Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2543/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en PE726356-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE742639-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2543/23-TSJ Interlocutorio N°: 3828 Actor: GONZALEZ JORGE JESUS Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTRA Objeto: ACCIDENTE DE TRABAJO Fecha: 30-08-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3828 FOLIO Nº 6989/6993 PROT. ELECT. TSS1 042 I.241
Río Gallegos, 30 de agosto de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “GONZALEZ JORGE JESUS c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. Y OTRA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”, Expte. Nº G-16.227/13 (G-2543/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Sres. Vocales, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Basanta:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, San Antonio Internacional S.R.L., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui (cfr. PE726356-2022), contra las sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrantes en PE448077-2022 y PE700271-2022.- Mediante la primera, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 46 incisos 1°, 5° y 6°, 39 incisos 1° y 2° de la ley Nº 24.557 y del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo; admitió la demanda de daños y perjuicios condenando en forma solidaria a San Antonio Internacional S.R.L. y QBE A.R.T. S.A. a abonar una suma dineraria en concepto de daño material y moral, con más intereses; impuso las costas de Primera Instancia a las demandadas perdidosas y las de Segunda Instancia las distribuyó en el orden causado; y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes (cfr. PE448077-2022).- En su segundo pronunciamiento, dio tratamiento al recurso de apelación oportunamente incoado por la demandada, luego de advertir que por un desafortunado error había quedado sin tratamiento. Esta impugnación fue -finalmente- desestimada, lo que implicó confirmar el rechazo de la excepción de prescripción dispuesto por el juez de la instancia de origen. Asimismo, reguló los estipendios profesionales de los letrados intervinientes e impuso las costas al quejoso vencido (cfr. PE700271-2022).- El casacionista motiva su recurso en las causales de quebrantamiento de forma, violación o errónea aplicación de la ley, en los términos de los artículos 2 º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. PE726356-2022, págs. 25 y 26).-
Dicho recurso fue declarado formalmente admisible por la Cámara de Apelaciones en PE742639-2022.-
II. Que, encontrándose reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y, en consecuencia, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido.- Así lo votamos.- Voto de las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Corresponde adelantar que disentimos con la solución propiciada por los distinguidos colegas preopinantes.
Los presentes autos llegan a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, San Antonio Internacional S.R.L., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui (cfr. PE726356-2022), contra las sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrantes en PE448077-2022 y PE700271-2022. En la primera de ellas -y en lo que aquí interesa- la Alzada resolvió admitir los agravios de la parte actora y revocar los puntos 4 y 5 del fallo de grado. En consecuencia, admitió la demanda de daños y perjuicios promovida, condenando a las demandadas en forma solidaria al pago de una suma de dinero en concepto de daño material y moral con más intereses y costas. En la segunda de ellas, desestimó los agravios de la parte demandada confirmando el fallo de grado en cuanto al rechazo de la excepción de prescripción con costas.- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había rechazado las excepciones de prescripción y de falta de legitimación pasiva interpuestas por las accionadas, declaró abstractos los planteos de inconstitucionalidad y finalmente resolvió rechazar la demanda con costas a la accionante (cfr. fs. 873 y vta. ptos. 1, 2, 4, 5).-
II. La parte demandada interpone recurso de casación acusando quebrantamiento de formas, errónea aplicación de la ley y arbitrariedad denunciando que la Cámara de Apelaciones omitió el tratamiento de cuestiones conducentes para la justa resolución de la causa (cfr. PE726356-2022, págs. 25/26).-
Como primer agravio aduce que la resolución del 31 de octubre de 2022 carece de fundamentación suficiente e incurre en errores de derecho inaceptables que configuran, incluso, supuesto de absurdo ya que se basó en meras afirmaciones dogmáticas sin valorar en forma alguna las circunstancias fácticas y jurídicas que ameritaban -a su criterio- la admisión de la excepción de prescripción. Entiende que aquello conduce a calificar a la sentencia como infundada o deficientemente fundada, categoría que integra, también, la causal de arbitrariedad normativa (cfr. PE cit., pág. 26).- Agrega que la cuestión central del agravio reposa en los efectos jurídicos que corresponde otorgarle a la carta documento que luce a foja 32, dado que de ello depende si la acción se encuentra prescripta o no. La Cámara de Apelaciones considera que tiene efectos suspensivos cuando, en estricto derecho, no lo tiene (cfr. PE cit., pág. 27).-
Entiende que en la carta documento de foja 32 la actora no la constituyó en mora por los rubros aquí demandados, lo expuesto no importó una interpelación o un requerimiento de pago de los daños y perjuicios reclamados en autos y esa sola circunstancia dejaría en perfecta evidencia que el fallo recurrido desnaturaliza por completo las nociones básicas contenidas en el artículo 3986 del Código Civil. Afirma que la única intimación, interpelación o requerimiento de pago efectuada en el telegrama se circunscribió a los haberes del mes de septiembre de 2011, oportunidad en que nada dijo sobre “daños y perjuicios”, siendo todo lo demás expuesto de un tenor meramente informativo (cfr. PE cit., pág. 28).- Añade que la Cámara de Apelaciones: “…incurre entonces en un desacierto jurídico notorio e inconvalidable, cuando otorga efecto suspensivo al telegrama de fs. 32…” (cfr. PE cit., pág. 30).-
Seguidamente se agravia por la “…arbitraria condena por daño material dispuesta en la sentencia…”. Sostiene con relación a ello que la Cámara de Apelaciones soslaya el tratamiento de la defensa oportunamente expuesta y se aparta arbitrariamente de la solución propuesta por su parte, que no es otra que la sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Medina”, “Argañaraz” y “Perez” (cfr. PE cit., págs. 31 y 33).- Afirma que se ha llegado a una convalidación de la condena que legitima la tacha de arbitrariedad denunciada, en tanto la resolución debió haber estado a las pautas emergentes de ‘Medina’ y reducido el monto a pagar (cfr. PE y pág. 33).-
Aduce que el desacierto debe ser enmendado a través del recurso de casación, reduciendo el monto condena en base a las pautas de ‘Medina’y distribuyendo las costas proporcionalmente (cfr. PE y pág. cits.).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE742639-2022).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE586317-2023.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Capítulo IV, Sección 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- En primer lugar se advierte que, al precisar los motivos de la impugnación, la recurrente ha querido abarcar todas las vías impugnativas previstas en las normas que rigen la casación. En efecto, acusa quebrantamiento de forma, violación o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad.-
Cabe recordar que, para que resulte procedente el recurso articulado por la causal invocada, el embate debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).-
Resulta imperativo, entonces, que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823).- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva en examen no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Se observa así, que los fundamentos del recurso de casación -en cuanto al rechazo de la excepción de prescripción- constituyen una reproducción prácticamente exacta de los agravios esbozados en el recurso de apelación, lo que denota una deficiente técnica recursiva (cfr. PE519310-2022).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. “Alvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Alvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)”, causa LP C 119.753 S, del 25/10/2017).- En este caso, reiteramos, se patentiza la insuficiencia técnica recursiva al replicarse -en el recurso de casación- argumentos similares a los esgrimidos en la expresión de agravios, sin intentar un ataque con entidad suficiente contra el desarrollo argumental expuesto por la Cámara de Apelaciones en el decisorio en crisis.-
Si bien las consideraciones vertidas precedentemente sirven de suficiente y eficiente andamiaje jurídico para declarar la inviabilidad del recurso extraordinario provincial de casación interpuesto, la naturaleza de las cuestiones traídas exigen verificar los agravios planteados a fin de aventar toda posibilidad de que se incurra en rigorismos formales.-
IV. Sabido es que el recurso de casación debe evitar hacer menciones de carácter general y debe procurar desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de crítica.-
En el caso que nos ocupa, el principal agravio se centra en torno a la disconformidad de la casacionista respecto del modo en que la Cámara de Apelaciones realizó el cómputo del término de la prescripción. Básicamente se agravia que se le reconozca efecto suspensivo al telegrama de foja 32.-
La revisión que ahora propone la nombrada implica analizar el cómputo del plazo prescriptivo y si existieron actos suspensivos o interruptivos de su curso.-
Siendo así, debemos recordar que es doctrina de éste Tribunal Superior de Justicia que: “…determinar el comienzo del plazo de prescripción es una cuestión de hecho cuya tarea compete exclusivamente a las instancias ordinarias y sólo es revisable en sede extraordinaria cuando se denuncia y demuestra que el camino seguido por el juzgador adolece de absurdo, en franca infracción de las normas que gobiernan la valoración de la prueba (conf. SCBA, Ac 58186, 27/12/1996, ‘Aflitto, Teresa Herminda c/ Transportes La Perlita S.A. s/Indemnización de daños y perjuicios’; ídem, Ac. 81434, 02/04/2003, ‘Becerro Eduardo E. y otros c/ Unión Obreros y Emp. Ind. Mad. s/ Resolución de Contrato. Daños y perjuicios’).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3106, Folio 5074/5077).- Con igual criterio, respecto del cómputo de la prescripción se ha considerado que es: “…cuestión que reviste carácter circunstancial y casuístico y cuya evaluación corresponde en forma privativa a los jueces de grado, exento de censura en casación salvo que se alegue y demuestre que nos encontramos en presencia de un caso excepcional de absurdo. En tal sentido, es insuficiente el recurso bajo estudio pues en el mismo, la recurrente sólo se limita a exhibir una discrepancia subjetiva con el criterio del juzgador, omitiendo hacerse cargo de las razones expresadas en el fallo…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XIX, Reg. 2464, Folio 3725/3727).- Tal como se desprende de los fallos precedentemente citados esta tesis encuentra aval también en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que postula sobre el particular que: “Determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo.” (cfr. sum.
“Saucedo, Leoncio Ángel c/ Ministerio de Seguridad s/ Accidente de trabajo-acción especial”, causa LP L. 120189 S, del 09/11/2020).- En efecto, la interesada no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión con el criterio de los jueces de mérito, desentendiéndose por completo del análisis que condujo a la anterior instancia a desestimar la defensa de prescripción, sin lograr concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la anterior instancia.-
V. En cuanto a la denuncia de quebrantamiento de forma, se observa que la interesada se limita a mencionar que la Cámara de Apelaciones omitió el tratamiento de cuestiones conducentes para la justa resolución de la causa, sin precisar a qué se refiere ni efectuar un desarrollo argumental que ponga de manifiesto el vicio indicado.-
En el sub lite, la recurrente no ha intentado demostrar que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, surgiendo evidente el ayuno de fundamentación, lo que torna inhábil al recurso en análisis para ser considerado admisible.-
VI. Lo mismo ocurre con relación al pretenso agravio referido a la errónea aplicación de la ley. La casacionista se limita a mencionar la existencia del vicio sin lograr poner de manifiesto la transgresión que aduce y sin indicar -aunque sea someramente- las normas a las que hace referencia y de qué manera las mismas deberían ser aplicadas e interpretadas de conformidad con las constancias que surgen de la causa.-
Ante este panorama es preciso recordar que: “…‘Existe ‘violación’ de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La ‘errónea aplicación’ de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso’ (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Ninguno de los supuestos mencionados han sido suficientemente demostrados por la interesada, pues como se dijo ésta se limitó a denunciar la existencia del vicio sin dar mayores precisiones al respecto omitiendo suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis, por lo que el planteo referido también obsta a la admisibilidad del recurso en cuestión.-
VII. En cuanto a la denuncia de arbitrariedad tampoco se observa, en el pronunciamiento impugnado, alguno de los presupuestos que configuran. Es decir, la impugnante no logra poner de manifiesto que la sentencia recurrida se aparte en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso, o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, o bien que se funde en afirmaciones meramente dogmáticas u omita pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y que sean conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Nueva Edición Ampliada y Actualizada, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: “...el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal...” (Fallos 325:2192 Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y al que remite).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr.
Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- En definitiva, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia que invoca ya que sólo se desprenden del recurso discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.- Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la casacionista no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3309, Folio 5509/5512).-
VIII. En cuanto a que la Alzada ha omitido la aplicación del antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominado “Medina”, se observa que al esgrimirse los argumentos sobre los que edifica la estructura del agravio que se invoca, la interesada omite toda relación del antecedente citado con las constancias de autos.-
Es decir, a lo largo de su recurso no desarrolla de qué manera ha sido transgredida por la anterior instancia esa doctrina y cómo la misma se relaciona con la supuesta decisión errónea de la sentencia en crisis, limitándose a mencionar que la Cámara transgrede larga y arbitrariamente las pautas indemnizatorias que consagra dicho precedente, desvinculada de todo dato objetivo de la causa; razón por la cual el planteo, en dichos términos, resulta insuficiente para su estudio en esta instancia recursiva.- No está de más recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…el recurso de casación reglamentado en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, se refiere a la doctrina legal como aquella ‘…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…’...”. De modo tal, que a los efectos del recurso de casación, sólo es doctrina legal la emanada de este Alto Tribunal dentro los cinco años anteriores a la sentencia que se ataca (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3302, Folio 5498/5501).-
IX. Que, en virtud de todo lo expuesto y la jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE726356-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE742639-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani y el voto en disidencia de los Sres. Vocales, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en PE726356-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE742639-2022.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1042I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3828 Folio N°: 6989/6993 Secretaría: 1
Fin de la sentencia