Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7830
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7830 Sentencia: 2941 Actor: Jorge Luis Gonzalez Demandada: San Antonio Internacional SRL/QBE ART Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 18/042022 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los dieciocho días del mes de abril de 2022, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GONZALEZ JORGE JESÚS C/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTRA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO”,Expte. Nº 16227/13 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nro. dos de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 7830/21 . A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humberto Eduardo Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/70 se presentan la Dra. María Carolina Sotomayor, los Dres. Nicolás A. Fernandez y Luis María Della Rosa en representación de Jorge Luis Gonzalez, deducen demanda por daños y perjuicios contra San Antonio Internacional SRL y QBE ART por la suma de $ 1.630.388,75 en concepto de indemnización por accidente de trabajo más intereses. Señalan que el actor era empleado de la firma demandada desde abril de 2008, laboraba en Piedra Clavada como "boca de pozo", habiendo ingresado en perfecto estado de salud. Relatan que el día 3 de septiembre de 2009 en ocasión en que se encontraban realizando una maniobra de "levantamiento de motor de fondo" se desprende un caño o vaina de 40cm. de diámetro y 15 metros de longitud aproximadamente y empuja al actor contra unas barras de hierro que se encontraban en el suelo quedando su pierna aprisionada.
Se comunica a la empleadora y aseguradora la situación, se lo lleva al Centro Médico Santa Cruz para la atención médica se le detecta traumatismo de rodilla y pierna derecha. Relata pormenorizadamente todos los padecimientos sufridos por el actor y diferentes diagnósticos y tratamientos médicos realizados. Señala que la comisión médica Nro. 19 dictamina el 20 de diciembre de 2010 una incapacidad en el actor parcial y definitiva del 4%. Continúan señalando que debió seguir atendiendo su padecimiento y finalmente el 8 de septiembre de 2011 debió someterse a una intervención quirúrgica por desgarro de menisco. No obstante ello el día 9 de septiembre de 2011 la empresa lo despide del trabajo, lo que considera una clara actitud de mala fe, desentendiéndose también la aseguradora de cumplir con las prestaciones de salud a su cargo.
Plantean la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Riesgos del trabajo. Fundamentan la aplicación del art. 1113 del Código Civil, hoy derogado. Realizan el detalle de los daños que reclaman, ofrecen prueba, fundan en derecho y hacen reserva del caso federal.- II.-Se da curso a la acción de autos y a fs. 78/112 se presentan los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Federico Ferreyra Amuchástegui y Andrés Ferreyra Amuchástegui en representación de San Antonio Internacional SRL. Oponen excepción de prescripción de la acción, realizan negativa de los hechos y dan su versión de lo sucedido. Al respecto refieren que el relato del propio actor y su compañero laboral -Amato- difieren de lo reseñado en la demanda, ya que en su momento manifestaron que habían enganchado el motor y se corrieron, Amato en la punta de la planchada y el actor en el canasto contrario, casi detrás de la traba, y cuando se salio la guía y tocó la vaina que se encontraba a un costado Gonzalez refiere que no tuvo tiempo de correrse y por eso le pegó en la pierna.
Refiere a la investigación interna que realizó la empleadora donde los demás operarios son coincidentes con dicho relato y concluye que el accidente se produce por la culpa la víctima. Continúa reseñando que el actor no cumplió con el procedimiento 03-01-210 de la empresa en cuanto al "armado conjunto de fondo". Se explaya en las conductas del actor contrarias a las normas de seguridad seguida por la empresa, concluyendo en la culpa del propio Gonzalez en el desenlace del hecho. Sostiene que el hecho no fue imprevisible para el actor que conocía las maniobras y normas de seguridad. Detalla la inaplicabilidad del art. 1113 del Código Civil, por tratarse del accionar culposo de la víctima. Cita jurisprudencia acorde a su postura.
Impugna la relación de causalidad que pudiera existir en el desgarro de menisco que invoca el actor y el accidente que invoca como precedente. En forma subsidiaria impugna los rubros reclamados, plantea el tope indemnizatorio, ofrece pruebas, funda en derecho y hace reserva del caso federal.-
III. A fs.210/226 se presenta la Dra. Mariana Clement en representación de QBE Argentina ART SA; opone excepción de prescripción, en forma subsidiaria contesta la demanda, realiza la negativa de los hechos, refiere a que el actor recibió el tratamiento médico y fue determinado su porcentaje y alta médica por parte de la Comisión Médica. Agrega que no se imputa a su parte incumplimientos en materia de seguridad, y que no es solidaria con la parte demandada, siendo que además la empleadora contaba con toda la preparación suficiente para reducción de siniestralidad y trabajo seguro. Opone la falta de legitimación pasiva por responsabilidad civil, ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.-
IV. Se difiere el tratamiento de las excepciones para ser decididas en la sentencia y a fs. 249/250 se abre la causa a prueba, producida las cuales sólo la parte actora presenta alegatos y a fs. 875/889 se dicta la sentencia de primera instancia que desestima las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva, declara abstracto el planteo de inconstitucionalidad, rechaza la demanda, regula honorarios y determina la tasa de justicia. La parte actora apela el fallo, expresando agravios a fs. 894/906 y la parte demandada recurre la regulación de honorarios realizada en la sentencia a fs. 912/916. Las partes no contestan los traslados correspondientes quedando la causa en estado de elevar a Cámara de Apelaciones para su tratamiento.
V. En primer término la actora sostiene un recurso concedido en efecto diferido. En dicha oportunidad refiere que planteó la revocatoria con apelación subsidiaria por haberse intimado al actor a acompañar el original de la libreta de "alerta rojo". Agrega que la parte desconoció dicha documentación así como su entrega del manual "alerta rojo" por no constar su autenticidad; que no obstante ello se lo intima conforme la norma del art. 366 del CPCC que corresponde a documentación en poder de terceros, situación que no reviste el actor.
Seguidamente analiza los agravios contra la sentencia de fondo. Al respecto realiza una reseña de lo actuado en la causa, y se agravia por haberse declarado abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad. Al respecto refiere que la ley 26773 que derogó algunos artículos de la ley de riesgos del trabajo fue sancionada con posterioridad al evento que aquí se trata, razón por la cual no estaba vigente al momento del hecho dañoso por lo que debió declararse la inconstitucionalidad peticionada.-
En otro apartado se agravia por cuanto el Juez considera que no está acreditada la mecánica del accidente. Le agravia que se tuvo por reconocido el acaecimiento del accidente, que todas las partes reconocieron, y entienda que el actor no lo acreditó fehacientemente. Sostuvo que no se tuvo en cuenta las pruebas realizadas en el expediente, relatando nuevamente la mecánica del hecho, que la propia demandada lo reconoce y relata en su responde, haciendo referencia a la investigación interna que se desarrolló luego como consecuencia. Afirma que quedó acreditado el nexo entre el accidente y el daño causado. Agrega que el propio encargado del departamento de seguridad de la empresa, Pablo A. Hloska, lo relata en similares términos. A lo cual agrega que al requerirse la documentación de la investigación a la empresa ésta omitió acompañarla, por lo que debió aplicarse el apercibimiento del art. 55 de la LCT. Transcribe parte de la pericia en ingeniería que se tiene presente, en cuanto a las deficiencias que apunta en materia de seguridad, y lo respondido por la SRT en cuanto a que la aseguradora tenía desorden administrativo para localizar determinada documentación. Argumenta en cuanto a la carga de la prueba que erróneamente se pone sobre el actor, cuando en la causa se han aplicado normas laborales, sumado a que es la Empresa quien se encuentra en mejores condiciones de agregar prueba en el punto en cuestión. Cita antecedentes jurisprudenciales y del Tribunal Superior de la Provincia. Señala la existencia de un contrato de seguro y que la póliza cubría este tipo de eventos, siendo que la propia ART no negó el hecho. Concluye que la sentencia es arbitraria en este argumento y debe revocarse. En otro apartado se agravia por la imposición de costas al actor y al pago de la tasa por servicios judiciales. Mantiene la reserva de la cuestión federal.-
VI. A fs. 912/916 la parte demandada se agravia por el monto de honorarios. Apelan en representación de la demandada y por derecho propio. Analizan en un cuadro comparativo los emolumentos regulados concluyendo que sus honorarios profesionales son bajos en tanto los emolumentos fijados al Ingeniero Lehman son altos proporcionalmente con el monto del proceso y los porcentajes aplicados. Sostiene además que los honorarios fijados a su favor son por debajo del mínimo legal, realizando la cuantificación que entienden correcta. Hace reserva del caso federal.-
Los agravios no son contestados por ninguna de las partes quedando las presentes en estado de dictar pronunciamiento.-
VII. Primeramente habré de analizar el recurso que fue sostenido en la oportunidad correspondiente por la parte actora y que había sido concedido con efecto diferido.
Se cuestiona una decisión adoptada en materia probatoria, por cuanto se aplica un apercibimiento al propio actor por no acompañar una documentación.-
El demandado acompaña copia de la entrega al trabajador del manual de seguridad y la forma de trabajo, con una firma en original, solicita se intime a presentar dicha documentación bajo apercibimiento del art. 367 del CPCC. La actora desconoce dichas piezas. Al momento de abrir la causa a pruebas sólo se intima a la parte actora a acompañar la documentación original, sin imponer ningún tipo de apercibimiento. El actor plantea la revocatoria con apelación que aquí reitera, considerando que nunca se entregó dicha documentación a Jorge Gonzalez. En este aspecto la ley especial 1444 remite a la aplicación de las normas del código procesal civil y comercial para la producción de este tipo de prueba. En atención a ello las partes están obligadas a traer al proceso toda la documentación que sea esencial para la solución del litigio. En particular el art. 366 reglamenta como debe interpretarse la documentación en poder a una de las partes, lo que guardaría relación con lo aquí acontecido. En particular el actor desconoció la documentación; y tengo en cuenta que tampoco se le indicó ni aplicó ningún apercibimiento para el caso de no acompañarla. Surge que existió una mala práctica al intimar a la parte a acompañar una documentación que ya el actor advirtió que no la tenía. Corresponde admitir la apelación en este sentido por haberse dado una solución procesal por fuera de las manifestaciones de las partes en los escritos postulatorios de la prueba. (arts. 35, 355, 366 y ccs. CPCC, 59 y ccs. Ley 1444).-
VIII. Ingresando a los agravios contra la sentencia definitiva, en primer lugar se agravia el recurrente por la falta de tratamiento de la inconstitucionalidad propuesta. El juez no trata dicha petición por entender que la ley 26773 habría derogado los artículos cuestionados lo que entendió que tornaba abstracto el tratamiento de la cuestión. En el punto asiste razón a la parte recurrente en cuanto a que dicha ley se dictó con posterioridad al hecho que aquí se analiza, siendo que al momento del evento dañoso que se reclama se encontraban vigentes otras normas. Puntualmente la Corte fijó el criterio según el cual en materia de accidentes de trabajo la sentencia sólo declara la existencia de un derecho anterior a la sentencia y que por lo tanto las indemnizaciones a fijarse deben hacerse conforme a la Ley vigente al momento en que ocurre el accidente y no al momento de dictarse la sentencia, entre otros puede mencionarse el caso “Escudero, Adolfo C/Orandi Y Massera S.A.
POR ORDINARIO” del 28 de mayo de 1991(Fallos 314:481); “Mendoza Reyes, Rigoberto Eduardo C/Rest Services SRL S/ACCIDENTE-LEY” resuelto el 5 de Febrero de 1998(Fallos 321:45). Por pero particularmente en el fallo dictado en la causa “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente – ley especial”, la Corte Suprema resolvió que el reajuste de las indemnizaciones legales dispuesto por ley 26.773 en octubre de 2012 no puede aplicarse a la reparación de daños provocados por accidentes laborales ocurridos con anterioridad. Esta breve reseña de las interpretaciones dadas al tema pone de resalto que asiste razón al recurrente en cuanto a que ha sido arbitrario el razonamiento del juzgador de grado al entender que no correspondía el tratamiento de la inconstitucionalidad solicitada por el dictado de una ley posterior que no se encontraba vigente al momento de consolidación del daño que se reclama.
En consecuencia habré de analizar lo requerido al respecto. En el escrito de demanda se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 46 inc. 1, 5,6, 39 inc. 1 y 2 de la ley 24557 y el art. 75 de la LCT. Han transcurrido aproximadamente nueve años desde el comienzo del presente trámite, plazo suficiente para que numerosos tribunales del país se expidieran al respecto y tanto es así que actualmente las modificaciones legislativas a dichas normas han cambiado sustancialmente su alcance. No obstante ello, al ser las normas vigentes al momento del hecho se impone su tratamiento. El art. 46 en cuanto reglamentaba la competencia judicial para estos casos, solicitando el recurrente su inconstitucionalidad de conformidad con lo normado por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.
Tal como cita el interesado la CSJN ha sido clara en el dictado del fallo "Aquino", cuya doctrina resulta aplicable al caso sin mayor abundamiento. Es procedente en tal sentido la declaración de inconstitucionalidad del art. 46.1 de la LRT para el caso, toda vez que su redacción colisiona con los arts. 5, 75 inc. 12, 116, 121 al 123 de la CN disponiendo que sea de competencia de la justicia federal cuestiones de derecho común no delegadas por las Provincias a la Nación y que forman parte de las facultades reservadas por los estados provinciales. Admitiendo este planteo en esta instancia.- Solicita la declaración de inconstitucionalidad de los art. 5, 6, 39 inc. 1 y 2 de la ley 24557 y 75 de la LCT, por ser normas que transgreden los principios de igualdad ante la ley, derecho de propiedad, de no dañar a otro, principios de debido proceso, entre otros.
Tal como se señaló en forma precedente la redacción de estas normas ha sido totalmente modificada a la fecha, habida cuenta que su contradicción con los principios constitucionales ocasionó el dictado de numerosos precedentes decretando su inconstitucionalidad. En particular la redacción del art. 39 de la ley 24.557 trae aparejado la violación a los principios de igualdad ante la ley, no discriminación y los derechos de acceso irrestricto a la justicia y la garantía del debido proceso. Ello es así puesto que no se le puede impedir al trabajador obtener una reparación integral por el infortunio sufrido. Por otro lado, el principio consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional de no dañar a otro, también se ve conculcado, puesto que esta ley permite al empleador dañar a su dependiente y éste se ve impedido de reclamar por los daños ocasionados.
Como enseña Quiroga Lavié " ...el Estado no sólo está formado por el legislador, sino también por los jueces, pues la insuficiencia o perversidad de la ley debe ser compensada con fallos justos y reparadores" (Aspectos constitucionales de la ley sobre riesgos del trabajo", Rubinzal-Culzoni 1996, pág. 395). Debe leerse jueces y juezas. Por esta razón la magistratura en todo el país ha sido pacífica al defender el texto constitucional en cuanto a que no puede el poder ejecutivo invadir esferas legislativas, lo que se sucedió con la pretendida regulación de las enfermedades profesionales. Se enseña al respecto que "...se considera que el establecer si una enfermedad debe ser considerada "profesional", es materia típica e inherente a la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.
Se sostiene que se trata de temas relativos a la capacidad psico-física del "hombre", y que hace a su plenitud existencial; de allí que la materia en cuestión deba en caso de existir disenso, debatirse en los Estrados Judiciales y no ante organismos administrativos, que no están autorizados constitucionalmente para ello."(RODOLFO ANÍBAL GONZÁLEZ, Inconstitucionalidades de la Ley de Riesgos del Trabajo y responsabilidad de las ART frente a las acciones civiles, TOMO ACTIO NOTICIAS Nro. 264, pág. 181,ACTIO S.A.,Id SAIJ: DACF000073).- Habiendo precisado entonces de conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas comparto los argumentos del actor en cuanto a las inconstitucionalidades propuestas con relación al sistema legal de reparación que establecía la Ley 24.557 y el anterior artículo 75 de la LCT. por lo que corresponde admitir la procedencia de este agravio con el límite propio de que se trata de una inconstitucionalidad para el caso.-
IX. Se agravia la parte actora por entender absurda la postura del fallo de que el actor no habría acreditado la causalidad en cuanto a existencia del accidente y el daño. En el relato de la sentencia de grado luce confuso el razonamiento lógico seguido por el Juzgador, en tanto que parecería reconocer la existencia del accidente, del daño, la existencia del 4% de incapacidad, entiende que el actor tuvo insuficiencia probatoria y no analiza los presupuestos de la culpa de la víctima invocado por la demandada.-
Cabe resaltar que no constituye un hecho controvertido ni la relación laboral, ni la existencia del accidente; sino que en particular la demandada sostiene que el accidente obedeció al accionar culposo de la víctima. Puntualmente Jorge Gonzalez con su compañero laboral Amato, realizaban una maniobra conocida como "levantamiento de motor de fondo" cuando un caño de importantes dimensiones se sale de la vaina y golpea al actor aprisionando su pierna, lo que posteriormente fue determinado como una incapacidad parcial y permanente del 4% de la total obrera por parte de las Comisiones Médicas. La postura principal de la demandada consistió en invocar la culpa de la víctima, habida cuenta que conforme la prácticas en seguridad que refiere, Gonzalez no debió ubicarse en el lugar donde fue alcanzado por el caño.
Por su parte la aseguradora invoca que cumplió con sus obligaciones y que San Antonio tenía los medios para impartir la normas y prácticas propias de la tarea. Se trata de un supuesto de daño en el marco del anterior artículo 1113 del Código Civil. Se dijo anteriormente que "El art. 1113 del CCiv. habla de riesgo o vicio de la cosa. Debe entenderse que "cosa" no es una determinada maquinaria o aparato, ni un objeto concreto susceptible de ocasionar un daño. Puede ser todo un establecimiento, explotación, empresa o incluso también una actividad.....En los casos donde se concluyó que existe relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, sin duda debe considerarse que la ART ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la ley pone en cabeza de las aseguradoras, quienes no sólo califican el nivel de riesgo de sus clientes al momento de contratar sino que tienen la obligación de elaborar un plan de mejoramiento dispuesto a controlar su cumplimiento íntegro y oportuno.
El fundamento legal de la responsabilidad de la ART yace en el territorio del art. 1074 del CCiv., donde la responsabilidad contemplada es la que nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley impone una obligación. (Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, M. R. J. c/ Cooperativa de Trabajo E G Ltda. y otros s/ demanda laboral - acc. de trabajo, 16 de noviembre de 2006, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M-33949-AR|MJJ33949|MJJ33949). Bajo iguales parámetros debe analizarse el presente caso, habida cuenta que no cabe duda que la maquinaria que se manipulaba al momento del accidente constituye una cosa peligrosa, y que en forma imprevista ocasionó un daño en la salud del operario.
En el caso las demandadas cargan con la responsabilidad de demostrar la culpa de la víctima que las eximiría de responder. En esa dirección habrá de analizarse las pruebas rendidas al respectos a fin de verificar el presupuesto de culpa de la víctima por el cual no se debe responder. Al respecto la demandada acompaña en copia el "manual alerta rojo", en el cual se explica la maniobra aquí realizada. Si bien el actor niega haber recibido el manual e introduce la cuestión probatoria decidida precedentemente, al momento de absolver posiciones y reconocer documentación, Jorge Gonzalez reconoce su firma en la recepción de dicho manual (fs.348), que figura como de la empresa "Pride" y no tiene fecha, lo que impide saber si le fue entregado con anterioridad al accidente; tampoco si sabía leer ya que no consta su grado de educación en ningún apartado de este expediente, ni le fue pregundado al absolver posiciones.
Al prestar declaración testimonial Pablo Alejandro Hloska a fs. 530/532, explica la maniobra realizada, da cuenta de la investigación llevada a cabo, refiere que el operario no se habría ubicado correctamente para la realización del trabajo; también señala que se realizan capacitaciones periódicas. Tengo en cuenta que el declarante es empleado de la demandada, y que no estuvo presente al momento del hecho sino que refiere a lo que surgiría de la investigación que realizó la empresa. También tengo presente que en las mismas copias acompañadas por la demandada del manual alerta rojo se desprende que las capacitaciones agendadas son todas de fecha marzo de 2008 en tanto que el ingreso del actor fue en el mes de abril de igual año (fs. 113 y ss.).
Los testigos José Luis Perez y Esteban Alberto Olivera, quienes prestan declaración en extraña jurisdicción, y se encuentra grabada en un cd identificado como Nro. 1/227/2015, también son empleados de la demandada, ninguno conoce fehacientemente al actor de autos, ni estuvo presente al momento del hecho, reiteran con detalle la mecánica de la operación realizada, los nombres técnicos de los elementos utilizados y la forma de hacerlo, ninguno menciona si se realizaron capacitaciones al respecto, sino que dan por "sabido" que la maniobra es de determinada forma. También presta declaración en igual forma el médico Anibal Gaggero quien tampoco recuerda al actor y da precisiones médicas sobre la dolencia que padece que le es preguntada por el letrado de la demandada presente en la audiencia.
El testigo propuesto por la demandada, Mario Amato, quien resultaría ser el compañero de trabajo de Jorge Jesús Gonzalez, no compareció al pleito a prestar declaración. Fue citado en varias oportunidades y la última a fs. 720 pero no se libró la cédula para que comparezca, tampoco quedó constancia en la certificación de la actuaria de fs. 761, ni fue solicitada la prueba en esta instancia, habiendo precluído la oportunidad para su realización (arts. 36 y ccs. CPCC). Por su parte el Ingeniero Rubén Balsamello quien realiza la prueba pericial en extraña jurisdicción, ya que debía constatar documentación de la aseguradora, refiere que tenía contrato de seguro con San Antonio Internacional SRL desde 2006, que ésta era una empresa testigo en lo que se refiere a reducción de siniestralidad, que confeccionaba sus propias normas; también detalla que la Aseguradora realizó visitas de control y recomendaciones de seguridad e higiene en diversas oportunidades (detalladas a fs. 702 vta.).
Aclaro que lo detallado se desprende que ninguna de las visitas fue realizada en el equipo 373 de Piedra Clavada, Las Heras, donde se desempeñaba el actor y ocurrió el accidente. En adición a ello a fs. 721 y ss. presenta informe el Ingeniero Armando Lehmann quien no puede contestar la mayoría de los puntos de pericia propuestos habida cuenta que la empleadora no acompañó la documentación, tales como riesgos que presentaba la actividad, que tipo de acciones preventivas y de capacitación se realizaron, medidas de control adoptadas, estudios de riesgos o medidas preventivas. Menciona que se encuentra en el manual "alerta rojo" la descripción de la maniobra y que se hace referencia a una investigación interna de la empresa, que no consta en el expediente.
Por último refiere que Gonzalez trabajaba en boca de pozo, no era el responsable de la maniobra y no surge que haya recibido capacitación sobre el punto. Esta pericia fue impugnada habiéndose desestimado el pedido de nulidad al respecto. Dentro de este orden de ideas se ha señalado que "... el nexo causal no requiere prueba acabada de la existencia de una causa de orden físico, sino que es ante todo un juicio de probabilidad, el que dadas las circunstancias de modalidad, tiempo y lugar, el efecto dañoso debe atribuirse al hecho ejecutado, según el curso natural y ordinario de las cosas" (Zavala de González, "Resarcimiento de daños -3- El proceso de daños", pág. 179, 2da. ed. act.; exp. 2718/03, r.C.A.).-
Estimo que la veracidad del suceso denunciado por el actor ha quedado acreditada coincidiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en atención a que el accidente fue reconocido por las partes, con diferentes posturas pero el hecho aconteció. Tengo por probado que el actor sufrió realmente el accidente denunciado en su escrito de inicio y en el modo en que él lo relata ya que la demandada no logró acreditar el hecho de la víctima en que funda su defensa; no acompañó las actuaciones internas que menciona, tampoco la declaración del testigo Mario Amato, quien se encontraba con el actor realizando la maniobra de levantamiento del motor de fondo. Aunque Jorge Gonzalez hubiera leído el manual de "alerta rojo" puede haber sucedido el hecho por ser de forma imprevista y rápida, ante una maquinaria de importante dimensiones y peso, donde se realizaba la maniobra sin supervisión alguna; y existe una posibilidad muy cierta de que la rapidez de la circunstancia no le habría dado tiempo suficiente de descender, lo que aparece lógico en el relato efectuado por la interesada que no logró ser revertido.
Las tareas realizadas por el actor conllevan los riesgos propios de la actividad, lo que fue aclarado por todas las partes, la reglamentación que invoca la propia aseguradora y mecanismos de controles que invocan (conf. Reglamentación de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Capítulo 15 del Decreto 351/79 Reglamentario del Decreto Ley 19.587/73. No probó la empleadora accionada haber brindado a su dependiente la capacitación necesaria en materia de higiene y seguridad en el trabajo en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas.(Decreto Ley 19.587/73 y su Decreto Reglamentario 351/79). Se encuentra suficientemente acreditado que la empleadora demandada incumplió su obligación de adoptar en el caso las medidas de seguridad e higiene adecuadas a fin de evitar la producción de daños en la salud de su dependiente mientras éste se desempeñaba a sus órdenes, desde el momento en que le impuso al actor operar en una maquinaria riesgosa sin capacitarlo debidamente para ello.
El artículo 111 del Decreto 351/79 Reglamentario del Decreto Ley 19.587/73, que reza: "Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a los que están destinadas". Ninguna prueba produjo la accionada tendiente a demostrar su oportuno cumplimiento. Estos incumplimientos constituyen transgresiones a las normas dirigidas a preservar la seguridad e higiene en el trabajo (artículos 512, 902 y 904 del Código Civil, Decreto Ley 19.587/73, Decreto Reglamentario 351/79), derivando en un accionar negligente por el que debe responder.- Al momento de interesar la demanda con relación a la aseguradora no realiza imputaciones específicas sino que demanda a las partes en forma conjunta y por los fundamentos hasta aquí precisados la aseguradora no logró conmover el argumento propuesto por el actor, tampoco demostró haber cumplido cabalmente las medidas de seguridad a su cargo, lo que la hace responsable por el desenlace de los daños aquí peticionados en los términos de los artículos 512, 902 y 904 y concordantes del Código Civil.
X. Incapacidad. En su reclamo la parte actora entiende que existe un 15% de incapacidad, por su parte la comisión Médica determinó un 4% de incapacidad laboral parcial y definitiva en el actor. A fs. 798/799 el Dr. Mario Vargas realiza su informe pericial como médico traumatólogo, relata los antecedentes del actor, y dictamina el 9% de incapacidad laborativa. Funda su discrepancia con lo informado por las comisiones médicas, en consideración a que el actor fue atendido en varias oportunidades, que detalla, y no tuvo reparación, asimismo fue intervenido y no tuvo mejoría, considera que es una persona joven que vio perjudicada las oportunidades de trabajo físico por su lesión y la imposibilidad de desarrollar su capacidad física durante mucho tiempo. Agrega que actualmente conduce un remis. Esta pericia fue ampliada y explicada con más detalle a fs. 833 y ss. ante la impugnación de la aseguradora. Cabe señalar que el actor ingresó a laborar para la demandada con el 100% de su capacidad laboral, tal como se desprende de fs. 482. El Decreto 659/96 utilizado por las comisiones médicas para la incapacidad ubican la del actor dentro de la denominada menisectomía sin secuelas (entre 3 y 6%), en tanto que el Dr. Vargas lo hace en la incapacidad denominada síndrome meniscal con signos objetivos (hidrartrosis, hipotrofia muscular, bloqueo, maniobras; entre 8 a 10 %). Entiendo que en el análisis de la pericia médica del Dr. Vargas y su respuesta a la impugnacíon, interpretada conforme las pautas impuestas por el art. 455 del CPCC; con relación a las secuelas físicas, teniendo en cuenta que con posterioridad al dictamen de las comisiones médicas -que por su parte no fundan su dictamen acabadamente-, Jorge Jesús Gonzalez continuó con tratamientos y dolores, los que claramente describe el experto en su dictamen, quien lo revisa en el año 2019 y refiere que aún persiste con dolor meniscal- desgarro oblicuo-, que fue intervenido en diversas oportunidades y continúa con dificultades. Por ello habré de tener por acreditado que el actor padece un 9 % de incapacidad parcial y permanente de la total obrera.-
XI. Indemnización. Sobre el particular la actora en su escrito de demanda solicita la aplicación de la fórmula conocida como "Mendez" y realiza la operación aritmética que considera aplicable. Tal situación es impugnada por la demandada en su responde solicitando limitación al monto indemnizatorio. Recuerdo que es un derecho de todas las personas la reparación integral a los daños que padece de raigambre constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y así el la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su art. 5º inc. 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”. Y por ende todo menoscabo debe ser indemnizado por el responsable. Situación que se encuentra actualmente contemplada por el art. 1746 del Código Civil y Comercial.
La integridad física tiene en si misma un valor indemnizable toda vez que la capacidad plena tiene un valor económico propio independiente de que la víctima no perdió su trabajo o la posibilidad de producir bienes. Con relación a la cuantificación dineraria del daño material es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que si lo que se pretende es determinar una suma que permita reparar el perjuicio caracterizado como pérdida de ganancia, es forzoso precisar la entidad de ese daño, a fin de justificar la proporción entre el mismo y aquella indemnización (cfr. Fallos 285:55; 297:3O5; 3O9:1269, entre otros). En orden a ello, una ecuación que cumpla los requerimientos de la Corte en el tema, debería reparar en las condiciones específicas de la víctima, como ser su edad, sexo, profesión, ingresos, situación familiar, tipo de dolencia y -primordialmente- grado de minusvalía laborativa.
(conf. El daño material en la acción civil: formula "Vuoto II" versus prestaciones sistémicas; ERNESTO JORGE AHUAD; Diciembre de 2008, www.saij.jus.gov.ar, Id SAIJ: DACC080102).- La Corte Suprema de la Nación ha plasmado su postura a partir de la causa "Arostegui Pablo Martín C/ aseguradora de Riesgos del trabajo SA y Pametaal Peluso y Compañía SRL " donde se apartó de la llamada fórmula "Vuotto". En dicho pronunciamiento una vez más se hace referencia a la necesidad de valorar al trabajador como un ser integral y no sólo como un productor de resultados económicos. A partir de allí la Cámara Nacional del Trabajo dicta el conocido fallo "Mendez" cuya fórmula propuesta recepta el actor de autos.
Entiendo que esta cuantificación propuesta responde adecuadamente a la reparación del daño en el caso. Tengo en cuenta la edad de la víctima al momento del hecho (27a), lo que importa que tenía muchas chances de mejorar su situación laboral, su incipiente inicio en la actividad petrolera que podría haber continuado, la dificultad de conseguir un nuevo empleo con la dificultad física que arroja la secuela, ya que es de público conocimiento que en todos los ámbitos laborales se requiere el "apto físico", y que como lo refiere el médico interviniente debe conducir un remis en la actualidad; el tiempo real que le resta para poder acceder a un beneficio jubilatorio y el costo de vida que es de conocimiento público en cuanto a su incremento en la actualidad.
La demandada en su responde solicita la aplicación de la variable de 50 años para la edad jubilatoria, postura que no habré de admitir, habida cuenta que dicha franja etaria es únicamente para quienes se desempeñan en la actividad petrolera con determinada cantidad de años de aportes, y en el caso el actor con 27 años fue despedido de la empresa y no puede acceder a dicho régimen jubilatorio.- En esta línea de exposición a los fines de realizar el cómputo habré de considerar las variables a considerar además de las contempladas en la propia fórmula que son el 4% de interés anual y 75 años como edad jubilatoria. A saber el cálculo a realizar sería el siguiente C= a x( 1 -Vn) x 1 ; donde Vn= 1 / (1 + in), donde A = salario mensual x (60 dividido la edad del accidentado) x 13 x porcentaje de incapacidad; N = 75 menos la edad del accidentado, i = 4 % = 0,04; a: representa el retiro por período (equivalente a la disminución salarial anual provocada por la incapacidad), n: el número de períodos (cantidad de años que restan al damnificado como expectativa de vida – 75 años-).
Está fórmula establece que el monto del resarcimiento por daño material.-
Con la documentación aportada por todas las partes se acreditó que al momento del hecho motivo de autos el actor contaba con veintisiete (27) años de edad. El valor mensual del ingreso propuesto por la parte actora y que fue confirmado por la incorporación de los recibos de haberes era de $ 16.500, lo que no fue controvertido por la demandada al impugnar la liquidación; en tanto que el porcentaje de incapacidad determinado es del 9%. Así, la indemnización que correspondería al actor, de conformidad al procedimiento de cálculo referido es la suma de $ 909.271.12. A dicha suma habrá de descontarse $7200 que fue lo abonado por la aseguradora tal como lo describe en su responde arrojando un total de $ 902.071,12. El reconocimiento de pérdidas e intereses corresponde desde el momento en que se produjo el daño, fecha en que por otra parte se calcula la prestación. Siendo ello así el cálculo de intereses corresponde desde el momento en que se produjo ese daño hecho que da nacimiento a la obligación de indemnizar (cfr. art. 1748 del CCC antes art. 1083 Código Civil)debiendo utilizarse a tal fin la aplicación de la Tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuentos comerciales, a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos.- Resta señalar que tampoco corresponde aplicar el tope indemnizatorio que pretende la demandada, habida cuenta que lo aquí decidido no afecta el patrimonio del obligado al pago y el capital de condena no produciría una renta mensual superior a los ingresos que pudiera percibir el actor.-
XII. Daño moral. El daño moral es una lesión en los sentimientos por el sufrimiento o dolor que padece una persona. El Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia tuvo oportunidad de señalar que "Un criterio razonable y adecuado para la cuantificación del daño moral está dado por las reglas de la experiencia y por los criterios de consenso que se presenten a partir de la ponderación de indemnizaciones fijadas para casos similares, lo cual brindará además cierto grado de previsibilidad a la decisión. Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano, lo cual no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente; de modo que, para cuantificar la reparación es preciso tener en cuenta la lesión a los sentimientos, afección y tranquilidad anímica que afectó a la actora” (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 466, Folio 2532/2538).(T. S. R. c/ SANATORIO SAN JUAN BOSCO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Expte. Nº T-15.896/96 (T-1.822/11-TSJ),18-09-13, T. XVI, SENTENCIA, REGISTRO Nº 557, FOLIO Nº 3.151/3.159, PROT. ELECT. TSS1 011 S.131). Además de estos fundamentos que hago propios, no puedo dejar de ponderar que el actor de autos tenía 27 años al momento del accidente, que el suceso fue traumático y trajo aparejado innumerables secuelas para su vida particular y de relación, de lo que dan cuenta las pericias realizadas en autos. En virtud de lo señalado entiendo que es procedente su indemnización que se establece prudencialmente en la suma de $ 400.000, dejando constancia que dicha suma se establece a la fecha de esta sentencia y sobre la que habrá de calcularse los intereses dispuestos en forma precedente una vez que la misma quede firme.-
XIII. En atención a la forma en que me he pronunciado a los agravios de la parte actora, que modifican sustancialmente la solución del litigio, entiendo que los agravios de la demandada devienen abstractos, en cuanto a la cuantía de los honorarios, habida cuenta que por imperio de lo normado por el art. 278 del CPCC se debe adecuar la imposición de costas y monto de honorarios. En este sentido y a las sumas de condena aquí determinadas más los intereses de la tasa activa del banco Nación conforme lo dispuesto por el art. 29 de la ley arancelaria el monto sobre el cual habrá de realizarse el cálculo de los honorarios de de $ 4.527.357,77.
Estamos en presencia de un pleito donde se tramitaron todas las etapas procesales (conf. arts. 57 y 58 ley 3330), la parte actora obtuvo la mayor parte de reconocimiento de sus pretensiones, las partes han producido numerosas medidas de pruebas en un proceso que lleva una duración de nueve años aproximadamente (art. 13 y ccs. ley 3330). Corresponde regular los honorarios por la labor en primera instancia a favor de los Dres. Carolina Sotomayor, Luis María Della Rosa y Nicolás Alejandro Fernandez, en forma conjunta, por su representación de la parte actora en la suma de $ 900.000; a favor de los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Federico y Andrés ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta por la representación de la parte demandada en la suma de $ 670.000; a la Dra. Mariana Clement por la representación de la aseguradora en la suma de $ 630.000; los honorarios del Ingeniero Armando Lehmann y del Médico Mario Vargas se establecen en la suma de $ 65.000 para cada uno de ellos (conf. arts. 13, 18, 29, 57 y ccs. ley 3330 y arts. 1,6,14,15 ley 3276.).- Por su actuación en esta instancia se regula los honorarios de Luis María Della Rosa en la suma de $ 300.000 y Andrés y Federico ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta en la suma de $ 180.000 (arts. 20, 24 y ccs. ley 3330).-
Costas. Teniendo en cuenta que se modificó la sentencia de grado corresponde imponer las costas en la instancia de grado a las demandadas por el principio objetivo de la derrota, y en segunda instancia las costas deberán ser soportadas en el orden causado, habida cuenta que las partes no han contestado los agravios de la contraria (art. 68 CPCC).-
Por las razones hasta aquí expuestas entiendo que la sentencia no es justa, debiendo modificarse en los términos anteriormente detallados, como así también readecuarse los montos por honorarios de conformidad con el resultado propuesto del pleito.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIV. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede, con excepción a lo decidido en cuanto a la tasa de interés que corresponde calcular sobre los montos de condena. Como sostengo reiteradamente sigo el criterio del Excmo. Tribunal Superior de Justicia por ejemplo, entre otras causas, en “Varas, Enriqueta Margarita c/ Pardo, Antonio Balois y otro s/ laboral- cobro de pesos” (Protoc. Elect.TSS1 003 S 211) entre otros o “Palmieri, Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ ordinario” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo admisible este agravio y propongo modificar la tasa estableciendo que se utilizará la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XV. Que, llamado a dirimir la disidencia en el Acuerdo, únicamente con relación a la tasa de interés aplicable, debo adelantar que coincido con el voto de la Dra. Griselda I. Bard, como he tenido oportunidad de pronunciarme en distintas causas por la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, adhiero al voto de la Dra. Bard.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dra. Bard dijo:
XVI. En base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1) Admitir el recurso que fue concedido con efecto diferido con relación a la improcedencia de la intimación a la parte de la documentación. 2) Admitir los agravios de la parte actora, declarar abstracto el agravio de la demandada y en consecuencia revocar los puntos 4, 5 y 6 del fallo de primera instancia. 3) Declarar la inconstitucionalidad para el caso de los arts. 46 inc. 1, 5,6, 39 inc. 1 y 2 de la ley 24557 y el art. 75 de la LCT conforme los fundamentos expuestos en el considerando VIII. 4) Admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por Jorge Jesús Gonzalez contra San Antonio Internacional SRL y QBE ART SA a quienes se condena en forma solidaria al pago de las suma de $ 902.071,12 por daños materiales y a la suma de $ 400.000 por daño moral, como consecuencia del accidente sufrido por el actor de autos; con más los intereses determinados en el considerando XI) que deberán abonar dentro del término de diez días de encontrarse firme la presente bajo apercibimiento de ejecución. 5) Imponer las costas en la instancia de grado a las demandadas por el principio objetivo de la derrota, y en segunda instancia las costas deberán ser soportadas en el orden causado, habida cuenta que las partes no han contestado los agravios de la contraria (art. 68 CPCC). 6) Regular los honorarios por la labor en primera instancia a favor de los Dres.
Carolina Sotomayor, Luis María Della Rosa y Nicolás Alejandro Fernandez, en forma conjunta, por su representación de la parte actora en la suma de $ 900.000; a favor de los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Federico y Andrés ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta por la representación de la parte demandada en la suma de $ 670.000; a la Dra. Mariana Clement por la representación de la aseguradora en la suma de $ 630.000; los honorarios del Ingeniero Armando Lehmann y del Médico Mario Vargas se establecen en la suma de $ 65.000 para cada uno de ellos (conf. arts. 13, 18, 29, 57 y ccs. ley 3330 y arts. 1,6,14,15 ley 3276.). Por su actuación en esta instancia se regula los honorarios de Luis María Della Rosa en la suma de $ 300.000 y Andrés y Federico ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta en la suma de $ 180.000 (arts. 20, 24 y ccs. ley 3330).
Dejando constancia que dichas sumas no contienen IVA, debiendo adicionarse en caso de corresponder. 7) Tener presente la reserva del caso federal. 8) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dr. Monelos dijo:
XVII. Por la forma en que me pronuncié a la primera cuestión propongo el siguiente pronunciamiento 1) Admitir el recurso que fue concedido con efecto diferido con relación a la improcedencia de la intimación a la parte de la documentación. 2) Admitir los agravios de la parte actora, declarar abstracto el agravio de la demandada y en consecuencia revocar los puntos 4, 5 y 6 del fallo de primera instancia. 3) Declarar la inconstitucionalidad para el caso de los arts. 46 inc. 1, 5,6, 39 inc. 1 y 2 de la ley 24557 y el art. 75 de la LCT conforme los fundamentos expuestos en el considerando VIII. 4) Admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por Jorge Jesús Gonzalez contra San Antonio Internacional SRL y QBE ART SA a quienes se condena en forma solidaria al pago de las suma de $ 902.071,12 por daños materiales y a la suma de $ 400.000 por daño moral, como consecuencia del accidente sufrido por el actor de autos; con más los intereses correspondientes a la Tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA desde que cada suma fue determinada que deberán abonar dentro del término de diez días de encontrarse firme la presente bajo apercibimiento de ejecución. 5) Imponer las costas en la instancia de grado a las demandadas por el principio objetivo de la derrota, y en segunda instancia las costas deberán ser soportadas en el orden causado, habida cuenta que las partes no han contestado los agravios de la contraria (art. 68 CPCC). 6) Regular los honorarios por la labor en primera instancia a favor de los Dres.
Carolina Sotomayor, Luis María Della Rosa y Nicolás Alejandro Fernandez, en forma conjunta, por su representación de la parte actora en la suma de $ 900.000; a favor de los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Federico y Andrés ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta por la representación de la parte demandada en la suma de $ 670.000; a la Dra. Mariana Clement por la representación de la aseguradora en la suma de $ 630.000; los honorarios del Ingeniero Armando Lehmann y del Médico Mario Vargas se establecen en la suma de $ 65.000 para cada uno de ellos (conf. arts. 13, 18, 29, 57 y ccs. ley 3330 y arts. 1,6,14,15 ley 3276.). Por su actuación en esta instancia se regula los honorarios de Luis María Della Rosa en la suma de $ 300.000 y Andrés y Federico ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta en la suma de $ 180.000 (arts. 20, 24 y ccs. ley 3330).
Dejando constancia que dichas sumas no contienen IVA, debiendo adicionarse en caso de corresponder. 7) Tener presente la reserva del caso federal. 8) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XVIII. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula y de conformidad con lo expuesto en cuanto al tema en disidencia. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 18 de Abril de dos mil veintidos.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el recurso que fue concedido con efecto diferido con relación a la improcedencia de la intimación a la parte de la documentación.-
2. Admitir los agravios de la parte actora, declarar abstracto el agravio de la demandada y en consecuencia revocar los puntos 4, 5 y 6 del fallo de primera instancia.-
3)Declarar la inconstitucionalidad para el caso de los arts. 46 inc. 1, 5,6, 39 inc. 1 y 2 de la ley 24557 y el art. 75 de la LCT conforme los fundamentos expuestos en el considerando VIII.-
4. Admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por Jorge Jesús Gonzalez contra San Antonio Internacional SRL y QBE ART SA a quienes se condena en forma solidaria al pago de las suma de $ 902.071,12 por daños materiales y a la suma de $ 400.000 por daño moral, como consecuencia del accidente sufrido por el actor de autos; con más los intereses correspondientes a la Tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA desde que cada suma fue determinada que deberán abonar dentro del término de diez días de encontrarse firme la presente bajo apercibimiento de ejecución.-
5. Imponer las costas en la instancia de grado a las demandadas por el principio objetivo de la derrota, y en segunda instancia las costas deberán ser soportadas en el orden causado, habida cuenta que las partes no han contestado los agravios de la contraria (art. 68 CPCC).-
6. Regular los honorarios por la labor en primera instancia a favor de los Dres. Carolina Sotomayor, Luis María Della Rosa y Nicolás Alejandro Fernandez, en forma conjunta, por su representación de la parte actora en la suma de $ 900.000; a favor de los Dres. Ignacio Ferreyra de las Casas, Federico y Andrés ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta por la representación de la parte demandada en la suma de $ 670.000; a la Dra. Mariana Clement por la representación de la aseguradora en la suma de $ 630.000; los honorarios del Ingeniero Armando Lehmann y del Médico Mario Vargas se establecen en la suma de $ 65.000 para cada uno de ellos (conf. arts. 13, 18, 29, 57 y ccs. ley 3330 y arts. 1,6,14,15 ley 3276.). Por su actuación en esta instancia se regula los honorarios de Luis María Della Rosa en la suma de $ 300.000 y Andrés y Federico ambos Ferreyra Amuchástegui, en forma conjunta en la suma de $ 180.000 (arts. 20, 24 y ccs. ley 3330). Dejando constancia que dichas sumas no contienen IVA, debiendo adicionarse en caso de corresponder.-
7. Tener presente la reserva del caso federal.
8. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201123S.221 Tomo: XCVI Sentencia: 2941 Folio Nº: 048/062 Secretaria: 1
Fin de la sentencia