Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2459/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Fomento Minero Santa Cruz S.E., a fs. 1327/1333 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial en PE124539-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2459/21-TSJ Interlocutorio N°: 3712 Actor: GONZALEZ JUAN ALEJANDRO Demandada: FOMENTO MINERO SANTA CRUZ S.E. Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 08-09-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3712 FOLIO Nº 6595/6602 PROT. ELECT. TSS 1061 I.221
Río Gallegos, 8 de septiembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “GONZALEZ JUAN ALEJANDRO c/ FOMENTO MINERO SANTA CRUZ S.E. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº G-12.954/11 (G-2459/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, del Dr. Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada Fomento Minero Santa Cruz S.E., por intermedio de su letrado apoderado Dr. Marcelo Exequiel Quintana (cfr. fs. 1327/1333), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (cfr. fs. 1310/1322 vta.); que rechazó la demanda respecto de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo -Experta ART S.A.-, la cual había sido condenada a responder por los daños sufridos por el actor en el accidente laboral objeto de autos, en Primera Instancia (cfr. fs. 1210/1229).-
II. La accionada recurre el fallo de Segunda Instancia aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley (arts. 2° y 3° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15) (cfr. foja 1327).-
En primer lugar, se agravia porque la Excma. Cámara de Apelaciones confirmó la declaración de deserción del recurso de apelación deducido y concedido a foja 1243, rechazando la apelación y la nulidad que planteó contra la providencia que lo tuvo por notificado tácitamente de dicha concesión, con la presentación de foja 1247 (cfr. fs. 1264/1265 vta.).-
Explica que se tuvo por notificada tácitamente a la accionada Fomicruz S.E. del auto de foja 1243 que concedía el recurso de apelación interpuesto a foja 1240 (contra la sentencia de fs. 1210/1229), por la presentación de foja 1247, y como consecuencia de ello le comenzó a correr el plazo para presentar el escrito de expresión de agravios, el cual, finalmente, no llegó a presentar en término y por ello se declaró desierta su apelación (cfr. foja 1253).-
De los presentes autos surge que contra dicho proveído opuso revocatoria con apelación en subsidio (cfr. fs. 1258/1259 vta.). Mediante interlocutorio de fs. 1264/1265 se rechazó la revocatoria y se concedió la apelación subsidiariamente interpuesta, en relación y con efecto suspensivo.-
A su turno, la Cámara confirmó la deserción del recurso. Para sustentar esta decisión, brindó dos argumentos: por un lado, dijo que la apelación estuvo mal concedida pues el proveído que deniega un recurso no puede ser materia de apelación, sino de queja por apelación denegada (cfr. foja 1313 vta.); no obstante, argumentó también que aún en el supuesto de que se entendiera que la declaración de deserción del recurso es atacable por vía de apelación, el resultado final sería el mismo, habida cuenta de que el apoderado de la empleadora tomó conocimiento del proveído de foja 1243 que ponía los autos a su disposición a los fines de fundar el recurso de apelación en el plazo de diez días de notificado bajo apercibimiento de los artículos 258, 264 y 265 del CPCyC, toda vez que no puede sostenerse que tomó conocimiento del último párrafo de foja 1243 y no de los anteriores (cfr. foja 1314).- Contra esta decisión argumenta la parte recurrente, que la notificación tácita debe interpretarse con criterio restrictivo, cita jurisprudencia que así lo indica y como corolario expresa: “Tener por notificada tácitamente esa resolución implicaría generar un gravamen grave e irreparable para mi representada, tanto es así que de esa manera la deja sin posibilidad de que la Alzada pueda revisar la sentencia de primera instancia, negandole (sic) de esta manera un derecho que se encuentra consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional, la defensa en juicio. Porque pretende notificar tácitamente una resolución que esta parte nunca tuvo en conocimiento.” (cfr. foja 1330).- En segundo lugar, se agravia porque la Cámara revoca la sentencia de la anterior instancia en cuanto había condenado solidariamente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, Experta ART S.A., rechazando la demanda en su contra (cfr. fs. 1330/1333).-
En este sentido, el fallo de segunda instancia sostiene que: “…como aseguradora de riesgos del trabajo, producido un accidente la codemandada debía responder y dar las prestaciones que marca la LRT. Y cumplió con esa responsabilidad en la medida de dicha ley…Al pretenderse la reparación plena por la vía del art. 1074 del Código Civil se debió acreditar un incumplimiento concreto y de que (sic) manera ese incumplimiento tuvo relación causal con el daño cuya reparación se pretende…” (cfr. foja 1319).-
En síntesis, para la Cámara Experta ART S.A. cumplió con las obligaciones que le impone la Ley Nº 24.557 y no hubo por parte de ésta una omisión que tuviera relación causal con el accidente que padeció el actor (cfr. foja 1320 vta.).-
Contra esta decisión la casacionista argumenta que: “…la ART demandada no cumplió con su objeto, conforme lo prevé el art. 1, inc. 2. El punto a) apunta a reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, connotado con el art. 4, inc. 1, que encuadra adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. Es razonable pensar que no todo accidente puede ser prevenido, pero si (sic) es importante considerar que, para poder eludir el dichoso razonamiento, es necesario que existan disposiciones que, efectivamente, reduzcan la siniestralidad o que, al menos, así lo intenten. Así es que, ante la falta de medidas acordes a tal última voluntad, quien resulta responsable de ello no puede excusarse en que el accidente no pudo ser prevenido.” (cfr. foja 1330 vta.).- Y agrega: “Las normas citadas obligan a la ART a efectuar controles periódicos para indicar a sus asegurados las medidas de seguridad que deben tomar a los fines de prevenir accidentes, como así, también, llevar registro de siniestralidad por establecimiento, y realizar las correspondientes denuncias en caso de que las empresas no cumplan con los planes de seguridad sugeridos por las mismas.” (cfr. foja 1332).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE124539-2021) y pasan los presentes al Acuerdo en PE132347-2021.-
III. En esta etapa, se debe efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido, a la par que debe demostrar el error que le atribuye al fallo que ataca.-
IV. A la luz de estas premisas, podemos anticipar que la pieza recursiva no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce, indefectiblemente, a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a materias, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria.-
Para mayor claridad trataremos separadamente a los dos agravios esgrimidos por la recurrente.-
El primero de ellos, ya descripto en el Considerando II, reprocha a la Cámara el haber confirmado la resolución por la cual se declaró desierta la apelación que interpusiera contra la sentencia de primera instancia por no haber presentado, oportunamente, la expresión de agravios (cfr. fs. 1253 y 1264/1265 vta.).-
Su argumento defensivo es que se lo tuvo por notificado tácitamente del auto de foja 1243, segundo párrafo, cuando el mismo debía notificarse por cédula y que no se daba en el caso ninguna circunstancia que pudiera configurar una notificación tácita. De allí que había procurado se declarase la nulidad del proveído indicado y se le permitiera fundar su apelación. La Cámara, tal como se indicó, rechazó tal pretensión.-
Amén de tratarse de una situación fáctica y procesal, en principio, extraña a la casación, consideramos apropiado destacar que la situación acaecida en autos cae dentro de las previsiones contenidas en los artículos 258 y 265 del CPCyC, los que, para mayor claridad, se transcriben a continuación:
“Art. 258.- Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso ordinario, en el día en que el expediente llegue a la alzada, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notificará a las partes personalmente o por cédula. El apelante deberá expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Cuando los autos tramitaren en jurisdicción distinta de la ciudad asiento del Tribunal de Alzada el procedimiento que informa la primera parte de este artículo se cumplirá en primera instancia debiendo en el escrito de expresión de agravios o su contestación fijar las partes domicilio legal en la ciudad asiento del Tribunal de Alzada. Si no se fijare domicilio en la forma indicada, se lo tendrá por constituido en los estrados del Tribunal. (t.o. según ley 3453).”.- “Art. 265.- Deserción del recurso. Si el apelante no expresase agravios dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, la cámara declarará desierto el recurso, señalando en su caso cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso, la sentencia quedará firme para el recurrente. En el caso previsto en el último párrafo del artículo 258, la deserción del recurso será declarada por el Juez de Primera Instancia sin necesidad de elevarlos al superior. En su caso decisión (sic) será apelable en relación.”.- La regla general es que cuando se trata de sentencia definitiva en proceso ordinario (caso de autos), presentada la apelación ante el Juzgado que dictó la sentencia, las actuaciones se elevan y la Cámara es quien notifica (por cédula) la recepción de los autos y el plazo para expresar agravios, que comienza a correr a partir de dicha notificación.-
Ahora bien, esta regla tiene una excepción: cuando el Juzgado se encuentra en una localidad distinta a la ciudad asiento de la Cámara. En este caso, la citación para expresar agravios así como también la presentación del escrito respectivo, el traslado a la contraria y su contestación deben hacerse ante el Juzgado de primera instancia y una vez cumplido, se eleva la causa.-
En el sub lite, el apoderado de Fomicruz S.A. presenta la apelación contra la sentencia ante el Juzgado de Primera Instancia de Pico Truncado (cfr. foja 1240), el recurso es concedido libremente y con efecto suspensivo y se manda poner los autos a disposición del recurrente para fundarlo (cfr. foja 1243), ordenando que se notificara personalmente o por cédula. Se lo intima a constituir domicilio ante la Alzada y a efectivizar el pago de la tasa de justicia previo a remitir el proceso a la Alzada. Es oportuno recordar que la Cámara se encuentra en la ciudad de Caleta Olivia, motivo por el cual nos hallamos ante el supuesto contemplado en la segunda parte del artículo 258 del CPCyC. (cfr. foja cit.).- Posteriormente, el mismo apoderado agrega el escrito en el que cumple con el pago de la tasa de justicia, constituye domicilio y pide que se eleven los autos a la Cámara (cfr. fs. 1246/1247). Es más, en el “otro sí digo” de dicho libelo, se dirige a la Alzada constituyendo domicilio en la ciudad de Caleta Olivia. Se trata así de una toma de conocimiento, inequívoca, del proveído de foja 1243, donde le fue concedido el recurso de apelación. Merced a dicha presentación se advierte que el propio letrado revela su error pues pide que se eleven los autos a la Cámara cuando debió saber (porque, tal como se señaló, así lo prevé el Código) que antes de la elevación debía fundar su recurso. En definitiva, la omisión de expresar agravios no es por la falta de notificación sino por desconocer que antes de elevar los autos a la Cámara debía fundar la apelación que le había sido concedida (todo ello en los términos del artículo 258 del CPCyC).- La consecuencia de dicha omisión es la deserción del recurso tal como lo dispone el artículo 265 del CPCyC. De manera tal que la actuación del Juez de primera instancia no merece reproche.-
Existe abundante jurisprudencia que avala la decisión adoptada en las instancias de grado: “…la notificación deberá estimarse cumplida si de las circunstancias del caso surge de un modo inequívoco el conocimiento de la resolución por la parte interesada, aún cuando no mediare remisión de cédula.” (cfr. STJ Corrientes, “Banco Nordecoop. Coop. Ltdo. c/ Moncada Vicente R.”, del 27/08/1997, LLLitoral 1998-1, 59, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/2808/1997). “El fundamento de la notificación tácita se encuentra en el derecho de los justiciables a un proceso de duración razonable que garantiza el debido proceso (Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 8) como también en poderosas razones de lealtad y buena fe implicadas en el principio de moralidad procesal.
Derecho y valores que no toleran existan (sic) desconocimientos fictos de resoluciones judiciales cuando la realidad muestra el inequívoco conocimiento del pronunciamiento jurisdiccional por la parte, y por lo cual la notificación surte desde entonces sus efectos.” (cfr. STJ Corrientes, “Caja Municipal de Préstamos de Corrientes vs. Saiach Samuel Nelson s/ Cobro de pesos”, del 28/06/2012, www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC J 4465/13). “La notificación tácita o implícita se da en aquellos supuestos en los cuales, sin necesidad de un acto formal de notificación, la parte conoce o se presume que ha podido conocer una resolución judicial…” (cfr. CNCiv., sala F, “Storace de Gigirey Bruna c/ Marquina Silvana N.”, del 22/08/1996, La Ley 1997-A, 162 DJ 1997-1, 548, www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/JUR/2788/1996). “…En general, cuando de los autos resulta de manera inequívoca que la parte tuvo conocimiento del proveído, se produce un supuesto de notificación tácita.” (cf. STJ Santiago del Estero, “Décima Juan Antonio c/ Municipalidad de Termas de Río Hondo s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción”, del 19/03/2010, www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC J 7724/13). “…cuando de las circunstancias del caso resulte de manera inequívoca que el interesado tuvo efectivo conocimiento de la providencia o resolución, podrán suplirse las formalidades de la notificación personal o por cédula” (cfr. CFed. Seguridad Social, sala I, “Roldan Bonifacia Rosa c/ Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) s/ Reajustes varios”, del 08/06/2017, www.rubinzalonline.com.ar.
Cita Online: RC J 5081/17). “Cuando de los autos resulta de manera inequívoca que la parte tuvo conocimiento del proveído, se produce un supuesto de notificación tácita.” (cfr. CNCiv., sala E, “D. P. de H., T. C. c/ H. G. E.”, del 22/04/1983, La Ley 1983-C, 379, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/217/1983).-
V. Así pues, lo decidido por la Alzada sobre la referida controversia, no merece reproche en esta instancia; no ha existido ni la violación de la ley ni el quebrantamiento de forma que denuncia la parte casacionista. Sólo habría que hacer una pequeña aclaración, que en nada modifica la conclusión a la que se arribó. Y es que el auto que declara desierto el recurso es susceptible de apelación, la cual se concederá en relación, pues así lo dispone expresamente el artículo 265 del CPCyC en su última parte. Sin embargo y contrariando la referida previsión legal, la Cámara dice que en ese caso no procede la apelación, sino la queja porque considera que se ha denegado la apelación. Esta aclaración, que en nada altera lo decidido, tiene por única finalidad evitar que en el futuro la Alzada vuelva a incurrir en el mismo equívoco.-
VI. En su segundo y último agravio, la accionada expresa su disgusto por el rechazo de la demanda contra la ART. Dicho rechazo se basó, esencialmente, en que no se probó una relación de causalidad entre el accidente que padeció el actor con algún incumplimiento por parte de la ART de las obligaciones que la ley le impone.-
No cabe duda de que se trata de una cuestión de hecho y prueba que, en principio, es extraña a la instancia casatoria, a menos que se demuestre arbitrariedad.-
Los agravios vertidos sobre la cuestión bajo análisis, se basan en cuestiones de hecho y prueba y contienen discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquéllos. Esgrime, la parte recurrente, argumentos cuya revisión no compete a este Tribunal. Sus agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia casatoria; y sus críticas sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305).- En el caso concreto, debe señalarse que los argumentos esbozados por la recurrente no logran alterar la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, que establece que las cuestiones atinentes a la interpretación de la prueba son ajenas al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley.
Circunstancias estas últimas que no acontecen en la especie, toda vez que -más allá de la discordancia que pueda mantenerse con los criterios sustentados por los jueces- el fallo, en este punto, se encuentra suficientemente fundado.- En lo concerniente a que no se hizo extensiva la condena a la aseguradora Experta ART S.A., este Tribunal Superior de Justicia ya se ha expedido en un caso similar con fundamentos que es atinado reiterar, dado su directa vinculación con la controversia bajo análisis. En aquella oportunidad, este Alto Cuerpo expresó que: “…la pretensión integral contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo sólo corresponderá, eventualmente, cuando sea dable predicar que algún hecho propio (activo u omisivo) la emplaza como coautora del daño causado al trabajador.
En ausencia de esa configuración sólo responderá en el marco sistémico-tarifado, si se tratare de un siniestro asegurado, o no responderá en absoluto. La ley las emplazó también como efectoras de prevención de accidentes en el ámbito del trabajo, imponiéndoles una serie de deberes: inspeccionar, asesorar, controlar y denunciar. Ello determina un plexo de posible antijuridicidad en su obrar que franquea el acceso a la responsabilidad por omisión en los términos requeridos por el art. 1074 del Código Civil. La obligación de resarcir de la ART surgirá cuando se demuestre que por dicha omisión se le sustrajo a la víctima una posibilidad suficientemente seria (previsible) de no sufrir el daño (confr.
Machado, José Daniel, ‘Perfiles y matices de la acción civil contra las ART’, publicado en Revista de Derecho Laboral 2010-1, Ley de Riesgos del Trabajo, Tomo III, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, págs. 151/159).” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 568, Folio 3231/3237).- En síntesis, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo tienen responsabilidad, en el marco del derecho civil, por el daño al trabajador que reconoce relación de causalidad adecuada con la omisión o cumplimiento deficiente de las obligaciones que la Ley Nº 24.557 y sus normas reglamentarias y complementarias le imponen en materia de prevención de accidentes o enfermedades del trabajo.-
En el sub lite, el rechazo de la pretensión contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo se justificó, fundamentalmente, en la falta de relación causal entre la omisión de la nombrada y el accidente sufrido por el actor. En efecto, resulta imprescindible para la atribución de responsabilidad a la ART, la configuración del nexo de causalidad adecuado entre la conducta omisiva reprochada a la Aseguradora y el daño cuya reparación se pretende.-
Mario Ackerman nos ilustra sobre el particular. Explica que existen en doctrina dos criterios: El amplio, según el cual el sólo incumplimiento por la ART de las obligaciones de prevención que le competen, permite inferir su responsabilidad, sin necesidad de precisar cómo operó causalmente la omisión imputada ni indicar en qué medida el cumplimiento habría evitado la producción del daño. Y el restrictivo que exige un escrutinio riguroso de la configuración de un nexo de causalidad adecuado entre la conducta omisiva reprochada a la aseguradora y el daño cuya reparación se pretende. Agrega el citado autor que ésta última es la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostenida en los casos “Rivero c/ Techo Técnica”, del 3/12/2002; “Soria J.L. c/ RA y CES SA”, del 10/4/2007); y “Torrillo c/Gulf Oil Argentina”, del 31/3/2009 (cfr. autor cit.: “Ley de Riesgos del Trabajo”, Comentada y Concordada, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2da.
Edición, 2013, págs. 181/182).- La Cámara, tal como surge del fallo bajo análisis, ha seguido el criterio restrictivo a la hora de extender la responsabilidad a la aseguradora. De allí que se asentara, siempre en referencia a lo expuesto por la Alzada, que: “Al pretenderse la reparación plena por la vía del art. 1074 del Código Civil, se debió acreditar un incumplimiento concreto y de que manera ese incumplimiento tuvo relación causal con el daño cuya reparación se pretende […] Por ello no veo que prevención pudo haber realizado la ART cuya omisión fuera la causal del accidente que nos ocupa…” (cfr. fs. 1319/1320) y, en base a ello, concluye: “…Debe revocarse la sentencia que la condena a la reparación de los daños originados por el accidente al no surgir en autos una relación de causalidad objetiva por un determinado incumplimiento…” (cfr. foja 1320 vta.).
La postura adoptada, si bien puede ser opinable, no amerita per se ser merecedora de censura en esta instancia, en la medida que se encuentra debidamente sustentada. Sobre el particular ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad.’ (237:69)…toda vez que ‘…la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función…y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar’ (237:142).” (cfr.
Carrió, Genaro: “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria en la Jurisprudencia de la Corte Suprema”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1967, págs. 29/30).- Cuando existen distintas visiones sobre el thema decidendum, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría por parte del juzgador (aunque sea minoritaria) no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad. Siguiendo esta línea de pensamiento, ha expresado este Tribunal: “…Como vemos a favor de una y otra postura se alistan distinguidos autores, siendo por ello que no se encuentra en la adscripción por parte del juzgador de grado a una u otra teoría -en principio- fundamento bastante para agraviarse de arbitrariedad y por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencias no habilita “per se”, la admisión de su queja.” (cfr.
Sentencia, Tomos XI, Reg. 398, Folio 2154/2157 y XII, Reg. 418, Folio 2282/2288). Por ello es que no se observa en el fallo atacado vicio alguno que, en este punto, habilite su tratamiento en esta instancia, más allá de la discrepancia con la postura de la Alzada que el recurrente pudiera tener.- A mayor abundamiento, cabe agregar que indagar sobre el nexo causal constituye una cuestión de hecho y prueba, ajena a la casación, tal como se puntualizara al comienzo del presente considerando.-
Entonces, sólo demostrando que se ha configurado un caso de absurdo, podría la recurrente lograr el ingreso a la máxima instancia provincial.-
Sabido es que tratándose de una cuestión de índole fáctica, no procede la revisión en esta instancia de la tarea realizada por el órgano jurisdiccional de alzada en uso de sus facultades privativas. Regla ésta que sólo puede alterarse mediante la invocación y acabada demostración del absurdo. Consecuentemente, quien lo alegue debe acreditar que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; es necesario, por el contrario, que se acredite la existencia de un importante desarreglo en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma.
Cámara de Apelaciones, vale decir, de una anomalía extrema.- Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha señalado: “…si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de casación”, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente.” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3522, Folio 6045/6049).- En este caso, la parte recurrente circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar acabadamente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado. La casacionista pretende lograr la revisión de las circunstancias fácticas ante esta instancia extraordinaria sin hacerse cargo de los argumentos brindados por el Tribunal a quo y así no logra demostrar, puntualmente, que el razonamiento empleado por la Alzada fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes, por lo que los agravios esgrimidos en este sentido resultan a todas luces insuficientes.- La Cámara ha brindado las explicaciones en base a las cuales conformaron su criterio y analizado, en concreto, los antecedentes de la causa, justificando, de ese modo, la decisión adoptada, la cual puede no compartirse, pero satisface el recaudo de una sentencia fundada en ley, basada en las circunstancias probadas de la causa.
Razón por la cual no se advierte una equivocación grosera o un desvío lógico que pudiera dar cabida al planteo de absurdo.-
VII. Asimismo y atento a la denuncia de arbitrariedad formulada a fs. 1328, último párrafo, vale la pena acotar que la impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, como alega. Vale acotar que arbitrarias, se consideran aquellas sentencias que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino” Nueva edición ampliada y actualizada, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (cfr. SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. s/ Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega J.E c/Cía. Swift S.A. s/ Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swift S.A. s/ Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54, citado por Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Librería Editora Platense S.R.L., 2da. Edición, La Plata, 1998, págs. 479/480).- De su lado, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
VIII. En resumen, del libelo recursivo surge que los agravios de la recurrente se basan en cuestiones fácticas y procesales, propias de los jueces de grado, sin lograr demostrar que el fallo impugnado sea arbitrario o se hubiera apartado de la solución normativa prevista para el caso o careciera de fundamentación; tampoco, la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria. Razón por la cual el recurso de casación articulado a fs. 1327/1333 no logra abrir la presente vía, por lo que deberá declarárselo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial en PE124539-2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Si bien comparto la solución a la que arriban mis colegas preopinantes, esto es, la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación incoado por la demandada Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado a fs. 1327/1333, lo hago por los fundamentos explicitados a continuación.-
II. El primero de los agravios, denominado “nulidad de la notificación”, no resulta de recibo.-
Para que la casación tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional.-
No encuentro que esta exigencia técnica del recurso se vea abastecida en el caso.-
Se observa que los argumentos desplegados en esta parcela del recurso constituyen una reproducción prácticamente exacta de los esgrimidos en el recurso de reposición con apelación en subsidio que luce a fs. 1258/1259 vta. En efecto, el simple cotejo de los fundamentos exhibidos a fs. 1258 vta./1259 con aquéllos desarrollados a fs. 1329/1330 permite verificar esta circunstancia, lo que denota una deficiente técnica recursiva.-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. “Alvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Alvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. Estado)”, del 25/10/2017, LP C 119.753 S).- Por otra parte, no basta con la enunciación de alguna de las causales idóneas de nulidad, sino que es menester su demostración en términos claros y concretos. Esta tarea no fue satisfactoriamente cumplida por la recurrente, quien únicamente se limita a denunciar la violación del artículo 164, incisos 4° y 5° del CPCyC (cfr. foja 1328), a recordar el contenido del artículo 135 (cfr. foja 1329) y a citar el artículo 247 del mismo cuerpo normativo (cfr. foja 1330).-
De lo dicho se desprende que la casacionista omite desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado, resultando insuficiente para este cometido la cita de normas presuntamente infringidas, si no se justifica en el caso concreto cómo se produjo esa violación.-
La recurrente también omite citar como infringidos los artículos 258 y 265 del ordenamiento adjetivo que dieron sustento al fallo, lo que importa un argumento adicional que denota la insuficiencia del recurso bajo examen.-
Idéntica suerte adversa debe correr la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como la contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que su agravio no pasa del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que esa cláusula constitucional tutela. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
III. El segundo de los agravios, enderezado a cuestionar la falta de responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, carece de soporte argumental suficiente que permita hallar un equívoco en el fallo cuestionado.-
Conforme lo ha indicado anteriormente este Alto Cuerpo, “…‘el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño (…) conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración de absurdo. Vicio que no queda acreditado con las objeciones vinculadas a la evaluación del material probatorio e infracción a la normativa aplicada referida a la responsabilidad o con la propia opinión discrepante sobre tales tópicos, actitud que, no resulta base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario…’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3062, Folio 4973/4976), afirmaciones que resultan de plena aplicación al supuesto bajo examen.- En el caso, las alegaciones de la impugnante no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debió resolverse el tópico indicado -sin aportar precisiones de magnitud que conduzcan a demostrar un grosero desvío lógico-, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo.-
Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, presentando su propia versión sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado.-
IV. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada, Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado, a fs. 1327/1333 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial adjunta en PE124539-2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante del Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani, del Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Fomento Minero Santa Cruz S.E., a fs. 1327/1333 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial en PE124539-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-,; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1061I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3712 Folio N°: 6595/6602 Secretaría: 1
Fin de la sentencia