Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2023-116725775-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar condonada de pleno derecho la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias del año 2021, costas en el orden causado.
2Declarar condonada de pleno derecho la multa impuesta por el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2020, en forma parcial, por los pagos realizados por dicho concepto los días 18/10/2022, 21/10/2022 y 25/10/2022, con costas por su orden.
3Condonar la multa aplicada por el Impuesto a las Ganacias por el período 2019 y en forma parcial por el período 2020 con relación al remanente no abonado -vide considerando IV Dra. Marmillon al que adhiere el Dr. Luis-, costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-128132807-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Noviembre de 2025 OSCAR TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7a. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8a. Nominación) y Daniel A. Martín (Vocal subrogante de la 9a. Nominación), para resolver el expediente EX-2023-116725775- -APN-SGAI#TFN, caratulado “GONZALEZ, ALEJANDRO OSCAR s/ recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en RE-2023-116721029-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la resolución 1934/2023 (DV JUMA), del 7 de septiembre de 2023, dictada por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, en virtud de la cual se resuelve aplicar sendas multas por el Impuesto a las Ganancias, periodos fiscales 2019, 2020 y 2021, equivalentes al 200% del gravamen presuntamente evadido, con sustento en los arts 46 y 47, incs b y c, de la ley 11.683 con la reducción prevista en el art. 49 de dicho ordenamiento legal.
Que plantea la nulidad del acto administrativo en discusión ya que sostiene que este carece de fecha. Entiende que la omisión de este requisito importa la violación de las formas esenciales establecidas en el art. 8 de la ley de Procedimientos Administrativos.
Que en cuanto fondo del asunto sostiene que las infracciones tributarias tienen carácter penal y por lo tanto le son aplicables todos los principios de esa rama del derecho, salvo disposición en contrario. Entiende que esto debe ser un valladar frente a las presunciones establecidas en el art. 47 de la ley procedimental y que afectan al estado de inocencia cuando son utilizados, creando ficciones que no resisten el test de culpabilidad, según sus dichos.
Que sostiene que solo hay tributo evadido cuando existe una sentencia penal que así lo califique y en el caso que nos ocupa no hay tal extremo con lo cual, afirma, no estamos frente a un supuesto de evasión.
Que en otro orden de ideas expresa que el ajuste que originó las multas fue sobre base presunta y por lo tanto las presunciones en las que se basó para determinar la existencia de la conducta dolosa debe tener sustento en otros elementos de prueba.
Que manifiesta que es la conducta desplegada al momento de verificarse el hecho imponible la que revela la existencia del elemento subjetivo y expresa que no puede traspasarse al contribuyente adquirente de buena fe las irregularidades que le son ajenas años después de la celebración de las operaciones e impugnarlas con efecto retroactivo.
Que considera que en atención a que la multa se aplicó sobre presunciones, resulta de aplicación el precedente de la Corte Suprema de Justicia “Mazza Generoso”.
Que cita jurisprudencia en apoyo a su postura, ofrece como prueba los antecedentes administrativos en poder de la AFIP y hace reserva del caso federal.
Que en IF-2023-146089779-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso oportunamente conferido y solicita se rechace el mismo, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expresa en su presentación, con costas.
II.-Que en PV-2025-115368811-APN-VOCIX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala C y en IF-2025- 120500267-APN-VOCIX#TFN pasan los mismos a sentencia.
III. Que en PV-2024-79262992-APN-VOCIX#TFN se intimó a las partes para que informen si el recurrente canceló las obligaciones sustanciales en los términos de la ley 27.743, contestando solo el organismo fiscal en IF-2024-89754693- APN-DTD#JGM y IF-2024-109734813-APN-DTD#JGM. Al respecto informó que el contribuyente ha cumplido con las obligaciones que dieran origen a las multas de la siguiente forma:
- Ganancias 2019: $2.261,90: Deuda incluida en Plan Q949030 (RG 4268 - Deuda proveniente de Fiscalización) de fecha 26/10/2022 en 36 cuotas que se encuentra vigente.
- Ganancias 2020: $769.857,56: de los cuales $549.999,90 fueron incluidos en el plan mencionado anteriormente, y el saldo restante fue cancelado el 18/10/2022 ($70.000), el 21/10/2022 ($80.000) y el 25/10/2022 ($69.857,66). - Ganancias 2021: $163.820,23: fue ingresado el 02/11/2022 ($50.000) y el 30/12/2022 ($113.820,23).
Que, además, en cuanto a las causales de exclusión previstas por la ley 27.743, expresó que en el Sistema Atenea -Módulo Juicios Universales no surgen juicios en trámite, finalizados ni paralizados (art. 4 inc. i) y en el Sistema de Seguimiento de Causas Penales (SCP) no registra causas penales en trámite (artículo 4 inc. j).
IV. Que, en virtud de ello, y en atención a como fueron planteadas las cuestiones corresponde en primer término tratar la nulidad por no cumplir con uno de los requisitos establecidos en el art 8 de la ley 19.549. Al respecto, cabe resaltar que la fecha del acto administrativo en discusión —07/09/2023— se encuentra al finalizar éste en su parte inferior junto a la firma digital del Juez administrativo toda vez que se trata de un documento electrónico. Por lo tanto, no corresponde hacer lugar a tal planteo efectuado por el actor, sin imposición de costas en atención a que se resuelve junto al fondo de la causa y no ha sido opuesta como excepción previa.
V. Que, en segundo lugar, cabe evaluar la posible condonación de las sanciones.
Que el Régimen de Regularización excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social previsto en el Título I de la ley 27.743 (B.O. 08/07/2024) contempla los beneficios asociados al acogimiento que se realice según los supuestos allí previstos atento fecha de adhesión y forma de pago o sí lo adeudado ya hubiera sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la mencionada norma (09/07/2024).
Que de acuerdo a la información aportada por el organismo fiscal en IF-2024-89754693-APN-DTD#JGM el recurrente solo ingresó las diferencias del impuesto a favor del Fisco que dieran origen a la multa correspondiente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, con fecha 02/11/2022 y 30/12/2022, es decir, antes de la entrada en vigencia del Título I de la Ley N° 27.743, por lo que se debe tener en consideración lo dispuesto por el quinto párrafo del art. 7 de la citada norma, el cual prevé que las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido pagada a dicha fecha -marzo 2024- .
Que cabe agregar que la sanción aplicada cumple además con la condición prevista en la ley de que no se encuentre firme. Asimismo, conforme lo expresado por el Fisco Nacional, la aquí recurrente no está incursa en las causales de exclusión previstas en el art. 4° (incs. i y j) de la ley 27.743, como tampoco surge del trámite del expediente que la apelante estuviera comprendida en alguna otra causal de exclusión (incs. k y m).
Que, por lo expuesto, teniendo en cuenta el cumplimiento de los recaudos exigidos corresponde declarar condonada de pleno derecho la sanción aplicada correspondiente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, con costas en el orden causado atento lo dispuesto por el art. 38 inc. a) de la Resolución N° 5525/2024.
VI. Que diferente situación se plantea con relación a la multas aplicadas en dicho gravamen, períodos fiscales 2019 y 2020 en razón de que conforme se desprende de las constancias de la causa el recurrente del saldo debido, por el periodo fiscal 2020, de $769.857,56, del cual cancelaron las sumas de $70.000 el 18/10/2022, de $80.000 el 21/10/2022 y de $69.857,66 el 25/10/2022, mientras que la diferencia restante más el impuesto correspondiente al periodo 2019 ($2.261,90) fueron regularizados mediante el Plan Q949030 (RG 4268 - Deuda proveniente de Fiscalización) de fecha 26/10/2022, en 36 cuotas, que se encuentra vigente.
Que conforme el Título I de la ley 27.743 procedería de pleno derecho la liberación de multas y demás sanciones siempre que las obligaciones sustanciales devengadas al 31 de marzo 2024, además de no encontrarse firmes, se hubieren cancelado a dicha fecha, lo que sucede con la analizada en el Considerando precedente, pero no en el caso de las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2019 y 2020, conforme la información aportada por el ente fiscal ya mencionada, que permite arribar a la conclusión que la deuda no se encuentra cancelada en su totalidad. Que frente a esta descripción de hechos corresponde analizar la procedencia de las condonaciones de intereses y multas en el marco de planes de pago vigentes, esto es suscriptos con carácter previo a la ley 27.743 previstos por diversos regímenes de facilidades de pago.
Que el artículo 6° primer párrafo, incisos a) a e) de la mencionada ley establece, en general, que las formas de cancelación aceptadas para regularizar las obligaciones que se pretendan adherir al presente régimen son el pago al contado o mediante plan de facilidades de pago, variando únicamente la porción de beneficios. En los incisos a), b) y c) se prevé la condonación de intereses en porcentajes del 70%, 60% y 50%, según sea la fecha de acogimiento, primeros 30 días, de 30 a 60 o de 60 a 90, respectivamente. En cualquiera de ellos se requiere la cancelación al contado o con un plan de hasta 3 cuotas. A su vez los incisos d) y e), con un beneficio menor, esto es 40% (hasta 90 días) y 20% (después de los 90 días), admiten planes de pago con mayor cantidad de cuotas. La redacción de los 5 incisos del primer párrafo del artículo 6° permite observar nítidamente la intención del legislador de premiar la adhesión temprana y la cancelación mediante la utilización de planes de pago cortos, hasta 3 cuotas, diseñados al amparo de la ley 27.743.
Que, por separado, el segundo párrafo del artículo 6° contempla el caso particular de planes de pago vigentes al 31 de marzo de 2024. Aquí es importante desgranar a qué casos se refiere el legislador y bajo qué condiciones se define el beneficio.
Que del encabezamiento del párrafo que reza “Los casos de regularización de los planes de facilidades de pago a que hace referencia el inciso e) del artículo 3° de la presente ley, en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024, tendrán las siguientes condiciones y beneficios:”, se pueden extraer algunas conclusiones: (el resaltado me pertenece) -Se refiere a planes de pago -Si bien en primer lugar remite al inciso e) del artículo 3° de la ley cuando incorpora al régimen a “las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, [...] incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha”, la propia redacción del segundo párrafo del artículo 6° lo limita de la siguiente forma: “en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024”. Claramente dentro de este supuesto no quedaron incorporados los planes caducos, más allá que las obligaciones fiscales en ellos originalmente incluidas puedan ser regularizadas por el primer párrafo del artículo 6°.
-Para ese universo de planes que recepta el segundo párrafo del artículo 6° (vigentes al 31 de marzo con obligaciones vencidas a esa misma fecha) se aplican “condiciones” y “beneficios”, que se enumeran inmediatamente al encabezamiento del segundo párrafo, y que se integran a una única conformación o cuerpo del supuesto, ellos son:
i) Se mantiene la fecha de consolidación original a todos los efectos. (Condición)
ii) Los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original serán condonados por el equivalente al treinta por ciento (30%). (Beneficio). Si bien el párrafo no distingue se entiende que sería eficazmente utilizable para regímenes de facilidades de pago que se vienen cumpliendo y que no contaban con condonaciones o eventualmente con beneficios menores al que aquí se otorga.
iii) Deberán regularizarse, exclusivamente, a través de alguna de las modalidades de cancelación establecidas en los incisos a), b) y c) del primer párrafo de este artículo, en cuyo caso la condonación de intereses establecida para tales supuestos resultará de aplicación para los devengados a partir de la fecha de consolidación original. (Beneficio con condiciones).
Que este apartado vuelve a manifestar la intención del legislador de que respecto de los planes vigentes al 31 de marzo de 2024 para gozar del beneficio de condonación primero del 30% (intereses devengados con anterioridad a la consolidación original) y luego del 70%, 60% y 50% (posteriores a la consolidación original), deben necesariamente regularizarse y cancelarse, se entiende por el monto adeudado, en un plazo máximo de 3 cuotas. Se vislumbra el objetivo de transformar planes largos en planes muy cortos. No contempla este segundo párrafo del artículo 6° ningún otro supuesto más que el que se ha descripto y puede decirse con el propósito de que se abonen los intereses resarcitorios hasta el momento de la adhesión al presente régimen, por supuesto con el porcentaje de condonación que le resulte aplicable de acuerdo al momento de acogimiento. Y al mismo tiempo iguala los tratamientos de producir el devengamiento de intereses hasta el momento del acogimiento, en los planes que se elijan en el marco de la ley 27.743.
Que, por lo tanto, más allá de la claridad del supuesto previsto por el legislador, resultaría totalmente impensada la pretensión de extender los beneficios de condonación de intereses a planes vigentes con plazos de duración de mediano y largo plazo con tasas de financiación más bajas.
Que para este último caso se debe tener en cuenta en forma concomitante y con idéntico razonamiento lo dispuesto en el artículo 7°, primer párrafo de la ley, el cual mediante remisión al artículo 6° segundo párrafo, prevé la condonación del cien por ciento (100%) de las multas aplicadas cuando se trate de obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive. Y lo hace con la siguiente redacción: “...Dicha condonación también se aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 6° de esta ley”.
Que esta última previsión fue la que requirió el desarrollo previo del segundo párrafo del artículo 6° analizado ut-supra, ya que esa remisión cita una hipótesis, perfectamente definida en un cuerpo único, delimitado e inequívoco, conformado por su encabezamiento y las condiciones y beneficios previstos. Por ello la condonación de la multa puede caber únicamente cuando se cumplan los tres puntos descritos y analizados anteriormente. Además de resultar imposible tomar los planes vigentes sin el cumplimiento de las condiciones y beneficios allí desarrollados, se trocearía el párrafo arbitrariamente, y se abandonaría la intención del legislador de anticipar el ingreso de los saldos pendientes. Que, por otra parte, como se dijo anteriormente ni el artículo 6° (intereses) ni el 7° (multas), contemplan otros supuestos de planes de pago vigentes que reciban beneficios. La ley limita los beneficios a los supuestos analizados y solo a ellos. Que, a todo ello, se suma el acierto del organismo recaudador cuando en la Resolución 5525/2024, destina un apartado G a los fines de tratar la REFINANCIACION DE PLANES DE FACILIDADES DE PAGO VIGENTES. Allí claramente en su artículo 17 prevé que se podrán refinanciar los planes de pago presentados hasta el 31 de marzo, inclusive, “a fin de gozar del beneficio de condonación de intereses y multas conforme a lo establecido en el Título I de la Ley 27.743, siempre que se encuentren vigentes…” y explícitamente dice que deberán observar las siguientes pautas, entre otras, la cancelación mediante pago al contado o en un plan de facilidades de hasta tres cuotas. Ello pone en evidencia las condiciones en que operan los beneficios en los planes vigentes.
Que, por esto, a mi entender, no resulta aplicable al presente caso el inciso c) del artículo 23 de la R.G. 5525/2024, pues allí inclusive se refiere a planes vigentes a la fecha de vigencia de la ley 27.743, diferenciándose de la previsión legal que la estableció al 31 de marzo de 2024. Por demás resultaría impensado considerar que la resolución general creó un supuesto no previsto por el legislador, cuando además no conservaría la intención de acortar los plazos de cancelación para supuestos que no se concibieron con beneficios, sino que éstos son sobrevinientes, sujetos a las condiciones fijadas por el legislador en la citada norma. Por otra parte, los antecedentes jurisprudenciales existentes están referidos a leyes que no consagraban beneficios escalonados decrecientes asociados al temprano acogimiento, como sí lo hace la Ley 27.743, como así tampoco puede atribuirse en esta última una impericia del legislador.
Que, por otro lado, cabe agregar que, si bien el régimen tutela la potestad del ente fiscal para actuar ante posibles incumplimientos de los planes para iniciar una ejecución por el saldo adeudado, dicho supuesto comprende a los planes otorgados al amparo de la ley N° 27.743.
Que, en síntesis, hasta aquí, no procede la condonación en los términos planteados con relación a las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2019 y 2020, no correspondiendo para esta etapa la imposición de costas.
VII. Que, en atención a lo expuesto, cabe resolver sobre la procedencia de las citadas sanciones aplicadas, mencionadas en el párrafo precedente.
Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que “El que, mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”.
Que, a su turno, el artículo 47 establece, en lo que aquí interesa: “…Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Que es dable advertir que no se requiere la existencia de una sentencia previa dictada en sede penal a efectos de aplicar sanciones, tal como lo sostiene el recurrente, a excepción del supuesto previsto en el art. 20 del Régimen Penal Tributario, supuesto que no se conforma en autos. Sin embargo, para que el contribuyente sea pasible de una sanción debe ser culpable, siendo necesario comprobar la presencia de los elementos objetivo y subjetivo en su comportamiento Que no se encuentra en discusión que el actor conformó el ajuste fiscal mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, sin embargo, dicho accionar configura el aspecto objetivo de la sanción recurrida. Se pone de manifiesto, que no se observa en autos la presentación “espontánea” de dichas declaraciones juradas, sino que fueron presentadas a instancia de la inspección actuante, atento a que el contribuyente conformó los ajustes propuestos por el ente recaudador que dejaron al descubierto la maniobra de ocultación.
Que, con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que según surge del informe final de inspección obrante en los antecedentes administrativos de la causa -vide fs.3/17—, el ente fiscal habría detectado que el responsable computó gastos respaldados con facturación apócrifa provenientes de proveedores cargados en la base e-Apoc donde se observó que todos se encontraban bajo la condición de Usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera.
Que el elemento objetivo se encuentra constituido por la presentación de declaraciones juradas rectificativas; y el elemento subjetivo se vislumbra en la existencia de normas que indican una conducta a seguir y que, no obstante ello, fueron transgredidas mediante la ocultación realizada por la recurrente de los datos que debió oportunamente exteriorizar, resultando una grave contradicción entre las declaraciones juradas presentadas por ésta y los antecedentes recolectados por el personal fiscalizador con el fin de determinar el verdadero alcance de la materia imponible y la documentación que acredita los créditos fiscales reales.
Que, cabe destacar, que el actor no acompañó elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que dicha parte ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que llevaba a cabo. Tampoco propuso ni produjo pruebas que demostraran que su conducta no se condice con la imputación que le hace el ente fiscal.
Que, en este sentido, el citado artículo 47 ley 11.683 incorpora presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. La consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo se presume que el infractor ha tenido intención de defraudar, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa ( causa Nª 17.372/08, "Andechaga, Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ D.G.I.", del 15/04/09”).
Que es necesario resaltar que no es aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo "Mazza Generoso", ya que la situación fáctica analizada en tal precedente es diferente a la de autos. En dicha causa, nuestro más Alto Tribunal rechazó la pretensión del ente fiscal de hacer extensivo al campo de la responsabilidad penal tributaria el sistema de presunciones que la ley 11.683 establece con el objeto de determinar la existencia y medida de la obligación tributaria. Por el contrario, en las presentes actuaciones el Fisco Nacional utilizó las presunciones de dolo legalmente establecidas en el art. 47 del citado ordenamiento en función de determinar el aspecto subjetivo del tipo defraudación fiscal, con sustento en los hechos reales acreditados.
Que, en virtud de las circunstancias expuestas, corresponde confirmar las multas apeladas por el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2019 y 2020, con costas.
VIII. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $31.540 (pesos treinta y un mil quinientos cuarenta) equivalente a 0,40 (40/100) UMA — Unidad de Medida Arancelaria — y por el patrocinio letrado, la suma de $ 78.850 (pesos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta) equivalente a 1 (un) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Resolución SGA N° 2533/2025 y Acordada 30/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se deja constancia que dichos montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado por el Vocal instructor.
II. Respecto de la multa aplicada originada en la deuda determinada en el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2021, coincido con la solución propiciada por el Vocal preopinante en el Considerando V. Siendo ello así, y toda vez que la obligación sustancial fue cancelada con anterioridad al 31/03/2024, procede declarar su condonación de pleno derecho, de acuerdo a lo normado en el 5to. párrafo del artículo 7° de la ley 27.743. Costas en el orden causado.
III. Que idéntico tratamiento corresponde otorgarle a la multa derivada de la obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2020, en forma parcial, por los pagos realizados por dicho concepto los días 18/10/2022, 21/10/2022 y 25/10/2022. En consecuencia, y en proporción a la obligación cancelada por las sumas abonadas que fueran informadas por el Fisco Nacional en IF-2024-89754693-APN-DTD#JGM, procede declarar su condonación parcial de pleno derecho, de conformidad con la normativa citada precedentemente, con costas por su orden.
IV. Finalmente, en relación a los períodos fiscales 2019 y 2020, respecto a este último por la obligación remanente no abonada mediante los pagos citados ut supra, toda vez que se ha regularizado la deuda determinada por el organismo fiscal en el plan de facilidades de pago Q949030 (RG 4268) consolidado el 26/10/2022 en 36 cuotas (vigente a la fecha), a la luz de lo dispuesto por la ley 27.743 y el artículo 23 inc. c) de la RG 5525/2024 y habiendo manifestado el apelante que no se encuentra comprendido en las causales de exclusión del régimen, corresponde declarar condonadas las multas aquí controvertida. Ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la norma reglamentaria.
Por la forma en que se resuelve, las costas se imponen en el orden causado.
V. Cabe poner de manifiesto, que ya las resoluciones generales Nos.3806/2015 y 4667/2020 reglamentarias de las leyes 27.260 y 27.541, respectivamente, -con sus modificaciones- preveían idéntico tratamiento y que con fecha 5/9/2024 la Alzada -Sala IV- en oportunidad de resolver una cuestión análoga a la que aquí se ventila, consideró reunidos los extremos exigidos por las normas referidas precedentemente, a fin de otorgar el beneficio de la condonación de sanciones (conf. Transportes Figueroa S.R.L., 5/9/24, expte. TFN 31319493-i).
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero a los considerandos I a IV del voto de la Dra. Marmillon.
II. Que debo recordar que la ley 27.743 (BO 8/7/2024) en su art. 1 dispuso –en lo que aquí interesa- “Créase el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones que en el presente título se detallan. En este marco, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren” y luego, en su art. 6, estableció diferentes alternativas de adhesión (incs. “a” a “e”) y en relación a todas ellas dispuso que “…se condonará el cien por ciento (100%) de las multas aplicadas” (art. 7, primer párrafo). Además, dispuso que “Los casos de regularización de los planes de facilidades de pago… en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024, tendrán las siguientes condiciones y beneficios: …iii) Deberán regularizarse, exclusivamente, a través de alguna de las modalidades de cancelación establecidas en los incisos a), b) y c) …” (art. 6, segundo párrafo), es decir, en lo que refiere a estos autos, mediante la adhesión al régimen en un plan que no exceda de 3 cuotas. Finalmente, la norma también dispuso que “Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una multa o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha” (art. 7, quinto párrafo).
Del juego armónico de las normas reseñadas surgen tres situaciones fácticas distintas: 1) si la obligación principal que originó la multa fue regularizada mediante alguna de las opciones que otorga la ley (incs. “a” a “e” del art. 6), la multa quedará condonada en la medida del cumplimiento del plan, cuyo control obviamente le compete exclusivamente al organismo fiscal; 2) si la obligación principal que originó la multa había sido regularizada en un plan anterior y se encontraba vigente al 31/3/2024, quedará condonada en la medida que se reformule dicho plan mediante alguna de las opciones que establecen un plan de 3 cuotas (incs. “a” a “c” del art. 6); y 3) si la obligación principal que originó la multa fue íntegramente cancelada con anterioridad al 31/3/2024 quedará, sin más, condonada de pleno derecho (cuarto párrafo del art. 7).
Sobre la situación descripta en el punto 2, que exige la reformulación en el régimen de la ley 27.743 y en una de las opciones de 3 cuotas, no mella lo establecido por la norma reglamentaria, RG AFIP-DGI 5525/2024 (BO 15/7/2024), que en su art. 23 estableció: “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria o previsional resultará procedente cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: …c) Haberse regularizado la obligación sustancial y sus respectivos intereses mediante planes de facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad a la entrada en vigencia del Título I de la Ley N° 27.743, siempre que la sanción no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha”, toda vez que dicha norma reglamentaria, subalterna a la ley, implica un exceso reglamentario, al definir una hipótesis de condonación no contemplada en los términos que la condicionó la norma legal, resultando por ende inaplicable.
No se me escapa que el legislador pudo haber establecido una solución similar a la del reglamentador –como lo hizo en las leyes 27.260 y 27.541, sin limitar la reformulación a 3 cuotas, por lo que sus normas reglamentarias (RG 3806/2015 y 4667/2020) no incurrieron en ningún exceso- pero justamente no lo hizo, y no cabe presumir su inconsecuencia o falta de previsión (Fallos 329:4007; 322:2189; 321:2021 y 2453 entre muchos otros). A ello, cabe agregar que resulta ajeno al control judicial y de este Tribunal el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o error del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 347:1137 entre otros) y, además, la separación de poderes no consiente a los juzgadores el poder prescindir de lo dispuesto por la ley, so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos: 342:1376 considerando 10, último párrafo, entre muchos otros).
De lo expresado por las partes y las constancias comprobadas de la causa surge que la situación de autos relativa a la regularización parcial de los períodos 2019 y 2020 del IG –respecto de este último por la obligación remanente no abonada mediante pagos al contado-, encuadra justamente en el citado punto “2” y la actora no reformuló el plan al amparo de las disposiciones de la ley 27.743; por lo que correspondería rechazar la condonación por dichos períodos.
III. Que sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que la Alzada admitió la aplicación del art. 23, inc. “c”, de la RG 5525/2024 (CCAF, Sala IV, in re “Transportes Figueroa SRL (TF 31319493-I) c/ DGI s/ Recurso de organismo externo” ); y por ende, la condonación dispuesta mediante la citada norma reglamentaria; razones de economía procesal conducen a adoptar dicho criterio y tener por condonadas las multas discutidas por los períodos 2019 y 2020 del IG, este último por la porción remanente no cancelada al contado. Las costas se imponen por su orden.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar condonada de pleno derecho la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias del año 2021, costas en el orden causado.
2. Declarar condonada de pleno derecho la multa impuesta por el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2020, en forma parcial, por los pagos realizados por dicho concepto los días 18/10/2022, 21/10/2022 y 25/10/2022, con costas por su orden.
3. Condonar la multa aplicada por el Impuesto a las Ganacias por el período 2019 y en forma parcial por el período 2020 con relación al remanente no abonado -vide considerando IV Dra. Marmillon al que adhiere el Dr. Luis-, costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.11.17 16:54:05 -03:00 Date: 2025.11.18 11:58:22 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.18 12:19:09 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.18 12:19:10 -03:00
Fin de la sentencia