Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-87026274-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $2.972.883 (pesos dos millones novecientos setenta y dos mi ochocientos ochenta y tres), equivalente a 34,99 (treinta y cuatro con 99/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ 1.189.153 (pesos un millón ciento ochenta y nueve mil ciento cincuenta y tres), equivalente a 14 (catorce) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto de la resolución y la actividad desarrollada en la etapa procesal, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 39/25 (15/12/25) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-14796929-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 10 de Febrero de 2026 ROSA s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado” (VOC XII)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX-2025-87026274- -APN-SGAI#TFN caratulado “GONZALEZ ALBERTO ROSA s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante IF-2025-87026144-APN-DTD#JGM Alberto Rosa González (de aquí en adelante el Sr. González) interpone recurso de apelación contra la resolución N° 73/2025 (DV RRCO) de fecha 30 de mayo de 2025 dictada por el Jefe (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Córdoba de la DGI-ARCA en la que se determinó de oficio al Sr. González en su carácter de responsable solidario por la deuda autodeclarada que mantiene la firma TELESON SRL (de aquí en adelante TELESON) por haber omitido el ingreso del saldo de declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 06/2019, 12/2019, 02/2020 a 05/2020, 04/2021 a 07/2021, 09/2021, 04/2022, 07/2022 a 10/2022 y 12/2022, todo más intereses.
Pide que se declare la nulidad del acto administrativo por resultar violatorio del derecho de defensa y los principios rectores del procedimiento administrativo. Argumenta que fue privado de producir prueba determinante para revertir la postura fiscal.
Entiende que existen causales de exculpación como las previstas en el art. 8 de la ley 11.683 que eliminan la subjetividad para que no se lo considere como responsable solidario. Que ante la grave crisis financiera y económica que reseña manifiesta que está imposibilitado a cumplir con el pago que se le exige. Sostiene que el mero hecho de ocupar un cargo en la gerencia de TELESON no implica tener por comprobada su participación directa en la gestión o administración de la empresa y que además durante los períodos reclamados no ejerció ninguna función debido a un problema de salud grave sumado a su avanzada edad.
Por último, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal y pide que se haga lugar al recurso interpuesto con costas.
II. Que por IF-2025-112127971-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Da a conocer que la deuda que se discute fue autodeclarada por la deudora principal TELESON de manera voluntaria y posteriormente intimada por el organismo fiscal, sin embargo no fue cancelada a la fecha. Agrega que la actora incluyó saldos de las declaraciones juradas de los períodos fiscales que se debaten en planes de facilidades de pago los que posteriormente caducaron.
Asegura que se constató que el Sr. Gonzalez se desempeñó como gerente titular, socio y administrador de la clave fiscal de TELESON pero que además también manejaba los fondos de dicha sociedad Respecto de la nulidad planteada entiende que la misma debe ser rechazada ya que el obrar fiscal fue ajustado a derecho y no se vulnera derecho alguno.
Esgrime que quedó comprobada la participación del Sr. González en el manejo de fondos societarios. Que conforme la prueba recolectada pudo demostrarse su acción directa en la gestión y la administración de la empresa.
Aduce que no se ha aportado a la causa prueba alguna que permita demostrar que la responsabilidad personal y solidaria no le sea imputable subjetivamente, como tampoco logró conmover aquella cuestión que manifestó respecto a que TELESON no contaba con recursos suficientes para hacer frente a la deuda reclamada.
En lo que respecta a los intereses resarcitorios, si bien la actora no expresó agravios, considera que los mismos deben ser liquidados conforme la normativa vigente. A su turno, acompaña antecedentes en formato digital, y se opone a la prueba ofrecida por el Sr. González.
Finalmente hace reserva del caso federal y pide que se rechace el recurso interpuesto y se confirme en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que luego, por PV-2025-121453962-APN-VOCXII#TFN se dispuso rechazar la prueba informativa ofrecida por la recurrente por improcedente y dilatoria entendiendo que la información solicitada mediante oficios a una serie de empresas (esto es: si requirieron el servicio de TELESON y cuándo cesó el mismo) se relacionaba directamente con el deudor principal y no con el deudor solidario. A su turno también se le solicitó al Banco Santander informar si cerró la cuenta bancaria del Sr. González Que a PV-2025-141647535-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la sala “D” y por IF-2026-13149791-APN-VOCXII#TFN se disponen los autos para sentencia.
IV. En primer lugar se procederá a tratar la nulidad invocada por el responsable solidario que reside en manifestar que el acto administrativo recurrido es nulo por resultar violatorio del derecho de defensa y de los principios rectores del procedimiento administrativo. Argumenta que se lo privó de producir prueba determinante y conducente para controvertir los fundamentos esgrimidos por el Fisco Nacional. El Fisco Nacional rebate la nulidad planteada advirtiendo que carece de total sustento. Primero porque no se ha demostrado la indefensión alegada por la recurrente y segundo porque el acto administrativo fue dictado respetando los requisitos esenciales que determina el art. 7 de la ley 19.549. Que no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma, más aún sin existir en los actos determinativos vicio alguno. Hace saber que la contribuyente ha tenido a lo largo de las actuaciones la posibilidad de ejercer debidamente su derecho de defensa y que se han valorado debidamente todos los elementos obrantes sin violar derecho o garantía alguna.
Que cabe efectuar una advertencia con relación a la procedencia de la figura de la nulidad, en tanto debe existir un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el impugnante, debiendo además estar fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar. (Fallo TFN Sala B 15-08-2007- Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda).
Por lo expuesto, cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo. Que al no haber sido presentada como cuestión de previo y especial pronunciamiento no corresponde la imposición de costas autónomas.
V. Que ello así cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho, y si procede la extensión de responsabilidad al Sr. González por el incumplimiento de Teleson en el pago de su deuda tributaria, correspondiendo analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del aquí recurrente.
Que se trata de un responsable que declara como actividad “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”, y la de la empresa principal “Servicios de limpieza general de edificios”.
Que en primer lugar cabe destacar que la recurrente no controvierte el hecho probado por el organismo fiscal de detentar el cargo de socio gerente de TELESON en los períodos fiscales que se debaten ni su rol como representante legal y apoderado de las cuentas bancarias detectadas, todo lo cual según relata el Fisco fue suficiente para atribuirle las facultades de administración de fondos y por ende la responsabilidad solidaria de las deudas contraídas por el deudor principal.
En segundo lugar y en concordancia con el art. 8 inc. a) de la ley 11.683, cabe resaltar que para que exista la responsabilidad solidaria de la que se habla, es requisito esencial que el deudor principal no regularice su situación fiscal dentro de los 15 días hábiles de la intimación administrativa de pago. El organismo fiscal explica que en el presente caso el Sr. González incluyó saldos en planes de facilidades de pago que luego caducaron por lo que al verificarse el incumplimiento de pago de las obligaciones a su vencimiento (intimaciones obrantes de fs. 6/24 AA IF-2025-112131923-APN-DTD#JGM) conforme fuera intimado TELESON y las boletas de deuda emitidas (fs. 26/30 AA IF-2025-112131923-APN-DTD#JGM) se concluye (conf. fs. 36 AA) que el Sr. Gonzalez asumiría el cargo de responsable personal y solidario.
V.- 1) Que en la responsabilidad solidaria concurren dos obligaciones distintas; una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999). Que en dicho sentido el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) Todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1, del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.
En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de las sociedades regidas por la Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones, y los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que el procedimiento del presente artículo deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8º.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti, Stella Maris (TFN - 14.814-I - ac. 14.815-I/15.157-I) c/DGI” del 30/03/2004 (Fallos: 327:769) señaló: “que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “....que en el ordenamiento de la ley 11.683... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.”
Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”.
Que teniendo en consideración el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido. Que en el presente caso, existe una deuda autodeclarada por la deudora principal TELESON SRL que se encuentra impaga por la cual el Sr. Gonzalez incluyó saldos de las declaraciones juradas de los períodos fiscales discutidos en planes de facilidad de pago N813430, N813423, P902070, Q403518, Q403510, R057657, Q 976106 y R057657, que luego caducaron por incumplimiento de pago. Que entonces, las obligaciones no fueron canceladas y conforme surge de las bases del organismo fiscal el Sr. Alberto R. González se desempeñó como gerente titular, socio y administrador de clave fiscal de TELESON, ejerciendo la administración de la explotación comercial y ejecutando actos en nombre de dicha empresa tales como presentación de declaraciones juradas, planes de pago, firma de balances, siendo además apoderado de las cuentas bancarias.
Que además se verificó que el recurrente aparece en carácter de apoderado de la CC sin intereses - en pesos argentinos- N°…0120 del Banco de la Prov. de Cordoba SA, como representante legal en la CC sin intereses -en pesos argentinos- N° …2267 del Banco Santander Argentina SA y como apoderado de la CC sin intereses - en pesos argentinos- N° …5462 del Banco Galicia y Buenos Aires SAU.
Conforme la recopilación de pruebas se estableció que el Sr. González era el representante legal y administrador de TELESON por lo que corresponde atribuirle la responsabilidad solidaria conforme la ley lo manifiesta.
Que a su turno se inició el procedimiento de determinación de oficio estableciendo dicha responsabilidad, y el Sr. Gonzalez no conformó el ajuste.
Que de lo expuesto, se desprende claramente que el recurrente no niega el carácter de socio Gerente que se atribuye, como tampoco acredita estar incurso en la excepción del art. 8 inc. a) de la ley de rito. Que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo en razón del cargo ostentado, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Dichos extremos no sucedieron, por lo que es procedente atribuirle la responsabilidad subjetiva al Sr. González en carácter de socio Gerente de la empresa principal.
Que en consecuencia, el responsable debe desarticular la responsabilidad solidaria imputada por su actuación en la sociedad, lo que no ha sucedido en autos. Ello así, no logró acreditar por otros medios probatorios que no poseía el manejo y administración de la citada sociedad, ni que por motivos ajenos a su voluntad se le impidió cumplir con esas obligaciones.
A ellos se suma que conforme pantalla E-fisco “Participación societaria- RG 46970” fs. 134 (AA IF-2025- 112131923-APN-DTD#JGM) queda acreditado su desempeño como socio Gerente de la empresa TELESON con fecha de inicio de mandato desde el 25/05/1984 con responsabilidades como la de tomar decisiones y el manejo de los fondos societarios.
Que por lo tanto, el recurrente resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamó a la sociedad TELESON en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 06/2019, 12/2019, 02/2020 a 05/2020, 04/2021 a 07/2021, 09/2021, 04/2022, 07/2022 a 10/2022 y 12/2022.
VI. Con relación a los intereses resarcitorios incluidos en la determinación de oficio, tal como señala el representante fiscal, los mismos no fueron objeto de agravio. Sin embargo, cabe destacar que han sido liquidados conforme art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, entendiendo que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento, por lo que procede disponer su confirmación.
VII. Que por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $2.972.883 (pesos dos millones novecientos setenta y dos mi ochocientos ochenta y tres), equivalente a 34,99 (treinta y cuatro con 99/100) UMA, y por la representación procesal, la suma de $ 1.189.153 (pesos un millón ciento ochenta y nueve mil ciento cincuenta y tres), equivalente a 14 (catorce) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto de la resolución y la actividad desarrollada en la etapa procesal, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 39/25 (15/12/25) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, y archívese.
Date: 2026.02.09 14:40:26 -03:00 Date: 2026.02.09 16:18:49 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.10 14:48:41 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.10 14:48:42 -03:00
Fin de la sentencia