Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 6069
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 6069 Sentencia: 2793 Actor: GOMEZ, Sergio Demandada: Servicios Públicos S.E.
Objeto: Daños y Pejuicios Fecha: 03/07/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los tres de julio de 2019, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GOMEZ, SERGIO I. C/ SERVICIOS PÚBLICOS S.E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”,Expte. Nº 22344/04 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1, de esta ciudad, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 6069/13. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dr. Mario A. Albarrán y Dr. Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?.- A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/32 Sergio Iván Gomez con el patrocinio letrado del Dr. Sandro Levin Dumenes e inicia demanda por daños y perjuicios contra Servicios Públicos Sociedad del Estado. Señala que la demandada violó su "deber de cuidado", refiriendo que el día 31 de octubre de 2002, estalló un tanque "verde" de los que posee Servicios Públicos en el Barrio Mirador de esta ciudad y derramó la totalidad del caudal de agua que contenía en su interior (aproximadamente 6 millones de litros), los que descendieron por las calles de la zona, donde vive el actor, inundándole su vivienda. A lo que agrega que en el año 2004 se produce similar desastre por no existir la válvula de retención correspondiente, volviendo a llenar su vivienda de líquidos cloacales. Se explaya sobre la responsabilidad de Servicios Públicos, tanto por las obligaciones a su cargo como por la cosa riesgosa que se encontraba bajo su esfera de dominio, cita jurisprudencia. Cuantifica en $ 84.000 el gasto de construcción de una nueva vivienda tal como tenía antes de sufrir el evento descripto; $ 27.000 para demoler las partes dañadas que deben repararse, $50.000 en concepto de daño moral, a cuyo fin describe los padecimientos sufridos tanto en forma personal como su grupo familiar que habitaba la vivienda; cuantifica los demás enseres y electrodomésticos que se vieron afectados tales como muebles, termotanque, lavarropa, etc. totalizando el reclamo en $193.867,00 y/o lo que más o en menos resulte de las pruebas producidas en éstos, con más los intereses correspondientes.
II. Corrido el traslado de la acción a fs. 36/46 contesta la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado por medio de su apoderada Dra. Graciela Martínez Maullión. Desconoce la legitimación pasiva de su parte, realiza negativa de los hechos, y desconoce la responsabilidad de su representada en el evento dañoso y los vicios redhibitorios que se reclama. En la versión de lo sucedido señala que era YPF S.A. quien era la proveedora de agua potable en algunos barrios de la ciudad, y por lo tanto al momento de producirse el evento dañoso se encontraba bajo su responsabilidad el suministro de agua en cuestión. Agrega que posteriormente se pasó el tanque bajo la órbita de Servicios Públicos. Sostiene que el hecho fue totalmente imprevisto y que no habría podido evitarse. Se explaya sobre la responsabilidad que cabe al actor por construir su vivienda por debajo del nivel de la calle; relacionando ello con una eventual responsabilidad por parte del Municipio local. Solicita la comparecencia como terceros al Municipio de Caleta Olivia y a YPF S.A. Con relación a los rubros Entiende exorbitante el reclamo del precio de una vivienda "nueva", pues sostiene que la vivienda debió repararse pero no realizarse nuevamente, además que ya tenía defectos edilicios pues estaba construida por debajo del nivel correspondiente y ya tenía secuelas de lluvias y nevadas anteriores que producían barro y estropeaban la construcción. Con respecto al valor de los muebles que reclama, refiere que el actor no acreditó ser poseedor de los bienes en cuestión y tampoco demuestra como fueron dañados por el ingreso de agua a la vivienda por lo que no corresponde reponerlos a nuevo como solicita. Por último entiende excesivo el monto que reclama por daño moral, toda vez que incumbe al propio actor responsabilizarse por sus conductas al haber construido como lo hizo. Ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva del caso federal.-
III. A fs. 50 se ordena la citación de terceros peticionada, a fs. 57 y ss. responde la Municipalidad de Caleta Olivia por medio de representante, Dr. José Gonzalez Nora. En su presentación hace mención a que la actora no ha hecho extensivo el reclamo contra el Municipio, opone excepción de prescripción, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.- A fs. 74/175 hace lo propio YPF S.A. quien comparece a juicio, deduce la falta de legitimación pasiva, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.-
Las excepciones se difieren para el momento de dictar sentencia y a fs. 205/207 se ordena la producción de pruebas.-
IV. Debo señalar que luego del dictado de la sentencia de fs. 748/752 que anulara el pronunciamiento de primera instancia y de los actos procesales siguientes, la presente causa obtuvo un nuevo pronunciamiento definitivo en la instancia de grado que luce a fs. 777/783. El fallo rechaza las excepciones de prescripción y falta de legitimación y admite la demanda condenando a SPSE a abonar a Sergio Iván GOMEZ la suma que resulte de la pericia técnica a realizarse y liquidación pertinente conforme las pautas establecidas en considerandos, en concepto de daño material y moral, con adición de intereses compensatorios correspondientes a la tasa activa cartera general vencida a 30 días del BNA, con costas a la demandada y difiere regulación de honorarios.- Contra la misma deducen recurso ambas partes pero sólo la actora mantiene el recurso con la expresión de agravios de fs. 829/833. Se pasan los autos al acuerdo disponiéndose por Presidencia el orden de estudio avocándome en consecuencia a votar en primer término.-
V. La actora se agravia principalmente por cuanto la Jueza de grado difiere la cuantificación de los daños y desestima la procedencia del cobro por los daños en los bienes y enseres domésticos. Sostiene que no se ha considerado las cuestiones alegadas y probadas por la propia parte actora. Cita jurisprudencia, hace mención a lo dictaminado por el Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia, en lo que respecta a la responsabilidad de SPSE. Califica de arbitraria la sentencia por apartarse del resultado de las pruebas producidas, recordando la prueba de testigos quienes han sido contestes en la existencia de líquidos dentro de la casa hasta los 50 centímetros. Enumera las demás medidas probatorias producidas, a saber, acta notarial y muestras fotográficas, el informe brindado por el municipio, el presupuestos de electrodomésticos, enseres y muebles acompañados ante la suficiente prueba que los mismos quedaron inutilizados luego de la inundación.
Hace referencia a la eficacia jurídica de la prueba rendida en el expediente. Enumera los testigos que comparecieron a declarar, hace referencia al informe de la firma "Bahía Blanca" con relación al valor de una vivienda de similares características que la aquí dañada, asimismo el informe que realiza servicios públicos a fs. 371/387 donde refiere que la actora debió construirse una nueva vivienda. Expone sobre el principio de comunidad de la prueba y la necesidad de que el Juez la aprecie como adquirida para el proceso, independientemente de la parte que la produce; no obstante lo cual el juzgador ordena una nueva pericia para cuantificar el monto del daño a trece años de ocurrido éste. Hace hincapié en lo señalado por el Fiscal ante el TSJ y solicita se revoque parcialmente la sentencia en cuanto difiere la cuantificación del proceso, ordenando como medida para mejor proveer se perite el valor de la nueva vivienda construida por el actor actualizando los montos de los enseres, muebles y electrodomésticos destruidos.- Tal como han quedado delimitado los agravios, queda en esta instancia expedirnos únicamente al valor de los daños que se reclaman, habida cuenta que la existencia de responsabilidad y el obligado a la reparación ha sido decidido en la instancia de grado adquiriendo firmeza para las partes por no haberse cuestionado en agravios; lo que exime de un examen al respecto en esta instancia.- Es necesario partir del principio adoptado por nuestra legislación y que reiteradamente ha sostenido la Jurisprudencia nacional que es el principio de reparación integral, "...que supone indemnizar el daño emergente y el lucro cesante, la necesidad de estimar los daños al momento de la sentencia, la fijación de intereses sobre la indemnización, la reparación del daño futuro y de la pérdida de chances." (Borda, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, II, pag. 495).
La Corte Suprema de Justicia sostiene que "la indemnización debe ser integral o justa....ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño e todo o en parte no existiría tal indemnización..." (CSJN- 21-9-2004, "Aquino Isacio C/ Cargo SErvicios Industriales S.A.", fallos: 327:3753, LL- 2005-A-230). Estas bases que ya se encontraban contempladas en el Código Civil (arts. 519 y ss.) son ahora receptadas por el nuevo Código Civil y Comercial, y tienen una base Constitucional derivada del principio general de no dañar y de la garantía de propiedad (arts. 19 y 17 de la Constitución Nacional). Valorar un daño es una tarea compleja ya que debe el juez establecer un monto reparatorio, lo que muchas veces no es sinónimo de una reparación justa, lo aprecio aún más en el particular donde han transcurrido casi quince años del evento dañoso.
El código de forma impone en el art. 166 la fijación del monto por el que progresa la acción o las bases para la realización de la liquidación, dejando como última hipótesis la posibilidad de tramitar un juicio sumarísimo para el caso de no ser posible. Es ello una obligación en cabeza del juzgador que debe tener un grado de razonabilidad propio de las decisiones jurisdiccionales. Del estudio y análisis tanto del escrito de demanda y de las pruebas producidas, entiendo que existen elementos en éstos que permiten cuantificar los daños materiales como requiere el actor. Así en esta primera lectura de la cuestión adelanto que el agravio debe prosperar, en la medida de las consideraciones que se detallarán infra.
No puede dudarse que la vivienda del actor sufrió inevitables pérdidas en su valor como consecuencia de los siniestros descriptos en autos. Así, no se puede desconocer que una vivienda que sufrió dos inundaciones de las características de las aquí ocurridas, con agua y líquidos cloacales, sufre secuelas de dificultosa reparación y que ello afecta inexorablemente su valor. En el líbelo inicial, el actor reclama la suma de $ 84.000, en concepto de una construcción nueva de la vivienda. De la prueba producida tenemos por una parte el informe de la firma "Bahía Blanca" que da una pauta al respecto (la única específica, habida cuenta que los otros informes ofrecidos al efecto se tuvieron por desistidos), el informe del Municipio de fs. 342 que hace mención de las dimensiones de la vivienda -54 mts. y una construcción de material de 16 mts. aproximadamente-, entre otras cuestiones que se tienen presentes y por otra parte el informe del arquitecto que luce a fs. 397/398.
De ello puede concluirse que la vivienda fue seriamente dañada, pero no destruida en su totalidad, ni que hubo necesidad de demoler lo que quedaba como pretende el actor en su demanda, ya que el dictamen señala, que se evidencia que ha sido reparada. Por ello entiendo que corresponde determinar en la suma de $28.000 el valor histórico de reparación de la vivienda, teniendo especialmente en cuenta el precio en plaza al mes de octubre de 2002, fecha en que se presupuestó conforme lo que surge de fs. 341. Valoro además que no se acreditó la necesidad de una nueva platea, ni la demolición que invocara al interesado, sino que debió reconstruírse en gran parte, y que se trata de una vivienda "prefabricada" acorde con lo presupuestado en éstos.
A dicha suma deberá adicionarse un 20%, es decir $ 5600 en lo que respecta a cañerías y conexiones que debieron reponerse. Estas sumas deberán ser acrecidas con los intereses fijados en la instancia de grado, por no haber sido materia de recurso, desde el mes de octubre de 2002 y hasta la fecha del pago.- En otro punto en cuanto a los daños denunciados en los bienes muebles y la jueza de grado desestima por entender que no se habrían acreditado, entiendo que asiste razón al recurrente en cuanto a que dicha postura deviene absurda. Lo razono de tal modo pues no puede ignorarse que la inundación de un inmueble, afectado a vivienda, hasta la altura aproximada de 50 centímetros lleva de por sí a la rotura de los bienes que se encuentran dentro del mismo, sin mayor razonamiento que el sentido común.
El actual art. 1740 del Código Civil y Comercial recepta este concepto claramente disponiendo que debe procurarse volver las cosas al estado anterior al hecho dañoso; o su reparación en dinero a elección del acreedor. Al iniciar la acción el actor enumera: termontanque, lavarropas, juego de sillones, heladera, cocina, juego de dormitorio matrimonial, juego de dormitorio para dos niños, mueble de audio, dos placares y un modular artesanal. Conjunto de mobiliario que deviene razonable y dentro de los parámetros normales y habituales si tenemos presente que se trata de una familia compuesta por un matrimonio y dos niños quienes vivían en dicha casa al momento del evento dañoso. En este aspecto la única prueba obrante en éstos que da cuenta de los precios de tales bienes resulta ser el informe remitido por la firma Sabino que luce a fs. 270.
En este orden de exposición considero que deberá proceder el reclamo por aquellos artefactos que enumera en el líbelo de demanda, habida cuenta que en el informe se consignan otros enseres que no se han reclamado. Entiendo excesiva la postura que exige al damnificado la acreditación de la compra de los muebles y enseres domésticos, con la factura de compra habida cuenta que se aleja del principio de la realidad; si tenemos presente que esta familia se encontraba habitando su casa hace años y que lo acontecido le resultó extraño y dañoso. Resulta razonable y acorde a la realidad lo reclamado por tratarse de objetos muebles "comunes y habituales" en situaciones como las descriptas. En este aspecto la suma de los valores correspondientes a los bienes detallados asciende a $6932.
Resta señalar sobre este punto que los intereses de este rubro habrán de calcularse desde el mes de marzo de 2006, por ser la fecha en que se emitió el informe tratándose de valores a ese momento.- En virtud de lo hasta aquí expuesto, si mi postura es compartida habrán de proceder los agravios de la parte actora en la medida, extensión y cuantificación de los daños materiales. (conf. art.s 166 y ccs. CPCC). Debiendo modificarse únicamente tal aspecto del fallo en cuanto ha sido materia de agravios. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
VI. Que por haber sido ampliamente debatido en acuerdo y procedente las facultades del art. 166 del CPCC, encuentro ajustado a derecho el monto fijado en el voto que antecede para la reparación de los daños reclamados en éstos y adhiero al mismo.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. En base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1)Admitir los agravios de la parte actora y revocar parcialmente el punto III de la sentencia recurrida, disponiendo que los montos de condena sean los establecidos en los considerandos precedentes y confirmarla en lo restante por no ser materia de agravios (arts. 17, 19 Constitución Nacional, arts. 519 y ss. Código Civil, 166 CPCC).2) Sin imposición de costas en esta instancias por no haber sido irrogadas (art. 68 CPCC). 3) Regular los honorarios del Dr. Ricardo Jorge Días por su labor en esta instancia, en el 30% de la suma que oportunamente se fije en la instancia de grado (art. 13, 24 y ccs. ley 3330). 4) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente vuelvan las presentes al Juzgado de origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
VIII. En atención a la forma que me he expedido a la primera cuestión, adhiero al pronunciamiento efectuado.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 3 de Julio de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir los agravios de la parte actora y revocar parcialmente el punto III de la sentencia recurrida, disponiendo que los montos de condena sean los establecidos en los considerandos precedentes y confirmarla en lo restante por no ser materia de agravios (arts. 17, 19 Constitución Nacional, arts. 519 y ss. Código Civil, 166 CPCC).
2. Sin imposición de costas en esta instancias por no haber sido irrogadas (art. 68 CPCC).
3. Regular los honorarios del Dr. Ricardo Jorge Días por su labor en esta instancia, en el 30% de la suma que oportunamente se fije en la instancia de grado (art. 13, 24 y ccs. ley 3330).
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente vuelvan las presentes al Juzgado de origen.-
El Dr. Jorge O. Alonso firma la presente sin emitir opinión por no existir disidencia entre los demás firmantes.- FDO. Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201028S.191 Tomo: XCI Sentencia: 2793 Folio Nº: 061/065 Secretaria: 1
Fin de la sentencia