Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-1.929/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 694/701 vta..-
2Declarar de oficio la nulidad de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 617/624 vta. y todo lo actuado a partir de la misma; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la primera instancia a efectos que dicte un nuevo fallo, debiéndose tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
3Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-1.929/13-TSJ Sentencia N°: 591.-
Actor: GOMEZ SERGIO I.
Demandado: SERVICIOS PUBLICOS S.E Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 17-7-15 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 591 FOLIO Nº 3394/3398 PROT. ELECT. TSS1 007 S.151
Río Gallegos, 17 de julio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “GOMEZ SERGIO I. c/ SERVICIOS PÚBLICOS S.E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº G-22.344/04 (G-1.929/13-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso de casación articulado por la actora a fs. 707/713, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 694/701 vta., la cual revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, determinando los daños materiales en enseres domésticos por $ 5.000 y los que resulten acreditados en la pericia técnica a realizarse para determinar los daños sufridos en la parte estructural de la vivienda del actor, reduciendo la responsabilidad de la demandada al 50 %.- El caso.
Sergio Iván Gómez promovió demanda contra Servicios Públicos Sociedad del Estado por daños y perjuicios a fs. 20/32 vta., afirmando que el 31 de octubre del 2002 la rotura de un tanque provocó el ingreso de agua a la vivienda del actor provocando daños en ella y muebles que se encontraban en su interior (conf. fs. 20/21). Continúa su relato expresando que el 30 de mayo de 2004 el inmueble se volvió a inundar, esta vez con líquidos cloacales, debido a que, alega el actor, la demandada no colocó una válvula de retención en la cámara correspondiente (conf. fs. 21 vta.). Bajo el acápite: “LOS VICIOS REDHIBITORIOS”, el actor señala que “…el enajenante del terreno, léase la Municipalidad de Caleta Olivia, en el cual nuestro poderdante edificó su morada, debió informarle el estado en el que el bien se encontraba, y ante la mala fe del mismo, el Sr.
Gomez tiene todos los derechos para ser protegido por la ley…” (cfr. fs. 22). Argumenta al respecto que “…Ya sea por la rotura del tanque de agua que tenía bajo su guarda, como así por el servicio de cloacas, donde la demandada NO COLOCÓ LA VÁLVULA DE RETENCIÓN, hicieron que la vivienda propiedad de mi mandante… se ha visto impropia para su destino, pues el destino ‘específico’ de una vivienda, es simple: su HABITABILIDAD y en el caso de autos, no sólo (sic) ser el hogar de nuestro mandante sino el de toda su familia…” (cfr. fs. 23 vta.). Seguidamente, afirma que “…La presente acción V.S. se intenta con la finalidad de lograr que, ante el incumplimiento total de las obligaciones a cargo del prestador de servicios, atento que los vicios alegados tornan completamente inútil la propiedad del actor como asimismo, el suelo, nuestro mandante peticiona un monto equivalente al necesario ‘…PARA COMPRAR LO DEBIDO A COSTA Y POR CUENTA DEL OBLIGADO…’, es decir, el valor establecido mediante la nueva construcción de la vivienda, elevación del terreno, sin los daños que hoy padece, y debidamente actualizado a la fecha de su efectivo e integro (sic) pago…” (cfr. fs. 24).- A fs. 39/48 vta. contesta demanda Servicios Públicos Sociedad del Estado.
En primer lugar interpone excepción de falta de legitimación pasiva “…respecto de la Acción por Vicios Redhibitorios intentada, por cuanto mi conferente no resulta ser el sujeto procesal pasivo habilitado por la ley para ser demandado, respecto concretamente de esta acción, motivo por el cual debe rechazarse la misma…” (cfr. fs. 40). Arguye que Servicios Públicos S.E. “…no es responsable de la rotura del tanque cisterna ni por ende de los daños sufridos eventualmente por el actor… la Empresa S.P.S.E. ha realizado todas las conductas adecuadas a los efectos de la correcta conservación y funcionamiento del tanque… la responsabilidad de los eventuales daños sufridos por el actor es su propia conducta negligente al tener su vivienda en violación de las normas de edificación en vigencia, puesto que su vivienda está construida debajo del nivel de la calle sobre la cual está ubicada…” (cfr. fs. 46).- La pretensión actoral obtuvo favorable acogida en primera instancia (conf. fs. 617/624 vta.), donde se hizo lugar a la demanda, condenándose a Servicios Públicos Sociedad del Estado “…a abonar al actor la suma que resulte de la pericia técnica a realizarse y liquidación pertinente conforme a las pautas establecidas en los considerandos respectivos en concepto de daño material y daño moral…” (cfr. fs. 624 vta.).-
Apelada dicha sentencia por ambas partes, falló la Cámara modificándola parcialmente y en su consecuencia, teniendo por acreditados daños materiales en enseres domésticos por la suma de $ 5.000 y los que resulten acreditados en la pericia técnica ordenada en la sentencia atacada como sufridos en la parte estructural de la vivienda del actor, reduciendo la responsabilidad de la demandada al 50% (conf. fs. 701).-
Contra este último fallo la actora a fs. 707/713 interpuso recurso de casación. En primer lugar afirma que “…El hecho de que mi mandante tenga situada su casa por debajo del nivel de la calle no es por sí un[a] causal de posibles o futuros daños, ya que nunca se hubiese visto involucrado en esta situación de no haber sido por la rotura del taque [sic] propiedad de S.P.S.E.. De hecho consta en el expediente que las obras de la municipalidad se realizaron con posterioridad a que el Sr. Gómez habitara su casa… queda claro lo siguiente, no importa donde se sitúen las casas del Barrio Mirador, ninguno de los vecinos sufriría daños en su propiedad si la empresa S.P.S.E. fuera diligente en su accionar y realizara el debido mantenimiento en sus instalaciones, buscando evitar hechos como el ocurrido el 31 de octubre de 2002…” (cfr. fs. 708 vta.).
Entiende que el fallo atacado resulta arbitrario, “…ya que no sólo no contempla adecuadamente las pruebas sino que además introduce al damnificado en una relación jurídica en la que nada éste tiene que ver. De existir responsabilidad del Municipio local, lo que hubiese correspondido ordenar por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones es que entre ellos -S.P.S.E. y Municipio- realicen la oportuna acción de repetición por la vía que corresponda, y no perjudicar al actor ordenando reducir el porcentaje de responsabilidad del único responsable del daño ocasionado, en el caso S.P.S.E.…” (cfr. fs. 710).- A fs. 738/742, dictamina el Agente Fiscal ante este Tribunal, quien expresa que “…Yendo al estudio de la cuestión traída a dictamen voy adelantar mi opinión favorable al acogimiento del recurso de casación interpuesto y por ende a la falta de eficacia de la sentencia de cámara.
Considero al igual que el Magistrado de Primera Instancia que la responsabilidad de SPSE, es por un doble carácter subjetivo cuya base normativa se encuentra en el art. 1109 del C.C. (culpa, negligencia e imprudencia) y objetivo (art. 1113 del mismo Cuerpo Legal (por el riesgo o vicio de la cosa). En este caso se encuentra acreditado el carácter de dueño y guardián de la cosa respecto del tanque de agua dañado de SPSE, lo que sin dudas lo torna responsable de acuerdo a lo establecido en el art. 1113 del C.C.… En el caso que nos ocupa considero que el actor con las pruebas testimoniales, el acta notarial con secuencias fotográficas, el informe Municipal y las demás arrimadas a la causa ha acreditado ampliamente los presupuestos exigidos en el art. 1113, no contemplando los Jueces de Cámara la totalidad de la prueba producida… En cuanto a la cuantificación del monto de la indemnización vemos, que la sentencia de Cámara estima a la hora de determinar los daños materiales, que corresponden pesos cinco mil ($5000) para reparar los daños de los bienes muebles lo que aconteció, en el año 2002, respecto de aparatos y electrodomésticos y que reduce al 50% la responsabilidad de la empresa.
Este análisis no lo comparto, pues considero que el daño está lo suficientemente probado y su cuantificación también, resultando revelador del perjuicio material causado, tampoco coincido con la reducción del porcentaje de responsabilidad (50%)… del desastre ocurrido en ese momento, por el ‘riesgo o vicio de la cosa’ y por no haber tomado los recaudos necesarios para evitar lo que sucedió, por lo cual considero que deben resarcirse en forma justa e integral los daños sufridos por el accionante y su grupo familiar…” (cfr. fs. 739 vta./742).-
II. Liminarmente debemos analizar una cuestión, de cuyo resultado dependerá que ingresemos o no al tratamiento del recurso de casación interpuesto: La omisión de pronunciamiento respecto de las excepciones de legitimación pasiva opuesta por Servicios Públicos Sociedad del Estado, y la de prescripción interpuesta por la Municipalidad de Caleta Olivia (tercera citada).-
Primeramente cabe señalar que nuestro más Alto Tribunal Nacional ha referido que: “…Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada por las sentencias ulteriores…” (cfr. Fallos 312:1580).-
Que, en atención a ello es necesario destacar -en este esquema liminar- que las sentencias de Primera Instancia y de Cámara, presentan un agente nulificador que descalifica a ambas como acto jurisdiccional válido.-
Surge del expediente que a fs. 39/40 la demandada interpuso excepción de falta de legitimación pasiva, y a fs. 72 la Municipalidad de Caleta Olivia -tercera citada-, de prescripción. Ambas excepciones fueron diferidas para el momento de dictar sentencia (conf. fs. 197).-
Nuestro Código de forma establece como principio en el artículo 164, inciso 6º, que las sentencias definitivas de primera instancia deberán contener: “…La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte…”. Aplicando la norma citada al caso de autos, la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa acerca de la totalidad de las excepciones que fueran deducidas, siendo deber del juzgador proporcionar, bajo pena de nulidad, los fundamentos que le permiten arribar a la solución del caso.- La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio (conf. HIGHTON, Elena y AREÁN, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 3, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, págs. 471/472).-
Resulta necesario señalar que nos encontramos ante una cuestión esencial -resolver las excepciones opuestas- ya que de ella puede depender la suerte del pleito. En consecuencia, al omitirse cuestiones esenciales que integraban la litis, se afecta el principio de congruencia, imponiéndose la declaración de nulidad tanto de la sentencia de primera instancia como la de la Excma. Cámara de Apelaciones.-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha expresado: “…Esta Corte tiene dicho que son cuestiones esenciales aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución (conf. C. 93.740, sent. del 27-II-2008). Es cuestión esencial toda materia que integra la pretensión liminar y sobre la cual debió expedirse el a quo. La ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita), que conlleva a la nulidad del fallo…” (cfr. SCBA, LP C 103206, S, 14/09/2011, “Carrara, Orlando A. y otros c. Stuart, Norma Luis s. Daños y perjuicios”).- Respecto al principio de congruencia, lo podemos definir como “…la conformidad de la sentencia con la demanda ha de ser refiriéndose exactamente á (sic) las personas que litigaron, al objeto sobre el que se litigó, al motivo que se expuso y á (sic) la razón que se dedujo…” (cfr.
ENDERLE, Guillermo J., La Congruencia Procesal, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2007, pag. 57). Por su parte el artículo 34 inciso 4° del CPC y C dispone que es deber del juez “Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia”. Los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.- En el particular caso de autos, tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara, omitieron pronunciarse respecto de las mencionadas excepciones. Cabe señalar que si bien en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva, la sentencia de primera instancia parece esgrimir fundamentos para su rechazo, los mismos no resultan adecuados para resolver la falta de legitimación pasiva opuesta.
Así encontramos que afirma “…Puede colegirse entonces de todas las expresiones supra referidas que en autos se encuentra acreditado en forma fehaciente el carácter de dueño o guardián de la cosa (tanque de agua dañado) por parte de la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, lo que la torna sujeto pasivo de la acción de acuerdo a lo que establece el art. 1.113 del Código Civil…” (cfr. fs. 623), sin volver a realizar en el fallo mención alguna al respecto. Es decir que parece resolver una supuesta falta de legitimación pasiva respecto de la acción por daños y perjuicios incoada, sin expresarse acerca de los vicios redhibitorios. Habiendo sido clara la demandada al momento de oponer la mencionada excepción: “…interpongo la defensa sine actione agit, respecto de la Acción por Vicios Redhibitorios intentada, por cuanto mi conferente no resulta ser el sujeto procesal pasivo habilitado por la ley para ser demandado, respecto concretamente de esta acción…” (cfr. fs. 40).- La garantía por vicios redhibitorios consiste en que el enajenante del dominio, uso o goce de una cosa, que ha efectuado dicha transmisión mediante título oneroso, debe garantizar al adquirente que esa cosa no posee defectos ocultos que la tornan impropia para su destino y/o que disminuyen su valor, de modo tal que, si el adquirente hubiera conocido aquellos, hubiera pagado menos por ella (conf.
Alberto J. Bueres y Elena I. Highton, Código Civil, Tomo 4D, Hammurabi, 1º Ed., Buenos Aires, 2003, pag. 720); por lo que es responsable el vendedor, quien queda sometido a la acción redhibitoria o a la acción estimatoria (quanti minoris) (conf. Spota Alberto G., Instituciones de Derecho Civil - Contratos, La Ley, 2º Ed., Buenos Aires, 2009, pag. 371).- Atento lo expuesto, la sentencia no resuelve lo solicitado, los fundamentos brindados no coinciden con lo alegado por la demandada, lo que provoca el vicio de incongruencia. Lo que también ocurre en la sentencia de Cámara, la cual no realiza ninguna mención en relación a la defensa opuesta, referida precedentemente.-
Por otro lado, respecto de la excepción de prescripción, no existe en ambas sentencias ni un argumento o fundamento que resuelva, siquiera trate, dicha excepción.-
En los presentes, la tercera citada opuso al progreso de la demanda la excepción de prescripción (conf. fs. 72). Siendo así, y en tanto en la sentencia de primera instancia se decidió hacer lugar a la demanda, omitiendo todo pronunciamiento acerca de la excepción planteada, se incurrió en una omisión, dejando exhibida una incongruencia que descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido y lo torna incompatible con el debido proceso legal. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que “…Corresponde anular la sentencia de grado en tanto dispuso llevar adelante la ejecución de alquileres sin tratar la excepción -en el caso, de inhabilidad de título- opuesta por el ejecutado toda vez que esa omisión afectó abiertamente su derecho de defensa y concluyó en una sentencia viciada de arbitrariedad…” (cfr. CNCiv., Sala E, “De Gregorio, María Rosario c. Churrascaría Spettus S.A. y otro”, 10/03/2009, Cita La Ley online: AR/JUR/1743/2009).- La Corte Suprema Nacional ha expresado que es condición de validez de los pronunciamientos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, y consideración de las alegaciones decisivas formuladas por las partes (Fallos 323:2468; 324:556; 325:2817), exigencia que procura esencialmente la exclusión de decisiones irregulares que afecten el adecuado servicio de justicia (Fallos 330:4930).-
Así, se ha producido entonces una grave violación del debido proceso (art. 18, CN) pues más allá de la procedencia o improcedencia de las excepciónes de prescripción y de falta de legitimación pasiva, los pronunciamientos omiten realizar alguna consideración al respecto.-
La irregularidad detectada en ambos decisorios, esto es, la omisión de pronunciamiento respecto de las excepciones interpuestas, es de una gravedad tal que lleva a la anulación, aun de oficio, de las sentencias de las anteriores instancias por violación de principios esenciales del procedimiento.-
Por otro lado, resulta necesario señalar que en la sentencia de primera instancia no existe, en su parte dispositiva, una decisión expresa respecto de los terceros citados. Dicha omisión de pronunciamiento respecto de Y.P.F. S.A. y la Municipalidad de Caleta Olivia, es de una gravedad tal que lleva a la anulación, aun de oficio, de la sentencia por violación de principios esenciales del procedimiento. La sentencia ha de tener en cuenta forzosamente a los sujetos que figuran en la relación procesal, revistiendo legitimación. Se ha declarado que si el fallo ha de tener la decisión expresa, positiva y precisa; obviamente, el pronunciamiento ha de determinar cuáles son las personas físicas o jurídicas comprendidas por el mismo (conf.
MORELLO, SOSA y BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial. Prov. De Bs. As. y De La Nación, Tomo II-C, 2da. ed., Buenos Aires, LEP - Abeledo-Perrot, 1986, pag. 78). La irregularidad mencionada adquiere aún mayor significancia si se advierte que la propia sentencia de Cámara, al analizar las consecuencias dañosas y la atribución de responsabilidad de cada una de las partes, refiere “…debe tenerse presente que no resulta absolutamente ajena a estas consecuencias la Municipalidad de Caleta Olivia desde que estaba en pleno conocimiento de la construcción irregular que había llevado a cabo la señora Daens, de quien adquirió la propiedad Gómez… obviando verificar lo construido y ocuparse de que se efectuaran las obras necesarias para la evacuación de las aguas de conformidad a la reglamentación vigente…” (cfr. fs. 699 y vta.), sin luego expedirse respecto de la responsabilidad de la Municipalidad de Caleta Olivia.
En consecuencia, las observaciones efectuadas constituyen un caso excepcional de incompatibilidad con el principio del debido proceso y afecta directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso por lo que la nulidad examinada es de carácter absoluto, susceptible de ser declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso.- Que, cabe entonces señalar que el núcleo dentro del cual se desenvuelve el fundamento crítico tanto al fallo de la Excma. Cámara como al del magistrado de primera instancia, está relacionado con la inobservancia del principio de congruencia consagrado en las disposiciones procesales supra apuntadas, dejando traslucir la carencia de los requisitos mínimos indispensables para su configuración jurídica originando un acto frustrado, nonato, impotente para la producción de efectos jurídicos insusceptible de convalidación e innecesitado de invalidación, no resultando necesaria su invocación, bastando meramente su constatación por lo que, ante ello, es potestad-deber de este Excmo.
Tribunal Superior impedir que se mantenga una incongruencia decisoria y que ha determinado -por ende- sentencias anómalas (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Sentencia, Reg. 396, Folio 2149/2151).- La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Esto es, comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida y de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2º de la ley 1687 es el encuadre normativo aplicable.- En conclusión, la ausencia de tratamiento y resolución por parte de los jueces de grado sobre la excepción de prescripción, el erróneo encuadre en relación a la falta de legitimación pasiva, y la falta de una decisión expresa respecto de los terceros citados (Y.P.F.
S.A. y la Municipalidad de Caleta Olivia), omitiendo de este modo tratar cuestiones esenciales cuando estaban obligados a resolverlas, provoca el incumplimiento con un cometido que la ley les manda, tornando nulas las sentencias dictadas en las anteriores instancias (art. 2° de la ley 1687). Dichas nulidades son absolutas -por ende insusceptibles de convalidación- y deben ser declaradas aún de oficio; debiendo reenviarse las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de primera instancia a efectos que dicte una nueva sentencia de acuerdo a las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (art. 14, ley 1687). En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas por su orden, ello en atención a la forma en que se resuelve.- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
En virtud de lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 694/701 vta..-
2. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 617/624 vta. y todo lo actuado a partir de la misma; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la primera instancia a efectos que dicte un nuevo fallo, debiéndose tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
3. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007S.151 Tomo: XVII Sentencia: 591.-
Folio N°: 3.394/3.398.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia