Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2Declarar formalmente admisible la acción de amparo promovida por la Sra. Blanca Estela González.
3Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Provincia de Catamarca - Ministerio de Educación y Trabajo para que en el plazo de CINCO (05) días de notificada otorgue a la actora tareas compatibles con su estado de salud -sin alumnos a cargo-, sin modificación de su situación de revista ni disminución de haberes. Debiendo la amparista prestar caución juratoria en cualquier día y hora de audiencia.
4Requerir a la Provincia de Catamarca- Ministerio de Educación y Trabajo informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de TRES (03) días, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, bajo los apercibimientos de ley.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: SETENTA Y DOS
San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de septiembre de 2026.
Estos autos Corte Nº 050/2026 "GONZÁLEZ, Blanca Estela C/PROVINCIA DE CATAMARCA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO s/ Acción de Amparo” y,
1. Que a fs. 63/82 comparece la Sra. Blanca Estela González y promueve acción de amparo en contra de la Provincia de Catamarca - Ministerio de Educación y Trabajo. Persigue: se declare la nulidad de las disposiciones DISPC-2026-44-E-CAT-SSML#MTPRH mediante la cual se rechazó el cambio de funciones solicitado (fs. 17/18) y DISPC-2026-25-E-CAT-SSML#MET que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto (fs. 11/13); se declare ilegítima la omisión administrativa en resolver el recurso jerárquico deducido en subsidio en el expediente electrónico EX-2026-00108726--CAT-SSGRH#MTPRH (fs. 10); se ordene a la demandada a asignarle funciones compatibles con su discapacidad y capacidad laboral residual conforme se concedió en los años 2024/2025 (fs. 26/27 - 56/58) garantizando su continuidad laboral, su situación de revista y su remuneración. A título de medida cautelar solicita se ordene a la demandada a no obligarla a desempeñar funciones frente a alumnos, manteniendo provisoriamente tareas compatibles con su estado de salud, sin modificación de su situación de revista ni disminución de haberes, hasta el dictado de la sentencia de fondo.
Sostiene la competencia del Tribunal y la procedencia de la acción promovida. A continuación, relata los antecedentes fácticos de la cuestión traída para resolver y da a conocer -en cuanto a su capacidad auditiva- que padece hipoacusia bilateral severa progresiva (fs. 35/36 vta. - 49 y vta.- 55 y vta.), utiliza audífonos, depende de la lectura labial para complementar la comprensión de las conversaciones, presenta síndrome vertiginoso, padece de zumbidos constantes y cuenta con certificado de discapacidad (fs. 60). Expone que además posee diagnóstico psicológico (fs. 31/34) y psiquiátrico (fs. 28 y vta.) compatible con trastorno mixto ansioso depresivo vinculado a su enfermedad auditiva y a la incertidumbre generada por la posibilidad de ser obligada a retornar al frente de alumnos, por el cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico (fs. 29/30).
Refiere que, en ese marco, solicitó retiro transitorio por invalidez ante la ANSES (fs. 59) y que la Comisión Médica previsional determinó que la actora posee una incapacidad laboral del 38,49% (fs. 19/23), porcentaje que no resulta suficiente para acceder al retiro transitorio por invalidez pero que sí demuestra la significativa capacidad laboral residual que tiene y por esa razón, solicita continuar trabajando mediante la asignación de funciones compatibles con sus limitaciones funcionales, tales como tareas bibliotecarias, administrativas, de archivo, apoyo institucional, planificación pedagógica u otras que la autoridad competente determine. Postula que la aptitud médica requerida para la docencia en el aula no es equivalente a la aptitud general para el empleo público y que un porcentaje de incapacidad previsional insuficiente para el retiro por invalidez no puede ser utilizado en forma dogmática para forzar la prestación de tareas frente a alumnos si existe contraindicación médica funcional para ese entorno específico. - -
Ahora bien, en el relato de los antecedentes administrativos, expresa que la propia Administración -durante meses- consideró que su situación médica justificaba la asignación de funciones compatibles, oportunidad en la que indicó que preste servicios en la biblioteca de la Escuela en la que es docente titular. Expone que dicha decisión se instrumentó a través de las disposiciones DISPC-2024-171-E-CAT-SSML#MTPRH (29/07/2024 -fs. 26/27-) y DISPC-2025-124-E-CAT-SSML#MTPRH (21/08/2025 -fs. 56/58-). Menciona que con posterioridad la Administración modificó radicalmente su postura sin brindar explicación suficiente acerca de las razones médicas, técnicas o jurídicas que justifiquen ese apartamiento demostrando la vulneración de la doctrina de los actos CORTE Nº 050/2026 propios. Sostiene que la demandada no puede desconocer arbitrariamente sus propios antecedentes cuando estos generaron una situación jurídica consolidada y evidenció que la solución adoptada era viable, razonable y compatible con el interés público, mucho menos cuando el presupuesto fáctico que motivó aquella decisión no sólo subsiste, sino que se ha agravado con el paso del tiempo. En tales condiciones, afirma que la decisión impugnada aparece como un apartamiento inmotivado de los propios antecedentes administrativos, lesionando los principios de buena fe, confianza legítima, razonabilidad, igualdad y seguridad jurídica que deben presidir toda actuación estatal, y que la única diferencia existente entre una decisión y la otra no radica en la situación de la actora, sino exclusivamente en un cambio de criterio.
Postula que la Administración Provincial decidió denegar la continuidad del cambio de funciones solicitado mediante DISPC-2026- 44-E-CSAT-SSML#MTPRH (fs. 17/18) fundado esencialmente en el Dictamen N°47/2026 de la Junta Médica (fs. 24/25). Revela que contra dicha decisión, interpuso reconsideración con jerárquico en subsidio, recurso que fue rechazado por DISPC-2026-25-E-CAT-SSML#MET (fs. 11/13) dejando habilitada la vía jerárquica sin que se efectúe ningún movimiento. Luego, indica que el día 17/06/2026 presentó ampliación de fundamentos del recurso jerárquico, solicitó pronto despacho y medida cautelar, sin obtener respuesta hasta la promoción de la demanda (28/07/2026 -fs.81 vta.-), encontrándose el trámite paralizado aun antes de ello, desde el día 11/06/2026 (fs. 10).
Agrega que la decisión administrativa de disponer el regreso de la actora al frente de alumnos no sólo produjo un grave perjuicio para su salud, sino que además generó una situación de incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa, en tanto los padres de sus alumnos manifestaron su inquietud por su eventual reincorporación, atento que su severa discapacidad auditiva podría dificultar escuchar a los estudiantes, afectando la continuidad pedagógica y la seguridad de los niños (fs. 07/09).
Postula que se encuentra comprometido el derecho a la salud, integridad física, trabajo en condiciones dignas y compatibles, dignidad humana como límite de la discrecionalidad administrativa, principio de prevención del daño, interés superior del niño y adecuada prestación del servicio educativo.
A continuación, afirma la concurrencia de los requisitos de procedencia de la medida cautelar que solicita.
Fundamenta su derecho en la Constitución Nacional (arts. 14 bis, 16, 18, 28, 33, 43 y 75 inc. 22), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 2 y 27), Ley Nacional N° 22431, Ley Provincial N° 4848, Ley Provincial N° 4642, Estatuto Docente Provincial - Decreto Ley N° 3122, Decreto Acuerdo N° 1092/2015, doctrina y jurisprudencia que estima aplicable al caso.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y, en definitiva, peticiona se haga lugar a la acción promovida y medida cautelar, con expresa imposición de costas.
Otorgada participación procesal, a fs. 83 ordena correr vista al Ministerio Público a efectos de que se pronuncie acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos, de la viabilidad de la acción y de la medida cautelar, el que emite Dictamen N° 095/2026 (fs. 93/95), en sentido positivo respecto a la jurisdicción, competencia y admisibilidad formal de la acción, y negativo sobre la medida cautelar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A fs. 96 obra proveído que ordena autos a despacho para resolver, deja a la cuestión en estado de emitir pronunciamiento acerca de la procedencia formal de la demanda.
2. Que por imperio de expresas normas constitucionales -art. 204 de la Constitución Provincial-, y reforma del art. 4 de la Ley de Amparo N°4642 por Ley N°4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, CORTE Nº 050/2026 corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en autos (Acordadas N°4594/22 y N°4776/25).
3. Resuelta la competencia se debe tener presente que la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, cuya apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional. Caracterizada la acción de amparo como una acción independiente, que concentra en un proceso toda la materia de base constitucional, como medio que debe ser idóneo para la protección de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, siempre que aparezca en forma clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción a los mismos. Que dicha exigencia en el acto o hecho que se reputa lesivo, tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de pruebas por el amparista como en la apreciación por el sentenciante, lo que exige que el acto o el hecho objeto de análisis demuestre en su primera apariencia y sin necesidad de amplio debate ni controversia, la violación grosera del derecho que se señala conculcado.
Ahora bien, adentrados al estudio de la causa, conforme a los hechos expuestos en la demanda y a la documentación agregada en autos a fs. 01/62, esta Sala encuentra satisfechos los requisitos procesales extrínsecos de admisibilidad de la acción en razón de que prima facie valorados los actos y/u omisiones de autoridad pública, lesionarían garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional. Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean meritados en la etapa procesal oportuna en la que el Tribunal hace pleno uso de las facultades jurisdiccionales.
4. Respecto a la medida cautelar, la amparista solicita se ordene a la demandada mantenga la prestación de sus servicios en tareas compatibles con su estado de salud y no a cargo de alumnos, sin modificación de su situación de revista ni disminución de haberes, hasta el dictado de la sentencia de fondo.
En tal sentido debe destacarse que, en materia específica de tutelas cautelares, se exige aplicar un criterio de interpretación restrictiva en la determinación de su procedencia, donde corresponde verificar la existencia y cumplimiento de los requisitos exigidos para su admisibilidad: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela (arts. 195 y 199 del CPCC). - - - - - - - Aclarado ello, el requisito de la verosimilitud del derecho si bien no exige el examen de una certeza absoluta, sino la mera probabilidad de la existencia del derecho, debe comprender la acreditación prima facie de la irregularidad del actuar de la administración.
Por su parte el peligro en la demora constituye la razón de ser de las tutelas cautelares, y a los efectos de su procedencia surge evidente que no basta el simple temor del peticionante sino que debe tratarse de hechos apreciables objetivamente, es decir, que surja evidente un perjuicio actual e inminente que pudiera transformar en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. Por cuanto su objeto es evitar un daño irreparable que se originaría en la imposibilidad de que la sentencia sea dictada como corresponde o que se tornara su ejecución en ineficaz o de cumplimiento imposible.
En consecuencia con lo expresado, teniendo en cuenta las particularidades excepcionales del caso, la condición de discapacidad de la amparista -acreditada mediante copia del certificado de discapacidad (fs. 60)-, cuadro clínico que informa el avance progresivo de la patología (fs. 28 y vta. - fs. CORTE Nº 050/2026 87/89), el otorgamiento previo del cambio de funciones por parte de la Administración en DISPC-2024-171-E-CAT-SSML#MTPRH -29/07/2024- (fs. 26/27 vta.) y DISPC-2025-142-E-CAT-SSML#MTPRH -21/08/2025- (fs. 56/58), sumado a que el fundamento de la actual denegatoria se basa en el informe de Junta Médica N° 47 (fs. 24/25) que hace referencia a trámites administrativos ante la ANSES, que la amparista demostró presentar (fs. 19/22) y cuya demora no puede recaer sobre la administrada, y no sobre las patologías de la misma, determinan la existencia de una situación de vulnerabilidad que merece un trato especial a fin de brindar una real protección jurídica. En ese contexto, la Sala considera que el fumus bonis iuris y el peligro en la demora se encontrarían acreditados en el presente caso, dado que el presupuesto fáctico sobre el que se asienta la acción goza de la apariencia de que los derechos cuyo amparo se pretende tienen visos de verdaderos puesto que la posibilidad de retornar a su función docente frente alumnos implica un foco de estrés que pone en riesgo la salud y el trabajo de la amparista y que podría tornar ilusoria la tutela judicial requerida.
En conclusión y estimándose acreditados los presupuestos exigidos para la admisibilidad de la tutela cautelar, corresponde hacer lugar a la misma, ordenando a la Provincia de Catamarca - Ministerio de Educación y Trabajo el cumplimiento de la pretensión cautelar, previa caución juratoria que deberá prestar la amparista de responder por los daños y perjuicios que la presente medida pudiera irrogar en caso de haberla pedida sin derecho.
Por ello, oído el Ministerio Público, y de conformidad a lo prescripto por los arts.1, 4, 5 y 6 de la Ley N° 4642, y art. 230 y concordantes del CPCC,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2. Declarar formalmente admisible la acción de amparo promovida por la Sra. Blanca Estela González.
3. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Provincia de Catamarca - Ministerio de Educación y Trabajo para que en el plazo de CINCO (05) días de notificada otorgue a la actora tareas compatibles con su estado de salud -sin alumnos a cargo-, sin modificación de su situación de revista ni disminución de haberes. Debiendo la amparista prestar caución juratoria en cualquier día y hora de audiencia.
4. Requerir a la Provincia de Catamarca- Ministerio de Educación y Trabajo informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de TRES (03) días, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, bajo los apercibimientos de ley.
5. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia