Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión de la aseguradora codemandada de declaración del recurso del actor.
2Declarar abstracto el 1º y 2º agravio vertido por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por las razones expuestas en los considerandos.
3Admitir el 3º agravio de Seguros Bernardino Rivadvia Cooperativa Limitada y rechazar el 1º agravio de la actora Anahí Jasmín González ambos respecto del mismo rubro: indemnización del daño material y modificar la sentencia reduciendo el monto de la condena al límite asegurado de $430.000 con más sus intereses desde el inicio de la demanda.4º) Admitir el 4º agravio de la aseguradora y modificar el punto 3º del fallo reduciendo la indemnización del daño extrapatrimonial a la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) valor de un televisor Samsung de 32 pulgadas tomado como satisfacción sustitutiva y compensatoria del daño (conf. art. 166 último párrafo del CPCC y art 1741 del CCyC. 5º) Admitir el 5º y el 6º agravio de la aseguradora y revocar el punto 4º del fallo, rechazando la pretensión de la actora de indemnización del daño punitivo. 6º) Rechazar el segundo agravio de la actora y declarar nulo el allanamiento de la aseguradora conforme las razones expuestas en los considerando respectivo. 7º) Costas de la instancia en el orden causado por no haber sido contestado el traslado de los agravios de la aseguradora y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta que exista regulación de los correspondientes a …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9117 Sentencia: Definitiva Actor: González Anahí Yasmín Demandada: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Y Otro Objeto: Cumplimiento de contrato – daños y persuicios Fecha: 30-06-2026 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los treinta días del mes de junio de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “GONZÁLEZ, Anahí Yasmín c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA Y OTRO s/ cumplimiento de contrato- daños y perjuicios”
Expte. Nº 19966/21 que tramitan en el Juzgado de primera Instancia Nº2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaria Nº2 de esta ciudad, que ingresaran en la instancia con el Nº 9117. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia en crisis? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Sra. Anahí Yasmín González con el patrocinio del Dr. Eugenio Gómez Carrasco demanda por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios en contra de FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y contra la Compañía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada (ver escrito de fs. 51 a 64). Invoca haber adquirido un vehículo Fiat, modelo Strada Aventure 1.6, tipo Pick Up, cabina doble, dominio AB-359-QP por adjudicación en el contrato de adhesión al Plan de Ahorro con la codemandada FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados asegurada por la demandada Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada. Relata que este automotor resultó involucrado en un siniestro que describe y que después de una serie de avatares donde se discutía si los daños importaban destrucción total o no se aceptó este criterio, el pago del daño. Se discute si le cabe responsabilidad civil a la aseguradora, y si la codemandada responde solidariamente en los términos del contrato de compra a crédito del vehículo dañado. Refiere incumplimientos de las obligaciones pactadas por la administradora que no procedió a la liquidación solicitada ni realizó las gestiones ante la aseguradora ni ninguna acción en miras a obtener el resarcimiento de la pérdida total del vehículo y la desvalorización monetaria ante la grave e imprevista crisis de 2018. Señala que intimó para la actualización del valor propuesto bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, pero las accionadas continuaron con su actitud negándose a pagar o gestionar el pago según corresponda. Dice que el 20/8/19 Fiat la intimá a apagar una deuda inexistente. Se refiere a la responsabilidad de la administradora y de la aseguradora conforme las cláusulas 16.2 inc. a) y la cláusula CG-DA 4.2 en el marco de la relación de consumo y alega responsabilidad solidaria de las demandadas con fundamento en el art. 40 de la ley 24.240 y reclama daño patrimonial, moral, y punitivo en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240.
II. Que la compañía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada representada por el Dr. Ezequiel Turienzo contesta la demanda en PE 282825/2021 y niega todos los hechos y afirmaciones invocados en el escrito de demanda. Reconoce la póliza Nº 48/02/684056 que amparaba, a la fecha del siniestro la destrucción total del vehículo asegurado con un capital de $430.763 como limita máximo al automotor Fiat Strada Aventure 1,6 Pick Up modelo 2017 dominio AB359QP a favor de la actora Anahí Yamíl González que fuera objeto de un crédito prendario otorgado a favor de Fiat Plan. Sostiene no ostentar ninguna relación jurídica con F.C.A de Ahorro para Fines Determinados, ni constituye una unidad ni técnica ni económica ni de ejecución ni tiene vínculos comerciales distintos a cualquier otro contratante. Reconoce el siniestro del 4/2/18 en que la unidad asegurada sufre una serie de daños y que abonó las indemnizaciones a terceros involucrados en el accidente. Explica el reclamo de la actora para obtener indemnización por destrucción total que en principio se rechaza por no superar los daños el 80% del valor de venta al contado en plaza ($ 430763,00) de conformidad con la cláusula CG-DA 4.2 del contrato. Dice que ante la insistencia de la actora, para agotar las instancias aceptan practicar una nueva inspección sobre el redado que comunican el 21/3/18. Expresan que reconocida la destrucción total de la unidad la actora debía cumplir una serie de obligaciones según la cláusula CG-CO 3.1 para acceder al cobro de la indemnización, la que correspondía con el valor de plaza del vehículo al momento del hecho de $ 430.763,00 conforme se comunicó el 26/6/18 que se adjuntó a la demanda. Por ello jamás estuvo en mora y contestó en término todas las intimaciones brindando respuestas asertivas en todo momento. Afirma que quien incumplió con las exigencias contractuales fue la actora que rechazaba cualquier solicitud que sostiene era documentación que debía tramitar en forma personal, que exige Superintendencia de Seguros de la Nación citando la ley 25.761, Decreto reglamentario 744/2004 y cláusula CG-CO 03.1 y notificación del 13 de noviembre de 2018 y convierte a la actora en responsable de las demoras. Impugna la pretensión resarcitoria y señala que responderá únicamente en la medida del seguro. Se opone a la limitación del pago de las costas en los términos del art. 730 del Código Civil y Comercial.
III. Que en PE 365334/2022 se decreta la rebeldía de FCA S.A. de Ahorro para fines determinados. En la audiencia preliminar instrumentada en PE 805320/2023 no se llega a un acuerdo, se fijan los hechos controvertidos y se provee las pruebas ofrecidas por las partes. Producida la obrante en autos en PE 889935/2024 se clausura el período probatorio y sólo la parte actora presenta en PE 1474795/2024 el alegato de bien probado. Pasan los autos a sentencia en PE 930528/2024 que se instrumenta en PE 1948577/2025.
Luego de fundar su resolución la magistrado en resolución rectificada en PE 1949262: 1) Rechazar la excepción de prescripción interpuesta por la demandada Seguros Bernardino Rivadavia; 2)(rectificada) Hacer lugar al rubro daño material condenando solidariamente a las codemandadas al pago de la suma de $39.933.000, todo ello en el término de diez días de resultar firma el presente con más los intereses correspondientes a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del presente hasta su efectivo pago, conforme las pautas dadas en los considerandos respectivos. Costas a cargo de la demandada en calidad de vencida (art 68 del CPCC). 3) Hacer lugar al rubro daño moral en un 50% del concepto de daño material con más la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del infortunio y hasta el efectivo pago, en los términos dados en el considerando respectivo. 4) Hacer lugar al rubro daño punitivo en la suma de 32.933.000 desde la fecha de la presente y hasta el efectivo pago, conforme los argumentos dados en el considerando respectivo. 5) Rechazar el rubro lucro cesante, por los argumentos expuestos en el considerando respectivo. 6) Diferir el pago de la tasa de justicia y la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se de cumplimento con lo dispuesto por el art. 33 de la ley provincial 3.330 según el art. 68 segundo párrafo (no se indica de que norma). Notifíquese. 7) Regístrese, notifíquese a las partes en sus domicilios reales y a los letrados intervinientes mediante SNE. Cumplido, y firme que sea la presente archívese. Como se expresara más arriba en PE 1949262 /2025 se rectifican oficiosamente los puntos 2 y 3. Cuando se notifica en su domicilio real la sentencia a la rebelde, en la cédula se transcribe la parte dispositiva de la sentencia sin la rectificación de PE 1949262/2025. Pero en PE2149541/2025 cesa la rebeldía por su presentación en PE2149541/2025 representada por el Dr. Elián Santiago Smith donde no impugna esta omisión y la trata al contestar agravios en PE 2196155/2026. Con estas presentaciones lo tengo por bien notificada a la demandada. Los autos se elevaron con la certificación de estilo de PE2030707/2025 y se devuelven para notificar a la rebelde en el domicilio real. Cumplido aunque con este defecto que entiendo quedó subsanado con la presentación sin objeciones de la rebelde.
IV. Que vueltos a la instancia en PE 1282934/2026 se ponen los autos en Secretaría para expresar agravios. La parte actora sostiene su recurso con la expresión de agravios que formula con el memorial instrumentado en PE 2168997/2026. Pretende se revoque la sentencia y en primer término se agravia por haber tomado como referencia el valor de un vehículo 0 Km siniestrado la suma de $ 32.933.000 que sostiene no es el precio de mercado del automotor. Pide se tenga en cuenta que se reclamó en la demanda la suma equivalente al valor del vehículo en plaza debidamente actualizado que a ese momento ascendía a los $850.000. Transcribe lo señalado en la sentencia para cuantificar el monto y al respecto destaca que el modelo de la unidad siniestrada se ha dejado de fabricar y propone como competidores directos equivalentes en funcionalidad El Renault Duster Oroch, la Fiat Strada, la VW Saveiro y otros modelos de carga urbana y señala los precios de la guia oficial de precios ACARA de los tres modelos Renault Oroch, de la Fiat Strada y de la VW Saveiro aclarando que este guía es considerada referencia fidedigna de público acceso. Su agravio radica en haber establecido el valor de la unidad a reponer en concepto de daño material en un valor de $32.933.000 valor ostensiblemente inferior a la cotización oficial de cualquier vehículo de similares características y estima prudente estimar en $40.000.000 e concepto de reparación plena que corresponde al consumir por imperio del art. 1740y ccs. del CCyC. Se explaya en el derecho a un resarcimiento integral en términos que tengo presente con cita de jurisprudencia.
Le causa agravio que a los fines de actualizar los montos indemnizatorios de los distintos rubros se recurra a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina “calculados desde que cada suma se adeude y hasta el efectivo pago”. Considera que esa tasa de interés no se ajusta a los parámetros del art. 768 y concordantes del CCyC y la doctrina del Tribunal Superior de Justicia que cita. Entiende que se omiten los motivos fundados de la aplicación de la tasa activa en oposición a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia y se queja porque esa tasa comporta una merma del quantum y no se compadece con el principio de la reparación integral del usuario afectando el derecho de propiedad. Sostiene a que con posterioridad a la entrada en vigencia del CCyC los intereses se deben determinarse conforme el art. 768 del CCyC. Tras citar jurisprudencia expresa que si bien los magistrados tienen potestad para seleccionar la tasa de interés “no pueden optar por aquellas que no provengan del BCRA, como ocurre en el caso de autos” y cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia cuando establece que en materia de daños se debía aplicar la tasa pasiva. Cita doctrina y jurisprudencia que se tiene presente, para concluir que no se observan razones válidas para apartarse de la tradicional doctrina del Cimero Tribunal Provincial.
V. Que estos agravios son contestados por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada y por FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados. En primer lugar la primera de ellas, por medio del Dr. Exequiel Turienzo solicita el rechazo del primer agravio por insuficiencia de crítica concreta y razonada pidiendo la deserción del primer agravio. Sin perjuicio de ello ingresa a responder al primer agravio entendiendo que carece de sustento fáctico. Entiende que la sentencia incurre en un error como refirió en su apelación al basarse en el valor de un vehículo 0km vigente a la fecha del decisorio al prescindir del límite de la cobertura pactado en el contrato de seguro y el valor real al momento del siniestro desnaturalizando el contrato de seguro. Sostiene que la obligación asumida por su representada es por definición una deuda de dinero y no una deuda de valor pues no se obliga a la reposición a nuevo ni garantizar una prestación que se actualice con parámetros ajenos al contrato, sino una obligación dineraria limitada al capital asegurado según la póliza.
Hace notar que se pretende elevar la condena basado en valores de la Guia ACARA para valores de vehículos de versiones actuales en planteo improcedente al querer forzar una analogía con vehículos de nueva generación con tecnología, prestaciones y equipamientos muy superiores a la unidad Fiat Strada Aventure 1.6.
Entiende que la circunstancia de estar discontinuado el modelo no da carta blanca para que se pretenda un salto de gama o acceso a un modelo superior a costa de la mutualidad de los asegurados. Califica a la sentencia de generosa al tomar cotizaciones de concesionarios que arrojan un valor superior a cualquier valor de plaza para una unidad de la características del vehículo de la actora. Entiende que se viola el principio de la reparación plena que no es mejorar su situación anterior al daño, no mejorar su patrimonio. Explica que la suma asegurada se calcula en proporción al capital determinado en la póliza y pretender una indemnización basada en valores de modelos de alta gama constituye una arbitrariedad que modifica la obligación asumida en cobertura ilimitada en contradicción con la ley de seguros. Impugna que se utilice la guía ACARA pues no puede sustituir una valoración judicial basada en pruebas específicas. Sostiene que el monto de $32.933.000 contempla con exceso la discontinuidad del modelo. Pide el rechazo del agravio y pide se haga lugar a su agravio disminuyendo la cuantificación de primera instancia para ajustarla estrictamente al límite de la cobertura contratado.
Respecto del segundo agravio se allana al pedio de la revocación de la tasa activa establecida en la sentencia y su reemplazo por la tasa pasiva. Sostiene que ante tal planteo y en la medida que la actora es acreedora de la obligación solicita una tasa que resulta económicamente menos gravosa para su mandante no tiene objeción. Por ello ante la coincidencia de pretensiones entre la apelante y su parte citada en garantía se admita el allanamiento y se disponga la aplicación de la tasa pasiva del BCRA.
A su turno Elían Santiago Smith por FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados tras resumir el agravio y la fundamentación de la sentencia sostiene que se ha limitado a reiterar si justificación de que corresponde aplicar lo publicado por ACARA por lo que la considera una simple disidencia. Agrega que la recurrente sacó un promedio prudencial de $40.000.000 a partir de supuestos precios de modelos de marcas distintas y en versión actualizada de la unidad recibida por ella y lo califica de improcedente. Señala la falta de prueba poniendo el acento en las similitudes de las unidades propuestas con la adquirida por la actora. Pone de resalto que a la suma fijada por daño material, se le añadieron intereses hasta el efectivo pago, y se condenó por sumas millonarias por daño moral y daño punitivo. No desvirtúa la sentencia a su entender. Respecto del segundo agravio señala que el art. 768 del CCyC invocado por la actora se refiere que la tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes. Y en la solicitud de adhesión que suscribió la actora se menciona la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en una serie de artículos que enumera. Respecto de la jurisprudencia que invoca ha fallado en explicar cómo los precedentes serían aplicables a este caso. Tampoco probó el gravamen irreparable que le ocasionaba la aplicación de la tasa activa. Pide el rechazo del recurso de apelación y mantiene la reserva del caso federal.
VI. Que a su turno Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada en PE 2184076/2026 expresa agravios y reserva el caso federal. Su primer ataque a la sentencia se centra en cuatro carriles impugnativos. En el primero en lo que califica de erróneo razonamiento seguida para rechazar la excepción de prescripción por entender que es contradictorio e incongruente por no aplicar la norma especial que regula las relaciones derivadas del contrato de seguro y lo extiende a tres años con fundamento en las disposiciones generales del CCyC y la ley de defensa del consumidor en discordancia con la jurisprudencia que cita y se tiene presente. En autos se persigue el cumplimiento de un contrato de seguro obligación sometida a un régimen de prescripción propio. Sostiene que, aun admitiendo que la ley de defensa del consumidor pudiera resultar aplicable en forma complementaria, esta aplicación debe realizarse en armonía con la ley de seguros y no en sustitución de ésta. Argumenta que la sentencia al omitir tal análisis incurre en un error de derecho que afecta a la solución del litigio desde su raíz, toda vez que a su criterio la acción se encontraría prescripta. En el segundo carril de este agravio respecto de la ley aplicable recuerda que el art. 50 de defensa del consumidor fue modificado por la ley 26.994 (vigente desde el 1º de agosto de 2015) pues tuvo implicancia determinante en materia de prescripción toda vez que el plazo trienal fue acotado exclusivamente a acciones administrativas y sancionatorias derivadas de dicha ley y dejó de tener aplicación en acciones judiciales civiles por daños y perjuicios y transcribe el texto actual comparándolo con el art. 58 de la ley de seguros. Sostiene que el régimen de seguros contiene una disposición expresa sobre prescripción, no puede aplicarse ninguna norma general en su reemplazo.
En un tercer carril de impugnación del primer agravio se explaya en la inaplicabilidad del principio “pro consumidor” para derogar normas expresas, con invocación del art. 1094 del CCyC expresando que no establece una norma derogatoria, sino una pauta de hermenéutica ante situaciones de duda normativa. No habilita una excepción al art. 58 de la ley de seguros. Cita jurisprudencia. Sostiene que el principio de interpretación favorable al consumidor a su entender sólo opera ante un conflicto de normas o de laguna jurídica que genere duda razonable sobre el precepto a aplicar. Afirma que en el presente caso el art. 58 de la ley 17.418 es claro, categórico y expreso y toda norma derivada del contrato de seguro prescribe al año sin norma específica que establezca un plazo diferente. Hace hincapié en que el art. 50 de la ley 24.240 en su actual redacción regula exclusivamente el plazo para sanciones administrativas no para la acciones judiciales.
En último cauce impugnativo sostiene que el argumento del piso mínimo de tutela no puede ser interpretado como una regla que impida la aplicación de normas vigentes como el art. 58 de la ley de Seguros. A su criterio se debe entender en materia de deberes de información, trato digno, reparación integral, pero no en términos del plazo de prescripción. Para ser operativo debe existir duda normativa real o ambigüedad en las disposiciones aplicables y recuerda el art. 58 de la ley de seguros para regular el plazo de prescripción. Por ello sostiene que debe aplicarse con prelación sin que pueda ser desplazada por normas generales ni principios hermenéuticos. Pide se revoque la sentencia de primera instancia y se decrete la prescripción de la acción respecto de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada.
Ataca la sentencia en un segundo agravio lo que considera una incomprensible, errónea e infundada de la recepción de la mora en la sentencia. Refiere que su representada informó, una vez reconocido el siniestro como destrucción total el monto a indemnizar condicionado a cargas contractuales y reglamentaria sin objeciones por la actora al monto propuesto. Explica que las cargas (baja registral, libre deuda, transferencia de entrega de documentación) eran de cumplimiento por la asegurada por ello la mora no podía estas en cabeza de la aseguradora. Critica que la sentencia invierte el orden lógico jurídico de la relación obligacional y le atribuye a la deudora el rol de acreedora diligente responsabilizándolo por la demora que en realidad es imputable a la asegurada. Indica que el contrato de seguro y la Normativa de la Superintendencia de Seguros establece un procedimiento técnico para la liquidación de siniestros en etapas que no pueden ser omitidas ni suprimidas judicialmente sin alterar el equilibrio contractual. Atribuye a la sentencia confundir las cargas contractuales y reglamentarias – que constituyen condiciones objetivas para habilitar el pago, con l información prevista en el art. 46 de la ley de seguros. En negritas destaca que esas cargas no son pedidos de información, sino de requisitos de cumplimiento personalísimo por parte del titular del bien. Y al confundirlas concluye que la aseguradora debía suplirlas por sí misma lo que es imposible pues carece de legitimación para realizar esos trámites en nombre del titular sin su intervención. Pide se revoque.
En un tercer agravio califica de errónea la determinación del valor del rodado. Expresa que la sentencia incurre en un error de derecho grave cuando fija el valor de un vehículo 0 KM vigente a la fecha de la sentencia sin tomar en cuenta el límite de cobertura pacado ni el valor real del bien al momento del siniestro. Recuerda que el contrato de seguros constituye una obligación de dar una suma de dinero hasta el monto máximo convenido conforme el capital asegurado que surge de la póliza. No garantiza la reposición a nuevo del bien ni una deuda de valor que se deba actualizar con parámetros ajenos al contrato. Razona que la sentencia convierte la obligación del seguro en una prestación distinta de la convenida y la transforma en una un garantía de reposición a nuevo a valores actuales. Resalta que la prima abonada se calcula en función del capital asegurado, o sea que no es arbitrario, sino que es el resultado de un cálculo actuarial que permite sostener la mutualidad del seguro. Al desconocer ese límite en el caso altera el contenido del contrato pues afecta a al conjunto de los asegurados, y se encuentra en abierta contradicción con la ley de Seguros y la autonomía de la voluntad.
Expresa que la arbitrariedad de la sentencia se advierte cuando fija la indemnización conforme a un valor desconectado con el siniestro y la obligación contraída y que la circunstancia que se haya discontinuado el vehículo no autoriza a trasladar el resarcimiento al costo de un automóvil nuevo. En el cuarto agravio critica la sentencia por la errónea recepción y cuantificación del daño moral, que en materia contractual requiere prueba suficiente del perjuicio extrapatrimonial y la vinculación causal del incumplimiento y sostiene que se ha prescindido de ese análisis recurriendo a un cálculo arbitrario. Se explaya sobre la noción de daño moral y el precio del dolor con referencia al art. 1741 del CCyC y doctrina calificada. Hace referencia a la falta de individualización de los bienes sustitutivos con capacidad de mitigar el perjuicio y la falta de prueba fehaciente. Hace hincapié en que no solo se toma actualizado el valor del rodado que se toma como referencia, sino que dispone agregarla intereses a la tasa activa desde la fecha del siniestro lo que provoca un doble enriquecimiento a la acora.
En un sexto agravio critica la sentencia por la desnaturalización del daño punitivo al incurrir en uso abusivo del instituto previsto en el art. 52 bis de la Ley de defensa del Consumidor al fijar el daño punitivo en el equivalente a un vehículo 0Km fijado como daño material sin fundamento y evidencia en una aplicación automática. Se refiere a las circunstancias y requisitos que hacen procedente esta sanción civil de carácter excepcional. Entiende que en caso no se acreditó que la aseguradora haya actuado con intención deliberada de perjudicar, ni el despliegue de prácticas sistemáticas lesivas. Entiende que la controversia se centra en el cumplimiento de cargas contractuales y en la determinación del plazo de prescripción que son cuestiones de interpretación jurídica razonables, con criterios disimiles en la doctrina y jurisprudencia. Recuerda que el daño punitivo no puede fundarse en el mero incumplimiento ni en la circunstancia que haya debido promover acciones judiciales. Se refiere a la doctrina y jurisprudencia mayoritaria con cita de un fallo en autos que identifica. En el sexto agravio critica la sentencia por la desproporción del monto impuesto (daño punitivo). Indica que la sentencia ha determinado en $ 32.933.000 equivalente al daño material sin explicaciones respecto del criterio utilizado para la determinación en contra de la doctrina jurisprudencial que cita. Critica que no se analiza la gravedad de la conducta, el beneficio obtenido, la reiteración de prácticas ni la capacidad del proveedor sin razonamiento autónomo y transformando la sanción en un duplicado indemnizatorio, tornando la duplicación de montos en confiscatoria e irrazonable a la sentencia vulnerando principios de razonabilidad y proporcionalidad. Pide se lo disminuya sustancialmente.
Resta señalar que al comienzo de su memorial fundó y reservó el caso federal.
Formula la petición final requiriendo se revoque la sentencia con costas.
VII. Que en primer lugar desde ya rechazo la pretensión en agravios de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada de declarar la deserción del recurso por insuficiencia de crítica. Hay un discurso jurídico del actor que debe ser considerado y no eludir el tratamiento por la vía fácil del art 265 del CPCC. Aclarado ello, por una cuestión de lógica debo ingresar al tratamiento del primer agravio habida cuenta que lo que se decida en el Acuerdo puede sellar la suerte del juicio.
Para analizar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro debemos partir de que el objeto de este seguro ha sido mantener la eficacia de la garantía prendaria conforme el art.12.6 de la adhesión al plan como se puede ver a fs. 28 vta. (no la reposición de un vehículo 0Km que fuera adjudicado y entregado). Se trata de contratos conectados. Para la ejecución del plan todos los sistemas de Ahorro para Fines Determinados crea grupos que dependen de los aportes de todos los integrantes en las cuotas mensuales para ir adjudicando uno o dos vehículos por mes. Adjudicado un vehículo el beneficiario debe seguir abonando las cuotas obligación que se garantiza con prenda sobre el vehículo, riesgo que se cubre asegurándolo por robo, destrucción parcial o total o incluso responsabilidad civil que puede afectar la garantía prendaria por el cobro de las cuotas. Ello en beneficio de todos los integrantes del grupo que esperan la adjudicación de la unidad.
Surge de esa cláusula (art.12.6) que la gestión del cobro de la indemnización estará a cargo de la administradora quien deberá observar la diligencia necesaria para percibirla dentro de los plazos legales y contractuales de tal forma que si el pago se hiciere con posterioridad la diferencia entre lo percibido y lo que hubiere correspondido si se efectuaba en término, estará a cargo de la Administradora quien deberá aportarla al grupo, salvo culpa del adjudicatario asegurado. Ello explica la necesidad que la póliza debe ser endosada a favor de la administradora.
Por ello la actora demandó a ambas y la sentencia las condena en forma solidaria, sin que se hubiera apelado la solidaridad de las demandas. En efecto estamos en presencia de contratos conexos que explican la conexidad. Ello hace que, aún si se admitiera la prescripción de las acciones emergentes del seguro, Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada deba responder ante la actora como solidaria de la Administradora.
Y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, reitero, no cuestionó ni apeló la solidaridad establecida en la sentencia motivo por el cual, a mi criterio, se vuelve abstracto analizar si la acción del seguro estaba prescripta, toda vez que como solidaria debe responder ante la actora. Lógicamente tiene la Aseguradora posibilidad de reclamar, a la Administradora, lo que pueda llegar a abonar; reclamo que debe realizar por la vía y ante quien corresponda, si entiende le asiste derecho para ello. Dicho esto sin desmerecer la calidad técnica del primer agravio con relación a la prescripción, en cuyo estudio no ingresé por las razones expuestas. Propongo confirmar el punto 1) del fallo de la sentencia en crisis.
Estas mismas razones me llevan a no ingresar en el segundo agravio, relativo a la mora, propuesto al Acuerdo, toda vez que, como el anterior, se ha vuelto abstracto.
Es en el análisis del tercer agravio donde encuentro un error de derecho en la sentencia al fijar una indemnización con base en el valor de un vehículo 0Km vigente a la fecha de la sentencia.
Se trata de un agravio común donde también el actor se agravia por pretender una indemnización mayor. Ambas codemandadas habían contestado Como se advierte en este punto ambas partes tienen una queja. Por ello lo que se resuelva sobre el rubro daño material sella la suerte de esta queja por poco y por mucho común a ambas partes.
Dentro del grupo, la actora había obtenido la adjudicación del vehículo y lo estaba gozando al momento del siniestro. Es sabido y no necesita explicación ni prueba, que, salvo una crisis en el mercado, que un vehículo se considera usado cuando sale de la Agencia y que su valor sufre merma por ese solo hecho. En el caso no estamos en supuestos de fallas de fabricación en que entre en juego la responsabilidad del fabricante. Ello no estaba en discusión y el siniestro que provocó una destrucción total no obedeció a un defecto del vehículo. Por ello, tomar el valor de un automotor 0Km de marcas o modelos distintos por discontinuidad del destruido no tiene un fundamento serio. Debe tenerse en cuenta que a pesar de la destrucción total en el caso se obtuvieron piezas recuperables (ver fs. 10 y 11) sin que se hubiera indicado el destino de esas piezas.
Por otro lado el contrato de seguro no ofrecía como garantía la reposición de un vehículo 0 Km a valores actuales, sino un capital en dinero por el que se pagaba una prima que se obtenía por cálculos actuariales. Que se debía utilizar en primer término para cancelar la deuda al grupo.
Obsérvese que la propia actora a fs. 59 in fine reproduce la cláusula incumplida CG-DA 4.2.III cuando establece:
“III. Determinación de la indemnización: Determinada la existencia de del daño total, el asegurador indemnizará el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro de un vehículo de igual marca, modelo y características, con más los impuestos, tasas y contribuciones que pudieran corresponde, todo ello hasta la suma asegurada que consta en el frente de la Póliza….”
Ello es claro, sin perjuicio del valor de la unidad existe el límite contractual de la indemnización en la suma asegurada de tal modo que no podrá exceder la suma asegurada. La actora la aceptó con patrocinio al reproducir la cláusula en la demanda y no puede ahora desconocerla.
Esta solución importa también el rechazo del primer agravio de la parte actora quien entendía insuficiente la suma otorgada en la sentencia por ser inferior al precio de vehículos 0Km que consideraba semejantes. Para ello se tiene en consideración que el objeto del plan era la adquisición de un vehículo 0Km marca Fiat, modelo Strada Adventure 1.6 tipo Pik Up, fin obtenido por la actora, restándole abonar un saldo en cuotas. El tema materia de juicio es la pretensión de obtener la indemnización del precio de compra actual de un vehículo semejante al haberse discontinuado ese modelo, más daño moral, daño punitivo e intereses.
Entiendo por estas razones procedente este agravio de la aseguradora y rechazar el primer agravio del actor. Entiendo debe revocarse el punto 2º) ajustándolo al límite de la cobertura de $ 430.000 con más sus intereses. El cuarto agravio de la aseguradora se centra en lo que considera “errónea recepción y cuantificación del daño moral”
En la demanda en el último párrafo del capítulo VII sobre daños causados la actora expresa:
“Además se reclama la suma de pesos quinientos mil con cero centavos ($500.000.-) para responder a todas las consecuencias no patrimoniales que la Sra. González ha experimentado a consecuencia del infundado incumplimiento de las codemandadas a las cláusulas contractuales pactadas.” No obstante la actora no identifica ni describe esas consecuencias no patrimoniales por las que reclama indemnización que estima en $500.000.- La sentencia en el punto es contradictoria en sus fundamentos.
Comienza por recordar que en el ámbito contractual la reparación del agravio moral tiene carácter restrictivo, sin que pueda sustentarse en cualquier molestia causada por la insatisfacción de obligaciones contractuales. Luego sostiene que ante el silencio del microsistema del consumidor corresponde aplicar por analogía el art. 1741 del CCyC respecto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, la que procederá siempre que se encuentra probada la afección a intereses de aquella índole.
Para fundar la procedencia de la indemnización con cita a comentario de Carlos A. Ghersi a fallo sostiene que la doctrina ha receptado el daño moral ante incumplimientos en el marco de una relación de consumo en … “específicamente, omisión de información; trato indigno; mera inclusión de cláusulas abusivas y en segundo lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación a los sentimientos, es decir daño moral autónomo del derecho económico”. Luego lo identifica con el concepto de “insatisfacción no justificada”. Pero no se indica el alcance de esa insatisfacción. Las molestias a los sentimientos que puede causar a las afecciones legítimas en una persona el incumplimiento de un seguro depende la persona, su fortaleza espiritual y personalidad. No es el mismo en un profesional, en un fuerte comerciante que en una ama de casa en que la demora puede trastocar su orden familiar al serle necesario el vehículo para trasladar a sus hijos a los establecimientos de estudio, o a centros médicos para un tratamiento.
Considero que la actora pudo tener una afección a sus sentimientos por entenderse víctima de una insatisfacción no justificada. Pero ella no alcanza la magnitud otorgada en la sentencia. Las cláusulas de la póliza son claras, al alcance de cualquier persona y demás está en recordarlo ellas están aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación organismo descentralizado dependiente del P.E. que tiene por función proteger los derechos de los asegurados mediante la supervisión y regulación del mercado asegurador para un desarrollo sólido con esquemas de controles transparentes y eficaces. Entiendo pudo existir una mejor comunicación por parte de las demandadas. La aseguradora recurrente no indica cual, a su juicio, sería una satisfacción sustitutiva. La sentencia lo estima en un 25% del valor de un vehículo 0 Km con más los intereses conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del siniestro. Lo considero un desatino no solo que toma el valor de un automotor 0Km (modelo actual de uno semejante) sino que en un virtual anatocismo lo calcula desde la fecha del siniestro. Está acreditado que la actora pudo sentir una frustración que afectó sus sentimientos, pero no está acreditado su magnitud, por lo que la situación encuadra en lo dispuesto por el último párrafo del art. 166 del CPCC y debo fijar su monto sobre la base del precio de un televisor Samsung de 32 pulgadas, en el orden de $250.000, que entiendo constituye una satisfacción sustitutiva y compensatoria de cualquier consecuencia extrapatrimonial sufrida (art. 1741 del CCyC). En este sentido propugno que se modifique el punto 3 de la sentencia haciendo lugar al rubro daño moral y reduciéndolo a la suma de $250.000 como valor estimado de televisor Samsung de 32 pulgadas, que tomo como una satisfacción sustitutiva conforme arts. 166 último párrafo y art 1741 del CCyC), Cabe ahora el ingreso al quinto agravio de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada donde califica de uso abusivo por la sentencia del instituto del daño punitivo previsto en el art. 52 bis de la LDC. Este artículo dispone: “Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.
Cuando más de un proveedor sea responsable de incumplimientos responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la multa prevista en el art. 47 inc. b) de esta ley.”
Estamos frente a un instituto del derecho anglosajón, se trata de una multa civil. Hay consenso en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos solo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito, o en casos excepcionales por un abuso y lo comparto.
Daniel R. Vítolo en su obra “Defensa del Consumidor y del Usuario (primera edición año 2015 ed. Ad-hoc) sostiene:
“…es decir, dos con los requisitos para su procedencia: 1 que la conducta del dañador hubiese sido grave y, II) que dicho comportamiento hubiese importado beneficios económicos al responsable. De este modo resulta contrario a la esencia del daño punitivo sostener que un abogado está habilitado a pedir y el juez a concederlo por la simple invocación que el proveedor no ha cumplido sus obligaciones legales o contractuales. Para poder cobrar daños punitivos hace falta, entonces, la verificación de dos extremos: un elemento subjetivo de dolo o culpa grave y un elemento objetivo representado por el enriquecimiento indebido del dañador. De ello se deriva el carácter excepcional de la figura, a tal punto que tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional que se ocupa del tema, se ha recalcado que sólo procede en vasos de particular gravedad (conf. Stiglitz, Rubén S. Y Pizarro, Ramón D. “Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor” La Ley 2009-D-96 entre otros”). En sentido coincidente la jurisprudencia ha manifestado que el “daño punitivo” es de “carácter excepcional y no rutinario y debe ser empleada con sumo cuidado, pues de trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico, que prácticamente no concibe la existencia de “penas privadas (C. N. Civil Sala F del 18/11/2009 in re “Cabañas Pérez María c/ Bank Boston N. A.). En esa inteligencia no resulta razonable considerar que hubiese existido “culpa grave” en el incumplimiento protagonizado por GOT SRL y por Personal Argentina S.A. máxime cuando la propia quejosa contribuyó también con sus omisiones y negligencia a frustrar la continuación del vínculo contractual. Consiguientemente – conforme a lo ya arriesgado- el resarcimiento por este rubro tampoco habrá de ser receptado. (C. N. Com. Sala A Emagny S.A. c/ GOT SRL y otro s/ ordinario.9/11/2010)” (obra citada página 456).
Demás esta decir que comparto la cita. Por estas consideraciones no habiéndose acreditado los requisitos de procedencia referidos, entiendo admisible el agravio y propongo revocar el punto 4 del fallo (mal redactado pues parece agregar intereses) estableciendo en su lugar que se rechaza el rubro daño punitivo.
El sexto agravio es otra vertiente del ataque contra la admisión del daño punitivo es también atendible, pero ha tenido satisfacción al resolver el 5º agravio. Es por lo tanto abstracto analizarlo.
Nos queda por atender el segundo agravio del actor (el primero ha sido tratado junto con el tercero de la aseguradora demandada). Debo confesar que me han confundido. El actor solicita se aplique la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina ajustándose a los parámetros del art. 768 del CCyC y critica que al utilizar el fallo la tasa activa del Banco de la Nación Argentina se estaría abonando al actor un monto final en base a parámetros extraños a la obligación del vencido comportando una merma del quantum indemnizatorio. La aseguradora ni lerda ni perezosa se allana expresamente al pedido de revocación de la tasa activa por resultar económicamente menos gravosa para su mandante y pide se tenga por admitido el allanamiento.
La codemandada FCA S.A. DE AHORROI PARA FINES DETERMINADOS actuando con lealtad encomiable no aprovecha del error de la representación del actor quien ha violado las obligaciones del mandato en su petición toda vez que perjudica lo los intereses que le fueron confiados y explica que la tasa activa estaba prevista en el contrato y pide el rechazo.
Y sostengo que este agravio obedece a un error flagrante del apoderado del actor Dr. Eugenio Gómez Carrasco. En efecto si bien en determinadas épocas, según el inicio de la mora se puede dar la paradoja que la tasa pasiva sea más conveniente en este caso no y así tenemos que por aplicación la tasa pasiva sobre un capital de $1000 desde la fecha del siniestro y hasta el 1/7/25 fecha de la sentencia se incrementa en $ 1.198,62 y por la tasa activa del banco de la Nación el mismo capital se incrementa en $ 1.358,18. (He utilizado la calculadora del COLPROBA). El error aritmético en que incurre el apoderado del actor es patente y mantenerlo implicaría un mal ejercicio del mandato pero señalo que el error ha sido en una materia ajena a los profesionales del derecho. También y contraria a lo dispuesto por el art. 768 incisos a y c del CCyC como puso de relieve la administradora. Por ello entiendo que ese agravio debe ser rechazado y resultar nulo el allanamiento de la Aseguradora por contrario al deber de actuar con lealtad. Así lo propongo al Acuerdo.
Respondo por ello a la primera cuestión en forma negativa toda vez que, como se señalara, la sentencia no resulta justa y debe ser modificada con el alcance indicado. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. El primer votante ha analizado la cuestión traída al Acuerdo con argumentación que comparto. Por considerar justos sus razonamientos adhiero al voto que precede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que, apoyándome en las razones y fundamentos expuestos precedentemente al responder a la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de la aseguradora codemandada de declaración del recurso del actor. 2º) Declarar abstracto el 1º y 2º agravio vertido por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por las razones expuestas en los considerandos. 3º) Admitir el 3º agravio de Seguros Bernardino Rivadvia Cooperativa Limitada y rechazar el 1º agravio de la actora Anahí Jasmín González ambos respecto del mismo rubro: indemnización del daño material y modificar la sentencia reduciendo el monto de la condena al límite asegurado de $430.000 con más sus intereses desde el inicio de la demanda. 4º) Admitir el 4º agravio de la aseguradora y modificar el punto 3º del fallo reduciendo la indemnización del daño extrapatrimonial a la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) valor de un televisor Samsung de 32 pulgadas tomado como satisfacción sustitutiva y compensatoria del daño (conf. art. 166 último párrafo del CPCC y art 1741 del CCyC. 5º) Admitir el 5º y el 6º agravio de la aseguradora y revocar el punto 4º del fallo, rechazando la pretensión de la actora de indemnización del daño punitivo. 6º) Rechazar el segundo agravio de la actora y declarar nulo el allanamiento de la aseguradora conforme las razones expuestas en los considerando respectivo. 7º) Costas de la instancia en el orden causado por no haber sido contestado el traslado de los agravios de la aseguradora y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta que exista regulación de los correspondientes a la instancia de origen. 8º) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos a la instancia de grado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
X. La propuesta que antecede se ajusta a lo determinado en el Acuerdo al responder a la primera cuestión. Adhiero en consecuencia al voto del preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 30 de junio de dos mil veintiséis:
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias, jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar la pretensión de la aseguradora codemandada de declaración del recurso del actor. 2º) Declarar abstracto el 1º y 2º agravio vertido por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por las razones expuestas en los considerandos. 3º) Admitir el 3º agravio de Seguros Bernardino Rivadvia Cooperativa Limitada y rechazar el 1º agravio de la actora Anahí Jasmín González ambos respecto del mismo rubro: indemnización del daño material y modificar la sentencia reduciendo el monto de la condena al límite asegurado de $430.000 con más sus intereses desde el inicio de la demanda.4º) Admitir el 4º agravio de la aseguradora y modificar el punto 3º del fallo reduciendo la indemnización del daño extrapatrimonial a la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) valor de un televisor Samsung de 32 pulgadas tomado como satisfacción sustitutiva y compensatoria del daño (conf. art. 166 último párrafo del CPCC y art 1741 del CCyC. 5º) Admitir el 5º y el 6º agravio de la aseguradora y revocar el punto 4º del fallo, rechazando la pretensión de la actora de indemnización del daño punitivo. 6º) Rechazar el segundo agravio de la actora y declarar nulo el allanamiento de la aseguradora conforme las razones expuestas en los considerando respectivo. 7º) Costas de la instancia en el orden causado por no haber sido contestado el traslado de los agravios de la aseguradora y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta que exista regulación de los correspondientes a la instancia de origen. 8º) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos a la instancia de grado. La Dra. Bard no firma por no existir disidencia. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 041 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3112 Folio Nº: 063/075 Secretaria: 1
Fin de la sentencia