Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo de Azul · Causa 19973
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la revisión de lo dispuesto por la Comisión Médica (12.4) de Azul ( expedientes SRT 256.500/25 y 072.654/25 ), y establecer que la señora Mailen Oriana González ( DNI 33.483.485 ), registra una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva (ILPPD) del siete con noventa y cuatro por ciento (7,94 %) de la escala obrera ( baremo decreto 659/96 ), como secuela física de la contingencia sucedida el 26 de noviembre del 2024.
II. FIJAR en consecuencia las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), con cargo de atención en cabeza de la auto asegurada Gobernación de la Provincia de Buenos Aires ( CUIT 30-65020838-9 ) en la suma insoluta -capital- de pesos dieciséis millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y tres con cero ocho centavos ($ 16.476.783,08) ( arts. 6; 8; 12; 14 inc. 2. a, y cctes. ley 24.557 y ss; art. 3° ley 26.773 y arts. 15 y 39.3 Constitución provincial ).
III. Decretar la inconstitucionalidad del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT; del art. 1° del Decreto 334/96 por afectar los arts. 16; 17; 18 y 19 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; del Decreto 669/2019 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK ") y del Decreto 549/25 ( barem o).
IV. CARGAR intereses - según mayoría de opiniones - de acuerdo a lo normado por el sistema de riesgos del trabajo, y según la alícuota equivalente …
En Azul, reunidos en acuerdo ordinario los Jueces del Tribunal para pronunciar veredicto en los autos caratulados "GONZALEZ Mailen Oriana v. GOBERNACION de la PROVINCIA de BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE de TRABAJO- ACCION ESPECIAL" ; expediente 19.973 , se procedió a practicar la desinsaculación de ley, resultando que en la votación debía observarse por los Jueces el siguiente orden: doctor Marcelo Enrique PATERNICO; doctor Martín LABORDE y doctor Bernardo FERNANDEZ de VILLEGAS. Seguidamente, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
CUESTIONES de HECHO
PRIMERA : ¿Ha sido acreditado el episodio denunciado? En su caso, ¿lo fue por el hecho o en ocasión del trabajo?
SEGUNDA : ¿Lucen comprobadas las remuneraciones?
TERCERA : ¿Se acreditó si la actora, a raíz del episodio denunciado, padeció una disminución en sus capacidades laborales?
CUARTA : ¿Se comprobó si la actora recibió alguna prestación dineraria con motivo de la cobertura por riesgos del trabajo?
PRIMERA CUESTION : ¿Ha sido acreditado el accidente denunciado? ¿En su caso, lo fue por el hecho o en ocasión del trabajo?
A la primera cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
Como dato central, puedo advertir que no es eje de controversia que la señora Mailen Oriana González ( DNI 33.483.485 ), se desempeñara como personal dependiente del Servicio Penitenciario bonaerense ( CUIT 30-62179779-0 ), cartera de Justicia y Derechos Humanos, como agente (administrativa) de dicho servicio ( art. 354 CPCC ).
Relata que, en la jornada del 26 de noviembre de 2024, en circunstancias de encontrarse en su puesto de trabajo, al entrar a la oficina se golpea su codo derecho contra un marco de hierro de la puerta que estaba roto y salido de su lugar. Producto del impacto, cuenta la trabajadora, queda muy dolorida, con reducción de la movilidad y el codo hinchado.
Diagnóstico: S500 - Contusión del codo - traumatismo de codo derecho
En lo que nos ocupa, la ART Provincia (gerenciadora) brindó prestaciones hasta la fecha del alta médica por cese de incapacidad temporal (27.12.2024) y tramitado luego los expedientes SRT 256.500/25 y 072.654/25, ante la Comisión Médica de Azul (12.4), por divergencia en la determinación de incapacidad, se expidió dicha Autoridad el 13 de agosto de 2025 (dictamen) y en fecha 22 de agosto del mismo año, se dictó la clausura del expediente, a través de la Disposición de Alcance Particular ( DIAPA-2025-5111-APN-SHC12#SRT ), estableciendo que, de resultas de la contingencia denunciada, la señora González NO posee incapacidad laboral.
De las actuaciones ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo individualizadas, entonces, se infiere la condición de accidente de trabajo de la contingencia admitida como tal ( art. 6 decreto 717/96 ).
Por todo ello, damos por acreditada la existencia del episodio invalidante ocurrido en ocasión del trabajo y padecido por la señora Mailen Oriana González en fecha 26 de noviembre del 2024, sin perjuicio de la valoración de sus consecuencias que las diferimos para el tratamiento de la tercera cuestión del presente estamento procesal ( art. 6.1 Ley 24.557; art. 6 decreto 717/96 ).
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA PRIMERA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
SEGUNDA CUESTION : ¿Lucen comprobadas las remuneraciones?
A la segunda cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
En cuanto a las remuneraciones de la accionante, ocurrida la primera manifestación invalidante el 26 de noviembre del 2024, devengó en el año previo, las siguientes remuneraciones mensuales sin descuentos ( Convenio 95 OIT ):
PERIODO
HABERES
JORNADAS
Noviembre 2023
0.666.798
30
Diciembre 2023 -incluye SAC-
1.000.197
31
Enero 2024
0.833.498
31
Febrero 2024
1.002.362
28
Marzo 2024
1.107.504
31
Abril 2024
1.181.494
30
Mayo 2024
1.239.907
31
Junio 2024 -incluye SAC-
1.859.860
30
Julio 2024
1.320.501
31
Agosto 2024
1.376.296
31
Septiembre 2024
1.425.893
30
Octubre 2024
1.475.489
31
Estos importes fueron corroborados por el informe de ARCA.
A los fines de establecer luego el VIBM, se debe considerar también la incidencia del SAC por tratarse de un salario diferido, tal como lo ha definido el Superior: "el sueldo anual complementario es sabido que se trata de un salario diferido y más allá de su modalidad, constituye un ingreso de carácter remuneratorio, que como tal forma parte del sueldo para todos los efectos legales pertinentes" ( SCBA, L 59.235, S del 05.03.1996 " Cerruti Hugo v. Telefónica de Argentina S.A ."; L. 36.173, S del 03.06.1986 " Mas Roberto Rufino v. Swift Armour "; L 64.456, S del 16.02.2000 " Llaudat Luis Alberto v. Refinerías de Maíz SAIC y F "; L 83.462, S del 20.09.2006 " Berdini Oscar Horacio v. Frigorífico Paloni S.A .; LP L. 119.459, S del 06.12.2017, causa " Luna " ).
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA SEGUNDA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
TERCERA CUESTION : ¿Se acreditó si la actora, a raíz del episodio denunciado, padeció una disminución en sus capacidades laborales?
A la tercera cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
Yendo al estudio del informe pericial de la especialidad, brindado por el señor perito médico, Dr. Enrique Oscar Damián Farina, ( escrito electrónico del 06/05/2026 18:56:12 ), refiere luego de examinar a la señora González que, la misma presentó en su codo derecho, luego del hecho traumático que nos ocupa, limitaciones funcionales en su miembro hábil.
Afirma que, debido a la falta de documentación válida ( vg. examen pre ocupacional de salud ), entiende que la persona presentaba absoluta normalidad tanto anatómica como funcional de la zona topográfica donde asientan las secuelas alegadas; y que la misma no exhibe antecedentes patológicos que repercutan en la gravedad de las lesiones, mientras que la evolución sí, ha tenido secuelas.
Luego del examen clínico, el galeno advierte la medición de la movilidad pasiva del codo derecho, con los siguientes déficits:
Flexo-extensión a 130°
Pronación a 60°
Supinación a 60°
Remarca que puede concluir en la certeza de que el evento dañoso realmente ha acaecido. Asimismo, considera la existencia de un sustratum objetivo, cierto y no simulable ya que, luego de efectuar el examen físico en la persona peritada, pudo determinar la existencia de la alteración anatómica sobre la que asienta la secuela funcional individualizada.
Valora limitaciones y secuelas generadoras de incapacidad:
7.35% ( VOT decreto 659/96 )
Luego, habilita los factores de ponderación (0.59 %):
a) Tipo de actividad: 5,00 (0,3675)
b) Recalificación laboral: No amerita
c) Edad: 3,00 (0,2205)
Suma de vectores:
Incapacidad 7.35 % + Factores de ponderación 0.59 %= 7.94 %
Todo esto, epiloga una incapacidad laboral parcial; permanente y definitiva del siete con noventa y cuatro por ciento (7.94 %) ( Anexo Decreto 659/96 de la ley 24.557 ).
Añade que, según el nuevo baremo ( decreto 549/25 ) acusa un 6,80 % t.o
De este modo, y no existiendo elementos que me hagan apartar del informe pericial médico estudiado, y la falta de enervación de sus conclusiones, concluyo en que la parte actora presenta una incapacidad laboral parcial; permanente y definitiva (ILPPD), en los términos señalados del siete con noventa y cuatro por ciento (7.94 %) ( Decreto 668/96 ) de la escala obrera.
No existe controversia acerca de que la señora Mailen Oriana González nació el 22 de marzo de 1988 y, por ende, a la época del episodio accidental (26.11.2024) contaba con 36 años de edad.
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA TERCERA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
CUARTA CUESTION : ¿Se comprobó si la actora recibió alguna prestación dineraria con motivo de la cobertura por riesgos del trabajo?
A la cuarta cuestión, el Juez MARCELO E. PATERNICO dijo :
No consta pago alguno en relación con las prestaciones dinerarias en reclamo (art. 14.2.a LRT).
Así lo voto (art. 57 Ley 15.057)
A LA CUARTA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
Terminado el acto, se procede a su firma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 5 "II" del Anexo Único del Ac. 3975/20.
En Azul, reunidos en acuerdo ordinario los jueces del Tribunal para dictar sentencia en los autos caratulados "GONZALEZ Mailen Oriana v. GOBERNACION de la PROVINCIA de BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE de TRABAJO- ACCION ESPECIAL" ; expediente 19.973 , se procedió a practicar la desinsaculación de ley, resultando que en la votación debía observarse por los Jueces el mismo orden del veredicto. Acto seguido, el Tribunal resolvió plantear las siguientes
PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A). - Consta en demanda electrónica de fecha 01/09/2025 21:27:13, que se presenta en autos la señora Mailen Oriana González ( DNI 33.483.485 ), por medio de su apoderado letrado, el doctor Jaime Sebastián Suñol , promoviendo formal demanda judicial contra GOBERNACION de la PROVINCIA de BUENOS AIRES, en pretensión de determinación y cobro de las prestaciones por incapacidad parcial, permanente y definitiva ( cfme. Leyes 24.557; 26.773 y 27.348 ) que ubica provisoriamente en la suma de $ 30.458.622,28, y sobre la que pide le liquiden los intereses moratorios pertinentes. Enseña que tales prestaciones dinerarias requeridas derivan de un episodio accidental que ocurrió como primera manifestación invalidante en la jornada del 26 de noviembre del 2024.
Memora que, se desempeña como agente del Servicio Penitenciario bonaerense ( CUIT 30-62179779-0 ). Describe que en la mencionada oportunidad, en circunstancias de encontrarse en su puesto de trabajo, al entrar a la oficina se golpea su codo derecho contra un marco de hierro de la puerta que estaba roto y salido de su lugar. Producto del impacto, cuenta la trabajadora, queda muy dolorida, con reducción de la movilidad y el codo hinchado. Exhibe su diagnóstico de Comisión Médica: S500 - Contusión del codo - traumatismo de codo derecho. Explica que, la ART Provincia (gerenciadora) brindó prestaciones hasta la fecha del alta médica por cese de incapacidad temporal (27.12.2024) y tramitado luego los expedientes SRT 256.500/25 y 072.654/25, ante la Comisión Médica de Azul (12.4), por divergencia en la determinación de incapacidad, se expidió dicha Autoridad el 13 de agosto de 2025 (dictamen) y en fecha 22 de agosto del mismo año, dictó la clausura del expediente, a través de la Disposición de Alcance Particular ( DIAPA-2025-5111-APN-SHC12#SRT ) que estableció que, de resultas de la contingencia denunciada, la señora González NO posee incapacidad laboral.
Se agravia de dicha resolución, ponderando que ha quedado minusválida a raíz del episodio y pide que así se reconsidere. Plantea la inconstitucionalidad de diverso articulado del sistema de riesgos del trabajo. Solicita la aplicación del art. 3 de la ley 26.773, y practica una liquidación tarifada según normativa vigente. Deduce la inconstitucionalidad de la ley 23.928 con arreglo a la doctrina emanada del precedente "Barrios" (SCBA) y del decreto 669/19. Dice de la existencia de daño inflacionario. Reserva el caso federal. Reclama la determinación de incapacidad psicológica. Peticiona la acumulación de intereses en los términos del art. 770.b CCC. Pide la aplicación del baremo según decreto 659/96 para definir la revisión médica.
En fin, solicita se haga lugar al presente reclamo de revisión, se determine el importe adeudado, y se condene al obligado estado auto asegurado, a abonar al agente la suma reclamada con más intereses y costas.
B). - Corrido el traslado de ley, se presentó ( escrito electrónico del 19/11/2025 13:28:56 ) el doctor José Luis Comparato , delegado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, en nombre de la demandada Gobernación de la Provincia de Buenos Aires ( CUIT 30-65020838-9 ) y contestó la demanda. Reconoce que su instituyente se encuentra auto asegurado y que la señora Mailen Oriana González es agente estadual. Formula una negativa genérica de rigor procesal y luego un desconocimiento pormenorizado de los hechos narrados. Como primera esgrima defensiva advierte que se atendieron todas las prestaciones que demandó el incidente sobre la persona de la agencia penitenciaria y que la Comisión Médica competente emitió un dictamen válido que debe tenerse por cierto y en su consecuencia, descartada la minusvalía de la recurrente. A su vez, niega que la actora padezca de daño psicológico y que deba ser indemnizada por ello. Hace hincapié en que, el dictamen de la Comisión Médica 12.4 (Azul) se basó en rigor científico y prueba de imágenes, y es el adecuado. Por lo que entiende que el thema decidendum se limita a establecer si aquella decisión dictada por la Comisión Jurisdiccional se ajustó a las pautas que brinda la ciencia médica. Se debe circunscribir a la crítica de los fundamentos de aquella decisión. Ofrece prueba, funda en derecho y cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso de autos. Pide que los honorarios de los peritos se adecuen al art. 2 de la ley 27.348. Plantea la inconstitucionalidad del decreto 669/19. Reserva el caso federal. Finalmente solicita se rechace la demanda deducida, con costas.
C. - Se decreta la apertura de la causa a prueba y fenecido su plazo, se ponen autos para alegar. Luce producida la pericia médica, a cargo del perito de la especialidad, Dr. Enrique Oscar Damián Farina , ( escrito electrónico del 06/05/2026 18:56:12 ).
D). - Se alega por escrito; se anota que quedó trabada la Litis el 3 de octubre del 2025, y pasan autos al acuerdo.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decide la siguiente
CUESTION PRIMERA : ¿Es procedente la demanda instaurada?
A la primera cuestión, el Juez PATERNICO dijo :
Baremo aplicable
El nuevo baremo ( Decreto 549/2025, publicado en el B.O el 05.08.2025 ) entró en vigencia el 2 de febrero del 2026. Su art. 3° establece que, la tabla de evaluación de incapacidades que contiene, resultará de aplicación a partir de esa fecha "a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en que se encuentre". Un análisis literal nos llevaría a concluir que este baremo sería aplicable a las pericias aun no presentadas a la fecha de su edicto, sea en sede administrativa o judicial.
En el caso que nos ocupa, la Comisión Médica (12.4) dictaminó el 13 de agosto de 2025 ( SRT 256.500/25 ), respecto de una contingencia ocurrida el 26 de noviembre del 2024, con arreglo al baremo contenido en el Decreto 659/96.
La utilización (para resolver la revisión) de un baremo distinto, como sería el caso del contenido en el Decreto 549/2025, implicaría la aplicación retroactiva de una norma a una situación cuyo consumo jurídico se consolidó con anterioridad (26.11.2024). Esto conllevaría una afectación del debido proceso judicial y garantía de defensa, debido a que se estarían cambiando las reglas del juego de manera arbitraria.
Más allá de que, el decreto 549/2025 pueda ser concebido como una norma instrumental, con lo cual se justificaría su aplicación inmediata, ello no debería afectar actos jurídicos consumados.
Así lo contempla nuestro código de fondo, al prevenir que, la aplicación inmediata del derecho nuevo debe suponer que se hace sin afectación de garantías constitucionales (art. 7 CCC).
Por ello, debe ser escrupuloso el análisis referido a los juicios en trámite, dado que, se produce en ellos una afectación inconstitucional de la garantía de defensa en juicio, si las partes no tienen la oportunidad de invocar; alegar y probar sobre el derecho "nuevo" ( RIVERA, Julio César, "Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones preexistentes y a los procesos judiciales en trámite", Editorial La Ley, 17.06.2015. Cita online: AR/DOC/1977/2015 ).
Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso ( KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída en "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal-Culzoni editores, página 100, Santa Fe, 1° edición, 2015 ). La CSJN ha establecido que en materia de accidentes de trabajo, rige la ley imperante al momento en que el hecho se produjo ( CSJN, 05.02.1998, publicado en L.L. 1998-C-640 ). La SCJ de Mendoza, hace una observación a este criterio rector y lo condiciona a que la norma resulte más favorable para el trabajador , por lo que se aplicaría la nueva norma si así resulta (más favorable) ( SCJ Mendoza, sala II, 27.10.1989, publicado en J.A. 1990-I-19 ).
De esta manera, creemos que si la Comisión Médica dictaminó en base al baremo del Decreto 659/96, llegada esta instancia de revisión, en la pericia médica se debe utilizar el mismo baremo, en la inteligencia de que el procedimiento administrativo y su instancia judicial revisora, son dos tramos de una misma unidad, dada por la contingencia en trámite y deben utilizarse los mismos elementos técnicos para dictaminar. La coherencia y unidad de los dos procedimientos es compatible con la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Las reglas del juego no pueden cambiarse a mitad de camino, lo cual generaría incertidumbre y provocaría el dictado de decisiones irrazonables ( cfme. LOIS Sergio, cita MJD18787 del 13.05.2026 ).
Hagamos el ensayo en el caso concreto:
El perito de la especialidad, Dr. Enrique Oscar Damián Farina, en su informe ( escrito electrónico del 06/05/2026 18:56:12 ), confronta las dos mediciones de incapacidad, a saber:
DECRETO 696/1996
DECRETO 549/2025
7,94 %
6,80%
Del simple confronte del resultado, inferimos que el nuevo baremo es mucho más restrictivo que el baremo del Decreto 659/1996, lo cual atenta contra derechos consagrados constitucionalmente, como el derecho de propiedad (art. 17 CN), ya que reduce el quantum indemnizatorio que le corresponde a la damnificada; violenta la garantía alterum no leader (art. 19 CN) como principio de reparación integral del daño y debilita el sistema protectorio dado al trabajador (art. 14 bis CN) como sujeto de preferente tutela (art. 15 Constitución provincial); transgrediendo la concreta tutela judicial adecuada y eficaz contra la violación de derechos humanos ( arts. 8 y 23 Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 15 y 39 Constitución provincial y art. 14 bis CN ).
Por lo tanto, y con descanso en los quebrantos insinuados, propicio declarar en este caso particular, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Decreto 549/2025 y decidir así su inaplicabilidad ( arts. 15; 39.1 y 3 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; arts. 14 bis; 16; 17; 18; 75 inc. 22; 99.3; 109; 121; 126 y cctes. de la Constitución Nacional; arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica -, ratificado por Ley 23.054; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 2, ap. 3° y art. 14, ap. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ).
De manera que el presente proceso, encontrándose constituida la relación que le brinda sustento fáctico en fecha 26 de noviembre del 2024, y no resultar más favorable la nueva norma, será resuelto con la aplicación de la normativa vigente a la época de dicha consolidación y así contrastado por las partes involucradas ( Decreto 696/1996 ).
Estipulaciones acreditadas
No es eje de controversia que la señora Mailen Oriana González ( DNI 33.483.485 ), se desempeña como personal dependiente del Servicio Penitenciario bonaerense ( CUIT 30-62179779-0 ), cartera de Justicia y Derechos Humanos, como agente (administrativa) de dicho servicio ( art. 354 CPCC ).
Luego, y de lo establecido en el voto de la cuestión inaugural del veredicto, surge el acaecimiento de un episodio accidental en perjuicio de la trabajadora (primera manifestación invalidante), ocurrido el 26 de noviembre del 2024 y calificado como accidente de trabajo ( art. 6.1 LRT ).
En el mismo estamento procesal, se entendió acreditado que la agente penitenciaria, sufrió una merma en su capacidad laboral presentando, luego del episodio de servicio, limitaciones que se vinculan causalmente con el evento (cuestión tercera del veredicto). Al hacer la valuación de la minusvalía derivada, considerando los factores de ponderación y el informe del facultativo, ubicamos el quebranto físico en un siete con noventa y cuatro por ciento (7.94 %) ( Decreto 668/96 ) de la escala obrera.
Su edad, a la época del evento alcanzaba los 36 años.
Tutela judicial efectiva
Al amparo de los fallos " Aquino " ( CSJN, S del 21.09.2004, "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA", Fallos 327:3753 ) y "Llosco" ("Llosco, Raúl c/Irmi SA", S del 12.06.2007, Fallos 330:2696 ), queda derrumbado el valladar de acceso inmediato a la justicia (art. 15 Constitución provincial).
El art. 11 (t.o Ley 24.557) continúa vigente, y en su apartado 1° dispone que las prestaciones sistémicas son "irrenunciables" , otorgándole carácter alimentario. Tampoco puede inferirse en la trabajadora accidentada un ánimo abdicativo, de al menos la tarifa legal, en la imposición de actitudes heroicas ( SCBA, S L 80.179; del 01.04.2004, causa "Vázquez" ).
Según advierte con acierto Curutchet, no puede privarse al trabajador/a del contenido mínimo de las prestaciones por accidentes y enfermedades del trabajo previsto en los Convenios 17; 42 y 102 OIT, todos ellos ratificados por la República Argentina ( cfme. CURUTCHET Eduardo, " Inviabilidad de la opción excluyente en el contexto normativo y jurisprudencial actual" , ponencia del V Encuentro Quilmeño y III Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Colegio de Abogados de Quilmes, mayo de 2012 ). De este modo, los citados instrumentos (arts. 1 y 11 del 17; art. 1 del 42 y art. 31 del 102), imponen al Estado la obligación de "garantizar" a las víctimas y sus derechohabientes el pago de una indemnización frente al infortunio. De ahí, la chance que debe acompañar al trabajador/a para demandar y percibir el importe o la diferencia de lo que el sistema de riesgos le ha otorgado.
Responsabilidad sistémica de la aseguradora o auto seguro
Al momento de establecer sus pretensiones, la parte actora propone el cálculo indemnizatorio con arreglo a lo previsto por el art. 14.2.a de la LRT.
Pudo determinarse que la minusvalía portada tiene sustento en un episodio accidental ocurrido en ocasión del trabajo y que, por ende, la aseguradora (en el caso el estado auto asegurado) tiene obligación de atender y reparar.
Hallada esta comprobación, en mi opinión cabe subsumir el entuerto en la normativa sistémica -por así derivar prístinamente de los hechos- e implantar la obligación al pago en cabeza del estado provincial auto asegurado, de la prestación habilitada por el art. 14.2.a ley 24.557 y su normativa concordante.
Vayamos a su cálculo entonces:
Salario base
La ley aplicable al sub lite , en razón de la fecha de la contingencia, es la Ley 24.557 ( t.o 04.10.1995 y su concordante Ley 26.773 -t. o 26.10.2012- ), con las mejoras de la Ley 27.348 ( t.o 05.03.2017 ).
El art. 12 LRT ( t.o art. 11 Ley 27.348- B.O 24.02.2017 ), recordemos, expresa que a los fines del cálculo del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT- por el/la trabajador/a durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.
Luego, también viene inaplicable el art. 43 de la Res. 298/17 (SRT) que, en un exceso reglamentario, pretende alterar la ley debido al excluir del valor mensual del ingreso base (VMIB) a las llamadas sumas "no remunerativas" que surgen de los arts. 103 bis y 106 LCT. Esta norma es inconstitucional e inconvencional.
El órgano administrativo en este caso, se inmiscuye en un aspecto sustancial de la ley como es la composición del ingreso base -destacado solo al poder legislativo-; altera los efectos de una norma de rango superior (Convenio 95 OIT), y contraría la jurisprudencia tejida en esta temática (a) Pérez v. Disco (CSJN, Fallos 332:2043); b) González v. Polimat S.A (CSJN, Fallos 333:699) y c) Díaz v. Cervecería y Maltería Quilmes (CSJN, Fallo del 04.06.2013 ).
Queda así reprochado de inconstitucionalidad el art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT.
Contemplamos entonces, los haberes, con la actualización por el índice RIPTE a la fecha de la primera manifestación invalidante (26 de noviembre 2024):
Valor Ingreso anual
21.643.899,93
Valor Ingreso mensual
1.802.670,01
Valor Ingreso diario
59.298,35
PERIODO
HABERES
JORNADAS
INDICE
VIBM
Noviembre 2023
0.666.798
30
2.636
1.757.679,52
Diciembre 2023 -incluye SAC-
1.000.197
31
2.434
2.434.479,49
Enero 2024
0.833.498
31
2.123
1.769.516,25
Febrero 2024
1.002.362
28
1.904
1.908.497,24
Marzo 2024
1.107.504
31
1.670
1.849.531,68
Abril 2024
1.181.494
30
1.438
1.698.988,37
Mayo 2024
1.239.907
31
1.340
1.661.475,38
Junio 2024 -incluye SAC-
1.859.860
30
1.263
2.349.003,18
Julio 2024
1.320.501
31
1.185
1.564.793,68
Agosto 2024
1.376.296
31
1.141
1.570.353,73
Septiembre 2024
1.425.893
30
1.096
1.562.778,72
Octubre 2024
1.475.489
31
1.028
1.516.802,69
Suma total de haberes devengados (período 11/2023 al 10/2024), actualizado por índice RIPTE a la fecha de la primera manifestación invalidante: FORMULA VIBM= Total haberes/365 x 30,4
Cálculo de las prestaciones dinerarias
Fijados los hechos bajo encuadre en la ley sistémica y establecida la interpretación precedente, la entiendo de aplicación al caso ( arts. 1.1; 2.a; 6.1; 8; 12; 14.2.a y cctes. Ley 24.557 y ss y el art. 3° de la Ley 26.773 y su normativa concordante (arts. 11.3; 14 y cctes. Ley 27.348 y art. 770 CCC )
Ergo, cabe liquidar las prestaciones con base a los extremos aquí comprobados:
Prestación dineraria por incapacidad (ILPPD)
Es la que se encuentra atrapada por el art. 14.2.a LRT y que establecemos según las siguientes variables:
Incapacidad
7,94 %
Primera manifestación invalidante
26.11.2024
Fecha de traba de la litis
03.10.2025
Edad a la fecha de la PMI
36 años
VIBMP a la fecha de la PMI
1.802.670,01
Cálculo: (Art. 14.2 inc. b), Ley 24.557 -Arts. 11.3 y 14 Ley 27.348)
Fórmula C = Salario base * 53 * 65/edad * % incapacidad
C = 1.802.670,01 x 53 x 65/36 (1.805) x 0.0794 = 13.730.652,57
Prestación dineraria: $ 13.730.652,57
Piso indemnizatorio a la fecha del accidente: $ 55.699.217
Piso proporcional al 7,94 %: $ 4.422.517,83
(La indemnización calculada supera el piso indemnizatorio)
Incremento art. 3° Ley 26.773
Incremento del 20% ( Art. 3° Ley 26.773 ): $ 2.746.130,51
Prestación dineraria (art. 14.2.b LRT)
13.730.652,57
Incremento 20% (art. 3 Ley 26.773)
02.746.130,51
Subtotal:
16.476.783,08
Actualización por depreciación monetaria. Inconstitucionalidades
Entendemos que, el crédito laboral emergente de la reparación de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, tanto cuando se reclama al amparo de las normas de la legislación especial (prestaciones dinerarias) como cuando se funda en normas de derecho común (indemnización por daños y perjuicios), constituye una "deuda de valor" y el juez está habilitado a determinar su cuantía, actualizada al momento de la sentencia ( art. 772 CCC ).
Así lo ha entendido la doctrina judicial imperante ( SCBA L. 119.914 "Aguiar" de fecha 22.06.2020 y SCBA L 122.532 "Papalia" del 29.09.2020 )
Por otra parte, el contexto económico inflacionario de la economía argentina, recurrencia si las hay, nos impone la obligación de renovar análisis de manera casi permanente y ello es lo que ocurre con la determinación de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo.
Es así que, los jueces y juezas no podemos evadirnos de la situación en juzgamiento y del tiempo en que corresponde administrar justicia en la misma. Parapetarse en posiciones inamovibles es resignar hacer justicia en los casos particulares en los cuales hemos sido convocados al efecto, y no se garantiza en concreto -además- la tutela judicial efectiva que impone satisfacer nuestra carta magna local ( art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ).
Recordemos que el mismo art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional ( CSJN, Fallos: 327:3753 " Aquino " ; " Vizzoti" , Fallos: 327: 3677 -2004-; " Pérez" , Fallos: 332:2043 -2009-; " Álvarez" , Fallos: 333: 2306 -2010-, entre otros ), y no las empresas ni aseguradoras.
Arribado a estas instancias, es oportuno remarcar que, los créditos laborales tienen el reconocimiento y protección del máximo nivel normativo de derechos humanos y tal aceptación positiva mundial y regional; son universales, igualitarios y especialmente reconocidos, resultando a la vez inalienables, irrenunciables e intangibles, siendo obligación de los estados su reconocimiento, pero también su protección concreta mediante la tutela judicial adecuada y eficaz contra la violación de derechos humanos ( arts. 8 y 23 Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 15 y 39 Constitución provincial y art. 14 bis CN ).
Ahora bien, el art. 7 de la Ley 23.928, a no dudarlo, se ha erigido en un valladar infranqueable para la actualización de obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal ( arts. 7 y 10 Ley 23.928, texto según art. 4 Ley 25.561 ).
La notoriedad del desfase inflacionario, ha impulsado el replanteo de la doctrina legal de la SCBA que impedía su tacha y es así que, en la causa "Barrios" ( SCBA, C. 124.096, S del 18.04.2024 ) nuestro más alto Tribunal ha dispuesto decretar la inconstitucionalidad sobreviniente de dicha norma ( Fallos 308:2268; 316:3104; 317:756; 319:324; 321:1058 y 328:566 entre otros ), temperamento que propongo adoptar.
Entre sus argumentos, debemos destacar que, la mutación de las características estructurales que definieron el cuadro de situación previsto por la ley en su origen, hoy resulta axiomática y ante estas nuevas circunstancias el reproche constitucional es una lógica derivación. Esto es lo que ocurrió con la norma bajo examen, al instituirse el programa de convertibilidad monetaria hace más de treinta años y la realidad actual que nos atrapa ante una pérdida galopante del valor de nuestra moneda.
Añadimos que, aun cuando esta nueva doctrina judicial se estableció en un caso civil, entiendo que con mayor razón corresponde su aplicación en materia laboral, toda vez que -por imperio del principio constitucional de protección, art. 14 bis CN- la persona trabajadora es sujeto de tutela jurídica preferente ( ARGAÑARAS Nahuel v. LA SEGUNDA, causa 51.694, TT. 2 La Plata ).
De esta manera, el respeto del "valor" del objeto jurídico de protección laboral, que es derecho humano traducido en deudas de valor, relativas a remuneración o reparación, ordena preservarlo intangible, inalienable, alimentario e integral. Se logra, al menos en parte, desplazando definitivamente la Ley de Convertibilidad 23.928, evaluando el crédito según parámetros objetivos, que no es otro que el de indexar mediante algún índice habilitado, y, además, adicionándole intereses compensatorios (arts. 767 y 768 CCC) ( cfme ARESE, César en " Si el Derecho del Trabajo es parte de los derechos humanos se deben indexar los créditos laborales ", cita 207/2023, Rubinzal-Culzoni editora, Santa Fe 09.06.2023 ).
En su lineamiento general, el fallo "Barrios" da cuenta de que "la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado, tanto el capital nominal más intereses según la tasa pasiva BIP ( SCBA L. 118.587; S del 15.06.2016, causa " Trofe " ) o bien la alícuota del sistema de riesgos del trabajo ( Ley 27.348 -promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida del Banco de la Nación Argentina ), arroja una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante.
Por otro lado, sería arbitraria la sentencia que ordenó el reajuste del capital de condena mediante el índice RIPTE, limitándose a señalar el ínfimo monto que arrojaban las tarifas resarcitoria, si no explica en sus fundamentos por qué las tarifas del régimen especial de reparación de los accidentes de trabajo actualizadas por el decreto 1694/2009 no bastaban para cumplir adecuadamente con el mandato impuesto por normas de rango constitucional y supra legal de compensar la pérdida sufrida por el trabajador en virtud de un infortunio laboral ( CSJN Fallos: 343:476 ).
Por ello, y a fin de no caer en la arbitrariedad, lo explicamos a continuación:
OPCION "A"
CAPITAL
Intereses TPDIGITAL BaPro
FINAL
Intereses
16.476.783,08 (al 24.11.2024)
8.823.374,80 (53,54 %)
25.300.157,80
OPCION "B"
CAPITAL
Intereses TActiva BNA
FINAL
Intereses
16.476.783,08 (al 24.11.2024)
11.820.257,39
28.297.040,39
OPCION "C"
CAPITAL
CAP. con RIPTE
Intereses 6% anual
FINAL
Ajuste
16.476.783,08
27.707.880 (1.681)
3.324.945 (12 %)
31.032.826
Claramente, en el caso en estudio, y en la hipótesis de actualización, se configura una diferencia apreciable en perjuicio de la parte acreedora (trabajadora), que justifica sin dudas el óbice constitucional articulado.
La inflación afecta severamente a las personas de bajos ingresos fijos y dentro de este segmento a las más desprotegidas. Al erosionar el poder de compra de sus salarios, se les priva la posibilidad de acceso a bienes de significación vital para la satisfacción de las necesidades más elementales (" Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos ", Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos por consenso el 27/09/2012, en la resolución 21/11 ).
Pero las actuales condiciones inflacionarias también impactan negativamente en quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de su acreencia. A veces, sin habérselo propuesto, el sistema ofrece incentivos disfuncionales para no cumplir o profundizar la morosidad con estrategias de obstinada litigiosidad.
De este modo, el corolario resulta inequívoco, el art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), en su aplicación al caso debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, afecta el derecho de propiedad del reclamante e impide proveer una tutela judicial efectiva ( arts. 1; 17; 18; 28 y cctes. CN y arts. 15 y 39 Constitución provincial ).
Derribado entonces el valladar que impedía la actualización monetaria, debe habilitarse un mecanismo que permita el reajuste de los créditos de los cuales fue privada la persona trabajadora y que ahora son admitidos.
En esa dirección, resulta más adecuado y realista -desde un punto de vista conceptual- actualizar el ingreso base de los trabajadores y las trabajadoras mediante un coeficiente que mide la evolución de los salarios, antes que con una tasa de interés que está sujeta a las variaciones financieras de la macroeconomía.
La misma causa "Barrios", en su considerando V.17.c, pone de relieve que el recurso a los índices debe estar relacionado con la índole del crédito y así procurar el que mejor se condiga con la realidad económica que representa el mismo crédito: " el juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso."
Cabe apuntar que, en función de ello, el coeficiente RIPTE es el único índice no distorsionado por variaciones normativas, metodológicas o administrativas, erigiéndose en un simple proceso de ajuste, no por inflación, sino por incremento salarial al último mes ( ROMUALDI Emilio Elías, " Ley de Riesgos del Trabajo "; 2° edición, Ediciones d&d, página 255, Buenos Aires, 2021 ).
Intereses. Alícuotas
Como anticipáramos, la ley aplicable al sub lite , en razón de la fecha de la contingencia, es la Ley 24.557 ( t.o 04.10.1995 y su concordante Ley 26.773 -t. o 26.10.2012- ), sin las mejoras de la Ley 27.348 que fue de nacimiento posterior, es decir, a partir del 05.03.2017 o por vía del decreto 669/19 que el Supremo tachó de inconstitucional.
Durante mucho tiempo, el Cimero Tribunal descartaba la aplicación de otro mecanismo de liquidación de intereses o actualización, una vez que la trama se había judicializado e imponía la consabida tasa pasiva ( SCBA, L 113.328, S del 23.04.2014, autos "M , O.E. v. Fisco de la Provincia de Buenos Aires ").
Pero conforme a nuevas circunstancias, apartarse en algún sentido de cierta doctrina judicial emanada de la Suprema Corte estadual ( arts. 161 inciso 3° a) de la Const. Prov.; 279 y 289 del CPCC ), no significa desconocerla.
En efecto, es real que, cuando se invocan razones nuevas, motivaciones no atendidas o meritadas en los precedentes dictados, su grado de vinculación se ve menguado permitiendo, con base en aquéllas, brindar una distinta solución al caso en juzgamiento. Se trata pues, de atender con nuevos fundamentos una diferente resolución al asunto actual, que posibilite a su vez una eventual nueva intervención de nuestro Máximo Tribunal estadual, evitando de ese modo se torne pétrea su especial jurisprudencia, sin desmedro de garantizar la necesaria seguridad jurídica e igualdad ante la ley, función eminentemente casatoria ( CC0202 LP 135489 RSD 298/2023 S 17/10/2023 Juez HANKOVITS (SD) causa " Zitti Romina Paola v. La Nueva Cooperativa De Seguros Limitada s/ Daños y Perjuicios " ).
Convengamos, por último, que la doctrina legal a la que nos referimos, está construida sobre la base de la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses, situación jurídica que, en derredor a los riesgos del trabajo, se ha visto modificada a partir de la sanción de la ley 27.348 y del Decreto 669/19.
Arribados a este punto, corresponde tratar lo atinente al decreto 669/19 que modificara el prevenido art. 12 LRT.
Más allá de que, en muchos casos el DNU 669/19 mejoraría las prestaciones y, por lo tanto, aunque resulte invalido como decreto de necesidad y urgencia, podría resultar válido y aplicable como un decreto delegado que ejerce la prerrogativa expresamente autorizada por la LRT en su artículo 11.3 ( art. 76 CN ), en el presente caso, habrá de estarse a su declaración de inconstitucionalidad , edictada por la Suprema Corte estadual ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK " ). Ello, sin perjuicio de que, esta norma ha sido creada para regir en el marco del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 y sus sucesivas, pero de suyo, ajena en principio, al proceso judicial.
Dicho esto, a guisa de proemio, pasamos a analizar esta temática:
Cuando la ley tarifada cuantifica una deuda que en esencia es de valor, como es la que corresponde al resarcimiento de la integridad psicofísica, no puede omitir contemplar los ajustes pertinentes, ya que de lo contrario se estaría afectando el patrimonio del dañado y la reparación que merece ( FORMARO Juan José, en " Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo" , 2° edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, paginas 188/189 ).
Es oportuno memorar que, para establecer la génesis de este sistema de valuación y servicios, recurrimos al artículo 2° (párrafo tercero) de la Ley 26.773 que establece (en línea con el art. 1748 CCC) que "[el] derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional".
Para ello, y establecido el parámetro de los valores actualizados, entiendo deviene aplicable la doctrina legal sentada por el Cimero Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real ( SCBA C. 120.536, " Vera ", S del 18.04.2018 y C. 121.134, " Nidera ", S del 03.05.2018 ), ponderando el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años. Se sostiene en el precedente citado que, cuando se fija un quantum a valor actual -en principio- debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones severas en el cálculo y determinación del crédito, dado que la aplicación de una tasa bancaria a un capital según valores actualizados, conduciría a resultados desproporcionados, sobreestimando la incidencia de ciertos factores que componen la tasa y distorsionando así la razonable conservación patrimonial. Es que no se puede dejar de ver que la tasa de interés tiene un componente de corrección por inflación, que Pizarro denomina como escorias o resacas o tasa de interés aparente, ya que la tasa de interés no se integra exclusivamente con la rentabilidad pura del capital (interés puro) ( ROMUALDI Emilio Elías, " Ley de Riesgos del Trabajo "; 2° edición, Ediciones d&d, página 298, Buenos Aires, 2021 ).
También ha de admitirse su capitalización, como prescribe el artículo 770.b del CCC comprendiendo el período que va desde la primera manifestación invalidante hasta la efectiva notificación de la demanda. Vale decir, la acumulación de los accesorios se produce "desde la notificación de la demanda", lo que también equivale a sostener que es allí -traba de la litis- que los intereses se convierten en capital ( cfme. SCBA CC0202 LP 118.744 1 RSD 37/22; S del 16.03.2022, causa " Villarreal Osvaldo Luján v. Ciganda Jorge Gregorio " ).
En su hora, el así denominado interés puro fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual ( Fallos: 283:235; 295:973; 296:115, y más recientemente en Fallos: 311:1249 ); y la Suprema Corte de Justicia provincial, a partir de lo resuelto en la causa "Fernández Graffigna" ( B 48.864, sent. de 1-X-1983, Ac. y Sent. 1983-III-227 ), se plegó a la señalada alícuota del 6% anual ( SCBA causas L. 49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L. 53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramírez", sent. de 19-II-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Provincia c. Miguel", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011; entre otras ).
En esa inteligencia, en la causa "Oliva" , la Corte Federal reconoció que "lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa"; un criterio que, con el debido respaldo, combine la razonabilidad con la protección que debe garantizarse a los créditos laborales ( OLIVA Fabio Omar v. COMA S.A. s/ Despido; S del 29.02.2024 CSJN ).
Resuelve así el mencionado Supremo que, en estos casos, "la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda"; de modo que no puede ser invocada, para imponer capitalizaciones periódicas sucesivas durante la tramitación del juicio. A su vez, si bien el inciso "a" del artículo 770 admite la estipulación convencional de capitalizaciones periódicas, es claro que se refiere exclusivamente a capitalizaciones que fueron expresamente pactadas. Esta interpretación desplaza entonces a la acumulación con frecuencia semestral y la ubica solo a la época de notificación de la demanda.
Exigibilidad del crédito. Mora. Compensación
En torno a la mora, para que ocurra la misma, debe existir una obligación exigible. Al mismo tiempo, entendemos que, "la falta de liquidez no impide la configuración de la situación jurídica de mora del deudor dado que la deuda ilíquida es igualmente apta para generar la mora del deudor, pues solo se requiere respecto de ella que llegue a liquidarse ulteriormente" ( PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gustavo, " Manual de Responsabilidad Civil "; 1° edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2019, página 166 ). Es decir, nuestro ordenamiento jurídico consagra la mora automática (art. 886 CCC) y admite la acumulación del resarcimiento del daño moratorio con el compensatorio, sin perjuicio claro está, de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva (art. 1747 CCC).
La obligación de pagar dinero es cierta cuando el deudor puede tener conocimiento sobre su existencia y legitimidad. Y en torno a las prestaciones dinerarias de la LRT, se sabe que existe obligación de pagar desde que se conoce que hay incapacidad definitiva, aunque todavía no exista la liquidación . De acuerdo a la Res. SRT 104/98, a partir del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional , la ART tendrá 15 días para abonar la prestación dineraria que se torna exigible, y en caso de no hacerlo, incurrirá en mora y desde entonces se aplican los efectos previstos por el art. 12.3 LRT: ( Fecha dictamen + 15 días ) Se deben intereses (moratorios).
Opinamos que, una interpretación que colocare al concepto de "exigibilidad" recién a la época del dictado de sentencia, resultaría claramente disfuncional, toda vez que se le estaría confiriendo -al mandato judicial- entidad constitutiva de los derechos que reconoce; y no declarativa, como acertadamente lo establece nuestra tradición jurisprudencial. En llamada de opinión, el Dr. Hitters (OP) ha dicho que " [.] los alcances declarativos de un fallo reflejan la situación tal como es, vale decir que su proyección se remonta al pasado, porque el transcurso del tiempo no debe perjudicar a quien tenía derechos, y sus efectos en cuanto al tiempo se extienden desde el instante mismo de la constitución de la situación jurídica" ( SCBA, AC- 55836, S del 13.05.1997, " García Vélez ", publicado en AyS 1997 II, 744, con cita de PALACIO, Lino E.; "Derecho Procesal Civil", tomo V, pág. 494, nº 677, a) y nota 6 ).
Ahora bien, el segmento temporal que va desde el acaecimiento de la contingencia y hasta la fecha de exigibilidad de la prestación (art. 14.2.a LRT), entendemos que también debe ser compensado con la liquidación de intereses (arg. CNAT, Sala I, S del 25.10.2022, causa "Medina Lautaro v. Provincia ART S.A. s/ Recurso Ley 27.348", publicado en Fallos MJ-JU-M-139202-AR|MJJ139202|MJJ139202 -voto del Dr. Enrique Catani y adhesión de la Dra. Gabriela Vázquez ).
Es decir, se deben intereses por todo el período que va desde el evento y hasta su exigibilidad (compensatorios) y desde allí hasta la sentencia (moratorios), los que se establecen en ambos casos al 6% anual.
Por último, y para el caso de que la accionada no dé cumplimiento oportuno y en forma íntegra con la intimación de pago que se efectuare luego de aprobada la liquidación (sentencia), se procederá de conformidad con lo normado en el artículo 770 del Código Civil y Comercial. Es decir, se acumularán los intereses al capital en la forma que prevé el decreto, hasta la efectiva cancelación del crédito, el que será actualizado hasta el momento de su cancelación por el índice RIPTE. Ello, porque una vez que el importe (actualizado en sentencia) dejara de representar "valores actuales", cobra su ámbito de actuación la doctrina legal de la SCBA que establece la insuficiencia de las tasas de interés bancarias para mantener incólume el valor del crédito ( SCBA, "Barrios", op. cit )
Acudidos a este punto, y de acuerdo a las citas legales y de doctrina judicial, podemos desbrozar la carga de accesorios (ajustes e intereses) en tres posibles segmentos, a saber:
A los salarios devengados (Convenio 95 OIT) durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de servicio si éste fuera menor (ajuste por cociente RIPTE).
Al ingreso base determinado (Convenio 95 OIT), desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha de la liquidación según índice RIPTE.
Al quantum indemnizatorio (prestación dineraria por ILPPD), desde la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación definitiva, a la tasa pura del 6% anual, con la acumulación correspondiente a la fecha de notificación de la demanda (art. 770.b CCC).
En caso de mora, desde la sentencia, se acumularán los intereses al capital, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando un interés equivalente al 6% anual.
La solución del caso
Como desenlace del pleito, en prieta síntesis, propicio lo siguiente:
Edictar la inconstitucionalidad del Decreto 669/19 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK " ).
Declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), del mismo modo que su inaplicabilidad al caso ( arts. 1; 17; 18; 28 y cctes. CN y arts. 15 y 39 Constitución provincial y doctrina SCBA "Barrios" - C. 124.096, S del 18.04.2024 - ).
Decidir la inaplicabilidad del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT.
Aplicar el Convenio 95 OIT para establecer el valor del ingreso base.
Despejado entonces, el valladar del art. 7 ley 23.928 y la cortapisa del decreto 669/19 al declarar su inconstitucionalidad, se dispone la actualización por depreciación monetaria de los créditos admitidos de acuerdo al índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que fija el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el caso de que no exista aún la publicación de los índices oficiales, dicho período será suplido por el mecanismo previsto en el Anexo EX 2017/24167089 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Res. 332/23 ( arts. 15; 39.1 y 3 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; arts. 14 bis; 16; 17; 18; 75 inc. 22; 99.3; 109; 121; 126 y cctes. de la Constitución Nacional; arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica -, ratificado por Ley 23.054; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 2, ap. 3° y art. 14, ap. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ).
Luego, arbitrar la aplicación de un interés puro del 6% anual desde la primera manifestación invalidante (compensatorios) y exigibilidad (mora), con su capitalización a la fecha de traba de litis ( arts. 770. b y cctes. CCC y arg. SCBA C. 120.536, " Vera ", S del 18.04.2018 y C. 121.134, " Nidera ", S del 03.05.2018 ).
Cuenta final
Abordaremos individualmente la actualización y el cálculo de intereses:
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
Al 26.11.2024
CAPITAL (art. 14.2.a y art. 3 Ley 26.773)
16.476.783,08
CON AJUSTE RIPTE (1.681)
27.707.880,00
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
Al 03.10.2025
INTERESES al capital 6% ANUAL -traba de Litis- (5.5 %)
01.523.933,40
CAPITAL + INTERESES
29.231.813,40
INTERESES -a sentencia- (6.5 %)
01.900.067,87
CAPITAL e INTERESES
31.131.881,27
El saldo insoluto de capital e intereses capitalizados es de $ 31.131.881,27
Juzgo entonces de recibo la acción por cobro de las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), con el incremento previsto en el art. 3° ley 26.773, las que se liquidan en su saldo insoluto de capital e intereses en la suma de pesos treinta y un millones ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y uno con veintisiete centavos ($ 31.131.881,27) ( arts. 6; 8; 12; 14.2.a, y cctes. ley 24.557; art. 3 ley 26.773 y ss; art. 770.b CCC y art. 39.3 Constitución provincial ).
Plazo de pago
Solicita la demandada, la aplicación del art. 70 de la Ley 15.394 que confiere al Fisco provincial un plazo de 60 días para cumplir sus obligaciones de pago. En casos análogos, ante la poca entidad del crédito involucrado con la consecuente falta de afectación grave del interés público, la misma Suprema Corte ha decidido declarar la inaplicabilidad del art. 70 de la Ley 15.394 ( ver resolución de fecha 26/4/23 en "ISACCH Simón Francisco v. FISCO de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" -c. B 64.800-; resolución de fecha 7/3/24 en "ASOCIACION TRABAJADORES del ESTADO (ATE) y Otros v. PROVINCIA de BUENOS AIRES s/ INCONSTITUCIONALIDAD del DECRETO 754/00" -c. I - 2227-; resolución en "AMADEO Pablo Sebastián v. FISCO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES s/ COBRO de HONORARIOS" -CAUSA 134.319-1, DEL 14/05/2024 EN Sala I de la Cámara 2° de Apelaciones en lo Civil y Comercial ).
Entiendo que, en la presente causa, se avizora que los importes finales que arrojará la liquidación final (art. 59 ley 15.057) dan mérito en mi opinión, para considerar aplicable al caso dicha normativa ( arts. 157,158 y 163 de la Constitución provincial; Ley de Administración Financiera (13.767); arts. 70 y 71 ley 15.394; art. 89 ley 15.057 y art. 163.7 del CPCC ).
No obstante, al erigirse el agente trabajador en "sujeto de preferente tutela constitucional" (arts. 3; 15 y 39.1 Constitución de la Provincia de Buenos Aires), se deja aclarado que, el consumo del plazo de pago, deberá ser asumido en ajuste RIPTE e intereses por el propio Fisco. Es decir, el importe de sentencia o su saldo, deberá actualizarse con el mecanismo previsto (RIPTE) y devengará intereses (6% anual) hasta la fecha última de su efectiva cancelación.
Por lo tanto, favorezco entonces a que, el importe de condena sea depositado en la cuenta de autos y a la orden de este Tribunal dentro de los SESENTA (60) DIAS de notificada la presente ( arts. 157; 158 y 163 de la Constitución provincial; art. 70 Ley 15.394 y Ley 13.767 de Administración Financiera; art. 47 Ley 11.653 y art. 163.7 CPCC ), por resultar obligado al pago el Fisco bonaerense; sin perjuicio de las actualizaciones que por ajuste monetario e intereses eventualmente correspondan hasta el momento de su efectiva cancelación ( art. 39.1 y 3 de la Constitución provincial ).
Así lo voto
A LA PRIMERA CUESTION : El doctor LABORDE dijo:
Adhiero al voto de mis colegas con excepción de lo que en él se propone respecto de la utilización del índice RIPTE como mecanismo de actualización.
En mi opinión, de acuerdo a lo normado por el art. 11 de la ley 27.348, que modificó el art. 12 de la ley 24.557, debe aplicarse la tasa legal establecida en el sistema especial, es decir un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348).
Aun cuando mi voto no altera lo resuelto por la mayoría, dejo a salvo mi opinión discrepante al respecto.
Con el sentido y alcance expuestos, así lo voto (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Provincial y art. 57 de la ley 15.057).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS dijo:
Adhiero al voto del colega que sufragara en ´el primer turno.
Pero, a raíz del dictado de la sentencia "Galarza" (SCBA L. 132.729; S del 30.03.2026, autos " Galarza, Daniel Alejandro v. Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente in itinere "), he revisado los argumentos oportunamente adoptados y de acuerdo a la interpretación del prevenido fallo, adhiero en el modo de actualización y liquidación de intereses al voto del Dr. LABORDE (conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348).
Así lo voto
CUESTION SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la segunda cuestión, el Juez PATERNICO dijo :
Es oportuno recordar que, al dictar sentencia, el Tribunal debe conformar un acuerdo mayoritario que idóneamente exprese el razonamiento lógico seguido para arribar a la solución del caso, y ello constituye un deber propio de los magistrados que componen este tipo de tribunales colegiados, dirigido a cumplir con la obligación genérica de resolver en forma válida, las cuestiones sometidas a su conocimiento ( CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 "Cañete, Carlos Eusebio y otro" del 7 de diciembre de 2021 )
Por lo tanto, y en orden a los argumentos expuestos, propongo el finiquito del pleito del siguiente modo:
HACER LUGAR a la revisión de lo dispuesto por la Comisión Médica (12.4) de Azul ( expedientes SRT 256.500/25 y 072.654/25 ), y establecer que la señora Mailen Oriana González ( DNI 33.483.485 ), registra una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva (ILPPD) del siete con noventa y cuatro por ciento (7,94 %) de la escala obrera ( baremo decreto 659/96 ), como secuela física de la contingencia sucedida el 26 de noviembre del 2024.
FIJAR en consecuencia las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), con cargo de atención en cabeza de la auto asegurada Gobernación de la Provincia de Buenos Aires ( CUIT 30-65020838-9 ) en la suma insoluta -capital- de pesos dieciséis millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y tres con cero ocho centavos ($ 16.476.783,08) ( arts. 6; 8; 12; 14 inc. 2. a, y cctes. ley 24.557 y ss; art. 3° ley 26.773 y arts. 15 y 39.3 Constitución provincial ).
DECRETAR la inconstitucionalidad del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT; del art. 1° del Decreto 334/96 por afectar los arts. 16; 17; 18 y 19 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; del Decreto 669/2019 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK ") y del Decreto 549/25 ( barem o).
CARGAR intereses - según mayoría de opiniones - de acuerdo a lo normado por el sistema de riesgos del trabajo, y según la alícuota equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
Al 26.11.2024
CAPITAL (arts. 14.2.a LRT y art. 3 Ley 26.773)
16.476.783,08
Al 03.10.2025
INTERESES TActiva BNA -traba de Litis-
05.898.897,02
CAPITAL + INTERESES
22.375.680,02
INTERESES TActiva BNA
08.012.410,29
CAPITAL e INTERESES
30.388.090,29
PROVEER estos servicios desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de liquidación definitiva de la indemnización ( arts.770.b; 771; 772 y 1748 CCC ), con las capitalizaciones pertinentes hasta la presente, que se calculan en las sumas de pesos cinco millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y siete con cero dos centavos ($ 5.898.897,02) ( traba de Litis o notificación de la demanda ) y pesos ocho millones doce mil cuatrocientos diez con veintinueve centavos ($ 8.012.410,29) ( sentencia ).
CONFORMAR - según mayoría de opiniones -, con arreglo a las pautas de intereses consignadas, la suma definitiva por capital e intereses de pesos treinta millones trescientos ochenta y ocho mil noventa con veintinueve centavos ($ 30.388.090,29) ( arts. 6; 8.2; 12; 14.2.a; y cctes. ley 24.557; art. 3 ley 26.773 y ss; art. 770.b CCC y art. 39.3 Constitución provincial )
DISPONER que dicha suma deberá ser depositada por el Fisco provincial en la cuenta de autos y a la orden de este Tribunal, dentro de los SESENTA (60) DIAS de notificada la presente ( arts. 157,158 y 163 de la Constitución provincial; Ley de Administración Financiera (13.767); arts. 70 y 71 ley 15.394; art. 89 ley 15.057 y art. 163.7 del CPCC ).
ESTABLECER -por mayoría de opiniones- que para el caso de que la accionada no dé cumplimiento oportuno y en forma íntegra con la presente sentencia, se acumularán los intereses al capital, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando una tasa de interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
IMPONER las costas a cargo de la demandada (art.24 ley 15.057).
REGULAR los honorarios profesionales del doctor Jaime Sebastián Suñol , en la cantidad de 96 JUS , con el aporte de la ley 6719 e IVA si así correspondiere ( cfme. arg. Arts. 21; 23; 24 y cctes. Ley 14.967 -publicada en el B.O 12.10.2017- con vigencia desde el 20.10.2017 y decreto ley 8.904/77 en cuanto obligare su aplicación; SCBA, I-73.016, S del 08.11.2017, causa "Morcillo "). Y los del perito médico, Dr. Enrique Oscar Damián Farina se fijan en pesos un millón quinientos diecinueve mil ( $ 1.519.000,00 ) , con más el aporte de ley e IVA si así correspondiere. En torno a los honorarios profesionales del doctor José Luis Comparato , no corresponde regularlos en virtud de lo que prescribe el art. 18 decreto ley 7543/69, que dispone que los funcionarios de la Fiscalía de Estado no tendrán derecho en ningún caso a percibir honorarios de ésta cuando la misma hubiere sido vencida en costas ( art. 18 decreto 7543/69 ).
NOTIFICAR y practicar liquidación por Secretaría arbitrando, en su caso las limitaciones del art. 277 LCT ( arts. 135 CPCC y art. 59 ley 15.057 ).
Así lo voto
A LA SEGUNDA CUESTION : El doctor LABORDE, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
A LA MISMA CUESTION : El doctor FERNANDEZ de VILLEGAS, por las consideraciones expuestas por el doctor PATERNICO, adhiere y vota en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
Suscripto por la Secretaría interviniente, en Azul, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (art 5. II Anexo Único Ac. SCBA 3975/20).
Azul,
A mérito del resultado de la votación y citas legales formuladas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR a la revisión de lo dispuesto por la Comisión Médica (12.4) de Azul ( expedientes SRT 256.500/25 y 072.654/25 ), y establecer que la señora Mailen Oriana González ( DNI 33.483.485 ), registra una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva (ILPPD) del siete con noventa y cuatro por ciento (7,94 %) de la escala obrera ( baremo decreto 659/96 ), como secuela física de la contingencia sucedida el 26 de noviembre del 2024.
II. FIJAR en consecuencia las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva (ILPPD), con cargo de atención en cabeza de la auto asegurada Gobernación de la Provincia de Buenos Aires ( CUIT 30-65020838-9 ) en la suma insoluta -capital- de pesos dieciséis millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y tres con cero ocho centavos ($ 16.476.783,08) ( arts. 6; 8; 12; 14 inc. 2. a, y cctes. ley 24.557 y ss; art. 3° ley 26.773 y arts. 15 y 39.3 Constitución provincial ).
III. DECRETAR la inconstitucionalidad del art. 43 Res. 298/17 SRT, por afectar los arts.75 inc. 22 y 17 CN y el Convenio 95 OIT; del art. 1° del Decreto 334/96 por afectar los arts. 16; 17; 18 y 19 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; del Decreto 669/2019 ( SCBA L 129.800; S del 14.07.2025, causa " MUZYCHUK ") y del Decreto 549/25 ( barem o).
IV. CARGAR intereses - según mayoría de opiniones - de acuerdo a lo normado por el sistema de riesgos del trabajo, y según la alícuota equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
V. PROVEER estos servicios desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de liquidación definitiva de la indemnización ( arts.770.b; 771; 772 y 1748 CCC ), con las capitalizaciones pertinentes hasta la presente, que se calculan en las sumas de pesos cinco millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y siete con cero dos centavos ($ 5.898.897,02) ( traba de Litis o notificación de la demanda ) y pesos ocho millones doce mil cuatrocientos diez con veintinueve centavos ($ 8.012.410,29) ( sentencia ).
VI. CONFORMAR - según mayoría de opiniones -, con arreglo a las pautas de intereses consignadas, la suma definitiva por capital e intereses de pesos treinta millones trescientos ochenta y ocho mil noventa con veintinueve centavos ($ 30.388.090,29) ( arts. 6; 8.2; 12; 14.2.a; y cctes. ley 24.557; art. 3 ley 26.773 y ss; art. 770.b CCC y art. 39.3 Constitución provincial )
VII. DISPONER que dicha suma deberá ser depositada por el Fisco provincial en la cuenta de autos y a la orden de este Tribunal, dentro de los SESENTA (60) DIAS de notificada la presente ( arts. 157,158 y 163 de la Constitución provincial; Ley de Administración Financiera (13.767); arts. 70 y 71 ley 15.394; art. 89 ley 15.057 y art. 163.7 del CPCC ).
VIII. ESTABLECER -por mayoría de opiniones- que para el caso de que la accionada no dé cumplimiento oportuno y en forma íntegra con la presente sentencia, se acumularán los intereses al capital, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando una tasa de interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina ( conf. art. 12 ap. 2 de la ley 24.557, mod. por ley 27.348 ).
IX. IMPONER las costas a cargo de la demandada ( art.24 ley 15.057 ).
X. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Jaime Sebastián Suñol , en la cantidad de 96 JUS , con el aporte de la ley 6719 e IVA si así correspondiere ( cfme. arg. Arts. 21; 23; 24 y cctes. Ley 14.967 -publicada en el B.O 12.10.2017- con vigencia desde el 20.10.2017 y decreto ley 8.904/77 en cuanto obligare su aplicación; SCBA, I-73.016, S del 08.11.2017, causa "Morcillo "). Y los del perito médico, Dr. Enrique Oscar Damián Farina se fijan en pesos un millón quinientos diecinueve mil ( $ 1.519.000,00 ) , con más el aporte de ley e IVA si así correspondiere. En torno a los honorarios profesionales del doctor José Luis Comparato , no corresponde regularlos en virtud de lo que prescribe el art. 18 decreto ley 7543/69, que dispone que los funcionarios de la Fiscalía de Estado no tendrán derecho en ningún caso a percibir honorarios de ésta cuando la misma hubiere sido vencida en costas ( art. 18 decreto 7543/69 ).
XI. NOTIFICAR y practicar liquidación por Secretaría arbitrando, en su caso las limitaciones del art. 277 LCT (arts. 135 CPCC y art. 59 ley 15.057)
XII. COMUNICAR. A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 inc b) de la Acordada 3397 SCBA, notifíquese automáticamente a la Receptoría General de Expedientes Departamental, para que tome nota de la finalización del juicio, a sus efectos ( art.16 de la Res. SCBA 14/21 )
Az-4680-2025 [email protected]
Se deja constancia que la presente sentencia se notifica electrónicamente de manera automatizada, sin necesidad de otro instrumento ( conf. arts. 16 de la Ley 11.653 y art. 10 del Anexo Único Anexo I de la Ac. SCBA 4039/21 ) a:
Se hace saber que, "[...] en el marco del dictado de pronunciamientos suscriptos de modo digital, dable es concluir que la elaboración de una única pieza electrónica rubricada por los tres magistrados integrantes del órgano jurisdiccional laboral se ajusta a las exigencias legales y constitucionales [...]" (SCBA LP Rl 128.457; S del 10/04/2023, causa " Leguizamón "; arts. 44.f y 47, ley 11.653; y 168, Constitución local).
Como recaudo se transcribe el art. 54 de la Ley 14.967
"Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
Firmas
Funcionario firmante: PATERNICO Marcelo Enrique - MAGISTRADO SUPLENTE
Funcionario firmante: LABORDE Martin - JUEZ
Funcionario firmante: FERNANDEZ DE VILLEGAS Bernardo Juan Cecilio - JUEZ
Funcionario firmante: CANOSA Alberto Andres - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 741-2026
Fin de la sentencia