Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 106/09, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Jorge Eduardo Iñon, en su carácter de patrocinante de la recurrente, en la suma de $40.480, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en las etapas cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-128888993-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Octubre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 33.539-I caratulado “González, Dora Beatriz s/ apelación”
La Dra. O´Donnell dijo:
I. La Sra. Dora Beatriz González interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 106/09 dictada el 3 de diciembre de 2009 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determina de oficio su responsabilidad solidaria (art 8° ley 11.683) por haber sido vicepresidenta de Establecimiento Industrial Alpe S.A., y se la intima a ingresar los montos consignados en las 29 boletas de deuda que se identifican en el segundo Considerando de dicho acto, libradas en relación a obligaciones en el impuesto al valor agregado de los periodos septiembre a noviembre de 1999; enero, julio, septiembre, octubre y diciembre de 2000; abril, mayo noviembre y diciembre de 2001 y febrero a junio de 2002; el impuesto a la ganancia mínima presunta -saldos de declaración jurada- de los períodos 1999 y 2001 y anticipos Nros. 9 de 2000, 8 y 10 de 2001, 1 y 5 al 11 de 2002, así como los anticipos Nros. 3 y 4 de 2002 y 8 a 10 de 2002; multas formales por falta de presentación de declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y, por último, por multas materiales (art. 45, ley) En su presentación ante este Tribunal, invoca, en primer lugar, que si bien fue vicepresidenta de Establecimiento Industrial Alpe S.A. jamás ejerció el cargo, ni dispuso de los fondos sociales. Resalta que si bien en los períodos fiscales comprendidos en la Resolución recurrida estuvo autorizada a suscribir cheques en nombre de la empresa, nunca lo hizo, ya que sólo detentaba el cargo formalmente. Precisa que su desvinculación fue aceptada en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de septiembre de 2003 e inscripta en la Inspección General de Justicia el 13 de febrero de 2004.
Menciona que en sede administrativa opuso la prescripción invocando que “la notificación del sumario fue la primera noticia que tuve de los reclamos efectuados” y asegura que “todos los periodos reclamados se encuentran prescriptos”.
Por último, impugna la totalidad de las boletas de deuda, solicita que se efectúe una pericia contable sobre los libros de Establecimientos Alpe S.A. “…a fin de determinar si las boletas de deuda que se me pretenden ejecutar se compadecen con los impuestos devengados” y, por ello, que se revoque la Resolución.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, quien por las consideraciones que expone, pide que se confirme dicho acto, con costas.
Dice allí que la responsabilidad solidaria de la recurrente surge de su carácter de Vicepresidenta del Directorio de Establecimiento Industrial Alpe S.A., en virtud de haber sido la responsable del manejo y administración de los fondos sociales al momento en que se generaron las obligaciones tributarias reclamadas, según surge de la información recabada por la fiscalización que se encuentra en los antecedentes administrativos. Asimismo, le cabe tal responsabilidad por no haber demostrado debidamente que la firma la colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, como exige el art. 8 de la ley 11.683. Destaca, además, que las fechas de vencimiento de los pagos reclamados son anteriores a la desvinculación de la Sra. González de la Vicepresidencia de la sociedad deudora.
En cuanto a la multa impuesta, sostiene que sin perjuicio que la recurrente no planteó agravios al respecto, se dan en el caso los elementos objetivo y subjetivo que justifican su aplicación.
III. A fs. 51 se abrió la causa a prueba y se hizo lugar a la informativa y a la pericial contable ofrecidas. A fs. 106, atento al tiempo transcurrido sin que se haya producido la pericia contable, se tuvo a la recurrente por desistida de dicha prueba. A fs. 117 se elevó el expediente a Sala y a fs. 124 se pusieron los autos para alegar. A fs. 130/132 presentó su alegato la representación fiscal, no habiendo la recurrente hecho uso de ese derecho. Por último, el 18 de octubre de 2023 quedaron en estado de dictar la sentencia.
IV. Corresponde entonces pronunciarse sobre la legitimidad de la Resolución, por lo que debe analizarse si la atribución de responsabilidad a la Sra. Dora Beatriz González ha sido efectuada conforme a lo dispuesto en el art. 8°, inc. a) y de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley 11.683, y si se encuentra debidamente fundada.
Como surge de sus Considerandos y de los antecedentes administrativos que preceden su emisión, las obligaciones cuyo pago se intima a la Sra. González lo son como responsable solidaria por haber detentado el cargo de vicepresidenta de Establecimiento Industrial Alpe S.A. -sociedad dedicada a la fabricación de muebles y accesorios metálicos y de plástico moldeado-. Se trata de deudas por diversos impuestos, accesorios y multas, firmes y consentidas, tal como dan cuenta los certificados de deuda agregados a fs. 137/165 de dichos antecedentes (cpo. principal), que previamente fueron reclamadas en juicios de ejecución fiscal a la empresa como deudora principal y que no fueron satisfechas por ésta, razón por la cual la Administración Tributaria puso en funcionamiento el procedimiento previsto en el art. 17 de la ley 11.683 tendiente a hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista en el art. 8°, inc. a) de la misma ley en cabeza de sus dirigentes. Surge de allí también que a la fecha en que se dio inicio a dicho procedimiento, el Presidente de Establecimientos Industrial Alpe S.R.L. había fallecido.
La principal defensa de la Sra. González en esta instancia consiste en sostener que a pesar de que detentó formalmente el cargo de vicepresidenta, “ …jamás tuve la administración de la sociedad, ni dispuse de fondos sociales de la misma…”, es decir que si bien formalmente revestía como Presidenta no lo ejerció efectivamente. Dice también que una vez desvinculada del cargo por la Asamblea de Accionistas dejó de tener firma autorizada en las cuentas bancarias de la empresa y destaca que quien dirigía y administraba el ente era su Presidente, quien además creó la empresa, firmaba los cheques, y agrega “…la llevó adelante, y lastimosamente fue quien la llevó a su crisis final”.
Con el propósito de probar sus dichos, ofreció ante este Tribunal la prueba informativa dirigida a la Inspección General de Justicia -que se produjo a fs. 66/91-, de la cual surge que por Asamblea del 7 de febrero de 1986, protocolizada en la Escritura del 28 de abril de 1986, se aprobó un nuevo Estatuto Social de Establecimiento Industrial Alpe S.A., y, en lo que aquí más interesa, se estableció allí que “La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de dos y un máximo de diez con mandato por tres años”, y que “Los Directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vice-presidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento”
(ARTÍCULO OCTAVO).
Agrega que en ese mismo acto se designó como únicos integrantes del Directorio a Antonio Gómez Cheda, como Presidente, y a Dora Beatriz González, como Vicepresidenta (ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO), asignándoles facultades para administrar y disponer de los bienes y para operar bancariamente.
Es decir que, si bien la señora González era Vicepresidenta del Directorio de Establecimiento Industrial Alpe S.A., por así disponerlo su Estatuto, solamente podía ejercer la administración en caso de ausencia o de impedimento del Presidente, que era también su esposo, el señor Antonio Gómez Cheda.
Cabe ya decir que este extremo, es decir, el de haber sido designada para ejercer la Presidencia en los períodos fiscales comprendidos en la Resolución, no obra acreditado en las actuaciones y por ende, aún cuando el primer requisito de atribución de la responsabilidad solidaria, esto es la ocupación formal del cargo, esté debidamente acreditada con las Actas de designación en el cargo, cuya autenticidad no se encuentra en discusión, lo cierto es que no se encuentra probado el aspecto subjetivo, indispensable para dirigir el reclamo a la aquí recurrente, conforme la abundante y antigua jurisprudencia en la materia.
Debe aquí recordarse que es criterio de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal que “…los directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si éste no cumple con la intimación efectiva de pago (cfr. C.S.J.N., causa: “Brutti, Stella Maris c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 327:769). Asimismo, se ha sostenido que son tres los requisitos para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa (cfr. esta Sala, en anterior integración, in re, “Troilo, Mauro Gustavo c/D.G.I.”, del 12/06/2007, y en la actual, en autos “Paramio”, ya citado)” -conf. “Tejeda, maría Nieves”, sentencia del 30.12.2021-.
En el caso, mal puede sostenerse que la Sra. González haya actuado con dolo o culpa cuando no fue convocada para ejercer la Presidencia del Directorio de la sociedad deudora, ni se han exhibido Actas que la hayan designado en dicho carácter en los períodos que aquí importan. Más aún, tampoco se encuentra que haya ejercido en forma efectiva el cargo que detentaba: es que nada hay en dichas actuaciones que den cuenta que fuera ella la que librara los cheques u ordenara los pagos; la que gestionara la parte administrativa y/o fiscal o el pago de las cargas sociales al personal, o que presentara ella las declaraciones juradas, acciones que revelan que una persona ejerce un cargo social; en resumen, no hay rastro alguno en las actuaciones sobre su rol en la empresa, más que el haber sido formalmente Vicepresidenta y esposa del Presidente, lo cual, como ya se dijo, en este caso no es suficiente para endilgarle la responsabilidad por las deudas del ente.
En efecto, lo que muestran las actuaciones es que era el Sr. Gómez Cheda quien al constituirse la sociedad abrió las cuentas bancarias y realizó trámites propios de la gestión empresaria –vgr. Habilitación del local-, y si bien es cierto que la Sra. González aparece en la documentación suscribiéndola como Vicepresidenta, también lo hace como su cónyuge. Tal es el caso de la apertura de la cuenta de la sociedad en el Bank Boston (v. fs. 113/114 ant. adm. Cpo. N°1 respons. solidaria).
Ello, sumado a que no surge de las actuaciones que se haya desempeñado en la gerencia de la sociedad, ni que hayan tenido función empresaria alguna vinculada a su administración impide confirmar en el caso la pretensión fiscal notificada en la Resolución.
En ese sentido, ha dicho la Cámara que “…para tener por configurada la responsabilidad solidaria prevista en los arts. 6º, inc. d, y 8º, inciso a, de la ley de rito se debe atender al ejercicio real y efectivo de la administración societaria y a la existencia de un factor subjetivo de atribución; extremos que no se verifican respecto del aquí actor y tampoco pueden ser inferidos por la circunstancia de que “figura como (...) firmante” en las cuentas bancarias…” (conf. “Colucci, Ariel”, sentencia del 28.3.2023, el subrayado es del original), jurisprudencia que resulta de aplicación al caso en el que no existen elementos probatorios suficientes para fundar la atribución de responsabilidad a la Sra. González por las deudas impagas de Establecimiento Industrial Alpe S.A.
Por ello, corresponde revocar la Resolución, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial el tratamiento de las demás cuestiones planteadas. El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Revocar la Resolución N° 106/09, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Jorge Eduardo Iñon, en su carácter de patrocinante de la recurrente, en la suma de $40.480, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en las etapas cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.10.24 09:58:16 -03:00 Date: 2023.10.30 10:07:06 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.30 13:02:33 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.30 13:02:34 -03:00
Fin de la sentencia