Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8681/24 Sentencia: Definitiva Actor: González Carlos Sebastián Demandada: Prevención A.R.T Objeto: Demanda Laboral Fecha: 12-05-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los doce del mes de Mayo de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GONZALEZ, CARLOS SEBASTIAN C/PREVENCIÓN A.R.T. S/DEMANDA LABORAL" Expte. Nº 2486/2020 que tramita en el Juzgado Provincial de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la ciudad de Las Heras, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8681. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos Y Mario Albarran para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que en PE 1592757 -2024 la Dra. Griselda Bard se excusa de intervenir por cuanto su esposo, Dr. Eduardo Gonzalez interviene profesionalmente en el presente. Invoca el art. 17 inc. 1 y 30 del CPCC. Que es de público conocimiento que nuestra distinguida colega se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Gonzalez y por ende, su situación encuadra en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC. Por lo que resulta procedente la excusación y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Griselda Bard del conocimiento y trámite de la presente. Así lo propongo al acuerdo.
II. Que el Sr. Carlos Sebastián Gonzalez se presenta con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila y promueve demanda ley 24557 en contra de Prevención ART reclamando el cobro de la suma de Pesos Cinco Millones Noventa y Siete Mil Ochocientos Treinta y Dos con 87/100 (5.097.832,87) con más sus intereses, en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales definido en el art. 1 de la ley 26.773. Bajo el título hechos, detalla sus antecedentes laborales, los antecedentes de la enfermedad que padece y el diagnóstico que recibió. Señala que el porcentaje de su incapacidad laboral es de 20.48% de la T.O. Luego hace un relato del tipo de tareas que desempeñaba para la demandada y del accidente de trabajo que sufrió el día 16/08/2019, denunciando como fecha de primera manifestación invalidante el 16/08/2019. Detalla también los antecedentes del reclamo que formula, las prestaciones dinerarias que reclama y plantea la inconstitucionalidad de las normas que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica (arts. 8, 21 y 22 de la LRT, Decreto 717/96 y Decreto 54/2017) y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2.019. Hace reserva del caso federal, acompaña prueba documental y hace su petición final.
III. Que por PE 370958-2022 se presenta el Dr. Eduardo Gonzalez e invocando la representación de la parte demandada contesta la acción. Formula una negativa particular de los hechos, opone la prescripción como defensa de fondo e invoca la ausencia de causalidad entre el trabajo y la patología que describe el certificado médico que acompaña el actor. Al relatar la verdad de los hechos, arguye que su parte cumplió con la totalidad de las obligaciones a su cargo y concluye que las labores desempeñadas por el operario no son las desencadenantes del siniestro profesional que se alega como fuente de la demanda. Afirma que se trata de una enfermedad inculpable preexistente que data del año 2.014 y que por tanto queda afuera de la ley de infortunios y del ámbito de responsabilidad de su parte. Sostiene que el perito médico no puede aplicar otros baremos distintos a los previstos en la LRT. Impugna la liquidación practicada, impugna la aplicación del RIPTE y la determinación del Ingreso Base Mensual. Cita y reproduce Jurisprudencia, solicita la aplicación de la tasa pasiva sobre los eventuales crédito conforme a la doctrina casatoria del TSJ, ofrece prueba y hace su petición final. IV.- Que por PE 1439452-2024 se dicta sentencia definitiva en fecha 2 de Julio de 2024, Reg. N° 13, T° XV, F° 92/111, mediante la cual, no se hace lugar a las excepciones de procedimiento administrativo previo excluyente y obligatorio y de prescripción interpuesta por PREVENCIÓN ART SA y se hace lugar en forma parcial a la demanda interpuesta por CARLOS SEBASTIAN GONZALEZ contra PREVENCION ART, condenando a pagar a ésta último la suma que surja de la liquidación prevista en el art. 99 de la ley 1.444 de conformidad con las pautas establecidas en el considerando bajo el título “DETERMINACIÓN DEL MONTO DE CONDENA”, con costas a la demandada.
V. Contra el fallo dictado la parte demandada interpone recurso de apelación y lo funda mediante PE 1451622-2024. La crítica se asienta sobre un único agravio que califica de incompleta la sentencia de grado. En concreto arguye que el juez de la instancia anterior no se expide sobre la forma de cálculo del Ingreso Base Mensual difiriéndolo para la oportunidad prevista en el art. 99 de la ley 1444 que se utilizará para determinar el quantum indemnizatorio y que tampoco se cuantifico el monto total de la condena, lo que a su entender podría derivar en otro juicio dado las diferentes posturas de las partes sobre la forma y modo de cálculo. Razona que en el caso se omitió resolver cuestiones articuladas y que se da el típico caso de sentencia arbitaria. Señala que ambas partes han referido la forma de cálculo del IBM y que la operación matemática y su modo de determinación es fundamental en el pleito sistémico, por lo que, desde el momento en que el Juez omite su tratamiento la sentencia cae en arbitrariedad. Con esos fundamentos solicita se modifique la sentencia recurrida en aquello que haya sido materia de agravio.
VI. Los agravios de la parte demandada fueron contestados por la parte actora por PE 14923000-2024. En ese sentido sostiene que el Juez de grado ha informado y fundado de manera expresa y precisa la normativa que corresponde aplicar para el cálculo indemnizatorio, ya que bajo el título de determinación del monto de condena y luego de adherir a la inconstitucionalidad de la reforma que sustituyo el art. 12 de la ley 24557 por el art. 1 del DNU 669/19, resuelve que a los fines del cálculo se deberá aplicar el art. 12 de la ley 24557 bajo el texto modificado por la ley 27348 art. 11. Afirma entonces que no es cierto que no se encuentren resueltas cuestiones planteadas por las partes o que se haya omitido su tratamiento, siendo inadmisible el planteo de arbitrariedad de la sentencia ya que no es necesario especificar el valor del IBM si se remite a la norma que especialmente describe como calcular dicho concepto. Pide se rechace el recurso interpuesto.
VII. Que analizados los fundamentos sobre los que se sustenta el agravio ensayado por la parte demandada, interpreto que dicha queja no puede tener favorable recepción, habida cuenta de que no se advierte que la resolución dictada en la instancia anterior adolezca de las deficiencias u omisiones que se le achaca en agravios, en concreto, de que no se haya expedido sobre la forma de cálculo del Ingreso Base Mensual del trabajador reclamante para determinar el quantum indemnizatorio y que por ende sea arbitraria. Para así opinar tengo presente que el art. 12 de la ley 24557, según texto introducido por el art. 11 de la ley 27348, fija claramente las pautas para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral, siendo en ese sentido precisa la norma cuando establece los parámetros que se deben tomar para determinar el ingreso base que se utilizará para tal fin.
De este modo, lo resuelto por el magistrado de origen en cuanto a que, luego de expedirse en torno a la inconstitucionalidad del Dec. 669/2.019, ordena que a los fines del cálculo se deberá respetar la norma referida en el párrafo precedente, no es más que ajustarse a la solución normativa prevista para el caso y por ende respetar la forma de cálculo que ella contiene. Y de allí la ausencia de la arbitrariedad alegada por omisión de las cuestiones propuestas por las partes.
En ese sentido no se pierde de vista que el planteo articulado por el recurrente sobre el punto en el momento de contestar la acción, tiene que ver con la impugnación sobre la liquidación que la parte actora practicó al promoverla, lo que ciertamente es abordado en la instancia de grado al introducir en la sentencia bajo el título “determinación del monto de la condena” las directivas de la norma aludida en párrafo precedente para la estimación del cálculo a practicar.
Es de ahí que entiendo que no se ha logrado acreditar la arbitrariedad que invoca, pues, la discrepancia expuesta en agravios no es suficiente para descalificar el pronunciamiento en los términos en que se lo hace.
Nuestro Cimero Tribunal tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el criterio de selección y valoración de las pruebas, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional y exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación. Dichas circunstancias no se encuentran presentes en el caso, pues como se dijo, la sentencia de grado ordena confeccionar el cálculo de la prestación dineraria reconocida al trabajador demandante conforme a la norma jurídica vigente que fija las pautas para ello. Va de suyo que las diferencias interpretativas de las normas involucradas no constituyen dé por sí arbitrariedad, sino que es necesario invocar que se trata de una sentencia desprovista de apoyo legal fundada tan sólo en la voluntad del juzgador.
Que por otra parte y en cuanto a la decisión del magistrado de grado de diferir la liquidación del monto de condena para la oportunidad prevista en el art. 99 de la ley 1444, lo que mereció la crítica de la demandada por entender que podría derivar en otro juicio por las diferentes posturas de las partes en cuanto a la forma y modo de cálculo, interpreto que el apelante, zanjada la cuestión en los términos en la que fue resuelta, debió indicar concretamente en agravios adonde radica el yerro del juzgador y cual es la suma que pretende como ingreso base mensual, como así también que pautas a su entender son las pertinentes para su cálculo sobre la base de la batería normativa que la regula. En definitiva, si no se indican que elementos de juicio se aportan y como incidirían en orden a alterar el fallo en su favor, el agravio no es idóneo para alcanzar el fin que persigue. A mi modo de ver el apelante limito su queja a plantear una omisión del magistrado de grado que no fue tal, sin que avance sobre los motivos por lo que adopto su decisión.
Es por lo expuesto que entiendo que los fundamentos desarrollados en sustento del agravio no logran conmover lo decidido en la instancia anterior y en consecuencia debe rechazarse el agravio en tratamiento. Así lo propongo al acuerdo.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa, con costas a la parte recurrente por el principio objetivo de la derrota. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VIII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y tramite de la presente causa 2º) Rechazar el agravio formulado por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio 3°) Imponer las costas en ésta instancia a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 12 de Mayo de dos mil veinticinco
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
F A L L A: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2º) Rechazar el agravio formulado por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio. 3°) Imponer las costas en ésta instancia a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Mario Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara; Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.- Protocolización: A201021S.251 Tomo: CII Sentencia: 3117 Folio Nº: 148/151 Secretaria: 1
Fin de la sentencia