Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 33539-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas. En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 142, contra la regulación de honorario practicada en el punto 2 de la sentencia de fs. 136/138 –por considerarlos altos–, teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y las etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior (cfr. arts. 6°, 7°, 19, 37 y 38 de la ley 21.839). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 7639/2024/CA1; GONZALEZ, DORA BEATRIZ (TF 33.539-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2024.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia de fs. 136/138 el Tribunal Fiscal de la Nación –en lo sucesivo, “TFN”–, resolvió revocar la resolución apelada, con costas.
Luego de describir las expresiones esgrimidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, declaró que en la causa, si bien inicialmente se había hecho lugar a la prueba informativa y pericial contable, posteriormente se tuvo a la recurrente por desistida de la producción de esta última. Señaló que la litis consistió en resolver si la extensión de responsabilidad dispuesta por el organismo recaudador, respecto de la Sra. Dora Beatriz González, se ajustó a los parámetros de la ley de rito fiscal.
Expuso que a la actora se le impuso el pago de diversas obligaciones fiscales, como responsable solidaria de Establecimiento Industrial Alpe SA, en atención al cargo de vicepresidenta que allí detentaba.
Destacó que las obligaciones en cuestión versaron sobre diversos impuestos, accesorios y multas, firmes y consentidas, quo previamente habían sido reclamadas en juicios de ejecución fiscal contra la empresa –deudora principal–, que no fueron satisfechas.
Expresó que el presidente de la firma había sido el Sr. Antonio Gómez Cheda, quien falleció.
Especificó que la principal defensa de la Sra. González consistió en que, si bien había sido designada vicepresidenta de la firma, jamás tuvo a su cargo la administración ni dispuso de sus recursos económicos; quien se ocupaba de ello –prosiguió con el relato– era el presidente, que fundó la empresa, firmaba los cheques y, finalmente, la llevó a su crisis final.
Afirmó que, en prueba de sus dichos, la Inspección General de Justicia informó que, por asamblea del 7/2/86, se aprobó un nuevo estatuto social de Establecimiento Industrial Alpe SA, estableciéndose que la administración de la sociedad estaría a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fijara la asamblea, con mandato por tres años; además, que los directores designarían a su presidente y vicepresidente en su primera sesión. En ese mismo acto –continuó– se designó como únicos integrantes del directorio al Sr. Antonio Gómez Cheda –presidente– y a la Sra. Dora Beatriz González –vicepresidenta–, con facultades para administrar y disponer de los bienes y operar con las cuentas bancarias.
Puso de resalto que, por un lado, el estatuto preveía que la vicepresidenta sólo ejercería la administración de la empresa en caso de ausencia o de impedimento del presidente; y por el otro, que el presidente –el Sr. Gómez Cheda– era el esposo de la Sra. González.
Negó que en los periodos fiscales comprendidos en la resolución apelada se hubiere comprobado el elemento subjetivo vinculado con la figura “responsabilidad solidaria”, aplicada por el fisco nacional.
En orden a ello, declaró que mal podría sostenerse que la apelante actuó con dolo o culpa, cuando no fue convocada para ejercer la presidencia del directorio de la sociedad deudora. En este aspecto, agregó que no obraron en la causa elementos que dieran cuenta de que fuera designada en ese cargo, como tampoco que lo ejerciera en forma efectiva. Precisó que nada hay en autos que demuestre que ella librara cheques u ordenara pagos, que gestionara la parte administrativa y/o fiscal de la empresa –presentando las declaraciones juradas–, o que realizara pagos de las cargas sociales del personal.
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c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Explicó que si bien la Sra. González suscribió cierta documentación en su carácter de vicepresidenta, lo hizo por ser cónyuge del Sr. Gómez Cheda.
En orden a ello sostuvo que, para tener por configurada la responsabilidad solidaria, debe atenderse al ejercicio real y efectivo de la administración societaria y a la existencia de un factor subjetivo de atribución, extremos que –aseveró– no se encontraron en la causa.
II. Que contra dicha sentencia se alza la parte demandada a fs. 150 –recurso concedido a fs. 151–, expresando sus agravios a fs. 157/163, los que no fueron contestados por la parte actora (v. fs. 170).
En su memorial, la representación fiscal califica de arbitraria a la sentencia apelada, acusando que no valoró debidamente la prueba producida en la causa.
Señala que la Sra. González resultó ser la única integrante del directorio de Establecimiento Industrial Alpe SA a la fecha en que se inició el procedimiento de determinación de oficio, debido a que el presidente había fallecido.
Destaca que por escritura del 28/4/86 la actora fue designada para integrar el directorio de la sociedad, en calidad de vicepresidenta.
Efectúa una transcripción de ciertos segmentos del acta de la asamblea celebrada el 28/4/86, poniendo de resalto que la representación legal de la sociedad correspondía al presidente del directorio y al vicepresidente, quienes actuarían en forma indistinta. Desecha la idea de que el fisco deba acreditar la existencia de un acta posterior a la mencionada.
Declara que el Banco de la Nación Argentina, el Bank Boston NA y el Credicoop Cooperativo LTDO, informaron que la actora estaba autorizada para operar las cuentas bancarias de la firma.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).
IV. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 7639/2024/CA1; GONZALEZ, DORA BEATRIZ (TF 33.539-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 9/5/24).
V. Que en atención a las características que presenta la litis, corresponde examinar y resolver si la sentencia apelada –en cuanto revocó la resolución 106/09 (DV ORR1), que luce a fs. 8/25–, se ajusta a derecho.
Dicho acto administrativo determinó de oficio la responsabilidad personal y solidaria de la Sra. Dora Beatriz González, en su carácter de vicepresidenta de Establecimiento Industrial Alpe SA, intimándola a que ingresara la suma de $324.690,60 y aplicándole una multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, graduada en un 70% del impuesto omitido.
VI. Que, según se puede apreciar, el nudo del debate se sitúa en el ejercicio efectivo del cargo de vicepresidente de la compañía por parte de la actora, dado que no fue desconocida su designación.
Previo a investigar el asunto, tórnase necesario repasar sucintamente los alcances de la figura aplicada por el fisco nacional.
VII. Desde el ángulo normativo, la ley 11.683, en su parte pertinente, establece que: “Están obligados a pagar el tributo al Fisco, bajo pena de las sanciones previstas en esta ley… Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios…” (art. 6° inc. d).
Concordantemente con ello, dispone lo siguiente:
“Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas… a) Todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1, del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente...”.
“En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de las sociedades regidas por la Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones, y los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren” (art. 8°, inc. a).
Por otro lado, en lo concerniente al tipo de responsabilidad por deuda ajena en examen, ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la responsabilidad solidaria sólo nace frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador, de modo que, a la falta de cumplimiento de éste a la intimación de pago del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 7639/2024/CA1; GONZALEZ, DORA BEATRIZ (TF 33.539-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO gravamen, el organismo fiscal queda habilitado a extender la responsabilidad. Así pues, “el organismo recaudador sólo puede dictarla [la resolución que determina la responsabilidad solidaria] una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita –en forma subsidiaria– la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
“En esta línea de razonamiento… no se advierte obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aludida en el artículo 18, inciso a), de la ley 11683 (t.o. en 1978), aun antes de intimar de pago al deudor principal, puesto que el establecimiento de la responsabilidad requiere de su instrumentación a través del correspondiente acto que culmina el proceso determinativo” (CSJN, in re, “Brutti, Stella Maris (TF 14.814-I ac. 14815-I/15.157-I) c/ DGI”, del 30/3/04; cfr. Fallos: 327:769. Ver asimismo: “Club San Lorenzo (TF 15.012-I y ac. 15.013-I) c/ DGI”, del 19/5/10). En este mismo orden de cosas, el Alto Tribunal sostuvo también que: “… la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida…” (CSJN, “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/DGI”, del 11/2/14. Cfr Fallos: 337:58); en el mismo sentido se ha expresado esta Cámara de Apelaciones, Sala III, “De Llano, Pablo Enrique (TF 21.539-I) c/ DGI”, Causa 12293/2007, del 23/10/09 y sus citas; Sala IV, “Simonetti, Marta Patricia (TF 41.637-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 10624/2023, del 2/5/23 y sus citas; Sala II, “Troilo, Mauro Gustavo c/ DGI”, del 12/6/07, entre otros.
VIII. Que a la luz de las consideraciones expuestas, se aprecia que en el sub lite no se ha objetado la observancia ni el cumplimiento de las reglas normativas y jurisprudenciales enunciadas.
Por el contrario –como se dijo–, el entuerto se concentra en el ejercicio del cargo por parte de la Sra. González. Al respecto, la representación fiscal sustenta su achaque en la circunstancia de que las entidades bancarias consultadas informaron que la actora era cotitular de las cuentas bancarias de la empresa, y que estaba autorizada para operar con ellas.
Por otro lado, niega que le corresponda a su parte acreditar la existencia de otras actas de asamblea o directorio, diferentes a las compulsadas.
Pues bien, estos juzgadores tienen para sí que los agravios presentados por el fisco nacional, no son atendibles.
IX. Es sabido que la figura en trato se sustenta en la imputabilidad del “responsable por deuda ajena” (ley 11.683, arts. 6° y 8°), a título de culpa o dolo, de modo que el examen de su conducta se debe realizar respetando el principio de culpabilidad, tanto en materia de tributos cuanto en materia de multas (cfr. CNACAF, Sala II, “Paramio, Claudio Pascual (TF 30426-I) c/ DGI”, Causa CAF 11308/2013, del 1/10/13, y sus citas).
En el singular, el organismo no ha logrado rebatir el fundamento empleado por el tribunal de grado para resolver del modo en que lo hizo, dado que no acreditó que la Sra. González, ciertamente, hubiere ejercido el cargo. Al respecto, yerra el fisco nacional al reducir las probanzas a su cargo al acompañamiento de algún instrumento societario, pues el espectro de pruebas hábiles y conducentes no se limita a ello.
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c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Con relación a la información obtenida de las entidades financieras –antecedentes administrativos, Cpo. N° 1.
“Responsabilidad Solidaria”, que se tienen a la vista–, si bien dan cuenta de que la Sra. González estaba autorizada para operarlas, atento a su calidad de vicepresidenta –Bank Boston NA (fs. 106); Banco de la Nación Argentina (fs. 137) y Banco Credidoop. Ltdo (fs. 172)–, no menos cierto es que ello no significa que verdaderamente lo hiciera.
Es que, “se debe atender al ejercicio real y efectivo de la administración societaria y a la existencia de un factor subjetivo de atribución…” (cfr. CNACAF, Sala IV, “Colucci, Ariel Alejandro (TF 49707-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 71680/2022, del 28/3/23).
X. Que en orden a todo lo analizado, corresponde confirmar la sentencia apelada; debiendo imponerse las costas a la perdidosa, atento no advertir razón para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas. En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 142, contra la regulación de honorario practicada en el punto 2 de la sentencia de fs. 136/138 –por considerarlos altos–, teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y las etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior (cfr. arts. 6°, 7°, 19, 37 y 38 de la ley 21.839). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia