Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 64.439
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto tuvo por operada la resolución contractual por autoridad del acreedor. Y siendo el desalojo del inmueble un efecto restitutorio de esa resolución contractual, se rechaza el recurso de apelación deducido por el accionado y se confirma la sentencia apelada que hizo lugar a la demanda de desalojo y condenó a Juan Manuel Bertuzzi a devolver la tenencia del inmueble;
2Dejar sin efecto el plazo de diez días que se estableció en la sentencia apelada para el desalojo del inmueble, disponiendo que esta desocupación deberá hacerse simultáneamente con la restitución de las sumas de dinero percibidas por el vendedor, conforme a lo que surge de los apartados VII, VIII y IX de la presente sentencia;
3Modificar la sentencia apelada haciendo extensiva la condena de desalojo al demandado Juan Manuel Bertuzzi y a todos los demás ocupantes del inmueble;
4Disponer que el actor Luis Ricardo Goñi deberá restituirle al demandado, en forma simultánea con la desocupación del inmueble, todas las sumas percibidas con motivo de la compraventa, cuyos montos resultan de los referidos expedientes n° 32.491 y 38.256, debiendo practicarse en la instancia de origen la liquidación respectiva;
5Ampliar la sentencia apelada estableciendo que la suma de u$s 20.000 que pagó el comprador antes del boleto de compraventa a cuenta de precio, debe ser restituida por el vendedor en esa misma moneda extranjera; y determinando que la devolución de todas las sumas …
Causa nº: 2-64439-2019 "GOÑI LUIS RICARDO C/ BERTUZZI JUAN MANUEL Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 154 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los trece días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “Goñi Luis Ricardo c/ Bertuzzi Juan Manuel y otro/a s/ Desalojo (Excepto por falta de pago)” (Causa N° 64.439), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes- Dra. Longobardi - Dr.Galdós-.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fs.72/80vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
I. Luis Ricardo Goñi promovió demanda de desalojo contra Juan Manuel Bertuzzi y todo otro ocupante, respecto del inmueble ubicado en calle Constitución n° 1434 de Tandil, nomenclatura catastral: circunscripción I, sección B, manzana 21 c, parcela 18, matrícula 3328. Al relatar los antecedentes del caso señaló el accionante que, con fecha 3 de septiembre de 2001, le vendió al demandado el inmueble objeto del presente juicio de desalojo, puntualizando que esa operación comercial trajo como consecuencia la tramitación del juicio “Bertuzzi Juan Manuel c/Goñi Luis Ricardo s/Reajuste equitativo de precio” (expediente n° 32.491 que obra agregado por cuerda). Y prosiguió señalando que luego de quedar firme la sentencia dictada en dicho proceso, no se logró el cobro del saldo de precio, por lo que se inició el juicio caratulado “Goñi Luis Ricardo c/Bertuzzi Juan Manuel s/escrituración” (expediente n° 38.256 que también corre por cuerda) (ver fs.17/17vta. de estos actuados). Ya en referencia al mencionado juicio de escrituración, puntualizó el actor que pese a que la sentencia quedó firme, se tornó casi imposible cobrar el saldo de precio dada la actitud remisa del comprador. Fue así que dentro de esas actuaciones y en pos de encontrar una solución que permitiera terminar definitivamente con el diferendo, con fecha 6 de junio de 2016 se llegó a un acuerdo mediante el cual se estableció que el precio debido a esa fecha por el demandado Juan Manuel Bertuzzi, en concepto de capital e intereses, era de $ 535.007,60. Aclaró que el 50% de esa cifra se debía abonar el día 13 de junio de 2016 y el saldo al escriturar (fs.17vta. del presente juicio de desalojo).
Seguidamente destacó el accionante el incumplimiento del comprador, puntualizando que “desgraciadamente, el demandado no cumplió con el pago de ese 50%, ni dio excusa alguna al respecto”. Y señaló que ante esta circunstancia le remitió carta documento al accionado con fecha 16 de junio de 2016, mediante la cual lo intimó para que cumpliera su obligación de pagar el precio con más sus respectivos intereses, en el plazo de quince días corridos a partir de la recepción de la misiva, bajo apercibimiento de resolver la compraventa en su totalidad. En este mismo envío postal hizo constar que en caso de no abonarse la suma adeudada dentro del plazo indicado, la compraventa del inmueble quedaría automáticamente resuelta, por lo que en caso de darse esa circunstancia, intimó al demandado para que le entregara totalmente desocupado el inmueble en forma inmediata, bajo apercibimiento de solicitar su lanzamiento judicial, debiendo hacerse cargo de los daños y perjuicios producidos y a producirse (ver demanda a fs.18 y carta documento que obra anexada a fs.13 de los presentes actuados).
Y prosiguió puntualizando el actor en su demanda:
“Ninguna respuesta se obtuvo de la contraparte. Menos el pago de lo debido. Es por ello que se consideró resuelta la compraventa ante el incumplimiento de la parte compradora” (fs.18). En función de ello, adujo el actor que –con fecha 11 de julio de 2016- le remitió una segunda carta documento al comprador aquí demandado, donde le manifestó que por imperio legal y en virtud del apercibimiento realizado, quedaba resuelta la compraventa ante el incumplimiento de la obligación de pagar el precio, pese a la intimación formulada. Señaló también en esta nueva comunicación postal, que como tampoco se había desocupado el inmueble, se intimaba nuevamente el reintegro del mismo antes del día 1 de agosto de 2016, bajo apercibimiento de lanzamiento judicial y de reclamarse los daños producidos y a producirse (ver demanda a fs.18/18vta., y carta documento agregada a fs.15 de este juicio de desalojo).
Así culminó el relato de la demanda, puntualizándose que tampoco se obtuvo respuesta alguna, ni el desalojo, ni la entrega de la vivienda, razón por la cual no quedaba más que acudir a la justicia en busca de obtener la desocupación del inmueble con respecto al demandado y a toda otra persona que se encontrara habitando en ese lugar, lo que se dejó expresamente requerido (fs.18vta.).
II. En su escrito de contestación desconoció el accionado las cartas documento agregadas con la demanda y opuso excepción de prescripción (fs.23vta.). A continuación respondió la demanda y remitió al juicio de escrituración donde el actor reclamó el cumplimiento del contrato (expediente n° 38.256 citado en el apartado I). Dijo el demandado que en ese juicio de escrituración se lo condenó a él a abonarle al aquí accionante una suma de dinero, y a éste último a suscribir la escritura traslativa de dominio a su favor. Sobre esas bases destacó que “recientemente realicé depósito por la suma de $ 354.477 en cumplimiento de la sentencia recaída en dichos actuados, con lo cual le corresponde al Sr. Goñi Luis Ricardo que suscriba la correspondiente escritura de dominio, lo que así fue peticionado”. Acto seguido sostuvo: “A contrario de ello y en forma totalmente extemporal éste decide plantear la resolución del boleto celebrado en el año 2001, contraviniendo su propio accionar judicial, como así también la sentencia recaída en los actuados referidos”. Por ello solicitó el completo rechazo de la presente acción, con costas (fs.23vta./24).
III. Tramitado el proceso se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia que ha llegado apelada a esta alzada. En este pronunciamiento se hizo lugar a la demanda de desalojo y, en consecuencia, se condenó a Juan Manuel Bertuzzi a devolver la tenencia del inmueble en el plazo de diez días de quedar firme el decisorio. Al mismo tiempo se ordenó la devolución de todas las sumas que hubiera percibido el actor Luis Ricardo Goñi, con causa en el contrato de compraventa que se ha resuelto, en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva. Las costas se impusieron al demandado vencido (fs.80/80vta.).
En los considerandos de dicho fallo se hizo referencia al juicio de escrituración que tramita en el ya mencionado expediente n° 38.256, con especial mención del acuerdo al que arribaron las partes en la audiencia de fecha 6 de junio de 2016, (a la cual me referí en el apartado I), la que se realizó en el marco del cumplimiento y ejecución de la sentencia firme que había sido dictada en ese proceso de escrituración (ver fs.641/641vta. de dicho expediente n° 38.256). Dijo el juez de la anterior instancia que a fs.642/643 del juicio de escrituración obra un comprobante del que surge que Juan Manuel Bertuzzi depositó la suma de $ 354.477. Y señaló el juez a quo que el actor Luis Ricardo Goñi, en posterior escrito de fs.645, “manifiesta que como la demandada Bertuzzi no había cumplido con el acuerdo celebrado en el acta transcripta, pese a la previa intimación que se le cursara bajo apercibimiento de resolver la compraventa, se le notificó fehacientemente que el contrato que dio origen a estas actuaciones quedó definitivamente resuelto y debía desocupar el inmueble.
Es por ello que se informa que se iniciaron estas mismas actuaciones” (ver consideraciones vertidas a fs.75/75vta. de la sentencia apelada; lo destacado pertenece al suscripto). Prosiguió el juez relatando las posteriores actuaciones del juicio de escrituración y de otro juicio de ejecución de sentencia entablado entre las partes, caratulado “Bertuzzi Juan Manuel c/Goñi Luis Ricardo s/ejecución de sentencia” (expediente n° 48.708). señalando que si la misma es eficaz hace nacer los efectos extintivos del negocio, con las consecuentes proyecciones sobre las prestaciones, en este caso puntual, el derecho del vendedor de recuperar la cosa. Y precisó que si por el contrario, dicha resolución contractual resultara ineficaz (por los argumentos del comprador reseñados en el apartado II de este voto), debería rechazarse el desalojo promovido (fs.76vta., primer párrafo).
Para decidir esta problemática recaló el juez en la citada audiencia celebrada -con fecha 6 de junio de 2016- en el juicio de escrituración que tramita en el mencionado expediente n° 38.256 (fs.641/641vta.), poniendo de relieve que en ese acto el comprador Bertuzzi se comprometió a pagar la suma de $ 355.073,94, el día 13 de junio de 2016. Y así señaló que el comprador incurrió en un incumplimiento palmario al no haber pagado dicha cantidad dineraria, pese al compromiso asumido en la mencionada audiencia, la cual se formalizó en el juzgado en el marco de la ejecución de la sentencia firme que se había dictado en ese expediente n° 38.256 (ver fs.76vta., segundo párrafo). De este modo culminó el juzgador su desarrollo argumental sobre la cuestión en debate, señalando que el día 16 de junio de 2016 el vendedor Goñi le remitió una carta documento al comprador Bertuzzi, intimándolo en el plazo de quince días a cumplir con su obligación de pago, con más intereses, bajo apercibimiento de resolver la compraventa en su totalidad, sin haber obtenido ninguna respuesta.
Y expresó que el “iter resolutivo” finalizó con una nueva declaración contenida en la carta documento de fecha 11 de julio de 2016, por la cual se le notificó al comprador Bertuzzi la resolución del contrato por autoridad del acreedor y se lo intimó a desalojar el inmueble (a estas comunicaciones postales ya me referí en el apartado I de este voto, párrafos tercero y cuarto, donde reseñé los términos de la demanda de desalojo).
Luego de estas conclusiones, el sentenciante consideró correctamente aplicado “el procedimiento que le queda a aquél contratante que se encuentra vinculado contractualmente a un incumplidor constante y persistente” (fs.76vta. in fine/77). Con citación de doctrina y jurisprudencia, estimó que el incumplimiento del comprador es de suma gravedad y habilitó la resolución contractual, expresando los siguientes conceptos: “En el caso de autos, entiendo que el incumplimiento operado respecto al convenio desarrollado frente a la autoridad judicial, el cual ponía fin a un derrotero judicial litigioso que se extendía por años, constituye un acto de suma gravedad que ameritaba, tal como lo hizo, declarar la voluntad extintiva tal como lo hizo Goñi” (fs.79/79vta.).
Y tras rechazar la defensa de prescripción opuesta por el demandado (fs.79vta.), se adentró el magistrado en el efecto “restitutorio” de la resolución contractual operada por autoridad del acreedor, manifestando que “el actor pretende se le devuelva el inmueble, pero no es el único efecto que completa la ‘restitución’, sino que, a la par, debe éste devolver las prestaciones que hubiera recibido con causa en el negocio jurídico que está aniquilando” (fs.79vta.). Luego citó fallos según los cuales, en estos casos, la retención del dinero recibido por el vendedor ya carece de causa jurídica y, por ende, éste se encuentra compelido a su devolución, no siendo necesario el planteo de contrademanda alguna (fs.80). De este modo delineó la parte dispositiva de la sentencia, donde además de condenar al demandado a devolver la tenencia del inmueble, ordenó la devolución de todas las sumas que hubiera percibido el vendedor Goñi, con causa en el contrato de compraventa resuelto (fs.80/80vta.).
IV. La mencionada sentencia fue apelada por ambas partes, habiendo expresado sus agravios el demandado mediante presentación electrónica y presentación en soporte papel (fs.102/103vta.), mientras que el actor lo hizo solamente a través del medio electrónico. Impugnó el demandado la sentencia recaída en la anterior instancia, haciendo referencia a las actuaciones cumplidas en el juicio de escrituración y en el expediente de ejecución de sentencia promovido por su parte. Argumentó sobre el depósito que realizó en el expediente de escrituración y cuestionó la imputación a honorarios dada por el juez de grado. Refirió al presente proceso de desalojo y cuestionó el proceder del actor que hace más de diez años pidió el cumplimiento de las obligaciones emergentes del boleto de compraventa, para luego ir contra sus propios actos al pretender la resolución del contrato y el desalojo del inmueble. Señaló la improcedencia de la resolución contractual al haberse formalizado un acuerdo de pago en el juicio de escrituración que previó el mecanismo a adoptar en caso de incumplimiento. Solicitó la revocación de la sentencia apelada que decretó la resolución del boleto de compraventa y el desalojo de la propiedad.
Los agravios del actor se centran, primeramente, en que debe ampliarse la condena de desalojo a cualquier otro ocupante del inmueble. Luego requiere se aclaren las sumas que debe restituirle al demandado y la tasa de interés que corresponde aplicar en cada caso, al haber un pago en dólares estadounidenses y otros en moneda de curso legal argentino.
Habiendo contestado el actor los agravios del demandado y cumplidos los demás trámites de rigor, se llamaron autos para sentencia (fs.112) y se practicó el sorteo de ley (fs.113). De esta manera han quedado estos actuados en condiciones de ser examinados a los fines del dictado de este pronunciamiento.
V. El dilatado conflicto que mantienen las partes se remonta al boleto de compraventa que formalizaron con fecha 3 de septiembre de 2001, mediante el cual Luis Ricardo Goñi, Luis Gerardo Goñi y Martha Judit Goñi vendieron a Juan Manuel Bertuzzi el inmueble objeto de autos, en el precio total de u$s 92.000, pagadero de la siguiente forma: La suma de u$s 20.000 se entregó antes de ese acto, a cuenta de precio, sirviendo el boleto de suficiente recibo, y la suma de u$s 72.000 debía ser entregada a más tardar el día 31 de mayo del año 2002, en concepto de cancelación de precio, junto con la firma de la escritura traslativa de dominio, pudiendo el comprador realizar pagos parciales (conf. instrumento de fs.6/7 de los autos caratulados “Bertuzzi Juan Manuel c/Goñi Luis Ricardo s/Reajuste equitativo de precio” (expediente n° 32.491).
1. Por su fecha de celebración y por la moneda utilizada por las partes, puede observarse que el referido boleto de compraventa fue alcanzado por las normas de la emergencia económica declarada en el país a comienzos del año 2002 (ley 25.561, decreto 214/02 y demás normativa). Fue por ello que el comprador Juan Manuel Bertuzzi promovió el juicio por reajuste equitativo de precio que tramitó en el mencionado expediente n° 32.491. Posteriormente, se tramitaron los autos intitulados “Goñi Luis Ricardo c/Bertuzzi Juan Manuel s/escrituración” (expediente n° 38.256), en los cuales se dictó sentencia por este tribunal de alzada a fs.421/432, pronunciamiento que ha adquirido firmeza.
Ahora bien, recalando en dicho juicio de escrituración, reviste marcada importancia la audiencia allí celebrada con fecha 6 de junio de 2016, en el marco de la ejecución de la sentencia firme recaída en ese proceso, a la cual ya hice referencia en el apartado I del presente voto. En esta audiencia se fijó en la suma de $ 535.007,60, el monto adeudado de capital más intereses, al cual se adicionaron los honorarios e intereses del Dr. Pey en la suma de $ 144.828, y los honorarios de los peritos Gondolesi y Mengarelli en la suma de $30.312,28, por lo que el monto total adeudado se elevó a la suma de $ 710.147,88, sin ninguna aplicación de multas. Se convino en este acto que el 50% de esta suma se pagaría el día 13 de junio de 2016, mientras que el restante 50% sería pagadero a la firma de la escritura que se otorgaría a los noventa días. Además, se hizo constar en la parte final del acuerdo que: “La manera de garantizar el pago de ese 50% restante, queda a criterio del actor en solicitar, en caso de incumplimiento, el remate sin más, de los derechos que nacen del boleto y posesión del demandado” (fs.641/641vta. del expediente n° 38.256).
O sea que el día 13 de junio de 2016, el comprador Juan Manuel Bertuzzi debía pagar el 50% del monto total fijado en la audiencia realizada en el juicio de escrituración con fecha 6 de junio de 2016, es decir, la suma de $ 355.073,94. En su demanda que dio inicio al presente desalojo, puntualizó el actor Luis Ricardo Goñi que el demandado Juan Manuel Bertuzzi no cumplió con ese pago, por lo que le cursó la carta documento de fecha 16 de junio de 2016, mediante la cual lo intimó para que cumpliera su obligación de pagar el precio con más sus respectivos intereses, en el plazo de quince días corridos a partir de la recepción de la misiva, bajo apercibimiento de resolver la compraventa. En este mismo envío postal hizo constar que en caso de no abonarse la suma adeudada dentro del plazo indicado, la compraventa del inmueble quedaría automáticamente resuelta, por lo que en caso de darse esa circunstancia, intimó al demandado para que le entregara totalmente desocupado el inmueble en forma inmediata, bajo apercibimiento de solicitar su lanzamiento judicial (ver demanda a fs.18 y carta documento agregada a fs.13 de estas actuaciones).
Continuó expresando el actor en la demanda de autos que ninguna respuesta obtuvo de la contraparte, por lo que remitió una nueva carta documento al comprador aquí demandado, con fecha 11 de julio de 2016, donde le manifestó que por imperio legal y en virtud del apercibimiento realizado, quedaba resuelta la compraventa ante el incumplimiento de la obligación de pagar el precio, pese a la intimación formulada (ver demanda a fs.18/18vta. y carta documento allegada a fs.15 de este juicio de desalojo).
2. En la sentencia dictada en la anterior instancia en el presente juicio de desalojo (motivo de la apelación traída a esta alzada), se analizó la resolución contractual operada por autoridad del vendedor, frente al incumplimiento en que incurrió el comprador Bertuzzi, partiéndose de la base de que en la audiencia realizada en el juicio de escrituración, el adquirente se había comprometido a pagar el día 13 de junio de 2016, la suma de $ 355.073,94. Así sostuvo el juez a quo que el comprador incurrió en un incumplimiento palmario al no haber pagado dicha cantidad dineraria, pese al compromiso asumido en la mencionada audiencia, la que se formalizó en el marco de la ejecución de la sentencia firme dictada en ese juicio de escrituración (fs.76vta., segundo párrafo). Refirió el anterior magistrado a las mencionadas cartas documento que el vendedor Goñi le remitió al comprador Bertuzzi con fechas 16 de junio de 2016 y 11 de julio de 2016, mediante las cuales resolvió el contrato por autoridad del acreedor, intimando al adquirente a desalojar el inmueble. Y luego de estas conclusiones, consideró correctamente aplicado el procedimiento que le queda al contratante que se encuentra vinculado contractualmente a un incumplidor constante y persistente, estimando que el incumplimiento del comprador es de suma gravedad y habilitó la resolución contractual (fs.76vta./77 y fs.79/79vta.).
Coincido con el juez de la anterior instancia en cuanto a la gravedad del incumplimiento en que incurrió el comprador Juan Manuel Bertuzzi, pues no puede perderse de vista que el acuerdo al que arribaron las partes en la mencionada audiencia del día 6 de junio de 2016, había sido la culminación de un dilatado conflicto que se inició en el año 2002 y que motivó la tramitación de dos complejos procesos altamente controvertidos, en los cuales fue necesario arribar al dictado de sendas sentencias por parte de este tribunal (me refiero, claro está, a los ya analizados juicios de reajuste equitativo de precio y de escrituración). En efecto, este extenso derrotero litigioso pareció encontrar solución en esa audiencia llevada a cabo en el marco de la ejecución de la sentencia del juicio de escrituración, pues en la misma quedó perfectamente determinado el monto total a abonar por el comprador en concepto de capital, intereses y honorarios, el cual –como se dijo- se elevó a la suma de $ 710.147,88.
Pero, claro está, para el éxito de la lograda concertación resultaba esencial que el comprador pagara el 50% de esa suma total, o sean $ 355.073,94, el día 13 de junio de 2016, es decir, siete días después del momento de realización de la audiencia. En una actitud verdaderamente incomprensible, el comprador incumplió esta obligación medular del acuerdo resultante de la audiencia, lo que condujo al vendedor a resolver el contrato mediante las cartas documento que le remitió con fechas 16 de junio de 2016 y 11 de julio de 2016. Y afirmo que este comportamiento resulta incomprensible, porque en el mismo momento de celebración de la audiencia debió prever el comprador que contaría con el dinero necesario para afrontar la obligación asumida, lo que -evidentementeno aconteció.
Surge así en forma inequívoca la mora en que incurrió Bertuzzi, con relación a una obligación que se erigía en la piedra angular del acuerdo arribado en sede judicial (arts.508, 509, 1197, 1198, primer párrafo, 1204 y ccs. del derogado Código Civil; arts.886, 888, 1077, 1078, 1079, 1084, 1085, 1087, 1088 y ccs. del Código Civil y Comercial de la Nación). Precisamente, en forma absolutamente tardía, con fecha 9 de septiembre de 2016, el comprador Juan Manuel Bertuzzi hizo un depósito judicial por la suma de $ 354.477, lo que pone claramente de manifiesto su grave incumplimiento (ver fs.642/643 del expediente de escrituración n° 38.256). Esta presentación de Juan Manuel Bertuzzi motivó la contestación del actor, quien puso de resalto el incumplimiento en que aquél había incurrido, dejó constancia de la resolución contractual formalizada en forma extrajudicial y puntualizó que había dado inicio al presente juicio de desalojo (ver fs.645 de dicho expediente n° 38.256).
Todo este entramado fue analizado por este tribunal en una posterior resolución dictada en el juicio de escrituración, donde se revocó la resolución de primera instancia en la que se había conferido un nuevo plazo al comprador, decidiéndose que los autos debían continuar según su estado, sin dilatar el normal desarrollo de las actuaciones al volver sobre cuestiones ya resueltas (ver sentencia de fs.676/680 del expediente n° 38.256). Esta resolución del tribunal se presenta esclarecedora ante la considerable dilación experimentada por la cuestión litigiosa, y ante la imperiosa necesidad de dar definitiva solución a un diferendo que se ha prolongado durante más de diecisiete años.
3. Al examinar el pacto comisorio implícito a la luz del derogado Código Civil, señalaba Lorenzetti que: “El artículo 1204 del Código Civil considera implícita la facultad resolutoria en los contratos con prestaciones recíprocas, frente al incumplimiento de una de las partes. No ejecutada la prestación, se puede requerir el cumplimiento por un plazo no inferior a quince días o el que establezcan los usos o un pacto expreso, transcurridos los cuales queda extinguido el contrato por resolución, debiéndose las partes restituir lo dado, salvo las prestaciones cumplidas y firmes, y el resarcimiento de daños” (Tratado de los Contratos, Parte General, Santa Fe 2004, pág.660).
Y continuaba detallando este autor los requisitos para que el pacto comisorio produzca sus efectos, siendo exigible una comunicación inicial donde se ponga en conocimiento del deudor que hay mora, que se desea resolver y que se concede un plazo de gracia. Señalaba que la razón de la interpelación radica en que el incumplimiento es el presupuesto de la resolución, y para que exista incumplimiento debe existir mora; por lo tanto, hay que configurar el estado de mora, que requiere habitualmente de la interpelación, salvo que sea automática. Puntualizaba, además, que para que se produzca el efecto extintivo del pacto comisorio debe hacerse conocer la voluntad resolutoria; de tal modo el contenido debe ser una declaración que diga claramente que, si no se cumple, se producirá la resolución del contrato.
Decía, asimismo, que el art.1204 del Código Civil establecía la obligatoriedad para el acreedor de dar un plazo de gracia para el cumplimiento de quince días como máximo; siendo este plazo de gracia una prórroga que se da porque se quiere evitar el ejercicio abusivo que sería resolver el contrato con un atraso de un día, o de horas (conf. Lorenzetti, ob. cit. págs.661 y 662). Similares conceptos trae este autor al referir al pacto comisorio implícito en su reciente obra donde analiza el ordenamiento actualmente vigente, con cita de los arts.886, 1087 y 1088 del Código Civil y Comercial de la Nación (Lorenzetti, Tratado de los Contratos, Parte General, tercera edición, Santa Fe, 2018, págs.785 y 786).
Manifiesta, además, que el pacto comisorio implícito requiere una declaración de voluntad recepticia emitida por la parte contractual que ha cumplido, y que la misma debe estar basada en el incumplimiento relevante de una obligación a cargo de la otra parte. Este último aspecto es por demás gravitante, explicando el citado autor que el art.1084 del C.C. y C., sienta la regla general según la cual el “incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato”, para luego establecer diferentes supuestos o tipos de incumplimientos. Entre estos supuestos se considera esencial el incumplimiento cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato (inciso a), cuando el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor (inciso b), y cuando el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar (inciso c) (ob. cit. págs.781 y 782; en un mismo orden de ideas, ver Stigliz, Contratos Civiles y Comerciales, Parte General, tercera edición, Bs.
As. 2015, págs.189, 190 y 191).
4. De las consideraciones hasta aquí vertidas se desprende, sin duda alguna, que el comprador Juan Manuel Bertuzzi incurrió en un incumplimiento de gravedad que habilitó a Luis Ricardo Goñi a resolver el contrato como lo hizo, habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del pacto comisorio implícito, en las cartas documento enviadas por el vendedor con fechas 16 de junio de 2016 y 11 de julio de 2016 (arts.886, 1077, 1078, 1079, 1084, 1087, 1088 y ccs. del C.C. y C.). En efecto, en la audiencia celebrada con fecha 6 de junio de 2016 en el juicio de escrituración, se estableció el monto total adeudado por el comprador y la fecha exacta en que debía pagarse el cincuenta por ciento de este guarismo (13 de junio de 2016), siendo evidente la mora del deudor que recién realizó un depósito completamente tardío el día 9 de septiembre de 2016.
Lo antedicho se encuentra corroborado por las propias manifestaciones volcadas por Bertuzzi en su expresión de agravios, donde refiere al acuerdo celebrado en el juicio de escrituración y a la suma dineraria establecida en el mismo, manifestando que “no pudieron juntarse para las fechas pactadas no aceptando la contraparte la dilatación de los términos”. Y a esta expresa admisión de su incumplimiento le agrega una aseveración inexplicable, cuando señala que el importe de $ 354.477 por él depositado –tardíamente- el día 9 de septiembre de 2016 (fs.642/643 del expediente n° 38.256), correspondía a la liquidación aprobada en la resolución de fecha 13 de junio de 2014 (fs.484/485 de dicho expediente n° 38.256). De esta manera, el comprador realizó un depósito que no sólo fue tardío –como ya lo destaqué- sino que, además, se encontraba basado en una antigua resolución del mes de junio de 2014, siendo que debió haberse ajustado al tantas veces mencionado acuerdo que las partes celebraron en sede judicial, en la audiencia de fecha 6 de junio de 2016 (fs.641/641vta. del expediente de escrituración n° 38.256). Es por ello que son inaudibles las alegaciones vertidas por el demandado en sus agravios, sobre este depósito tardío e improcedente, quien además se queja por la imputación a honorarios que le dio el juez de grado, olvidando que en el mencionado acuerdo también se encontraba obligado al pago de los estipendios y el tiempo transcurrido desde su mora fue por demás considerable, habiendo dado lugar al inicio de ejecuciones por parte de los profesionales actuantes (ver constancias de fs.643/655 del expediente n° 38.256).
En suma, el comprador Bertuzzi incurrió en mora con relación a la obligación que debía cumplir el día 13 de junio de 2016, consistente en el pago del 50% del monto total acordado en la audiencia que se había formalizado siete días antes en el juicio de escrituración. Así puede apreciarse la magnitud económica que tenía este desembolso para las legítimas expectativas del vendedor, por lo que se está ante un incumplimiento esencial en atención a la finalidad del contrato, en los términos del citado art.1084 del Código Civil y Comercial. De este modo, quedó habilitado el actor para disponer la resolución del contrato en la forma en que lo hizo, debiendo reiterarse que el mecanismo por él adoptado cumplimentó los presupuestos exigidos por el art.1088 del mismo cuerpo normativo.
5. Sólo resta señalar que en la última parte de su escrito recursivo, invoca el demandado la última parte del mencionado acuerdo obrante a fs.641/641vta. del juicio de escrituración, donde se hizo constar que el vendedor podía solicitar, en caso de incumplimiento, “el remate sin más, de los derechos que nacen del boleto y posesión del demandado” (ver fs.641vta. del expediente n° 38.256). Y sobre esta base asevera que el vendedor contradijo sus propios actos al pretender la resolución del contrato, cuando con anterioridad había solicitado el cumplimiento de las obligaciones derivadas del boleto de compraventa.
Este planteo tampoco es de recibo, pues el vendedor persiguió infructuosamente -a lo largo de muchos años- el cumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador, habiendo contado éste último con todas las posibilidades a su alcance para satisfacer el legítimo derecho del transmitente. Sin embargo, ninguno de los esfuerzos realizados en el juicio de escrituración surtió efecto positivo, habiendo incurrido el comprador en un incumplimiento de magnitud con respecto a las obligaciones que asumió en la crucial audiencia del día 6 de junio de 2016, tal como ya lo he enfatizado en el decurso del presente voto.
Por lo demás, es sabido que la obligación de ser coherente es una derivación del principio general de buena fe, y de ella derivan la doctrina de los propios actos y el límite impuesto al ejercicio de las atribuciones de la parte cumplidora frente a la incumplidora cuando se trata del pacto comisorio (arts.9, 729, 1061 y 1067 del C.C. y C.; conf. Rivera, Crovi y Di Chiazza, Contratos, Parte General, Bs. As. 2017, pág.492). Pero como también lo recuerdan estos mismos autores, ese límite impuesto al ejercicio de las atribuciones del contratante cumplidor está dado por una restricción al ius variandi que de ningún modo obstaculiza la resolución contractual operada en el caso en juzgamiento (ob. cit. págs.492 y 493). En efecto, quien ha cumplido puede demandar el cumplimiento o la extinción del contrato; si eligió demandar el cumplimiento puede variar y reclamar la extinción (art.1078 inciso e) del C.C. y C.); pero si eligió la extinción, extrajudicial o judicial, no puede luego demandar el cumplimiento (art.1078 incisos f) y g) del C.C. y C.). En el supuesto de autos el vendedor procuró, primeramente, el cumplimiento del contrato, a través de un dilatado trámite judicial de escrituración que se inició el día 6 de junio de 2007 (fs.8/16 del expediente n° 38.256), y que pese a los esfuerzos realizados no arrojó un resultado favorable. Y lo que selló definitivamente la suerte adversa de este juicio de escrituración fue el incumplimiento de gravedad en que incurrió el comprador con respecto a las obligaciones asumidas en la audiencia del día 6 de junio de 2016, el cual agotó toda posibilidad de cumplimiento y motivó que el vendedor dispusiera la resolución del contrato por medio de las cartas documento ya analizadas. Quiere ello decir que el vendedor primeramente persiguió el cumplimiento del contrato, y una vez agotadas todas las alternativas posibles hizo uso de la resolución por cláusula resolutoria implícita, respetando todos los recaudos exigidos por el art.1088 del C.C. y C. Se está ante un comportamiento irreprochable y ajustado a derecho del vendedor, por lo que el agravio en examen debe ser desestimado.
A todo lo expuesto se agrega que el comprador Bertuzzi no dio respuesta alguna a las cartas documento enviadas por el vendedor con fechas 16 de junio de 2016 y 11 de julio de 2016, tal como lo he dejado expresado en el punto 1 del presente apartado (la autenticidad y recepción de estas cartas documento emanan del informe del correo de fs.55). Recién luego de haberse promovido el presente juicio de desalojo y en oportunidad de contestar la demanda con fecha 15 de septiembre de 2016, se limitó a expresar –brevemente y sin mayores explicaciones- que el actor había contravenido su propio accionar judicial, como así también la sentencia recaída en el juicio de escrituración (ver fs.24 de los presentes actuados). Por supuesto que el demandado olvidó referirse a la relevante audiencia realizada en el juicio de escrituración con fecha 6 de junio de 2016, donde se formalizó el acuerdo que después incumplió en forma incomprensible, tal como lo he destacado precedentemente. Sólo resta puntualizar que carecen de toda trascendencia las actuaciones correspondientes a los autos “Bertuzzi Juan Manuel c/Goñi Luis Ricardo s/ejecución de sentencia” (expediente n° 48.708), que han sido examinadas en la sentencia apelada a fs.76/76vta. En efecto, estas actuaciones pierden toda relevancia ante el categórico incumplimiento en que incurrió el demandado, el cual ha sido analizado en los anteriores desarrollos.
Propicio entonces la confirmación de la sentencia apelada en cuanto tuvo por operada la resolución contractual por autoridad del acreedor. Y siendo el desalojo del inmueble un efecto restitutorio de esa resolución contractual, propongo el rechazo del recurso de apelación deducido por el accionado y la confirmación de la sentencia apelada que hizo lugar a la demanda de desalojo y condenó a Juan Manuel Bertuzzi a devolver la tenencia del inmueble. En este punto corresponde dejar sin efecto el plazo de diez días que estableció el juez para el desalojo del inmueble (fs.80), pues esta desocupación deberá hacerse simultáneamente con la restitución de las sumas de dinero percibidas por el vendedor, conforme a lo que se establecerá en los apartados VII, VIII y IX de la presente sentencia (arts.1079, 1080 y 1081 inciso a) del C.C. y C.; arts. 163 inciso 7 y 164 del Cód. Proc.).
VI. Sólo resta ocuparse de la apelación deducida por el actor Luis Ricardo Goñi, quien en primer lugar propicia una ampliación de la condena de desalojo, requiriendo que la misma se haga extensiva a cualquier otro ocupante del inmueble en cuestión.
Este agravio es de recibo porque en la sentencia apelada se limitó al demandado Juan Manuel Bertuzzi la condena a devolver el inmueble (fs.80 in fine), siendo que la demanda de desalojo que dio inicio a estas actuaciones se dirigió también “contra todo otro ocupante de mismo”, y el pronunciamiento del juez debe ajustarse a la pretensión deducida en el juicio (art.163 inc.6 del Cód. Proc.). Pero, además de ello, la extensión del desahucio a todos los ocupantes de la finca deviene esencial, pues de otro modo carecería de eficacia la sentencia de desalojo. Así expresa Areán que “la sentencia de desalojo produce efectos contra la universalidad de los ocupantes que por cualquier título detente el inmueble objeto del juicio, toda vez que únicamente de esa forma adquiere eficacia” (Juicio de desalojo, Bs. As. 2004, pág.616). Si se adoptara una solución contraria, las sentencias serían de imposible cumplimiento (conf. Salgado, Locación, comodato y desalojo, quinta edición actualizada, pág.442; Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, pág.1057; esta Sala, causa n° 52.293, “Airoldi”, del 17-7-2008). Y a lo expuesto cabe agregar que en la diligencia de notificación de la demanda se hizo constar que en el inmueble viven el demandado, su cónyuge y su hijo, quienes invocaron su carácter de propietarios (fs.22). Puntualiza Areán que: “Obviamente la sentencia de desahucio tiene eficacia respecto de los familiares que conviven con el demandado, en cuanto a que su obligación de restituir les alcanza, por no invocar un derecho personal a tener la cosa y desde que su ocupación depende o deriva de la de aquél, sin que sea menester pedirlo ni expresarlo” (ob. cit. pág.618; lo destacado me pertenece).
Por lo expuesto, propongo el acogimiento de este agravio de la parte actora y la modificación de la sentencia apelada, haciendo extensiva la condena de desalojo al demandado Juan Manuel Bertuzzi y a todos los demás ocupantes del inmueble (art.676 del Cód. Proc.).
VII. El segundo planteo del actor refiere a que con la demanda se requirió el desalojo del inmueble y no otra cosa, aclarando a continuación que: “No obstante ello el a quo, basándose en que se había producido una resolución contractual por pacto comisorio tácito, entendió que debía condenar a mi mandante a restituir al demandado todas las sumas que hubiera percibido aquél con causa en el contrato de compraventa resuelto. Esto debería cumplirse en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva”.
Puede apreciarse que el actor no critica esta decisión del juzgador sino que, por el contrario, la ha entendido adecuada a raíz de que en la sentencia se tuvo por operada la resolución por cláusula resolutoria implícita (arts.1087 y 1088 del C.C. y C.), y la restitución recíproca y simultánea de las prestaciones es un efecto natural de la extinción de los contratos bilaterales (arts.1080 y 1081 del C.C. y C.). No pueden caber dudas sobre ello y así lo ha entendido el actor al no cuestionar esta parcela de la sentencia en análisis (art.260 del Cód. Proc.).
Solamente postula el apelante una suerte de aclaración del decisorio para evitar nuevas maniobras dilatorias de la contraparte y más procesos judiciales que se podrían evitar; puntualizando que es menester aclarar que las sumas indicadas en la sentencia “se refieren a las que se deben considerar como pagos a cuenta de precio del contrato”, las que fueron detalladas en la sentencia dictada por esta alzada en el juicio de escrituración (ver fs.421/432 del expediente n° 38.256). Así expresa el actor apelante, seguidamente, que con la mención de estos pagos se facilita la liquidación pertinente.
Entiendo que esta aclaración no resulta necesaria porque en la sentencia apelada se resolvió ordenar, en forma simultánea con la desocupación del inmueble, “la devolución de todas las sumas que hubiera percibido Goñi con causa en el contrato de compraventa que se ha resuelto en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva” (fs.80/80vta.). Este decisorio no admite dudas porque refiere a todas las sumas que hubiera percibido el vendedor, las que resultan con absoluta claridad de las diferentes constancias de los procesos antecedentes: “Bertuzzi Juan Manuel c/Goñi Luis Ricardo s/Reajuste equitativo de precio” (expediente n° 32.491) y “Goñi Luis Ricardo c/Bertuzzi Juan Manuel s/escrituración” (expediente n° 38.256). Esto es, por lo demás, lo que resulta del art.1080 del código vigente, según el cual las partes deben restituirse “lo que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir”. En definitiva, el actor Luis Ricardo Goñi deberá restituirle al demandado, en forma simultánea con la desocupación del inmueble, todas las sumas percibidas con motivo de la compraventa, cuyos montos resultan de los referidos expedientes n° 32.491 y 38.256, debiendo practicarse en la instancia de origen la liquidación respectiva (art.1081 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación).
VIII. El tercer planteo del actor también se encuentra vinculado a la restitución de las sumas de dinero por él percibidas, aceptando que hay un pago realizado en dólares billetes estadounidenses y puntualizando que “La restitución de ese dinero debería ser de ese mismo monto, en ese signo monetario”. Esta expresa aceptación del actor debe ser receptada ante el acuerdo de partes existente, por lo que la suma de u$s 20.000 que pagó el comprador antes del boleto de compraventa a cuenta de precio, debe ser restituida por el vendedor en esa misma moneda extranjera (ver boleto a fs.6/6vta. del expediente n° 32.491; arts.1197 y 1198 primer párrafo del Código Civil; arts.9, 729, 959, 961, 1061, 1067 y ccs. del C.C. y C.; art.11 de la ley 25.561 modificado por ley 25.820).
Ahora bien, seguidamente postula el actor que “hay tres pagos más realizados en distintas fechas que se han efectuado en moneda de curso legal argentino el cual ha sufrido con el transcurso del tiempo los avatares de la depreciación monetaria. Para evitar discusiones procesales al respecto, se requiere se determine si el valor monetario en cuestión debe ser incrementado o no por intereses y, en caso afirmativo, a qué tasa y desde cuándo deben correr aquellos”. No hay dudas de que a las sumas de dinero a restituir se le deben adicionar los respectivos intereses, tal como ya lo ha resuelto este tribunal en anteriores pronunciamientos.
Dijo esta Sala en la causa n° 49.042, que se está dentro de lo que se ha denominado efecto recuperatorio de la resolución, ya que “las partes deben restituirse mutuamente lo que cada una de ellas hubiera recibido de la otra” (Ibañez, Resolución por incumplimiento, Bs. As. 2003, pág.291). Y se sostuvo en este mismo decisorio: “Cuando la obligación de restituir recae sobre sumas de dinero, como acontece en el sub-caso con relación al demandado, se ha entendido -en la doctrina más reciente- que la restitución comprende también los intereses, que deben computarse desde el día en que fueron recibidas las mencionadas sumas (conf. Ibañez, ob.cit. pág.319). Parece ser esta la solución más justa, porque el obligado a restituir la suma dineraria ha tenido la misma a su disposición desde el momento en que la recibió, habiendo aprovechado de ella desde ese instante. Resulta equitativo, en consecuencia, que deba pagar los intereses que corren a partir de esa oportunidad y hasta la fecha en que se concrete la devolución del dinero (esta Sala, causa n° 49.042, “Hernández”, sentencia del 15-12-2005).
Se continuó expresando en este pronunciamiento: “Aquí debe recordarse la doctrina sentada por este tribunal, en el sentido de que debe desestimarse el agravio que se opone al cómputo de intereses desde que se pagó cada cuota, porque “acreditado el nexo contractual, su resolución por parte del actor y la legitimidad de ese proceder (arts.499, 505, 1190, 1191, 1192, 1193, 1137, 1138, 1204 Cód.Civ.), la obligación de restituir fluye como consecuencia de esa resolución........La parte que se benefició con la percepción de prestaciones no correspondidas, debe restituir lo cobrado (arts.1052 y 1054 Cód.Civ.) ya que lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa de la accionada con el consiguiente abuso de derecho" (arts.1052, 1054 y 1071 Cód. Civ.; esta Sala, causa n° 40306, 3-6- 99, "Pérez Sergio Fernando c/Tarraubela Emprendimientos Urbanos S.A. s/Resolución de contrato-Daños y Perjuicios", causa n° 45955, del 25-9-03, "Hernáez Jorge Alberto c/Tarraubela Emprendimientos Urbanos S.A. s/Resolución de contrato"; citada causa n° 49.042 del 15-12-2005). En punto a esta temática afirma con claridad Ibañez:
“Ésta es la solución lógica, por cuanto si hubo un desembolso y luego se resuelve el contrato, la suma debe ser devuelta con los intereses devengados desde su recepción, porque a partir de ese momento la parte que recibió la suma la tuvo a su disposición, y hasta la fecha de la devolución. Lo contrario sería injusto, sin perjuicio del derecho de compensación con los daños y perjuicios recíprocos por los cuales debe responder la otra parte” (conf. ob. cit, pág.320).
En conclusión, corresponde ampliar la sentencia apelada estableciendo que la suma de u$s 20.000 que pagó el comprador antes del boleto de compraventa a cuenta de precio, debe ser restituida por el vendedor en esa misma moneda extranjera; y determinando que la devolución de todas las sumas percibidas por el vendedor con causa en el contrato de compraventa resuelto (en moneda extranjera y en moneda de nuestro país), se deberá realizar con adición de los respectivos intereses que corren desde que se pagó cada suma de dinero y hasta el momento en que se concrete dicha devolución. En el apartado siguiente se determinará la tasa de interés que cabe aplicar en cada caso (art.273 del Cód. Proc.).
IX. Con relación a la tasa de interés que rige en la especie es menester formular una distinción porque, como bien lo destaca el actor en su escrito recursivo, hay un pago que fue realizado en dólares estadounidenses que deberá ser devuelto en esta misma moneda, y otros pagos que se efectuaron en moneda de curso legal argentino.
Efectivamente, distinta ha de ser la tasa de interés que corresponde aplicar en uno y en otro caso.
1. En orden a los intereses que se adicionarán a la suma de u$s 20.000, ha resuelto este tribunal que en estos supuestos es aplicable la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en colocaciones en dólares estadounidenses, o en su defecto la que pague el Banco de la Nación Argentina (esta Sala, causa n° 59.548 del 2- 9-2015, “Bide”; causa n° 63.185 del 7 de febrero de 2019, “Bilbao de Zabatoni”). Esta será, en consecuencia, la tasa de interés que en el caso de autos corresponde aplicar sobre la suma de u$s 20.000, aunque puede suceder que en algún momento los bancos carecieran de este tipo de operaciones en moneda extranjera. En estos supuestos de excepción, este tribunal ha dispuesto la aplicación de la tasa de interés del seis por ciento (6%) anual, la que regirá en el caso de autos durante los momentos en que no existan operaciones bancarias de depósitos en esa moneda extranjera (esta Sala, causa n° 49.266 del 16-3-06, “Cipria”).
2. Con respecto a los intereses que se adicionarán a las sumas de dinero que fueron pagadas en moneda de curso legal argentino, razones de equidad indican que debe ser respetada la tasa de interés activa que fue aplicada en el juicio de escrituración a los efectos de la liquidación del saldo de precio que por entonces debía abonar el comprador. Si se procediera de modo contrario y se aplicara en el caso de autos la tasa pasiva, se estaría consagrando una verdadera injusticia, pues mientras –en forma infructuosa- se persiguió el cumplimiento del contrato en el juicio de escrituración se liquidó el saldo de precio con más los intereses a la tasa activa, y ahora en esta etapa de restitución de las prestaciones se le estarían devolviendo al comprador las sumas pagadas con una tasa de interés de menor cuantía. Esto de ningún modo puede admitirse pues se estaría contrariando el deber de buena fe (arts.9, 729, 1061 y 1067 del Código Civil y Comercial de la Nación).
En efecto, en la sentencia dictada en primera instancia en el juicio de escrituración se estableció el monto a pagar por el comprador sobre la base de lo que resultó del juicio de reajuste de precio (expediente n° 32.491), “con más la tasa de interés aplicable al saldo de precio por el que fuera condenado, la que deberá aplicarse desde que la sentencia de primera instancia quedara firme, conforme tasa activa que determina el Banco Pcia. de Bs. As. para sus operaciones de descuento a treinta días” (fs.378 del expediente n° 38.256; lo destacado me pertenece). Esta tasa de interés fue receptada en la sentencia emitida por este tribunal, ante la falta de agravio del interesado (fs.429vta. y fs.431/431vta., de ese mismo expediente). Además, dicha tasa de interés fue la utilizada en la liquidación que posteriormente practicó la parte actora (fs.478), la cual fue aprobada mediante la sentencia dictada a fs.484/485 del expediente de escrituración n° 38.256).
En definitiva y por las razones expuestas, a las sumas pagadas en moneda de curso legal argentino se les adicionarán los respectivos intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a treinta días (arts.9, 729, 1061 y 1067 del C. C. y C.).
X. En lo que respecta a las costas del juicio, en la sentencia apelada se impusieron al demandado vencido sobre la base del principio objetivo de la derrota (fs.80vta.), debiendo ser confirmada esta condena en atención al resultado al que se arriba en este decisorio, por cuanto las modificaciones que se introducen al fallo de primera instancia no revisten entidad como para alterar dicha decisión (arts.68 y 274 del Cód. Proc.).
Por lo demás, las costas de alzada también deben imponerse al demandado vencido, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto tuvo por operada la resolución contractual por autoridad del acreedor. Y siendo el desalojo del inmueble un efecto restitutorio de esa resolución contractual, se rechaza el recurso de apelación deducido por el accionado y se confirma la sentencia apelada que hizo lugar a la demanda de desalojo y condenó a Juan Manuel Bertuzzi a devolver la tenencia del inmueble; 2) Dejar sin efecto el plazo de diez días que se estableció en la sentencia apelada para el desalojo del inmueble, disponiendo que esta desocupación deberá hacerse simultáneamente con la restitución de las sumas de dinero percibidas por el vendedor, conforme a lo que surge de los apartados VII, VIII y IX de la presente sentencia; 3) Modificar la sentencia apelada haciendo extensiva la condena de desalojo al demandado Juan Manuel Bertuzzi y a todos los demás ocupantes del inmueble; 4) Disponer que el actor Luis Ricardo Goñi deberá restituirle al demandado, en forma simultánea con la desocupación del inmueble, todas las sumas percibidas con motivo de la compraventa, cuyos montos resultan de los referidos expedientes n° 32.491 y 38.256, debiendo practicarse en la instancia de origen la liquidación respectiva; 5) Ampliar la sentencia apelada estableciendo que la suma de u$s 20.000 que pagó el comprador antes del boleto de compraventa a cuenta de precio, debe ser restituida por el vendedor en esa misma moneda extranjera; y determinando que la devolución de todas las sumas percibidas por el vendedor con causa en el contrato de compraventa resuelto (en moneda extranjera y en moneda de nuestro país), se deberá realizar con adición de los respectivos intereses que corren desde que se pagó cada suma de dinero y hasta el momento en que se concrete dicha devolución; debiendo liquidarse dichos intereses con arreglo a las tasas de interés establecidas en el apartado IX de la presente sentencia; 6) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio al demandado vencido, por cuanto las modificaciones que se introducen al fallo de primera instancia no revisten entidad como para alterar dicha decisión (arts.68 y 274 del Cód.
Proc.); 7) Imponer las costas de alzada al demandado vencido, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.); 8) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 13 Noviembre de 2019.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto tuvo por operada la resolución contractual por autoridad del acreedor. Y siendo el desalojo del inmueble un efecto restitutorio de esa resolución contractual, se rechaza el recurso de apelación deducido por el accionado y se confirma la sentencia apelada que hizo lugar a la demanda de desalojo y condenó a Juan Manuel Bertuzzi a devolver la tenencia del inmueble; 2) Dejar sin efecto el plazo de diez días que se estableció en la sentencia apelada para el desalojo del inmueble, disponiendo que esta desocupación deberá hacerse simultáneamente con la restitución de las sumas de dinero percibidas por el vendedor, conforme a lo que surge de los apartados VII, VIII y IX de la presente sentencia; 3) Modificar la sentencia apelada haciendo extensiva la condena de desalojo al demandado Juan Manuel Bertuzzi y a todos los demás ocupantes del inmueble; 4) Disponer que el actor Luis Ricardo Goñi deberá restituirle al demandado, en forma simultánea con la desocupación del inmueble, todas las sumas percibidas con motivo de la compraventa, cuyos montos resultan de los referidos expedientes n° 32.491 y 38.256, debiendo practicarse en la instancia de origen la liquidación respectiva; 5) Ampliar la sentencia apelada estableciendo que la suma de u$s 20.000 que pagó el comprador antes del boleto de compraventa a cuenta de precio, debe ser restituida por el vendedor en esa misma moneda extranjera; y determinando que la devolución de todas las sumas percibidas por el vendedor con causa en el contrato de compraventa resuelto (en moneda extranjera y en moneda de nuestro país), se deberá realizar con adición de los respectivos intereses que corren desde que se pagó cada suma de dinero y hasta el momento en que se concrete dicha devolución; debiendo liquidarse dichos intereses con arreglo a las tasas de interés establecidas en el apartado IX de la presente sentencia; 6) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio al demandado vencido, por cuanto las modificaciones que se introducen al fallo de primera instancia no revisten entidad como para alterar dicha decisión (arts.68 y 274 del Cód.
Proc.); 7) Imponer las costas de alzada al demandado vencido, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.);
8. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase a su Juzgado de origen.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia