Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de San Martín · Causa 49297
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la accionada.
2Rechazando las inconstitucionalidades planteadas por la parte actora e individualizadas en el Sub. Antecedentes del presente pronunciamiento.
3Haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor Jonathan Alejandro Gonzalez , y condenando a Federación Patronal ART SAU a pagar al actor dentro de los DIEZ (10) DÍAS de notificada, la suma de Pesos Nueve Millones Setecientos Diecinueve Mil Setecientos Dos con Dos centavos ($ 9.719.702,02) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
4Disponiendo que para el caso de incumplimiento el monto se actualizará con más los intereses que se liquidarán al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en caso de que la accionada incurra en mora.
5Imponiendo las costas a la Parte Demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) .
6Procédase a practicar por Secretaría regulación de los honorarios profesionales (cfr. Ley 14.967 y art 59 Ley 15.057).
7Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese.
8Comuníquese electrónicamente a la Receptoría General de Expedientes Dptal. a los efectos de que tome debida nota; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, inciso 2° del Acuerdo SCBA Nro. 2972/00 (mod. por Ac. SCBA 3004) y Ac. SCBA Nro. 3397, art. 58.
TRIBUNAL DE TRABAJO NRO. 2
DPTO. JUDICIAL SAN MARTÌN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO C/ FEDERACIÓN PATRONAL ART S.A.U. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057
Nº de Expediente: 49297.
Id. en Receptoría: SM-5162-2025
General San Martín.
S E N T E N C I A D E F I N I T I V A
En la Ciudad de Gral. San Martín, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Número Dos de esta Ciudad , los doctores: Gabriel Eduardo Lanzavechia, Eduardo Daniel Suvidzinski y Esteban Federico Coda, en su Sala de Acuerdos, a fin de Dictar Sentencia Definitiva en los autos " GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO C/ FEDERACIÓN PATRONAL ART S.A.U. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057" Expediente N° 49.297, de conformidad con lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 57 de la Ley 15.057, resolvieron plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Doctores Eduardo Daniel Suvidzinski, Esteban Federico Coda y Gabriel Eduardo Lanzavechia, la siguiente cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Eduardo Daniel Suvidzinski dijo:
1. En fecha 27/02/2025 se presenta el actor Jonathan Alejandro Gonzalez , a través de su representación letrada, promoviendo demanda por accidente de trabajo; solicitando, en consecuencia, el cobro de indemnizaciones por la suma de $ 13.367.811 y accesorios contra Federación Patronal ART SAU .
Conforme la presentación inicial, el actor manifestó aspectos relativos a la relación laboral, tales como las tareas desempeñadas, jornada laboral y días trabajados, función y cargo, salario devengado, como así también lugar de donde desempeña labores.
Asimismo, indica que la fecha del siniestro acaeció en fecha 09/10/2024 describiendo la modalidad de la ocurrencia en el Sub. II. 2 'Siniestro', a la cual se la remite en honor a la brevedad causal.
Expone que efectuada la denuncia a la ART se le brindaron prestaciones médicas.
Indica que ha iniciado el trámite por ante la Comisión Médica, Expte. SRT Nro. 593105/24, habiendo quedado concluida la vía administrativa.
Plantea inconstitucionalidades, en el Sub. VI y X a la cuales se remite en honor a la brevedad.
Liquida, mensura y justifica los daños.
Ofrece prueba, funda en derecho y concluye con el líbelo introductorio de la instancia, solicitando se haga lugar a la acción intentada, con costas.
2. En fecha 25/03/2025 el Tribunal dispuso el traslado de la demanda.
3. Corrido el traslado ritual, en fecha 15/04/2025 compareció la representación letrada apoderada de Federación Patronal ART SAU ; a oponer excepción de falta de legitimación pasiva por los fundamentos a los que se remiten en honor a la brevedad, y a contestar demanda en subsidio, solicitando su rechazo con costas.
Reconoce contrato de afiliación a favor de la empleadora del actor denominada AISLAR DOBLE VIDRIADO HERMETICO S.R.L., por los riesgos de trabajo, alegando vigencia.
Subsidiariamente manifiesta inexistencia de relación causal entre el infortunio laboral relatado y las supuestas secuelas esgrimiendo que la ART le ha brindado todas las prestaciones y atenciones médicas; impugna liquidación; ofrece pruebas, contesta los planteos de inconstitucionalidad y pide que se rechace la demanda con expresa imposición de costas e hizo reserva de Caso Federal.
4. En fecha 13/05/2025 el Tribunal dispuso la producción de la prueba ofrecida por las partes.
5. En fecha 31/08/2026 el Tribunal dispuso dar traslado a las partes a fin de que aleguen por escrito sobre el mérito de la prueba.
6. Agotada la instancia de alegatos, el Tribunal dispuso pasar los autos al acuerdo en fecha 29/09/2026, efectuándose el sorteo correspondiente en fecha 15/10/2026, y encontrándose los presentes en estado de dictar Sentencia Definitiva .
L A D E C I S I O N :
I). Que, corresponde señalar que el llamamiento de estos autos para dictar sentencia, al haber sido consentido, convalidó cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa y, en consecuencia, cerró el debate para las partes (arts. 170 del CPCC y ccdtes; art. 14 Ley 15.057) .
II). Que, los presentes actuados ventilan la pretensión de la parte actora descripta en el Sub. 1° de 'Antecedentes', mientras que la posición de la parte demandada subyace en el Sub. 3° de 'Antecedentes'.
Por lo expuesto, sobre el marco jurídico que involucra la cuestión, considero que corresponde trasladar los extremos fácticos del caso a los presupuestos de exigencia de las Leyes Nro. 24.557, 26.773 y 27.348 -normativa vigente al tiempo de acaecimiento del infortunio laboral de autos- cuyo fundamento propicio aplicable.
III). Que, por el curso del trámite llevado a cabo y toda la etapa de conocimiento que enmarca el presente proceso, debe extraerse -y así declararé- que a estas instancias corresponde tener por asumida y aún consentida para las partes la habilitación de competencia en torno a las previsiones del art. 2 ley 15.057 para el caso, sin más consideración; reiterado ello larga y pacíficamente a la fecha, tanto por el Superior Tribunal de este Estado (ver causas SCBA L. 93.120, L. 94.821, L. 102.937, L. 78.411, L. 107.248, entre muchas otras, con los fallos rectores "Quiroga" L. 75.708, "Chávez" L. 82.871, "Abaca" l. 80.735, "V de C." L. 87.394 y los precedentes "Castillo" y "Sotelo" de la Corte Nacional., y conforme -asimismo-, arts. 75 inc. 12 y 22 CN y arts. 1,15 y 39 Const. Provincial), delimitando tales antecedentes la suerte del planteo de inconstitucionalidad del art. 46 LRT, de tal modo enervado; e igual extensión argumentativa cabe formular hacia los arts. 8, 12, 21 y 22 de la LRT, en el entendimiento de las facultades del juez natural de la causa para poder determinar el carácter laboral, tanto del accidente o profesional de la enfermedad, y establecer en base a ello la indemnización que amerite -en lo que interesa para el caso-; desde que atañe al marco competencial de esta Justicia, en lo que aquí se está dilucidando. Todo ello, agrego, clara y contundentemente refrendado en la línea de doctrina legal expuesta, a través de los precedentes. (SCBA L. 106.703 S 18-4-2011 y SCBA L. 105.098 S 10-8-2011) .
Así las cosas, sobre las inconstitucionalidades planteadas -indicadas en el acápite de 'Antecedentes'- cabe resaltar que tal planteo hilvana uno de los ejercicios más delicados de la Judicatura; y que debe atenderse como la última ratio del ordenamiento jurídico, ya que las normas que son dictadas atendiendo los procedimientos constitucionales, siempre gozan presunción de legitimidad y sólo son pasibles de atacamiento a través del planteo de inconstitucionalidad cuando resultan irrazonables o conllevan a una contradicción con el ordenamiento jurídico en los términos del art. 31 de la Carta Magna (cfr. S.C.B.A, I-1494, S. del 23-12-1997, 2027, S del 27-12-2000, entre otras en idéntica dirección; CSJN., Fallos 260:153; 264:364; 228:325; 260:153; 300:241 y 314:424) .
Asimismo, el Máximo Tribunal provincial ha dicho sobre esto que : "La condición de ultima ratio del orden jurídico caracteriza el sistema de revisión constitucional de las normas y supone confinar la posible invalidación de la regla infraconstitucional a los puntuales supuestos en que su repugnancia con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta. De tal suerte, semejante determinación, la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, no se abre paso ante la duda; solo es practicable cuando fuere de estricta necesidad adoptarla y muy clara la inconsistencia normativa, supuesto que no debe confundirse con la mera opinión divergente sobre el contenido de la ley " (SCBA LP B 79228 RSI-236-24 I 19/04/2024 Carátula: Arameda, Rebeca de los Ángeles c/ IOMA s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008 (Inconstitucionalidad art. 17 bis, ley 13.928) Magistrados Votantes: Torres-Genoud-Kogan-Soria).
El estudio de estos planteos requiere un acabado examen que demuestre de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución, causando -de este modo- un agravio. Un planteo de esa índole debe tener un sólido desarrollo argumental y fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (S.C.B.A., I. 2027, 27-12-2000, Juez Hitters (SD); I 2169, 3-12-2003, Juez Hitters (MA), JUBA B 89598; CC0203 LP, B82594 RSD-174-96 S 25-6-1996).
Sentado ello, adelanto que los planteos de inconstitucionalidad no pueden prosperar por los motivos que seguidamente expondré.
Partiendo del análisis de la razonabilidad de normas que es alcanzado por el control de constitucionalidad esgrimido, y que consiste en verificar la proporción entre el fin requerido y la medida adoptada para lograrlo, responde a valoración axiológica de justicia, que nos muestra lo que se ajusta o es conforme a la justicia, lo que tiene razón suficiente.
De lo expuesto se deriva que si hay razonabilidad en la limitación a un derecho no existe violación inconstitucional al mismo, es decir, que la razonabilidad es el test que sirve para distinguir lo constitucional de lo inconstitucional (conf. Bidart Campos, German J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Nuevo edición ampliada y actualizada a 2000-2001, T. I-A, págs. 456y ss., 805 y sgtes.).
Para cumplir con este objetivo, es fundamental identificar el núcleo esencial de cada derecho. Este núcleo representa aquello que no puede ser eliminado, modificado, dañado ni frustrado. Si se garantiza su preservación, la limitación del derecho será considerada razonable; de lo contrario, se incurrirá en arbitrariedad e inconstitucionalidad.
Desde esta perspectiva, en el caso bajo análisis no se observa que las normas impugnadas por el accionante carezcan de razonabilidad, ni que vulneren de manera sustancial los derechos del accionante. (arts. 14, 17, 28 y concordantes).
Que, con relación a la constitucionalidad del Decreto Nro. 669/2019, deberá estarse a lo dispuesto infra.
Resulta abstracto que me expida sobre las demás cuestiones planteadas, pues en modo alguno, modificarían la solución del pleito.
IV). Que, adunado a ello, debe esgrimirse que, sobre la competencia jurisdiccional de este Tribunal de Trabajo a los efectos de evaluar las afectaciones derivadas del hecho, la amplitud de conocimiento que tiene este Organismo Jurisdiccional a los efectos de entender el caso ya que se encuentra resuelta y delimitada dentro de la Doctrina Legal SCBA delimitada en precedentes "Marchetti" (SCBA. L. 121.939, Sent. del 13-V-20), "Szakacs" (L.123.792) y "Delgadillo" (L.124.309).
Conforme ello, se advierte que el accionante transitó la vía administrativa previa, obligatoria y excluyente que prevé el Sistema de Riesgos del Trabajo (Leyes 24.557, 26.773 y 27.348 y demás normativa reglamentaria y complementaria), por el siniestro laboral producido en autos.
Así las cosas, partiendo de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, con relación al concepto de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social (Organización Mundial de la Salud [O.M.S.], link de acceso: https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions " style="font-weight:bold;"> https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions , fecha de consulta al momento del dictado de este pronunciamiento).
Entonces, la Ley 15.057 ha dispuesto en su artículo 2, inc. 'j', segundo párrafo que la Jurisdicción Laboral entenderá en la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, en el marco de una acción ordinaria, que se delimita como una acción de conocimiento.
Del precedente de la SCBA en la causa 'Marchetti' (L. 121.939) , se advierte del voto del Dr. Genoud, el concepto de revisión plena de la jurisdicción laboral, veamos: ".la legislatura local sancionó la ley 15.057. En su art. 2 inc. "j" contempla la "...acción ordinaria de revisión plena.ante el juzgado laboral" .
En tal sentido, entiende el Suscripto que deberán debatirse todas las consecuencias que pudieran derivarse de la contingencia reclamada en autos, y que fuera objeto del reclamo por ante el procedimiento administrativo obligatorio referenciado ut-supra, comprendiendo así la evaluación de todas las lesiones que el actor pudiera haber sufrido como consecuencia de dicho hecho, abarcando tanto el aspecto físico como el psíquico; atendiendo ello que se encuentra afectada la salud del trabajador como consecuencia de un infortunio laboral.
Por conclusión, considera el Suscripto que la instancia jurisdiccional debe indagar sobre las secuelas incapacitantes padecidas por el accionante con motivo del infortunio laboral, que se encuentren articuladas y reclamadas por el accionante y que se hallen debidamente probadas.
V). Que, por una cuestión metodológica corresponde adentrarme en el análisis de las excepciones y defensas planteadas por la accionada de falta de legitimación pasiva ; a cuyos fundamentos se remiten en honor a la brevedad; esgrimidas en su contestación de demanda.
Por ello, corresponde tratar la defensa planteada.
Sabido es que mediante estas defensas se controvierte la existencia de la legitimatio ad causam ; es decir, quien demanda o contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir sobre el objeto que versa el juicio.
En palabras similares, podríamos decir que la legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en un proceso judicial, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifiquen su pretensión.
Se ha dicho que: "...por falta de acción debe entenderse la ausencia de la calidad invocada por el actor o la atribuida respecto del demandado, pues la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial." (Fallo citado en "Código...comentado y anotado" Tº IV-B, Morello, Sosa y Berizonce, p. 256 y ss.).
Por lo que, analizando las constancias de autos, surge que el accionante solicita hacer efectiva una pretensión indemnizatoria consistente en una reparación por las afecciones que dice haber adquirido como consecuencia directa del accidente de trabajo, fundada en ley especial (acción sistémica correspondiente a la Ley 24.557 y sus mod.) y no por las reglas del Derecho Común, todo lo cual lleva a concluir que la defensa introducida deberá rechazarse.
Por lo expuesto, la defensa introducida de falta de legitimación pasiva, deberá ser rechazada.
VI). Que, tal como ha quedado configurada la cuestión, corresponde avanzar con el análisis del fondo, y por ello, efectuar en análisis del material probatorio a fin de delimitar los aspectos debatidos en autos. Y atendiendo al sistema de apreciación de la prueba contenido en el artículo 57 de la Ley 15.057 conforme las reglas de la sana crítica, corresponde ponderar al proceso en su desarrollo total y en cuanto su múltiple unidad:
VI.1. Que, del análisis de la prueba informativa dirigida a Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de fecha 20/03/2025 14:51:37 p. m. surge que se recurrió a la vía administrativa reglamentaria (Expte. SRT N°: 593105/24), por el siniestro acaecido en fecha 09/10/2024, quedando concluida la vía administrativa.
VI.2. Que, del estudio de la prueba documental acompañada por las partes en los escritos constitutivos del proceso, como así también del expediente administrativo SRT y de la prueba informativa dirigida a la AFIP (hoy ARCA) agregada en fecha 04/02/2026 10:40:10 a.m. considero que el actor se desempeñó como trabajador dependiente de AISLAR DOBLE VIDRIADO HERMETICO S.R.L. al momento del siniestro laboral sufrido, empleador que aseguraba los riesgos del trabajo a través de la demandada Federación Patronal ART SAU.
Por tanto, debe considerarse que de encontrarse probado el siniestro recaído en autos, deberá entenderse por obligada en los términos de ley a la accionada.
VI.3. Que, en mérito a los escritos de demanda, contestación de demanda y documentación acompañada a los mismos, adunado a la prueba informativa a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo agregada, considero probado que el día 09/10/2024 el actor sufrió un siniestro laboral y que fue aceptado por la demandada en los términos del Dto. 717/96.
VI.4. Que, del análisis de la prueba pericial psicológica producida en autos en fecha 29/09/2025, el perito arriba a la siguiente conclusión: ". De la evaluación psicodiagnóstica realizada, se concluye que en el señor González, Jonathan Alejandro, las secuelas del accidente le produjo una modificación subjetiva, lo que jurídicamente se conoce como daño psíquico, compatible con un cuadro de Trastorno por estrés postraumático (F43.1 D.S.M.IV), (neurosis que se desencadena en su sintomatología a partir del evento dañoso), de grado moderado con un 7 % de incap acidad permanente (punto 1.22.1 del baremo de Dr. Castex y Dr. Silva), concomitante al accidente sufrido.".
Asimismo, que del análisis de la prueba pericial médica producida en autos en fecha 09/04/2026, el perito arriba a la siguiente conclusión: ".La actora presenta incapacidad que puede guardar relación de causalidad con el infortunio de autos. dado por la documental y el mecanismo del accidente. Justipreciamos dicha incapacidad que es de grado parcial y de carácter permanente, basado baremo del decreto 549/2025 (es igual al baremo Ley 24.557 en referencia a oftalmología), por las secuelas a nivel de ojo izquierdo en el 1%, con más los factores de ponderación, actividad y edad (5` 4=9 de 1%=0,09%), dando un total del 1,09%(uno con nueve centésimos por ciento).." .
Con base a la experiencia en la materia del médico actuante, los exámenes clínicos efectuados y el material probatorio producido en autos, el perito arriba a las conclusiones citadas de las que no encuentro mérito para apartarme y tampoco advierto otras constancias en la causa que me permitan alejarme de sus conclusiones o que denoten un grosero error en la labor pericial; constando además que la experticia se ha cumplimentado con los baremos de ley. Es por todo ello que considero que la pericia goza de plena eficacia probatoria (art. 54 y 57 de la Ley 15.057).
En tal sentido, considero probado que el accidente de autos ha generado secuelas incapacitantes que advierten estricta regla de causalidad, sin que existan otras constancias en autos que permitan desvirtuar la pretensión incoada por la actora.
Consecuentemente, considero probado que el actor padece una incapacidad parcial y permanente del: 8,09% de la T.O. proveniente de del daño físico, psíquico y respectivos factores de ponderación; producto de haber padecido: secuelas a nivel de ojo izquierdo y psicológicas , y que guarda relación causal con el siniestro sufrido por la parte actora.
Sobre el baremo aplicable, tal como regla el art. 8 de la Ley 24.557 (ccdte. Art. 9 Ley 26.773) se dispone que el grado de incapacidad debe confeccionarse en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, elaborada por el Poder Ejecutivo Nacional y la cual pondera entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.
Es así, que la aplicación de tales baremos resulta obligatoria, y que tal criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes: "Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial" 12/11/2019. Expte. CNT 47722/2014 y "Seva, Franco Gabriel c/ Asociart ART S.A. s/ accidente ley especial. CSJN, 5/8/2021, como así también por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el marco los autos "Agosto, Guillermo Elvio Fabián contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", causa L. 121.391, sent. 19/2/2020, Mág. Votantes: Kogan-de Lázzari-Soria-Pettigiani.
Todo ello, concordante con la Doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el precedente "Mansilla Martin Maximiliano c/ Proincia ART.S.A. S/ Accidente de Trabajo" (SCBA LP L 118.181 s 19-10-2016) en cuanto determina la vigencia -aplicación material y temporal- que regía la cuestión al momento de la toma de conocimiento de la incapacidad y/o consolidación del daño.
Lo cierto, es que durante el transcurso del presente proceso se ha dictado el Decreto Nro. 549/2025, el cual genera una modificación sustancial en la materia, ya que introduce una nueva Tabla de Incapacidades Laborales, derogándose así la anterior normativa: Dec. 658/96, 659/96 y mod. 49/2014; y disponiéndose norma transicional en el artículo 3°.
Sin perjuicio de ello, y en atención a lo ya expuesto precedentemente, corresponde la aplicación del baremo vigente al momento del infortunio, resultando así que la disposición del Dec. 549/2025 presenta una objeción constitucional y convencional insuperable en cuanto pretende alcanzar contingencias ocurridas y situaciones jurídicas sustanciales nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Ello, toda vez que la Tabla de Evaluación de Incapacidades, aun cuando constituye un instrumento de naturaleza técnico-científica posee efectos sustanciales y no puede ser determinada como una mera norma procedimental, ni adjetiva. Su aplicación incide directamente sobre los elementos esenciales para determinar la existencia, entidad y extensión de la incapacidad resarcible; y, por consiguiente, sobre la cuantificación de la prestación dineraria que le correspondiera al trabajador afectado. Deduciéndose así que el porcentaje de incapacidad no constituye una mera consecuencia del procedimiento destinado a su reconocimiento, sino uno de los factores que integran directamente la determinación de la prestación prevista por el Sistema de Riesgos del Trabajo.
Concordante con ello, cobra operatividad lo reglado por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece, como regla general de derecho transitorio, que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, pero que no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario, y que aun la retroactividad establecida legalmente no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Tal conclusión se ve reforzada cuando la aplicación del nuevo régimen resulta perjudicial para el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional conforme el art. 14 bis de la Constitución Nacional, debiendo asimismo ponderarse el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales receptado en el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por lo que, la valoración de la incapacidad efectuada en autos debe fundarse en las previsiones del baremo vigente al momento del infortunio laboral, declarándose la inaplicabilidad al sublite del Dec. 549/2025, y la vigencia operativa del Dec. 658/96, 659/96 -en su caso- y 49/2014.
En tal sentido, si bien el perito médico efectuó la valoración de las secuelas incapacitantes conforme las previsiones del Decreto 549/2025, corresponde determinar el porcentaje de incapacidad con arreglo al baremo temporalmente aplicable al caso.
A tal fin, habrá de efectuarse una identificación correlacional entre las secuelas constatadas por el experto y las previsiones contenidas en la Tabla de Evaluación de Incapacidades vigente al momento del infortunio, trasladando la descripción médico-funcional efectuada en la pericia a los parámetros de valoración previstos por el Decreto 659/96 y sus modificatorios, a fin de establecer el grado de incapacidad que jurídicamente corresponde reconocer.
En tal cometido, no se advierten modificaciones sustanciales ni consecuencias que redunden en detrimento del trabajador, ni objeciones sobre el instrumento que hayan sido debidamente identificadas por las partes, máxime cuando el porcentual atribuido por el experto se encuentra comprendido dentro de los límites mínimos y máximos previstos por el baremo legalmente aplicable, razón por la cual corresponde justipreciar la incapacidad en los mismos términos porcentuales determinados en la pericia.
VI.5. Que, del análisis de la prueba informativa dirigida a Superintendencia de Riesgos del Trabajo, (Expte. SRT precitado), surge que no se advierte la existencia de preexistencias relativas a la incapacidad laboral del trabajador accionante en autos.
Aspecto que no ha sido desvirtuado, cuestionado, ni desvirtuado a través de los medios idóneos (Art. 289 y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación).
VI.6. No se encuentra probado que se hubiesen abonado las sumas adeudadas al Trabajador con motivo del infortunio laboral debatido en autos.
VII). Que, habiendo quedado determinada la existencia de afectación de la salud del trabajador, derivada de un infortunio laboral en el marco del vínculo jurídico entre la empleadora del accionante y la accionada, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente ( cf. sub. II de 'La Decisión ) a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
Así las cosas, la Ley 24.557 dispone en su artículo 14 que respecto las prestaciones por Incapacidad allí indicadas, que, una vez declarada el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral, el damnificado percibirá una indemnización de pago único, según el porcentaje de incapacidad.
Correspondiendo así, para el caso aquí ventilado, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. (Art. 14, inc. 2, acápite "a", de la Ley 24.557).
Por su parte, la Ley Nro. 27.348, complementaria de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización a fin de evitar los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso Base. Es por ello por lo que regló por el artículo 11° la sustitución del artículo 12° de la Ley 24.557, a fin de reglar un criterio de determinación del ingreso base para proceder al cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva.
Es así, que el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispuso en el inciso primero que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Y, que los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Asimismo, el inciso segundo del artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en fecha 27/09/2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019, el cual dispuso la sustitución de la tasa de interés prevista en el artículo 12, inc. 2 de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, por el equivalente a la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado; es así como el Decreto determinó el modo y el quantum sobre el guarismo a emplearse.
Adunado a ello, bajo el DNU precitado, conforme artículo 2° se otorgó la facultad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de dictar normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 Ley 24.557 y así como también medidas tendientes a simplificar el pago de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales. En esa sintonía la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispuso, a través de las Resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023, la fórmula para calcular los intereses que surgen de la sumatoria de las variaciones del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - No Decreciente.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto de referencia, en el marco de la Causa L. 129.800, autos caratulados: "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL" , todo lo cual, y sin perjuicio de las cuestiones planteadas en autos, y por razones de brevedad, congruencia y economía procesal, corresponde adecuar el presente pronunciamiento al criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, adhiriendo tales fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019. Asimismo, y atendiendo que las resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023 dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) fueron en el marco de la función prevista por el DNU Nro. 669/2019, estas deben correr la misma suerte que la normativa que les diera causa.
Finalmente, cabe destacar que la misma Ley de Riesgos de Trabajo ha contemplado pautas de actualización del crédito (art. 12, ley 24.557, texto según 11, ley 27.348) donde se advierte que, en la especie, el legislador ha tenido la finalidad de evitar la depreciación del crédito por transcurso del tiempo.
Por lo que, consecuentemente, siempre ha de tenerse en cuenta la fecha del hecho generador del daño a reparar y la fecha en que se ordena judicialmente el pago de las prestaciones, para así indagar, objetivamente, si entre dichos momentos se han producido variaciones económico-financieras, por las múltiples razones que pueden acaecer en nuestro país, a fin de determinar si se ha producido una alteración de la realidad económica de la pretensión del accionante.
Rigiendo, en tal sentido, aquel precepto sostenido por el Suscripto, en cuanto que el derecho ha de ser interpretado conforme las pautas en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los Tratados sobre Derechos Humanos, los Principios y los Valores Jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (cf. criterio art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que, un análisis fraccionario del Derecho, no permitiría efectuar una integración de las normas de modo armónico.
VIII). Que, efectuadas las consideraciones que anteceden procedo a determinar el quantum indemnizatorio, individualizando y ponderando los elementos de juicio que sirven de base a la presente decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad (conf. L 37.437 sent. del 2-VI-87; L 52.908 sent. del 23- XI- 93 de la SCJBA), siguiendo las pautas vertidas en el Sub. de La Decisión que antecede y realizando una liquidación preliminar conforme el texto original del art. 11 de la ley 27.348.
En cuanto al modo de actualización del crédito, considero que debo efectuar una aclaración respecto al criterio que he sostenido en anteriores pronunciamientos.
En tales oportunidades entendí que, frente al proceso de depreciación monetaria, resultaba necesario acudir a mecanismos destinados a preservar adecuadamente el contenido económico del crédito reconocido al trabajador.
Sin embargo, un nuevo análisis de la cuestión, a la luz del régimen específico establecido por el legislador para las prestaciones dinerarias derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y lo solicitado por la parte actora en el punto 13 de su libelo de inicio, me lleva a revisar aquella posición.
Consecuentemente, entiendo que la existencia de una tasa legal específicamente prevista por el art. 12 de la ley 24.557, conforme la modificación introducida por el art. 11 de la ley 27.348, constituye una circunstancia jurídicamente relevante que conduce a adoptar, para estos créditos, el mecanismo de cálculo allí establecido.
Ello no implica desconocer las razones que oportunamente me llevaron a sostener el criterio anterior, sino efectuar una revisión de la solución a partir de las circunstancias normativas, jurisprudenciales actualmente relevantes y lo solicitado por la parte actora.
En consecuencia, sin desconocer el criterio que anteriormente he sostenido y dejando expresamente a salvo que se trata de una modificación de mi posición sobre la cuestión, habré de aplicar en el presente caso el modo de actualización contemplado en el art. 11 de la ley 27.348, por entender que ella constituye el régimen legal específico aplicable al crédito objeto de condena.
Así, tomando en consideración la prueba informativa dirigida a la oficiada AFIP (hoy ARCA), la cual se encuentra agregada en autos, el valor del Ingreso Base Mensual del actor ascendió a la suma de $ 456.970,39 (importe calculado conforme lo expuesto ut-supra , esto es, de acuerdo lo dispone el texto de la Ley 24.557 -según texto de Ley 27.348-, y utilizando a tal fin la publicación de los índices RIPTE extraída de: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte "> https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte ; tratándose, en esta instancia, de la mera aplicación de una operación aritmética a partir de parámetros ya definidos conforme los índices que son públicos para las partes, en el enlace de acceso indicado precedentemente.
Que, a dicha suma, y en atención a lo dispuesto en art. 12, inc. 2do. de la Ley 24.557 -texto según Ley 27.348- corresponde agregar el devengamiento, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la presente liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, el cual asciende a la suma de $ 356.781,46.
Por lo que, finalmente, corresponde decir que el Ingreso Base Mensual para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, corresponde a la suma de $ 813.751,85.
Es por ello por lo que, en mi opinión, por imperio de lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en los temas del Sistema de Riesgos del Trabajo, la demandada debe abonar a la actora las siguientes prestaciones:
1. Indemnización de pago único (art. 14, Inc. 2 a, de la Ley 24.557). Corresponde otorgar al actor la prestación que, por incapacidad parcial y permanente establece el art. 14 inc. 2 a) del mismo cuerpo legal, la cual asciende se extrae de los parámetros indicados precedentemente, esto es: IBM * 53 * (65/Edad al momento de la PMI) * % de Incapacidad Laboral.
Por lo que, para el caso, aplicando los valores debidamente acreditados, corresponde: $813.751,85 x 53 x (65/28) x 8,09% = $ 8.099.751,69
Monto que supera el mínimo establecido por el Decreto 1694/2009, vigente al momento del infortunio laboral de autos. Ello, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Aiello, Roberto Alfredo c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley especial" (03/09/2019) y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Bruno Estela Laura c/ Provincia ART S.A. s/ Enfermedad accidente" (L. 120.061) .
2. Indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado (art. 3 de la Ley 26.773): Que corresponde calcular la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773, ascendiendo el monto a la suma de $ 1.619.950,33.
En definitiva, considero que para el presente caso corresponde a la demandada pagar al actor la suma de Pesos Nueve Millones Setecientos Diecinueve Mil Setecientos Dos con Dos centavos ($ 9.719.702,02) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
Que, concordantemente con lo expuesto ut-supra respecto del DNU Nro. 669/2019 (y su inaplicabilidad al caso de autos); propicio, de conformidad con lo que dispone el inc. 3 del art. 12 de la LRT -en su redacción según Ley 27.348- que en el caso en el cual la accionada efectivamente incurra en mora, el crédito lleve un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago.
IX). Que, concordantemente con lo expuesto ut-supra respecto del DNU Nro. 669/2019 (y su inaplicabilidad al caso de autos) como así también lo dictaminado precedentemente sobre el art. 12 de la Ley 24.557 (según texto ordenado por art. 11 de la Ley 27.348) propicio que la cuestión debe ser solucionada a través de la aplicación de un índice de readecuación monetaria. Por lo que propicio la inaplicabilidad al caso de autos de lo dispuesto en el art. 12 inc. c) de la ley 24.557 (conf. Ley 27.348), y disponer que, para el caso de incumplimiento el monto se actualizará el capital se actualizará, según el coeficiente que se obtenga de la división entre el índice RIPTE publicado a la fecha del incumplimiento y el índice RIPTE publicado a la fecha de cobro y, sobre dicho resultado, corresponde añadir un interés puro del 3% anual.
X). Que, teniendo en cuenta que el actor ha debido iniciar el presente proceso para obtener la reparación de los daños que sufriera como consecuencia del infortunio del que fue víctima, estimo que las costas deben ser impuestas a la Parte Demandada vencida (arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057; art. 68 del CPCC y ccdtes.) .
XI). Que, la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se diferirá para el momento de la liquidación.
A tal fin, se dispone se practicará con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117.427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional") . Asimismo, lo será también de conformidad en los términos del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, con base en los fundamentos del precedente: "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto la disposición normativa incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 730) resulta análoga a la prevista en los artículos 1 y 8 de la ley 24.432, que modificaron, respectivamente, el artículo 505 del Código Civil y el artículo 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, siendo que en el marco de la causa precitada, y a partir del dictamen del señor Procurador Fiscal (cuyos fundamentos compartieron los Sres. Magistrados del Máximo Tribunal Federal) se resolvió que la cuestión quedó encuadrada en las decisiones ya adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes registrados en Fallos 332:921 ("Abdurraman"), 332:1118 ("Brambilla") y 332:1276 ("Villalba"), donde la CSJN se expidió a favor de la constitucionalidad de la modificación introducida por la ley 24.432 a los art. 505 del Código Civil, entonces vigente, y art. 277 de la ley 20.744, y por tanto, la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 730, cumple símil finalidad.
Consecuentemente, debe ser rechazado cualquier planteo que cuestione la validez, aplicación y constitucionalidad de tal normativa.
XII). Que, tratándose de una cuestión que ha ventilado el ejercicio de la acción en el marco del Sistema de Riesgos del Trabajo, en los términos de ley 24.557, 26.773 y 27.348, y a tenor de lo reglado en Art. 17 de la Ley 27.348, hágase saber la siguiente modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos:
a) Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo del trabajador (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de tres (3) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos.
En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de tres (3) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos.
b) Exclusiones al sistema de pago dispuesto precedentemente. Se excluye para esta opción plataformas virtuales no bancarias, tales como: Mercado Pago, Personal Pay, Ualá, Modo, BNA+ / Billetera Nación, Naranja X, Brubank, Reba, Pomelo, PayPal, como así tampoco ninguna plataformas o servicios financieros digitales, ni similares al efecto.
c) Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora). Apertura judicial de autos. En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos. A cuyo fin deberá requerirse que se libre oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Tribunales (5100), a efectos de la apertura de la cuenta de autos.
d) Supuesto de apertura de 'Cuenta DNI' del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Hágase saber a la accionante que podrá gestionar la apertura de una cuenta gratuita en su nombre, mediante la aplicación "Cuenta DNI" provista por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y acreditar en autos mediante constancia digital los datos de esta, N° C.B.U., CUIT y ALIAS.
Lo expuesto precedentemente, se enmarca en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SP N°16/20, que dispone que: "...todas las órdenes de pago con débito en las cuentas judiciales que libren los titulares de los órganos jurisdiccionales de todos los fueros e instancias deberán realizarse mediante transferencias electrónicas." .
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Esteban Federico Coda , por compartir los fundamentos vota en el mismo sentido.
ASÍ LO VOTO
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Gabriel Eduardo Lanzavechia , adhiere a los antecedentes reseñados por el Magistrado del primer voto, los cuales se dan por reproducidos en honor a la brevedad, como así también la solución del caso. Sin perjuicio de ello, formulando DISIDENCIA sobre la modalidad de actualización del crédito indemnizatorio, como así también la actualización del monto para el caso de incumplimiento; sin que ello implique una prolongación innecesaria del debate y dejar a salvo la opinión del Suscripto, por los fundamentos que infra se exponen:
Que, habiendo quedado determinada la existencia de afectación de la salud del trabajador, derivada de un infortunio laboral en el marco del vínculo jurídico entre la empleadora del accionante y la accionada, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
Así las cosas, la Ley 24.557 dispone en su artículo 14 que respecto las prestaciones por Incapacidad allí indicadas, que, una vez declarada el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral, el damnificado percibirá una indemnización de pago único, según el porcentaje de incapacidad.
Por su parte, la Ley Nro. 27.348, complementaria de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización a fin de evitar los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso Base. Es por ello por lo que regló por el artículo 11° la sustitución del artículo 12° de la Ley 24.557, un criterio de determinación del ingreso base para proceder al cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva.
Es así, que el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispuso en el inciso primero que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Y, que los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Asimismo, el inciso segundo del artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en fecha 27/09/2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019, el cual dispuso la sustitución de la tasa de interés prevista en el artículo 12, inc. 2 de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, por el equivalente a la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado; es así como el Decreto determinó el modo y el quantum sobre el guarismo a emplearse.
Adunado a ello, bajo el DNU precitado, conforme artículo 2° se otorgó la facultad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de dictar normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 Ley 24.557 y así como también medidas tendientes a simplificar el pago de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales. En esa sintonía la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispuso, a través de las Resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023, la fórmula para calcular los intereses que surgen de la sumatoria de las variaciones del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - No Decreciente.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto de referencia, en el marco de la Causa L. 129.800, autos caratulados: "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL", todo lo cual, y sin perjuicio de las cuestiones planteadas en autos, y por razones de brevedad, congruencia y economía procesal, corresponde adecuar el presente pronunciamiento al criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, adhiriendo tales fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019. Asimismo, y atendiendo que las resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023 dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) fueron en el marco de la función prevista por el DNU Nro. 669/2019, estas deben correr la misma suerte que la normativa que les diera causa.
Finalmente, cabe destacar que la misma Ley de Riesgos de Trabajo ha contemplado pautas de actualización del crédito (art. 12, ley 24.557, texto según 11, ley 27.348) donde se advierte que, en la especie, el legislador ha tenido la finalidad de evitar la depreciación del crédito por transcurso del tiempo.
Por lo que, consecuentemente, siempre ha de tenerse en cuenta la fecha del hecho generador del daño a reparar y la fecha en que se ordena judicialmente el pago de las prestaciones, para así indagar, objetivamente, si entre dichos momentos se han producido variaciones económico-financieras, por las múltiples razones que pueden acaecer en nuestro país, a fin de determinar si se ha producido una alteración de la realidad económica de la pretensión del accionante.
Rigiendo, en tal sentido, aquel precepto sostenido por el Suscripto, en cuanto que el derecho ha de ser interpretado conforme las pautas en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los Tratados sobre Derechos Humanos, los Principios y los Valores Jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (cf. criterio art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que, un análisis fraccionario del Derecho, no permitiría efectuar una integración de las normas de modo armónico.
Que, analizando el mecanismo del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 de la ley 27.348), consistente en la actualización del ingreso base por RIPTE y la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, resulta insuficiente para preservar el valor real de su crédito. Cabe precisar, asimismo, que el planteo relativo a su actualización fue introducido en la etapa procesal pertinente.
En ese sentido, corresponde advertir que entre el momento del evento dañoso probado en autos y el presente pronunciamiento han ocurrido profundas variaciones económicas que se encontraron enmarcadas en el aumento de la inflación y el retraso salarial. Contextualmente, resulta notorio que la evolución de las variables económicas no ha sido homogénea: mientras la inflación experimentó incrementos sostenidos y de significativa magnitud, los salarios no acompañaron en igual proporción dicha dinámica, evidenciando un claro desfasaje en términos reales.
De tal modo, el análisis de los datos objetivos considerados y analizados permite advertir una pérdida efectiva del valor del crédito que compromete su carácter reparatorio. Y, es en tales condiciones que el método legal no cumple, en el caso concreto, su finalidad declarada de evitar que los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía de la prestación (Mensaje de Elevación de la ley 27.348).
A ello cabe agregar que las variaciones de los índices oficiales empleados (IPC-INDEC, RIPTE, CBT 3-INDEC y tasa activa del Banco de la Nación Argentina) resultan datos de público conocimiento y publicados por organismos oficiales (resultando datos de libre consulta, disponibilidad y verificables por las partes).
Por lo que, con base en cálculos comparativos objetivos y en atención a que fue introducido el planteo en instancia oportuna, el caso de autos se distingue de lo dictaminado por la S.C.B.A. en las causas: "Galarza Daniel Alejandro c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in-itinere" (L. 132.729, 29/03/2026) y "Vera Carlos Issac c/ Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Revisión Res. Comisión Medica Jurisdiccional ley 15057" (L. 139.012, 24/09/2026), ambas del Tribunal de Trabajo Nro. 5 de San Martín.
Así, conforme parámetros objetivos considerados, en este caso concreto, el mecanismo practicado resulta inadecuado en orden a la preservación del crédito, evidenciándose así la alteración económica en la prestación dineraria, siendo así que este resultado, justifica utilizar un mecanismo que asegure el cumplimiento de la función resarcitoria, toda vez que su monto se encuentra apartado de la realidad económica actual, resultando necesario establecer un mecanismo de ajuste que permita al trabajador preservar el valor de su acreencia laboral.
Desde dicha mirada, corresponde brindar una respuesta orientada a justipreciar la prestación dineraria debida acorde a parámetros, pautas o mecanismos destinados a recomponer el crédito mediante el reajuste a fin de lograr la debida preservación del crédito.
Conforme ello, considera el suscripto que se deben aplicar índices que procuren adaptar la realidad económica que representa al crédito, aplicando mecanismos de actualización que reflejen el valor real de la prestación o daño, evitando índices o tasas que generen montos excesivos o desproporcionados respecto de la realidad económica, y debiéndose garantizar que la compensación mantenga equilibrio y correspondencia con el valor actual debido, siguiendo así las reglas de la equidad.
En tal sentido, correspondería brindar solución sobre la actualización del crédito, consolidando bajo principios de razonabilidad y congruencia, el derecho de propiedad de las partes y la tutela judicial eficaz (artículos 1,17,18, 28 y conc. Constitución Nacional); procediendo a su fijación, más allá de la actitud de los justiciables; ello a los efectos de mitigar las distorsiones económicas generadas por las condiciones inflacionarias, las que impactan negativamente sobre los créditos reconocidos en los procesos laborales.
Por tales razones, considero que debió disponerse la actualización del crédito mediante parámetros objetivos y razonables, idóneos para preservar su valor real y mantener la adecuada correspondencia entre la prestación reconocida y la realidad económica existente al momento de su determinación.
ASÍ LO VOTO.
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, en mérito a las consideraciones de hecho y derechos precedentes, este Tribunal FALLA :
1°). Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la accionada.
2°). Rechazando las inconstitucionalidades planteadas por la parte actora e individualizadas en el Sub. Antecedentes del presente pronunciamiento.
3°). Haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor Jonathan Alejandro Gonzalez , y condenando a Federación Patronal ART SAU a pagar al actor dentro de los DIEZ (10) DÍAS de notificada, la suma de Pesos Nueve Millones Setecientos Diecinueve Mil Setecientos Dos con Dos centavos ($ 9.719.702,02) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
4. Disponiendo que para el caso de incumplimiento el monto se actualizará con más los intereses que se liquidarán al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en caso de que la accionada incurra en mora.
5. Imponiendo las costas a la Parte Demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) .
6. Procédase a practicar por Secretaría regulación de los honorarios profesionales (cfr. Ley 14.967 y art 59 Ley 15.057).
7. Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese.
8. Comuníquese electrónicamente a la Receptoría General de Expedientes Dptal. a los efectos de que tome debida nota; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, inciso 2° del Acuerdo SCBA Nro. 2972/00 (mod. por Ac. SCBA 3004) y Ac. SCBA Nro. 3397, art. 58.
9. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Conf. Ac. 4039/21 de la SCBA y, cumplida que sea, oportunamente, ARCHÍVESE .
Suscripto por los Magistrados y Sra. Actuaria interviniente, en la Ciudad de General San Martín, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA3.971/20).
Domicilios vinculados para notificar en los términos de Resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/23:
Firmas
Funcionario firmante: SUVIDZINSKI Eduardo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: LANZAVECHIA Gabriel Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: CODA Esteban Federico - JUEZ
Funcionario firmante: COZZARIN Maria Marta - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 790-2026
Fin de la sentencia