerarias; II). ajuste por RIPTE de las prestaciones dinerarias por incapacidades permanentes (arts. 8 y 17.6) y III). incremento del 20% para dar cobertura a otros daños "extrapatrimoniales" (art. 3°).
Así en la ley 26.773 mediante los artículos 8 y 17 establece que las prestaciones en dinero se deben "ajustar" semestralmente. Y en referencia al decreto 472/2014 reglamentario de la ley señalada, impone que este ajuste debe hacerse conforme al RIPTE, sobre los pisos mínimos que integran el régimen de reparación y las compensaciones adicionales de pago único.
Razón que me hace concluir que Decreto 472/2014 y las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, van en sentido que indica la ley 26773 en su artículo 8 y 17 que se ajustara semestralmente, conforme RIPTE, aquellas prestaciones adicionales del artículo 11 L.R.T. y los mínimos derivados del Decreto 1694/09 para la fijación de las indemnizaciones del artículo 14 de incapacidades parciales y 15 de incapacidad absoluta. Los tribunales inferiores, al resolver casos, aplicaron la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso "Espósito", que validó en gran medida la aplicación del RIPTE como mecanismo de actualización desde la entrada en vigencia de la Ley 26.773; siendo el "Caso Godon" un ejemplo de cómo los tribunales han interpretado y aplicado la normativa vigente (Ley 26.773 y D. 472/2014) para resolver disputas sobre la correcta cuantificación de las indemnizaciones por accidentes laborales, asegurando una reparación justa y actualizada para el trabajador damnificado.
VI. Análisis. tasa de interés, art. 17 inc. 3 ley 26.773, e inconstitucionalidades.
VI.1. En vista de lo que se tuviera por probado y a los fines de determinar la cuantía indemnizatoria de la prestación dineraria; si bien he considerado de aplicación, la Doctrina Legal de la sentencia definitiva dictada por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en la causa C.124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra, s/ Daños y Perjuicios", para mantener actualizado el importe de condena utilizando para ello la variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) el índice RIPTE. Debo abandonar el entender hasta aquí de lo dispuesto en el fallo "Barrios" como un método de actualización específicamente laboral. Es a partir de fallo de la SCBA L.132.729 "GALARZA" (sent. De 30-III-2026), que, al ingresar al análisis de la materia a examinar, cuadra primeramente precisar si el crédito aquí en debate se halla subsumido o no en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), modificado por la ley 27.348. Siendo que la doctrina legal del Máximo Tribunal Bonaerense se halla fijando un límite taxativo a la expansión de los efectos del precedente "Barrios" en el fuero laboral.
En consonancia con lo dicho anteriormente, en la causa "Galarza, Daniel Alejandro c/ Prevención ART S.A" (L. 132.729, Sent. Del 15-X-2024), la SCBA con cierta claridad estableció que el régimen de la ley 24.557 y su modificatorias forman parte de un microsistema legal cerrado que posee mecanismos propios y específicos de recomposición de créditos frente a la depreciación monetaria.
Con claridad el legislador, por medio del artículo 12 de la ley 24.557 (según texto ley 27.348), dispuso una fórmula que ordena la actualización del Ingreso Base mensual (IBM) mediante índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y la aplicación accesoria de la TASA ACTIVA que publica el BNA.
En consecuencia, la coexistencia o superposición del mecanismo de reajuste por IPC/CER derivado de "BARRIOS" en un ámbito regido por una norma especial de orden público federal resulta inadecuada.
En las actuaciones no se ha logrado demostrar matemáticamente que el régimen que cuenta con sus propias reglas de actualización legal es improcedente. Reproduzco aquí parte de los argumentos del voto del Dr. Torres; quien reproduce argumentos de la Dra. Kogan esgrimidos en "Galarza", "siendo que de esa reseña que el criterio emergente ya referido en el caso "Barrios" no resultaba aplicable. Así concluir, entendió que las prescripciones de la ley 27.348 -que juzgo de aplicación en la especie-destinadas a fijar el valor mensual de ingreso base conforme el índice RIPTE y la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, preveían un mecanismo especifico de actualización. En el marco del sistema de reparación de infortunios laborales, la Ley de Riesgos del Trabajo, a partir de la modificación introducida por la ley 26.773 (B.O de 26-X-2012), donde estableció un mecanismo de mejoramiento periódico de los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1694/09, para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 inc. 2 y 15 inc. 2 de la ley 24.557; las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 inc. 4 de esta última ley; y respecto de la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la citada ley 26.773, conforme el índice RIPTE publicado por la autoridad administrativa (conf. arts. 8 y 17 apdo. 6; resoluciones 34/13, 3/14, 22/14, 6/15, 28/15 y 387/16 -entre muchas- de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). Con posterioridad, la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en lo que aquí reviste interés señalar, introdujo un cambio sustancial en el modo de cálculo del ingreso base mensual, sustituyendo el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto definido en su art. 11.
En este orden, dispuso, por un lado, que debe considerarse, a esos fines respecto del cálculo del monto de las prestaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador, de conformidad con lo establecido por el art. 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Asimismo, estableció que los salarios mensuales tomados a fin de establecer dicho promedio deben actualizarse mes a mes aplicándose la variación del ya referido índice RIPTE (inc. 1). Por otra parte, prevé que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización respectiva, el monto del ingreso base debe devengar un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (inc. 2). Con posterioridad sobrevino, la reforma del decreto 669/19, desplazada por la declaración de inconstitucionalidad del mismo.
Seguidamente se repotencio el valor del ingreso base mediante la metodología de cálculo prescripta en el art. 11 de la ley 27.348 que modifico el art. 12 de la ley 24.557.
En consecuencia, la coexistencia o superposición de mecanismos de reajuste por IPC/CER derivado de "Barrios" en un ámbito regido por una norma especial de orden público federal resulta legalmente improcedente, siendo esto el desplazamiento de la voluntad del legislador.
Al quedar desplazada la aplicación del precedente "Barrios", corresponde desestimar cualquier pretensión de la parte actora orientada a indexar las acreencias de autos bajo los parámetros de la causa "Barrios" (c. 124.096). Al respecto, corresponde ceñirse de forma estricta a la doctrina de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que ha consolidado recientemente en la causa "Vera, Carlos Isaac c/ Empleador auto asegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de revisión" (causa L. 139.012-D, sent. Del 24-IX-2026). En este precedente, que ratifica de manera lineal lo delineado en "Galarza" (L. 132.729), donde el Máximo Tribunal Provincial ratifico el mecanismo provisto por el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según Ley 27.348), donde también dice que constituye un régimen autónomo con parámetros específicos y suficientes para el reajuste del crédito laboral, tornando inaplicable la vía de "Barrios". Asimismo, en el citado precedente "Vera Carlos Isaac" resulta procesalmente improcedente merituar argumentaciones o cálculos matemáticos comparativos que intenten acreditar la insuficiencia del binomio RIPTE-tasa activa, si estos no fueron introducidos formalmente y debatidos en debida oportunidad procesal ante el tribunal de grado, revistiendo un carácter novedoso que violenta el principio de congruencia y la estabilidad del proceso (conf. Arg. Causa L.139.012-D). Por consiguiente, la liquidación deberá practicarse exclusivamente bajo el microsistema especial de riesgos laborales.
Dentro de ese marco, debo dejar expresamente establecido que, este microsistema cumple adecuadamente la función de preservar el valor real de la prestación, neutralizando los efectos del proceso inflacionario y asegurando que la indemnización mantenga una razonable correspondencia con la evolución de las remuneraciones. La acumulación de intereses compensatorios sobre un capital ya actualizado importaría un resultado que, en el caso de autos, desborda la finalidad resarcitoria, vulnerando los principios de razonabilidad, equidad, buena fe y prohibición del enriquecimiento sin causa, y alterando la debida equivalencia económica de las prestaciones. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha advertido que cuando el empleo conjunto de mecanismos de actualización y accesorios financieros conduce a montos desmedidos o ajenos al valor real de lo debido, la decisión judicial debe ser corregida para evitar que, bajo la apariencia de una recomposición, se consolide una desproporción económica incompatible con el orden constitucional. Por ello, practicada la liquidación hasta la fecha de la presente sentencia, la que nunca será inferior al que resulta de multiplicar el piso mínimo de $3.991.300 (Res. Nota SRT N° 07/21 vigente del el 01/03/2021 y el 31/08/2021 inclusive) por el porcentaje de incapacidad (26.32%) que ascendía a $1.050.510,16 (arts. 772 y 1748 Código Civil y Comercial). Por todo lo expuesto, considero que el capital de condena deberá actualizarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación.
VI.2. Con respecto a la constitucionalidad o no del art. 17 inc. 3 ley 26.773, cuyo texto reza: "En las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley, resultara de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la ley 20.744. Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador-tanto en dinero como en especie- como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuota litis".
La ley 26773, establece en su artículo 17 apartado 3 in fine que, "no podrán ser objeto de pacto de cuota litis las acciones judiciales que se sustancien en la materia", esta prohibición se justifica por el carácter alimentario de estas prestaciones. Viendo que a la fecha del accidente de trabajo objeto de autos no había comenzado a regir lo prescripto por el artículo 2 de la ley 27.348 en cuanto a la prohibición del pacto de cuota litis, conforme se encuentra establecido en autos "Leiva Gabino Fernando c/ Provincia ART. S.A. s/ Accidente de Trabajo (Expte. Nro. Mo. 32561/2018). El artículo 2 de la Ley 27.348 expresamente señala que "No podrán ser objeto de pactos de cuota Litis los procesos judiciales que se sustancien en el marco del presente Titulo", situación que es más que convincente respecto al criterio seguido en el tiempo. Si bien al momento del siniestro, no se encontraba en vigencia la ley 27.348, está claro que el criterio seguido respecto al tema en cuestión solo ha ratificado el criterio seguido por la ley 26.773. Esta coherencia que se viene siguiendo en las normativas up supra mencionadas, no hace más que ratificar lo perseguido por las leyes 9688, y 24.028, donde también dispone que "Será nulo de nulidad absoluta y sin ningún valor el pacto de cuota Litis para todas las acciones derivadas de las presente Ley y las que se ejerciten de acuerdo con la opción prevista en el art. 16".
Razón que me hace concluir que Decreto 472/2014 y las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, van en sentido que indica la ley 26773 en su artículo 8 y 17.6 que se ajustara semestralmente, conforme RIPTE, aquellas prestaciones adicionales del artículo 11 L.R.T. y los mínimos derivados del Decreto 1694/09 para la fijación de las indemnizaciones del artículo 14 de incapacidades parciales y 15 de incapacidad absoluta. Los tribunales inferiores, al resolver casos, aplicaron la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso "Espósito", que validó en gran medida la aplicación del RIPTE como mecanismo de actualización desde la entrada en vigencia de la Ley 26.773; siendo el " Caso Godon" un ejemplo de cómo los tribunales han interpretado y aplicado la normativa vigente (Ley 26.773 y D. 472/2014) para resolver disputas sobre la correcta cuantificación de las indemnizaciones por accidentes laborales, asegurando una reparación justa y actualizada para el trabajador damnificado.
Asimismo, la norma vigente al momento del siniestro ley 26.773, siendo la ley 27.348 continuadora del principio normativo que siguió la materia en el país en términos legislativos, que prohibió los pactos de cuota Litis en los casos de accidentes de trabajo. Por ello, y conforme lo expresado en todos los antecedentes y la disposición expresa en la materia considero que debe ser de inaplicabilidad e inconstitucional el ART. 17 INC 3 LEY 26773.
VI. 3.- En relación con los arts. 8 inc. 3, 21, 22, 50 de la ley 24.557 la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado en los L. 81.339, "Sparnochia" (sent. 14-X-2003); L. 82.871, "Chávez" (sent. 1-V- 2004); L. 82.688, "Fedczuk" (sent. 14-IV-2004 y en L. 75.708, "Quiroga" (sent. 23-IV-2003), determinando la competencia de la justicia laboral provincial en dicha materia. En idéntico sentido que la CSJN en los autos "Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.".; "Paccetti, Daniel c/ Duvi S.A. s/ Enfermedad" y "González, Eduardo c/ Duvi S.A. s/ Enfermedad" Sent del 10 de mayo de 2005) ante demandas fundadas en disposiciones del derecho común.
Respecto al art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, la CSJN, se había pronunciado diciendo que: "el art. 46 corroe la Carta Magna del país rotando el eje de las facultades no delegadas al gobierno nacional por las provincias, y de las expresamente reservadas por éstas, al conferirle competencia federal a dichas causas, que deben tramitar ante los jueces bonaerenses (arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la C.N.). Se modifica a través de una norma de la Nación la ley provincial 11.653, que les da competencia a los tribunales del trabajo.
Este traslado de competencia no encuentra sustento en norma alguna de la Constitución Nacional". Consecuentemente se había señalado que los actos del Congreso que apartan determinadas instituciones de la órbita del art. 67 inc. 11 -actual 75 inc. 12- de la Constitución quedan sujetos a control judicial para asignar su fundamental razonabilidad y para impedir que a través de ellos se restrinjan indebidamente las jurisdicciones provinciales que son inherentes al concepto de autonomía y cuya salvaguarda es un deber indeclinable de la Corte. Porque -no caben dudas- la intervención de los tribunales locales competentes constituye un adecuado resguardo de los derechos y garantías previstos en el art. 14 bis de la Constitución nacional (conforme Fallos, 300:1159). por estar comprendidos en la zona de reserva jurisdiccional de las provincias, fijada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Resulta entonces inconducentes, abstractos y carentes de sustento fáctico y jurídico los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora respecto de los arts. 21, 22, 46, 50 de la LRT; arts.1, 2, 3 y 14 de la Ley 27.348, en cuanto versan en materia de competencia. Por ello y conforme lo estableciera nuestro Superior Tribunal, deviene inoficiosa una declaración de inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22, 46 y 49, 50 de la Ley 24.557, Dec. 717/96, Dec. 1278/00, Dec. 410/2001. Atento a versar el reclamo de autos en las consecuencias derivadas del infortunio ocurrido en fecha 09/06/18, habiendo el actor transitado su paso por las comisiones médicas, donde se le determino con incapacidad por el accidente sufrido y de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 de la ley 27.348 y de acuerdo con la doctrina sustentada por la SCBA en la causa L 121.939, "Marchetti, Jorge Gabriel C/ Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo- Acción Especial", deviene abstracto emitir opinión respecto al pedido de inconstitucionalidad de la instancia previa manifestado por la actora como lo establecido por el art 2 de dicha norma, habida cuenta del tránsito por la misma.
VI. 4.- En cuanto a los Decretos 658 y 659/96 se ha dicho: En el Recurso de Hecho deducido por Asociart ART S.A. en la causa Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A: S/ Accidente Ley Especial (Sentencia del 12-VI-2020), se afirma que habiendo establecido el legislador un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas, la determinación del grado de incapacidad laboral constituye un parámetro esencial, debiendo ser determinado por autoridad administrativa o judicial a la que corresponde intervenir " con arreglo a una misma tabla de evaluación"; teniendo en miras así, que los damnificados siempre reciban un trato igualitario, en el sentido que "sus incapacidades serán apreciadas, tanto en sede administrativa como judicial, aplicando criterios de evaluación uniformes, previamente establecidos y no con arreglo a pautas discrecionales" confiriendo de este modo al sistema de prestaciones reparadoras la "automaticidad pretendida". Bajo tales parámetros, el Superior Tribunal de la Nación, descalificó el fallo que recurriera la aseguradora Asociart ART S.A, por arbitrario (cuyo origen fuera la sentencia dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del Expediente 47.722/2014). En virtud de ello y con especial apoyo en el fallo señalado, corresponde estar a lo peticionado por la parte demandada, y no a lo solicitado por actora respecto a su inconstitucionalidad.
VI. 5.- En cuanto a la ley 24.432, visto el límite de la responsabilidad en el pago de las costas, arts. 277 de la L.C.T. y 505 del Código Civil T.O., el mismo debe ser rechazado. En este aspecto ha sido pacífica la Jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 SA S/ Accidente Ley 9688". Como la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs.As. LP L 90651 S 29/06/2011 Gómez, Rogelio Cristóbal c/Azyder S.A. s/Salarios adeudados-despido; LP L 91430 S 12/10/2011 Gáspari, Miguel Ángel c/ SEPRIT S.A. (Serv. Priv. de Transporte S.A.). Así, se incorporó un nuevo párrafo al artículo 505 del Código Civil, estableciendo tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas.
Es por ello que este artículo no requiere adhesión conforme art. 16 ley 24.432, para su aplicación en la provincia de Buenos Aires, sin que ello sea interpretado como vulneración de autonomía local, ante la falta de adhesión provincial. Según la ley 24.432 las regulaciones de honorarios se deben realizar de acuerdo a las leyes arancelarias locales. En base a lo que se despende e los art. 1, 5 y 16 del Código Civil; como de la gravitación del principio juria novit curia (art. 34 inc. 4 donde se estatuye que el sentenciante debe fundar sus pronunciamientos respetando las normas de las jerarquías vigentes; art. 163 inc. 5 C.P.C.C.; 47 y 63 ley 11.653. Respecto a las sgtes pedidos de aplicación y siguiendo el pensamiento, respecto de la ley 24.307 y Dtos. 1813/92, 1807/93 señalaré que en atención a lo que ha quedado plasmado como doctrina el Superior Tribunal (SCBA L. 83.619), constituye normativa, plenamente aplicable en el ámbito de lo previsto en el art. 505 C.C. hoy 730 del C.C y C y 277 LCT, lo que así determino, bajo el abrigo de la ley arancelaria 14.967 (y con el alcance que cabe conferir interpretando el fallo I. 1992 SCBA).
No debemos confundirnos en ver en el derecho de los profesionales y auxiliares de la justicia, que por su trabajo llevado adelante en el proceso deba tener una razonable compensación. Con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes para la satisfacción del emolumento regulado; por cuanto la recepción desde esta jurisdicción de dicha normativa debe serlo en el sentido de que no modifica las normas arancelarias locales, sino que contempla una limitación de responsabilidad del condenado en costas, que sólo puede hacerse valer una vez conocido y firme el monto de las mismas.- Así lo propicio, difiriendo lo que comporte sus alcances una vez concretadas y firmes el monto de las regulaciones respectivas.
Asimismo, en cuanto al planteo de aplicabilidad del art. 8 de la ley 24.432, conforme la doctrina legal de la SCBA (L. 77.914, "Zúccolli c/ sum S.A. s/ Daños y Perjuicios" del 02-10-2002) corresponde su no aplicación
VI. 6.- Al pedido de la actora, de aplicación art. 3 ley 26773 corresponde rechazar de plano la aplicación del adicional previsto en el artículo de referencia, toda vez que el infortunio que motiva las presentes actuaciones constituye un accidente in itinere y no un siniestro ocurrido en el establecimiento laboral o con el dependiente a disposición del empleador.
La literalidad de la norma aplicable es restrictiva y condiciona el recargo compensatorio del 20% a que el daño se produzca 'en el lugar de trabajo o lo encontrare al trabajador a disposición del empleador'. Por ende, los eventos acaecidos en la vía pública durante el trayecto habitual de ida o regreso quedan expresamente excluidos de este beneficio sistémico.
Este criterio normativo constituye doctrina legal consolidada en el ámbito provincial, habiendo dictaminado la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA) que resulta improcedente extender dicho recargo a los accidentes del trayecto, L. 119.002, Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente in itinere (dictada el 25 de abril de 2018). Conforme lo ha señalado el Máximo Tribunal Provincial, forzar la letra de la ley para alcanzar contingencias no previstas por el legislador nacional vulneraría el principio de legalidad y la tarifa legalmente dispuesta, no encontrándose comprometida en dicha exclusión la garantía del artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
VI. 7.- Con relación a la reserva formulada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada en su responde, respecto a habilitar la recuperación de los montos de condena contra el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales conforme el art. 26 inc. 3 de la Ley 24.557, corresponde señalar que dicha petición resulta ajena al objeto del presente litigio laboral y a la relación jurídica sustancial que vincula al trabajador damnificado con la aseguradora. En consecuencia, sin que ello implique emitir pronunciamiento sobre la procedencia material de dicha pretensión, se desestima su tratamiento en esta instancia, dejándose a salvo el derecho de la accionada para que lo formule por la vía administrativa o judicial expedita y ante el organismo competente que corresponda , no debiendo el trabajador sufrir dilación alguna en la percepción de las prestaciones aquí reconocidas (arg. art. 26, 27 y cctes. LRT)."
VI. 8.- Al pedido de la demandada que en caso de sortear perito medico, se solicita que se haga conforme art. 2 ley 27348, con parámetros de regular de acuerdo a la tarea efectiva. Resaltar que la jurisprudencia de los Tribunales del Trabajo de la jurisdicción ha consolidado el criterio de que los topes y pautas regulatorias locales otorgan suficiente plasticidad al juzgador para fijar honorarios equitativos, impidiendo distorsiones confiscatorias o enriquecimientos sin causa que desnaturalicen la ecuación económica del pleito. Por lo tanto, existiendo una perfecta complementariedad y compatibilidad entre el criterio de "tarea efectiva" invocado por la ley nacional y las facultades de ponderación que las leyes arancelarias locales otorgan a este judicante, la colisión normativa invocada por la accionada deviene inexistente. En consecuencia, al no verificarse un perjuicio concreto ni una contradicción jurídica real, corresponde rechazar por innecesaria e inconducente la tacha de inconstitucionalidad deducida. Oportunamente, los honorarios del perito médico se regularán con estricto apego a las escalas legales provinciales vigentes, ponderando la real y efectiva labor técnica desplegada en el expediente (art. 2 de la Ley 27.348 y art. 21 de la Ley 15.057). Por ello, se rechaza el planteo articulado por la demandada.
VI. 9.- Respecto al pedido de inconstitucionalidad de la resolución SRT 414/99, hay una inexistencia de Interés Jurídico Actual; ya que para que proceda el control de inconstitucionalidad, debe existir un perjuicio real derivado de la norma atacada. Como los cálculos actuales deben practicarse por imperio legal bajo el amparo de la Ley 27.348 (junto con la actualización del Ingreso Base por índice RIPTE), la Resolución 414/99 carece de efectos prácticos sobre las liquidaciones de contingencias recientes. El planteo se torna en una discusión en abstracto.
Téngase presente la reserva del caso federal realizado por ambas partes.
Por último, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas por las partes y el resto de la prueba producida, adhiero al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la que el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones; ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados, que no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." (Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de la Sala VII de la CNAT, "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 29.6.99).
VII. Liquidación:
De acuerdo con lo expresado, procedo al cálculo de la prestación por incapacidad permanente parcial y definitiva derivada del accidente sufrido por la actora, que le genero una incapacidad laboral psicológica permanente, parcial y definitiva del 26.32 % de la total obrera, conforme lo prescribe la L.R.T. que lo hace acreedora a la prestación dineraria de pago único prescripta por el art. 14 apartado 2. Inc. "a" de la ley 24.557, sustituida por artículo 6 del decreto N° 1278/00 B.O 01/01/2001 y modificado por decreto N° 1694/2009 B.O 06/11/2009, vigente a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación, que suprime los topes y los transforma en mínimos y Res. Nota SRT N° 07/21 vigente del el 01/03/2021 y el 31/08/2021 inclusive), estableciendo un piso mínimo de $3.991.300; siendo el valor mensual del ingreso base de la actora, determinado conforme al procedimiento de cálculo establecido por el art. 11 de la Ley 27.348 modificatorio del art. 12 L.R.T, acreditado precedentemente en la cantidad de $91.422,02. El mismo resulta del promedio de todos los salarios de la trabajadora durante los meses anteriores a la primera manifestación invalidante (10/08/21), que en el caso de autos fue actualizado mes por mes por el índice RIPTE.
Destaco que dicho índice RIPTE, constituye un índice especifico laboral, pues se establece sobre las bases de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables y no sobre diferentes componentes, como resulta en el IPC. Asimismo, debe tenerse presente que el índice CER, en el fallo del 13-VIII-2024 de la CSJN dictado en la causa "Lacuadra, Jonatan Daniel c/ Directv Argentina S.A y otro s/ Despido" lo descalifico con arreglo a la Doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.
El monto de ingreso base, a los efectos de efectuar su actualización, se utilizará la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en el periodo considerado, o sea desde la primera manifestación invalidante (10/08/21) hasta la fecha de la presente sentencia. La referida operación matemática arroja un ingreso base actualizado y con un interés que asciende a la suma de Total intereses: $ 392.497,87 Total (Capital + Intereses) = $ 91.422,02 + $ 301.075,87 = $ 392.497,87 IBM ACTUALIZADO POR TASA ACTIVA. El procedimiento de cálculo que dejo propuesto teniendo en cuenta IBM actualizado por tasa activa, edad a la fecha del accidente y porcentaje de incapacidad acreditado, habrá de arrojar un quantum indemnizatorio que asciende a la suma de $11.481.470 (53 x 392.497,87 x 65/31 (2.097) x 26.32%), arribándose así a un total de $11.481.470.
Dicho monto no es violatorio de los pisos mínimos establecidos por la Res. Nota SRT 07/21 vigente del el 01/03/2021 y el 31/08/2021 inclusive, o sea $3.991.300 X26.32%= $1.050.510,16 por lo que aplicaré la que surge del calculo que deviene de la fórmula polinómica.
En el caso de autos, la norma no afecta derechos constitucionales de ninguna de las partes, constituyendo sólo una forma de mantener el valor de la prestación dineraria debida al trabajador portador de una incapacidad derivada de un infortunio laboral, lo que surge de los cálculos efectuados.
A la luz de ello, habré de colegir que al actor le corresponde percibir en concepto de prestación dineraria prevista por el art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 la suma de pesos once millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta ($ 11.481.470)
A la mentada indemnización ($ 11.481.470) NO le corresponde adicionar la indemnización establecida por el art. 3 de la ley 26.773, equivalente al 20%, por el accidente de trabajo in itinere sufrido.
Cabe señalar que la solución propuesta se ajusta al criterio adoptado por la CSJN en la causa "Esposito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sent. De 7-VI-2016 (v. consid. 5°, segundi par.). Aplicando lo decidido en dicha causa, donde se condenó a pagar la indemnización adicional del art. 3 ley 26.773, ya que se verifican los presupuestos que condicionan su aplicación. Por ello y en acatamiento a la doctrina de la Corte Provincial en L. 119002 "Carabajal, María Isabel y otro c/ Provincia ART S.A s/ accidente in-itinere" sent. 25-IV-2018, en donde se estableció que no corresponde adicionar al resultado de la fórmula de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 el 20% establecido por el artículo 3° de la ley 26.773 en los accidentes in itinere, por lo expuesto en sus fundamentos, en el caso de autos al ser accidente de trabajo corresponde su aplicación.
VIII. Monto total de Condena e Intereses.
Todo lo cual asciende a un capital de condena, por prestación por incapacidad permanente parcial y definitiva derivada del accidente de trabajo sufrido por el actor el 10/08/21, incluido el interés índice RIPTE, atento que los importes se encuentran actualizado por índice RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la sentencia de autos, en la que totaliza la suma de $ 11.481.470
El capital de condena resulta ser de $ 11.481.470 con la incidencia del interés índice RIPTE incluido, pesos once millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta deberá ser abonado por la EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9) dentro de los diez días de notificada de la presente sentencia, bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 ley 15.057).
Para el supuesto que la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9 , no ponga a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido de diez días de notificada de la presente sentencia, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación. Por ello en caso de mora la procedencia de la capitalización de intereses prevista en el artículo 770 inciso 'c' del Código Civil y Comercial reviste un carácter excepcional y restrictivo. Cuya operatividad ante la mora en el pago de la sentencia, previamente se deberá cubrir de tres requisitos concurrentes: 1) la existencia de una liquidación judicial firme y aprobada; 2) una intimación formal de pago dictada por el tribunal; y 3) la renuencia o mora posterior del deudor frente a dicho mandato.
IX. Costas.
Propongo imponer las costas a la demandada vencida EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9, en virtud del objetivo de la derrota (art. 24 ley 15.057). Propongo que el CAPITAL E INTERESES sean depositados en autos dentro de los 10 días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución; y que las restantes costas del proceso correspondientes a los emolumentos de los profesionales intervinientes (letrados y peritos) sean abonados de forma directa por la obligada al pago en las cuentas bancarias personales de dichos profesionales, haciéndose saber a aquellos que dentro del tercer día de notificados de la presente, deberán denunciar en autos los datos de sus cuentas bancarias (NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA, TIPO DE CUENTA, NUMERO DE CUENTA, CBU Y ALIAS), así como su condición fiscal, a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos (art. 888 CCC).
Asimismo, deberán quedar intimados, la condenada en costas y el profesional de la abogacía que corresponda, a acreditar en autos el pago de los aportes devengados bajo apercibimiento de comunicar a la Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (conforme arts. 12, 14 y21 ley 6.716).
Propongo se libre en su oportunidad oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de Homologación de la CMJ N° 038 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación con el expediente de enfermedad profesional N° 321122/23. A los fines correspondientes.
Oportunamente practíquese liquidación por secretaria y regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.
ASI LO VOTO. -
A LA MISMA CUESTION: La Dra. María Alejandra Amaya y el Dr. Ambrosio Miguel Valle por compartir los fundamentos, votan en el mismo sentido que el Dr. Carlos Ariel Diaz. -
A LA SEGUNDA CUESTION: El señor Juez Doctor Carlos Ariel Diaz, dijo:
Teniendo en cuenta la votación que antecede, corresponde por unanimidad:
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por GOMEZ ROBERTO ANDRES y condenar a la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9, a pagar al accionante la suma de pesos once millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta, $ 11.481.470 con la incidencia del interés índice RIPTE incluido en concepto de prestación dineraria prevista por Art. 14, apartado 2° inc. a) ley 24.557, los que deberán ser abonados dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 ley 15.057).
II. Para el supuesto que la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9, no ponga a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido de diez días de notificada de la presente sentencia, se aplicara un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la nación argentina, hasta la efectiva cancelación. Por ello en caso de mora se aplicará la capitalización de intereses prevista en el artículo 770 inciso 'c' del Código Civil y Comercial. Cuya operatividad ante la mora en el pago de la sentencia, exige tres requisitos: la existencia de una liquidación judicial firme y aprobada; una intimación formal de pago dictada por el tribunal; y la renuencia o mora posterior del deudor frente a dicho mandato. Condenar a la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9, al pago de las costas del proceso por resultar vencida (art. 24 ley 15.057).
III. Deviene inoficiosa una declaración de inconstitucionalidad de los artículos 6, 8, 21°, 22°, 40°, 46° de la LRT y del decreto 717/96, DECRETO 54/2017 y ley 27348.
IV. Declarase de oficio la inaplicabilidad e inconstitucionalidad el art. 17 inc. 3 ley 26.773 para la práctica de regulaciones de honorarios.
V. Aplicabilidad del Baremo 659/96 a los presentes actuados, e inaplicabilidad baremo 549/25.
VI. Respecto a la ley 24.432 declarar su no aplicación conforme a los fundamentos del fallo de la SCBA (L. 77.914, "Zúccolli c/ sum S.A. s/ Daños y Perjuicios" del 02-10-2002). Mismo sentido respecto a la ley 24.307 y Decretos. 1813/92, 1807/93.
VII. Al pedido de aplicación art. 3 ley 26773, conforme los argumentos esgrimidos en el cuerpo del fallo corresponden su rechazo.
VIII. Con relación a la reserva formulada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada en su responde, respecto a habilitar la recuperación de los montos de condena contra el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales conforme el art. 26 inc. 3 de la Ley 24.557, se desestima el mismo.
IX. Al planteo de opone excepción de falta de acción por no agotar instancia administrativa respecto de la patología psicológica, el mismo se rechaza mediante sentencia interlocutoria de fecha 06/05/24.
X. Al pedido de la demandada que, en caso de sortear perito médico, se solicita que se haga conforme art. 2 ley 27348, el mismo se rechaza.
XI. Respecto al pedido de inconstitucionalidad de la resolución SRT 414/99, el planteo deviene abstracto.
XII. Téngase presente la Reserva del Caso Federal solicitado por ambas partes.
XIII. Librar oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de Homologación de la CMJ N° 381 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación con el expediente de divergencia en la determinación de la capacidad N° 321122/23 A los fines correspondientes.
XIV. Oportunamente practíquese liquidación por secretaria y regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.
XV. Regístrese y notifíquese y oportunamente archívese las presentes actuaciones.
A LA MISMA CUESTION: La Dra. María Alejandra Amaya y el Dr. Ambrosio Miguel Valle por compartir los fundamentos, votan en el mismo sentido que el Dr. Carlos Ariel Diaz. -
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DE TRABAJO NRO. 5 DE MORON
RESUELVE POR UNANIMIDAD:
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por GOMEZ ROBERTO ANDRES y condenar a la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9 , a pagar al accionante la suma de pesos once millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta, $ 11.481.470 con la incidencia del interés índice RIPTE incluido en concepto de prestación dineraria prevista por Art. 14, apartado 2° inc. a) ley 24.557, los que deberán ser abonados dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 ley 15.057).
II. Para el supuesto que la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9 , no ponga a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido de diez días de notificada de la presente sentencia, se aplicara un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la nación argentina, hasta la efectiva cancelación. Por ello en caso de mora se aplicará la capitalización de intereses prevista en el artículo 770 inciso 'c' del Código Civil y Comercial. Cuya operatividad ante la mora en el pago de la sentencia, exige tres requisitos: la existencia de una liquidación judicial firme y aprobada; una intimación formal de pago dictada por el tribunal; y la renuencia o mora posterior del deudor frente a dicho mandato. Condenar a la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A CUIT 20-2825306-9, al pago de las costas del proceso por resultar vencida (art. 24 ley 15.057).
III. Deviene inoficiosa una declaración de inconstitucionalidad de los artículos 6, 8, 21°, 22°, 40°, 46° de la LRT y del decreto 717/96, DECRETO 54/2017 y ley 27348.
IV. Declarase de oficio la inaplicabilidad e inconstitucionalidad el art. 17 inc. 3 ley 26.773 para la práctica de regulaciones de honorarios.
V. Aplicabilidad del Baremo 659/96 a los presentes actuados, e inaplicabilidad baremo 549/25.
VI. Respecto a la ley 24.432 declarar su no aplicación conforme a los fundamentos del fallo de la SCBA (L. 77.914, "Zúccolli c/ sum S.A. s/ Daños y Perjuicios" del 02-10-2002). Mismo sentido respecto a la ley 24.307 y Decretos. 1813/92, 1807/93.
VII. Al pedido de aplicación art. 3 ley 26773, conforme los argumentos esgrimidos en el cuerpo del fallo corresponden su rechazo.
VIII. Con relación a la reserva formulada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada en su responde, respecto a habilitar la recuperación de los montos de condena contra el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales conforme el art. 26 inc. 3 de la Ley 24.557, se desestima el mismo.
IX. Al planteo de opone excepción de falta de acción por no agotar instancia administrativa respecto de la patología psicológica, el mismo se rechaza mediante sentencia interlocutoria de fecha 06/05/24.
X. Al pedido de la demandada que, en caso de sortear perito médico, se solicita que se haga conforme art. 2 ley 27348, el mismo se rechaza.
XI. Respecto al pedido de inconstitucionalidad de la resolución SRT 414/99, el planteo deviene abstracto.
XII. Téngase presente la Reserva del Caso Federal solicitado por ambas partes.
XIII. Librar oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de Homologación de la CMJ N° 381 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación con el expediente de divergencia en la determinación de la capacidad N° 321122/23 A los fines correspondientes.
XIV. Oportunamente practíquese liquidación por secretaria y regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.
XV. Regístrese y notifíquese y oportunamente archívese las presentes actuaciones.
"Se deja constancia que la presente resolución se encuentra firmada digitalmente en el marco de la Ley N° 25.506, Decreto Reglamentario N° 2628/02 y articulo 288 CCC, siendo la Autoridad Certificante el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires"
"Se deja constancia que la presente resolución se ha notificado en forma automatizada, bajo el mecanismo aprobado por el Ac. 3991/20 de la S.C.J.B.A., modif. del Ac. 3845/17 de la S.C.J.B.A. "Reglamento para la notificación por medios electrónicos"
Firmas
Funcionario firmante: DIAZ Carlos Ariel - JUEZ
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Ambrosio Miguel - JUEZ
Funcionario firmante: VALLEJO Nuria - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 225-2026
Fin de la sentencia