Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de Morón · Causa MO-34981-2022
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 730 del CCyC para el caso concreto, por resultar su aplicación confiscatoria y lesiva de los derechos de propiedad y justa retribución de los auxiliares de justicia intervinientes.
II. Rechazar el PEDIDO DE PRORRATEO de costas solicitado por PROVIDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., debiendo la citada en garantía y/o la parte demandada abonar la totalidad de los honorarios regulados y firmes, con más sus respectivos aportes de ley y el IVA si correspondiere.
III. No imponer COSTAS del presente incidente a la citada en garantía vencida, de acuerdo a lo expresado en el considerando Segundo (art. 68, última parte y 69 del CPCC).
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Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 4
Departamento Judicial Morón
Colón nº 151 (Edificio Tribunales), segundo piso, sector G, Morón
GONZALEZ JUAN IGNACIO C/ COCCARO ISMAEL FRANCISCO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)
E xp. n° MO-34981-2022
RESOLUCION REGISTRADA ELECTRONICAMENTE
Morón, en la fecha y hora de referencia .- PS /VG
Proveyendo la presentación efectuada (trámite PRORRATEO - SOLICITA SE RESUELVA (234500433030340683) ) PRORRATEO - SOLICITA SE RESUELVA (235300433030355237) :
AUTOS Y VISTAS: estas actuaciones caratuladas " GONZALEZ JUAN IGNACIO C/ COCCARO ISMAEL FRANCISCO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) " (Exp. nº MO-34981-2022 ), en trámite por ante éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº4, a mi cargo, Secretaría única, del Departamento Judicial Morón, venidas a mi despacho a fin de resolver el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del CCyC, cuyo traslado conferido el 30/10/2026, fuera contestado únicamente por la actora y la citada en garantía en legal tiempo y forma.
I. Que, mediante la presentación del 18/10/2023 13:46:30 la citada en garantía Providencia Cia. Argentina de Seguros S.A. opuso el límite de costas establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su turno en fecha 27/10/2026 20:04:51, solicita se aplique el prorrateo, lo que motivara la vista de fecha 28/10/2026.
En fecha 29/10/2026 08:27:57 la Dra. Polakowski, mediadora prejudicial, solicita se rechace el planteo efectuado en relación a sus emolumentos.
Fundó su rechazo en la inaplicabilidad del tope del 25% previsto en el art. 730 del CCCN respecto al mediador.
Luego, en fecha 29/10/2026 10:47:44, el perito ingeniero mecánico Ruben Alberto Otero contestó la vista solicitando se rechazo el pedido de prorrateo de la contraparte.
El experto sostuvo que la aplicación del límite de responsabilidad importaría una reducción irrazonable de sus honorarios, afectando el derecho de propiedad, el principio de igualdad y el carácter alimentario de la retribución profesional (arts. 14 bis, 16 y 17 de la CN).
Asimismo, afirma que el prorrateo, de aplicarse sin respetar los mínimos arancelarios, generaría una desproporción entre la labor efectivamente realizada y su retribución.
En el entendimiento que el planteo pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 730 del CCCN, en fecha 30/10/2026 se confirió traslado a los obligados al pago.
La citada en garantía contesta el traslado (v. 2/11/2026 14:28:39) defendiendo la constitucionalidad de la norma.
Sostiene la constitucionalidad de la norma, señalando que resulta análoga a las disposiciones de la ley 24.432 y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido su validez en los precedentes «Abdurraman», «Brambilla», «Villalba» y «Latino».
En ese sentido, afirma que la limitación legal no afecta el monto de los honorarios regulados, sino que únicamente restringe la responsabilidad del condenado en costas, con el objeto de disminuir los costos de los procesos judiciales y evitar situaciones de abuso. Asimismo, destaca el carácter vinculante que corresponde reconocer a la doctrina de la CSJN en casos sustancialmente análogos, por razones de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. En consecuencia, solicita que se rechace el planteo de inaplicabilidad, se haga lugar al prorrateo previsto por el art. 730 del CCCN y se impongan las costas de la incidencia a la parte solicitante.
Conforme ello, en tanto entiende que se ha superado el porcentaje indicado por la norma, solicita se proceda a prorratear los montos entre los beneficiarios.
Primero. DEL ART. 730 DEL CCYC Y SU INTERPRETACION. INCONSTITUCIONALIDAD.
Corresponde abordar el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, introducido por la parte actora con motivo del prorrateo de honorarios pretendido.
La norma en cuestión establece un límite a la responsabilidad del condenado en costas, disponiendo que el pago de las mismas, incluidos los honorarios profesionales, no puede exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, debiendo prorratearse en caso de superarse dicho tope.
Ahora bien, si bien la CSJN ha sostenido la validez constitucional de este tipo de disposiciones, entre otros, en el precedente "Latino" (Fallos 342:1193), entendiendo que se trata de una herramienta legislativa orientada a morigerar los costos del proceso y los niveles de litigiosidad, lo cierto es que corresponde efectuar un control de razonabilidad en el caso concreto.
En tal sentido, comparto el criterio desarrollado por el Superior Departamental (CC. Sala II, causas MO-21992-2012, RS 7/2026; MO-6026-2021 RS 797/2025, entre otros) , en cuanto señala que el art. 730 del CCyC no reduce efectivamente los costos del proceso, sino que se limita a redistribuirlos .
En efecto, la aplicación de dicha norma no elimina gastos ni los torna inexistentes, sino que desplaza parte de ellos hacia la parte vencedora, quien, pese a haber obtenido el reconocimiento judicial de su derecho, termina soportando una porción de las costas del proceso o, alternativamente, provoca una disminución en la retribución de los profesionales intervinientes.
Incluso, en caso en que la parte actora goce de un Beneficio de Litigar sin Gastos, si se admitiera el tope de responsabilidad del deudor condenado en costas, el saldo de los honorarios de los auxiliares de justicia devendría incobrable en la práctica. Ello no solo afecta la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales (art. 14 bis CN) , sino que traslada el costo del proceso al trabajador o auxiliar, beneficiando injustificadamente al deudor incumplidor y quebrantando el principio de reparación plena (art. 1740 CCyC).
Ello importa una alteración sustancial del principio rector en materia de costas, conforme al cual el derecho del litigante vencedor debe salir incólume del proceso, siendo el vencido quien debe afrontar las erogaciones necesarias para su sustanciación (arts. 68 y 77 del CPCC).
Desde esta perspectiva, la norma en análisis genera un resultado disvalioso: quien ha sufrido un daño y se ve compelido a acudir al sistema judicial, en un contexto en el cual la autotutela se encuentra vedada, luego de atravesar un proceso que insume tiempo y recursos, obtiene una indemnización que no resulta íntegra, en tanto debe destinar parte de ella a solventar los costos del litigio.
Tal consecuencia entra en tensión con el principio de reparación plena, así como con el derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional) y, en supuestos como el presente, con derechos de raigambre convencional vinculados a la integridad psicofísica (art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
A su vez, la pretendida finalidad de la norma, disminuir el costo de los procesos y la litigiosidad, no encuentra adecuada correspondencia con los medios elegidos, en tanto no se verifica que dicha limitación produzca efectivamente una reducción de costos, sino únicamente su reasignación en perjuicio del justiciable vencedor.
Por el contrario, al aliviar la carga económica del litigante vencido, la norma puede incluso generar incentivos disfuncionales, favoreciendo la litigación en condiciones menos gravosas para quien resulta responsable, en detrimento de la víctima.
Asimismo, la solución legal aparece asistémica frente a otras disposiciones del ordenamiento. En particular, el propio Código Civil y Comercial excluye de la garantía común de los acreedores las indemnizaciones por daños a la persona (art. 744 inc. f CCyC), lo que evidencia la especial tutela que el sistema otorga a dichos créditos, incompatible con su afectación indirecta al pago de costas.
Desde otro ángulo, la alternativa de trasladar el impacto del tope legal a los profesionales intervinientes importa un menoscabo al derecho a una retribución justa por su trabajo, también de raigambre constitucional (arts. 14 y concordantes de la Constitución Nacional).
Por otra parte, el sistema jurídico cuenta con mecanismos idóneos para evitar excesos en materia de costas y honorarios, tales como las facultades judiciales de regulación, las pautas arancelarias y las disposiciones que sancionan conductas abusivas, sin necesidad de recurrir a una limitación general, abstracta e indiscriminada como la prevista en el art. 730 del CCyC.
En este contexto, cabe concluir que la aplicación de la norma en el caso concreto no supera el test de razonabilidad, en tanto los medios empleados no resultan adecuados ni proporcionales a los fines perseguidos, generando una restricción injustificada a derechos de jerarquía constitucional.
Por todo ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación para el presente caso, en cuanto limita la responsabilidad del condenado en costas.-
Segundo. COSTAS.
No obstante lo aquí resuelto, de acuerdo a lo controvertido del asunto y dado que la citada en garantía pudo haberse considerado con derecho a reclamar como lo hizo de acuerdo a la norma que lo asistía, no se imponen costas por el presente (art. 68, último párrafo del CPCC).
Por ello, lo dispuesto por los arts. 14 bis, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional; arts. 730 y 1740 del CCCN y jurisprudencia citada;
I. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 730 del CCyC para el caso concreto, por resultar su aplicación confiscatoria y lesiva de los derechos de propiedad y justa retribución de los auxiliares de justicia intervinientes.
II. RECHAZAR EL PEDIDO DE PRORRATEO de costas solicitado por PROVIDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., debiendo la citada en garantía y/o la parte demandada abonar la totalidad de los honorarios regulados y firmes, con más sus respectivos aportes de ley y el IVA si correspondiere.
III. NO IMPONER COSTAS del presente incidente a la citada en garantía vencida, de acuerdo a lo expresado en el considerando Segundo (art. 68, última parte y 69 del CPCC).
IV. REGÍSTRESE. AUTONOTIFÍQUESE a las partes, a los peritos y al Agente Fiscal ( [email protected] ).
Firmas
Funcionario firmante: CELLA Jorge Eugenio Del Valle - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2208-2026
Fin de la sentencia