Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2.044/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora, a fs. 188/195 vta., y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 197 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2.044/15-TSJ Interlocutorio N°: 3218.-
Actor: GONZALEZ LOPEZ BETTY Demandado: PESQUERA SANTA CRUZ S.A Objeto: S/ LABORAL Fecha: 13-07-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3218 FOLIO Nº 5306/5309 PROT. ELECT. TSS1 060 I.161
Río Gallegos, 13 de julio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “GONZALEZ LOPEZ, BETTY C/ PESQUERA SANTA CRUZ S.A. S/ LABORAL”, Expte. Nº G-880/11 (G-2.044/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y...
I. Que llegan las presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 188/195 vta., por el Dr. Miguel Nicolás Cano, en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 182/185, por cuanto confirmó el pronunciamiento dictado en primera instancia obrante a fs. 166/168, que rechazó la demanda en la cual se reclamaba la indemnización prevista en el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales –Nº 23.551-, más intereses y costas.-
II. La recurrente plantea que la sentencia impugnada no aplica o aplica erróneamente la ley, especialmente el artículo 42 de la ley 23551 y artículo 14 bis de la Constitución Nacional, viola las leyes sobre prueba, el principio protectorio laboral e incurre en absurdo (conf. foja 188 vta.).-
Sostiene que dicha sentencia confirma el fallo de primera instancia sin considerar las constancias de autos, ni los agravios de la apelación, lo que la tornaría nula (conf. foja 190). Añade que el resolutorio atacado es totalmente incongruente y parcial; que se aparta del thema decidendum; y que da por ciertas todas y cada una de las alegaciones de la demandada, con lo que habría tomado una postura “defensista” en beneficio de ésta (conf. foja 190 vta.). Sostiene que la sentencia de Cámara incurre en absurdo (conf. foja 190). Además entiende que la misma se encuentra viciada de incongruencias, incoherencias, apreciaciones subjetivas y sin sustento fáctico ni jurídico alguno por lo que la califica de arbitraria (conf. foja 193 vta.).
Agrega que yerra la Cámara al considerar que el período del mandato sindical de la actora es objeto de prueba, ya que el artículo 42 de la Ley de Asociaciones Sindicales establece que el mandato no puede exceder los dos años (conf. foja 190 vta.). Sobre esta cuestión entiende que se debió aplicar el artículo 42 de la Ley de Asociaciones Sindicales, ya que la actora fue elegida y reelegida como delegada sindical (conf. foja 191). Destaca que el hecho de que el sindicato haya omitido indicar la duración del mandato de la actora, no le quita a ella su carácter de representante sindical (conf. foja cit.). Aduce que la demandada no desconoció la calidad de delegada sindical que tendría la actora, sino recién cuando contestó la demanda (conf. foja 191 vta.).
Señala que la demandada no opuso objeción en el momento en que le fue notificado y no impugnó las designaciones sino que les permitió a las Delegadas Sindicales intervenir como tales (conf. foja 191 y vta..). Sostiene que ésta con su silencio aceptó la condición de delegada sindical de la actora (conf. foja 192 vta.). Argumenta que todo se limitaría a una supuesta falta del sindicato en no consignar el período del mandato de la actora, falta que no podría ser atribuida a su parte (conf. foja 191). Destaca que pese a que el Sindicato le hizo saber que el mandato seguía vigente, la empresa desolló el informe; y desconoció arbitrariamente tal condición al contestar la demanda (conf. foja 191 vta.).
Afirma que existe una laguna en la Ley de Asociaciones Sindicales en lo relativo a la falta de designación de delegados gremiales o continuación de hecho de un mandato; vacío que estima debe ser completado aplicando las fuentes del derecho, la costumbre, jurisprudencia o doctrina, sin vulnerar derechos constitucionales, y no aplicando criterios oscuros, como se habría hecho en la sentencia recurrida (cfr. foja cit.). En atención a lo expuesto, concluye que la actora probó su condición de delegada sindical; y que entender lo contrario, significaría una violación de los derechos del trabajador; y de los derechos humanos protegidos por la Constitución Nacional y en la “Convención de los Derechos Humanos” (conf. foja 192 vta.).
Alega que se ha violentado el derecho a la protección de la tutela sindical reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (conf. foja 193 vta.). Indica que la Cámara no hizo mérito de las alegaciones del recurrente al expresar agravios y que reiteradamente se ha apartado del principio de congruencia lo que nulifica el fallo de marras (conf. foja 193). Asimismo indica que la Cámara al no tener en cuenta que al notificar al Sindicato la continuidad en el cargo de la Sra. González López ya había vencido su primer mandato, ha violentado el derecho de igualdad de las partes y la regla de la sana crítica (conf. foja cit.). Expresa que se han quebrantado las formas por “...omisión o violación de garantías substanciales en el procedimiento...” (cfr. foja cit.).
Además plantea que la Alzada se ha excedido en sus facultades al afirmar en la sentencia que la actora habría errado su estrategia al considerarse despedida, lo que haría que la sentencia sea nula (conf. foja 193 vta.). Asimismo postula que el a quo no consideró adecuadamente el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y las prescripciones de la Ley de Asociaciones Sindicales -en particular hace mención a su artículo 49-; y que no aplica o aplica erróneamente tales normas (conf. foja 194 vta.). Finalmente, solicita se haga lugar al recurso de casación, casando la sentencia definitiva de segunda instancia, decretando su nulidad o revocando la misma, con costas (conf. foja 195). Hace reserva del caso federal (conf. foja cit.).- A foja 197 vta., la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
A foja 206 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Secc. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte de la atenta lectura del escrito casatorio que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- Así se verifica que los planteos tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de la Cámara en lo relativo a si la actora se encontraba amparada por la protección sindical prevista en los artículos 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales al momento de producirse el distracto y si, en consecuencia, le correspondía percibir la indemniza-ción agravada prevista en el artículo 52 de la misma ley. Es decir que remite al examen de cuestiones de hecho y prueba; y que son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el sub lite.- En atención a lo expuesto, es menester recordar que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante “… un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.644, Folio: 3.980/3.984).- La revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Sentencia, Reg. 282, Folio 1531/1533) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’… (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.648, Folio 3.999/4.003).- Examinados los términos del recurso se observa que el mismo contiene sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, lo que hace inatendible a aquél.-
Por otro lado, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como arbitraria o absurda.-
Así, la Cámara entendió que la Sra. Betty del Carmen González López había sido delegada gremial en su empresa, pero que su mandato se encontraba vencido al tiempo de su despido. Al respecto consideró que la actora fue elegida como delegada el 21 de noviembre de 2006 y que su mandato tuvo una duración de dos años. Para llegar a tal conclusión tuvo en cuenta la declaración testimonial del Secretario General del Sindicato de la Industria de la Alimentación y lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que, en lo que aquí nos interesa, establece: “El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años…” (cfr. foja 184). Por lo tanto -siguió su razonamiento la Alzada- el mandato de la actora venció el 21 de noviembre de 2008 y el plazo de estabilidad gremial -establecido en el artículo 48 de la ley citada- finalizó el 21 de noviembre de 2009 (conf. foja cit.).
Por lo expuesto, la Cámara estimó que al producirse el distracto, el 20 de abril de 2010, la actora no contaba con las condiciones que exige el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales para el pago de la indemnización agravada (conf. foja 184 y vta.).- En la misma línea argumental de la Alzada se ha sostenido: “En efecto, la detenida lectura de los arts. 48; 49 y 52 de la ley 23.551 permite deducir, sin lugar a dudas, que sólo tienen derecho a la estabilidad los trabajadores que poseen lo que podríamos llamar 'una representación sindical orgánica actual' y no aquellos activistas o militantes, vinculados a la entidad profesional, pero que no han accedido a los cargos ni han sido electos delegados, o han cesado en el mandato, con expiración al lapso de ultraactividad” (cfr.
CNTrab., sala V “Failde, Carlos A. c. Telefónica de Argentina S.A.” del dictamen del Fiscal General de Cámara, que la Cámara comparte, del 17 de febrero de 2004, Publicado en: LA LEY 2004-D, 505, cita Online: AR/JUR/608/2004).- En coincidencia con el fallo de Cámara, en lo tocante a la extensión de la estabilidad de los representantes sindicales, la doctrina ha dicho: “Sorteados todos los escollos, es decir, habiéndose obtenido la oficialización, notificado la candidatura y obtenido el mínimo de votos requeridos, el candidato conserva la tutela por el término de seis meses contados a partir de la postulación. Si, además, hubiere resultado vencedor en la elección, la protección se extiende a todo el lapso de duración de su mandato y a un año luego de cesado en el mismo.
Recordemos que por imperativo legal, derivado del principio democrático de periodicidad de los mandatos, los estatutos no pueden prever una duración superior a los 4 años para los funcionarios y a los 2 años para los delegados. No hay en cambio límites legales a la posibilidad de reelección indefinida, aunque los estatutos pueden disponer períodos más breves o limitar la reelección” (cfr. Machado, José Daniel y Ojeda, Raúl Horacio, “Tutela de la representación gremial”, en la obra colectiva: “Tratado de derecho del trabajo. Relaciones colectivas de trabajo” I, de Ackerman, Mario (Director) y Tosca, Diego (Coordinador), - Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, Tomo VII, pág. 715/716).- Asimismo, en cuanto al agravio relativo a la aplicabilidad del principio in dubio pro operario consagrado en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, y a la alegada violación del derecho a la protección sindical (art. 14 bis C.N.); de derechos constitucionales o convencionales; y de la omisión o violación de garantías sustanciales de procedimiento se advierte que el recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación.
Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituye base idónea de agravio (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3143, Folio 5153/5156).- En lo tocante a la alegada violación del principio de congruencia, se debe destacar que este Tribunal lo ha definido en los siguientes términos: “…el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr.
Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327).- Se advierte que el recurrente no realiza una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del mencionado principio, ni tampoco se observa en la sentencia atacada el defecto alegado, ni la omisión de tratamiento de agravio alguno; lo que impide dar curso a la admisibilidad del recurso.-
Se observa que el recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo: XXI, Interlocutorio, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
En conclusión, se constata que las críticas del recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada. En esta inteligencia, tiene dicho este Tribunal “…que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (conf. Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3109, Folio 5085/5088; idem, Reg. 3122, Folio 5111/5113, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma, circunstancia ésta que no se advierte en el caso de autos.- Que en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citada y ante la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Secc. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 188/195 vta., y, en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 197 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a foja 195.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora, a fs. 188/195 vta., y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a foja 197 y vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal a/c Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1060I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.218.-
Folio N°: 5.306/5309.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia