Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 61971/2012/CA1 (50131) Buenos
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9250/25 Sentencia: Definitiva Actor: González Cristian Javier Demandada: DC Seguridad y Vigilancia SRL Objeto: Demanda Laboral Fecha: 08-07-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los ocho días del mes de Julio de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “GONZALEZ CRISTIAN JAVIER C/ DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L. S/ DEMANDA LABORAL (EXPTE. 21504)” que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de Pico Truncado, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 9250/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard; Humberto E. Monelos y Horacio Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A PE999974-2023 se presenta Cristian Javier González, con el patrocinio letrado de la Dra. María Cecilia Díaz, y promueve demanda por despido incausado contra el empresa DC Seguridad y Vigilancia SRL, reclamando el pago de la indemnización del art. 245 de la LCT, con su sanción agravante prevista en el art. 1 de la ley 25.323 y por falta de pago oportuno prevista en el art. 2 de la ley 25.323, diferencias salariales, horas extras impagas, indemnización por daño moral, por despido discriminatorio, indemnización por art. 213 LCT y liquidación final, por la suma de $2.512.868 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, con más sus intereses, actualización, costos, costas, desde que cada rubro es debido y hasta su total y efectivo pago.-
Afirma que comenzó a trabajar el 10/12/2019 en relación de dependencia para DC Seguridad y Vigilancia SRL, quien lo contrató para realizar las tareas de Vigilador Principal, por una jornada laboral de seis días semanales y uno de franco rotativo, en el horario de 7:00 hs. a 19:00 hs. Luego de describir las tareas y horarios que cumplía, resalta que el empleador lo contrató para prestar tareas bajo la figura del contrato de plazo fijo, cuando en realidad correspondía el contrato por plazo indeterminado. Señala que el empleador decidió despedirlo cuando se encontraba de licencia por haber contraído COVID-19. Expresa que al culminar su licencia médica -el 04/01/2022-, se apersonó en la sede del empleador, y éste le comunicó verbalmente que la extinción del vínculo se produjo el 10/10/2021, por ello intimó por medio epistolar el cumplimiento del pago de las indemnizaciones por fraude en la registración. Luego de describir, analizar y citar jurisprudencia por cada uno de los rubros reclamados, refiere que el 18/08/2022, intimó al demandado para que le abone las indemnizaciones correspondientes a su despido incausado y discriminatorio, con las sanciones agravantes, y para que lo registre adecuadamente en los términos reales en que había sido contratado (art. 90 LCT) y, al no tener respuesta favorable, se consideró gravemente injuriado y despedido de manera indirecta en los términos del art. 246 LCT. Posteriormente transcribe el intercambio epistolar. Capítulo aparte solicita que se condene al demandado por temeridad y malicia (art. 275 LCT), por incumplimiento de los deberes del buen empleador, (art. 62 de la LCT), y de buena fe (art. 63 LCT). Luego practica liquidación y peticiona se aplique lo dispuesto en el art. 770 del Cod. Civ. y Com., respecto de los intereses, y se tome la tasa activa de cartera general nominal anual del Banco de la Nación Argentina. Por último, ofrece la prueba de la que intenta valerse, formula la reserva del caso federal, expone el derecho en que funda su pretensión cita jurisprudencia, pide que se intime a la empleadora a otorgar los certificados del articulo 80 LCT, solicita se declare inconstitucional del prorrateo de costas del art. 277 LCT, y realiza su petitorio final.-
II. A PE702769-2023 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria con resultado negativo. El Dr. Nicolás J. Cabanilla, apoderado de la demandada DC Seguridad y Vigilancia S.R.L, contesta demanda a PE1135792- 2023, solicitando se rechace la misma. Luego de las negativas de rigor, señala que Cristian Javier González se vinculó con la firma DC Seguridad y Vigilancia S.R.L, como Vigilador General desde el día 10/12/2019, en principio bajo CCT aplicable a la actividad y posteriormente excluido de convenio por acuerdo entre las partes hasta el 31/10/2021, fecha en la cual se venció el plazo de su contrato bajo modalidad tiempo completo determinado -plazo fijo-, abonándole lo que por ley le corresponde al reclamante. Refiere que el accionante cumplía una jornada de trabajo cumpliendo horario habitual diario desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas y desde las 15:00 horas hasta las 19:00 horas. Afirma que la modalidad de contratación laboral -plazo fijo- se realizaba de esa manera, toda vez que el cliente (PCR de Pico Truncado) realizaba contrataciones directas del servicio a su mandante y cada contratación no excedía el mes o dos meses cada una. Expresa que el actor fue notificado que su contrato a plazo fijo vencería el día 31/10/2021, y que la relación laboral entre las partes bajo modalidad contractual de plazo fijo se efectivizo con apego a la legislación laboral vigente, y por ello, en virtud de dicha contratación, se solicita el total rechazo del reclamo por improcedente e inexistente, con costas al actor.-
Impugna los rubros pretendidos por el actor, así como la indemnización del art. 80 LTC., y el planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 y de la ley 25.561, art. 4°, ofrece pruebas, funda en derecho y solicita se desestime la acción.-
III. A PE718576-2023 se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida y admitida se clausura el período probatorio a PE1551633-2024, poniéndose los autos para alegar. Realizando lo propio el actor a PE1658962-2024, no así el demandado.-
IV. A PE1949279-2025 se dicta sentencia de primera instancia que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, reconociendo la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 10/12/2019 hasta el 31/10/2021, bajo contratos fraudulentos a plazo fijo, y condena al demandado al pago de la indemnización por antigüedad, preaviso no otorgado, integración del mes de despido, SAC sobre preaviso e integración, Vacaciones proporcionales y SAC; Multa del art. 1 de la Ley 25.323, y diferencias salariales conforme a la categoría y Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, por la suma total de $714.937,29, con más intereses calculados conforme la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), desde la mora hasta el efectivo pago; impone las costas a la demandada y se difiere la regulación de honorarios.-
V. La sentencia es recurrida por ambas partes. Se agravia la parte actora (PE1958101-2025) por entender que el Juez de grado realizó una errónea valoración de la prueba testimonial y documental que acreditaban las diferencias salariales reclamadas, causando así un gravamen al trabajador, dejando de lado el principio de amplitud probatoria y el de primacía de la realidad (art. 14 LCT). Señala que, la parte demandada no presentó libros laborales, ni contables, ni planillas horarias, ni comprobantes de aportes previsionales, lo que implica incumplimiento de sus deberes legales en los términos de los artículos 52, 55 y 80 LCT, y esta omisión, activa la presunción favorable al trabajador prevista en el artículo 55 LCT, constituyendo un indicio relevante que, sumado a la prueba testimonial, debió llevar al magistrado a reconocer las diferencias salariales reclamadas. El mismo argumento utiliza respecto de las horas extras reclamadas, resaltando que el sentenciante valoró de manera aislada y restrictiva las declaraciones testimoniales, y se apartó del principio de interpretar a favor del trabajador(art. 9 LCT).-
En segundo lugar,entiende que el Juez incurrió en una errónea interpretación y aplicación del art. 2 de la ley 25.323. Señala que la propia sentencia reconoce que la registración del vínculo fue fraudulenta, y tal reconocimiento judicial constituye, por sí solo, una demostración de que el empleador incurrió en un accionar ilícito y de mala fe, que forzó al trabajador a acudir a la vía judicial para obtener la satisfacción de sus créditos indemnizatorios, correspondiendo la aplicación del art. 2 de la Ley 25.323. Afirma que se cumplieron los requisitos impuestos por dicho artículo, y cita doctrina y jurisprudencia que sustentan su postura. Agrega que correspondería reconocer el derecho a percibir el incremento del cincuenta por ciento (50%) sobre las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 LCT, conforme el art. 2 de la Ley 25.323.-
Respecto del certificado de trabajo de artículo 80, expresa que fue probado en autos y reconocido en la propia sentencia, que el vínculo laboral fue de carácter indeterminado, lo que torna exigible la entrega del certificado citado. Alega que el trabajador cursó las intimaciones correspondientes en los términos del DNU 146/01, y por ello, solicita que revoque lo resuelto en este punto y se haga lugar al pago de la indemnización del art. 80 LCT, más sus intereses y costas.-
En cuanto a los intereses, señala que, la aplicación de la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina implica un serio perjuicio para los derechos del trabajador, pues su utilización, genera una disminución sustancial del valor de su crédito, en abierta contradicción con el principio protectorio y la garantía constitucional de propiedad. Afirma que la tasa pasiva aplicada no solo resulta insuficiente, sino que, opera como un incentivo para que empleadores incumplidores dilaten deliberadamente el proceso judicial. Solicita la aplicación de la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el precedente “Barrios”, y la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) desde la mora hasta el pago, declarando inconstitucionales las normas que prohíben la actualización monetaria (arts. 7 y 10 Ley 23.928 y art. 4 Ley 25.561); y subsidiariamente, solicita la actualización del capital por el IPC, más una tasa pura del 3% anual conforme el artículo 276 del DNU 70/2023.-
Se agravia también, al entender que se omitió disponer la capitalización de intereses desde la notificación de la demanda, a pesar de que fue formulado expresamente en el escrito inicial. Señala que la omisión del pronunciamiento sobre este punto implica un apartamiento de lo peticionado, en infracción al principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCC). Expresa que la capitalización desde la notificación de la demanda permite que cada período vencido de intereses se incorpore al capital para devengar nuevos intereses, y ello impide que la mora prolongada y deliberada de la empleadora se convierta en un negocio financiero a su favor, y agrega que la no aplicación constituye un enriquecimiento indebido de la demandada, contrario a los principios de reparación integral, buena fe contractual y carácter alimentario del crédito laboral, solicita se disponga la capitalización de intereses desde la notificación de la demanda, conforme lo previsto por el art. 770 inc. b) Cod. Civ. yCom.- En otro orden, se agravia en cuanto al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 24.432 (modificatorio del art. 277 de la LCT). Señala que, al afirmar el Juez que el agravio es meramente conjetural hasta el momento de la regulación de honorarios implica postergar el control de constitucionalidad, cuando el vicio normativo se encuentra latente desde el inicio. Expresa que el control de constitucionalidad es difuso y concreto, y ello no impide su ejercicio previo a la aplicación material cuando la incompatibilidad con la Constitución resulta manifiesta y la operatividad de la norma es inevitable, solicita que se revoque lo decidido en este punto y declare la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 24.432, en cuanto limita al 25% del monto de condena la regulación de honorarios, declarando su inaplicabilidad al caso, garantizando así el pleno goce de los derechos constitucionales comprometidos y la efectiva tutela judicial del crédito laboral reconocido.- Hace reserva del caso federal, y realiza su petición final, con costas.-
refiere que la sentencia adolece de falta de fundamentación, y de un inexistente análisis y valoración de la prueba, arribando a una sentencia parcial, arbitraria e injusta. Entienden equivocado el criterio del Juez de grado al expresar que entre las partes se celebraron contratos sucesivos a plazo fijo configurándose un vínculo continuo por tiempo indeterminado encubierto bajo una apariencia formal fraudulenta. Señalan que el Juez no valoró en ningún momento los contratos celebrados entre las partes incorporados en el legajo laboral y no fundamentó en qué consistió el supuesto fraude. Expresan que el último contrato, celebrado en los términos de los arts. 93 y 94 LCT, venció el 31 de octubre del año 2021, y que dicho contrato se celebró cumpliendo todos los requisitos formales y materiales, sabiendo previamente al suscribir el actor el tiempo de finalización, y las situaciones extraordinarias de reemplazo de personal, surgiendo ello de las cláusulas del contrato firmado. Sostienen que quedó probado que se trató de una finalización de contrato, en los términos del art. 93 LCT, y que su mandante cumplió con el deber de preavisar con la debida antelación, tal lo manda el art. 94 LCT. También, quedó demostrado que cumplió con los recaudos exigidos por el art. 90 LCT. Alega que no existe despido incausado, toda vez que los contratos suscriptos por las partes establecen de manera expresa la determinación del vencimiento de los mismos, esto es, el 31/10/2021.-
Refieren que al tratarse de contrato de plazo fijo determinado, no corresponde la condena del punto 2 de la sentencia recurrida. Sostienen que no opera la aplicación de la indemnización por antigüedad (art. 245 LCT), la indemnización sustitutiva de preaviso (art. 232 LCT), la integración mes de despido(art. 233 LCT), y no corresponde el pago de SAC sobre preaviso e integración; tampoco las vacaciones proporcionales, toda vez que se le han abonado las vacaciones al actor; así como también la condena al pago de SAC, por haberse abonado dicho rubro. En cuanto a la condena por el pago de la multa art. 1º de la ley 25.323, refieren que resulta improcedente e inaplicable, toda vez que la citada norma ha sido derogada por el art. 100 de la ley N° 27742, vigente desde el 10/07/2024.-
Señalan que el artículo 1° de la ley 25323 disponía una indemnización para el caso de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente, y para su procedencia la norma requería la intimación fehaciente por escrito del trabajador para su registración o correcta registración y, por otro lado, la mora del empleador, no encontrándose acreditado en autos dichas requisitos. Refieren que el reclamo del actor no debió prosperar por tratarse de un vencimiento del contrato laboral, y al tratarse de una causal distinta al despido, el accionante se encontraba imposibilitado de reclamar por el art. 1° de la ley 25323 por incorrecta registración, salvo que lo hubiera efectuado con anterioridad por la Ley Nacional de Empleo N° 24013 (actualmente derogada en sus arts. 8 a 17, 120 inciso a), cuestión que tampoco ocurrió en autos, omitiendo el juez de grado su análisis.-
En cuanto condena por el pago de diferencias salariales, refieren que se determinó dichas sumas dinerarias aludiendo a una estimación y no basándose en términos de técnica contable. Señalan que el Juez nada dice en relación a la impugnación efectuada al contestar la demanda respecto a la liquidación practicada por la actora y a la impugnación de los demás rubros reclamados, así como tampoco alude a las observaciones que se efectuó a la pericia contable. Afirman que no corresponde a abonar las sumas determinadas, en razón de que su mandante abonó al accionante las remuneraciones conforme escalas salariales y pautas legales y acordadas.-
Respecto de las costas, expresan que existen circunstancias objetivas que autorizan a apartarse del principio de la derrota en juicio, y citan doctrina. Agregan, que en su defecto, las costas sean concurrentes o proporcionadas, en función de los diversos rubros reclamados por el accionante y el resultado parcial de la sentencia recurrida o lo que en definitiva se falle.-
Por último, hace reserva del caso federal, y solicita se revoque la sentencia la sentencia de primera instancia recurrida en todos sus puntos y que fuera materia de agravios.-
VII. A PE1987134-2025, la parte demandada contesta los agravios expresados por la actora. Respecto de las diferencias salariales y horas extras, sostiene acertado el criterio del Juez toda vez que la relación laboral se rigió, en principio bajo CCT aplicable a la actividad y posteriormente excluido de convenio por acuerdo entre las partes hasta el 31/10/2021. Señala que el actor cumplía 8 horas diarias y nunca trabajó horas extraordinarias, surgiendo ello de la prueba de autos, y agrega que la doctrina y jurisprudencia han sostenido que el trabajo extraordinario debe ser probado por la actora de manera fehaciente, no basta con meras presunciones y, esa prueba debe ser categórica y asertiva. Por último, solicita el rechazo del primer agravio, toda vez que la sentencia recurrida por la actora resulta clara y precisa en relación al ítem reclamado.-
Respecto a la aplicación del art. 2 de la ley 25323, resulta improcedente e inaplicable toda vez que fue derogado por el art. 100 de la ley N° 27742, vigente desde el 10/07/2024 y su eficacia temporal conforme art. 7 del CCCN. Sostiene que para la procedencia de la norma se requería la intimación fehaciente por escrito del trabajador por un plazo de dos días hábiles (conf. art. 57 LCT) y, por otro lado, la mora del empleador, cuestiones que no se encuentran acreditadas, y agrega que la pieza obrantes a PE999974-2023, INT00032883.pdf, constituye solamente una intimación de pago de diferencias salariales y dinerarias, y no una intimación al pago de las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 LCT. Refiere que el art. 2 de la ley 25323 tenía naturaleza sancionatoria y, su interpretación debe realizarse de manera restrictiva y no de manera extensiva a cualquier débito derivado de la relación de trabajo, ni a otros modos extintivos de la relación laboral, como es el presente, solicita se rechace el agravio. Por otro lado refieren que no se cumplen los presupuestos que requería el art. 2° de la ley 25323 para su procedencia.-
En cuanto a la indemnización prevista en el art. 80 LCT, sostiene que resulta improcedente e inaplicable, toda vez que la citada norma fue sustituida por el art. 70 del Decreto N° 70/2023. Señala que se considera efectivamente cumplida dicha obligación por parte de los empleadores cuando se hubieran incorporado a la plataforma virtual los certificados pertinentes. Por otro lado agrega que, ante el vencimiento del contrato, el actor, estando debidamente intimado, jamás se presentó en las oficinas de su ex empleadora a retirar el certificado de trabajo art. 80 LCT. Por último refiere que el reclamo de la entrega de las certificaciones documentadas no resultan admisibles, a partir de la circunstancia que el trabajador puede obtener esa información directamente del ANSeS, y por ello solicita se rechace el agravio articulado por el actor.- Respecto de los intereses, señala que es criterio del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, la aplicación de la tasa pasiva promedio conforme los autos “LIGUERI, JOSE RAUL C/ OLEOSUR S.A. Y OTRO S/ DEMANDA LABORAL” Expte. N° 14905/2013 (L-2133/16-TSJ) en Sentencia registrada al Tomo XXIII, Registro 736, Folio 4453/4464 de fecha 11 de agosto de 2023, y por ello, solicita que se rechace el agravio articulado por la actora y, en el hipotético caso de un resultado adverso para su parte, solicita confirme la aplicación de tasa de interés pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.-
Respecto de la omisión por parte del Juez en disponer la capitalización de intereses desde la notificación de la demanda conforme el art. 770 inc. b) del Cód. Civ. y Com., afirman que dicho agravio no debe prosperar, en cuanto, la tramitación de la causa en la instancia de grado no llegó a los dos años, por lo cual no hubo una tramitación prolongada de la causa. Además, refiere que no hubo conducta morosa y que el interés debe servir a los efectos de determinar un justo resarcimiento para el damnificado, pero nunca debe conllevar un enriquecimiento en detrimento de quien lo debe afrontar, lo que ocurrirá en el caso si se capitalizan intereses.-
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 24432, sostienen que el fallo resulta acertado, toda vez que es criterio uniforme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostener que para que opere la inconstitucionalidad de una norma debe existir un caso concreto y actual. Señala que en autos, no se verifica ninguna circunstancia que, siguiendo la doctrina de la CSJN, pudiera llevar a una declaración de inconstitucionalidad. Luego de citar jurisprudencia, señala que el art. 8 de la ley 24432 que otorga un mismo tratamiento a todos los profesionales que representan a la parte no condenada en costas sin ningún tipo de distinciones y que el texto agregado al art. 277 LCT no limita la determinación de los honorarios profesionales sino solamente limita la responsabilidad del condenado en costas en los procesos laborales. Resalta además, que en esta provincia, los honorarios profesionales se encuentran legislados en la ley 3330 y en el art. 22 de la ley 1444, normativa que prevalece por resultar materia no delegada al Congreso Nacional; cuya inconstitucionalidad la actora no ha planteado.-
VIII. A PE2182247-2026, contesta vista el Fiscal de Cámara Dr. Carlos Rubén Rearte. En su dictamen señala en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 24.432 y la improcedencia del cuarto párrafo del 277 de la LCT, que el prorrateo de costas resulta confiscatorio y contrario al derecho de propiedad del profesional actuante; y en cuanto a la actualización monetaria y la aplicación de la tasa activa o pasiva del Banco Nación a los créditos laborales resultantes, indica que corresponde declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar establecida en el art. 7, Ley 23928, modificado por el art. 4, Ley 25561.Cita jurisprudencia que sustenta su postura - IX.-A PE1298511-2026, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
X. Establecido ello corresponde ingresar al estudio de los agravios propuestos. En primer término y por una cuestión de lógica corresponde tratar, el agravio de la demandada relativo a la valoración de la prueba efectuada por el magistrado grado para justificar la modalidad contractual de tiempo indeterminado.-
Cabe recordar que, el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de la fijación expresa y por escrito del tiempo de duración y que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen (art. 90 LCT). Si bien la ley no brinda una definición de contrato de plazo fijo, se entiende que este contrato se produce cuando hay una duración determinada. Este tipo de contrato, para que resulte válido, y no sea tenido por tiempo indeterminado, debe necesariamente, cumplir dos requisitos, el primero, la exigencia de la celebración por escrito de la duración del contrato,(con fecha cierta), y el segundo, la existencia de una causa que justifique la contratación a plazo fijo; además, su duración no podrá exceder de cinco años (art. 93 LCT). Por otro lado, se establece la obligación de preavisar su extinción con antelación de uno o dos meses, salvo cuando el contrato sea de duración inferior a un mes(art. 94 LCT). Dicho esto,observo que en los sucesivos contratos suscriptos entre las partes, los cuales fueron celebrados desde 09/12/2019, al 30/11/2021, de manera sucesiva, (ver PE1136521-2023 ESC00250130.pdf), arrojan claridad al asunto, en tanto cumplen con todos los presupuestos anteriormente referidos, además, de los demás elementos probatorios, no puede inferirse que la modalidad contractual haya sido utilizada en fraude a la ley.(art. 364 del C.P.C.C. aplicable por remisión del art. 121 Ley 1.444). Se tiene decidido en esta aspecto que "...el contrato de trabajo no debe considerarse de plazo indeterminado cuando en los distintos contratos celebrados, se consignó la causa objetiva, las contrataciones fueron de breve duración y en el conjunto, no se superó el límite temporal legal de cinco años." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: II, Lugo Miriam Beatríz c/ Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) s/ despido, 20 de noviembre de 2025, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M- 158197 - AR|MJJ158197|MJJ158197).-
Al respecto, debo destacar, que el último contrato celebrado por las partes fue día 30/11/2021,cuya cláusula tercera estable que el cese de las funciones del trabajador sería el 31/10/2021, es decir, que el propio trabajador, ya conocía el día en que sus funciones terminarían, y pese a haberse presentado luego del 04/01/22, donde según sus dichos se le notificó la extinción del vínculo, lo cierto es que, Cristian Javier González, mantuvo silencio durante casi 7 meses, cuando formulo su primer reclamo mediante el telegrama ley 23.789 de fecha 18/08/22,(PE999974-2023 y PE1136521-2023. Cabe señalar que el salario se encuentra íntimamente vinculado con la subsistencia familiar, la necesidad de su percepción se evidencia en forma inmediata.
Tal es así que, en los juicios por despido, en su mayoría, la primera intimación se realiza en forma inmediata al cesar la relación laboral o la falta de percepción de haberes. Si bien el lapso del tiempo no importa la prescripción de la acción, constituye un elemento probatorio que no pude dejarse de lado. La ausencia de intimaciones inmediatas frente a la finalización del contrato, resulta un elemento primordial que concluye en que hubo un entendimiento por parte del actor en que el vínculo laboral había finalizado, ello, conforme la sana crítica y el principio de buena fe (arts. 62 y 63 LCT). A mayor abundamiento debe considerarse, que el art. 241 LCT tercer párrafo, (ref. Ley 27.802) -si bien no es aplicable directamente al caso- impone el plazo de dos meses para que el trabajador manifieste su voluntad de continuar con el vínculo, entendiendo que en caso contrario se entiende una desvinculación laboral por mutuo acuerdo.
En el particular además de encontrarse finalizado el contrato se demoró siete meses en realizar el primer reclamo. Es decir, estaba debidamente celebrado por escrito, con los recaudos legales, firmado por el trabajador, inscripto en AFIP- ARCA de igual manera (PE1258100-2024), la empresa demandada brinda un servicio que por la propia actividad importa periodicidad en las contrataciones (brindar seguridad para determinadas actividades temporales), se acompañaron los recibos de sueldos y las hojas correspondientes a los libros laborales (art. 52 LCT) por lo que no cede la interpretación en contrario pretendida. No se logró acreditar que el contrato a plazo fijo hubiera sido utilizado en fraude a la ley, y tomando en cuenta la conducta asumida por el trabajador con posterioridad a la extinción del contrato, entiendo que el agravio en este aspecto debe prosperar.-
XI. Sentado que la relación laboral concluyó por el vencimiento del contrato a plazo fijo, corresponde entonces desestimar el planteo del actor tendiente a obtener las indemnizaciones propias del despido sin causa, (arts. 245, 245 bis y 246 LCT). La misma suerte, deben correr los incrementos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25326. Tampoco puede prosperar la indemnización del art. 213 LCT, toda vez que la circunstancia de que el actor se hallaba cursando una licencia por enfermedad, no altera la extinción del contrato producido. El régimen del señalado artículo, procura proteger al trabajador conservando su vínculo laboral, no obstante, esa obligación presupone un contrato de trabajo indeterminado, es decir, que la enfermedad inculpable, no impide que opere el vencimiento del contrato (art. 90 LCT), por ello no existiendo despido, sino una finalización del contrato, no procede la indemnización del art. 213 LCT.-
XII. Corresponde analizar los cuestionamientos con respecto a las funciones que cumplía el actor durante la vigencia de la relación laboral, ya que se reclaman diferencias salariales por categoría. En este aspecto, se debe privilegiar la verdad material por sobre las formas cuando se encuentran comprometidos derechos laborales, imponiéndose que, frente a una discordancia entre la registración documental y la realidad de las tareas cumplidas, prevalezca esta última (arts. 21, 22, 23, 62, 63 y 103 de la LCT, art. 14 bis de la CN).-
En ese contexto, la prueba producida adquiere una mayor relevancia, así, las declaraciones testimoniales, de Marcos Gabriel Arriagada (PE1311535-2024), y Oscar Mauricio Rodríguez (PE1311479-2024) valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, resultan coincidentes en señalar que el actor cumplía tareas de coordinador y supervisor, así como tareas de transporte de personal, y estas funciones las realizaba de manera permanente. Surge de los recibos de haberes y constancias registral del AFIP (PE1136521-2023 y PE1258100-2024), que indican que fue registrado en la categoría de Vigilador Principal por el trabajo realizado en el período del 10/12/2019 al 31/12/2019, y en los períodos del 01/01/2020 al 31/03/2020, en la categoría de Vigilador General, y del 31/03/2021 al 31/10/2021, sin categoría.-
El art. 15 del CCT 507/07 define al Vigilador Principal como aquel que, cuando las necesidades del servicio así lo requieren, es designado para ser responsable del turno. Esa categoría responde precisamente a una mayor responsabilidad funcional y tiene una remuneración diferenciada respecto del Vigilador General. Si bien la norma alude a una designación expresa del empleador, dicha exigencia no puede ser interpretada de modo puramente formal cuando la propia conducta de la empresa demuestra que el trabajador ejercía en los hechos las funciones correspondientes a esa categoría. La buena fe contractual, impone al empleador reconocer la categoría que corresponda a las funciones efectivamente desempeñadas (arts. 12, 62, 63, y 81 LCT). Teniendo en cuenta además, el informe pericial obrante a PE1484631-2024, corresponde hacer lugar al reclamo por diferencias salariales derivadas de la incorrecta categorización, debiendo liquidarse la remuneración del actor conforme la escala salarial correspondiente a Vigilador Principal, durante el período trabajado del 01/01/2020 al 31/10/2021. En virtud de lo aquí desarrollado, una vez firme la presente deberá liquidarse las diferencias que pudieran exitir entre lo efectivamente abonado al actor, conforme la documentación agregada en éste expediente y la escala salarial correspondiente a la categoría de Vigilador Principal conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 por el período de tiempo señalado. En los demás períodos de contratación el actor se encontraba fuera de convenio lo que, tal como señala la experta al momento de realizar la pericia contable, la remuneración era pactada por fuera de las escalas de convenio, teniendo en cuenta además que parte de los períodos restantes Cristian Gonzalez continuó percibiendo sus salarios pese a la licencia por aislamiento y luego por enfermedad.-
XIII. Con relación a la procedencia por cobro de horas extras, el recurrente insiste en que la falta de presentación de los libros laborales, contables, planillas horarias, y comprobantes de aportes previsionales por la parte demandada son prueba suficiente. En este aspecto, cabe recordar que la falta de acompañar la documentación constituye el fundamento de una presunción simple, de modo tal que ello debe ser valorado con otros elementos de juicio incorporados al proceso. En el caso la documentación a los libros móviles se encuentran adjuntadas en éstos, y además no existe ninguna prueba de la parte que acredite que las horas extras efectivamente se hayan cumplido, ni por que días o cantidad. Para acreditar las horas extras se requiere una prueba concluyente, de la que emane la noción de credibilidad, ya que por tratarse de un hecho apartado de los avatares normales del contrato de trabajo, requiere de una prueba diferenciada y específica, la cual no ha sido aportada en autos, por lo que el reclamo debe rechazarse.-
Se ha decidido en el punto que "La procedencia del reclamo de pago de 'horas extras' y 'feriados trabajados', requiere la debida acreditación de su realización, sin que opere en la especie ningún sistema de presunciones, por resultar imposible asumir tal acontecer extraordinario...Si bien la evolución jurisprudencial imperante flexibiliza la rigidez sobre la asertividad de las horas extras cuyo pago se reclama, ello no significa eximir al trabajador de la carga de su acreditación...La presunción prevista en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta aplicable a la jornada de trabajo, toda vez que no es un elemento que deba constar en el libro especial del art. 52 ..." (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Circunscripción III, Flores Fernando Daniel c/ Le Chateau S.A. s/ sent. cobro de pesos - rubros laborales, 30 de septiembre de 2019, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M-124587-AR| MJJ124587 | MJJ124587).- También se ha dicho que: "...la presunción que emana del art. 55 LCT es irrelevante como prueba del hecho de la prestación de labores en exceso de la jornada legal, por cuanto si no se prueba la realización de horas extras no pueden presumirse su cantidad o el monto de la deuda de ese origen..." (JUZGADO N°:36 SALA X AUTOS: "SOSA PABLA C/ JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. (D) S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS".EXPTE. N°:61971/2012/CA1 (50131) Buenos Aires, 25/10/19).-
Esta postura expuesta, que comparto, refiere concretamente a la necesidad de la prueba concreta sobre el cobro de dichos rubros, pues como se señala son circunstancias extraordinarias y ello implica mayor rigurosidad para su acreditación ya que no son una consecuencia natural de la relación laboral, sino "extraordinaria". En éstos no se logra contrariar la postura del Juez de grado en tal sentido, y concluyo que lo decidido en este aspecto debe ser confirmado.- XIV.-En lo que respecta a la procedencia de la indemnización por la falta de entrega tempestiva de los certificados de remuneraciones y aportes, en anteriores pronunciamientos con relación a la entrega de la certificación de servicios contemplada por el art. 80 de la LCT la suscripta ha decidido que "El artículo citado: “…impone al empleador cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el deber de entregar al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida" (confr. Grisolía, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tº I, Buenos Aires, LexisNexis, 2004, págs. 661/671). El artículo 45 de la ley 25345 agrega una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente... En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el empleador no entrega los certificados vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (confr. Grisolía, Julio Armando, ob. cit., pág. 672/674)."(en autos SANCHEZ, JAIME SEBASTIAN C/ AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº 14.109/10; T: XLI SENTENCIAS; REG. 2750, F. 38/45, 5-10-2018).-
Es decir, para que proceda la indemnización a favor del trabajador, deben haber transcurrido 30 días corridos del distracto. Seguidamente la norma requiere que se haya intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega. En el caso disiento con la interpretación realizada en la instancia de grado, aunque acuerdo en el resultado. La documentación acompañada por la misma actora en la demandada (PE999974-2023-INT00032883.PDF) da cuenta que el empleador luego de intimado puso a disposición del trabajador los certificados del art. 80 LCT, indicando que podrán ser retirados de las oficinas administrativas. Si bien esta conducta por sí podría resultar insuficiente, la actora no manifestó su imposibilidad de ir a retirarla o que se la envíen a su domicilio, y guardo silencio hasta casi un año después, cuando volvió a intimar a la empleadora en junio de 2023. Siendo que con posterioridad al dictado de las normas señaladas los certificados laborales pueden ser obtenidos por el trabajador de la página correspodiente a AFIP. Por ello entiendo que este agravio no debe prosperar, sin perjuicio de que la demandada habrá de confeccionar y entregar otro certificado conforme lo que aquí se resuelve en el término de cumplimiento de la sentencia bajo apercibimiento de las sanciones que puedan corresponder (art. 80 LCT).-
XV. Se agravia la actora por la forma de determinarse la liquidación de intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA solicitando la utilización de IPC desde la mora hasta el pago, declarando inconstitucionales las normas que prohíben la actualización monetaria (arts. 7 y 10 Ley 23.928 y art. 4 Ley 25.561) o en su defecto se aplique la actualización del capital por el IPC más una tasa pura del 3% anual (art. 276 LCT Dec.70/23). En este aspecto, es necesario resaltar que, en el escrito de demanda la actora solicitó la utilización de la Tasa activa del Banco de la Nación Argentina, el juez condenó por la utilización de la tasa pasiva, que por el período de tiempo que corresponde resulta más beneficiosa para el trabajador. Debo recordar que con la expresión de agravios (art. 90 de la ley 1444), no se pueden introducir capítulos nuevos toda vez que se puede transgredir el principio de congruencia (art. 18 CN). Sin perjuicio de ello, al momento de estar dictando esta sentencia se encuentra vigente la ley 27802 que impone una aplicación inmediata a los procesos sin sentencia firme y sería de aplicación en éstos. Por tal razón teniendo en cuenta lo dispuesto por la nueva redacción del art. 276 de la LCT (arts. 7, 768, 772 y 1740 del CCyC, art. 9 LCT) corresponde adoptar la utilización del IPC con más el 3% anual, desde que la suma es debida hasta su efectivo pago. Esta solución es más favorable al trabajador y obedece a los principios que informan al derecho del trabajo, ya que refleja la pérdida del valor adquisitivo del salario. Tengo en cuenta además, que la Corte Suprema de Justicia lo señaló en este sentido al fallar sobre el reajuste de haberes jubilatorios en el caso “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS” del 18 de diciembre del año 2021 donde se expidió en similares términos y sirvió de base a numerosos precedentes, https:
//www.csjn.gov.ar/archivo- cij / nota - 32887 - PREVISIONAL). Es por tal razón que considero éste un criterio más ajustado a la realidad del trabajador para el reajuste de su crédito (conf. voto en autos “CONTRERAS, JAIME ADOLFO C/D.L.S. ARGENTINA LIMITED S/LABORAL", Expte. Nº 14.907, T:CIV SENTENCIAS, REG.:3156, F: 059/069, PROT. ELECT.A201 060S.251). Por estas razones el agravio de la actora debe prosperar en este sentido.-
XVI. La parte actora se agravia por cuanto el juez de grado omitió tratar lo solicitado respecto a la capitalización de intereses desde la notificación de la demanda conforme lo dispuesto por el art. 770 inc. 2 del Cod. Civ. y Com. Ahora bien, entiendo que la sentencia no se expide sobre la posibilidad de capitalizar intereses desde la notificación de la demanda. Ingresando al estudio del agravio debo decir que ya me he pronunciado sobre el tema aquí propuesto (vgr. en autos "PEREA, VICENTE RAMÓN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ LABORAL" Expte. N° 37369; T: XCIX SENTENCIAS, REG.3034, F.137/139, Prot. Elec.- A201 046 S.231, y en los autos “BARRIA JONATHAN AUGUSTO C/EXPERTA ART SA S/ LABORAL" Expte. N° 3754, T: C SENTENCIAS, REG.3049, F: 054/057, PROT. ELECT. A 201 009 S 241), por lo que me permito reiterar lo analizado. Tengo presente que la depreciación de la moneda y la inflación existente no es un fenómeno que afecta sólo a Cristian Javier González, sino que también los empleadores se ven inmersos en este fenómeno y la sociedad toda y que desde el poder judicial también debe velar por el equilibrio de los intereses en juego. Debo agregar que la aplicación del instituto que aquí se pretende (anatocismo), es una excepción al principio general de que no se adeudan intereses sobre los intereses y por tal razón su aplicación es de interpretación restrictiva. Además, la utilización del IPC con más el 3% anual, indicado en el apartado anterior, comprende las pautas para recomponer el crédito del trabajador, por lo que entiendo que el agravio no puede prosperar (art. 276 LCT y art. 277 CPCC).-
XVII. Corresponde abordar el agravio respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24.432, que incorporó el último párrafo al art. 277 LCT, sosteniendo que el límite del 25% impuesto a la responsabilidad del condenado en costas vulnera las garantías consagradas en los arts. 14 bis y 17, de la CN.-
Adelanto que el agravio no puede prosperar, toda vez la sentencia aún no ha adquirido firmeza, no se han regulado honorarios, y no se ha practicado liquidación alguna, que permita determinar cuál será la incidencia real del límite previsto en el último párrafo del art. 277 LCT. En tales condiciones, el perjuicio alegado aparece sustentado únicamente en una hipótesis futura, dependiente de circunstancias que todavía no se han producido y que incluso podrían no llegar a verificarse. Se exige así, la acreditación de un gravamen concreto, actual y jurídicamente relevante derivado de la aplicación de una norma cuya constitucionalidad se cuestiona. No corresponde entonces, efectuar un examen abstracto de constitucionalidad sobre la base de un perjuicio incierto.- Debe recordarse que la disposición cuestionada no establece un límite al honorario que corresponde regular conforme la ley arancelaria, sino que restringe la responsabilidad patrimonial del condenado en costas frente a los honorarios devengados. Por ello, la eventual afectación constitucional sólo puede apreciarse cuando el artículo referido deba aplicarse efectivamente al momento de ejecutar la condena. El planteo de la actora resulta prematuro, pero ello no impide que, de verificarse en la etapa de ejecución una afectación concreta derivada del límite legal impuesto, la cuestión pueda ser nuevamente sometida a decisión, y por ello corresponde rechazar el agravio y confirma lo resuelto en este punto por la instancia de grado.-
XVIII. Costas. Por todo lo expuesto, y con sustento en una plataforma fáctica y probatoria que pudo llevar a la parte actora a creerse con derecho a litigar y no emergiendo temeridad ni malicia procesal, resulta proporcionado y ajustado a derecho la distribución de costas por su orden en primera instancia y en esta instancia (arts. 68 y 278 del CPCC por remisión de la ley 1444).-
XIX. Por cómo me pronuncié sobre los diferentes agravios formulados entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe modificarse en la medida de lo señalado.
XX. En otro orden, debo mencionar que las audiencias testimoniales registradas a PE1311535-2024 y PE1311479-2024, resultan de dificultosa audición, toda vez que no se logra escuchar las preguntas de la letrada interviniente y así como tampoco, algunas de las respuestas de los testigos, por lo que, corresponde instar a los operadores judiciales a arbitrar los medios necesarios para que en el futuro, se corrijan dicha deficiencia (art 46 ley Uno to. Ley 1600).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XXI. Coincido con el voto que antecede en lo relativo a la existencia de un contrato de plazo determinado, la procedencia de las diferencias señaladas, y la utilización de los índices de la nueva redacción del art. 276 de la LCT. A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
XXII.-En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Admitir parcialmente los agravios vertidos por la parte actora y la demandada. 2°) Revocar los puntos 1 y 2 de la sentencia por considerar que se trata de contrato a plazo fijo. 3°) Admitir parcialmente el agravio de la parte actora en cuanto a las diferencias salariales derivadas de la incorrecta categorización, debiendo liquidarse la diferencia en la remuneración del actor conforme la escala salarial correspondiente a Vigilador Principal, durante el periodo trabajado del 01/01/2020 al 31/10/2021, teniendo en cuenta los recibos acompañados y las escalas vigentes en ese período. 4°) Modificar la utilización de intereses conforme la redacción del art. 276 de la LCT, debiendo actualizarse los créditos laborales conforme el IPC con más el 3% anual. 5°)Rechazar el agravio respecto de la capitalización de intereses (art. 770 inc. 2 del Cod. Civ. y Com.). 6°)Rechazar el planteo de declaración de inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24.432. 7°) Modificar el punto 5, e imponer las costas en el orden causado en ambas instancias por la forma en que se decide (art. 68 CPCC y 121 Ley 1444). 8º) Diferir la regulación de honorarios.
9. Tener presente la reserva del caso federal. 10º) Hacer saber a los operadores judiciales del Juzgado interviniente que deberán arbitrar los medios necesarios a los fines que registrar las audiencias de manera eficiente (art 46 ley Uno to. Ley 1600).-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
XXIII. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 08 de julio de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. F A L L A: 1°) Admitir parcialmente los agravios vertidos por la parte actora y la demandada. 2°) Revocar los puntos 1 y 2 de la sentencia por considerar que se trata de contrato a plazo fijo y la improcedencia de los rubros derivados del despido.-3°) Admitir parcialmente el agravio de la parte actora en cuanto a las diferencias salariales derivadas de la incorrecta categorización, debiendo liquidarse la diferencia en la remuneración del actor conforme la escala salarial correspondiente a Vigilador Principal, durante el periodo trabajado del 01/01/2020 al 31/10/2021, teniendo en cuenta los recibos acompañados y las escalas vigentes en ese período.-4°) Modificar la utilización de intereses conforme la redacción del art. 276 de la LCT, debiendo actualizarse los créditos laborales conforme el IPC con más el 3% anual.-5°)Rechazar el agravio respecto de la capitalización de intereses (art. 770 inc. 2 del Cod. Civ. y Com.).-6°)Rechazar el planteo de declaración de inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24.432.-7°) Modificar el punto 5, e imponer las costas en el orden causado en ambas instancias por la forma en que se decide (art. 68 CPCC y 121 Ley 1444).-8º) Diferir la regulación de honorarios.-9º) Tener presente la reserva del caso federal.-10º) Hacer saber a los operadores judiciales del Juzgado interviniente que deberán arbitrar los medios necesarios a los fines que registrar las audiencias de manera eficiente (art 46 ley Uno to. Ley 1600). - El Dr. Horacio Fernández no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Rocío Fornés- Jefa de Despacho A/C de Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 044 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3215 Folio Nº: 092/105 Secretaria: 1
Fin de la sentencia