Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.294-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-19445541-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Febrero de 2023 XII En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº 36.294-I, caratulado “GOÑI MARIANO FEDERICO s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 60/72 Mariano Federico Goñi interpone recurso de apelación contra la resolución N° 142/12 DO (DV RRMP) de fecha 26 de abril de 2012 dictada por la Jefa Reemplazante de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Mar del Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, en la que se determinó el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2006 con más intereses resarcitorios y una multa equivalente al 70% del impuesto omitido de ingresar en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Explica que mediante Multinota de fecha 9 de noviembre de 2007 la firma Fumigaciones Goñi Hnos. S.R.L. comunicó al organismo fiscal la reorganización social en los términos de la RG (DGI) 2245, aportando en especie la suma de $ 325.000 a la sociedad. Menciona que la misma cumplía con todos los requisitos de información y documentación requeridos por la norma. Que el 5 de enero del 2008 la AFIP notificó a la firma, mediante resolución N° 0617/2007, que rechaza la reorganización por entender que la comunicación fue llevada a cabo luego de transcurrido el plazo de 180 días corridos que establece la norma reglamentaria.
Señala que allí se informó como fecha de reorganización el 7/03/2007, mientras que el organismo fiscal considera la fecha de autorización de las facturas del 23/01/2007. Según su opinión, entre la fecha de reorganización y comunicación a la AFIP han transcurrido 165 días hábiles o 247 días corridos. Advierte que la comunicación fue efectuada en tiempo y forma y que el plazo se debe contar en días hábiles conforme lo dispone el art. 4 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y el art. 1°, inc. e) del apartado 2° de la ley N° 19.549. Cita jurisprudencia que avala su postura.
Expone que el artículo 77 de la ley del Impuesto a las Ganancias no prevé específicamente un plazo, siendo por lo tanto aplicable lo dispuesto por el art. 4 de la ley fiscal, teniendo tales normas primacia sobre lo establecido en la RG N° 2245/1980.
Agrega que contra el rechazo de la reorganización planteó recurso de apelación en conformidad con el artículo 74 del Decreto 1397/79.
Expresa que la AFIP consideró que los aportes en especie efectuados a la sociedad Fumigaciones Goñi Hnos. S.R.L. son ventas gravadas por el Impuesto al Valor Agregado. Se agravia de que la ley de dicho tributo no considera venta a las transferencias que se realicen como consecuencia de reorganizaciones de sociedades o fondos de comercio, empresas y explotaciones, en tanto encuadren en las prescripciones del impuesto a las ganancias. Indica que el Fisco desconoce de esta manera la verdadera realidad económica relativa al cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la norma, cuando la comunicación constituye una obligación formal cuyo incumplimiento no impide controlar y verificar la operación.
En subsidio, sostiene que nunca un incumplimiento formal de la comunicación puede producir el rechazo de la reorganización ni el decaimiento de los efectos impositivos previstos en los arts. 77 y 78 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Por último, remarca que la fecha de reorganización es el 7 de marzo de 2007, fecha de la emisión de la primer factura que da origen cierto al inicio de sus actividades comerciales, mientras que la AFIP considera la fecha en la que se solicitó autorización para emitir las mismas.
Ofrece prueba documental e informativa y solicita que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 79/87 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Alega que en virtud de la fiscalización realizada se constató que el contribuyente resulta ser un sujeto pasivo alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado, que destinó parte de su patrimonio a la constitución de la empresa Goñi Hnos. S.R.L. Con fecha 18 de octubre de 2007 rechazó la inscripción debido a la existencia de una homónima ya inscripta, por lo que se modificó el estatuto societario dando como nombre a la nueva sociedad Fumigaciones Goñi Hermanos S.R.L.
Afirma que el motivo del ajuste radica en que la reorganización societaria ha sido informada al organismo fiscal fuera de los plazos legales correspondientes. Señala que la Resolución General 2245 (DGI) estableció en su artículo 1° (vigente para las comunicacines efectuadas hasta el 14/12/2008) que en los casos de reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o explotaciones, la comunicación debe realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización.
Señala que la inobservancia de la normativa conlleva consecuencias tributarias, que en el caso del contribuyente al aportar bienes en una reorganización no aceptada por el organismo, produjó el perfeccionamiento de ventas que han quedado al margen de la tributación. Por lo cual, la inspección actuante consideró como montos de ventas de cada bien el que surge del estatuto de la nueva sociedad, la que coincide con la certificación de bienes presentada por el contribuyente.
Rechaza el planteo esgrimido por la actora al manifestar que el plazo para la comunicación deba contarse en días hábiles ya que el art. 4 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) se refiere a plazos en días hábiles salvo que de las normas que rigen los gravámenes surga lo contrario. Asimismo la ley 19.549 no tiene primacía sobre la ley fiscal en atención al principio de especificidad de las leyes que desplazan a las de carácter general. Por otro lado, observa que el plazo de reorganización comienza a correr desde la fecha de inscripción de la sociedad, debiendo rechazarse la postura contraria del recurrente al respecto.
Informa que la resolución apelada ha sida dictada teniendo como base la documentación que aportara el contribuyente como así también pruebas consideradas admisibles y conducentes durante el procedimiento. Resalta que no se expresan agravios sobre la multa aplicada, por lo que al reunirse los elementos que hacen a su configuración, solicita que se confirme la misma sin que sea posible admitir la figura del "error excusable" al haber tenido el recurrente expedita la vía de la consulta ante el organismo fiscal.
Por último, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con costas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 100 se hace lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora a fs. 70 vta., la cual consiste en el libramiento de oficio a la AFIP a los fines de que remita las actuaciones del contribuyente Mariano Federico Goñi y Fumigaciones Goñi Hnos S.R.L.
Que luego de las ampliaciones al período probatorio concedidas, las cuales obran a fs. 118, 132 y 143; a fs. 151 se declaró cerrado el período de instrucción.
Que frente a ello, a fs. 153 la recurrente plantea recurso de reposición, el que es rechazado a fs. 157.
IV. Que por medio de la PV-2022-89789780-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D", poniendo los autos a alegar en la IF-2022-91684994-APN-VOCXII#TFN, obrando los alegatos del Fisco Nacional en el IF-2022-96636144-APN-DTD#JGM y los de la actora en el RE-2022-101202404-APN- SGAI#TFN. Finalmente en el IF-2023-15579222-APN-VOCXII#TFN disponen los autos para dictar sentencia.
V. Que en consecuencia, corresponde resolver si la resolución apelada en autos se ajusta o no a derecho. Que en las presentes actuaciones se discute si la reorganización societaria efectuada por los hermanos Goñi se realizó a la par de la Ley en el Impuesto a las Ganancias y sus reglamentaciones y por ende si le alcanzan los beneficios allí dispuestos.
Que conforme surge del informe final de inspección y del estatuto que obra a fs. 25/35 de los antecedentes administrativos (Cuerpo de Investigación Nº1 O.I Nº:458.713), los Sres. Goñi Pablo Luis, Goñi Mariano Federico y Goñi Sebastián destinaron parte de su patrimonio para constituir la sociedad Fumigaciones Goñi Hermanos S.R.L, la cual estará destinada a desarrollar las actividades agropecuarias, de construcción y comerciales. Que en virtud de ello, los Sres. Goñi Mariano y Goñi Pablo aportaron bienes que poseían en el capital de sus empresas unipersonales y fueron valuados a valor plaza.
Que en ese marco, el Sr. Goñi Pablo aportó una Pick Up Ford Ranger año 2005, mientras que su hermano Mariano aportó dos pulverizadores Metal Flor año 2204 y 2008, una Pick Up Toyota Hilux 1997 y dos casilla Beradar del 2005 y 2006 Que el artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o en 1997) establece que cuando se reorganicen sociedades, fondos de comercio y en general empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza en los términos de este artículo, los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el impuesto, siempre que la o las entidades continuadoras prosigan, durante un lapso no inferior a dos (2) años desde la fecha de la reorganización, la actividad de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas. Para gozar de dicho beneficio es necesario cumplir una serie de requisitos los cuales son normados en el decreto reglamentario de la citada ley y complementado en por la normativa dictada por D.G.I.
Que en este orden de ideas, el primer artículo de la resolución Nº 2245/1980 establece que la comunicación a que se refiere el inciso d) del artículo 90 del decreto reglamentario del gravamen deberá realizarse ante el Fisco Nacional dentro de los ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización y la misma deberá efectuarse mediante nota simple ante la dependencia del organismo fiscal.
Que en efecto, con fecha 4 de noviembre de 2007, la actora comunica al Fisco Nacional la reorganización de la sociedad, advirtiendo que Fumigaciones Goñi Hermanos S.R.L comenzó a ejercer su actividad a partir del 7 de marzo de 2007. (fs. 23/24 Cuerpo de Investigación Nº1 O.I Nº:458.713), fecha de emisión de la primer factura. Que dicha solicitud fue rechazada por el ente fiscal el 5 de diciembre de 2007 mediante la resolución Nº 617/2007 (fs. 38/40 Cuerpo de Investigación Nº1 O.I Nº:458.713), al entender que la misma es extemporánea; motivo por el cual, el 1 de enero de 2008 la recurrente planteó recurso de apelación, el que es nuevamente rechazado a través de la resolución Nº 106/2008.
Que en esta línea de pensamiento, cabe resaltar lo manifestado por la Sala V de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal en el fallo Pelama Chubut S.A c/EN - AFIP-DGI del 24 de julio de 2020, al señalar que el inicio del cómputo del plazo de 180 días debe ser considerado a partir de la fecha en que fue aprobado el acuerdo definitivo de fusión, es decir, desde el momento en que jurídicamente cobra existencia la empresa continuadora y se da inicio a las actividades de la absorbida en cabeza de ella.
Que de los antecedentes administrativos se desprende que Fumigaciones Goñi Hermanos S.R.L se constituyó en noviembre de 2006 (fs. 25/35 Cuerpo de Investigación Nº1 O.I Nº:458.713), siendo publicado dicho acto en el Boletín Oficial en diciembre del mismo año. En consecuencia, debido a que la recurrente informa la reorganización de la sociedad en noviembre de 2007, es decir un año después de su constitución, es correcto el criterio adoptado por el Fisco Nacional al considerar extemporánea la presentación efectuada por la actora. Que por lo tanto, al no haber reorganización societaria no son aplicables los beneficios dispuestos por la Ley del Impuesto a las Ganancias y la transferencia de bienes realizada por los hermanos Goñi debe ser considerada como una venta omitida en el Impuesto al Valor Agregado.
Que en este sentido, es importante destacar que el ajuste propuesto al Sr. Goñi Pablo Luis fue conformado en su totalidad ante el rechazo de la reorganización pretendida, no sucediendo lo mismo con su hermano Mariano Federico, quien apela dicha resolución en las presentes actuaciones.
Que por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste fiscal propuesto en la resolución 142/2012.
VI. Que resta evaluar la multa aplicada en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), texto vigente al momento de los hechos.
Que el citado artículo en su parte pertinente dispone que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable.”. Por consiguiente, se requiere de la concurrencia de dos elementos para su configuración: a) la omisión de pago del impuesto, b) mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la inexactitud de las mismas.
Que, en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 “Parafina del Plata S.A.” 02/09/1968).
Que en el presente caso ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa, toda vez que la omisión derivada de la inexactitud de la declaración jurada presentada originalmente se consuma al presentarse la misma, siendo éste y no otro el aspecto temporal que fija el artículo 45 de la ley, al aludir al que “...omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas...”.
Que conforme lo ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006). En este sentido se pronunció la CSJN, señalando que, si bien se ha reconocido en numerosas oportunidades que el principio de culpabilidad rige en el campo del derecho represivo tributario, “...el apelante ni siquiera ha alegado tal como lo exige la doctrina reseñada que, a pesar de haber actuado con la debida inteligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta” (CSJN “ Wortman, Jorge Alberto y otros” del 08/06/1999).
Que no se advierte en autos la configuración de un error excusable, es decir, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita al contribuyente eximirse de la responsabilidad endilgada. Por lo que queda configurado el elemento subjetivo de la sanción al requerir la existencia de un accionar culposo y habiendo obrado la recurrente de manera negligente.
Que en virtud de lo expuesto corresponde confirmar la multa aplicada, con costas La Dra. Gómez dijo:
I. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Sentado ello, cabe destacar que el artículo 1° de la Resolución General AFIP n° 2245/1980- aplicable a la cuestión planteada- se establecía que “En los casos de reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o explotaciones contemplados en el artículo 70 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, la comunicación a que se refiere el inciso d) del artículo 90 del decreto reglamentario del gravamen deberá realizarse a esta Dirección dentro de los ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización”.
Que surge de fs. 35/36 de autos que el Fisco consideró que la comunicación referida se produjo luego de un plazo de doscientos cuarenta y siete días (247) corridos, con lo cual concluyó que la reorganización no se encontraba beneficiada con el tratamiento especial, toda vez que se había incumplido uno de los requisitos concurrentes para la procedencia del tratamiento impositivo previsto en el artículo 77 de la ley del Impuesto a las Ganancias, remarcando la privación de las facultades de fiscalizar.
Que la Sala V de la Alzada se pronunció in re “Pelama Chubut S.A. c/EN- AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva” sentencia del 24 de julio de 2020, respecto al requisito de comunicación en 180 días de la reorganización previsto en la RG N° 2513/08, norma que vino a modificar algunos aspectos de la RG 2245/1980. En lo que interesa a este caso, se expuso que sancionar el incumplimiento del deber de comunicar con la pérdida de los beneficios y exenciones previstas en la ley, la Resolución General nro. 2513/08 excedía los aspectos que pueden ser válidamente reglamentados por el organismo recaudador.
En tal sentido, el decisorio trajo a colación prestigiosa doctrina que señaló que “...al no mencionar la ley como condición resolutoria la falta de información dentro de los 180 días, no puede interpretarse que su omisión hace decaer los derechos de la reorganización, tratándose de una mera infracción formal. De manera que la falta de cumplimiento en término de la notificación o su cumplimiento deficiente no debe originar el decaimiento de los beneficios fiscales originados en el proceso de reorganización debiendo analizarse en cada caso el período transcurrido entre la fecha de la reorganización y el acto de notificación, el contenido de la información suministrada y de la omitida, la existencia de otros medios a través de los cuales la AFIP tomó conocimiento a pesar del incumplimiento en término de la Resolución 2513, al igual que los beneficios fiscales utilizados en el ínterin a través de la reorganización (...) La interpretación de las circunstancias del caso es la que permite determinar si la finalidad legislativa fue cumplida, con prescindencia del cumplimiento riguroso de un plazo administrativo previsto en la Resolución 2513 (...) Es necesario buscar la intención del legislador al establecer esta exigencia” (cfr. Rubén O. Asorey y Fátima Asorey. “Reorganizaciones empresariales libres de impuestos”, página 143, Editorial La Ley, 3era. Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2017).
Del mismo modo, se citó que “...la falta de comunicación de la reorganización a la DGI constituye una infracción que deriva del incumplimiento de una obligación formal y que, por tanto, no puede dar lugar, si la operación ha sido correctamente realizada y ha mediado una posibilidad real y temporalmente efectiva del fisco de controlar y verificar la operación, a la pérdida de los beneficios fiscales previstos para dichos supuestos” (cfr. Gustavo A. Krause Murguiondo, “Régimen Impositivo de las Reorganizaciones Empresariales”, página 164, Editorial Lexis Nexis, 1era. Edición, Buenos Aires, 2005).
Finalmente, la sentencia reseñada recordó que “…el principio de legalidad que rige en materia tributaria (arts. 4°, 17 y 67, inc. 2° de la Constitución Nacional) impide que se exija un tributo en supuestos que no estén contemplados por la ley y también veda la posibilidad de que se excluyan de la norma que concede una exención situaciones que tienen cabida en ella con respecto a los términos del respectivo precepto” (Fallos 316:1115). En efecto, la Alzada concluyó que no es posible afirmar que la comunicación tardía de la reorganización al organismo fiscal traiga como consecuencia la caducidad de los beneficios reconocidos por la ley, destacando que tal circunstancia, eventualmente, puede ser pasible de la aplicación de alguna sanción por un incumplimiento formal, mas no puede implicar la pérdida de los beneficios fiscales a los que pretende acceder el contribuyente bajo el cumplimiento de los requisitos que en tal sentido le exige la ley. Ello, ya que de ese modo se afectaría la manera de considerar el hecho imponible y el resultado alcanzado a los fines de la aplicación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es decir, un aspecto sustancial de la obligación tributaria.
Cabe poner de resalto, que esta juzgadora ha dicho que si bien el organismo recaudador se encuentra facultado para establecer determinadas formalidades de comunicación, no caben dudas que las mismas deben propender a facilitar las tareas de seguimiento y fiscalización que la ley no dispone (“Supermercados Norte S.A. s/recurso de apelación- Impuesto a las Ganancias”, sentencia de fecha 26 de junio de 2103, criterio confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia del 27 de marzo de 2014).
Que en este sentido, la omisión incurrida podría haber configurado una infracción a los deberes formales - pero definitivamente carente de virtualidad suficiente como para desconocer la realidad económica que se desprende de las circunstancias acreditadas y no controvertidas de la causa, y así impulsar el procedimiento determinativo que aquí se recurre (conf. criterio de esta Sala “D”- en anterior composición- in re “Commercial Union Cía. Arg. de Seguros SA s/recurso de apelación”, sentencia del 19 de junio de 2003, confirmada por la Sala IV de la Alzada, sentencia del 28 de julio de 2007).
Por lo expuesto, corresponde revocar la determinación practicada en todas sus partes. En cuanto a la imposición de costas, considero que corresponde sean distribuidas por su orden dado que si bien el criterio del Fisco Nacional no prosperó, lo cierto es que se verificó un retardo en el cumplimiento del deber de información establecido por la RG 2245/1980 (cfr. criterio de este Tribunal y de la Alzada in re “Supermercados Norte S.A. s/recurso de apelación- Impuesto a las Ganancias”, sentencias citadas ut supra).
La Dra. O`Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Que del resultado de la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese- Date: 2023.02.22 09:33:48 -03:00 Date: 2023.02.22 10:11:59 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.22 15:50:00 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.22 15:50:01 -03:00
Fin de la sentencia