Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2647/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1761019-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1817874-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2647/25-TSJ Interlocutorio N°: 3903 Actor: GONZALEZ ANGEL FABIAN Demandada: SWISS MEDICAL ART S.A.
Objeto: ACCIDENTE DE TRABAJO (LABORAL)
Fecha: 17-11-2025 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3903 FOLIO Nº 7246/7249 PROT. ELECT. TSS1 054 I.251
Río Gallegos, 17 de noviembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “GONZALEZ ANGEL FABIAN c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO (LABORAL)”, Expte. Nº G-20.333/19 (G-2647/25-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de sus letrados apoderados, Dr. Paulo Luis Schmidt y Dra. Marta Soledad Quiroga (cfr. PE1761019-2025), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar al recurso de apelación deducido por la accionada; revocó la resolución de Primera Instancia; desestimó la demanda e impuso las costas en el orden causado (cfr. PE1734651-2021).- A su turno, este último decisorio había hecho lugar a la demanda articulada por la actora; condenando a Swiss Medical A.R.T. S.A. a abonar la suma de pesos que resulte de la liquidación a practicarse -artículo 99 de la Ley N° 1444- conforme a las pautas fijadas en los considerandos II y III e impuso las costas a la accionada vencida (cfr. PE1305453-2024).-
II. Contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de casación en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -De- creto Nº 2228/15-, por cuanto denuncia violación de la ley y de la doctrina legal; acusando también que la resolución atacada resultaría arbitraria (cfr. PE1761019-2025, pág. 1).-
En cuanto al agravio concerniente a la violación de la ley, expresa el casacionista que: “…la Excma. Cámara…rechaza sin más la procedencia de las diferencias indemnizatorias reclamadas en la demanda, conforme los términos de la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 y sus modificatorias, a partir de la incapacidad parcial, permanente y definitiva, establecida con motivo del accidente sufrido por el actor, conforme las pautas establecidas en la ley 27.348 (promulgada por el Poder Ejecutivo mediante decreto 132/17 de fecha 23/02/2017) -régimen que además entrara en vigencia por el DNU 54/17, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, el 23/01/17-, cuya determinación ocurrió con fecha 20 de diciembre de 2017, liquidada y abonada por la ART con fecha 26 de diciembre de 2017… ” (PE cit., pág. 2).- Agrega que: “…lo resuelto por la Cámara…importa convalidar la violación a lo normado por el art. 1º del Convenio 95 de la OIT y los arts. 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación…como si ello no fuera suficiente, se termina por trastocar la doctrina y jurisprudencia sentada en la materia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa 'Calderón, Celia M. c/ Asociart ART S.A.'…la sentencia en crisis vulnera la ley, los principios protectorios establecidos por la legislación laborales y normas constitucionales y supranacionales y la doctrina establecidos por expresos fallos de la Corte Suprema…” (cfr.
PE cit., págs. 2/3).- Dice que: “…la primer votante en este punto ha omitido tener presente lo normado por el art. 7° del CCCN a la hora de estudiar la aplicación temporal de la norma y por añadidura la procedencia de la acción instaurada por el actor […] en el caso particular, nos encontramos frente a una consecuencia de la situación jurídica existente por lo que corresponde que la indemnización sea resuelta a la luz de lo normado (sic) 11 de la ley 27348, y por añadidura liquidar las diferencias existentes, en base a la determinación de la incapacidad establecida con fecha 20 de diciembre de 2017 […] la Cámara A quo no solo ha vulnerado la ley aplicable al caso particular sino que le ha otorgado operatividad a una norma inconstitucional (art. 12 Ley 24.557, anterior a la reforma de la Ley 27.348 ), violentado el art. 17 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz…” (cfr.
PE cit., págs. 5/6).- Por otro lado, postula que el rechazo de la demanda por parte del Tribunal de Alzada deviene arbitrario, ya que se arriba a tal conclusión contrastado solamente la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 27.438 con la primera manifestación invalidante del actor, omitiendo por completo el hecho de que la determinación definitiva de incapacidad ocurrió recién el día 20 de diciembre de 2017, circunstancia que determinaría, según indica, la aplicación de la mencionada ley a fin de liquidar las prestaciones debidas a causa del siniestro (cfr. PE cit., pág. 6).- Cita jurisprudencia del máximo Tribunal Nacional.-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1817874-2025).-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1109366-2025.-
III. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670, entre otros).- Y también que: “Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3809, Folio 928/6930).- A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1761019-2025 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada por el casacionista, si bien se mencionan distintas normas presuntamente conculcadas por la Cámara (v. gr. arts. 14 bis, 17 y 25 de la Constitución Nacional; art. 1 del Convenio N° 95 de la OIT; art. 17 de la Constitución local; art. 7 del CCCN), no se intenta una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia atacada.- Por el contrario, se advierte que el recurrente pretende discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que el Tribunal de Alzada debió fallar. No obstante, omite estructurar un desarrollo argumental que visibilice nítidamente un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial atacado.-
Así, el casacionista pretende se apliquen al caso las disposiciones contendidas en el artículo 11 de la Ley N° 27.348 en cuanto sustituye el artículo 12 de la Ley N° 24.577 y modificatorias, pero en ningún pasaje de su escrito demuestra que el razonamiento empleado por la Cámara, con sustento en lo prescripto por el artículo 20 de la citada norma, resulte violatorio de lo normado por el artículo 7 del CCCN.-
A mayor abundamiento, la postura de la Cámara resulta coincidente con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…las consideraciones efectuadas en la causa 'Calderón' en modo alguno pueden ser tenidas en cuenta para la solución del sub lite, pues en este caso no cabe duda de que: a) la propia ley 26.773 estableció pautas precisas para determinar a qué accidentes o enfermedades laborales correspondería aplicarles las nuevas disposiciones legales en materia de prestaciones dinerarias; y b) ante la existencia de estas pautas legales específicas quedó excluida la posibilidad de acudir a las reglas generales de la legislación civil sobre aplicación temporal de las leyes.” (Fallos 339:781).- Por lo expuesto, más allá de la particular interpretación jurídica que ensaya el recurrente, no surge del libelo bajo estudio el error jurídico que se le atribuye a la sentencia impugnada lo que conduce, inexorablemente, a la inviabilidad formal del embate casatorio.-
V. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la crítica ensayada por la parte actora, respecto a la aparente violación de la doctrina legal establecida por el Cimero Tribunal Nacional en la causa “Calderón”.-
Desde esa óptica, debemos recordar que este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…el recurso de casación reglamentado en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, se refiere a la doctrina legal como aquella '…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…'...”. De modo tal que, a los efectos del recurso de casación, sólo es doctrina legal la emanada de este Alto Tribunal dentro los cinco años anteriores a la sentencia que se ataca (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3302, Folio 5498/5501, entre otros).-
VI. Asimismo, el casacionista no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, págs. 440/443).- Es que, amén de la insuficiencia técnica del recurso, no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
En este andarivel, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “…'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'…” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el caso bajo estudio, el recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia, que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado y, por consiguiente, el planteo impetrado no tendrá favorable recepción.-
VII. En relación a la alegada violación de preceptos que emanan de la Constitución Nacional y Provincial, como así también de convenciones internacionales con jerarquía supralegal, como reiteradamente ha sostenido este Máximo Tribunal, no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que el bloque de constitucionalidad resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido, ya que: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. N° 3143, Folio N° 5153/5156, entre otros).-
VIII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1761019-2025, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1817874-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1761019-2025 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1817874-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de lo dispuesto en PE2073049-2025 código de validación gw0o2i (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1054I.251 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3903 Folio N°: 7246/7249 Secretaría: 1
Fin de la sentencia